Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF reclamará a Gavira “un compromiso firme” para abordar la falta de personal y el continuo colapso tecnológico de la Justicia en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 12:05:00 CEST

El sindicato solicitará una reunión con el futuro consejero cuando tome posesión de su cargo para trasladarle sus reivindicaciones para la mejora del servicio público
Considera necesaria la ejecución inmediata del preacuerdo sobre productividad en los Cuerpos Generales y conforme al calendario comprometido con los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha informado de que solicitará una reunión urgente al nuevo consejero del ramo, Manuel Gavira, tan pronto como tome posesión de su cargo, para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia.

CSIF considera “absolutamente imprescindible” situar en el centro del debate la necesidad de reforzar el servicio público de la Justicia y reclamará a Gavira “un compromiso firme para mejorar la situación de la Administración, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía”, tal y como ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz.

En este sentido, CSIF trasladará a quien ostentará la cartera de Justicia la urgencia de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural del personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con el caos organizativo en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Díaz también ha señalado que, en dicho encuentro, que espera sea lo más pronto posible, abordará el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces, uno de los problemas más acuciantes en la actualidad. Tal y como ha denunciado CSIF en numerosas ocasiones, el sistema @driano “es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la Justicia en Andalucía”. Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias casi diarias provocan la paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía, ya que “esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración”.

Por otro lado, CSIF considera “inaplazable” la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para la reactivación del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino para que sus nombramientos no se demoren en el tiempo con los consecuentes perjuicios en el normal funcionamiento de la Justicia.

En consecuencia, CSIF demandará al futuro nuevo consejero una apuesta decidida por la mejora de la calidad del servicio público de Justicia, una cuestión para irremediablemente por ofrecer unas condiciones dignas a su personal apara que no tenga que realizar su labor diaria con la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren hoy en día.

Asimismo, este esfuerzo debe verse reconocido mediante la ejecución inmediata del preacuerdo sindical sobre productividad en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, derivado del acuerdo alcanzado a finales de 2025 en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía. Para ello, resulta necesario que dicho preacuerdo sea elevado durante este mes de julio a la Mesa Sectorial de Justicia, dando así continuidad al calendario de pagos comprometido con las organizaciones sindicales. “Se trata de una reivindicación inaplazable si se tiene en cuenta que, durante la presente legislatura, Andalucía ha pasado de ocupar el cuarto puesto en el ámbito nacional a situarse en el último lugar en materia retributiva. Los funcionarios de Justicia andaluces son los peor remunerados a día de hoy, algo inaceptable teniendo en cuenta que soportan una de las mayores cargas de trabajo y litigiosidad del país”, ha denunciado Díaz.

Por todo ello, CSIF ha subrayado que la Administración de Justicia andaluza requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no parches puntuales que no sirven para afrontar de lleno la reforma que es necesaria desde hace años”.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha instado al nuevo Gobierno andaluz a que el refuerzo y mantenimiento de los servicios públicos sea el eje central de la legislatura.

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

El TS rechaza la posibilidad de abonar las guardias correspondientes durante la situación de baja

emma.alvarez.bande — Fri, 06 Feb 26 12:05:00 CET

La Sentencia 86/2026 de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal supremo analiza la normativa europea y nacional aplicable y en la que basaba su argumentación el recurrente para terminar concluyendo que la guardia en la Administración de Justicia no forma parte de la jornada ordinaria de dicho personal tal y como está configurada en nuestra normativa teniendo la consideración de prestación del servicio adicional al tiempo y jornada ordinarios y, por lo tanto:

"El complemento retributivo por servicio de guardia no podrá ser percibido por los funcionarios que, estando en situación de servicio activo y destinados en los órganos judiciales sujetos a este régimen de servicio de guardia, se encuentren disfrutando del periodo de vacación, permiso retribuido o tengan concedida alguna licencia de las previstas en sus Reglamentos Orgánicos".

Esta sentencia declara que la normativa europea “habilita a los Ordenamientos Jurídicos Nacionales para que puedan establecer tiempos de trabajo adicionales, especialmente destinados a satisfacer intereses generales, en este caso a la efectividad de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho como es la Administración de Justicia, y, en concreto, la satisfacción de "necesidades permanentes o continuas", que requiere la prestación del servicio público de Justicia, permitiendo un diseño del tiempo de trabajo general u ordinario, pero también otro especial, adicionado al anterior, que cubra eficazmente aquellas necesidades de Justicia

Finalmente, el TS rechaza la aplicación analógica al caso de las guardias de las policías locales que fue objeto de una sentencia a finales del año pasado al señalar de que el tipo de trabajo, en este caso, es de trabajo por turnos que afecta a toda la plantilla a diferencia del turno de guardias en Justicia. Esta diferencia en cuanto a los policías locales, puede afectar a la posibilidad de reclamar las guardias como parte de la paga extra.

A la vista de esta sentencia para CSIF la lucha se traslada a la mesa de negociación para conseguir ese derecho a percibir la guardia en situación de baja, vacaciones o licencias.

Guía CSIF permisos

emma.alvarez.bande — Wed, 24 Sep 25 09:50:00 CEST

EmpleoLicencias y permisosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

CSIF JUSTICIA INFORMA: os dejamos la Guía CSIF de permisos actualizada tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado.

Asimismo, podéis consultar las últimas reformas en la siguente ficha:

Noticias relacionadas:

CSIF exige al Gobierno un permiso parental retribuido de 8 semanas, conforme a la directiva europea y la justicia española

- Seguiremos peleando para conseguir las 8 semanas retribuidas, como marca la directiva de la Unión Europea.

- La justicia española también nos da la razón y reconocen este derecho por sentencia firme tanto en el sector público como en el privado.

- Nuestros servicios jurídicos que consiguieron las primeras sentencias seguirán trabajando para forzar al Gobierno a aplicar nuestra reclamación.

CSIF Informa. Cotización por maternidad y cuidados. LGSS

Nuevos permisos de conciliación

emma.alvarez.bande — Wed, 30 Jul 25 14:38:00 CEST

EmpleoLicencias y permisosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

CSIF JUSTICIA informa: publicado en el BOE el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Gracias a las presiones de CSIF, España aumenta sus permisos retributivos. Pero son insuficientes.

CSIF exige al Gobierno un permiso parental retribuido de 8 semanas.

Seguiremos peleando para conseguir las 8 semanas retribuidas, como marca la directiva de la Unión Europea.

La justicia española también nos da la razón y reconocen este derecho por sentencia firme tanto en el sector público como en el privado.

Nuestros servicios jurídicos que consiguieron las primeras sentencias seguirán trabajando para forzar al Gobierno a aplicar nuestra reclamación.

ARCHIVOS ADJUNTOS

CSIF, STAJ, UGT Y CIG cierran un acuerdo sobre tribunales de instancia, carrera profesional, teletrabajo y otros

anxo.freiria.tato — Wed, 17 Jul 24 09:57:00 CEST

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El acuerdo recoge varias de las reivindicaciones de la huelga del 2023 y no supone renuncia alguna a seguir reivindicando otras cuestiones incluidas o no en el conflicto de Justicia a partir de este momento.

Lamentamos que CCOO no se haya sumado al consenso sindical y le recordamos que todos los sindicatos ya habíamos sido advertidos la semana pasada por el Ministerio de que se había llegado al documento final y de que el día 4 era el momento de que cada sindicato manifestara su posición.

En el día de ayer se produjo la firma del preacuerdo, estando a la espera de fijar fecha para la firma del acuerdo y la publicación en el BOE, veamos su contenido sin perjuicio de que puedes leerlo completo en nuestra web.

El acuerdo recoge las seis garantías que pedíamos que se respetaran en el proceso de acoplamiento del modelo actual de organización de Justicia al nuevo:

1. No merma de retribuciones básicas y complementarias fijas e incluyendo las retribuciones por guardia.

1. No amortización de plazas incluyendo refuerzos y plazas de nueva creación desde la firma hasta el acoplamiento.

1. No movilidad forzosa que impide el cambio de localidad.

1. Voluntariedad, que primará a la hora de ocupar los nuevos puestos de trabajo en el acoplamiento.

1. Diferenciación de puestos de trabajo por áreas y por equipos a la hora de pedir en el concurso o de la adjudicación de plazas en provisión temporal o nuevo ingreso, así como de atribución de funciones (orden jurisdiccional). A esto se une que hemos conseguido rectificar una de las cuestiones por las que CSIF no firmó en 2010 el acuerdo de NOJ, obligando a motivar la atribución de funciones por el LAJ que, además, tendrá carácter temporal.

1. Obligación de negociar las relaciones de puestos de trabajo con carácter previo a la implantación de la nueva organización en cada sede judicial.

Además, el acuerdo supone la inclusión en al LOPJ de una disposición adicional en la ley con la normativa básica de teletrabajo, muy básica y que recoge la obligación de la Administración de proporcionar los equipos técnicos, una obligación que en el acuerdo de 2021 el Ministerio no incluyó y provocó, entre otras razones que no firmáramos.

El acuerdo recupera el 50% de reserva de plazas de promoción interna para todos los cuerpos. Se trata de una reserva de plazas sobre la Oferta de Empleo Público anual. A modo de ejemplo, en la OEP de 2024 de 219 plazas de Gestión promoción interna que han salido, hubiéramos tenido 365 y en LAJ 25 plazas más. Este 50% supone, pues una mejora real de la promoción interna sabiendo que la vuelta al 50% puro no está autorizada por Función Pública que tiene la última palabra.

Finalmente, se recoge el compromiso real de negociar:

1. Real decreto básico de carrera profesional, que exige el art. 519 LOPJ, en el primer semestre del año 2025.
2. Registro civil, primer semestre del año 2025.
3. Eliminación de grupos de población, en relación con la supresión del grupo IV, segundo semestre del 2025.

El acuerdo prevé la creación de una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento del mismo entre el Ministerio y las organizaciones sindicales firmantes.

Valoración de CSIF

Como se suele decir todo es mejorable. Cuando se acuerda algo, siempre hay cosas que se quedan en el tintero, pero a la hora de valorar este acuerdo hay que hacer memoria y analizar lo que se ha conseguido.

La negociación de la LOEO (ahora se llama LOESPJ), para la implantación de los Tribunales de Instancia, es una reivindicación justa del personal de Justicia desde el año 2022 y formó parte de la pancarta de la huelga y está en la plataforma reivindicativa del conflicto en Justicia. Por ese año, el Ministerio sostenía que las leyes no se negociaban. Hoy se firma un acuerdo que supone que las leyes sí que se negocian cuando afectan a condiciones de trabajo del personal de Justicia.

El acuerdo sobre los tribunales de instancia supone como hemos dicho el establecimiento de seis garantías básicas que, al principio de la negociación, no estaban ni mucho menos reflejadas en los primeros documentos. Especialmente, la garantía de negociación de las relaciones de puestos pts como condición de la implantación de la oficina judicial de los Tribunales de instancia que es dónde habrá que diseñar y negociar las condiciones de trabajo específicas de cada puesto.

La negociación del Real Decreto Básico de carrera profesional es también parte de la plataforma reivindicativa y, con este acuerdo, existe un compromiso real de negociación por parte del Ministerio.

La negociación del Registros civil, reglamento y relaciones de puestos de trabajo también formaba parte de la plataforma y está en el acuerdo el compromiso concreto de su negociación

La eliminación de los grupos de población, es parte también de la plataforma reivindicativa y está en el acuerdo. Aun cuando se refiera sólo de la eliminación del grupo IV, que esté en el acuerdo supone el reconocimiento del Ministerio de que hay que revisar los grupos de población dejando la puerta abierta para negociar la eliminación del resto.

Además, se recoge, por fin, la normativa básica de teletrabajo que, si bien no está en la tabla reivindicativa del conflicto, era y es una petición muy mayoritaria del personal de Justicia. Entre otras cosas, esta normativa básica incluye la obligación de la Administración competente de proporcionar los medios tecnológicos necesarios para ello. Una cuestión que no estaba en el acuerdo que firmó el Ministerio con algunos sindicatos y que CSIF rechazó, entre otras razones, por este motivo.

Para finalizar esta valoración, CSIF va a seguir luchando por la mejora de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal de Justicia en todas las mesas de negociación.

CSIF no renuncia a seguir reivindicando, en la misma mesa de negociación donde se ha llegado a este acuerdo, (la mesa regulada en la DA 12ª del TREBEP) la clarificación de las funciones, la redistribución de las funciones en la oficina judicial y el reconocimiento laboral y retributivo de las que efectivamente se realizan por todos los Cuerpos de la administración de Justicia en la línea de lo exigido en el conflicto de Justicia. Así como otras reivindicaciones, como la revisión de la productividad que también proponíamos para este acuerdo.

CSIF, en las mesas sectoriales de las CCAA va a seguir peleando, esperamos que, ahora, junto con el resto de sindicatos firmantes del acuerdo, por el incremento del complemento específico en todas las CCAA que faltan por cerrar acuerdos de este tipo para que se unan a País Vasco, Madrid, Cataluña, ámbito no transferido, La Rioja y Asturias.

Y en este ámbito de la mesa delegada del ámbito no transferido y de las mesas sectoriales, CSIF va impulsar la negociación de los puntos del acuerdo firmado el pasado mes de abril (en el caso de la mesa de los no transferidos) y a impulsar el desarrollo de los acuerdos autonómicos firmados y que se firmen, como la mejora de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal de Justicia de cada ámbito.

* Se adjunta circular y acuerdo firmado por los sindicatos integrantes.

CSIF exige la revisión de los reglamentos para todos los Cuerpos incluyendo mejoras para todos ellos

javier.jordan-de-urries.sagarna — Wed, 22 May 24 10:41:00 CEST

EmpleoLicencias y permisosOfertas y bolsas de trabajoOposicionesAndalucía - Administración de Justicia Image

Lo que es buenos para unos, es bueno para todos

CSIF no avalará ningún texto que se proponga de mejora de condiciones laborales en exclusiva para el Cuerpo de LAJ e insta al Ministerio a que presente de forma inmediata una propuesta sobre sustituciones, comisiones de servicio, mejora de permisos y libranzas para todo el personal de Justicia.

Como cuestión previa, CSIF se pregunta sobre el sentido del propio Reglamento orgánico que se limita casi en su totalidad a reproducir literalmente artículos de otras leyes como la LOPJ o el TREBEP.

Cuando desde la Unión Europea se remiten recomendaciones dentro del proceso conocido como “better regulation” para evitar duplicidades normativas que, luego, provocan confusión interpretativa, cuando, además, la propia administración aplica esos criterios en otros ámbitos regulatorios, se sigue manteniendo esta práctica obsoleta, vestigio de lo que siempre hemos denominado rancio corporativismo.

El representante del Ministerio en la mesa del pasado martes 21 de octubre, manifestó la disposición del Ministerio a incorporar las mejoras que se proponen para los LAJ en materia de permisos, días de libranza adicionales a los asuntos particulares o en materia disciplinaria.

Además, CSIF ha exigido que el Ministerio mejore las condiciones de la promoción interna devolviendo la reserva del 50% de plazas para la promoción interna (que, por cierto, sigue vigente en los Reglamentos de LAJ y de ingreso del personal de Justicia) a la LOPJ y se aplique la reducción de ejercicios en la línea de lo establecido por función pública.

El Ministerio en la reunión manifestó su disposición a incluir estas mejoras al resto de cuerpos, pero para “más adelante”. CSIF ha dicho que NO. Que los cambios tienen que presentarse sin más dilación y aprobarse de forma simultánea a la de los LAJ, una vez que se admite la disposición a mejorar las condiciones de trabajo de todos. Como dijo en la reunión, lo que es bueno para unos, lo es para todos. Tiempo han tenido y no hay excusas para no hacerlo de forma inmediata.

En nuestra web puedes encontrar las extensas alegaciones que CSIF ha presentado a la propuesta de revisión del RD 1608/2005 (el Reglamento orgánico de los LAJ) y al RD 1451/2005 (reglamento de ingreso y promoción profesional del personal de Justicia). Estas alegaciones se añaden a las ya presentadas de cara a la reunión de la mesa de negociación el próximo 28 de mayo sobre la ley de eficiencia de la Justicia (antigua LOEO).

