Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF reclamará a Gavira “un compromiso firme” para abordar la falta de personal y el continuo colapso tecnológico de la Justicia en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 12:05:00 CEST

El sindicato solicitará una reunión con el futuro consejero cuando tome posesión de su cargo para trasladarle sus reivindicaciones para la mejora del servicio público
Considera necesaria la ejecución inmediata del preacuerdo sobre productividad en los Cuerpos Generales y conforme al calendario comprometido con los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha informado de que solicitará una reunión urgente al nuevo consejero del ramo, Manuel Gavira, tan pronto como tome posesión de su cargo, para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia.

CSIF considera “absolutamente imprescindible” situar en el centro del debate la necesidad de reforzar el servicio público de la Justicia y reclamará a Gavira “un compromiso firme para mejorar la situación de la Administración, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía”, tal y como ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz.

En este sentido, CSIF trasladará a quien ostentará la cartera de Justicia la urgencia de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural del personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con el caos organizativo en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Díaz también ha señalado que, en dicho encuentro, que espera sea lo más pronto posible, abordará el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces, uno de los problemas más acuciantes en la actualidad. Tal y como ha denunciado CSIF en numerosas ocasiones, el sistema @driano “es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la Justicia en Andalucía”. Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias casi diarias provocan la paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía, ya que “esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración”.

Por otro lado, CSIF considera “inaplazable” la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para la reactivación del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino para que sus nombramientos no se demoren en el tiempo con los consecuentes perjuicios en el normal funcionamiento de la Justicia.

En consecuencia, CSIF demandará al futuro nuevo consejero una apuesta decidida por la mejora de la calidad del servicio público de Justicia, una cuestión para irremediablemente por ofrecer unas condiciones dignas a su personal apara que no tenga que realizar su labor diaria con la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren hoy en día.

Asimismo, este esfuerzo debe verse reconocido mediante la ejecución inmediata del preacuerdo sindical sobre productividad en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, derivado del acuerdo alcanzado a finales de 2025 en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía. Para ello, resulta necesario que dicho preacuerdo sea elevado durante este mes de julio a la Mesa Sectorial de Justicia, dando así continuidad al calendario de pagos comprometido con las organizaciones sindicales. “Se trata de una reivindicación inaplazable si se tiene en cuenta que, durante la presente legislatura, Andalucía ha pasado de ocupar el cuarto puesto en el ámbito nacional a situarse en el último lugar en materia retributiva. Los funcionarios de Justicia andaluces son los peor remunerados a día de hoy, algo inaceptable teniendo en cuenta que soportan una de las mayores cargas de trabajo y litigiosidad del país”, ha denunciado Díaz.

Por todo ello, CSIF ha subrayado que la Administración de Justicia andaluza requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no parches puntuales que no sirven para afrontar de lleno la reforma que es necesaria desde hace años”.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha instado al nuevo Gobierno andaluz a que el refuerzo y mantenimiento de los servicios públicos sea el eje central de la legislatura.

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CÓRDOBA. Publicada Convocatoria Comisiones de Servicio y Subsidiariamente en Sustitución Vertical

admin — Mon, 19 Dec 22 11:02:55 CET

Concursos y movilidadComisiones de serviciosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaFuncionario en prácticasAndalucía - Administración de Justicia Image

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA PROVINCIAL POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA MEDIANTE EL MECANISMO DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SUBSIDIARIAMENTE Y /O POR SUSTITUCIÓN VERTICAL DE UNA PLAZA DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA EN DIVERSOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Plazo de solicitud: 5 días hábiles a partir del siguiente al de publicación.
Fecha de publicación: 16/12/2022

Accede a la convocatoria

CSIF Andalucía moviliza a más de 20.000 personas hasta Madrid contra el empobrecimiento social y por una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 11:40:25 CEST

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Éxito de participación en la gran marcha convocada por el sindicato en la capital de España en defensa de los servicios públicos y en contra las políticas del Gobierno frente a la situación actual
La central sindical reclama una actualización de los salarios en 2022 con carácter retroactivo y un acuerdo plurianual para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha movilizado desde Andalucía a más de 20.000 personas que han acudido este sábado a Madrid a la gran manifestación que ha organizado la central sindical por una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social que sufre la ciudadanía, especialmente la clase media y trabajadora.

