Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF reclamará a Gavira “un compromiso firme” para abordar la falta de personal y el continuo colapso tecnológico de la Justicia en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 12:05:00 CEST

El sindicato solicitará una reunión con el futuro consejero cuando tome posesión de su cargo para trasladarle sus reivindicaciones para la mejora del servicio público
Considera necesaria la ejecución inmediata del preacuerdo sobre productividad en los Cuerpos Generales y conforme al calendario comprometido con los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha informado de que solicitará una reunión urgente al nuevo consejero del ramo, Manuel Gavira, tan pronto como tome posesión de su cargo, para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia.

CSIF considera “absolutamente imprescindible” situar en el centro del debate la necesidad de reforzar el servicio público de la Justicia y reclamará a Gavira “un compromiso firme para mejorar la situación de la Administración, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía”, tal y como ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz.

En este sentido, CSIF trasladará a quien ostentará la cartera de Justicia la urgencia de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural del personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con el caos organizativo en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Díaz también ha señalado que, en dicho encuentro, que espera sea lo más pronto posible, abordará el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces, uno de los problemas más acuciantes en la actualidad. Tal y como ha denunciado CSIF en numerosas ocasiones, el sistema @driano “es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la Justicia en Andalucía”. Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias casi diarias provocan la paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía, ya que “esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración”.

Por otro lado, CSIF considera “inaplazable” la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para la reactivación del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino para que sus nombramientos no se demoren en el tiempo con los consecuentes perjuicios en el normal funcionamiento de la Justicia.

En consecuencia, CSIF demandará al futuro nuevo consejero una apuesta decidida por la mejora de la calidad del servicio público de Justicia, una cuestión para irremediablemente por ofrecer unas condiciones dignas a su personal apara que no tenga que realizar su labor diaria con la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren hoy en día.

Asimismo, este esfuerzo debe verse reconocido mediante la ejecución inmediata del preacuerdo sindical sobre productividad en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, derivado del acuerdo alcanzado a finales de 2025 en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía. Para ello, resulta necesario que dicho preacuerdo sea elevado durante este mes de julio a la Mesa Sectorial de Justicia, dando así continuidad al calendario de pagos comprometido con las organizaciones sindicales. “Se trata de una reivindicación inaplazable si se tiene en cuenta que, durante la presente legislatura, Andalucía ha pasado de ocupar el cuarto puesto en el ámbito nacional a situarse en el último lugar en materia retributiva. Los funcionarios de Justicia andaluces son los peor remunerados a día de hoy, algo inaceptable teniendo en cuenta que soportan una de las mayores cargas de trabajo y litigiosidad del país”, ha denunciado Díaz.

Por todo ello, CSIF ha subrayado que la Administración de Justicia andaluza requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no parches puntuales que no sirven para afrontar de lleno la reforma que es necesaria desde hace años”.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración de Justicia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración de Justicia Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.

CSIF denuncia que el 14% de los accidentes laborales son de tráfico y reclama medidas eficaces para aumentar la seguridad del transporte

margarita.sanchez.mingo — Tue, 10 Jun 25 10:04:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y más inversión para mejorar las carreteras y el mantenimiento de los vehículos profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado la elevadas cifras de accidentes laborales de tráfico, un 14% del total en 2024, al tiempo que ha reclamado a las administraciones competentes políticas eficaces de seguridad vial para la prevención de riesgos laborales y aumentar la seguridad del transporte profesional.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se conmemora este martes 10 de junio, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en esta materia con medidas concretas que permitan reducir las cifras de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.

Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en 2024 se registraron 14.868 accidentes laborales de tráfico con baja en Andalucía, de los que 4.458 sucedieron durante la jornada laboral y otros 10.410 fueron 'in itinere' (accidente producido en el trayecto del domicilio al puesto de trabajo y vicerversa), con un resultado global de 34 muertes y 250 heridos graves. Estas cifras representan un 14% del total de los accidentes de trabajo registrados el año pasado, y aproximadamente un 27% de los fallecimientos por accidente laboral. Además, en el primer trimestre de 2025 se han producido 3.497 accidentes de tráfico, con un alto protagonismo de los accidentes in itinere, en concreto 2.502.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “debemos apostar por políticas que garanticen una vida laboral segura, saludable y digna”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores que se desplazan habitualmente para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de transporte y sean responsables, evitando situaciones de cansancio, distracciones o imprudencias para realizar su trabajo con totales garantías.

Entre las causas más habituales que propician un accidente laboral de tráfico se encuentran la fatiga y cansancio por jornadas laborales extensas o sin los debidos descansos, el estrés causado por motivos como llegar a tiempo, cumplir objetivos o tráfico complicado; por factores meteorológicos adversos, así como por causas externas a los profesionales, tales como el mal estado de las carreteras, la conducción por vías secundarias y de mayor peligrosidad y el uso de vehículos antiguos o en mal estado. A todos estos motivos hay que sumar la posibilidad del padecimiento de patologías por parte de los conductores y conductoras que pueden complicar la capacidad de conducción y, por supuesto, los despistes y errores humanos.

Garantizar el correcto estado de los vehículos

Para evitar en lo posible este tipo de circunstancias descritas, González ha destacado la importancia de incrementar la inversión destinada a la mejora de las carreteras y a su mantenimiento, garantizar el correcto estado de los vehículos profesionales (adecuada dotación, mantenimiento periódico y evaluación de riesgos) y abogar por la flexibilidad horaria para evitar situaciones de estrés. Además, para CSIF es prioritario aumentar la vigilancia de la salud de los trabajadores, la formación e información vial sobre estrategias de conducción segura y fomentar el teletrabajo en los puestos que, por sus características, permitan evitar desplazamientos innecesarios.

La secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF ha pedido una especial mención, en este día que conmemora la Seguridad Vial, a los profesionales que se ven especialmente afectados por sus desplazamientos continuos al volante, bien porque así lo requiere su puesto de trabajo como son los conductores de servicios públicos, personal de correos, policías o bomberos, entre otros, o bien, porque se ven obligado a desplazarse a diario en vehículo al tener su residencia a kilómetros de distancia de su actividad laboral como es el caso de los docentes o el personal de la Sanidad.

Por último, González ha recordado a las trabajadoras y trabajadores afiliados a CSIF que “en caso de accidente de tráfico, comuniquen lo sucedido al delegado o delegadas de prevención de su sector en el sindicato para recibir asesoramiento y atención personalizada”.

CSIF reclama entornos laborales más seguros y medidas eficaces contra la siniestralidad, que dejó 128 accidentes mortales en Andalucía en 2024

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Apr 25 10:02:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y anima a los trabajadores a denunciar cuando los medios a su alcance no sean suficientes
Considera esencial el fomento de una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación, así como actualizar y aplicar normativas y protocolos eficaces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado entornos de trabajo más seguros y ha pedido medidas concretas y eficaces contra la elevada siniestralidad laboral, que se cobró 128 vidas en Andalucía en 2024, según datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (STT), que se conmemora cada 28 de abril, y bajo el lema No es un juego, es nuestra vida. Si incumples, eres responsable, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en materia de prevención de riesgos laborales para dar cumplimiento a un derecho que aún hoy no está plenamente garantizado en los centros de trabajo como es el de una vida laboral segura, saludable y digna; asimismo, ha hecho un llamamiento a las y los trabajadores para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de prevención que les ofrecen las organizaciones y denuncien cuando estos no sean suficientes y adecuados para realizar su trabajo con totales garantías.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “esta jornada no solo es para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el trabajo, sino para hacer también una llamada urgente a la acción, a la responsabilidad institucional y a la prevención real”.

La organización sindical ha señalado que el año pasado se produjeron 104.914 accidentes de trabajo, de los cuales 103.680 fueron de carácter leve, 1.106 fueron de carácter grave y 128 tuvieron resultado de muerte. “Las cifras son alarmantes pues estamos hablando de un aumento de casi el 13% respecto a 2023, aunque bastaría con un solo accidente para confirmar que debemos ocuparnos en un ámbito tan importante como la seguridad en el ámbito laboral”, ha añadido González. Por sexos, los hombres sufrieron el 68,71% de los accidentes y las mujeres el 31,27%. Merecen una mención especial los accidentes de tráfico, que ascendieron a un total de 14.868, de los cuales 34 fueron mortales.

A juicio de CSIF, los poderes públicos tienen la obligación de proteger a los trabajadores y las trabajadoras garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, así como deben fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación y actualizar y aplicar normativa y protocolos eficaces.

La Central Sindical ha recordado que la siniestralidad laboral no solo se mide en daños visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos y tóxicos también son riesgos laborales que a menudo se normalizan e invisibilizan y en muchos casos son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de programas de prevención efectivos.

“En el sector público cada día miles de profesionales arriesgan su integridad por un exceso de trabajo, agresiones de todo tipo en los centros sanitarios y centros penitenciarios, colegios con elevadas ratios y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales sin los recursos necesarios para ejercer su labor en unas condiciones óptimas”, ha denunciado González.

Por todo ello, CSIF ha exigido al Gobierno y a las administraciones competentes medidas que permitan reforzar la seguridad y salud en el trabajo. Así, la Central Sindical ha señalado la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas como la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales, y la aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

González también ha señalado la regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva, así como la conveniencia de dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que “donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud”.

El fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y el cumplimiento de la normativa vigente es otra de las medidas que reclama la organización sindical. De igual manera, pide protocolos contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, la incorporación de profesionales de Psicología en los servicios de prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

La Central Sindical ha exigido el endurecimiento de las sanciones en material de prevención, incluidas a las propias administraciones por sus incumplimientos, y la actualización de los equipos de trabajo para reducir la siniestralidad; asimismo, CSIF considera necesario integrar la edad, la diversidad generacional y la perspectiva de género en cuantas acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales se pongan en marcha. En materia de formación, la organización aboga por incluir la prevención de riesgos laborales como obligatoria en grados universitarios y en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

De igual manera, la organización ha reclamado mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la inteligencia artificial, así como frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por último, CSIF ha exigido una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes, para lo que considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector público y en la empresa privada, lo que implicaría la presencia de CSIF en dicho organismo como sindicato más representativo de las administraciones públicas.