En relación al primero, CSIF ha propuesto mejoras en materia de permisos sobre la propuesta presentada aplicando los criterios de la normativa básica del personal de la Administración General del Estado más favorable y amplia.

Asimismo, CSIF ha propuesto la mejora del disfrute de la libranza tras guardia estableciendo plazos más amplios para su uso que los que propone el Ministerio. La propuesta del Ministerio amplía ese disfrute a los cuatro días siguientes a la finalización de la guardia que la genera.

CSIF propone: 15 días pare este caso, hasta la siguiente guardia cuando un día de guardia coincida con festivo y hasta el 15 de febrero cuando un día de la guardia coincida con el 24 o el 31 de diciembre.

En materia de procesos selectivos de promoción interna CSIF ha reiterado la petición de recuperar el 50% de reserva de plazas para promoción y nos hemos opuesto a que el curso selectivo sea conjunto con el turno libre.

CSIF rechaza categóricamente la propuesta del Ministerio de burlar la normativa vigente en materia de representación sindical del personal funcionario del Cuerpo de LAJ. La representación sindical y laboral de promoción y defensa de los derechos laborales de los trabajadores está encomendada por la Constitución a los sindicatos y el ejercicio de la libertad sindical regulado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el TREBEP dadas las peculiaridades de la función pública y en la normativa básica y convencional de la función pública.

La creación de asociaciones de LAJ está amparada por la ley orgánica del derecho de asociación y la audiencia de las mismas, reconocida en la LOPJ. Es innecesario regular nada más e improcedente que el Ministerio se arrogue una competencia que no le corresponde en materia de libertad sindical y negociación colectiva.

No se puede trasladar el sistema asociativo de Jueces y Fiscales a los LAJ por cuanto no se trata de situaciones ni siquiera similares. Los Jueces y Fiscales tienen limitado el derecho de sindicación y restringido el ejercicio del derecho de libertad sindical; los LAJ, no lo tienen limitado y siguen el mismo régimen que el resto de Cuerpos de Justicia y el resto de la función pública en nuestro país.

El Ministerio de Justicia no es competente para cambiar el marco legal de ejercicio del derecho de libertad sindical, ni mucho menos en una norma reglamentaria, ni puede, en consecuencia, ni limitar, restringir ni sustituir la función constitucional de los sindicatos de defensa y promoción de los derechos laborales de los trabajadores (art. 7 de la CE).

En caso de que no se retire, CSIF se reserva el derecho a ejercer las acciones legales y sindicales que estimemos oportunas contra el Real Decreto en defensa de la legalidad vigente en materia de representación sindical.

Convocada mesa de negociación sobre los Tribunales de Instancia y los destinos para el próximo 28 de mayo

CSIF, por su parte, va a seguir reivindicando y exigiendo para todo el personal de Justicia, en la mesa de negociación, que está abierta en este momento y se ha convocado de nuevo para el 28 de mayo, o donde haga falta:

la modificación sustancial del proyecto de ley que implanta los Tribunales de instancia, (destinos) para asegurar la determinación de los puestos por unidades, servicios, áreas y equipos así como una organización básica que permita diferenciar funciones por orden jurisdiccional y variedad de puestos para ofertar a concurso de traslados.
la clarificación de funciones y el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones que efectivamente se realizan en los Juzgados y Tribunales
la regulación básica del teletrabajo
la regulación básica de la carrera profesional
la negociación del Reglamento del Registro civil y de las relaciones de puestos de trabajo.
la recuperación de una promoción interna real y la agilización de procesos selectivos y concursos.
… y el resto de reivindicaciones pendientes de todo el personal de Justicia (eliminación grupos población, revisión de las guardias etc…)

El Ministerio convocará la mesa de negociación la semana del 13 al 16 de mayo

emma.alvarez.bande — Fri, 26 Apr 24 08:09:00 CEST

Esta convocatoria se produce después que CSIF lo solicitara por dos veces en el grupo de trabajo que se creó por decisión de todos los sindicatos y el Ministerio en esa mesa de negociación: la primera en la reunión del grupo de trabajo del pasado 16 de abril y la segunda en la reunión celebrada ayer 23 de abril.

A requerimiento de CSIF, el Ministerio abre la puerta a modificar la propuesta de modelo de Tribunales de Instancia, aunque proponen incluirlo en una reforma del artículo 39 bis del RD 1451/2005.

CSIF exigirá, entre otras, una estructura básica mínima de oficinas de los Tribunales de Instancia, determinación de los destinos por unidad, servicio, área y equipo, eliminación de la doble asignación de puestos a dos unidades y el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones.

Desde el primer día CSIF ha exigido que, en el lado del Ministerio, hubiera personas con capacidad de decisión porque era la única forma de avanzar en la negociación.

CSIF en todas estas reuniones, como venimos haciendo desde el año pasado, ha exigido el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que efectivamente se realizan en los Juzgados y Tribunales y vamos a seguir haciéndolo a pesar de las obsesiones de algún sindicato. De hecho, el propio proyecto de ley incluye una propuesta de modificación de los artículos de LOPJ que hablan de nuestras funciones.

Pero CSIF, también va a luchar porque no se constituyan macro-unidades y macro-servicios comunes donde se diluyan los destinos, se impida la movilidad voluntaria reduciendo drásticamente el número de puestos a concurso y se obstaculice sobremanera la promoción profesional, limitando al máximo el número de puestos singularizados, como jefaturas que se ocupan por mérito y capacidad, mejor retribuidos, que es lo que esconden los Tribunales de Instancia. CSIF va a luchar porque se borre la posibilidad de que un mismo puesto esté adscrito a dos unidades u oficinas distintas.

CSIF ha sido, y es, muy crítico con este proyecto de ley que no soluciona uno de los problemas fundamentales de la Justicia que no es otro que los cuellos de botella provocados por una pésima distribución de las funciones en la oficina judicial y su falta de reconocimiento laboral y retributivo, pero la realidad es que estamos ante un proyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados (nos guste o no es así) y en la que es imprescindible introducir cambios que permitan concretar los destinos, permitir la movilidad voluntaria y la promoción profesional de forma razonable.

Además, este proyecto de ley supone la privatización de un servicio público esencial como es el de Justicia a través de la mediación obligatoria y la posible entrega de la ejecución a personas ajenas a la función pública, lo que, sin duda nos perjudica en forma de nuevos puestos de trabajo a los que poder optar en concursos o en nuevo ingreso.

Tras los acuerdos alcanzados en algunas mesas de negociación, CSIF va a seguir luchando por el servicio público y por la mejora de las condiciones de trabajo de todo el personal de Justicia, en todas las mesas en las que tenemos representación, sectoriales y delegada de las CCAA y del Ministerio de Justicia y en la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia, la única duda es si los compañeros de ccoo y staj van a seguir con sus “guerritas” particulares o van a formar frente común en esta pelea.

Y, por supuesto, el día que se convoque esa mesa sectorial, como hemos hecho siempre, CSIF va a poner encima de la mesa el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones que se realizan en los órganos judiciales.

ANDALUCÍA. Ampliacion plazo disfrute vacaciones y permisos para personal al que se imparta formación @Adriano en el mes de enero

admin — Thu, 11 Jan 24 07:49:22 CET

EmpleoLicencias y permisosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaFuncionarioAndalucía - Administración de Justicia Image

Por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría General de Sericios Judiciales, al igual que se realizó el año pasado, se nos ha remitido Instrucción envíada a las Delegaciones Territoriales para permitir el disfrute de las vacaciones y asuntos propios, correspondientes al año anterior, hasta el próximo 23 de febrero, exclusivamente para el personal funcionario de los órganos judiciales en los que se imparta la formación sobre @Adriano en este mes de enero, y por tanto puedan asistir a dicha formación.

CSIF solicita habilitación presupuestaria para dar cobertura a la negociación del acuerdo en Justicia

admin — Wed, 29 Nov 23 11:17:48 CET

EmpleoCarrera profesionalJubilaciónLicencias y permisosOferta Empleo PúblicoOfertas y bolsas de trabajoOposicionesOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesNegociaciones y acuerdosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Conforme a la Orden HFP/1254/2023, de 22 de noviembre, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, los diferentes Ministerios tienen hasta el 11 de diciembre para remitir a la Dirección General de Presupuestos las propuestas de gasto para la confección de los Presupuestos Generales del Estado.

En el escrito, CSIF recuerda la existencia de un conflicto vigente en la Administración de Justicia y las reivindicaciones retributivas reflejadas en el documento que se presentó al Ministerio de Justicia el pasado mes de abril. Finalmente, CSIF solicita habilitación presupuestaria para cubrir el importe estimado de la subida que se recoge en el citado documento y que permita desarrollar la negociación sin contratiempos.

CSIF exige al nuevo Secretario de Estado la convocatoria del proceso de negociación de un acuerdo que ponga fin al conflicto en la Justicia

CSIF felicita al nuevo Secretario de Estado, Manuel Olmedo, por su nombramiento y se ofrece a abrir una etapa de diálogo abierto y negociación real y efectiva para afrontar las reformas que la Justicia necesita.

Un diálogo y una negociación real que deben abrirse de forma urgente para alcanzar un acuerdo que pueda poner fin al conflicto en Justicia y, también, a recobrar la normalidad en el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, así como, en general, en la prestación de este servicio público esencial.

CSIF destaca el conocimiento previo que, de este conflicto y su evolución, tiene el nuevo Secretario de Estado, un factor que debe contribuir a una rápida apertura del proceso de negociación y a la buena marcha de la misma.

CSIF da la bienvenida a la nueva Secretaria General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y le advierte de la necesidad de que esta legislatura sea la del diálogo en la implantación del nuevo modelo de Justicia y del respeto al marco de negociación colectiva

Sofía Puente, que viene de ser Directora General de Fe Pública y Seguridad Jurídica en la pasada legislatura, entre otras funciones, ejercerá de superior jerárquica de todos los Letrados de la Administración de Justicia. Un cuerpo al que los sindicatos representamos legítimamente de igual forma que al resto del personal de la Administración de Justicia.

Asimismo, de la Secretaría General depende el desarrollo e implantación de los modelos de Juzgados y Tribunales, de la oficina judicial y fiscal y de la creación de nuevos órganos. Temas, todos ellos, que afectan a condiciones de trabajo de todo el personal de Justicia.

Para CSIF, hay muchas cuestiones que tratar sobre este colectivo en forma de mejoras laborales junto con el resto del personal de Justicia dentro del respeto al marco legal de negociación colectiva. También existen cuestiones relativas a la mejora de las condiciones de acceso a Letrado sustituto o titular por promoción interna, cuarta categoría etc… que afectan, directamente, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

En el escrito, CSIF señala la necesidad urgente de abrir el diálogo y la negociación para, en un primer momento, dar una salida pactada al conflicto en Justicia y, después, para afrontar las reformas en la Administración de Justicia.

Apertura del año judicial: El conflicto en la Justicia se agrava en la apertura del año judicial: personal insuficiente y desmotivado, escasos medios y lentitud en los procedimientos

admin — Thu, 07 Sep 23 08:12:24 CEST

EmpleoCarrera profesionalJubilaciónLicencias y permisosOferta Empleo PúblicoOfertas y bolsas de trabajoOposicionesOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Madrid, 7 de septiembre de 2023.

La Administración de Justicia reanuda hoy, jueves 7 de septiembre, oficialmente su actividad con la apertura del Año Judicial 2023-2024, y lo hace con los mismos problemas que arrastra desde hace años, agravados durante el último ejercicio: personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos. Los ciudadanos pagan las consecuencias, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales.

CSIF recuerda que el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 por ciento de la plantilla) sigue vigente. El próximo Gobierno tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva reconociendo las labores que estos funcionarios hacen realmente a diario para sacar el trabajo adelante, y que está pendiente desde la pasada legislatura.

Todo esto se agrava además por el hecho de que el Ejecutivo está en funciones, y porque el debate sobre la situación de la Justicia se lleva al ámbito político, como la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial, ocultando y distrayendo la atención de los verdaderos problemas de la Justicia, centrados en la falta de medios materiales, personales y organizativos.

En este sentido, CSIF reclama un pacto real por la Justicia, con la participación de los/as profesionales de este ámbito, que blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político. Este pacto de Estado debería servir para dotar a la justicia de medios suficientes y estables y garantizar un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía.