Andalucía - Administración de Justicia

Unirte al Club CSIF te permite ahorrar y obtener beneficios

margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

El Club CSIF está lleno de ventajas. No dejes pasar más tiempo y apúntate al ahorro gracias a tu afiliación a CSIF.

Es muy fácil. Busca en tu navegador preferido Club CSIF y haz clic en el primer enlace que aparece. Una vez dentro, regístrate y ya formarás parte del club de afiliadas y afiliados a CSIF.

Es el momento de descargar la aplicación en tu móvil. Busca Club CSIF e instala Vip District para disfrutar de todas las ventajas.

Podrás hacer tus compras y beneficiarte de los descuentos de dos formas distintas. Bien con el reembolso del dinero obtenido directamente en tu cuenta bancaria o bien haciendo uso de descuentos directos en las adquisiciones que hagas.

Los beneficios serán en todos los ámbitos; desde viajes y estancias en hoteles hasta artículos habituales, como ropa o calzado, en las marcas más conocidas.

Tu afiliación te puede salir gratis con esta app, que te permite obtener grandes ventajas económicas.

¡Descarga la app de Club CSIF y apúntate al ahorro!

DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF reclamará a Gavira “un compromiso firme” para abordar la falta de personal y el continuo colapso tecnológico de la Justicia en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 08 Jul 26 12:05:00 CEST

El sindicato solicitará una reunión con el futuro consejero cuando tome posesión de su cargo para trasladarle sus reivindicaciones para la mejora del servicio público
Considera necesaria la ejecución inmediata del preacuerdo sobre productividad en los Cuerpos Generales y conforme al calendario comprometido con los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha informado de que solicitará una reunión urgente al nuevo consejero del ramo, Manuel Gavira, tan pronto como tome posesión de su cargo, para tratar los problemas que sufre la Administración de Justicia.

CSIF considera “absolutamente imprescindible” situar en el centro del debate la necesidad de reforzar el servicio público de la Justicia y reclamará a Gavira “un compromiso firme para mejorar la situación de la Administración, las condiciones de sus profesionales y, por ende, el servicio esencial que se brinda a la ciudadanía”, tal y como ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz.

En este sentido, CSIF trasladará a quien ostentará la cartera de Justicia la urgencia de reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales para acabar con el déficit estructural del personal en los órganos judiciales, que se ha visto agravado con el caos organizativo en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Díaz también ha señalado que, en dicho encuentro, que espera sea lo más pronto posible, abordará el colapso tecnológico en los órganos judiciales andaluces, uno de los problemas más acuciantes en la actualidad. Tal y como ha denunciado CSIF en numerosas ocasiones, el sistema @driano “es un obstáculo estructural para el funcionamiento de la Justicia en Andalucía”. Lejos de cumplir su objetivo de modernización, las incidencias casi diarias provocan la paralización del trabajo en los juzgados y generan retrasos, inseguridad jurídica y un perjuicio directo a la ciudadanía, ya que “esta situación no es puntual, sino un problema crónico que se ignora por parte de la Administración”.

Por otro lado, CSIF considera “inaplazable” la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales para la reactivación del teletrabajo y la aplicación de criterios objetivos en la cobertura de plazas por personal interino para que sus nombramientos no se demoren en el tiempo con los consecuentes perjuicios en el normal funcionamiento de la Justicia.

En consecuencia, CSIF demandará al futuro nuevo consejero una apuesta decidida por la mejora de la calidad del servicio público de Justicia, una cuestión para irremediablemente por ofrecer unas condiciones dignas a su personal apara que no tenga que realizar su labor diaria con la sobrecarga y las deficiencias técnicas que sufren hoy en día.

Asimismo, este esfuerzo debe verse reconocido mediante la ejecución inmediata del preacuerdo sindical sobre productividad en los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, derivado del acuerdo alcanzado a finales de 2025 en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía. Para ello, resulta necesario que dicho preacuerdo sea elevado durante este mes de julio a la Mesa Sectorial de Justicia, dando así continuidad al calendario de pagos comprometido con las organizaciones sindicales. “Se trata de una reivindicación inaplazable si se tiene en cuenta que, durante la presente legislatura, Andalucía ha pasado de ocupar el cuarto puesto en el ámbito nacional a situarse en el último lugar en materia retributiva. Los funcionarios de Justicia andaluces son los peor remunerados a día de hoy, algo inaceptable teniendo en cuenta que soportan una de las mayores cargas de trabajo y litigiosidad del país”, ha denunciado Díaz.

Por todo ello, CSIF ha subrayado que la Administración de Justicia andaluza requiere de personal suficiente, medios adecuados y una organización eficaz, y no parches puntuales que no sirven para afrontar de lleno la reforma que es necesaria desde hace años”.

CSIF-A exige al nuevo Gobierno un refuerzo de los servicios públicos: “En Andalucía faltan, como mínimo, unos 25.000 profesionales en sanidad, educación y justicia”

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Jul 26 14:30:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de personal sobrecarga a las plantillas y se deja notar en la atención a la ciudadanía
Reclama un diálogo social más plural y el cumplimiento del acuerdo para devolver la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha instado al nuevo Gobierno andaluz a que el refuerzo y mantenimiento de los servicios públicos sea el eje central de la legislatura.

Después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya dado a conocer la composición del Consejo de Gobierno, el sindicato ha expresado que “lo importante no son los nombres, sino las políticas” que van a llevar a cabo durante los próximos años. “Desde CSIF reiteramos lo que ya dijimos en campaña y tras conocer los resultados de las elecciones: Siempre vamos a exigir una apuesta fuerte y decidida por los servicios públicos, que son el pilar de nuestro Estado de Bienestar. Por eso ya mostramos nuestro rechazo a las medidas del acuerdo entre PP y VOX que abren la puerta a una mayor privatización”, ha subrayado el presidente autonómico del sindicato, Germán Girela.

CSIF ha puesto el foco en el déficit de personal que padecen los servicios públicos, que en Andalucía asciende, “como mínimo, a unos 25.000 profesionales en sectores esenciales como sanidad, educación y justicia”. La falta de efectivos se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de las administraciones, con consecuencias directas tanto para las empleadas y empleados públicos, sometidos a una creciente sobrecarga laboral, como para la ciudadanía, que ve mermada la calidad de la atención que recibe.

En el ámbito sanitario, la necesidad de personal asciende a unos 18.000 trabajadores para que Andalucía alcance, al menos, la media estatal de profesionales por habitante. Esta carencia afecta a aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías, que resultan imprescindibles para garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

La situación también preocupa en el sistema educativo público andaluz, donde CSIF estima que faltan alrededor de 5.000 docentes. Unos 3.500 corresponden a Educación Primaria –entre maestros y personal de atención a la diversidad- y otros 1.500 a Educación Secundaria.

En el ámbito de la Administración de Justicia, CSIF cifra en alrededor de 500 efectivos el déficit existente, una situación que repercute en la capacidad de respuesta de los órganos judiciales y contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas actuales.

Diálogo social más abierto y plural

Otra de las reclamaciones al nuevo Gobierno será “que Andalucía cuente con un diálogo social más abierto y plural”, pues la actual ley de Participación Institucional deja fuera a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, pese a que el propio presidente Moreno se comprometió en 2020 en sede parlamentaria a poner fin a este déficit democrático.

En cuanto a la medida incluida en el acuerdo sobre reducción en un 50 % de la financiación a sindicatos, Girela ha señalado que “CSIF está tranquilo en ese sentido, pues ni recibimos ni queremos recibir subvenciones. Es una medida que, en todo caso, debe preocupar a otras organizaciones. Si algo nos caracteriza es la independencia, y si el motivo para no incluirnos en la concertación social es una cuestión económica, mañana mismo firmaríamos que renunciamos a cualquier subvención. Nos sostenemos gracias a la confianza de miles de personas afiliadas, cada vez más, y de todos los trabajadores y trabajadoras que nos dan su voto en las urnas”.

Por último, el responsable sindical ha manifestado que “el dinero que sí nos importa es el que la Junta debe a las empleadas y empleados públicos andaluces”, en referencia a la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014. Por ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de promover la tramitación de una proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal del sector público.

“La Junta de Andalucía sigue incumpliendo el Acuerdo de 2018 que incluía la restauración de este derecho retributivo. CSIF lleva años reclamando, tanto en la calle como en los despachos, un compromiso político que ponga fin a esta situación. Vamos a seguir peleando por lo que es justo donde y como haga falta”, ha referido Girela, quien ha tendido su mano al Gobierno autonómico para el diálogo y la negociación en beneficio de Andalucía.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

Quinta reunión del grupo de trabajo sobre el Real Decreto básico de carrera profesional

emma.alvarez.bande — Mon, 16 Feb 26 12:08:00 CET

CSIF exigió al Ministerio que traiga al grupo de trabajo datos económicos sobre retribución por grado de carrera y, sobre todo, una primera propuesta de encuadramiento. En caso contrario, CSIF solicitará la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de 8 de enero de 2025.

Si bien es cierto, que para negociar la retribución es importante saber lo que se va a pedir a cambio, que es en lo que está ahora el grupo de trabajo, tras cinco reuniones creemos que el Ministerio debe presentar su propuesta económica y la confronte con las que CSIF y el resto de sindicatos presentamos hace semanas.

El Ministerio remitió dos documentos un borrador parcial de Real Decreto (12 artículos) con aquellas cuestiones que hay han sido objeto de reuniones anteriores sobre las que va habiendo cierto consenso sin perjuicio de que se pueda seguir realizando alegaciones y un segundo documento que recoge el primer esbozo de la evaluación del desempeño.

CSIF reiteró que no somos partidarios de incluir la evaluación del desempeño dentro de la carrera. No obstante, para el Ministerio y Función Pública se trata de una cuestión que debe incluirse, si o si, en el texto si se quiere que salga adelante.

En este sentido, CSIF reclamó que:

la evaluación del desempeño no se debe confundir con la productividad. Mientras que ésta se relaciona aspectos cuantitativos y objetivos concretos, aquélla hace referencia a la contribución personal en la mejora de la calidad del servicio, aspectos cualitativos. El Ministerio matizó y se mostró de acuerdo con esta distinción. Al hilo de esta alegación, CSIF reiteró la necesidad de revisar la regulación básica de la productividad sobre la base de objetivos claros y verificables y retribuciones adecuadas.

la competencia para evaluar el desempeño tiene que ver con los puestos de dirección y no con cuerpos de la administración. Así propusimos que esa evaluación se realice para todo el personal de un servicio (con independencia del cuerpo al que se pertenezca) por la misma persona con un cargo de dirección.

la carrera es individual y, por lo tanto, debe referirse a parámetros individuales para que no dependa de lo que hagan otros.

sólo se emita informe con evaluación en los casos en los que esta vaya a ser negativa. El punto de partida es que todo el mundo desempeña correctamente su puesto y, sólo en el caso en el que se crea que no es así, es cuando hace falta justificarlo. En este caso, la evaluación debe ser:

- objetiva, a través de una serie de parámetros previamente conocidos.
- motivada suficientemente
- notificada fehacientemente y con posibilidad de ser impugnada ante la administración prestacional (Ministerio o CCAA) según los casos.
- por todo el periodo de consolidación del grado y no anual como propone el Ministerio.

Que la existencia de un informe negativo no suponga la exclusión de la carrera definitivamente sino impide el acceso a un nuevo grado en un momento determinado.

se elimine el requisito de tiempo mínimo de prestación de servicios para acceder a la evaluación incluyendo en el real decreto, además, una serie de situaciones en las que el personal no se viera perjudicado en su carrera por ausencias reglamentarias o el ejercicio de derechos, al igual que recoge para el tema de la formación.

En relación con el borrador parcial de Real Decreto, CSIF recuerda que esa es la finalidad de un grupo de trabajo, la confección de un documento que se pueda elevar a la mesa para su negociación. En este sentido, CSIF presentó alegaciones a su redacción:

Un modelo de carrera profesional sin evaluación del desempeño, basado en el tiempo de servicios prestados y en la formación.

Mantenimiento de los grados de carrera con el reingreso del funcionario.

Modelo de carrera en cuatro grados con cinco años en cada grado para su perfeccionamiento. En nuestra propuesta se contempla una retribución del:

- 75% del sueldo base de cada cuerpo para el grado IV
- 55% del sueldo base de cada cuerpo para el grado III
- 35% del sueldo base de cada cuerpo para el grado II
- 20% del sueldo base de cada cuerpo para el grado I

Garantía del abono de la carrera desde el momento en que se cumple el ciclo de años para la consolidación del grado y, en su defecto, garantía de que se abonará el 1 de enero del año siguiente al año de consolidación de grado. El procedimiento de solicitud y reconocimiento no debe afectar a la efectividad de la consolidación de grado.

Ningún aspecto a valorar de la carrera puede ser excluyente ni tampoco se puede ligar la consolidación de grado a, por ejemplo, la participación obligatoria o a los puntos de una única área de conocimiento o materia.

Avanza la negociación sobre carrera profesional

emma.alvarez.bande — Tue, 11 Nov 25 11:10:00 CET

En su propuesta parcial de Real Decreto (7 artículos) el Ministerio recoge varias de las alegaciones sindicales como:

una carrera profesional con una legislación básica para todos los cuerpos,

la voluntariedad de entrar o no en el sistema de carrera,

la posibilidad de renuncia en cualquier momento, la inclusión de supuestos asimilados al servicio activo que dan derecho a carrera.

el carácter progresivo e irreversible de la carrera profesional etc…

No obstante, CSIF ha presentado algunas propuestas de mejora y clarificación del texto.

En esa reunión, conforme al acuerdo previo de ir abordando los diferentes aspectos de la carrera de forma progresiva, las organizaciones sindicales fijamos posición sobre formación a partir de un documento que nos trasladó el Ministerio de Justicia días atrás.

La formación, el tiempo mínimo de prestación de servicios y la evaluación del desempeño son tres pilares de la carrera profesional.

Sobre el tiempo de prestación de servicios por tramo, CSIF propone cinco años por tramo y sobre la evaluación del desempeño, CSIF exige que sea objetiva y transparente de tal forma que la subjetividad se elimine del proceso de evaluación.

En relación con la formación CSIF ha propuesto:

- - - El cumplimiento de un itinerario formativo acordado en el seno de una comisión valoración de cada territorio.

- - - Comisión de Formación con participación sindical, que contemple la formación en materias relacionadas con el puesto de trabajo, la docencia y la investigación y la adquisición de las competencias y habilidades profesionales necesarias para el desempeño del puesto.

Un sistema de valoración por horas para todos ya que la carrera profesional es transferible de un ámbito a otro cuando el personal cambia de puesto y una puntuación mínima común para superar este apartado. Este sistema es el que se aplica para los sexenios de educación (sistema muy similar al de carrera).

La valoración ha de ser conjunta de tal forma que nadie puede quedar excluido por no puntuar en alguno o en varios de los aspectos que se contemplen en ese itinerario formativo.

Un sistema de acreditación a través del Registro Central de Personal de tal forma que se pueda consultar en tiempo real por el interesado cual es su situación en relación con la carrera y la formación. CSIF ha propuesto un sistema alternativo mientras se implanta ese Registro que exige el artículo 481 LOPJ.

CSIF exige al Ministerio que presente una propuesta sobre los temas retributivos de la carrera profesional

El Ministerio sigue sin presentar una propuesta de retribución por tramos y sin abordar cuestiones tan importantes como la clasificación del personal en el momento de poner en marcha el sistema de carrera.

En este sentido, CSIF recuerda que este Real Decreto precisa de desarrollo reglamentario en cada ámbito de competencia (Ministerio y CCAA), manteniendo su carácter básico para todo el personal de la Administración de Justicia conforme se establece en la LOPJ.

Por ello es imprescindible abordar uno de los aspectos clave del sistema de carrera profesional que no es otro que la materia retributiva.

En materia económica la propuesta de CSIF está centrada en cuatro puntos fundamentales:

Cuatro tramos de carrera. Este apartado ya ha sido aceptado por el Ministerio.

La consolidación del grado en el cuerpo en el que se encuentre el funcionario/a en el momento en que reúna los requisitos para ello computándose el tiempo transcurrido en el cuerpo de inferior titulación cuando se promociona. Este apartado ya ha sido aceptado por el Ministerio.

Retribución por tramo en porcentaje sobre el sueldo base de cada Cuerpo: 20% para el Grado I; 35% para el grado II; 55% para el grado III y 75% para el grado IV. Falta que el Ministerio diga en cuanto valora cada grado de carrera).

Clasificación inicial a la puesta en marcha del sistema de carrera, directamente, según los años de servicios prestados. El Ministerio se abre a negociar esta propuesta, aunque parte de la posición contraria y es que todo el mundo empiece de cero en el sistema de carrera.

CSIF ha presentado un escrito solicitando que se fije fecha de nueva reunión y que, en ella, se aporte por la administración una primera propuesta en materia retributiva para empezar a negociar este apartado.

Sin perjuicio de que existen varias cuestiones en relación con la forma de reconocimiento y consolidación de cada tramo o cómo se va a efectuar la evaluación del desempeño que son igualmente importantes y donde puede haber un mayor grado de discusión entre los sindicatos y el Ministerio, especialmente en este último donde el Ministerio pretende la intervención de informes del superior funcional a la hora de evaluar.

Noticias relacionadas: La carrera profesional en 10 preguntas

La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

emma.alvarez.bande — Thu, 25 Sep 25 10:58:00 CEST

EmpleoCarrera profesionalRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaPortada EmpleoAndalucía - Administración de Justicia Image

La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

¿Qué es la carrera profesional?

La carrera profesional no es más que la trayectoria a lo largo de la vida laboral de una persona, que implica un camino de aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades y competencias, adquisición de experiencia y progreso hacia metas profesionales y el compromiso, en nuestro caso, con la mejora en la prestación del servicio público de Justicia.

La participación en el sistema de carrera profesional debe ser voluntaria.

A diferencia de otros complementos, la carrera profesional está ligada a la persona, a su trayectoria profesional individual y no al puesto de trabajo y sus características (complemento específico), al cuerpo al que se pertenece (sueldo base), a las funciones que tiene atribuidas con carácter general (complemento general del puesto) o al mero paso del tiempo (trienios).

¿Qué tipos de carrera profesional existen?

Fundamentalmente existen dos tipos de carrera profesional: vertical y horizontal.

La carrera vertical implica un ascenso a una estructura de puestos de trabajo superior, lo cual requiere cambiar de puesto para obtener un mayor nivel jerárquico o responsabilidad. Dentro de este tipo de carrera se incluye la promoción interna o la obtención de puestos de jefatura que existan en las relaciones de puestos de trabajo a través de los concursos específicos.

La carrera horizontal se basa en la progresión dentro del mismo puesto de trabajo o categoría profesional, lograda mediante la adquisición de nuevas habilidades y competencias, o la valoración de la experiencia y el desempeño, resultando en un reconocimiento económico o de grado sin necesidad de cambiar de puesto.

En definitiva, la carrera horizontal permite mejorar las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto o promocionar.

¿Cuál es el marco jurídico de la carrera profesional horizontal en Justicia?

La carrera profesional horizontal está reconocida como derecho para los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos generales y Cuerpos especiales en el artículo 495.1 c) de la LOPJ.

Como concepto retributivo se incluyó en la redacción de los artículos 447.3 letra e), 516.A). 1º letra c) y 519.3 del mismo texto legal en la reforma de esta ley orgánica en diciembre de 2018. Esta reforma fue aprobada en Cortes Generales vía enmienda en el Senado, tras una masiva manifestación en Madrid.

La negociación de la carrera profesional es una reivindicación histórica que formaba parte de la plataforma reivindicativa de la huelga de 2023 y es uno de los compromisos del acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF.

Además, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se establecen criterios generales para la implantación y desarrollo de la carrera profesional horizontal en la Función Pública. En este caso, la normativa de función pública tiene carácter supletorio respecto de la LOPJ y el resto de normativa propia que regula el estatuto jurídico del personal de Justicia.

¿Qué dice la LOPJ sobre la carrera profesional horizontal?

Además de establecer que la carrera profesional es un derecho conforme a lo que hemos dicho en el apartado anterior, en la LOPJ se configura como una retribución complementaria fija.

Por otro lado, el artículo 519.3 de la LOPJ dice que:

“Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus servicios”.

Es este Real Decreto el que se está negociando en estos momentos gracias al acuerdo de 8 de enero de 2025.

La razón de la exigencia de este Real Decreto es que se trata de un concepto retributivo personal ligado a su trayectoria profesional individual y, en consecuencia, debe garantizarse el acceso al derecho a su reconocimiento con independencia de dónde esté destinado el funcionario/a.

¿Cómo se desarrolla la carrera profesional horizontal?

La carrera profesional horizontal se desarrolla a través de la progresión en grados de carrera profesional (GCP) cuya consolidación se consigue mediante el cumplimiento de una serie de factores u objetivos previamente establecidos y agrupados en tres áreas:

La trayectoria profesional que no es otra cosa que prestación de servicios durante un tiempo mínimo en un cuerpo determinado.

La participación en iniciativas de formación.

- El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación relacionadas con la actividad laboral. (formación procesal, informática etc…)

- La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias para las funciones desarrolladas en determinados puestos de trabajo (por ejemplo, habilidades en gestión de equipos o liderazgo)

El resultado de la evaluación del desempeño puede tener efectos en la carrera profesional.

¿Cuántos grados de carrera profesional existen y cuál es el tiempo mínimo de prestación de servicios para consolidar cada grado?

No hay una regla fija. Como orientación, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023 mencionado anteriormente, establece cuatro grados de carrera profesional. Para la consolidación del primero se establecen cinco años y para los siguientes, seis años para cada uno.

Es decir, conforme a ese artículo el grado de carrera profesional 4 se obtendría con 23 años de prestación de servicios.

CSIF propone una carrera en cuatro grados, pero con cinco años de servicios prestados en cada uno de ellos. Es decir, 20 años para acceder al cuarto grado de carrera.

En relación con el encuadramiento inicial del personal en el sistema de carrera, tampoco hay regla a seguir. CSIF ha manifestado que, en atención a la experiencia acumulada y con el fin de permitir el acceso al sistema de carrera al personal con más tiempo de servicios prestados debe realizarse un encuadramiento automático en función del tiempo de servicios prestados que se acredite a la entrada en vigor de la carrera en cada ámbito. No obstante, se trata de una cuestión que está abierta.

¿Cómo se consolida un grado y se accede al siguiente?

La consolidación de grado de carrera profesional se solicita a la administración por el interesado una vez cumplido el tiempo mínimo de permanencia establecido.

No obstante, la consolidación de grado sólo se producirá si se acredita haber superado el itinerario formativo y la evaluación de desempeño en la forma que normativamente se establezca.

Es decir, hay que cumplir con el tiempo de prestación de servicios que se establezca para consolidar el grado y, en ese tiempo, haber realizado el itinerario formativo y superada la evaluación que se establezca previamente.

¿Cómo se retribuye cada uno de los grados de carrera profesional?

Con la reforma de 2018, en la Administración de Justicia existe un concepto retributivo complementario fijo (como lo son el complemento general del puesto o el complemento específico) que se denomina complemento de carrera profesional.

No existe regla alguna de cómo se retribuye cada grado de carrera profesional. En unos casos se establece una cuantía progresiva para cada cuerpo y creciente conforme se asciende para cada grado de carrera, en otros casos se fija como un porcentaje creciente del sueldo base conforme se asciende para cada grado de carrera.

Esta última forma de retribución es la que propone CSIF para el personal de la Administración de Justicia con un arco que va del 20% del sueldo base para el Grado I; 35% Grado II; 55% Grado III y 75% del sueldo base para el Grado IV.

¿Qué situaciones administrativas se tienen en cuenta a la hora de la participación en la carrera profesional?

En principio se computa el tiempo de servicios prestados en situación de servicio activo (incluyendo, por tanto, situaciones de baja médica, permisos o vacaciones). No obstante, en atención a circunstancias particulares se puede computar el tiempo en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género, por razón de violencia terrorista o, en general, cualquier situación que dé lugar a reserva de puesto de trabajo y/o en el que se compute antigüedad.

En general, se consolida el grado en el cuerpo al que se pertenezca en el momento en el que se tenga derecho a esa consolidación.

CSIF ha propuesto que, en los casos de promoción interna, en el caso de que se promocione antes de consolidar un grado, el tiempo transcurrido en el cuerpo de inferior titulación se computará a efectos de consolidar el grado en el nuevo cuerpo. Lo mismo cabría considerar en el caso de la sustitución de Letrado por gestor si se tiene derecho a consolidar grado estando de LAJ sustituto.

¿Quién establece los criterios y requisitos para superar el itinerario formativo y la evaluación del desempeño?

El itinerario formativo, los cursos que se pueden acreditar para cumplir con los objetivos formativos que se establezcan en cada grado, la valoración en la evaluación del desempeño y demás criterios y requisitos deben publicarse con carácter previo a la consolidación del grado.

CSIF ha propuesto que la valoración que permita acceder a la consolidación del grado debe ser objetiva, es decir, exclusivamente sobre circunstancias medibles objetivamente.

Lo más común es que sea una Comisión de carrera profesional la que se encargue de fijar dichos itinerarios, requisitos y realizar la valoración de los requisitos y méritos realizados y acreditados. CSIF ha propuesto que esta comisión sea paritaria administración-sindicatos.

El Ministerio traslada un esbozo sobre el contenido del Real Decreto básico de carrera profesional en Justicia

anxo.freiria.tato — Wed, 17 Sep 25 13:51:00 CEST

La negociación de la carrera profesional es uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF que abrió la puerta, entre otras cuestiones, a desarrollar e implantar el concepto retributivo de carrera que figura en la LOPJ.

El Ministerio propone una carrera profesional para todos los cuerpos de la Administración de Justicia basada en:

el tiempo de prestación de servicios mínimo en puestos de trabajo en servicio activo y también en aquellas situaciones en las que se tenga derecho al cómputo de antigüedad a efectos de trienios,

la participación en acciones formativas de interés relacionadas con las funciones propias del puesto y que sean de interés para el servicio público (recibidas e impartidas incluyendo las tutorías) definidas por una comisión de valoración que se reúne, al menos, una vez al año con un mínimo de horas de formación común para todos los ámbitos territoriales y;

en la evaluación del desempeño definida por la ausencia de sanciones disciplinarias y en la participación de iniciativas de mejora del servicio público proyectos piloto, nuevos programas etc…

Un modelo de carrera profesional:

dividida en cuatro grados de desarrollo profesional (GDP) con cinco años de permanencia mínima para acceder al GDP I y seis para los tres restantes.

retribuida como complemento consolidable cuyo máximo se obtendrá con 23 años de servicio al alcanzar el GDP IV. En este apartado, el Ministerio informa que se están haciendo los cálculos de coste de esta carrera profesional y que, mientras tanto, no puede aportar una propuesta económica.

al que se accede voluntariamente desde el grado primero, en el que se progresa a petición de parte tras cumplir el tiempo establecido y los puntos necesarios que se determinen para pasar de grado y sin efectos retroactivos.

CSIF presenta al Ministerio una propuesta de Real Decreto Básico de carrera profesional

En la reunión de ayer, CSIF ofreció diálogo al resto de las organizaciones sindicales y al Ministerio para sacar adelante un texto consensuado sobre este derecho largamente reclamado por el personal de Justicia.

A grandes rasgos, la propuesta de CSIF recoge los siguientes apartados:

Ámbito subjetivo: personal funcionario todos los cuerpos de la Administración de Justicia (LAJ, Cuerpos generales y cuerpos especiales).

Cuatro grados (GDP) con cinco años de tiempo mínimo de servicios prestados en cada grado. El grupo cuatro se obtiene tras 20 años de servicios prestados.

Retribución por grado con un complemento fijo consolidable sobre un porcentaje del sueldo base que va desde el 20% del grado I al 75% del GDP IV

Una carrera profesional basada:

- en la permanencia de un tiempo mínimo de servicios prestados sin que ese cómputo se vea afectado por la promoción interna o las sustituciones de LAJ por ejemplo. En el tiempo de permanencia se tiene que computar, además, del servicio activo cualquier situación que conlleve reserva de puesto de trabajo.

- en el cumplimiento de un itinerario formativo acordado en una comisión de formación con presencia sindical, la docencia e investigación o la adquisición de competencias y habilidades profesionales necesarias para las funciones a desarrollar.

- evaluación del desempeño que, en todo caso, debe valorarse de forma objetiva exclusivamente sin informes ni valoraciones de carácter subjetivo por parte de nadie.

Participación voluntaria con plazo para renuncia, solicitud de reconocimiento de grado a instancia de parte para agilizar el proceso y, puesta en marcha del Registro central de personal electrónico.

Transferibilidad de los grados consolidados cuando se cambia de ámbito territorial por concurso, promoción interna etc…

Encuadramiento inicial en el grupo que corresponda por el tiempo de servicios prestados permitiendo la participación plena en el sistema de carrera al personal con más años.

Plazos obligatorios de desarrollo de carrera profesional en todos los ámbitos territoriales (3 meses para negociar y 4 para implantar el sistema desde la aprobación del Real Decreto Básico) y con efectos retroactivos en caso de incumplimiento.

Convocada para el día 16 de septiembre la segunda reunión sobre carrera profesional

anxo.freiria.tato — Tue, 29 Jul 25 09:59:00 CEST

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaPortada EmpleoAndalucía - Administración de Justicia Image

Tras una primera toma de contacto en una reunión del pasado día 2 de julio en la que cada organización sindical apuntó los criterios generales de su propuesta de carrera profesional.

Frente al populismo de algunos, HECHOS. La carrera profesional:

forma parte de las retribuciones complementarias fijas desde el año 2018, fecha en la que, tras una importante movilización apoyada y liderada por CSIF, se modificó la LOPJ en este sentido, aunque estableciendo la necesidad de negociar y aprobar un Real Decreto básico que garantice que, este complemento de carácter personal, se reconozca a cada funcionario/a, cuando cambie de ámbito territorial de destino, pero sin concretar fecha alguna de negociación.

Desde ese año, ha sido una reivindicación constante del colectivo de Justicia y de CSIF y formó parte de la plataforma reivindicativa en 2023.

El acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF puso fecha al inicio de la negociación de la carrera y, el pasado 2 de julio arrancó la misma con una primera reunión que tendrá continuidad el próximo 16 de septiembre. En ese mismo acuerdo se firmó la negociación del reglamento del Registro civil que también se ha iniciado.

La propuesta de CSIF en términos generales plantea una carrera profesional:

Voluntaria
Aplicable en su formato a todos los cuerpos de la administración de Justicia
Transparente
Con un ascenso en grados ligado:

- al cumplimiento de un tiempo mínimo de permanencia en cada grado y;
- a unos objetivos formativos concretos y previamente establecidos.

con un complemento mensual que se verá ampliado conforme se avance en grado.
con un sistema transitorio en el comienzo de la misma que permita el acceso de todo el personal que cumpla los requisitos a la carrera.

Tras la petición de CSIF, el Ministerio convoca mesa para la negociación de la carrera profesional y el Registro Civil

emma.alvarez.bande — Mon, 23 Jun 25 21:05:00 CEST

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaPortada EmpleoAndalucía - Administración de Justicia Image

A requerimiento de CSIF, el Ministerio ha convocado mesa sectorial la primera semana de julio, a las 12 horas, con el siguiente orden del día:

Día 2 de julio: Negociación de la carrera profesional
Día 3 de julio: Negociación de los aspectos que afectan a las condiciones de trabajo del Reglamento del Registro Civil.

Esta negociación es posible gracias al acuerdo firmado por CSIF el 8 de enero, en el que se consiguió, entre otros avances, el compromiso real de negociación del Real Decreto Básico de carrera profesional y del Registro Civil.

CSIF solicita la convocatoria inmediata de la mesa de negociación sobre la carrera profesional y el Reglamento del Registro Civil

emma.alvarez.bande — Wed, 18 Jun 25 08:52:00 CEST

- Esta negociación es posible gracias al acuerdo firmado por CSIF el 8 de enero, en el que se consiguió, entre otros avances, el compromiso real de negociación del Real Decreto Básico de carrera profesional y del Registro Civil.

Carrera profesional

El acuerdo del 8 de enero establecía en su apartado 9 que la negociación sobre la carrera profesional debía iniciarse en el primer semestre de 2025. Este Real Decreto básico es una exigencia de la LOPJ (art. 519), tras su modificación en 2018, fruto de la presión y movilización liderada por CSIF.

Una vez aprobado este Real Decreto se podrá negociar en las mesas de negociación de cada ámbito el desarrollo e implantación de una carrera profesional legal, y no de tapadillo, en las CCAA con competencias y en el ámbito no transferido.

Durante estos meses, CSIF ha recordado en diversas ocasiones al Ministerio el cumplimiento del calendario acordado, y en el día de ayer hemos exigido la convocatoria inmediata de la mesa de negociación.

Reglamento del Registro Civil

Por otro lado, CSIF ha solicitado también la convocatoria de la mesa de negociación sobre el Reglamento del Registro Civil, de acuerdo con lo pactado en el mismo acuerdo del 8 de enero, que recogía la negociación:

de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas generales y colaboradoras de los Registros civiles, en el segundo semestre del año
del texto del Reglamento del Registro civil en el proceso de elaboración del mismo.

En este periodo y, en especial, durante las mesas de negociación de las relaciones de puestos de trabajo, CSIF ha venido recordando al Ministerio su compromiso. En respuesta, el Ministerio nos trasladó su intención de abrir esta negociación una vez finalizado el borrador del Real Decreto, señalando el mes de junio de 2025 como plazo máximo.

La LOESPJ y los Tribunales de instancia en 10 preguntas

emma.alvarez.bande — Mon, 20 Jan 25 09:59:00 CET

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesNegociaciones y acuerdosAndalucía - Administración de Justicia Image

La LOESPJ y los Tribunales de instancia en 10 preguntas

¿Qué significa LOESPJ?

LOESPJ es el acrónimo de Ley Orgánica de medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sobre esta ley, CSIF se remite a la valoración que hicimos el día de su publicación en el BOE.

En realidad, es el nombre con el que se ha denominado en 2024 a la LOEO (Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa). La LOEO se presentó, sin negociación alguna, por el Gobierno a tramitación en las Cortes en marzo de 2022 y decayó con la convocatoria de elecciones del año 2023.

La negociación de la LOEO es una de las reivindicaciones fundamentales del conflicto en Justicia y, finalmente, esta negociación se abrió paso en 2024 con la LOESPJ, obligando a rectificar al Ministerio que desde 2022 sostenía lo contrario.

La LOESPJ:

modifica la LOPJ regulando los Tribunales de Instancia y las oficinas judiciales que prestan servicio a las mismas.

introduce normativa transitoria del modelo actual al nuevo y los plazos de implantación de este modelo en tres fases en función del tipo de juzgados que existan en cada partido judicial: 1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre de 2025. No obstante, cabe que la Administración competente, solicite una prórroga de estos plazos de 6 meses en determinados supuestos.

establece, gracias al acuerdo firmado por CSIF, la preceptiva y previa negociación de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales antes de su puesta en marcha.

actualiza la Ley de demarcación y planta para adecuarla a ese nuevo modelo de Tribunales de Instancia.

Introduce cambios en normas procesales, así como otras disposiciones como, por ejemplo, la Disposición Adicional 8ª que establece la normativa básica y común del teletrabajo o incrementa al 50% de la oferta de empleo público para la promoción interna que se han incluido gracias al acuerdo, firmado por CSIF con el Ministerio.

Además, en el marco de esta negociación de la LOESPJ, gracias al acuerdo firmado por CSIF, se ha conseguido un compromiso real de negociación:

- del Real Decreto Básico de carrera profesional, en el primer semestre de 2025.
- de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas generales y colaboradoras de los Registros civiles, en el segundo semestre del año
- del texto del Reglamento del Registro civil en el proceso de elaboración del mismo.
¿Qué son los Tribunales de Instancia?

Los Tribunales de Instancia es una forma de organizar la Administración de Justicia que se caracteriza por la eliminación de la justicia unipersonal tradicional y su sustitución por una justicia colegiada similar a la de las Audiencias y Tribunales actuales con la agrupación, de Jueces en la toma de decisiones.

Asimismo, introduce cambios en el esquema organizativo de Juzgado con Juez, Letrado y funcionarios. Este esquema desaparece para dar paso a un modelo de justicia colegiada y oficinas que prestan le prestan servicio.

En este sentido, supone la separación de la estructura organizativa de Jueces y Magistrados de la organización de la oficina judicial.

¿Los Tribunales de Instancia supone la desaparición de las Audiencias y Tribunales actuales?

NO, los Tribunales de Instancia vienen a sustituir a los Juzgados y van a convivir con las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Además, aun cuando inicialmente se previó su supresión, los Jueces de paz siguen siendo parte de la estructura judicial.

¿En qué consiste el modelo de Tribunales de Instancia?

Como hemos dicho antes, los Tribunales de Instancia van a sustituir a los Juzgados unipersonales.

En este sentido, se crea un Tribunal de Instancia por cada partido judicial y un Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional.

En las localidades donde no haya Tribunal de Instancia habrá una oficina de justicia en el municipio, en principio, con un Juez de Paz.

Cuando se habla del modelo de Tribunales de Instancia hay que distinguir tres estructuras distintas, aunque interrelacionadas:

El Tribunal de Instancia propiamente dicho que se refiere únicamente a los Jueces y Magistrados.

La estructura organizativa de los Tribunales de Instancia viene determinada por la LOPJ y la Ley de demarcación y planta que se modifica en la propia LOESPJ.

Se organiza en secciones.

Oficina judicial que se refiere a los Cuerpos de funcionarios/as al servicio de la Administración de Justicia.

Se organiza en servicios comunes; dentro de ellos en áreas y dentro de las áreas en equipos.

Oficina de Justicia en el municipio en relación con los Cuerpos generales destinados en los antiguos Juzgados y agrupaciones de secretarías de Juzgados de paz.

¿Y el resto de destinos actuales, desaparecen?

NO. Junto a estas oficinas fuera de la oficina judicial se mantienen:

La Oficina fiscal que, se regula por primera vez en la LOPJ.
Los Registros civiles que se organizan en oficinas generales, del Registro civil central y en cada partido judicial y oficinas colaboradoras que se insertan en las oficinas de Justicia en el municipio con el mismo personal destinado en estas.
Las unidades administrativas.
Los Institutos de Medicinal Legal
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
y el resto de destinos fuera de la oficina judicial.

Volviendo al Tribunal de Instancia propiamente dicho, a los Jueces, ¿qué clase de secciones pueden tener?

En general, los Tribunales de Instancia tendrán una sección civil y de instrucción, pero en algunos casos, conforme a lo que se establezca en la Ley de demarcación y planta, pueden tener una sección civil y una sección de instrucción.

Además, conforme a lo que se establezca en la Ley de demarcación y planta, pueden tener una o varias secciones:

De Familia, Infancia y Capacidad.
De lo Mercantil.
De Violencia sobre la Mujer.
De Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
De lo Penal.
De Menores.
De Vigilancia Penitenciaria.
De lo Contencioso-Administrativo.
De lo Social.

¿Y, cómo se organizan las oficinas judiciales que prestan servicios a los Tribunales de Instancia?

Ya hemos adelantado que, las oficinas judiciales, se organizan en servicios comunes; estos, a su vez, en áreas y, éstas últimas, en equipos.

Los servicios comunes pueden ser de muy diversa clase en relación con su función principal, pero el modelo que parece abrirse camino contempla tres servicios comunes:

Servicio común de tramitación. Desde la demanda a sentencia.
Servicio común de ejecución. Su nombre indica para qué se crea.
Servicio común general. Actividades transversales a todo procedimiento, como registro y reparto, vistas y juicios, archivo, actos de notificación y ejecución etc…

En una sede judicial, conforme a las relaciones de puestos de trabajo, podrá haber un solo servicio común que aglutine toda la tramitación del procedimiento. Dos servicios comunes, por lo común, el servicio de tramitación y ejecución y el general o los tres servicios comunes.

Las áreas y los equipos se determinan en las relaciones de puestos de trabajo cuya negociación, gracias al acuerdo, firmado por CSIF, tiene carácter preceptivo y previo a la implantación de los Tribunales de Instancia.

No hay límite de áreas y equipos en un mismo servicio común. En el diseño final de la oficina, tras la negociación de las relaciones de puestos de trabajo que se consiguió gracias al acuerdo firmado por CSIF, se pueden establecer cuantas áreas y equipos se estimen oportunas. Además, como garantía adicional, la administración no puede mantener un solo área cuando existan 12 o más unidades judiciales y un único equipo si hay 50 o más funcionarios en un área.

Además, gracias al acuerdo, firmado por CSIF, los puestos de trabajo se diferenciarán por el servicio, el área y el equipo en el que estén adscritos a efectos de elección de plazas en concurso de traslado, de adjudicación de nuevo ingreso y de las funciones y tareas de los puestos de trabajo. A estos mismos efectos, en las rpts vendrán consignadas las plazas adscritas a las Audiencias provinciales. Los TSJ, AN y el TS son centros de destino diferentes conforme al art. 521 LOPJ.

Finalmente, la organización de la oficina de los Tribunales de Instancia es un desarrollo de la nueva oficina judicial (NOJ) en la que, por otro lado, la diferenciación de los puestos de trabajo a efectos de concurso y adjudicación de plazas es mucho más concreta que en el modelo NOJ.

La NOJ se organiza en Unidad Procesal de Apoyo Directo o UPAD (una por juzgado, aunque dentro de un mismo centro de destino municipal) y servicios comunes (de ordenación del procedimiento, de ejecución y general). En definitiva, la transición desde la NOJ a este modelo no será tan radical como lo será en aquellas sedes donde no se hizo el cambio de juzgados y Tribunales a NOJ.

¿Qué son las relaciones de puestos de trabajo?

Las relaciones de puestos de trabajo (rpts) no son un concepto nuevo. Ya existían en la LOPJ desde el año 2004 y en casi todas las administraciones desde hace décadas.

Además, son un catálogo de puestos de trabajo donde aparece el diseño de la oficina judicial y se establecen las características de cada puesto. En las rpts se puede ver:

el diseño de la oficina judicial,
los puestos de trabajo adscritos a cada servicio, área y equipo,
el carácter de esos puestos:
- Genéricos
- Singularizados puestos con requisitos específicos como las jefaturas
los requisitos y méritos para acceder a esos puestos de trabajo.
el Horario
la compatibilidad del puesto (en su caso)
las retribuciones complementarias:
- Comunes a todos en función de cada cuerpo y tipo de puesto:
  - Complemento general del puesto
  - Complemento específico
- Particulares de algunos puestos de trabajo:
  - Complemento de guardia
  - Complemento de violencia sobre la mujer
…

En este sentido:

la negociación de las relaciones de puestos de trabajo es la clave de todo el proceso de implantación de la oficina judicial y donde debe centrarse la presión sindical.

No hay ningún compromiso de aceptación sin más de las relaciones de puestos de trabajo en el acuerdo firmado con el Ministerio.

En el proyecto de ley que entró en el Congreso el 14 de marzo de 2024 no había referencia alguna a la negociación de las relaciones de puestos de trabajo.

Fue gracias al acuerdo, firmado por CSIF, que la negociación de las rpts en cada sede judicial tiene carácter preceptivo y previo a la implantación de las oficinas de los Tribunales de Instancia.

¿Qué significa la compatibilidad de puestos?

Determinados puestos de trabajo en las oficinas judiciales, las oficinas de Justicia en el municipio o en algunos Registros civiles pueden conllevar la compatibilidad de actividad en otra unidad o servicio.

Esta compatibilidad solo puede venir determinada en la rpt de cada puesto, debe estar supeditada a un estudio real de cargas de trabajo y, en todo caso, debe ser negociada previamente en todos sus aspectos laborales y retributivos.

Recordamos que la negociación de las rpts, con carácter preceptivo y previo a la implantación de los Tribunales de Instancia, es un logro del acuerdo firmado por CSIF.

¿Se van a perder puestos de trabajo y retribuciones con esta ley y me pueden cambiar de municipio de manera forzosa?

NO, en el acuerdo firmado por CSIF garantiza, a través de una modificación del RD 1451/2005 que ya se está tramitando y que tiene carácter básico aplicable a todo el personal de Justicia con independencia de dónde esté destinado, que con motivo del acoplamiento de la vieja organización a la nueva organización:

NO habrá merma o pérdida de retribuciones incluida la guardia.
NO habrá amortización de puestos de trabajo.
NO habrá movilidad forzosa a municipio distinto del que se esté destinado en el momento del acoplamiento.

Además, en el proceso de acoplamiento se garantiza la prioridad de los mecanismos voluntarios de elección de plaza en el nuevo modelo de Tribunales de Instancia.