Baleares - Administración General del Estado

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

Los sindicatos del Ámbito exigen que el actual Proyecto de Ley de Estatuto Marco no “caiga en saco roto” y sea la referencia para el nuevo Gobierno

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 06 Oct 26 12:38:00 CEST

CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT subrayan que el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario acordado en esta legislatura con el Ministerio de Sanidad debe ser la referencia para que el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales retome y afronte de manera urgente la necesaria reforma del marco regulador de las condiciones de trabajo del conjunto del personal del Sistema Nacional de Salud.

Tras conocerse la convocatoria de elecciones generales, las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación han reiterado que el proyecto de Ley, que ya no podrá terminar su tramitación parlamentaria por la disolución de las Cortes Generales, no puede “caer en saco roto”, y tiene que ser una de las principales prioridades del nuevo Gobierno.

Al respecto, los sindicatos recuerdan que las negociaciones mantenidas en los últimos tres años con el Ministerio de Sanidad posibilitaron acordar un proyecto de Ley muy beneficioso para todo el personal de la sanidad pública, por lo que entienden que deberá ser el “punto de partida”, incluso incorporando nuevas mejoras, para el próximo Ejecutivo.

CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT apuntan que, de manera leal y constructiva, trabajaron en todo momento y durante más de tres años, dentro del órgano legitimado para negociar las condiciones de trabajo del personal estatutario, para que la reforma del actual Estatuto Marco, que data de 2003, contemplase las mejoras y avances que necesitan el conjunto del personal del SNS, buscando siempre establecer unas condiciones laborales básicas y comunes que verdaderamente supongan un paso adelante para todo el personal estatutario sin distinción entre categorías ni servicios de salud.

Mejoras sustanciales

Fruto de ese trabajo, añaden, fue el acuerdo alcanzado el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad que llevó al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley con mejoras muy relevantes en materia de jornada y descansos, conciliación, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, clasificación y desarrollo profesional. También incorporaba un avance decisivo para poder acceder a la jubilación anticipada y parcial en un futuro muy próximo.

De igual manera, las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación inciden en que el trabajo que realizaron llevó al Gobierno a decantarse por mantenerse fiel a la negociación desarrollada en el órgano legalmente establecido para ello hasta alcanzar el acuerdo que se firmó en enero y que ha permitido finalmente que se recogieran en el Proyecto de Ley iniciando su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Las presiones ejercidas por algunos colectivos y determinadas organizaciones sindicales en sentido contrario no lograron finalmente imponer su visión de un nuevo Estatuto Marco fragmentado e injusto que, en lugar de buscar el beneficio de todo el personal del SNS, a lo que hubiesen dado lugar era a crear diferencias y desigualdades sin justificación entre los y las profesionales de la sanidad pública, señalan.

Próximo año

“Tenemos claro que el texto del proyecto de ley acordado debe ser una de las primeras tareas que el nuevo Gobierno aborde con la mayor urgencia posible de cara a que, al inicio de la próxima legislatura, llegue de nuevo al Congreso de los Diputados y se inicie su tramitación para que pueda ser aprobada a lo largo del próximo año”, apuntan.

Las OOSS firmantes del texto, lamentan profundamente que todo el ruido generado en torno a la reforma del Estatuto Marco, basado en demasiadas ocasiones en informaciones equivocadas, interpretaciones interesadas o afirmaciones que no se correspondían con el contenido real del texto, haya contribuido a retrasar y dificultar su tramitación por parte de múltiples actores.

Esta última circunstancia, junto con el cambio de posición unilateral del Ministerio de Sanidad, con respecto a temas tan importantes como la mencionada jubilación anticipada y parcial, que finalmente entró en el texto definitivo por las presiones ejercidas, son la causa del retraso en la tramitación del nuevo Estatuto Marco, impidiendo que los frutos de una negociación seria y rigurosa sean hoy una realidad.

El resultado de esta situación es especialmente negativo para los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud: se mantiene vigente una norma aprobada en 2003 y se paraliza la posibilidad de avanzar en el reconocimiento y consolidación de nuevos derechos y mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales.

Quienes han contribuido a bloquear o retrasar este proceso deben ser conscientes de que impedir que avance el nuevo Estatuto Marco no supone mantener la situación a la espera de una norma mejor, sino a perpetuar el marco de 2003 y aplazar mejoras y derechos que los profesionales del SNS llevan años reclamando.

Por último, CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT reiteran que, al igual que han hecho en los últimos tres años, en la próxima legislatura seguirán trabajando fieles a su compromiso de lograr aprobar una Ley que garantice y consolide derechos comunes para todos los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud.

“Al nuevo Gobierno y a los partidos políticos que formen parte de las nuevas cámaras parlamentarias les pediremos que prioricen las necesidades de nuestro sistema sanitario y de los casi un millón de trabajadoras y trabajadores que forman parte del SNS y culminen una reforma fundamental para mejorar y modernizar sus condiciones laborales”, concluyen.

CSIF exige que la ley que reduce ratios y horario lectivo se apruebe por Real Decreto-Ley, tras el adelanto de elecciones

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 05 Oct 26 13:31:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, al disolver las Cortes, provoca que decaiga el proyecto de ley de reducción de ratios y horario lectivo acordado en febrero, que no llegará a aprobarse.

CSIF quiere dejar claro que esta pérdida no responde a un impedimento legal, sino a una decisión política. El Gobierno conserva la capacidad de aprobar un real decreto-ley hasta las elecciones, y la Diputación Permanente del Congreso puede convalidarlo con las Cortes disueltas, tal y como está haciendo estos días con las medidas de vivienda. Si la herramienta sirve para la vivienda, sirve para la educación. Si la reducción de ratios y horario lectivo se queda sin aprobar, será porque se ha elegido dejarla fuera.

Resulta especialmente llamativo que el anuncio coincida con el Día Mundial del Docente, que este año conmemora seis décadas protegiendo la profesión. Para CSIF, apoyar al profesorado no se demuestra con proclamas, sino cumpliendo: y la realidad es que la legislatura que el propio Gobierno llamó “la del profesorado” se cierra sin el Estatuto Docente, pendiente desde la LOMLOE; con la reforma de ratios y lectivas decaída; con una interinidad por encima del 30%, muy lejos del 8% comprometido con Bruselas; y sin la financiación del 7% del PIB garantizada por ley.

Este balance llega, además, en el peor momento. El informe PISA 2025 ha arrojado los peores resultados de toda la serie histórica de España, y el Panorama de la Educación 2026 de la OCDE confirma el diagnóstico que CSIF viene documentando: un profesorado que trabaja en condiciones de precariedad, con aulas saturadas, exceso de burocracia y falta de reconocimiento.

Para CSIF la conclusión es clara: una vez más, la educación ha quedado supeditada a los vaivenes políticos. Por eso el sindicato reclama un Pacto de Estado que la ponga a salvo de la inestabilidad, y exige que la reducción de ratios y horario lectivo no se pierda: por la vía del real decreto-ley de forma inmediata, si hay voluntad, y mediante su blindaje por ley, de forma firme e improrrogable, en la próxima legislatura.

CSIF, como organización independiente, exige a quien gobierne y a todas las fuerzas políticas, sin excepción, que la educación figure como prioridad real —y no nominal— en la legislatura que viene. CSIF estará vigilante durante la precampaña, la campaña y la constitución de las nuevas Cortes, en las mesas de negociación y, si hace falta, en la calle. Porque la educación es una cuestión de Estado, y una generación de alumnos no puede seguir esperando.

CSIF pide a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos salariales y de mejora de condiciones laborales ante el adelanto electoral

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 05 Oct 26 12:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno, ante el adelanto electoral, para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco. Este acuerdo supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

En materia de retribuciones, tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año, que en septiembre experimentaron un repunte de 6 décimas hasta el 4,9.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a las /os empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Esta cuestión será trasladada al conjunto de las fuerzas políticas.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

CSIF es muy consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que ha desembocado en la convocatoria adelantada de elecciones.

Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos.

En este sentido, a lo largo de las próximas semanas velaremos por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en diferentes ámbitos y pondremos medidas para mejorar la gestión y las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos

Trabajadores/as de la AEAT exigen el desbloqueo de la negociación para lograr mejores condiciones laborales

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Wed, 30 Sep 26 10:00:00 CEST

Centenares de delegados/as de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de toda España y convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se han concentrado hoy frente en Madrid frente al Ministerio de Hacienda para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la AEAT.

La concentración de hoy en Madrid forma parte del calendario de movilizaciones iniciado el 6 de mayo, y que continuó con nuevas concentraciones las siguientes semanas, -incluyendo un paro de una hora en todos los centros de trabajo el 8 de junio-, contra el bloqueo por parte de la AEAT de la negociación en diferentes asuntos de materia laboral.

En concreto, en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo; incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles profesión de riesgo; la implantación de carrera administrativa y la regulación del teletrabajo.

CSIF denuncia que la plantilla de la Agencia Tributaria se encuentra al límite y sobrepasada por la falta de efectivos y unas condiciones laborales que no están a la altura de su profesionalidad y entrega. En este sentido, está previsto que en los próximos meses se produzcan nuevas movilizaciones por toda España si la AEAT continua sin sentarse a negociar y desbloquear los acuerdos pendientes.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprueba que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

CSIF no acude hoy a los actos de la Merced en Prisiones ante la situación de olvido e indefensión de sus funcionarios

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 23 Sep 26 14:41:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Mesa de Instituciones Penitenciarias, no acudirá hoy a los actos organizados por Instituciones Penitenciarias con motivo de la festividad de la Merced, patrona de la Institución, en protesta por la situación de olvido e indefensión que padecen los trabajadores.

Son múltiples los motivos que nos llevan a tomar esta decisión: las agresiones siguen aumentando día a día, debido a la política de “falso buenismo”, unido a la falta de personal, formación y los incumplimientos en materia de horarios y conciliación entre otros motivos.

Además, tampoco se ha actuado con firmeza ante las situaciones que afectan directamente a la dignidad profesional del colectivo:

* La falta de denuncia pública ante los insultos, calumnias y vejaciones que sufren los trabajadores penitenciarios por parte de determinadas personas y colectivos.

* La ausencia de una defensa clara ante los medios de comunicación.

* La falta de apoyo decidido en los juzgados para proteger la honorabilidad y profesionalidad de los empleados públicos penitenciarios.

Según datos recabados por CSIF, hay 6.200 nuevos internos desde 2024 y cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivales a una agresión cada 18-20 horas.

Con todo, la mediación e interlocución de CSIF con los grupos parlamentarios, principalmente con PSOE y PP, ha permitido que la regulación de la figura del Agente de la Autoridad haya prosperado en el Congreso y previsiblemente, el próximo día 30 será aprobada de manera definitiva en el Senado.

Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. El último suceso tuvo lugar el pasado fin de semana en la cárcel de León, donde se produjeron tres agresiones a funcionarios.

CSIF prepara acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta y acudirá al Defensor del Pueblo para que investigue

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 10 Sep 26 11:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.

En este sentido, trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea.

El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó hoy a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleadas/os públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.

CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.

Asimismo, analizamos las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.

Entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran:

- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

- Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

- Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

- Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

- Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

- Coordinación entre administraciones.

- Utilización o no de mecanismos europeos.

CSIF exigió al Gobierno una respuesta urgente ante la presión migratoria sobre los servicios públicos de Ceuta y Melilla

Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones muy difíciles.

Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.

Este ha sido el impacto sobre los servicios públicos:

Policía local: sobrecarga laboral voluntaria debido a los insuficientes miembros de las FFCCSSEE necesarios, incremento de agresiones y de riesgos de las mismas, exposiciones biológicas no habituales, apoyo insuficiente del mando único para poder ejecutar sus competencias, ausencia de órdenes necesarias y/o claras, adquisición de nuevos materiales derivados de la necesidad de esta nueva crisis como sprays de defensa etc.

Sanidad: incremento de la presión sanitaria, sobrecarga asistencial, insuficiencia de plantillas, riesgo de agresiones y riesgos biológicos. La presión asistencial es insostenible y hay un estado de agotamiento crítico y sostenido del personal tras semanas de presión continua. Hemos solicitado hospital de campaña, materiales de triaje, mantener las promociones internas temporales y un reconocimiento laboral extraordinario del personal. Continuamos sin un Comité de Seguridad y Salud propio, a diferencia de Melilla, pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones algo que sólo se comprende desde la abulia institucional.

Instituciones Penitenciarias: Presión asistencial, situación directamente vinculada con el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad ciudadana derivadas de la invasión fronteriza. El sindicato ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias traslados urgentes para salvaguardar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios y de la propia población reclusa. Al tiempo que se garantiza el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y el cumplimiento del fin de la institución consagrado en el art. 25.2 de nuestra Carta Magna.

Educación: la prioridad absoluta es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole segura. El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado. Las ratios de las aulas de los Centros de Ceuta están justas y en algunos incluso superan en número lo establecido en ley.

Justicia. CSIF reclama refuerzos ante el incremento de carga de trabajo en el Servicio Común de Tramitación —especialmente en el área penal de instrucción y en el servicio de guardia—, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Forense.

Ademas, reclamamos que esos puestos se cubran con personal con experiencia y/o formación mediante sustitución o comisión de servicios. Hemos pedido también la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para abordar la protección del personal ante esa sobrecarga.

Respecto a los menores no acompañados, la situación es excepcional. El Real Decreto 556/2026 de 30 de junio establece un límite máximo de solo 29 menores la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta. Sin embargo, a día de hoy ya hay alrededor de 2000 menores, casi 69 veces más de lo que corresponde a nuestra capacidad.

Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados.

CSIF exige información sobre cómo y con qué recursos se van a atender.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha comprobado de primera mano la difícil situación que se está viviendo en Ceuta.Pincha en cada imagen para ver el vídeo.

CSIF se moviliza en todas las administraciones públicas ante el malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 04 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, abre el curso sindical en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que afecta a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se intensificarán las movilizaciones y la acción sindical en todos los ámbitos dado que el malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado.

Así lo afirmaron hoy el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en un desayuno de prensa en la sede del sindicato para explicar las principales líneas de actuación y reivindicaciones desde este mes de septiembre.

CSIF denuncia un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos. El sistema está tensionado y cuando sucede una crisis se resienten el conjunto de las administraciones.

Ya sucedió con el covid, con el proceso de regularización de personas extranjeras, la ley de nietos, los incendios forestales (han puesto en evidencia la falta total de planificación en medios y plantillas y como ocurrió el año pasado, en cuanto acabe la campaña se anunciarán despidos) o la crisis que estamos viviendo en Ceuta.

El presidente de CSIF visitará esta ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleadas y empleados públicos de todos los sectores y conocer de primera mano sus necesidades a raíz de la situación que se está viviendo desde finales de julio. Además, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), nuestra organización reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver esta situación.

DEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA A LOS RECORTES DE 2010

Por otra parte, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve sobre nuestro recurso -presentado en 2024- contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La iniciativa de CSIF pretendía derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una ILP para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

Esta misma semana, CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable y critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP. Nuestro recurso afecta por tanto a todas las futuras ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.

RESUMEN DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS

De entrada, CSIF se va a dirigir a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco (noviembre 2025) para:

- CSIF velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 (4,5%), ante el incremento de los precios, el escenario de ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5 variable con efectos retroactivos a uno de enero de 2026 vinculado a la inflación.

- Refuerzo del mutualismo administrativo.

- Actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio.

- Clases Pasivas. Corregir las desigualdades con la Seguridad Social

- Planificación, agilización y mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público.

- Mejora de la promoción interna.

- Adecuación de la clasificación profesional.

- ⁠Actualización de las retribuciones del PLEX.

- ⁠Equiparación de permisos del conjunto de empleados públicos.

- ⁠Revisión y actualización de los programas de acción social.

- ⁠Acceso en igualdad de condiciones a la tutela judicial efectiva.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Reivindicaciones: Equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada, actualizar retribuciones del personal en el exterior.

Conflictos: Problemas para adaptar las 35 horas por departamentos, parálisis en la negociación del convenio único, movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.

Instituciones Penitenciarias: Adaptar las 35 horas.

EDUCACIÓN

Calendario de movilizaciones (sin descartar huelga) al inicio del curso 2026-2027. Primera concentración: 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio.

Interinidad del 30 %, falta de recursos para atención a la diversidad y retraso en la bajada de ratios (esta medida no se aplicará hasta 2027-2028).

SANIDAD

Verano crítico: cierre de camas y quirófanos, plantas clausuradas, listas de espera disparadas y Atención Primaria colapsada. Reclamamos refuerzo estructural, especialmente en Primaria, mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.

Estatuto Marco. El Consejo de Ministros lo ha remitido al Congreso, pero hay muchas dudas sobre su tramitación y aplicación efectiva por la situación de minoría parlamentaria del Gobierno.

JUSTICIA.

Balance nefasto tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia: Falta de medios materiales y tecnológicos, sistemas informáticos deficientes, colapso organizativo y sobrecarga laboral, déficit de personal (listas de interinos agotadas, no se cubren vacantes, ejecución lenta de procesos selectivos), falta de formación, retrasos endémicos….

CORREOS

Incumplimiento del acuerdo de 2024 (refuerzo de plantilla, 35 horas, conversión de parciales a completas y plan de rejuvenecimiento).
Movilizaciones: 3 y 17 de septiembre y una gran concentración en Madrid el 30 de septiembre.