Canarias

DECEPCIONANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS QUE TRABAJA EN LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO CANARIO. RECOMENDAMOS VER EL VIDEO ADJUNTO

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 12:34:00 CET

¡¡HEMOS IDO A CONSTRUIR UNA LEY QUE RESULTA UNA VERGÜENZA POLÍTCA YA QUE NO DA RESPUESTA A LOS DOCENTES SINO QUE ES UN MERO PANFLETO DE BUENAS INTENCIONES!!

Cabe destacar que la propuesta de esta ley representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario, y en este fracaso están retratados todos los partidos políticos que en algún momento de la historia tuvieron labores de gobierno.

CSIF Educación Canarias intervino para defender una ley de autoridad del profesorado que incluya medidas reales de protección y respaldo al docente. Presentamos 9 enmiendas a la ley justificadas, que dan cumplimiento a las recomendaciones tanto del Consejo Escolar de Canarias como del Consejo Consultivo de Canarias y que permiten garantizar la autoridad al profesorado. Desde CSIF se insistió en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo.*

Propuestas de CSIF concretas de apoyo al profesorado. Entre las enmiendas planteadas por CSIF destaca:

La creación de una Unidad Administrativa Especializada de Apoyo al Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación, que debe ponerse en marcha en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. Esta unidad contaría con sedes permanentes en ambas provincias canarias y estaría integrada por equipos interdisciplinares formados por especialistas en ámbitos jurídico, psicológico, pedagógico y de prevención de riesgos laborales. Su función sería ofrecer asistencia directa al profesorado, defensa de su imagen profesional y apoyo ante conflictos, faltas de respeto o agresiones en el ámbito educativo.
Creación de un observatorio de convivencia para los docentes o sistema de seguimiento permanente que permita recopilar datos sobre incidentes, conflictos o situaciones que afectan a la autoridad docente controlado por el parlamento de Canarias para evitar que la administración haga caso omiso de lo que plantea la ley. El parlamento como fiscalizador de la gestión del gobierno con la intervención de los sindicatos docentes.
Carrera profesional para los docentes de Canarias. En un plazo máximo de seis meses, desde la aprobación de la ley, debe haber un proyecto normativo para desarrollar la carrera profesional docente, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Los docentes deben ser reconocidos y compensados económicamente y no con palmaditas en la espalda

Apoyo claro de la Administración. CSIF insistió durante la comparecencia en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo efectivo de la Administración y mecanismos de protección reales.

Finalmente, CSIF Educación Canarias reiteró su compromiso de seguir aportando propuestas durante la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma que finalmente se apruebe dignifique la labor docente y garantice el respeto hacia el profesorado en el sistema educativo canario. EN CASO CONTRARIO ADVERTIMOS A SUS SEÑORÍAS QUE NOS TENDRAN EN FRENTE.

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ORGULLOSOS DE SER DOCENTES

Acuerdo del Plan de Ordenación del Gobierno de Canarias

sergio.agrella.galvan — Fri, 10 Apr 26 17:30:00 CEST

🏛️ Personal Laboral

Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias y los sindicatos CSIF y resto de organizaciones con representación en la CNCC firman el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Su objetivo principal es planificar los recursos humanos para lograr mayor eficacia en los servicios y eficiencia en el gasto público. A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave:

1. Contexto y Situación del Personal

Plantilla: De los más de 12.000 efectivos de la Administración General, más del 60% (unos 7.000) son personal laboral.
Marco Legal: Se rigen por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legislación laboral y el Tercer Convenio Colectivo.

2. Ejes de Actuación del Plan

El plan se estructura en cinco ejes estratégicos:

Eje 1 — Movilidad y Promoción: Se reconoce el derecho a la movilidad periódica y se prioriza el aprovechamiento del capital humano interno para acceder a categorías superiores.
Eje 2 — Reducción de la Temporalidad: Busca cumplir con la Ley 20/2021 para reducir el empleo temporal y regular los contratos indefinidos y de sustitución.
Eje 3 — Regularización y Conversión de Vínculo: Es uno de los puntos más críticos. La Administración debe convertir puestos laborales en puestos de funcionarios cuando las funciones así lo requieran legalmente. Se facilitará que el personal laboral fijo pueda transformar voluntariamente su vínculo jurídico a funcionarial sin perder derechos profesionales.
Eje 4 — Oferta de Empleo Público: Se define como la vía para cubrir de forma definitiva los puestos de trabajo necesarios y dotados económicamente.
Eje 5 — Diseño y Ejecución: Este eje vendrá determinado por el desarrollo de los anteriores.

3. Aspectos Administrativos

Vigencia: El plan tendrá una duración de cuatro años desde su publicación, prorrogable por uno más.
Negociación: El acuerdo es fruto del consenso en la Mesa Técnica entre la CNCC (Sindicatos) y la Administración.
Ejecución: Se establecen plazos de un mes para constituir la Comisión de Seguimiento y los Grupos de Trabajo. El objetivo es que los instrumentos de ejecución de todos los ejes estén elaborados para el 31 de diciembre de 2026.

CSIF gana las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud

sergio.agrella.galvan — Mon, 27 Apr 26 10:03:00 CEST

CSIF InformaCanarias Image

En las elecciones sindicales de la Junta de Personal de Servicios Centrales y Territoriales del Servicio Canario de Salud, CSIF con 61 votos y 4 delegados ha sido la fuerza más votada.

Este resultado refuerza la confianza en un modelo sindical serio, firme y honesto, siempre con la "verdad por delante".

Desde CSIF agradecemos a todas las trabajadoras/es públicos su participación y, muy especialmente, el apoyo recibido.

GRACIAS POR SEGUIR CONFIANDO EN CSIF

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

CSIF anuncia movilizaciones, con posible huelga, desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública: Gobierno y CC.AA. castigan sin recursos al profesorado

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 02 Jun 26 10:29:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciará el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 una campaña de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. En este sentido, hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

CSIF adopta esta decisión tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad. En este sentido, abrimos un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

La falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas. CSIF quiere dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones.

El conjunto de problemas que la escuela pública arrastra desde hace años son variados, como revelaron recientemente un informe de CSIF sobre el sistema educativo español desde 2009; y una encuesta realizada a más de 7.500 docentes de toda España sobre condiciones del profesorado: Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

Recursos para atender la diversidad del alumnado: paralizados en el Congreso

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico.

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Descontrol de fondos europeos

CSIF ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, entre ellas:

Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.
Reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico.
Homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesCanarias Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

La plantilla de la AEAT, convocada por CSIF, se moviliza en toda España para reclamar más personal, carrera profesional y teletrabajo

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 08 Jun 26 03:33:00 CEST

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado hoy lunes un paro de 24 horas convocado por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Agencia.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio; y están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

CSIF denuncia el caos informático en la Dirección General de Policía para expedir documentos: la regularización de extranjeros puede colapsar

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 11:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación

admin — Tue, 09 Jan 24 06:35:00 CET

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CSIF TE INFORMA

CSIF Informa Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Lactancia acumulada y Flexibilidad horaria conciliación.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 303 de fecha 20 de diciembre de 2023, el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

La entrada en vigor ha sido el pasado 21 de diciembre de 2023, a excepción de unos apartados.

Descargar cartel CSIF.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. El apartado 4 del artículo 37 queda modificado del modo siguiente: «4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación. Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.» Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 84, quedando redactados del siguiente modo: «3. No obstante lo establecido en el artículo anterior, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88, podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales. 4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.» ... Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. ... Artículo tercero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Se modifica el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. 2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos que tengan a su cargo a hijos e hijas menores de doce años, así como de los empleados públicos que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas que convivan en el mismo domicilio, y que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.» [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Transición del subsidio por desempleo a la prestación de ingreso mínimo vital. Disposición adicional segunda. Prórroga de la vigencia del artículo 24 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Disposición adicional tercera. Estrategia global para el empleo de las personas trabajadoras desempleadas de larga duración o de más edad y garantía de servicios para personas beneficiarias mayores de 45 años. Disposición adicional cuarta. Evaluación de la reforma del sistema asistencial de desempleo. Disposición adicional quinta. Cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia del nivel asistencial de protección por desempleo. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de compatibilidad del subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta ajena. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de cotización aplicable al subsidio de mayores de 52 años. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. Derogación normativa. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo. Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Disposición final quinta. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias. Disposición final sexta. Títulos competenciales. Disposición final séptima. Incorporación de Derecho comunitario. Disposición final octava. Facultades de desarrollo. Disposición final novena. Entrada en vigor. Uno. La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dos. Entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, la letra c) del apartado 5 del artículo 275 y el apartado 6 del artículo 282 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social redactados respectivamente por los apartados cinco y once del artículo segundo de este real decreto-ley. Tres. Entrará en vigor el 1 de junio de 2024 el artículo segundo, a excepción de su apartado diecinueve que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; los apartados dos y cuatro de la disposición derogatoria única, la disposición final primera, salvo el apartado tres que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; y la disposición final cuarta. ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 303.

Canarias, a 9 de enero de 2024.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF Informa: Complemento de ayuda a la infancia

admin — Fri, 29 Dec 23 05:45:00 CET

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CSIF Informa: Complemento de ayuda a la infancia.

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.Disposición adicional décima. Reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

Descargar cartel CSIF.

Más información en:

Canarias, a 29 de diciembre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales

admin — Thu, 05 Oct 23 20:06:00 CEST

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Entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 de marzo de 2023, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La entrada en vigor ha sido el pasado 29 de septiembre de 2023.

Por otro lado, recordamos que en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 de marzo de 2023, se publicó la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Preámbulo. TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 2. Finalidad. Artículo 3. Definiciones. TÍTULO I. Fomento de la protección animal CAPÍTULO I. Órganos estatales de dirección, coordinación y participación Artículo 4. Impulso de la protección animal. Artículo 5. Consejo Estatal de Protección Animal. Artículo 6. Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Artículo 7. Presencia equilibrada de mujeres y hombres. Artículo 8. No incremento de gasto. CAPÍTULO II. Sistema Central de Registros para la Protección Animal Artículo 9. Creación del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. Artículo 10. Naturaleza del Sistema Central de Registros para la Protección Animal. Artículo 11. Inhabilitaciones para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como para su tenencia. Artículo 12. Protección de datos. CAPÍTULO III. Estadística de Protección Animal Artículo 13. Objeto de la Estadística de Protección Animal. Artículo 14. Contenido de la Estadística de Protección Animal. Artículo 15. Publicación de la Estadística de Protección Animal. CAPÍTULO IV. Planificación de las políticas públicas de protección animal Artículo 16. Plan Estatal de Protección Animal. Artículo 17. Elaboración y aprobación del Plan Estatal de Protección Animal. Artículo 18. Programas territoriales de protección animal. CAPÍTULO V. Promoción de la Protección Animal y dotación de medios Artículo 19. Promoción de la Protección Animal y dotación de medios. CAPÍTULO VI. Colaboración entre administraciones públicas Artículo 20. Colaboración institucional. CAPÍTULO VII. Protocolos en situaciones de emergencia Artículo 21. Planes de protección civil. CAPÍTULO VIII. Centros públicos de protección animal Artículo 22. Recogida y atención de animales. Artículo 23. Obligaciones de los Centros públicos de protección animal. TÍTULO II. Tenencia y convivencia responsable con animales CAPÍTULO I. Disposiciones comunes Artículo 24. Obligaciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Artículo 25. Prohibiciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. CAPÍTULO II. Animales de compañía Artículo 26. Obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía. Artículo 27. Prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía. Artículo 28. Animales de compañía en espacios abiertos. Artículo 29. Acceso con animales de compañía a medios de transporte, establecimientos y espacios públicos. Artículo 30. Tenencia de perros. CAPÍTULO III. Animales silvestres en cautividad Artículo 31. Objeto. Artículo 32. Condiciones específicas. CAPÍTULO IV. Fomento de la convivencia responsable con animales Artículo 33. Fomento de la convivencia responsable con animales. CAPÍTULO V. Listado Positivo de animales de compañía Artículo 34. Listado de especies de animales que pueden ser objeto de tenencia como animal de compañía. Artículo 35. Listado positivo de animales de compañía. Artículo 36. Criterios generales para la inclusión de una especie en el listado positivo de animales de compañía. Artículo 37. Inclusión de especies y actualización del listado positivo de animales de compañía. CAPÍTULO VI. Colonias felinas Artículo 38. Principios generales. Artículo 39. Funciones de la Administración local. Artículo 40. Funciones de la Administración autonómica. Artículo 41. Obligaciones de los ciudadanos. Artículo 42. Prohibiciones. CAPÍTULO VII. Entidades de Protección Animal Artículo 43. Clasificación de las entidades de protección animal. Artículo 44. Entidades de protección animal tipo RAC. Artículo 45. Entidades de protección animal tipo RAD. Artículo 46. Entidades de protección animal tipo RAS. Artículo 47. Entidades de protección animal tipo GCOF. Artículo 48. Entidades de protección animal tipo DEF. Artículo 49. Inscripción en el Registro de entidades de protección animal. Artículo 50. Personal al servicio de las entidades de protección animal. TÍTULO III. Cría, comercio, identificación, transmisión y transporte CAPÍTULO I. Cría, comercio, identificación y transmisión de animales de compañía Artículo 51. Identificación de animales de compañía. Artículo 52. Condiciones generales. Artículo 53. Cría de animales de compañía. Artículo 54. Inscripción en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Artículo 55. Venta de animales de compañía. Artículo 56. Venta en tiendas de animales de compañía. Artículo 57. Venta «online» y anuncios de venta de animales de compañía. Artículo 58. Cesión y adopción de animales de compañía. CAPÍTULO II. Transporte de animales Artículo 59. Condiciones generales de transporte. Artículo 60. Transporte de animales de compañía. Artículo 61. Animales de compañía procedentes de la Unión Europea o de terceros países. TÍTULO IV. Empleo de animales en actividades culturales y festivas Artículo 62. Animales en las filmaciones y las artes escénicas. Artículo 63. Escenas de maltrato simulado en filmaciones y las artes escénicas. Artículo 64. Ferias, exposiciones y concursos. Artículo 65. Romerías, eventos feriados, belenes, cabalgatas y procesiones. TÍTULO V. Inspección y vigilancia Artículo 66. Función inspectora. Artículo 67. Frecuencia de la inspección. Artículo 68. Medidas provisionales. TÍTULO VI. Régimen sancionador CAPÍTULO I. Principios generales Artículo 69. Sujetos responsables. Artículo 70. Normas concursales. Artículo 71. Concurrencia de procedimientos sancionadores. CAPÍTULO II. Infracciones y Sanciones Sección 1.ª Infracciones Artículo 72. Infracciones. Artículo 73. Infracciones leves. Artículo 74. Infracciones graves. Artículo 75. Infracciones muy graves. Sección 2.ª Sanciones Artículo 76. Sanciones principales. Artículo 77. Medidas accesorias. Artículo 78. Graduación de las sanciones. Artículo 79. Responsabilidad civil. Sección 3.ª Procedimiento sancionador Artículo 80. Órganos competentes. Artículo 81. Partes interesadas en el procedimiento. [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Perros de asistencia. Disposición adicional segunda. Plan Estatal de Protección Animal. Disposición adicional tercera. Competencias del Ministerio de Defensa. Disposición adicional cuarta. Ley de Grandes Simios. Disposición adicional quinta. [Disposiciones transitorias] Disposición transitoria primera. Homologación o adquisición de titulaciones requeridas. Disposición transitoria segunda. Prohibición de determinadas especies como animales de compañía. Disposición transitoria tercera. Circos, carruseles y atracciones de feria. Disposición transitoria cuarta. Venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Disposición transitoria quinta. Tenencia de animales de compañía. Disposición transitoria sexta. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Disposición final cuarta. Listado positivo de animales de compañía. Disposición final quinta. Desarrollo del Sistema Central de Registros de Protección Animal. Disposición final sexta. Título competencial. Disposición final séptima. Personal autonómico o local. Disposición final octava. Habilitación normativa. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 75.

Canarias, a 5 de octubre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 43.700 docentes y una interinidad del 22,47 por ciento

admin — Thu, 07 Sep 23 09:59:31 CEST

ConvocatoriasEmpleoOposicionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCanarias Image

Madrid, 7 de septiembre de 2023. La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno interino y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, y los problemas económicos por el alza de los precios que sufren centros, familias y profesorado.

Déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado,clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores son algunos de los inconvenientes de este nuevo curso.

Y es que, según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

Por su parte, la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

Además, se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47 por ciento, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que –según la Ley para la reducción de temporalidad– no podrá superar el 8 por ciento a partir del 1 de enero de 2025. En este sentido, CSIF exige la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Según datos recabados de las estadísticas del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

Asimismo, CSIF se ha dirigido por carta tanto al Ministerio de Educación como a las CC.AA para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, porque consideramos que no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4 por ciento), educación inclusiva (2,93 por ciento) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 por ciento).

Todos estos datos perpetúan los problemas estructurales de nuestra educación, como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en nuestras aulas y la falta de reconocimiento profesional del profesorado. De hecho, en los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5.

Por eso, desde CSIF reclamamos al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país y un pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo.

Este Pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre CC.AA en los currículos. Y a partir de ahí, se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales.
En este sentido, recordamos que los docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17 por ciento como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010.

Publicada la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias

admin — Fri, 09 Jun 23 18:03:00 CEST

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoLaboralCanarias Image

CSIF TE INFORMA

Publicada la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 128 de fecha 30 de mayo de 2023, la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, tras su publicación en el BOC número 66, del lunes 3 de abril de 2023.

Tras el acuerdo entre las formaciones políticas para gobernar la Comunidad Autónoma de Canarias, informamos que el número de consejerías ya no está limitado (antiguo art. 14 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias), entre otras novedades.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE [Preámbulo] TÍTULO PRELIMINAR. Disposición general Artículo 1. Objeto de la ley. TÍTULO I. Presidencia de Canarias CAPÍTULO I. Caracterización, elección y nombramiento Artículo 2. El presidente o presidenta de Canarias. Artículo 3. Requisitos de acceso al cargo. Artículo 4. Elección. Artículo 5. Nombramiento y toma de posesión. CAPÍTULO II. Estatuto del presidente o presidenta de Canarias Artículo 6. Deberes. Artículo 7. Derechos. Artículo 8. Incompatibilidades. Artículo 9. Responsabilidad política. Artículo 10. Sede de la Presidencia. CAPÍTULO III. Atribuciones del presidente o presidenta Artículo 11. Atribuciones como alta representación de la comunidad autónoma. Artículo 12. Atribuciones como representante ordinario del Estado. Artículo 13. Atribuciones como titular de la jefatura del Gobierno de Canarias. Artículo 14. Delegación de funciones. CAPÍTULO IV. Cese, sustitución y suplencia del presidente o presidenta Artículo 15. Cese del presidente o presidenta. Artículo 16. Sustitución del presidente o presidenta. Artículo 17. Presidente o presidenta en funciones. Artículo 18. Suplencia del presidente o presidenta. CAPÍTULO V. Estatuto de los expresidentes o expresidentas Artículo 19. Estatuto de los expresidentes o expresidentas. TÍTULO II. Gobierno de Canarias CAPÍTULO I. Disposiciones generales Artículo 20. El Gobierno. Artículo 21. Régimen jurídico. Artículo 22. Sede del Gobierno. Artículo 23. Funcionamiento. CAPÍTULO II. Composición del Gobierno Artículo 24. Composición del Gobierno. Artículo 25. Secretaría del Gobierno. CAPÍTULO III. Atribuciones del Gobierno Artículo 26. Atribuciones del Gobierno en materia de dirección política. Artículo 27. Atribuciones del Gobierno en relación con el Parlamento. Artículo 28. Atribuciones del Gobierno relativas a la potestad normativa. Artículo 29. Atribuciones del Gobierno en relación con el Tribunal Constitucional. Artículo 30. Atribuciones del Gobierno en materia presupuestaria. Artículo 31. Atribuciones del Gobierno en materia ejecutiva y administrativa. Artículo 32. Delegación en miembros del Gobierno. CAPÍTULO IV. Funcionamiento del Consejo de Gobierno Artículo 33. Reuniones del Consejo de Gobierno. Artículo 34. «Quorum». Artículo 35. Asistencia a las reuniones. Artículo 36. Carácter de las deliberaciones y documentación. Artículo 37. Decisiones del Consejo de Gobierno. Artículo 38. Actas. Artículo 39. Abstención y recusación. CAPÍTULO V. Comisiones delegadas del Gobierno Artículo 40. Comisiones delegadas del Gobierno. Artículo 41. Creación, modificación y supresión. Artículo 42. Funciones. Artículo 43. Funcionamiento. Artículo 44. Decisiones de las comisiones delegadas. CAPÍTULO VI. Órganos y unidades de apoyo del Gobierno Artículo 45. Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. Artículo 46. Portavocía del Gobierno. CAPÍTULO VII. Cese del Gobierno Artículo 47. Cese del Gobierno. Artículo 48. Gobierno en funciones. TÍTULO III. Vicepresidente o vicepresidenta y consejeros o consejeras CAPÍTULO I. Vicepresidente o vicepresidenta Artículo 49. Caracterización y requisitos de acceso al cargo. Artículo 50. Nombramiento y cese del vicepresidente o vicepresidenta. Artículo 51. Sede de la Vicepresidencia. Artículo 52. Derechos y deberes. Artículo 53. Atribuciones del vicepresidente o vicepresidenta. Artículo 54. Suplencia. CAPÍTULO II. Consejeros o consejeras Artículo 55. Caracterización y requisitos de acceso al cargo. Artículo 56. Nombramiento y cese. Artículo 57. Derechos y deberes. Artículo 58. Atribuciones de los consejeros o consejeras. Artículo 59. Suplencia. TÍTULO IV. Relaciones con el Parlamento de Canarias CAPÍTULO I. Disposiciones generales Artículo 60. Impulso y control de la acción política. Artículo 61. Comparecencia e información. Artículo 62. Relación ordinaria del Gobierno con el Parlamento. CAPÍTULO II. Responsabilidad política Artículo 63. Exigencia de responsabilidad política. CAPÍTULO III. Disolución del Parlamento de Canarias Artículo 64. Disolución del Parlamento de Canarias. TÍTULO V. Iniciativa legislativa y potestades normativas del Gobierno CAPÍTULO I. Disposiciones generales Artículo 65. Ejercicio de la iniciativa legislativa y potestades normativas del Gobierno. Artículo 66. Principios de buena regulación. Artículo 67. Programa legislativo y reglamentario. Artículo 68. Procedimiento de elaboración y aprobación. Artículo 69. Transparencia y participación ciudadana en el procedimiento de elaboración. CAPÍTULO II. Iniciativa legislativa y potestad legislativa del Gobierno Sección 1.ª Iniciativa legislativa del Gobierno Artículo 70. Iniciativa legislativa. Artículo 71. Procedimiento de elaboración de los proyectos de ley. Artículo 72. Tramitación urgente de iniciativas legislativas. Artículo 73. Nueva aprobación de determinados proyectos de ley. Sección 2.ª Decretos leyes Artículo 74. Decretos leyes. Sección 3.ª Decretos legislativos Artículo 75. Decretos legislativos. CAPÍTULO III. Potestad reglamentaria del Gobierno Sección 1.ª Principios generales Artículo 76. Órganos competentes. Artículo 77. Forma de las disposiciones reglamentarias. Artículo 78. Jerarquía y competencia. Artículo 79. Publicación. Sección 2.ª Procedimiento de elaboración y aprobación Artículo 80. Procedimiento de elaboración y aprobación. Artículo 81. Tramitación urgente de iniciativas reglamentarias. Artículo 82. Especialidades de la elaboración de normas de organización. Artículo 83. Iniciativas reglamentarias en caso de cese del Gobierno. CAPÍTULO IV. Evaluación y transparencia Artículo 84. Evaluación normativa. Artículo 85. Medidas de transparencia y simplificación del ordenamiento autonómico. TÍTULO VI. Control de la actuación del Gobierno Artículo 86. Control de la actuación del Gobierno. [Disposiciones adicionales] Disposición adicional primera. Uso de nuevas tecnologías Disposición adicional segunda. Delegaciones del Gobierno de Canarias en el exterior. Disposición adicional tercera. Desconcentración y delegación de funciones y competencias. [Disposiciones derogatorias] Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan. [Disposiciones finales] Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Disposición final segunda. Facultades de desarrollo. Disposición final tercera. Entrada en vigor. ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 128.

Canarias, a 7 de junio de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

admin — Tue, 06 Jun 23 18:35:00 CEST

Acción SocialFormación-Acción SocialPreparación Oposiciones - Acción SocialNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralCanarias Image

CSIF TE INFORMA

Publicada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 124 de fecha 25 de mayo de 2023, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Debido a la entrada en vigor de dicha ley el 26 de mayo de 2023, entre otras preguntas, la ocupación o precio por zona de mercado residencial tensionado, informamos que CSIF ya ha realizado acuerdos para el asesoramiento civil, entre otros, Munguía Abogados.

Extracto del texto normativo:

“... ÍNDICE Preámbulo. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. Artículo 2. Fines de las políticas públicas de vivienda. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Servicios de interés general. Artículo 5. Acción pública. Artículo 6. Principio de igualdad y no discriminación en la vivienda. Título I. Función social y régimen jurídico de la vivienda. Artículo 7. Principios rectores de la garantía de la función social de la vivienda. Capítulo I. Estatuto Básico del Ciudadano. Artículo 8. Derechos del ciudadano en relación con la vivienda. Artículo 9. Deberes del ciudadano en relación con la vivienda. Capítulo II. Régimen jurídico básico del derecho de propiedad de la vivienda. Artículo 10. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: facultades. Artículo 11. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: deberes y cargas. Título II. Acción de los poderes públicos en materia de vivienda. Capítulo I. Principios generales de la actuación pública en materia de vivienda. Artículo 12. Acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Artículo 13. Compromiso por la accesibilidad universal en el parque de vivienda. Artículo 14. Situaciones de especial vulnerabilidad. Artículo 15. Derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística. Artículo 16. Vivienda protegida. Artículo 17. Vivienda asequible incentivada. Artículo 18. Declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Artículo 19. Colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado. Capítulo II. Colaboración y cooperación entre administraciones públicas en materia de vivienda. Artículo 20. Colaboración entre las administraciones públicas en materia de vivienda. Artículo 21. Órganos de Cooperación en materia de vivienda y suelo. Artículo 22. Coordinación interministerial. Capítulo III. Actuación del Estado en materia de vivienda. Artículo 23. Planificación y programación estatal en materia de vivienda. Artículo 24. Planes estatales en materia de vivienda y rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural. Artículo 25. Colaboración público-privada y fondo de vivienda asequible. Artículo 26. Consejo Asesor de Vivienda. Título III. Parques públicos de vivienda. Artículo 27. Concepto, finalidad y financiación. Artículo 28. Criterios orientadores en la gestión de los parques públicos de vivienda. Artículo 29. Destino de los parques públicos de vivienda. Título IV. Medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Capítulo I. Régimen general de derechos e información básica. Artículo 30. Principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades. Artículo 31. Información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda. Capítulo II. Información y transparencia en materia de vivienda y suelo. Artículo 32. Parque público de vivienda. Artículo 33. Inversión en programas de política de vivienda. Artículo 34. Caracterización del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vacía. Artículo 35. Caracterización de la demanda de vivienda. Artículo 36. Suelo público disponible para vivienda. Disposición adicional primera. Base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinación en la información sobre contratos de arrendamiento. Disposición adicional segunda. Prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado. Disposición adicional tercera. Revisión de los criterios para la identificación de zonas de mercado residencial tensionado. Disposición adicional cuarta. Aplicación de los recursos de los planes estatales en materia de vivienda en los trámites de intermediación y conciliación. Disposición adicional quinta. Grupo de trabajo para la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda. Disposición adicional sexta. Los administradores de fincas. Disposición transitoria primera. Viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Disposición transitoria segunda. Objetivos en relación con el parque de vivienda destinado a políticas sociales. Disposición transitoria tercera. Procedimientos suspendidos en virtud de los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Disposición transitoria cuarta. Régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Disposición derogatoria única. Disposición final primera. Medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Disposición final segunda. Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Disposición final tercera. Modulación del recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disposición final sexta. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Disposición final séptima. Títulos competenciales. Disposición final octava. Desarrollo reglamentario. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto la disposición final segunda, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ...”

Ver la Ley completa en BOE nº 124.

Canarias, a 6 de junio de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

RDL 4/2023. Modifica el RD 486/1997 de seguridad y salud en los lugares de trabajo

admin — Fri, 12 May 23 18:45:00 CEST

NormativaLeyes y Decretos LeyPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralCanarias Image

CSIF TE INFORMA

RDL 4/2023. Modifica el RD 486/1997 de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 113 de fecha 12 de mayo de 2023, el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

El Real Decreto Ley 4/2023 medidas urgentes en materia agraria y de aguas, promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas modifica, entre otros el Real Decreto 486/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La disposición se enmarca en el desarrollo de la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con los efectos del cambio climático. Esta protección exige la adopción de medidas preventivas y correctoras ante situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras ante situaciones urgentes y extremas que, por desgracia, cada vez son más habituales.

En la Disposición final primera, queda suprimido el apartado 5 del anexo III y se introduce una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:

“Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Con salvaguarda de su rango, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, queda modificado como sigue: Uno. Queda suprimido el apartado 5 del anexo III. Dos. Se introduce una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción: «Disposición adicional única. Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre. 1. Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas. 2. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior derivarán de la evaluación de riesgos laborales, que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, las características de la tarea que se desarrolle y las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora. En aplicación de lo previsto en esta disposición y en el artículo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora. 3. En el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista. 4. Esta disposición adicional será de aplicación a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2».”

Ver el Real Decreto-ley 4/2023 completo en BOE nº 113.

Más información en nuestra sección: Prevención.

Canarias, a 12 de mayo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF inicia sus reuniones con los grupos parlamentarios para hacer llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias

admin — Wed, 03 May 23 19:14:00 CEST

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CSIF TE INFORMA

CSIF inicia sus reuniones con los grupos parlamentarios para hacer llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comienza hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras aportaciones sobre la Ley de familias.

Descargar cartel.

Desde CSIF llevamos años trabajando para conseguir una sociedad igualitaria, corresponsable y comprometida con la importancia de los cuidados y la conciliación. La falta de conciliación de la vida familiar y profesional es un grave problema en nuestro país; debemos eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de una carrera profesional y una personal.

Y es precisamente en el ámbito de los cuidados y la familia donde ahora más que nunca necesitamos que las políticas públicas se adapten a la realidad de nuestro día a día y se avance en medidas de conciliación real, así como de fomento de la corresponsabilidad.

Por todo ello desde CSIF hacemos llegar nuestras aportaciones a la Ley de Familias donde, además de solicitar la ampliación de diversos permisos ya existentes, incluimos nuestra petición de puesta en marcha de nuevas medidas de conciliación sin pérdida retributiva, tanto para administración pública como para empresa privada.

Más información en el 121/000151 Proyecto de Ley de Familias.

Canarias, a 3 de mayo de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

CSIF traslada a PSOE y Unidas Podemos enmiendas a la Ley de Función Pública para garantizar la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional y el teletrabajo

admin — Wed, 19 Apr 23 14:43:00 CEST

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CSIF traslada a PSOE y Unidas Podemos enmiendas a la Ley de Función Pública para garantizar la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional y el teletrabajo.

- Continuamos nuestra ronda de contactos con los grupos parlamentarios para solucionar las graves carencias de la futura ley.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha continuado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras propuestas al Proyecto de Ley de Función Pública. En esta ocasión nos hemos reunido con los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, a quienes les hemos insistido en las graves carencias que, a nuestro juicio, presenta la actual redacción.

En este sentido, les hemos trasladado un documento con 35 enmiendas para que las defiendan durante la tramitación del proyecto de ley con el fin de mejorar el texto garantizando reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleadas/os públicos, como la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial voluntaria o el teletrabajo con garantías, según los términos negociados.

El sindicato presidido por Miguel Borra denuncia que el texto llega con 15 años de retraso, y que además la redacción actual está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una ley de esta magnitud, ya que muchos aspectos fundamentales de las condiciones de trabajo de las/os empleados públicos se regulan de forma deficiente e incompleta, e incluso otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas. Además, carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo.

Entre otras propuestas argumentadas ante el Grupo Parlamentario Socialista y ante Podemos figuran las siguientes:

Evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores debido a su efecto directo sobre la carrera profesional.
Los nombramientos y ceses de personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación.
La jornada general de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) sea de 35 horas semanales.
Eliminar el cheque el blanco al Gobierno para reorganizar los cuerpos y escalas durante un periodo de seis meses.
El desarrollo del teletrabajo con garantías, detallando las condiciones laborales bajo las que se realizará. El Gobierno deberá proporcionar para ello los medios materiales y técnicos.
El desarrollo del grupo profesional B para el personal de la AGE (actualmente se limita esta posibilidad solo a algunos cuerpos y escalas).
Derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario.
Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante el principio de no discriminación por razón de sexo en las retribuciones complementarias.
Todos los empleados públicos (y no solo los funcionarios de carrera) tengan derecho a excedencia para cuidado de hijo/a o familiar, y excedencia por ser víctima de violencia de género o violencia terrorista.
Inclusión del personal laboral en todos aquellos aspectos que les puedan ser de aplicación.

Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Unidas Podemos en el Congreso han valorado positivamente las enmiendas presentadas por CSIF, y se han comprometido a estudiarlas en detalle de cara a su posible defensa durante la tramitación del proyecto de ley.

CSIF continuará próximamente esta ronda de contactos con otros grupos parlamentarios, a quienes seguiremos trasladando en persona nuestra preocupación por las actuales carencias que presenta el proyecto de ley. Les instamos a que defiendan nuestras propuestas durante la tramitación en el Congreso y el Senado del Proyecto de Ley de Función Pública.

Más información en:

Canarias, a 19 de abril de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias