Canarias - Administración de Justicia

La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

emma.alvarez.bande — Thu, 25 Sep 25 10:58:00 CEST

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La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

¿Qué es la carrera profesional?

La carrera profesional no es más que la trayectoria a lo largo de la vida laboral de una persona, que implica un camino de aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades y competencias, adquisición de experiencia y progreso hacia metas profesionales y el compromiso, en nuestro caso, con la mejora en la prestación del servicio público de Justicia.

La participación en el sistema de carrera profesional debe ser voluntaria.

A diferencia de otros complementos, la carrera profesional está ligada a la persona, a su trayectoria profesional individual y no al puesto de trabajo y sus características (complemento específico), al cuerpo al que se pertenece (sueldo base), a las funciones que tiene atribuidas con carácter general (complemento general del puesto) o al mero paso del tiempo (trienios).

¿Qué tipos de carrera profesional existen?

Fundamentalmente existen dos tipos de carrera profesional: vertical y horizontal.

La carrera vertical implica un ascenso a una estructura de puestos de trabajo superior, lo cual requiere cambiar de puesto para obtener un mayor nivel jerárquico o responsabilidad. Dentro de este tipo de carrera se incluye la promoción interna o la obtención de puestos de jefatura que existan en las relaciones de puestos de trabajo a través de los concursos específicos.

La carrera horizontal se basa en la progresión dentro del mismo puesto de trabajo o categoría profesional, lograda mediante la adquisición de nuevas habilidades y competencias, o la valoración de la experiencia y el desempeño, resultando en un reconocimiento económico o de grado sin necesidad de cambiar de puesto.

En definitiva, la carrera horizontal permite mejorar las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto o promocionar.

¿Cuál es el marco jurídico de la carrera profesional horizontal en Justicia?

La carrera profesional horizontal está reconocida como derecho para los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos generales y Cuerpos especiales en el artículo 495.1 c) de la LOPJ.

Como concepto retributivo se incluyó en la redacción de los artículos 447.3 letra e), 516.A). 1º letra c) y 519.3 del mismo texto legal en la reforma de esta ley orgánica en diciembre de 2018. Esta reforma fue aprobada en Cortes Generales vía enmienda en el Senado, tras una masiva manifestación en Madrid.

La negociación de la carrera profesional es una reivindicación histórica que formaba parte de la plataforma reivindicativa de la huelga de 2023 y es uno de los compromisos del acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF.

Además, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se establecen criterios generales para la implantación y desarrollo de la carrera profesional horizontal en la Función Pública. En este caso, la normativa de función pública tiene carácter supletorio respecto de la LOPJ y el resto de normativa propia que regula el estatuto jurídico del personal de Justicia.

¿Qué dice la LOPJ sobre la carrera profesional horizontal?

Además de establecer que la carrera profesional es un derecho conforme a lo que hemos dicho en el apartado anterior, en la LOPJ se configura como una retribución complementaria fija.

Por otro lado, el artículo 519.3 de la LOPJ dice que:

“Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus servicios”.

Es este Real Decreto el que se está negociando en estos momentos gracias al acuerdo de 8 de enero de 2025.

La razón de la exigencia de este Real Decreto es que se trata de un concepto retributivo personal ligado a su trayectoria profesional individual y, en consecuencia, debe garantizarse el acceso al derecho a su reconocimiento con independencia de dónde esté destinado el funcionario/a.

¿Cómo se desarrolla la carrera profesional horizontal?

La carrera profesional horizontal se desarrolla a través de la progresión en grados de carrera profesional (GCP) cuya consolidación se consigue mediante el cumplimiento de una serie de factores u objetivos previamente establecidos y agrupados en tres áreas:

La trayectoria profesional que no es otra cosa que prestación de servicios durante un tiempo mínimo en un cuerpo determinado.

La participación en iniciativas de formación.

- El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación relacionadas con la actividad laboral. (formación procesal, informática etc…)

- La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias para las funciones desarrolladas en determinados puestos de trabajo (por ejemplo, habilidades en gestión de equipos o liderazgo)

El resultado de la evaluación del desempeño puede tener efectos en la carrera profesional.

¿Cuántos grados de carrera profesional existen y cuál es el tiempo mínimo de prestación de servicios para consolidar cada grado?

No hay una regla fija. Como orientación, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023 mencionado anteriormente, establece cuatro grados de carrera profesional. Para la consolidación del primero se establecen cinco años y para los siguientes, seis años para cada uno.

Es decir, conforme a ese artículo el grado de carrera profesional 4 se obtendría con 23 años de prestación de servicios.

CSIF propone una carrera en cuatro grados, pero con cinco años de servicios prestados en cada uno de ellos. Es decir, 20 años para acceder al cuarto grado de carrera.

En relación con el encuadramiento inicial del personal en el sistema de carrera, tampoco hay regla a seguir. CSIF ha manifestado que, en atención a la experiencia acumulada y con el fin de permitir el acceso al sistema de carrera al personal con más tiempo de servicios prestados debe realizarse un encuadramiento automático en función del tiempo de servicios prestados que se acredite a la entrada en vigor de la carrera en cada ámbito. No obstante, se trata de una cuestión que está abierta.

¿Cómo se consolida un grado y se accede al siguiente?

La consolidación de grado de carrera profesional se solicita a la administración por el interesado una vez cumplido el tiempo mínimo de permanencia establecido.

No obstante, la consolidación de grado sólo se producirá si se acredita haber superado el itinerario formativo y la evaluación de desempeño en la forma que normativamente se establezca.

Es decir, hay que cumplir con el tiempo de prestación de servicios que se establezca para consolidar el grado y, en ese tiempo, haber realizado el itinerario formativo y superada la evaluación que se establezca previamente.

¿Cómo se retribuye cada uno de los grados de carrera profesional?

Con la reforma de 2018, en la Administración de Justicia existe un concepto retributivo complementario fijo (como lo son el complemento general del puesto o el complemento específico) que se denomina complemento de carrera profesional.

No existe regla alguna de cómo se retribuye cada grado de carrera profesional. En unos casos se establece una cuantía progresiva para cada cuerpo y creciente conforme se asciende para cada grado de carrera, en otros casos se fija como un porcentaje creciente del sueldo base conforme se asciende para cada grado de carrera.

Esta última forma de retribución es la que propone CSIF para el personal de la Administración de Justicia con un arco que va del 20% del sueldo base para el Grado I; 35% Grado II; 55% Grado III y 75% del sueldo base para el Grado IV.

¿Qué situaciones administrativas se tienen en cuenta a la hora de la participación en la carrera profesional?

En principio se computa el tiempo de servicios prestados en situación de servicio activo (incluyendo, por tanto, situaciones de baja médica, permisos o vacaciones). No obstante, en atención a circunstancias particulares se puede computar el tiempo en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género, por razón de violencia terrorista o, en general, cualquier situación que dé lugar a reserva de puesto de trabajo y/o en el que se compute antigüedad.

En general, se consolida el grado en el cuerpo al que se pertenezca en el momento en el que se tenga derecho a esa consolidación.

CSIF ha propuesto que, en los casos de promoción interna, en el caso de que se promocione antes de consolidar un grado, el tiempo transcurrido en el cuerpo de inferior titulación se computará a efectos de consolidar el grado en el nuevo cuerpo. Lo mismo cabría considerar en el caso de la sustitución de Letrado por gestor si se tiene derecho a consolidar grado estando de LAJ sustituto.

¿Quién establece los criterios y requisitos para superar el itinerario formativo y la evaluación del desempeño?

El itinerario formativo, los cursos que se pueden acreditar para cumplir con los objetivos formativos que se establezcan en cada grado, la valoración en la evaluación del desempeño y demás criterios y requisitos deben publicarse con carácter previo a la consolidación del grado.

CSIF ha propuesto que la valoración que permita acceder a la consolidación del grado debe ser objetiva, es decir, exclusivamente sobre circunstancias medibles objetivamente.

Lo más común es que sea una Comisión de carrera profesional la que se encargue de fijar dichos itinerarios, requisitos y realizar la valoración de los requisitos y méritos realizados y acreditados. CSIF ha propuesto que esta comisión sea paritaria administración-sindicatos.

Código Penal. Enjuiciamiento Criminal

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Apr 26 08:16:00 CEST

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CSIF informa: publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
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Publicada en el BOE la ley de eficiencia organizativa que trae los Tribunales de Instancia

emma.alvarez.bande — Fri, 03 Jan 25 09:32:00 CET

Publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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CSIF mantiene la valoración general de la ley que hicimos pública al inicio de su tramitación en el Congreso el pasado mes de marzo.

El problema de la Justicia no es tanto su organización externa como su organización interna lo que incluye la necesidad de nuevos perfiles, nueva atribución de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF ha seguido reclamando este reconocimiento en las mesas de negociación abiertas, en los medios de comunicación. Y lo vamos a seguir haciendo, pues, frente a las mentiras de algunos, los acuerdos firmados no impiden que se siga reclamando el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones.

CSIF sigue manteniendo que, con esta redistribución, clarificación y reconocimiento laboral y retributivo de las funciones se podría conseguir agilizar la Justicia de forma inmediata en beneficio de la ciudadanía.