En dicha marcha, que ha discurrido desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Colón, han participado trabajadores y trabajadoras así como ciudadanía en general procedente de las ocho provincias andaluzas. La comitiva andaluza ha estado encabezada por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien ha considerado que la protesta ha constituido “todo un éxito de participación”.

En total han sido más de 70.000 personas procedentes de la comunidad andaluza y del resto de España las que han acudido a esta cita, a la que estaba convocado tanto el personal perteneciente al sector público como a la empresa privada, así como el conjunto de la población, contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.

Con esta movilización, el sindicato ha pretendido canalizar el malestar de la ciudadanía ante la incierta situación actual, que los trabajadores y trabajadoras afrontan con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, por la imparable escalada de los precios, el coste desmesurado de la energía y la cesta de la compra y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión.

Al mismo tiempo, CSIF denuncia un deterioro progresivo de los servicios públicos en ámbitos fundamentales como la sanidad y la educación, así como una falta de reconocimiento hacia el colectivo de empleados públicos en sus condiciones laborales y salariales. Subraya además que los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas, al tiempo que defiende que no es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora.

La presión sindical fuerza una reunión con el Ministerio el día 28

En este sentido, la presión sindical ejercida por CSIF ha hecho posible que la organización haya sido finalmente convocada para el próximo miércoles 28 de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para abrir la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.

CSIF había exigido al Gobierno que diese ejemplo a la empresa privada y negociara una subida justa en las administraciones públicas, ya que los empleados públicos llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010, cuando por primera vez se les bajó el sueldo, y arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde entonces.

En concreto, la central sindical reclama al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022 con carácter retroactivo para recuperar el poder adquisitivo perdido este año, así como un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010.

CSIF Andalucía denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20% y se moviliza para frenar el deterioro de sus condiciones laborales

admin — Wed, 22 Jun 22 10:33:39 CEST

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Cientos de personas de todas las provincias reivindican ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía que se dignifique el trabajo de este colectivo para que pueda prestar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía

Cientos de personas se han dado cita este miércoles en Sevilla, ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, convocadas por la Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía en defensa de los empleados y empleadas públicas y con el objetivo de frenar el deterioro de sus condiciones laborales. Así lo ha puesto de manifiesto durante la protesta el presidente de CSIF-A, Germán Girela, quien ha denunciado que este colectivo acumula desde 2010 una pérdida de poder adquisitivo de casi el 20%.

Esta movilización forma parte de las convocadas simultáneamente por CSIF en todo el territorio nacional para exigir “que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se siente a negociar un calendario para una subida salarial justa que implique recuperar la devaluación en las nóminas de los servidores públicos desde hace más de una década”, según ha explicado el responsable autonómico de la central sindical.

CSIF, como fuerza sindical más representativa en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha visibilizado a través de esta movilización, a la que se han sumado personas procedentes de todas las provincias andaluzas, “el deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos” y ha exigido “que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía”, según Girela.

Bajo el lema “Por la dignificación de la labor de los empleados y empleadas públicas y la defensa de la negociación colectiva”, el sindicato da continuidad a las movilizaciones que ya inició el pasado 25 de mayo con el objetivo de “asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro”.

Brutal inflación que también sufre personal del sector público

“Ante la pérdida de poder adquisitivo acumulada, la situación de incertidumbre de la economía, la brutal inflación y sus consecuencias en la cesta de la compra, es apremiante que el Gobierno central se siente a negociar ya”, ha argumentado Germán Girela, quien ha recordado que en Andalucía hay más de medio millón de trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas administraciones públicas.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, así como el envejecimiento de las plantillas derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, que hace necesaria una renovación generacional, según ha explicado el responsable sindical.

Gestión Procesal Turno Libre. Publicada la relación definitiva de aspirantes que superan la fase de oposición.

admin — Mon, 28 Dec 20 12:16:26 CET

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Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre.

ENHORABUENA A LOS APROBADOS EN ESTA FASE DE OPOSICIÓN Y ESPEREMOS UNA RÁPIDA RESOLUCIÓN DE LA FASE DE CONCURSO.

MUGEJU. Criterios para la realización de pruebas PCR´s por las Entidades Médicas Concertadas.

admin — Wed, 07 Oct 20 08:39:46 CEST

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Son muchos los compañeros que, en los últimos días, se han puesto en contacto con nuestros Delegados para plantearnos dudas en relación con la realización de test diagnósticos PCR´s, especialmente en el ámbito de las Entidades Médicas Concertadas con la MUGEJU.

La MUGEJU, ha establecido un conjunto de criterios para la realización de cobertura de test diagnósticos, que lamentablemente y dado el nuevo avance de la enfermedad, cada vez es más necesario tener presente. Es por ello, por lo que, os resumimos a continuación los principales puntos a tener en cuenta.

¿Están obligadas las entidades médicas concertadas a realizarme una prueba PCR?. Las entidades médicas concertadas están obligadas a realizar una PCR u otra prueba molecular que se considere adecuada en las primeras 24 horas a todo caso sospechoso de infección.

¿Qué se entiende por caso sospechoso de COVID-19? Se consideran casos sospechosos de COVID-19 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por COVID según criterio clínico, odinofagia (dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos); anosmia (pérdida total del olfato); ageusia (pérdida del sentido del gusto); dolores musculares; dolor torácico; diarreas o cefaleas.

¿Si he sido contacto estrecho de un caso confirmado por COVID-19, las Entidades Médicas concertadas deben realizarme una prueba PCR? No, en este caso, la vigilancia epidemiológica, aunque se sea mutualista, corresponde a las CC.AA. Son ellas las que deben realizar el estudio y seguimiento de los contactos estrechos según el procedimiento por ellas establecido, incluyendo la realización, en su caso de las pruebas PCR a cargo del servicio de salud correspondiente.

¿Qué ocurre si en el transcurso de la vigilancia por haber sido contacto estrecho con un caso confirmado, desarrollo síntomas compatibles con COVID-19? Si en el transcurso de la vigilancia realizada por las CC.AA. un mutualista desarrolla síntomas de COVID-19, el caso se transforma en un caso sospechoso, cuyo manejo corresponderá desde ese momento a la entidad médica concertada.

¿Existen otros casos en los que las Entidades Médicas deban cubrir el coste de pruebas PCR´s? Las pruebas PCR´s que se prescriban a los mutualistas o que sean solicitadas por los hospitales, previamente a una intervención o procedimientos médico-quirúrgicos, deben ser cubiertas por las Entidades Médicas o reintegrado su coste. En este caso, las pruebas, deben ser prescritas en volante de la Entidad Médica y por un médico de su catálogo de proveedores, y además ser autorizadas por la Entidad Médica.

¿Qué debo hacer si el Médico de la Entidad concertada me ha prescrito la prueba PCR, pero la Entidad Médica no la autoriza? En ese caso, puedes reclamar el coste en la Comisión Mixta Nacional, que es el órgano responsable de analizar todas las reclamaciones relacionadas con la cobertura o facturación de cargos por asistencias relativas al tratamiento o seguimiento del COVID-19. No es necesario en este caso, realizar la reclamación previa a la comisión mixta provincial.

SI TIENES DUDAS O NECESITAS AYUDA, ACUDE A TU DELEGADO CSIF MÁS CERCANO.

CSIF arranca el compromiso al Ministerio de reactivar la negociación en el mes de septiembre

admin — Fri, 31 Jul 20 07:34:39 CEST

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En la reunión informativa de ayer el Ministerio de Justicia ha presentado los proyectos que tiene en marcha para acometer reformas que agilicen la tramitación de los procedimientos judiciales. Junto con la convocatoria, el Ministerio trasladó seis documentos de trabajo que no son sino una presentación genérica de seis de esos proyectos:

Justicia 2030 ligada a la idea de una Justicia digital y sostenible y que contiene varios programas o proyectos aglutinados en tres objetivos: Derechos, libertades y responsabilidades, calidad del servicio público de Justicia y sostenibilidad y cohesión.

Proyecto de ley de reforma procesal para la implantación de medidas de Justicia digital y sostenible (que pretende hacer frente a las consecuencias del COVID 19 en el ámbito procesal)

Oficina del dato (cuyo objetivo es poner a disposición de las administraciones, de los profesionales, de los funcionarios de Justicia y, en general, de los usuarios, datos sobre la gestión y el funcionamiento de la Administración de Justicia).

Inmediación digital que pretende regular las videoconferencias para (vistas, atención al ciudadano, actuaciones internas o identificación y firma).

Cita previa y gestión de turnos como un nuevo canal de atención a los profesionales y a los ciudadanos conectado con la inmediación digital y con el teletrabajo.

Hacia un modelo de gobernanza en Justicia (continuación del modelo de relación que se ha mantenido a través de la Comisión de seguimiento de COVID 19 Ministerio, CCAA, CGPJ, FGE y CGAE)

CSIF valora positivamente la puesta en marcha de proyectos de reforma de la Justicia, pero ha dejado claro que la reforma de la Justicia:

debe contar con la participación real y efectiva de los funcionarios/as de Justicia que son quienes van tener que poner en marcha esas reformas con el esfuerzo que eso va a suponer. En este sentido, debe encontrarse un encaje adecuado para dar voz a los funcionarios en esa nueva gobernanza que se persigue y reflejarlo por escrito sin vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva.

debe preservar el carácter público de este servicio esencial al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Para CSIF, por ejemplo, la implementación de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, deben ser abordados desde la defensa del Servicio Público y su mejora, y se debe poner en valor la capacidad y conocimiento de los Funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para garantizar el éxito de iniciativas de esa índole.

debe evaluar la situación actual de los Cuerpos de Justicia, que para CSIF deben seguir manteniendo su carácter nacional y la reserva de función. Asimismo, debe definir el tipo de funcionario que esa reforma precisa, e incorporar cambios en los perfiles profesionales, procesos selectivos, promoción interna etc… que deben ser objeto de negociación incrementado el valor de este personal en la prestación del servicio público.

debe partir de la evaluación de los sistemas organizativos vigentes, algunos de ellos como la NOJ aún no han completado su implantación y en la que faltan por desarrollar las unidades administrativas de apoyo a la oficina judicial. Es necesario revisar el modelo de NOJ e implantarlo definitivamente, antes de superponer otros sistemas como los Tribunales de Instancia.

debe aprovechar el potencial del capital humano de la Justicia en materias como la mediación, la redistribución y redefinición de funciones en la oficina judicial, la potenciación de la Justicia de proximidad sobre la base de los partidos judiciales y los Juzgados y Agrupaciones de Paz y el Registro civil gestionado por personal de Justicia entre otras cuestiones. Se trata de eliminar cuellos de botella en la tramitación de los procedimientos, dotar de funciones con valor añadido a todo el personal de Justicia y agilizar la tramitación de los procedimientos. Aprovechar y potenciar al personal de Justicia es también “Justicia sostenible”.

debe suponer una mejora notable en las condiciones laborales (carrera profesional, promoción interna, eliminación grupos de población, provisión de puestos de trabajo, guardias, permisos y conciliación, teletrabajo regulado e incentivado, formación, acción social etc...) y en el reconocimiento retributivo adecuado de todos los Cuerpos sin olvidar la discriminación salarial en el ámbito del Ministerio de Justicia. Algunas de estas cuestiones están recogidas en acuerdos firmados por CSIF en los últimos años y deben desarrollarse de forma inmediata. La pretendida eficiencia que se espera conseguir con las reformas, debe repercutir también en los principales artífices de su consecución, los Funcionarios de Justicia.

debe contar con el suficiente apoyo presupuestario puesto que la Justicia, además de reformas organizativas, necesita más medios personales y materiales y, por otro lado, la carencia de medios informáticos, la necesidad de implantar programas de formación de calidad entre otras cuestiones, van a exigir una inversión estable que, luego, se recuperará por la vía de un mejor servicio público, más eficaz y eficiente.

debe contar con el máximo consenso social, político y sindical puesto que su desarrollo va a superar el ámbito de una o varias legislaturas.

El Ministerio de Justicia ha mostrado interés en la potenciación de la Justicia de Paz transformada en Oficinas Municipales de Justicia con funciones de Registro civil, información general y mediación (un aspecto recogido en el Acuerdo de 2014 firmado por CSIF) así como con el mantenimiento de oficinas judiciales en todos los partidos judiciales. En este sentido CSIF ha exigido que cualquier actuación de esta índole no suponga el cierre de ninguna oficina judicial o Agrupación o Juzgado de Paz, y el mantenimiento del empleo. Sólo dotando de servicios públicos adecuados a la “España despoblada”, se podrá garantizar fijar población.

En cuanto a la regulación del teletrabajo, el Ministerio tal y como ha solicitado CSIF, abre la puerta a la negociación del mismo, aunque considera necesario posponer la negociación definitiva sobre sus condiciones en la Administración de justicia, a disponer del marco regulatorio básico que debe ser establecido por el Ministerio de Trabajo. CSIF ha trasladado al Ministerio la necesidad de regular el teletrabajo en Justicia y que dadas las peculiaridades de este servicio público se puede y se debe avanzar en la negociación sin esperar a lo que se decida por el Ministerio de Trabajo, para garantizar los derechos de los trabajadores que en la actualidad prestan sus servicios en esa modalidad de forma precaria y para evitar conflictos y disfunciones, por falta de un marco regulatorio claro.

Lo que sí que es una realidad, es que el teletrabajo ha llegado a la Administración de Justicia para quedarse en el futuro. En este sentido, y tal y como había venido solicitando CSIF, el Ministerio ha anunciado que dotará partidas presupuestarias para la adquisición de portátiles que serían distribuidos entre los funcionarios de Justicia para que puedan teletrabajar sin utilizar sus equipos particulares.

Asimismo, el Ministerio ha aceptado la propuesta de CSIF remitida por escrito hace varias semanas de abrir una mesa de negociación y empezar a abordar tanto la Justicia 2030 como la Justicia 2020 y siguientes desde propuestas concretas.

El ministro de Seguridad Social debe trasladar un compromiso público con el régimen de clases pasivas, ante la alarma generada

admin — Tue, 05 May 20 12:38:44 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas exige al ministro de Seguridad Social un compromiso público sobre el futuro de las prestaciones y pensiones del régimen de clases pasivas.

La modificación legislativa introducida mediante Real Decreto-ley, aprovechando el estado de alarma, de la estructura orgánica del régimen del que depende las pensiones de un gran número de funcionarios ha generado alarma y desconfianza en el colectivo y CSIF ha exigido un compromiso al Ministro de Seguridad Social, en el que se garantice que el acceso a las pensiones y prestaciones del régimen de clases pasivas se mantendrán en los mismos términos que los actuales, ya que esta medida se ha realizado sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin debate parlamentario.

De hecho, CSIF como primer sindicato de los funcionarios de este país ha alzado la voz ante las dudas que genera entre los funcionarios esta medida y sobre la posible extinción del régimen de las clases pasivas o la modificación de las prestaciones como consecuencia de una integración en el régimen general de la Seguridad Social, máxime teniendo en cuenta que el actual Ministro de Seguridad Social en su anterior etapa como presidente de la AIReF, en un informe de enero de 2019, aconsejaba incrementar la edad de jubilación voluntaria y el número de años de cotización.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar esta modificación por el procedimiento de urgencia y sin negociación, solicitando su conversión en un Proyecto de Ley, con el fin de que se puedan exigir explicaciones al Gobierno mediante enmiendas que ofrezcan garantías o que pudieran eliminar esta modificación.

De no prosperar en vía parlamentaria la transformación en Proyecto de Ley, CSIF instará la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que introduce el Real Decreto-ley 15/2020 sobre el trasvase de Clases Pasivas a Seguridad Social, por no reunir los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias.

Protocolo para la cobertura de servicios esenciales del Registro Civil, relativo a la expedición de licencias de enterramiento

admin — Sat, 28 Mar 20 11:02:39 CET

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Protocolo, para la cobertura de servicios esenciales del Registro Civil, relativo a la expedición de licencias de enterramiento. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas competentes en la materia, ha mantenido su segunda reunión para coordinar las medidas a adoptar en relación a los funcionarios que prestan servicio en la administración de Justicia durante la contención de la pandemia por COVID-19.

Entre las medidas adoptadas, este órgano ha acordado el protocolo para inscribir en el Registro Civil las defunciones y otorgar las licencias de enterramiento debido al incremento en la mortalidad generado por la epidemia.

Las administraciones e instituciones representadas en el encuentro virtual se han comprometido además a potenciar en los órganos judiciales de todo el territorio el uso de la videoconferencia siempre que los trámites concretos a realizar permitan recurrir a esta modalidad de comunicación. Además, han unificado los criterios para compartir entre todas ellas la información sobre la incidencia de la pandemia en el servicio público de la justicia en sus ámbitos de actuación y respectivos territorios.

Nota del Ministerio

Ver valoración de CSIF sobre el protocolo citado en este enlace