Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF reclamará a Gavira “un compromiso firme” para abordar la falta de personal y el continuo colapso tecnológico de la Justicia en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 12:05:00 CEST

El sindicato solicitará una reunión con el futuro consejero cuando tome posesión de su cargo para trasladarle sus reivindicaciones para la mejora del servicio público
Considera necesaria la ejecución inmediata del preacuerdo sobre productividad en los Cuerpos Generales y conforme al calendario comprometido con los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha informado de que solicitará una reunión urgente al nuevo consejero del ramo, Manuel Gavira, tan pronto como tome posesión de su cargo, para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia.

CSIF considera “absolutamente imprescindible” situar en el centro del debate la necesidad de reforzar el servicio público de la Justicia y reclamará a Gavira “un compromiso firme para mejorar la situación de la Administración, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía”, tal y como ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz.

En este sentido, CSIF trasladará a quien ostentará la cartera de Justicia la urgencia de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural del personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con el caos organizativo en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Díaz también ha señalado que, en dicho encuentro, que espera sea lo más pronto posible, abordará el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces, uno de los problemas más acuciantes en la actualidad. Tal y como ha denunciado CSIF en numerosas ocasiones, el sistema @driano “es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la Justicia en Andalucía”. Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias casi diarias provocan la paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía, ya que “esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración”.

Por otro lado, CSIF considera “inaplazable” la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para la reactivación del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino para que sus nombramientos no se demoren en el tiempo con los consecuentes perjuicios en el normal funcionamiento de la Justicia.

En consecuencia, CSIF demandará al futuro nuevo consejero una apuesta decidida por la mejora de la calidad del servicio público de Justicia, una cuestión para irremediablemente por ofrecer unas condiciones dignas a su personal apara que no tenga que realizar su labor diaria con la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren hoy en día.

Asimismo, este esfuerzo debe verse reconocido mediante la ejecución inmediata del preacuerdo sindical sobre productividad en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, derivado del acuerdo alcanzado a finales de 2025 en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía. Para ello, resulta necesario que dicho preacuerdo sea elevado durante este mes de julio a la Mesa Sectorial de Justicia, dando así continuidad al calendario de pagos comprometido con las organizaciones sindicales. “Se trata de una reivindicación inaplazable si se tiene en cuenta que, durante la presente legislatura, Andalucía ha pasado de ocupar el cuarto puesto en el ámbito nacional a situarse en el último lugar en materia retributiva. Los funcionarios de Justicia andaluces son los peor remunerados a día de hoy, algo inaceptable teniendo en cuenta que soportan una de las mayores cargas de trabajo y litigiosidad del país”, ha denunciado Díaz.

Por todo ello, CSIF ha subrayado que la Administración de Justicia andaluza requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no parches puntuales que no sirven para afrontar de lleno la reforma que es necesaria desde hace años”.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha instado al nuevo Gobierno andaluz a que el refuerzo y mantenimiento de los servicios públicos sea el eje central de la legislatura.

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF reclama mejoras en los planes de actuación

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Jul 26 11:09:00 CEST

En la reunión celebrada hoy en la Mesa Delegada, integrada por CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA, con el orden del día relativo a las prórrogas de los Planes Concretos de Actuación para el segundo semestre de 2026, que afectan al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, CSIF ha vuelto a reclamar al Ministerio más reconocimiento, más negociación y soluciones reales para los problemas que sufre la Administración de Justicia.

Entradas y registros simultáneos (la realizadas fuera del periodo de guardia por LAJ y GPA): 110 € no es suficiente

CSIF vuelve a reclamar que la compensación por entradas y registros simultáneos se incremente de 110 € a 200 €. Estas actuaciones conllevan penosidad, disponibilidad y, en muchos casos, riesgo. Por eso exigimos una retribución digna y proporcional al trabajo realizado.

Además, hemos recordado al Ministerio su compromiso de negociar la compensación de las entradas y registros sucesivas que, en algunos casos, como ocurre en La Línea, pueden suponer actuaciones continuadas durante toda la jornada.

Sustituciones: retribución desde el primer día

En relación con las sustituciones de LAJ, CSIF defiende:

Que toda sustitución sea retribuida con independencia de su duración o de la causa que la origine.
Que la cuantía alcance el 100% de las retribuciones complementarias del puesto sustituido.
Que la sustitución voluntaria no pueda prolongarse más de 3 meses, evitando cargas de trabajo insostenibles.
Que no se utilicen sistemas de turnos rotatorios que perjudican la organización de las unidades y limitan la promoción profesional.
Que se respeten las funciones propias e indelegables del cuerpo de LAJ, especialmente en materias como apoderamientos apud acta y cuenta de depósitos y consignaciones.

CSIF ha recordado al Ministerio su compromiso de negociar las sustituciones y las comisiones de servicio del resto de cuerpos.

Cláusulas suelo: hacen falta refuerzos reales

CSIF también ha alegado que el atasco de procedimientos de cláusulas suelo no puede resolverse con prórrogas sucesivas de planes temporales. Si se han nombrado magistrados de refuerzo, también deben nombrarse Letrados de refuerzo a tiempo completo para dar una solución eficaz y acabar con la pendencia.

Los planes temporales no pueden convertirse en una solución permanente encubierta.

Violencia de género: inclusión planes específicos y medios suficientes

CSIF reclama la inclusión de planes de actuación específicos en los órganos con competencias en materia de violencia de género. Estos órganos soportan una carga de trabajo especialmente sensible, urgente y compleja, que exige una respuesta reforzada por parte del Ministerio.

No se puede seguir afrontando esta materia con plantillas insuficientes, sobrecarga permanente y falta de medidas específicas.

Diligencias fuera de la sede judicial: deben compensarse adecuadamente.

Toda actuación que implique disponibilidad, desplazamientos, alteración de la jornada, situaciones de especial penosidad o riesgo, debe estar regulada, reconocida y retribuida.

Por último, CSIF volvió a trasladar al Ministerio que esta negociación debe abordarse de forma global, con garantías para todos los cuerpos y con medidas reales que no se limiten a prorrogar planes temporales sin resolver los problemas de fondo.

Desde CSIF seguimos defendiendo una Administración de Justicia organizada, con plantillas suficientes, funciones claras y retribuciones justas.

Ruegos y preguntas: CSIF reclamó también:

Impulso de la nueva Orden de Interinos, así como transparencia y publicidad en la gestión de las bolsas.
Convocatoria del concurso específico de la Oficina de Víctimas.
Refuerzos: el Ministerio ha indicado que en las próximas semanas se negociará esta cuestión junto con la modificación de las RPT.
Análisis de las cargas de trabajo: el Ministerio ha informado de que lo realizará en septiembre.
Creación de las unidades administrativas propuestas por CSIF, una medida clave para aligerar la enorme carga de trabajo y el retraso crónico que sufre el Ministerio de Justicia y las Gerencias Territoriales.
Indemnización por residencia en Baleares: tras la mejora conseguida por CSIF, preguntamos por su abono. El Ministerio ha indicado que todavía no sabe cómo se procederá al pago, si bien ya se ha solicitado la habilitación de gasto. Recordamos que esta mejora tiene efectos desde el 1 de julio.
CSIF volvió a exigir al Ministerio que deje de aplazar los compromisos pendientes y fije un calendario concreto de negociación. A este respecto, el Ministerio nos ha trasladado que, a día de hoy, no puede fijar un calendario concreto, si bien afirma que todas las cuestiones están en proceso de negociación y que irá convocando las mesas oportunamente.

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

El CGPJ acuerda que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia de forma presencial y no telemática

emma.alvarez.bande — Thu, 23 Apr 26 11:22:00 CEST

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CSIF informa:

El CGPJ acuerda que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia de forma presencial y no telemática

Tras tener conocimiento de que la puesta a disposición judicial de estas personas se seguía produciendo de forma telemática en algunos partidos judiciales como consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy que los órganos de gobierno de los tribunales -y en particular los/as presidentes/as de Audiencias Provinciales como miembros de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial, los/as presidentes/as de los Tribunales de Instancia y las Juntas de Jueces- organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia en los distintos partidos judiciales de forma presencial y no telemática, en cumplimiento del artículo 17.2 de la Constitución Española, recabando para ello, si fuera necesario, los medios adicionales pertinentes de las Administraciones responsables.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este acuerdo, a instancias de su presidenta, tras tener conocimiento de que la puesta a disposición judicial de los detenidos en algunos partidos judiciales se estaba practicando no mediante su conducción y traslado a presencia del/la juez/a de guardia, sino por medios telemáticos, prestando estas personas declaración desde comisaría.

En su acuerdo, el Pleno señala que si bien durante la pandemia de COVID-19 el CGPJ permitió que, con las debidas garantías, las declaraciones de los detenidos pudieran organizarse desde dependencias policiales por medios telemáticos, la declaración de finalización de la crisis sanitaria aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 obliga a revisar esta decisión organizativa y, por tanto, gubernativa.

El acuerdo añade que el protocolo o sistema de organización que se adopte ahora no impedirá a cada juez/a resolver excepcionalmente y por causa justificada, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, la declaración del detenido en un proceso por medios telemáticos, en la forma y con las condiciones previstas en las leyes procesales.

En estos supuestos, se priorizará la pronta notificación y efectivo cumplimiento de la resolución judicial adoptada.

CSIF presenta alegaciones a la propuesta de eliminación del cuarto grupo de población

emma.alvarez.bande — Wed, 22 Apr 26 11:46:00 CEST

CSIF exige al Ministerio que incluya en la propuesta el mantenimiento de la diferencia retributiva de los gestores secretarios respecto de los gestores que no lo son.

Se trata de algo que estaba ya acordado y que no consta en el texto que nos han presentado.

La reducción de cuatro grupos de población a tres no significa que se tenga que eliminar el subtipo d que marca esa diferencia retributiva y que ya existe en el RD de puestos tipo en el grupo IV.

Además, CSIF ha exigido que quede claro que esta supresión está directamente ligada a los nuevos servicios de carácter procesal que se asumen en las oficinas de justicia en el municipio (en adelante, OJM) por la ley de eficiencia.

El Ministerio ha recogido las alegaciones presentadas y ha anunciado la posibilidad de convocar una segunda reunión para avanzar en la negociación.

La inclusión en la LO 1/2025 de eficiencia de las OJM han permitido el mantenimiento de cerca de 3.500 puestos de trabajo que, conforme a los planes iniciales de la administración, se iban a recolocar en las oficinas de cabecera de partido judicial obligando a sus titulares a cambiar de población tras la desaparición de los Juzgados y agrupaciones de paz. La lucha de muchos años y la presión sindical lograron que la administración aceptara el mantenimiento de estos puestos dentro de la nueva organización de la justicia.

Finalmente, desde CSIF recordamos que la negociación de la eliminación del cuarto grupo de población es resultado del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 junto con la recuperación del 50% de la reserva de promoción interna y la normativa básica de teletrabajo que ya son una realidad; además, de la carrera profesional cuya negociación tendrá su sexta reunión del grupo de trabajo el 27 de abril.

Respecto a los Ruegos y Preguntas:

Concursos de Traslados:
- Concursillo fase I numo: han detectado algún error, pero se están rectificando y la publicación en el BOE se mantiene para el 5 de mayo.
- Convocatoria del concurso cuerpos especiales: se realizará enseguida.
- Convocatoria del concurso 2026 de cuerpos generales: prevén publicarlo antes de agosto.
Aplicación de las 35h en la Administración de Justicia, el próximo viernes habrá conferencia sectorial, y hasta que no se modifiquen las órdenes ministeriales no se podrá llevar a efecto.
Oposiciones estabilización concurso:
- Cupo de discapacidad: no habrá listas complementarias.
- Oferta de plazas de Auxilio 1288/2022: se realizará inminentemente.
- Oferta plazas Gestión 1288/2022: se publicarán en breve.

CSIF exige al Ministerio que modifique la instrucción 2/2026 sobre apoderamientos apud acta

emma.alvarez.bande — Wed, 22 Apr 26 11:14:00 CEST

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Conforme al informe del CGPJ Isis 693/2026, con base en la LOPJ, el CGPJ determina claramente que los apud acta deben realizarse ante el Letrado de la Administración de Justicia ya que, según la propia LOPJ art. 452 es el cuerpo titular en exclusividad y plenitud de la fe pública judicial.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la preposición “ante”, según la RAE es sinónima de “en presencia de” y, el ejercicio de la fe pública judicial no puede sustraerse de la obligación de estar presente de quien da la fe. Por otro lado, conforme a la normativa vigente, la manera de acreditar fehacientemente que se ha realizado el apoderamiento es la inscripción en el SIRAJ 2 del mismo.

Esta obligación de acreditación es otra manifestación de la fe pública judicial por lo que, en virtud de lo establecido en la LOPJ, también debería ser realizada por el Letrado ante quien se otorgue el poder.

Si la LOPJ hubiera querido otra cosa hubiera adoptado otra expresión y/o hubiera previsto excepciones, pero no es así.

Así, conforme al art. 451.2 LOPJ las funciones de los Letrados no pueden ser objeto ni de delegación ni de habilitación con la sola excepción de las entradas y registros simultáneas en la AN.

Además, el Consejo, en su informe declara que constituye mala praxis la delegación de la realización de los apud acta por las OJM (antiguos juzgados de paz) y, concluye, que excede de las funciones de esta oficina, entre otras razones, por las limitaciones organizativas lo que, para CSIF, es una clara alusión a la ausencia de Letrado que pueda dar fe y acreditar la realización de ese poder.

Por lo anterior, CSIF se ha dirigido a la Secretaría General para que modifique la instrucción en el sentido eliminando la figura del Letrado supervisor que vela porque se haga el apud acta y se anote y se diga claramente que el acto de apoderamiento debe hacerse a presencia de ese Letrado que es quien debe dejar constancia en el SIRAJ 2 de la realización de ese acto.

Una vez más, nos encontramos con la prueba de que es imprescindible revisar el entramado corporativo y la distribución de funciones en las oficinas judiciales. Además, de todos los problemas que está atravesando la implantación de los Tribunales de Instancia, la obsolescencia del reparto funcional establecido en la LOPJ y su desconexión con la realidad y necesidades de la justicia moderna que se pretende implantar, no hace sino agravar la situación y crear conflictos innecesarios.

No se trata de ir contra nadie, sino en favor de todos. Como venimos reclamando desde hace años, sin renunciar en ningún momento a este objetivo, la clarificación de las funciones, la redistribución de las mismas y su reconocimiento laboral y retributivo mejorará, sin duda, el funcionamiento de las oficinas y mejorará la calidad y eficiencia del servicio público de Justicia.

BOE: instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

emma.alvarez.bande — Wed, 15 Apr 26 08:16:00 CEST

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CSIF informa publicada en el BOE la Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado mes de noviembre.

En la Administración de Justicia, conforme al artículo 500 de la LOPJ, que establece que «la duración de la jornada general semanal será igual a la fijada para la Administración General del Estado», la jornada de 35h resulta de aplicación directa.

CSIF exige al Ministerio y a las CCAA medidas urgentes para recuperar la normalidad en los órganos judiciales

emma.alvarez.bande — Tue, 10 Feb 26 11:11:00 CET

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Que no se estaba preparado para afrontar la puesta en marcha de la fase III de las oficinas de los Tribunales de instancia era de sobra conocido incluso para todas las administraciones que el pasado 22 de diciembre manifestaron, en el pleno de la Conferencia sectorial Ministerio-CCAA, que estaban preparadas. El Ministerio y las CCAA tienen competencia plena en la organización de sus oficinas judiciales respectivas por lo que no cabe esconderse tras un, supuesto, problema competencial echándole la culpa al otro.

Como venía denunciando CSIF durante todo el 2025 era imposible llegar con garantías a la fase III el 31 de diciembre y, por este motivo, reiteramos durante ese año la petición de que los responsables políticos de las administraciones se acogieran, de común acuerdo, a la prórroga de seis meses prevista en la ley de eficiencia.

El resultado de esa negativa lo están padeciendo miles de funcionarios y profesionales que, a duras penas, se manejan en el caos organizativo en el que se han convertido las sedes judiciales. Cualquiera que se dé una vuelta por una de ellas puede comprobarlo. A 31 de diciembre todo el mundo sabía qué hacer, dónde hacerlo, cómo y, sobre todo, a quien debía reportar su trabajo. A 1 de enero todo ha cambiado y casi nadie sabe qué, dónde hacerlo, cómo y a quien reportar.

Ante la inutilidad de unos protocolos de actuación elaborados a contrarreloj y publicados para cubrir el expediente apenas unos días antes de la fecha clave, las instrucciones, donde existen tales instrucciones, se suceden y, en muchos casos, contradicen las dadas previamente. La sensación de improvisación, pero sobre todo de falta de atención y de escucha por parte de unos puestos directivos que no han pasado por procesos de formación específicos y a los que nadie les ha dicho que mandar no es dar órdenes, sino que implica dar confianza, motivar y, sobre todo, escuchar.

Por ello, CSIF se dirigió al Ministerio hace unos días para exponerle la preocupante situación y proponer medidas urgentes para recuperar algo de normalidad. Una propuesta que también se ha hecho pública en prensa especializada y que se podrían resumir en:

Revisión de rpts para incrementar plantillas, incluir la especialización por orden jurisdiccional y/o por especialidad de jurisdicción consignando equipos concretos en esas rpts y no dejando su creación al “buen criterio” del director o jefe de turno.
Revisión de los protocolos de actuación para que sean realmente útiles y permitan la coordinación entre los servicios y un desarrollo a través de instrucciones que, conforme al art. 39 del RD 1451/2005 deben ser por escrito y motivadas.
Establecer programas de formación obligatoria para puestos de dirección desde los Secretarios de gobierno que formen parte de los requisitos de los puestos de dirección o jefatura.
Abordar la reforma de la normativa reglamentaria relativa a la provisión de puestos de trabajo para adaptarla a la nueva situación.
Culminar la negociación de la carrera profesional y revisar los programas de productividad para evitar que los mejores sean castigados con mayor carga de trabajo al mismo salario.
Revisar, igualmente, el sistema de guardias retribuyéndolo de forma adecuada.
Abordar el verdadero problema de la modernización de la justicia que tiene que ver con los perfiles profesionales, la redistribución de funciones y su clarificación y retribución justa que sigue siendo una reivindicación de CSIF.

Lo mejor que tiene la Administración de Justicia es su personal. Y la “moral de tropa” está ahí, pero sin medidas que apoyen y reconozcan su trabajo, sin una organización que le escuche, esta vez no va a ser suficiente.

El TS rechaza la posibilidad de abonar las guardias correspondientes durante la situación de baja

emma.alvarez.bande — Fri, 06 Feb 26 12:05:00 CET

La Sentencia 86/2026 de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal supremo analiza la normativa europea y nacional aplicable y en la que basaba su argumentación el recurrente para terminar concluyendo que la guardia en la Administración de Justicia no forma parte de la jornada ordinaria de dicho personal tal y como está configurada en nuestra normativa teniendo la consideración de prestación del servicio adicional al tiempo y jornada ordinarios y, por lo tanto:

"El complemento retributivo por servicio de guardia no podrá ser percibido por los funcionarios que, estando en situación de servicio activo y destinados en los órganos judiciales sujetos a este régimen de servicio de guardia, se encuentren disfrutando del periodo de vacación, permiso retribuido o tengan concedida alguna licencia de las previstas en sus Reglamentos Orgánicos".

Esta sentencia declara que la normativa europea “habilita a los Ordenamientos Jurídicos Nacionales para que puedan establecer tiempos de trabajo adicionales, especialmente destinados a satisfacer intereses generales, en este caso a la efectividad de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho como es la Administración de Justicia, y, en concreto, la satisfacción de "necesidades permanentes o continuas", que requiere la prestación del servicio público de Justicia, permitiendo un diseño del tiempo de trabajo general u ordinario, pero también otro especial, adicionado al anterior, que cubra eficazmente aquellas necesidades de Justicia

Finalmente, el TS rechaza la aplicación analógica al caso de las guardias de las policías locales que fue objeto de una sentencia a finales del año pasado al señalar de que el tipo de trabajo, en este caso, es de trabajo por turnos que afecta a toda la plantilla a diferencia del turno de guardias en Justicia. Esta diferencia en cuanto a los policías locales, puede afectar a la posibilidad de reclamar las guardias como parte de la paga extra.

A la vista de esta sentencia para CSIF la lucha se traslada a la mesa de negociación para conseguir ese derecho a percibir la guardia en situación de baja, vacaciones o licencias.

Instrucción función inspectora y acuerdo sobre uso IA

emma.alvarez.bande — Fri, 30 Jan 26 08:27:00 CET

CSIF informa, publicadas en el BOE las siguientes resoluciones:

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Servicio Público de Justicia

Instrucción n.º 1/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre la adaptación de la función de inspección de tribunales al modelo organizativo de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-2204 - 5 págs. - 214 KB)
- Otros formatos

Servicio Público de Justicia. Inteligencia artificial

Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.
- PDF (BOE-A-2026-2205 - 8 págs. - 233 KB)
- Otros formatos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Servicio Público de Justicia

Instrucción 1/2026, de 28 de enero, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la colaboración de los letrados y letradas de la Administración de Justicia y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la inspección de tribunales.
- PDF (BOE-A-2026-2211 - 3 págs. - 203 KB)
- Otros formatos