Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 27 Oct 26 15:54:00 CET

El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.

CSIF exige al Ministerio que priorice la resolución de los procesos selectivos y concursos atascados desde hace meses y años

emma.alvarez.bande — Wed, 28 Oct 26 11:52:00 CET

El pasado viernes, el Ministerio presentó una propuesta de criterios para la reordenación de efectivos dentro de su ámbito para afrontar una serie de “cambios quirúrgicos” en las relaciones de puestos de trabajo.

Para CSIF es intolerable que el Ministerio siga con sus “experimentos” mientras no da respuesta a miles de aspirantes y de funcionarios que esperan la resolución de esos procesos selectivos (algunos hicieron el examen hace más de dos años) y la convocatoria del concurso de traslados para tener la opción de volver a casa.

CSIF manifestó al Ministerio que el “reparto de miserias” no servirá de nada mientras haya más de 8.000 plazas en precario, pendientes de ser adjudicadas a personas que han superado procesos selectivos o que esperan tener la opción de cambiar de destino para regresar a “su casa”. Recordamos que CSIF ha denunciado al Ministerio ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión europea.

Además, en el ámbito del Ministerio, el 75% de las bolsas están agotadas lo que provoca la demora o paralización en el nombramiento de interinos, el acceso a la administración de justicia de personas sin una preparación mínima exigible o, directamente, que las mesas se queden vacías, eso sí, con todo el trabajo a cargo del resto del personal.

En este sentido, CSIF valora positivamente ese intento de objetivar al máximo la reordenación de efectivos, pero exige al Ministerio que lleve a la mesa propuestas para regular la redistribución de efectivos, las comisiones de servicio, las sustituciones (verticales y horizontales) o la normativa de interinos entre otras cuestiones.

La propuesta de reordenación del Ministerio adolece de coherencia con la propia LOPJ (arts. 528.2 y 523.2) y el RD 1451/2005 (arts. 66 y 67).

En sus alegaciones, CSIF ha exigido que toda propuesta de reordenación venga recogida en un plan que se presente a negociación donde se incluya la normativa, los términos de la oferta, los criterios generales de la reordenación, los criterios particulares para la reordenación concreta que tienen y el plan de formación,

CSIF advierte al Ministerio que, conforme a la normativa citada más arriba, la reordenación:

Debe recaer, en primer lugar, en plazas vacantes sin personal y si afectara a puestos cubiertos con personal temporal o titular deben establecerse mecanismos objetivos
Debe realizarse a través de procedimientos de voluntariedad
En el caso de que se tenga que llegar a una reasignación debe realizarse sobre parámetros objetivos.
No puede suponer ni pérdida de retribuciones ni cambio de municipio.
En el caso del personal interino se le tenga en cuenta el tiempo de servicios en el puesto de origen.
Debe ir acompañado de un plan de formación de apoyo.

Finalmente, el Ministerio propone que quienes lleven mochila de guardia dentro del centro de destino donde se quieren mover las plazas, tengan preferencia, si voluntariamente quieren participar, para ocupar nuevos puestos con código de guardia consolidando su derecho a cobrar guardias. No obstante, también propone que, si no participan en el proceso de reordenación, pierdan la mochila.

CSIF no se opone a la preferencia, pero solicita que, dado el carácter excepcional de las mochilas, el funcionario que cambia de puesto no quede “congelado” a efectos de concurso. CSIF se opone a la pérdida de la mochila por cuanto esa sanción convierte el proceso en forzoso y, en ausencia de voluntariedad, no puede perderse la mochila.

BOE: fiestas laborales 2027

emma.alvarez.bande — Tue, 13 Oct 26 08:28:00 CEST

EmpleoOtros EmpleoPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

CSIF informa: publicada en el BOE la Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027.

Publicadas en el BOE las resoluciones de jornada general para la Administración de Justicia con las 35 horas

emma.alvarez.bande — Mon, 21 Sep 26 07:53:00 CEST

Además, tal como pedía CSIF:

se elimina el carácter de “mínimo” de esa jornada,
se establece que el calendario laboral entre en vigor desde el 1 de enero previa negociación y la necesidad de un informe favorable del Consejo, aunque, en este caso, se sigue pidiendo un informe sin establecer un plazo para su emisión.

Por el contrario, el Ministerio no acepta el conjunto de alegaciones presentadas por CSIF y el resto de sindicatos alegando que función pública obliga a ceñir la modificación a ese cómputo de jornadas. Para CSIF supone perder una ocasión de adaptar la jornada y horarios a las necesidades de conciliación familiar actuales y seguiremos luchando para conseguir que:

la reducción de jornada por interés particular pase del 75% al 80% del salario
se habilite la posibilidad de acumular la reducción de jornada a la mitad por cuidado de familiar por enfermedad grave o muy grave a 15 días hábiles completos. En el artículo 48 i) del TREBEP se extiende como máximo a un mes a media jornada.
se garantice que las jornadas y horarios especiales tengan que estar en la descripción de cada puesto con esta peculiaridad en las relaciones de puestos de trabajo, prohibiendo “inventos” de turnos rotatorios o cualquier otra forma que establezca de tapadillo una modificación de jornada (mañana y tarde o tardes) u horarios.
se reduzca la jornada de verano de 32 horas y media para la jornada ordinaria a 30 horas semanales y de la jornada con dedicación especial de 37,5 a 32 horas y media. Podría valorarse ampliar el rango de disfrute del 1 de junio al 30 de septiembre (ahora es del 16 de junio a 15 de septiembre) manteniendo esas 32 horas y media y 35 horas.
se incluya un día adicional por cada festivo nacional, autonómico o local que coincida con sábado o domingo, como así lo ha definido la Audiencia Nacional en una reciente sentencia.
Se extienda la posibilidad de jornadas reducidas a Semana Santa y Navidad.

Tras esta publicación, el Ministerio y las CCAA deben adaptar sus resoluciones de calendario laboral y publicar estas modificaciones en sus boletines oficiales.

Administración de Justicia. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-19524 - 4 págs. - 205 KB)
- Otros formatos
Resolución de 17 de septiembre de 2026, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-19525 - 4 págs. - 206 KB)
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CSIF reclama mejoras en los planes de actuación

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Jul 26 11:09:00 CEST

En la reunión celebrada hoy en la Mesa Delegada, integrada por CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA, con el orden del día relativo a las prórrogas de los Planes Concretos de Actuación para el segundo semestre de 2026, que afectan al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, CSIF ha vuelto a reclamar al Ministerio más reconocimiento, más negociación y soluciones reales para los problemas que sufre la Administración de Justicia.

Entradas y registros simultáneos (la realizadas fuera del periodo de guardia por LAJ y GPA): 110 € no es suficiente

CSIF vuelve a reclamar que la compensación por entradas y registros simultáneos se incremente de 110 € a 200 €. Estas actuaciones conllevan penosidad, disponibilidad y, en muchos casos, riesgo. Por eso exigimos una retribución digna y proporcional al trabajo realizado.

Además, hemos recordado al Ministerio su compromiso de negociar la compensación de las entradas y registros sucesivas que, en algunos casos, como ocurre en La Línea, pueden suponer actuaciones continuadas durante toda la jornada.

Sustituciones: retribución desde el primer día

En relación con las sustituciones de LAJ, CSIF defiende:

Que toda sustitución sea retribuida con independencia de su duración o de la causa que la origine.
Que la cuantía alcance el 100% de las retribuciones complementarias del puesto sustituido.
Que la sustitución voluntaria no pueda prolongarse más de 3 meses, evitando cargas de trabajo insostenibles.
Que no se utilicen sistemas de turnos rotatorios que perjudican la organización de las unidades y limitan la promoción profesional.
Que se respeten las funciones propias e indelegables del cuerpo de LAJ, especialmente en materias como apoderamientos apud acta y cuenta de depósitos y consignaciones.

CSIF ha recordado al Ministerio su compromiso de negociar las sustituciones y las comisiones de servicio del resto de cuerpos.

Cláusulas suelo: hacen falta refuerzos reales

CSIF también ha alegado que el atasco de procedimientos de cláusulas suelo no puede resolverse con prórrogas sucesivas de planes temporales. Si se han nombrado magistrados de refuerzo, también deben nombrarse Letrados de refuerzo a tiempo completo para dar una solución eficaz y acabar con la pendencia.

Los planes temporales no pueden convertirse en una solución permanente encubierta.

Violencia de género: inclusión planes específicos y medios suficientes

CSIF reclama la inclusión de planes de actuación específicos en los órganos con competencias en materia de violencia de género. Estos órganos soportan una carga de trabajo especialmente sensible, urgente y compleja, que exige una respuesta reforzada por parte del Ministerio.

No se puede seguir afrontando esta materia con plantillas insuficientes, sobrecarga permanente y falta de medidas específicas.

Diligencias fuera de la sede judicial: deben compensarse adecuadamente.

Toda actuación que implique disponibilidad, desplazamientos, alteración de la jornada, situaciones de especial penosidad o riesgo, debe estar regulada, reconocida y retribuida.

Por último, CSIF volvió a trasladar al Ministerio que esta negociación debe abordarse de forma global, con garantías para todos los cuerpos y con medidas reales que no se limiten a prorrogar planes temporales sin resolver los problemas de fondo.

Desde CSIF seguimos defendiendo una Administración de Justicia organizada, con plantillas suficientes, funciones claras y retribuciones justas.

Ruegos y preguntas: CSIF reclamó también:

Impulso de la nueva Orden de Interinos, así como transparencia y publicidad en la gestión de las bolsas.
Convocatoria del concurso específico de la Oficina de Víctimas.
Refuerzos: el Ministerio ha indicado que en las próximas semanas se negociará esta cuestión junto con la modificación de las RPT.
Análisis de las cargas de trabajo: el Ministerio ha informado de que lo realizará en septiembre.
Creación de las unidades administrativas propuestas por CSIF, una medida clave para aligerar la enorme carga de trabajo y el retraso crónico que sufre el Ministerio de Justicia y las Gerencias Territoriales.
Indemnización por residencia en Baleares: tras la mejora conseguida por CSIF, preguntamos por su abono. El Ministerio ha indicado que todavía no sabe cómo se procederá al pago, si bien ya se ha solicitado la habilitación de gasto. Recordamos que esta mejora tiene efectos desde el 1 de julio.
CSIF volvió a exigir al Ministerio que deje de aplazar los compromisos pendientes y fije un calendario concreto de negociación. A este respecto, el Ministerio nos ha trasladado que, a día de hoy, no puede fijar un calendario concreto, si bien afirma que todas las cuestiones están en proceso de negociación y que irá convocando las mesas oportunamente.

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

El CGPJ acuerda que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia de forma presencial y no telemática

emma.alvarez.bande — Thu, 23 Apr 26 11:22:00 CEST

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CSIF informa:

El CGPJ acuerda que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia de forma presencial y no telemática

Tras tener conocimiento de que la puesta a disposición judicial de estas personas se seguía produciendo de forma telemática en algunos partidos judiciales como consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy que los órganos de gobierno de los tribunales -y en particular los/as presidentes/as de Audiencias Provinciales como miembros de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial, los/as presidentes/as de los Tribunales de Instancia y las Juntas de Jueces- organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia en los distintos partidos judiciales de forma presencial y no telemática, en cumplimiento del artículo 17.2 de la Constitución Española, recabando para ello, si fuera necesario, los medios adicionales pertinentes de las Administraciones responsables.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este acuerdo, a instancias de su presidenta, tras tener conocimiento de que la puesta a disposición judicial de los detenidos en algunos partidos judiciales se estaba practicando no mediante su conducción y traslado a presencia del/la juez/a de guardia, sino por medios telemáticos, prestando estas personas declaración desde comisaría.

En su acuerdo, el Pleno señala que si bien durante la pandemia de COVID-19 el CGPJ permitió que, con las debidas garantías, las declaraciones de los detenidos pudieran organizarse desde dependencias policiales por medios telemáticos, la declaración de finalización de la crisis sanitaria aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 obliga a revisar esta decisión organizativa y, por tanto, gubernativa.

El acuerdo añade que el protocolo o sistema de organización que se adopte ahora no impedirá a cada juez/a resolver excepcionalmente y por causa justificada, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, la declaración del detenido en un proceso por medios telemáticos, en la forma y con las condiciones previstas en las leyes procesales.

En estos supuestos, se priorizará la pronta notificación y efectivo cumplimiento de la resolución judicial adoptada.

CSIF presenta alegaciones a la propuesta de eliminación del cuarto grupo de población

emma.alvarez.bande — Wed, 22 Apr 26 11:46:00 CEST

CSIF exige al Ministerio que incluya en la propuesta el mantenimiento de la diferencia retributiva de los gestores secretarios respecto de los gestores que no lo son.

Se trata de algo que estaba ya acordado y que no consta en el texto que nos han presentado.

La reducción de cuatro grupos de población a tres no significa que se tenga que eliminar el subtipo d que marca esa diferencia retributiva y que ya existe en el RD de puestos tipo en el grupo IV.

Además, CSIF ha exigido que quede claro que esta supresión está directamente ligada a los nuevos servicios de carácter procesal que se asumen en las oficinas de justicia en el municipio (en adelante, OJM) por la ley de eficiencia.

El Ministerio ha recogido las alegaciones presentadas y ha anunciado la posibilidad de convocar una segunda reunión para avanzar en la negociación.

La inclusión en la LO 1/2025 de eficiencia de las OJM han permitido el mantenimiento de cerca de 3.500 puestos de trabajo que, conforme a los planes iniciales de la administración, se iban a recolocar en las oficinas de cabecera de partido judicial obligando a sus titulares a cambiar de población tras la desaparición de los Juzgados y agrupaciones de paz. La lucha de muchos años y la presión sindical lograron que la administración aceptara el mantenimiento de estos puestos dentro de la nueva organización de la justicia.

Finalmente, desde CSIF recordamos que la negociación de la eliminación del cuarto grupo de población es resultado del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 junto con la recuperación del 50% de la reserva de promoción interna y la normativa básica de teletrabajo que ya son una realidad; además, de la carrera profesional cuya negociación tendrá su sexta reunión del grupo de trabajo el 27 de abril.

Respecto a los Ruegos y Preguntas:

Concursos de Traslados:
- Concursillo fase I numo: han detectado algún error, pero se están rectificando y la publicación en el BOE se mantiene para el 5 de mayo.
- Convocatoria del concurso cuerpos especiales: se realizará enseguida.
- Convocatoria del concurso 2026 de cuerpos generales: prevén publicarlo antes de agosto.
Aplicación de las 35h en la Administración de Justicia, el próximo viernes habrá conferencia sectorial, y hasta que no se modifiquen las órdenes ministeriales no se podrá llevar a efecto.
Oposiciones estabilización concurso:
- Cupo de discapacidad: no habrá listas complementarias.
- Oferta de plazas de Auxilio 1288/2022: se realizará inminentemente.
- Oferta plazas Gestión 1288/2022: se publicarán en breve.

CSIF exige al Ministerio que modifique la instrucción 2/2026 sobre apoderamientos apud acta

emma.alvarez.bande — Wed, 22 Apr 26 11:14:00 CEST

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Conforme al informe del CGPJ Isis 693/2026, con base en la LOPJ, el CGPJ determina claramente que los apud acta deben realizarse ante el Letrado de la Administración de Justicia ya que, según la propia LOPJ art. 452 es el cuerpo titular en exclusividad y plenitud de la fe pública judicial.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la preposición “ante”, según la RAE es sinónima de “en presencia de” y, el ejercicio de la fe pública judicial no puede sustraerse de la obligación de estar presente de quien da la fe. Por otro lado, conforme a la normativa vigente, la manera de acreditar fehacientemente que se ha realizado el apoderamiento es la inscripción en el SIRAJ 2 del mismo.

Esta obligación de acreditación es otra manifestación de la fe pública judicial por lo que, en virtud de lo establecido en la LOPJ, también debería ser realizada por el Letrado ante quien se otorgue el poder.

Si la LOPJ hubiera querido otra cosa hubiera adoptado otra expresión y/o hubiera previsto excepciones, pero no es así.

Así, conforme al art. 451.2 LOPJ las funciones de los Letrados no pueden ser objeto ni de delegación ni de habilitación con la sola excepción de las entradas y registros simultáneas en la AN.

Además, el Consejo, en su informe declara que constituye mala praxis la delegación de la realización de los apud acta por las OJM (antiguos juzgados de paz) y, concluye, que excede de las funciones de esta oficina, entre otras razones, por las limitaciones organizativas lo que, para CSIF, es una clara alusión a la ausencia de Letrado que pueda dar fe y acreditar la realización de ese poder.

Por lo anterior, CSIF se ha dirigido a la Secretaría General para que modifique la instrucción en el sentido eliminando la figura del Letrado supervisor que vela porque se haga el apud acta y se anote y se diga claramente que el acto de apoderamiento debe hacerse a presencia de ese Letrado que es quien debe dejar constancia en el SIRAJ 2 de la realización de ese acto.

Una vez más, nos encontramos con la prueba de que es imprescindible revisar el entramado corporativo y la distribución de funciones en las oficinas judiciales. Además, de todos los problemas que está atravesando la implantación de los Tribunales de Instancia, la obsolescencia del reparto funcional establecido en la LOPJ y su desconexión con la realidad y necesidades de la justicia moderna que se pretende implantar, no hace sino agravar la situación y crear conflictos innecesarios.

No se trata de ir contra nadie, sino en favor de todos. Como venimos reclamando desde hace años, sin renunciar en ningún momento a este objetivo, la clarificación de las funciones, la redistribución de las mismas y su reconocimiento laboral y retributivo mejorará, sin duda, el funcionamiento de las oficinas y mejorará la calidad y eficiencia del servicio público de Justicia.

BOE: instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

emma.alvarez.bande — Wed, 15 Apr 26 08:16:00 CEST

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CSIF informa publicada en el BOE la Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado mes de noviembre.

En la Administración de Justicia, conforme al artículo 500 de la LOPJ, que establece que «la duración de la jornada general semanal será igual a la fijada para la Administración General del Estado», la jornada de 35h resulta de aplicación directa.