Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

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Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 27 Oct 26 15:54:00 CET

El sindicato lamenta que el texto haya llegado a la Mesa General sin cuantías presupuestarias y con disposiciones clave vacías, lo que impide su análisis
Rechaza que se mantenga un modelo restrictivo para la contratación de personal y que se debiliten servicios como sanidad y educación mientras se apuesta por fórmulas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha mostrado su profundo malestar por el modo en que, una vez más, el Gobierno andaluz ha presentado este jueves a la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2027, “ya que el documento llega incompleto, sin cifras concretas y con disposiciones esenciales vacías de contenido”.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha manifestado que “el déficit documental de esta sesión podría vulnerar la buena fe negocial al dificultar un análisis profundo del anteproyecto”; asimismo, el responsable sindical ha lamentado que, pese a que la Administración andaluza haya presentado el anteproyecto de Ley como expansivo a nivel macroeconómico, este documento “consolida la contención del gasto público, así como la excesiva burocracia para responder de forma adecuada e inmediata a necesidades de plantillas en contextos donde la urgencia es determinante para su eficacia”.

Moreno ha confiado en que el futuro trámite de enmiendas pueda incorporar las referencias a las cuantías relacionadas con los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales al final de la anterior legislatura.

Empleo público y servicios esenciales

En materia de personal, CSIF ha mostrado su rechazo a que el Ejecutivo andaluz mantenga un modelo restrictivo, en el que la tasa de reposición sigue siendo el techo y cualquier contratación temporal o interina requiere autorización previa de Hacienda. Esta política “ahoga la gestión de los servicios esenciales y perpetúa el déficit de plantillas en sanidad, educación, justicia y Administración General”.

En el ámbito sanitario, CSIF ha criticado que el documento no prevea ningún aumento retributivo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que se mantengan congelados los complementos específicos y de atención continuada, lo que repite el esquema de años anteriores. El incremento anunciado en Mesa, a juicio de CSIF, es “claramente insuficiente” para dar respuesta a las carencias de medios y de personal del SAS y “mucho menos compartimos que se sigan externalizando determinados servicios a la sanidad privada, debilitando así el sistema público, y sin planificación alguna para corregir el déficit estructural”, ha apostillado Moreno.

En cuanto a retribuciones del personal del SAS, CSIF también ha reclamado “que se recoja la incorporación en sus pagas extras de una mensualidad del complemento de carrera profesional con la misma literalidad que para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En el caso de los sectores de educación, justicia y Administración General, el presupuesto “no contempla refuerzos estructurales ni medidas para reducir la sobrecarga de trabajo o para combatir la precariedad laboral”; sin embargo, el Gobierno andaluz sigue consolidando la educación concertada en contra de destinar la financiación necesaria a la educación pública, lo que evidencia claramente las preferencias del Ejecutivo.

CSIF ha exigido la retirada del anteproyecto de la disposición octava que se propone, a través de la cual se pretende modificar la Ley de Función Pública Andaluza y con vigencia indefinida, ya que, “de permanecer en el texto, se plantea un escenario de inseguridad jurídica para las empleadas y empleados públicos y la percepción de las pagas extras en los términos en que se venía haciendo”.

De igual manera, el sindicado ha solicitado “la supresión del artículo 23.2, pues habilita a las consejerías de Salud y de Educación a imponer nombramientos de personal interino y sustituciones con horarios inferiores a los establecidos con carácter general, con la consecuente reducción proporcional de sus retribuciones, así como las trabas burocráticas e informes previos vinculantes de Hacienda para la cobertura urgente de vacantes, sustituciones y programas temporales en el Sector Público Instrumental”.

CSIF, además, ha denunciado el mantenimiento injustificado de los recortes de la Ley 3/2012 de medidas financieras, ya que “incluso el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advierte que mantener estos recortes carece de justificación jurídica” ha apostillado Moreno, “pero, sin embargo, sí se suprime expresamente el artículo 18, que incidía sobre la adecuación que también venía manteniéndose en los conceptos retributivos que percibe el personal directivo.”

Por esta misma ley se detrajo a las empleadas y empleados públicos andaluces la parte autonómica de las pagas extras de 2013 y 2014, aspecto al que CSIF no piensa renunciar y que le ha llevado a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, “que nos conduzca a restaurar los derechos retributivos perdidos por los empleados públicos”.

Publicada en el BOE la ley de eficiencia organizativa que trae los Tribunales de Instancia

emma.alvarez.bande — Fri, 03 Jan 25 09:32:00 CET

Publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

PDF (BOE-A-2025-76 - 272 págs. - 5.244 KB)
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Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
- PDF (BOE-A-2025-461 - 2 págs. - 211 KB)
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CSIF mantiene la valoración general de la ley que hicimos pública al inicio de su tramitación en el Congreso el pasado mes de marzo.

El problema de la Justicia no es tanto su organización externa como su organización interna lo que incluye la necesidad de nuevos perfiles, nueva atribución de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF ha seguido reclamando este reconocimiento en las mesas de negociación abiertas, en los medios de comunicación. Y lo vamos a seguir haciendo, pues, frente a las mentiras de algunos, los acuerdos firmados no impiden que se siga reclamando el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones.

CSIF sigue manteniendo que, con esta redistribución, clarificación y reconocimiento laboral y retributivo de las funciones se podría conseguir agilizar la Justicia de forma inmediata en beneficio de la ciudadanía.

Nadie, hasta ahora, ha explicado porqué una justicia colegiada va a ser más rápida que la actual. Es decir, que tres jueces vayan a ponerse de acuerdo más rápido que uno sólo consigo mismo. Si el mantra es que la Justicia es lenta, el cambio debería justificarse desde ese punto de vista y no se ha hecho.

La reforma se plantea sobre presupuestos falsos, ni se ha evaluado la oficina judicial antigua ni la nueva oficina que se aprobó en el año 2004. Entre otros detalles sólo está implantada en un 10% del territorio nacional tras 20 años de implantación.

En la exposición de motivos se alude a la ineficacia de los modelos que se han implantado en el pasado, pero la realidad es que el único modelo que se ha intentado implantar, la NOJ, de hecho, no está implantada en la mayor parte del país, por lo que es muy difícil aventurar que haya fracasado o que no lo haya hecho.

No hay estudios de cargas de trabajo, ni tampoco, como ya hemos dicho, sobre la ineficiencia de la distribución de funciones y tareas que, prácticamente, no han variado desde el año 1981 en la LOPJ.

La solución a la lentitud de la Justicia hay que buscarla, en primer lugar, dentro de la oficina. Nadie, hasta ahora, ha explicado porqué trocear la Justicia para externalizar servicios es mejor que aprovechar el excelente capital humano que trabaja en los órganos judiciales, oficinas fiscales y otros servicios relacionados con la administración de Justicia. La privatización del servicio público no es la solución y si, encima, se convierte el requisito de conciliar en preceptivo, tampoco es compatible con el respeto al derecho de tutela judicial efectiva ni el de acceso de todo ciudadano a la justicia en condiciones de igualdad. La Justicia será más cara y más alejada del ciudadano.
Como viene denunciando CSIF desde hace años, con o sin Tribunales de Instancia a la Justicia le hacen falta medios materiales (seguimos sin conseguir la interoperabilidad informática, algunos edificios no cumplen con los mínimos requisitos para albergar una oficina pública entre otros problemas) y personales (no sólo Jueces sino también Letrados, Gestores, Tramitadores, Auxilios Judiciales, Médicos Forenses; Facultativos, Técnicos y Ayudantes del INTCF y personal de los equipos técnicos de los IML... y personal dedicado a la gestión de esos medios tanto en el Ministerio de Justicia como en las CCAA con competencias).

El proyecto de ley, nos guste o no, se presentó para su tramitación en el Congreso, mucho antes de que se iniciara la negociación, el pasado mes de marzo de 2024 bajo el nombre de LOESPJ. En el mes de marzo del 2022 ya había estado en tramitación bajo el nombre de LOEO. A partir de ahí, que se aprobara finalmente, era una posibilidad más que probable con acuerdo sindical o sin él.

Frente a esta realidad, cabían dos posturas: permanecer sin hacer nada, esperando a que la ola de la reforma judicial nos arrolle; o exigir la negociación del proyecto de ley para introducir garantías en materia de condiciones laborales y retributivas y aprovechar la ocasión para hacer realidad otras reivindicaciones del personal de Justicia.

En relación con esta segunda opción y el resultado final, cabe remarcar lo siguiente:

la LOESPJ finalmente fue objeto de negociación colectiva cuando el Ministerio aseguraba hace meses que “las leyes no se negociaban”. Y esa negociación era una de las reivindicaciones del personal de Justicia y de los sindicatos antes y durante el conflicto en Justicia. Basta con leer la pancarta.

La LOESPJ asegura los Juzgados y Agrupaciones de paz transformados en oficinas de justicia en el municipio cuando, hace no muchos años, los Juzgados de Paz y las Agrupaciones iban a desaparecer como destino del personal de Justicia.

La negociación sólo podía aceptarse si fuera efectiva, es decir, si lo acordado se incluía en la ley en forma de enmiendas y como modificación del RD 1451/2005 que tiene carácter básico.

El preacuerdo de julio recoge ese compromiso del Ministerio y un anexo con la redacción de las enmiendas y modificaciones acordadas y la ley, tras su paso por el Congreso, recoge las enmiendas al texto que se preacordaron.

En este punto, hay que recordar que el pacto incluye también modificaciones del RD 1451/2005 en relación con la implantación de la oficina judicial cuya modificación ya ha sido solicitada por CSIF al Ministerio por el trámite de urgencia.

Frente a la intención inicial del proyecto de ley:

las relaciones de puestos de trabajo deberán negociarse con carácter previo a la implantación del nuevo modelo de oficina judicial. En el proyecto inicial esta negociación no aparecía expresamente mencionada en el texto.

En estas relaciones de puestos de trabajo es donde se deberán concretar las características de cada puesto de trabajo, la adscripción a las áreas y los equipos que se creen, las retribuciones, las compatibilidades etc… En este particular nos espera una dura negociación en cada ámbito territorial y la firma del preacuerdo de julio no compromete la posición que se adopte en la misma en cada comunidad autónoma con competencias o en el ámbito del Ministerio de Justicia.

se establece la posibilidad de crear áreas y equipos en cualquier oficina. No obstante, siempre se deberá crear un área por cada 12 unidades judiciales. En el proyecto de ley no se establecía mínimo obligatorio. Será en la negociación de las relaciones de puestos de trabajo donde quede establecida la oficina judicial en cada sede.

cada área y cada equipo que se cree en las oficinas judiciales diferenciaran puestos de trabajo a los efectos de elección de plaza en concurso y de adjudicación de plaza en nuevo ingreso o provisión por sustitución, comisión de servicios o interinos. Esto se plasmará en una modificación reglamentaria que mejora la redacción dada en 2010 para la NOJ.

en todo caso, con la nueva redacción, se garantizan:

- - las retribuciones que se vengan percibiendo antes del cambio de oficina incluidas las correspondientes a las guardias
  - la no amortización de puestos de trabajo con motivo de la implantación del nuevo modelo
  - la no movilidad forzosa a municipio distinto.
  - voluntariedad como mecanismo preferente de adjudicación de puestos en el proceso de acoplamiento.

Además, el acuerdo recoge varias de las reivindicaciones del personal de Justicia, algunas de ellas forman parte de la plataforma reivindicativa del conflicto.

La negociación del Real Decreto básico de carrera profesional en el primer semestre del 2025. Este Real Decreto básico es una exigencia de la LOPJ (art. 519) tras la modificación del año 2018. Una modificación de la LOPJ fruto de la presión y movilización liderada por CSIF. Una vez aprobado este Real Decreto se podrá negociar en las mesas de negociación de cada ámbito el desarrollo e implantación de una carrera profesional legal, y no de tapadillo, en las CCAA con competencias y en el ámbito no transferido.

La reserva del 50% de las plazas de la oferta de empleo público para la promoción interna. Una reivindicación que estaba entre las exigidas antes y durante el conflicto.

El texto incluye una disposición adicional con la regulación básica de Teletrabajo que permitirá cuando entre en vigor negociar en las mesas de negociación correspondientes e implantar el teletrabajo con garantías en cada Comunidad autónoma y en el ámbito no transferido. No estaba entre las reivindicaciones del conflicto, pero sí se trata de una reivindicación bastante generalizada entre el personal de Justicia. Esta regulación básica viene exigida por informe del Consejo de Estado.

La reducción de los grupos de población. Sin renunciar a la eliminación de estos grupos de población. Se da un primer paso y se acuerda eliminar el grupo IV (Juzgados y Agrupaciones de Paz).

Quedan muchas cosas por hacer y CSIF va a seguir luchando por conseguirlas con quien comparta ese objetivo

CSIF no va a entrar en polémicas estériles con nadie y menos con quienes están en el mero cálculo sindical y alejados de la realidad.

El hecho cierto es que la negociación de la antigua LOEO, hoy denominada LOESPJ, que trae la implantación de los Tribunales de Instancia ha sido una realidad cuando hace dos años el Ministerio se negaba a ello.

Fruto de esa negociación, el texto finalmente aprobado es muy distinto al que entró en el Congreso y contiene garantías y mejoras laborales que habrá que consolidar en la negociación posterior.

Con la ley aprobada, nos enfrentamos a un proceso complejo de negociación de relaciones de puestos de trabajo donde se van a determinar la organización y estructura de la oficina y las características de los puestos de trabajo y condiciones de trabajo.

No hay ningún compromiso que impida ejercer la presión sindical en la negociación de las relaciones de puestos de trabajo ni con las cuestiones que, por la negociación política, se han introducido en el proyecto de ley

El hecho cierto es que la carrera profesional se abre paso con la negociación del preceptivo Real Decreto básico de carrera (Art. 519 LOPJ).

El hecho cierto es que el teletrabajo, cuando entre en vigor la LOESPJ, tiene vía libre para negociarse en cada ámbito territorial. Un teletrabajo con garantías y no un teletrabajo de saldo como el que se proponía hace dos años.

El hecho cierto es que los grupos de población se van a reducir en el camino hacia la eliminación total, una reivindicación, por cierto, que compartimos con Jueces, Fiscales y Letrados.

El hecho cierto es que todas estas cuestiones estaban en la plataforma reivindicativa del conflicto en Justicia.

Y, por supuesto, que hay cosas en el proyecto de ley que no nos convencen y a las que nos oponemos. Es cierto que, en la negociación política en el Congreso, se han introducido cuestiones que, CSIF cree, no son legales o perjudican los derechos del personal de Justicia y el propio servicio público. Por ello:

CSIF combatirá la convocatoria de procesos selectivos enfocados a personas determinadas en plazas con perfil lingüístico.

CSIF rechaza la nueva regulación de la jubilación que endurece las opciones de petición de prórroga del servicio activo lo que puede perjudicar a quienes, llegada la edad de jubilación forzosa no tengan el mínimo de años cotizados para acceder al 100% de la jubilación.

CSIF combatirá la privatización creciente de servicios y funciones públicas como los actos de comunicación y ejecución en beneficio de determinados colectivos particulares.

CSIF seguirá oponiéndose a la mediación privada y obligatoria que encarece y obstaculiza el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos. Abogaremos por un servicio público de mediación en manos de funcionarios de Justicia desde LAJ hasta Auxilio judicial.

Dos ámbitos de negociación distintos y autónomos conforme a la estructura de negociación en la Administración de Justicia:

Mesas sectoriales CCAA y mesa delegada del ámbito no transferido

CSIF va a seguir impulsando la negociación colectiva para que todos los funcionarios de toda España tengan una subida salarial digna en el complemento específico.

País Vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, ámbito no transferido, La Rioja, Asturias, Canarias, Cantabria y Aragón ya tienen pactada esa subida, en algunos casos, ya han empezado a cobrarla. Trece CCAA, en las que prestan sus servicios, más del 85% del personal de Justicia, tiene ya una subida salarial en sus nóminas o va a tenerla en breve. Quedan 4 CCAA sin acuerdo. Andalucía, Comunidad valenciana, Navarra y Galicia.

Por otro lado, CSIF impulsará la negociación del teletrabajo en estas mesas, una vez que se apruebe la LOESPJ así como las propuestas acordadas en materia organizativa o de mejora de condiciones de laborales que se hayan acordado en cada ámbito territorial junto con el complemento específico.

Mesa de la DA 12ª que incluye materias de carácter básico

CSIF va a impulsar el acuerdo de julio de 2016, tanto en lo que se refiere a la nueva organización de la Justicia como al resto de materias del acuerdo entre las que destaca la negociación del RD básico de Carrera profesional.

El teletrabajo con garantías, seguro y con medios de la Administración es una realidad al recogerse en la ley la regulación básica. Queda desarrollarlo en cada ámbito y CSIF ya ha pedido que se inicie la negociación al respecto en las mesas sectoriales de cada CA y en la mesa delegada del ámbito no transferido.

Y, como decíamos al principio, CSIF va a seguir reclamando y exigiendo en este ámbito de negociación el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones en el complemento general del puesto. Algo a lo que, le pese a quien le pese y al margen de insidias de algunos, nunca hemos renunciado y nunca renunciaremos.

Reforma del artículo 49 de la Constitución, para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

admin — Mon, 19 Feb 24 07:35:30 CET

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Reforma del artículo 49 de la Constitución, para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España

Entrada en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el «Boletín Oficial del Estado»

Fecha de publicación: 19 de febrero 2024.

Otros formatos:

BOE. Publicado Real Decreto creación nuevas unidades judiciales programación 2023 y adecuación de la planta judicial

admin — Thu, 28 Dec 23 10:38:49 CET

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En el BOE se ha publicado el siguiente:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Demarcación y planta judicial

Real Decreto 1170/2023, de 27 de diciembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, y de adecuación de la planta judicial.PDF (BOE-A-2023-26453 - 39 págs. - 1.249 KB)

Os recordamos las fechas de efectividad de entrada en funcionamiento en ANDALUCÍA de las nueva unidades judiciales y agrupaciones de Violencia sobre la Mujer, correspondientes a la programación de 2023 en Andalucía.

El día 31 de marzo de 2024 entrarán en funcionamiento los trece Juzgados siguientes:

Juzgado de lo Social Número 6 de Almería.
Juzgado de lo social Número 4 de Cádiz.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Almería.
Juzgado de 1ª Instancia Número 12 de Córdoba, por transformación del Contencioso Número 5 de Córdoba.

La fecha de efectos de las agrupaciones de partidos judiciales de Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Autónoma de Andalucía será el 1 de abril de 2024, (***) a excepción de la agrupación de partidos judiciales relativa a la extensión de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga al partido judicial de Torremolinos; que serán efectiva al día siguiente de la fecha de entrada en funcionamiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga.

Agrupación de Almería / Roquetas de Mar.
Agrupación de Cádiz/ Puerto Real y San Fernando.
Agrupación de Granada/Santa Fé.
Agrupación de Jaén/ Martos. Agrupación de Marbella/ Estepona Agrupación de Málaga/Torremolinos.(***)

En la CCAA de Andalucia, se establece la fecha de efectividad para el día 31 de enero de 2024 de las plazas de magistrado o magistrada en las Audiencias Provinciales que a continuación se relacionan:

Una plaza de magistrado o magistrada para la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería, correspondiente al orden civil.
Una plaza de magistrado o magistrada para la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, correspondiente al orden civil.
Una plaza de magistrado o magistrada para la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada, correspondiente al orden civil.
Una plaza de magistrado o magistrada para la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén, correspondiente al orden civil.
Una plaza de magistrado o magistrada para la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga, correspondiente al orden civil.
Una plaza de magistrado o magistrada para la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, correspondiente al orden penal.

BOJA. Publicada la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

admin — Wed, 14 Jun 23 09:43:29 CEST

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En BOJA de hoy 14 de junio se ha publicado la siguiente Ley:

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

PDF oficial auténtico

Otros formatos

Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

admin — Mon, 13 Mar 23 09:07:07 CET

EmpleoLicencias y permisosOtros EmpleoNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

Se ha publicado la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Las principales novedades en cuanto a permisos y regulación por IT son:

Se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal Entra en vigor desde el 2 de marzo 2023.

Se reconoce como una situación especial de incapacidad temporal, por contingencias comunes, además de la de menstruación incapacitante secundaria, la debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Entra en vigor el 1 junio 2023

También se reconoce como situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la de gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena. Entra en vigor el 1 junio 2023

Además de esto, se elimina el requisito, para la suspensión del contrato de trabajo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, de que este acogimiento no sea inferior a un año, por lo que aunque la duración del mismo sea inferior, se puede acordar la suspensión del contrato de trabajo. Entra en vigor el 1 junio 2023

OTRAS MEDIDAS:

La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, incluidas las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y gestación desde el día primero de la semana trigésima novena; en la de nacimiento y cuidado de menor; en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural; así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social.

BOE. Publicación Organos Nueva Creación y Modificación Planta Judicial

admin — Wed, 16 Nov 22 06:59:21 CET

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En el BOE de hoy, se ha publicado el siguiente:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial

Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial.

PDF (BOE-A-2022-18811 - 43 págs. - 1.369 KB)

BOE: corrección de errores concurso LAJ (Canarias) y Demarcación y Planta Judicial (Andalucía)

admin — Tue, 25 Oct 22 06:18:04 CEST

Concursos y movilidadOtros Concursos y MovilidadNormativaLeyes y Decretos LeyAndalucía - Administración de Justicia Image

CSIF JUSTICIA INFORMA: publicadas las siguientes resoluciones

Destinos

Orden JUS/1010/2022, de 17 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/919/2022, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/489/2022, de 27 de mayo.
- PDF (BOE-A-2022-17422 - 1 pág. - 188 KB)
- Otros formatos

Demarcación y planta judicial

Orden JUS/1011/2022, de 19 de octubre, por la que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de Magistrado/a para la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, para hacer efectiva la segunda instancia penal, correspondiente a la programación del año 2017.
- PDF (BOE-A-2022-17452 - 2 págs. - 192 KB)
- Otros formatos
- El día 1 de noviembre de 2022 será efectiva una plaza de magistrado/a para la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE. Publicada modificación del Código Penal

admin — Wed, 14 Sep 22 09:26:30 CEST

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En el BOE de hoy 14 de septiembre se ha publicado la siguiente:

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

PDF (BOE-A-2022-14965 - 4 págs. - 207 KB)

Legislación: reformas LOPJ

admin — Thu, 28 Jul 22 07:23:25 CEST

NormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía - Administración de Justicia Image

CSIF INFORMA: Publicadas las siguientes resoluciones

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.
Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Publicado en el BOE del 29 de julio

Medidas financieras. Código Penal

Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Andalucía - Administración de Justicia

Unirte al Club CSIF te permite ahorrar y obtener beneficios

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

CSIF exige que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 refleje y garantice las partidas para cumplir los acuerdos firmados en la anterior legislatura

Publicada en el BOE la ley de eficiencia organizativa que trae los Tribunales de Instancia

Reforma del artículo 49 de la Constitución, para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

BOE. Publicado Real Decreto creación nuevas unidades judiciales programación 2023 y adecuación de la planta judicial

BOJA. Publicada la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

BOE. Publicación Organos Nueva Creación y Modificación Planta Judicial

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial

Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial.

PDF (BOE-A-2022-18811 - 43 págs. - 1.369 KB)

BOE: corrección de errores concurso LAJ (Canarias) y Demarcación y Planta Judicial (Andalucía)

Destinos

Demarcación y planta judicial

BOE. Publicada modificación del Código Penal

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

PDF (BOE-A-2022-14965 - 4 págs. - 207 KB)

Legislación: reformas LOPJ

Publicado en el BOE del 29 de julio

Medidas financieras. Código Penal