Nadie, hasta ahora, ha explicado porqué una justicia colegiada va a ser más rápida que la actual. Es decir, que tres jueces vayan a ponerse de acuerdo más rápido que uno sólo consigo mismo. Si el mantra es que la Justicia es lenta, el cambio debería justificarse desde ese punto de vista y no se ha hecho.

La reforma se plantea sobre presupuestos falsos, ni se ha evaluado la oficina judicial antigua ni la nueva oficina que se aprobó en el año 2004. Entre otros detalles sólo está implantada en un 10% del territorio nacional tras 20 años de implantación.

En la exposición de motivos se alude a la ineficacia de los modelos que se han implantado en el pasado, pero la realidad es que el único modelo que se ha intentado implantar, la NOJ, de hecho, no está implantada en la mayor parte del país, por lo que es muy difícil aventurar que haya fracasado o que no lo haya hecho.

No hay estudios de cargas de trabajo, ni tampoco, como ya hemos dicho, sobre la ineficiencia de la distribución de funciones y tareas que, prácticamente, no han variado desde el año 1981 en la LOPJ.

La solución a la lentitud de la Justicia hay que buscarla, en primer lugar, dentro de la oficina. Nadie, hasta ahora, ha explicado porqué trocear la Justicia para externalizar servicios es mejor que aprovechar el excelente capital humano que trabaja en los órganos judiciales, oficinas fiscales y otros servicios relacionados con la administración de Justicia. La privatización del servicio público no es la solución y si, encima, se convierte el requisito de conciliar en preceptivo, tampoco es compatible con el respeto al derecho de tutela judicial efectiva ni el de acceso de todo ciudadano a la justicia en condiciones de igualdad. La Justicia será más cara y más alejada del ciudadano.
Como viene denunciando CSIF desde hace años, con o sin Tribunales de Instancia a la Justicia le hacen falta medios materiales (seguimos sin conseguir la interoperabilidad informática, algunos edificios no cumplen con los mínimos requisitos para albergar una oficina pública entre otros problemas) y personales (no sólo Jueces sino también Letrados, Gestores, Tramitadores, Auxilios Judiciales, Médicos Forenses; Facultativos, Técnicos y Ayudantes del INTCF y personal de los equipos técnicos de los IML... y personal dedicado a la gestión de esos medios tanto en el Ministerio de Justicia como en las CCAA con competencias).

El proyecto de ley, nos guste o no, se presentó para su tramitación en el Congreso, mucho antes de que se iniciara la negociación, el pasado mes de marzo de 2024 bajo el nombre de LOESPJ. En el mes de marzo del 2022 ya había estado en tramitación bajo el nombre de LOEO. A partir de ahí, que se aprobara finalmente, era una posibilidad más que probable con acuerdo sindical o sin él.

Frente a esta realidad, cabían dos posturas: permanecer sin hacer nada, esperando a que la ola de la reforma judicial nos arrolle; o exigir la negociación del proyecto de ley para introducir garantías en materia de condiciones laborales y retributivas y aprovechar la ocasión para hacer realidad otras reivindicaciones del personal de Justicia.

En relación con esta segunda opción y el resultado final, cabe remarcar lo siguiente:

la LOESPJ finalmente fue objeto de negociación colectiva cuando el Ministerio aseguraba hace meses que “las leyes no se negociaban”. Y esa negociación era una de las reivindicaciones del personal de Justicia y de los sindicatos antes y durante el conflicto en Justicia. Basta con leer la pancarta.

La LOESPJ asegura los Juzgados y Agrupaciones de paz transformados en oficinas de justicia en el municipio cuando, hace no muchos años, los Juzgados de Paz y las Agrupaciones iban a desaparecer como destino del personal de Justicia.

La negociación sólo podía aceptarse si fuera efectiva, es decir, si lo acordado se incluía en la ley en forma de enmiendas y como modificación del RD 1451/2005 que tiene carácter básico.

El preacuerdo de julio recoge ese compromiso del Ministerio y un anexo con la redacción de las enmiendas y modificaciones acordadas y la ley, tras su paso por el Congreso, recoge las enmiendas al texto que se preacordaron.

En este punto, hay que recordar que el pacto incluye también modificaciones del RD 1451/2005 en relación con la implantación de la oficina judicial cuya modificación ya ha sido solicitada por CSIF al Ministerio por el trámite de urgencia.

Frente a la intención inicial del proyecto de ley:

las relaciones de puestos de trabajo deberán negociarse con carácter previo a la implantación del nuevo modelo de oficina judicial. En el proyecto inicial esta negociación no aparecía expresamente mencionada en el texto.

En estas relaciones de puestos de trabajo es donde se deberán concretar las características de cada puesto de trabajo, la adscripción a las áreas y los equipos que se creen, las retribuciones, las compatibilidades etc… En este particular nos espera una dura negociación en cada ámbito territorial y la firma del preacuerdo de julio no compromete la posición que se adopte en la misma en cada comunidad autónoma con competencias o en el ámbito del Ministerio de Justicia.

se establece la posibilidad de crear áreas y equipos en cualquier oficina. No obstante, siempre se deberá crear un área por cada 12 unidades judiciales. En el proyecto de ley no se establecía mínimo obligatorio. Será en la negociación de las relaciones de puestos de trabajo donde quede establecida la oficina judicial en cada sede.

cada área y cada equipo que se cree en las oficinas judiciales diferenciaran puestos de trabajo a los efectos de elección de plaza en concurso y de adjudicación de plaza en nuevo ingreso o provisión por sustitución, comisión de servicios o interinos. Esto se plasmará en una modificación reglamentaria que mejora la redacción dada en 2010 para la NOJ.

en todo caso, con la nueva redacción, se garantizan:

- - las retribuciones que se vengan percibiendo antes del cambio de oficina incluidas las correspondientes a las guardias
  - la no amortización de puestos de trabajo con motivo de la implantación del nuevo modelo
  - la no movilidad forzosa a municipio distinto.
  - voluntariedad como mecanismo preferente de adjudicación de puestos en el proceso de acoplamiento.

Además, el acuerdo recoge varias de las reivindicaciones del personal de Justicia, algunas de ellas forman parte de la plataforma reivindicativa del conflicto.

La negociación del Real Decreto básico de carrera profesional en el primer semestre del 2025. Este Real Decreto básico es una exigencia de la LOPJ (art. 519) tras la modificación del año 2018. Una modificación de la LOPJ fruto de la presión y movilización liderada por CSIF. Una vez aprobado este Real Decreto se podrá negociar en las mesas de negociación de cada ámbito el desarrollo e implantación de una carrera profesional legal, y no de tapadillo, en las CCAA con competencias y en el ámbito no transferido.

La reserva del 50% de las plazas de la oferta de empleo público para la promoción interna. Una reivindicación que estaba entre las exigidas antes y durante el conflicto.

El texto incluye una disposición adicional con la regulación básica de Teletrabajo que permitirá cuando entre en vigor negociar en las mesas de negociación correspondientes e implantar el teletrabajo con garantías en cada Comunidad autónoma y en el ámbito no transferido. No estaba entre las reivindicaciones del conflicto, pero sí se trata de una reivindicación bastante generalizada entre el personal de Justicia. Esta regulación básica viene exigida por informe del Consejo de Estado.

La reducción de los grupos de población. Sin renunciar a la eliminación de estos grupos de población. Se da un primer paso y se acuerda eliminar el grupo IV (Juzgados y Agrupaciones de Paz).

Quedan muchas cosas por hacer y CSIF va a seguir luchando por conseguirlas con quien comparta ese objetivo

CSIF no va a entrar en polémicas estériles con nadie y menos con quienes están en el mero cálculo sindical y alejados de la realidad.

El hecho cierto es que la negociación de la antigua LOEO, hoy denominada LOESPJ, que trae la implantación de los Tribunales de Instancia ha sido una realidad cuando hace dos años el Ministerio se negaba a ello.

Fruto de esa negociación, el texto finalmente aprobado es muy distinto al que entró en el Congreso y contiene garantías y mejoras laborales que habrá que consolidar en la negociación posterior.

Con la ley aprobada, nos enfrentamos a un proceso complejo de negociación de relaciones de puestos de trabajo donde se van a determinar la organización y estructura de la oficina y las características de los puestos de trabajo y condiciones de trabajo.

No hay ningún compromiso que impida ejercer la presión sindical en la negociación de las relaciones de puestos de trabajo ni con las cuestiones que, por la negociación política, se han introducido en el proyecto de ley

El hecho cierto es que la carrera profesional se abre paso con la negociación del preceptivo Real Decreto básico de carrera (Art. 519 LOPJ).

El hecho cierto es que el teletrabajo, cuando entre en vigor la LOESPJ, tiene vía libre para negociarse en cada ámbito territorial. Un teletrabajo con garantías y no un teletrabajo de saldo como el que se proponía hace dos años.

El hecho cierto es que los grupos de población se van a reducir en el camino hacia la eliminación total, una reivindicación, por cierto, que compartimos con Jueces, Fiscales y Letrados.

El hecho cierto es que todas estas cuestiones estaban en la plataforma reivindicativa del conflicto en Justicia.

Y, por supuesto, que hay cosas en el proyecto de ley que no nos convencen y a las que nos oponemos. Es cierto que, en la negociación política en el Congreso, se han introducido cuestiones que, CSIF cree, no son legales o perjudican los derechos del personal de Justicia y el propio servicio público. Por ello:

CSIF combatirá la convocatoria de procesos selectivos enfocados a personas determinadas en plazas con perfil lingüístico.

CSIF rechaza la nueva regulación de la jubilación que endurece las opciones de petición de prórroga del servicio activo lo que puede perjudicar a quienes, llegada la edad de jubilación forzosa no tengan el mínimo de años cotizados para acceder al 100% de la jubilación.

CSIF combatirá la privatización creciente de servicios y funciones públicas como los actos de comunicación y ejecución en beneficio de determinados colectivos particulares.

CSIF seguirá oponiéndose a la mediación privada y obligatoria que encarece y obstaculiza el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos. Abogaremos por un servicio público de mediación en manos de funcionarios de Justicia desde LAJ hasta Auxilio judicial.

Dos ámbitos de negociación distintos y autónomos conforme a la estructura de negociación en la Administración de Justicia:

Mesas sectoriales CCAA y mesa delegada del ámbito no transferido

CSIF va a seguir impulsando la negociación colectiva para que todos los funcionarios de toda España tengan una subida salarial digna en el complemento específico.

País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, ámbito no transferido, La Rioja, Asturias, Canarias, Cantabria y Aragón ya tienen pactada esa subida, en algunos casos, ya han empezado a cobrarla. Trece CCAA, en las que prestan sus servicios, más del 85% del personal de Justicia, tiene ya una subida salarial en sus nóminas o va a tenerla en breve. Quedan 4 CCAA sin acuerdo. Andalucía, Comunidad valenciana, Navarra y Galicia.

Por otro lado, CSIF impulsará la negociación del teletrabajo en estas mesas, una vez que se apruebe la LOESPJ así como las propuestas acordadas en materia organizativa o de mejora de condiciones de laborales que se hayan acordado en cada ámbito territorial junto con el complemento específico.

Mesa de la DA 12ª que incluye materias de carácter básico

CSIF va a impulsar el acuerdo de julio de 2016, tanto en lo que se refiere a la nueva organización de la Justicia como al resto de materias del acuerdo entre las que destaca la negociación del RD básico de Carrera profesional.

El teletrabajo con garantías, seguro y con medios de la Administración es una realidad al recogerse en la ley la regulación básica. Queda desarrollarlo en cada ámbito y CSIF ya ha pedido que se inicie la negociación al respecto en las mesas sectoriales de cada CA y en la mesa delegada del ámbito no transferido.

Y, como decíamos al principio, CSIF va a seguir reclamando y exigiendo en este ámbito de negociación el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones en el complemento general del puesto. Algo a lo que, le pese a quien le pese y al margen de insidias de algunos, nunca hemos renunciado y nunca renunciaremos.

LO de representación paritaria, y reforma de la LOPJ así como de Ley 50/1981 que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal

emma.alvarez.bande — Mon, 05 Aug 24 09:38:00 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicadas en el BOE las siguientes resoluciones:

Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
- PDF (BOE-A-2024-16127 - 8 págs. - 230 KB)
- Otros formatos
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
- PDF (BOE-A-2024-15936 - 36 págs. - 432 KB)
- Otros formatos

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación

admin — Tue, 09 Jan 24 06:35:00 CET

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CSIF TE INFORMA

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 303 de fecha 20 de diciembre de 2023, el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

La entrada en vigor ha sido el pasado 21 de diciembre de 2023, a excepción de unos apartados.

Descargar cartel CSIF.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 4 del artículo 37 queda modificado del modo siguiente: «4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.» Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 84, quedando redactados del siguiente modo: «3. No obstante lo establecido en el artículo anterior, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88, podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales. 4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.» ... Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. ... Artículo tercero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Se modifica el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. 2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.» [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Transición del subsidio por desempleo a la prestación de ingreso mínimo vital. Disposición adicional segunda. Prórroga de la vigencia del artículo 24 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Disposición adicional tercera. Estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad y garantía de servicios para personas beneficiarias mayores de 45 años. Disposición adicional cuarta. Evaluación de la reforma del sistema asistencial de desempleo. Disposición adicional quinta. Cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia del nivel asistencial de protección por desempleo. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de compatibilidad del subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta ajena. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de cotización aplicable al subsidio de mayores de 52 años. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. Derogación normativa. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo. Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Disposición final quinta. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias. Disposición final sexta. Títulos competenciales. Disposición final séptima. Incorporación de Derecho comunitario. Disposición final octava. Facultades de desarrollo. Disposición final novena. Entrada en vigor. Uno. La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dos. Entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, la letra c) del apartado 5 del artículo 275 y el apartado 6 del artículo 282 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social redactados respectivamente por los apartados cinco y once del artículo segundo de este real decreto-ley. Tres. Entrará en vigor el 1 de junio de 2024 el artículo segundo, a excepción de su apartado diecinueve que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; los apartados dos y cuatro de la disposición derogatoria única, la disposición final primera, salvo el apartado tres que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; y la disposición final cuarta. ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 303.

Canarias, a 9 de enero de 2024.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF Informa: Complemento de ayuda a la infancia

admin — Fri, 29 Dec 23 05:45:00 CET

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CSIF TE INFORMA

CSIF Informa: Complemento de ayuda a la infancia.

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.Disposición adicional décima. Reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

Descargar cartel CSIF.

Más información en:

Canarias, a 29 de diciembre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales

admin — Thu, 05 Oct 23 20:06:00 CEST

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Entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 de marzo de 2023, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La entrada en vigor ha sido el pasado 29 de septiembre de 2023.

Por otro lado, recordamos que en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 de marzo de 2023, se publicó la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Preámbulo. TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 2. Finalidad. Artículo 3. Definiciones. TÍTULO I. Fomento de la protección animal CAPÍTULO I. Órganos estatales de dirección, coordinación y participación Artículo 4. Impulso de la protección animal. Artículo 5. Consejo Estatal de Protección Animal. Artículo 6. Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Artículo 7. Presencia equilibrada de mujeres y hombres. Artículo 8. No incremento de gasto. CAPÍTULO II. Sistema Central de Registros para la Protección Animal Artículo 9. Creación del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. Artículo 10. Naturaleza del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. Artículo 11. Inhabilitaciones para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como para su tenencia. Artículo 12. Protección de datos. CAPÍTULO III. Estadística de Protección Animal Artículo 13. Objeto de la Estadística de Protección Animal. Artículo 14. Contenido de la Estadística de Protección Animal. Artículo 15. Publicación de la Estadística de Protección Animal. CAPÍTULO IV. Planificación de las políticas públicas de protección animal Artículo 16. Plan Estatal de Protección Animal. Artículo 17. Elaboración y aprobación del Plan Estatal de Protección Animal. Artículo 18. Programas territoriales de protección animal. CAPÍTULO V. Promoción de la Protección Animal y dotación de medios Artículo 19. Promoción de la Protección Animal y dotación de medios. CAPÍTULO VI. Colaboración entre administraciones públicas Artículo 20. Colaboración institucional. CAPÍTULO VII. Protocolos en situaciones de emergencia Artículo 21. Planes de protección civil. CAPÍTULO VIII. Centros públicos de protección animal Artículo 22. Recogida y atención de animales. Artículo 23. Obligaciones de los Centros públicos de protección animal. TÍTULO II. Tenencia y convivencia responsable con animales CAPÍTULO I. Disposiciones comunes Artículo 24. Obligaciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Artículo 25. Prohibiciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. CAPÍTULO II. Animales de compañía Artículo 26. Obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía. Artículo 27. Prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía. Artículo 28. Animales de compañía en espacios abiertos. Artículo 29. Acceso con animales de compañía a medios de transporte, establecimientos y espacios públicos. Artículo 30. Tenencia de perros. CAPÍTULO III. Animales silvestres en cautividad Artículo 31. Objeto. Artículo 32. Condiciones específicas. CAPÍTULO IV. Fomento de la convivencia responsable con animales Artículo 33. Fomento de la convivencia responsable con animales. CAPÍTULO V. Listado Positivo de animales de compañía Artículo 34. Listado de especies de animales que pueden ser objeto de tenencia como animal de compañía. Artículo 35. Listado positivo de animales de compañía. Artículo 36. Criterios generales para la inclusión de una especie en el listado positivo de animales de compañía. Artículo 37. Inclusión de especies y actualización del listado positivo de animales de compañía. CAPÍTULO VI. Colonias felinas Artículo 38. Principios generales. Artículo 39. Funciones de la Administración local. Artículo 40. Funciones de la Administración autonómica. Artículo 41. Obligaciones de los ciudadanos. Artículo 42. Prohibiciones. CAPÍTULO VII. Entidades de Protección Animal Artículo 43. Clasificación de las entidades de protección animal. Artículo 44. Entidades de protección animal tipo RAC. Artículo 45. Entidades de protección animal tipo RAD. Artículo 46. Entidades de protección animal tipo RAS. Artículo 47. Entidades de protección animal tipo GCOF. Artículo 48. Entidades de protección animal tipo DEF. Artículo 49. Inscripción en el Registro de entidades de protección animal. Artículo 50. Personal al servicio de las entidades de protección animal. TÍTULO III. Cría, comercio, identificación, transmisión y transporte CAPÍTULO I. Cría, comercio, identificación y transmisión de animales de compañía Artículo 51. Identificación de animales de compañía. Artículo 52. Condiciones generales. Artículo 53. Cría de animales de compañía. Artículo 54. Inscripción en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Artículo 55. Venta de animales de compañía. Artículo 56. Venta en tiendas de animales de compañía. Artículo 57. Venta «online» y anuncios de venta de animales de compañía. Artículo 58. Cesión y adopción de animales de compañía. CAPÍTULO II. Transporte de animales Artículo 59. Condiciones generales de transporte. Artículo 60. Transporte de animales de compañía. Artículo 61. Animales de compañía procedentes de la Unión Europea o de terceros países. TÍTULO IV. Empleo de animales en actividades culturales y festivas Artículo 62. Animales en las filmaciones y las artes escénicas. Artículo 63. Escenas de maltrato simulado en filmaciones y las artes escénicas. Artículo 64. Ferias, exposiciones y concursos. Artículo 65. Romerías, eventos feriados, belenes, cabalgatas y procesiones. TÍTULO V. Inspección y vigilancia Artículo 66. Función inspectora. Artículo 67. Frecuencia de la inspección. Artículo 68. Medidas provisionales. TÍTULO VI. Régimen sancionador CAPÍTULO I. Principios generales Artículo 69. Sujetos responsables. Artículo 70. Normas concursales. Artículo 71. Concurrencia de procedimientos sancionadores. CAPÍTULO II. Infracciones y Sanciones Sección 1.ª Infracciones Artículo 72. Infracciones. Artículo 73. Infracciones leves. Artículo 74. Infracciones graves. Artículo 75. Infracciones muy graves. Sección 2.ª Sanciones Artículo 76. Sanciones principales. Artículo 77. Medidas accesorias. Artículo 78. Graduación de las sanciones. Artículo 79. Responsabilidad civil. Sección 3.ª Procedimiento sancionador Artículo 80. Órganos competentes. Artículo 81. Partes interesadas en el procedimiento. [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Perros de asistencia. Disposición adicional segunda. Plan Estatal de Protección Animal. Disposición adicional tercera. Competencias del Ministerio de Defensa. Disposición adicional cuarta. Ley de Grandes Simios. Disposición adicional quinta. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Homologación o adquisición de titulaciones requeridas. Disposición transitoria segunda. Prohibición de determinadas especies como animales de compañía. Disposición transitoria tercera. Circos, carruseles y atracciones de feria. Disposición transitoria cuarta. Venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Disposición transitoria quinta. Tenencia de animales de compañía. Disposición transitoria sexta. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Disposición final cuarta. Listado positivo de animales de compañía. Disposición final quinta. Desarrollo del Sistema Central de Registros de Protección Animal. Disposición final sexta. Título competencial. Disposición final séptima. Personal autonómico o local. Disposición final octava. Habilitación normativa. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 75.

Canarias, a 5 de octubre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

admin — Tue, 06 Jun 23 18:35:00 CEST

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Publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 124 de fecha 25 de mayo de 2023, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Debido a la entrada en vigor de dicha ley el 26 de mayo de 2023, entre otras preguntas, la ocupación o precio por zona de mercado residencial tensionado, informamos que CSIF ya ha realizado acuerdos para el asesoramiento civil, entre otros, Munguía Abogados.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Preámbulo. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. Artículo 2. Fines de las políticas públicas de vivienda. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Servicios de interés general. Artículo 5. Acción pública. Artículo 6. Principio de igualdad y no discriminación en la vivienda. Título I. Función social y régimen jurídico de la vivienda. Artículo 7. Principios rectores de la garantía de la función social de la vivienda. Capítulo I. Estatuto Básico del Ciudadano. Artículo 8. Derechos del ciudadano en relación con la vivienda. Artículo 9. Deberes del ciudadano en relación con la vivienda. Capítulo II. Régimen jurídico básico del derecho de propiedad de la vivienda. Artículo 10. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: facultades. Artículo 11. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: deberes y cargas. Título II. Acción de los poderes públicos en materia de vivienda. Capítulo I. Principios generales de la actuación pública en materia de vivienda. Artículo 12. Acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Artículo 13. Compromiso por la accesibilidad universal en el parque de vivienda. Artículo 14. Situaciones de especial vulnerabilidad. Artículo 15. Derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística. Artículo 16. Vivienda protegida. Artículo 17. Vivienda asequible incentivada. Artículo 18. Declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Artículo 19. Colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado. Capítulo II. Colaboración y cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda. Artículo 20. Colaboración entre las administraciones públicas en materia de vivienda. Artículo 21. Órganos de Cooperación en materia de vivienda y suelo. Artículo 22. Coordinación interministerial. Capítulo III. Actuación del Estado en materia de vivienda. Artículo 23. Planificación y programación estatal en materia de vivienda. Artículo 24. Planes estatales en materia de vivienda y rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural. Artículo 25. Colaboración público-privada y fondo de vivienda asequible. Artículo 26. Consejo Asesor de Vivienda. Título III. Parques públicos de vivienda. Artículo 27. Concepto, finalidad y financiación. Artículo 28. Criterios orientadores en la gestión de los parques públicos de vivienda. Artículo 29. Destino de los parques públicos de vivienda. Título IV. Medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Capítulo I. Régimen general de derechos e información básica. Artículo 30. Principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades. Artículo 31. Información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Capítulo II. Información y transparencia en materia de vivienda y suelo. Artículo 32. Parque público de vivienda. Artículo 33. Inversión en programas de política de vivienda. Artículo 34. Caracterización del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vacía. Artículo 35. Caracterización de la demanda de vivienda. Artículo 36. Suelo público disponible para vivienda. Disposición adicional primera. Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento. Disposición adicional segunda. Prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado. Disposición adicional tercera. Revisión de los criterios para la identificación de zonas de mercado residencial tensionado. Disposición adicional cuarta. Aplicación de los recursos de los planes estatales en materia de vivienda en los trámites de intermediación y conciliación. Disposición adicional quinta. Grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda. Disposición adicional sexta. Los administradores de fincas. Disposición transitoria primera. Viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Disposición transitoria segunda. Objetivos en relación con el parque de vivienda destinado a políticas sociales. Disposición transitoria tercera. Procedimientos suspendidos en virtud de los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Disposición transitoria cuarta. Régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Disposición derogatoria única. Disposición final primera. Medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Disposición final segunda. Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Disposición final tercera. Modulación del recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disposición final sexta. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Disposición final séptima. Títulos competenciales. Disposición final octava. Desarrollo reglamentario. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto la disposición final segunda, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 124.

Canarias, a 6 de junio de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

RDL 4/2023. Modifica el RD 486/1997 de seguridad y salud en los lugares de trabajo

admin — Fri, 12 May 23 18:45:00 CEST

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RDL 4/2023. Modifica el RD 486/1997 de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 113 de fecha 12 de mayo de 2023, el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

El Real Decreto Ley 4/2023 medidas urgentes en materia agraria y de aguas, promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas modifica, entre otros el Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La disposición se enmarca en el desarrollo de la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con los efectos del cambio climático. Esta protección exige la adopción de medidas preventivas y correctoras ante situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras ante situaciones urgentes y extremas que, por desgracia, cada vez son más habituales.

En la Disposición final primera, queda suprimido el apartado 5 del anexo III y se introduce una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:

“Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Con salvaguarda de su rango, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, queda modificado como sigue: Uno. Queda suprimido el apartado 5 del anexo III. Dos. Se introduce una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional única. Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre. 1. Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas. 2. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior derivarán de la evaluación de riesgos laborales, que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, las características de la tarea que se desarrolle y las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora. En aplicación de lo previsto en esta disposición y en el artículo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora. 3. En el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista. 4. Esta disposición adicional será de aplicación a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2».”

Ver el Real Decreto-ley 4/2023 completo en BOE nº 113.

Más información en nuestra sección: Prevención.

Canarias, a 12 de mayo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF inicia sus reuniones con los grupos parlamentarios para hacer llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias

admin — Wed, 03 May 23 19:14:00 CEST

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CSIF inicia sus reuniones con los grupos parlamentarios para hacer llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comienza hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras aportaciones sobre la Ley de familias.

Descargar cartel.

Desde CSIF llevamos años trabajando para conseguir una sociedad igualitaria, corresponsable y comprometida con la importancia de los cuidados y la conciliación. La falta de conciliación de la vida familiar y profesional es un grave problema en nuestro país; debemos eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de una carrera profesional y una personal.

Y es precisamente en el ámbito de los cuidados y la familia donde ahora más que nunca necesitamos que las políticas públicas se adapten a la realidad de nuestro día a día y se avance en medidas de conciliación real, así como de fomento de la corresponsabilidad.

Por todo ello desde CSIF hacemos llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias donde, además de solicitar la ampliación de diversos permisos ya existentes, incluimos nuestra petición de puesta en marcha de nuevas medidas de conciliación sin pérdida retributiva, tanto para administración pública como para empresa privada.

Más información en el 121/000151 Proyecto de Ley de Familias.

Canarias, a 3 de mayo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias