Cádiz

CSIF denuncia una nueva agresión verbal, esta vez en el Centro de Salud de Bornos, con amenazas de muerte

Alejandro Barragán Luna — Tue, 27 Oct 26 13:46:00 CET

El centro no cuenta con personal de seguridad, y cuando la policía llegó, la agresora ya se había ido

Bornos, 27 de octubre de 2026

Una nueva agresión contra personal de la sanidad pública, en este caso, en el Centro de Salud de Bornos, vuelve a dejar patente la ineficacia de los protocolos actuales del Servicio Andaluz de Salud para evitar estas situaciones. Una persona, que exigía atención inmediata, amenazó de muerte al celador conductor que estaba en el mostrador de Atención a la Ciudadanía, e insultó a la doctora que tenía que atenderla. Al llegar la policía, la agresora ya se había ido.

Para CSIF, las medidas antiagresiones del SAS están obsoletas y, claramente, no sirven para evitar, o al menos minimizar, los casos violentos que vive el personal de la sanidad pública por la injustificable actitud de ciertos usuarios. Además, CSIF recuerda que este centro de salud, como otros muchos en toda la provincia, carece de personal de seguridad que, por lo menos, con su presencia logren disuadir a las personas que traten de agredir, tanto verbal como físicamente a los trabajadores de los centros sanitarios.

La Central Sindical, además de mostrar su más absoluto rechazo a esta nueva agresión y de dar su apoyo a los profesionales agredidos, exige al SAS que actualice sus protocolos, que implante la figura del personal de seguridad en todos los centros sanitarios, y que presione para que las sanciones sean más severas contra quienes ejercen la violencia. “Ningún profesional, cuya función es cuidar de los demás, merece trabajar con miedo”, finalizan desde el sector de Sanidad de CSIF Cádiz.

La Junta confirma su intención de abrir una Oficina de Registro presencial en Jerez de la Frontera, tal y como exigía CSIF

Alejandro Barragán Luna — Thu, 22 Oct 26 13:47:00 CEST

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública “estima que podría estar en funcionamiento” antes de que termine el año

CSIF considera que esta carencia actualmente supone un perjuicio para la ciudadanía de la quinta ciudad de Andalucía en población, y de todo su entorno hasta la Sierra de Cádiz

Jerez de la Fra., 22 de octubre de 2026

Tras haber puesto el asunto en manos del Defensor del Pueblo Andaluz, CSIF ha logrado la confirmación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía sobre su intención de abrir una Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la Administración (OAMR) en Jerez de la Frontera, y garantizar así que la ciudadanía pueda ser atendida presencialmente a la hora de presentar documentación por registro y ser informada de otros trámites.

En su escrito de respuesta, la Consejería ha garantizado que “el espacio y mobiliario en uno de los inmuebles que la Junta de Andalucía tienen en uso en la ciudad de Jerez” ya está disponible, por lo que ya solo queda la dotación de personal. Es decir, hay que cubrir las plazas según marca la ley, modificando la actual Relación de Puestos de Trabajo, y luego formar a este personal funcionario en todas las funciones que desarrollarán en la OAMR. Según los plazos que maneja la Junta, la oficina “podría estar en funcionamiento a final del presente año”.

CSIF lleva dos años denunciando esta carencia, que supone un perjuicio a la ciudadanía, no solo de la quinta ciudad en población de Andalucía, sino también de su campiña y de los municipios de la Sierra de Cádiz, aumentando la brecha digital en personas que no están acostumbradas –o directamente no pueden- comunicarse con la Administración vía telemática. Esta circunstancia se está dando en Jerez, desde que se puso en marcha la ley de simplificación y racionalización administrativa, por la cual desapareció la antigua Oficina de Registro, obligando al personal funcionario de la Agencia Tributaria de Andalucía (en Alameda Cristina) a reservar parte de su horario para llevar a cabo estas funciones, dejando de lado su labores reales. Además, conlleva un agravio para toda la comarca, ya que Cádiz y Algeciras sí cuentan con oficinas de este tipo.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

El Gualdacacín Fútbol Sala Femenino recibe el apoyo de CSIF Cádiz una temporada más

Alejandro Barragán Luna — Mon, 19 Oct 26 12:15:00 CEST

El equipo sigue siendo el único de la provincia, en cualquier modalidad y categoría, que juega en primera división nacional

Cádiz, 19 de octubre de 2026

Una temporada más, CSIF Cádiz, a través de su área de Responsabilidad Social e Igualdad, colabora con el Club Deportivo Guadalcacín Fútbol Sala femenino. El equipo es el único de toda la provincia, en cualquier modalidad deportiva y categoría, que milita en primera división nacional, por lo que para CSIF el acuerdo de patrocinio es una manera de apoyar y fomentar el deporte feminino, dándole visibilidad y aportando en la medida de lo posible para que el equipo pueda garantizar su estabilidad en la máxima categoría del fúbol sala del país.

CSIF Cádiz desea al Guadalcacín Fútbol Sala femenino lo mejor para esta temporada que ha comenzado hace unas semanas.

* En el foto, de izquierda a derecha: la secretaria de Responsabilidad Social de CSIF Cádiz Irene Lucio, el nuevo fichaje del Guadalcacín Faustine Pellegry, sus compañeras Geice Serpa y Jussera DaSilva, la presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, y la responsable de Igualdad, Marisé Mendo.

La Junta mantiene el caos en decenas de centros educativos públicos de la provincia por no cubrir las vacantes de personal de administración y servicios

Alejandro Barragán Luna — Fri, 16 Oct 26 13:50:00 CEST

• CSIF ha reclamado por escrito a la Delegación territorial de Educación una solución inmediata para que todas las escuelas, colegios e institutos cuenten con plantillas completas de cocina, monitores escolares, ordenanzas, etcétera

Cádiz, 16 de octubre de 2026

El sector de Administración General de la Junta de CSIF Cádiz ha presentado un escrito dirigido al delegado territorial de Educación en la provincia en el que exige una solución inmediata para cubrir todas las vacantes de personal de administración y servicios de los centros educativos de la provincia de Cádiz. Ha pasado ya más de un mes desde el inicio de curso, y prácticamente todas las escuelas infantiles, los colegios, los institutos, padecen falta de personal, ya sea de ordenanzas, administrativos, cocineros y ayudantes, monitores escolares, técnicos de integración social, limpiadoras, etcétera.

“Es un absoluto caos, que impide el normal funcionamiento de los centros educativos, ya que los equipos directivos tienen que asumir tareas que no les corresponden o encomendar a otros para que las hagan, por lo que sus propios trabajos quedan a medias, si es que consiguen sacarlos adelante”, denuncian desde CSIF. Obviamente, no solo son los empleados públicos quienes se ven perjudicados, sino también los usuarios y sus familiares.

“Todos los días nos encontramos con compañeros denunciando problemas de limpieza, en los comedores escolares, en la atención a las personas con necesidades especiales”, se lamentan desde el sindicato, que ya a principios de curso denunció este problema y que la Junta de Andalucía no ha sabido resolver. De hecho, muchas vacantes que se iban a producir el 31 de agosto estaban previstas desde verano, por lo que la Administración autonómica ha tenido tiempo para organizar su gestión de personal e impedir esta situación tan lamentable.

A tal punto llega la ineptitud de los responsables de la Delegación territorial de Educación que, en estos días se están dando casos en los que ya se han firmado las contrataciones para cubrir las vacantes, pero el personal aún está sin ocupar sus plazas porque no han recibido la llamada para su incorporación.

Para colmo, según CSIF, esta situación no ha ocurrido en otras delegaciones territoriales de otras provincias, en las que sí comenzaron los trámites para cubrir las plazas que quedarían libres el 31 de agosto y así iniciar el curso escolar con normalidad.

Aunque son casi todos los centros afectados de alguna u otra manera, desde CSIF apunta varios ejemplos llamativos como la escuela infantil Virgen de la Palma (Cádiz), donde faltan 2 técnicos de educación infantil, en la escuela infantil La Marea (San Fernando), donde falta el de mantenimiento, una limpiadora, una técnico educación infantil y una educadora. Falta personal técnico de integración social (PTIS) en el IES Rafael Alberti de Cádiz, el CEIP Santa Teresa en Cádiz, Centro de Educación Especial La Merced y CEIP Federico Mayo, ambos en Jerez; en el CEIP Los Molinos de Vejer, en la Escuela Infantil Las Dunas (El Puerto). En el IES Huerta del Rosario (Chiclana), la dirección del centro ha puesto a una limpiadora a hacer funciones de ordenanza porque este puesto no está cubierto actualmente. Están sin cocina tanto el CEIP Los Molinos de Vejer como el CEIP San Fernando en Bornos… Y así, decenas de centros educativos de la provincia.

Por todo esto, la Central Sindical pide a la Junta de Andalucía que haga lo que tenga que hacer para que la educación pública de la provincia de Cádiz deje de ser maltratada. Ni los profesionales ni los usuarios deben pagar por la incapacidad de los gestores públicos.

CSIF denuncia que la Junta privatice el servicio de vigilancia portuaria en Andalucía, que se traduce en destrucción de empleo público y un mayor gasto

MARGARITA SÁNCHEZ MINGO — Wed, 14 Oct 26 10:08:00 CEST

El sindicato advierte de que la Administración andaluza pone en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria
Critica el incremento del 25 % con respecto al coste de la gestión directa y acusa a la Agencia Pública de Puertos de tomar decisiones al margen de los representantes de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha denunciado que la Junta de Andalucía privatice el servicio de vigilancia portuaria en los puertos de su competencia, después de que haya sacado a licitación la contratación de estas prestaciones.

El sindicato ha criticado que la Junta al externalizar este servicio, ponga en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria. Estos últimos profesionales desarrollan tareas vinculadas a la seguridad, vigilancia y control dentro del recinto portuario y son los únicos con autoridad para denunciar y levantar actas por incumplimientos relacionados con la normativa portuaria. De este modo, CSIF ha alertado de que, si no se frena la privatización de estos servicios de control y vigilancia en estos espacios, el control de seguridad no se haría con garantías, al carecer el nuevo personal de las competencias necesarias.

Además, la Central Sindical ha acusado de deslealtad a la Administración andaluza porque ha tomado una decisión que afecta directamente a las y los empleados públicos al margen de los representantes de los trabajadores, sin información ni comunicación previa.

CSIF se ha reunido recientemente con la dirección de la APPA para mostrar su rechazo a la privatización del servicio y le ha advertido de que, cuando se adjudique el servicio de vigilancia a una empresa externa, habría un cambio sustancial en la naturaleza de las funciones que actualmente son desempeñadas por personal de la Administración pública. Frente a ello, la externalización trasladaría estas tareas a personal de empresas privadas, con un ámbito laboral y unas garantías diferentes.

La Central Sindical también ha rechazado que con la decisión unilateral de la Junta, desaparece la categoría profesional de Policía Portuaria que trabaja en los puertos andaluces.

CSIF ha expresado su preocupación por el hecho de que trabajadores externos puedan asumir tareas de vigilancia de instalaciones, actividades y espacios portuarios que conllevan determinados niveles de riesgo, al considerar que el carácter público de estas funciones aporta unas garantías y un régimen de responsabilidades específicos. En caso de producirse un incidente durante el desempeño de su labor, las obligaciones derivadas de la relación laboral y empresarial recaerían en la compañía adjudicataria, conforme a la normativa vigente, y no en la Junta.

Aumento del déficit estructural de plantilla

Asimismo, la Central Sindical ha denunciado que la externalización que persigue la Junta supondría destruir empleo público y, con ello, debilitar aún más la estructura de la Administración andaluza y renunciar a la consolidación de plantillas estables y especializadas. En la actualidad, el déficit estructural de plantilla de la APPA es del 30 %, una situación denunciada por el sindicato en múltiples ocasiones en las concentraciones convocadas en los últimos meses en defensa de mejores condiciones laborales para el personal y para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato ha lamentado que la Junta vaya a usar dinero público para sufragar el coste de la contratación de una empresa privada, cuando estos servicios se vienen realizando desde hace años por parte de las y los empleados públicos de la Policía Portuaria. CSIF ha manifestado que la externalización tampoco tiene justificación desde el punto de vista económico ya que, teniendo en cuenta los cálculos realizados por el sindicato, la adjudicación a una empresa privada de las tareas de vigilancia supone un incremento aproximado del 25 % respecto al coste de la gestión directa por parte de la Administración, por lo que, “no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

MARGARITA SÁNCHEZ MINGO — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

CSIF llevará al Ayuntamiento de San Roque ante la Justicia por la posible discriminación por razón de sexo a trabajadoras de la Universidad Popular

Alejandro Barragán Luna — Thu, 08 Oct 26 12:55:00 CEST

Se trata de un paso más en la represión sindical que sufren las delegadas de CSIF por parte de la empresa concesionaria BCM y el propio Ayuntamiento
Se les ha reducido las horas de impartición de clases sin aportar datos de demanda de alumnado

San Roque, 8 de octubre de 2026

La presunta represión sindical que están sufriendo las delegadas de CSIF en la Universidad Popular de San Roque ha dado un paso más, y llega ya incluso a constituir un posible caso de discriminación directa por razón de sexo. Es por ello que la Asesoría Jurídica de CSIF ya está preparando una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la pertinente demanda ante la Justicia, por el trato desfavorable que padecen como mujeres en relación a la maternidad.

Las tres delegadas del sindicato, que llevan ya un año denunciando ataques a la libertad sindical, represalias y sufriendo consecuencias desde que constituyeron la sección sindical, han visto cómo, al inicio de este curso, les han reducido las horas de contrato “de una manera arbitraria e incomprensible”. Y resulta que dos de ellas han sido madres recientemente y, tras la baja por maternidad, tenían que incorporarse ahora; mientras que el resto de monitores y profesores están dados de alta en la Seguridad Social desde el 1 de septiembre (todos cuentan con trabajos fijos discontinuos). A una de ellas, incluso le han obstaculizado los trámites para pedir horas de lactancia. Concretamente, a una de las madres le han bajado de 38 horas semanales a 22, y a la otra de 36 a 8. A la compañera de la sección sindical que no ha sido madre, igualmente, le han bajado de 30 a 12 horas.

Para CSIF, la responsabilidad de esta situación recae tanto sobre la empresa concesionaria BCM, como del Ayuntamiento de San Roque y la concejalía de Universidad Popular, los cuales se niegan tajantemente a entregar la información básica que la sección sindical solicita, como el número de alumnado demandante, cifras de matriculados, horarios, trabajadores que componen la plantilla, etcétera.

“Nos hemos llegado a enterar, por los propios alumnos, que el Ayuntamiento va diciendo que no nos dan más horas porque somos madres y no tenemos tiempo para dar más clases”, apuntan desde la sección sindical. “Es indignante que vayan diciendo eso, cuando es nuestro derecho decidir si queremos reducir nuestra jornada, no una obligación que imponga la empresa”, añaden. Incluso, han recibido un correo electrónico de la empresa BCM en el que se les prohíbe ponerse en comunicación con el Ayuntamiento, “como si eso fuera normal y legal”.

CSIF interpreta que, claramente, están tratando de conseguir que sus talleres, a los que incluso les han cambiado los nombres, se queden sin demanda, que nadie se matricule, “para aburrir a las trabajadoras y que se vayan, o eliminar directamente los talleres”. Sin embargo, “sabemos que han estado buscando a más profesores para repartir el trabajo entre más gente y así quitarnos horas, cuando sabían que íbamos a volver tras nuestra baja de maternidad”, apuntan las afectadas. A otra de ellas, hasta la han cambiado de edificio para que no tenga contacto con el resto de compañeros y evitar que realice su labor sindical.

El sector provincial de Empresa Privada de CSIF Cádiz exige tanto a la empresa concesionaria BCM, como al Ayuntamiento de San Roque, que debe fiscalizar el buen funcionamiento del servicio, que cesen en la discriminación y la represión sindical y que devuelvan las horas de contrato que tenían, “porque sigue habiendo demanda para sus talleres; y por eso no nos quieren entregar la información que les pedimos”.

“Solo queremos trabajar dignamente, y que no nos discriminen por pedir información, por reclamar nuestros derechos y menos por ser madres”, finalizan las afectadas.

Trabajadores de la Agencia Tributaria se concentran para exigir que Vigilancia Aduanera sea considerada profesión de riesgo

MARGARITA SÁNCHEZ MINGO — Wed, 07 Oct 26 11:39:00 CEST

La convocatoria de CSIF reúne a trabajadores y delegados sindicales en la Aduana de Algeciras (Cádiz) para reclamar mejoras laborales

Trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han acudido esta mañana a la protesta convocada por CSIF ante la sede de la Aduana de Algeciras (Cádiz) para exigir que la labor del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada como profesión de riesgo. CSIF ha elegido Algeciras para convocar esta protesta por ser un punto paradigmático en la lucha contra el narcotráfico y donde más falta de recursos se padece.

La concentración forma parte del calendario de protestas iniciado el pasado mes de mayo por CSIF por el conflicto colectivo abierto ante la Agencia Tributaria por este y otros asuntos, como el desbloqueo de la carrera profesional y el desarrollo del teletrabajo.

El responsable del SVA de CSIF Nacional, Fran García, ha explicado que es prioritario reforzar la protección institucional de este colectivo, que es maltratado sistemáticamente por la Agencia Tributaria, paralizando durante años el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo.

“Estos trabajadores realizan su labor en un entorno especialmente complejo. Una realidad que vemos prácticamente todos los días cuando, con los escasos recursos que tienen, actúan como cualquier otro cuerpo de seguridad en peligrosas persecuciones por tierra, mar y aire contra el narco, cada vez más agresivo y con más recursos”, ha señalado García. CSIF exige un incremento de medio materiales y humanos para garantizar su integridad física.

“Estos trabajadores llegan a ser incluso atacados en el ejercicio de sus funciones y se juegan la vida todos los días”, ha insistido el responsable de vigilancia Aduanera de CSIF, “por lo que hay que dotarles de mayores garantías jurídicas, operativas y de seguridad”.

Conflicto con la Agencia Tributaria por bloqueo de la negociación

Las protestas que vienen convocando CSIF desde hace meses responden al bloqueo por parte de la dirección de la AEAT a la negociación de asuntos clave en materia laboral como el desbloqueo de la carrera profesional, la regulación del teletrabajo y el especial reconocimiento al personal de Vigilancia Aduanera.

El sindicato ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo en el que la Agencia Tributaria se comprometía a revisar estos aspectos y, sin embargo, no se han producido avances desde entonces. Por ello, CSIF interpuso un conflicto colectivo contra la AEAT el pasado mes de abril y posteriormente se ha movilizado a nivel nacional en diversas ocasiones, llegando incluso a convocar un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo dependientes de la Agencia.

Además, CSIF reclama un refuerzo urgente de la plantilla de la Agencia Tributaria que permita cubrir la falta de efectivos, aliviar la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos sus profesionales y garantizar unas condiciones laborales adecuadas.