Andalucía

Unirte al Club CSIF te permite ahorrar y obtener beneficios

margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

El Club CSIF está lleno de ventajas. No dejes pasar más tiempo y apúntate al ahorro gracias a tu afiliación a CSIF.

Es muy fácil. Busca en tu navegador preferido Club CSIF y haz clic en el primer enlace que aparece. Una vez dentro, regístrate y ya formarás parte del club de afiliadas y afiliados a CSIF.

Es el momento de descargar la aplicación en tu móvil. Busca Club CSIF e instala Vip District para disfrutar de todas las ventajas.

Podrás hacer tus compras y beneficiarte de los descuentos de dos formas distintas. Bien con el reembolso del dinero obtenido directamente en tu cuenta bancaria o bien haciendo uso de descuentos directos en las adquisiciones que hagas.

Los beneficios serán en todos los ámbitos; desde viajes y estancias en hoteles hasta artículos habituales, como ropa o calzado, en las marcas más conocidas.

Tu afiliación te puede salir gratis con esta app, que te permite obtener grandes ventajas económicas.

¡Descarga la app de Club CSIF y apúntate al ahorro!

DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

Los empleados públicos andaluces recuperan las ayudas de acción social para el alquiler o por defunción gracias al acuerdo firmado por CSIF con la Administración

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 05 May 26 14:25:00 CEST

Los profesionales podrán percibir 6.000 euros en el caso de fallecimiento y hasta 2.400 al año para aliviar la crisis de acceso a la vivienda
El sindicato aplaude los avances para mejorar las condiciones laborales y sociales de los profesionales, tal y como se estableció con la rúbrica a finales de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha valorado de manera positiva la reactivación para el ejercicio 2026 de las ayudas de Acción Social para las empleadas y empleados públicos de Andalucía, un avance significativo en la mejora de sus condiciones laborales y sociales tras casi 15 años sin estas prestaciones.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, ha explicado que este martes se ha dado luz verde en el seno de la Mesa General extraordinaria celebrada a la recuperación de las ayudas al alquiler de vivienda y por defunción, después de que las ayudas de Acción Social fueran suspendidas en el año 2012, manteniéndose activas únicamente las destinadas a personas con discapacidad y para la protección de mujeres por razón de la violencia de género.

Esta medida de reactivación tiene su origen en el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad firmado a finales de 2025 por la Administración y las organizaciones sindicales presentes en Mesa General, en el que se recogía expresamente la reactivación paulatina de estas ayudas. “Este compromiso supone un paso firme en la restitución de derechos recortados durante la crisis económica y amplía la cobertura social de mayor desprotección”, ha apuntado Moreno.

El dirigente sindical ha explicado que se prevé que las convocatorias se publiquen a la mayor brevedad y una finalizado el proceso para su adjudicación, las personas beneficiarias recibirían una ayuda por defunción con una cuantía de 6.000 euros en un único pago y en el caso del alquiler la ayuda establece la cantidad de 200 euros por cada mes de alquiler acreditado para vivienda habitual, por lo que el límite de dicha prestación será de 2.400 euros como máximo. CSIF ha subrayado especialmente la importancia de la ayuda al alquiler en el contexto actual de dificultad de acceso a la vivienda, marcado por el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta.

Asimismo, CSIF ha destacado que la recuperación de estas ayudas beneficia de manera transversal a distintos colectivos de empleadas y empleados públicos, incluyendo al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía (personal funcionario, eventual y laboral acogido al VI Convenio Colectivo), así como al de la sanidad y la educación públicas. En el caso del personal de la Administración de Justicia, tal y como se estableció en el mencionado acuerdo a petición de CSIF, se determinará en su Mesa Sectorial de Negociación qué programas volverán a reactivarse ya que es un colectivo con su propia normativa.

Por último, CSIF ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando en la negociación colectiva para consolidar nuevos avances y asegurar la plena recuperación de los derechos sociolaborales del personal de la Junta de Andalucía.

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

CSIF Andalucía organiza las VI Jornadas Autonómicas de Igualdad el próximo 25 de junio

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 26 May 26 12:04:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía organiza las VI Jornadas Autonómicas 'Por una igualdad real' el próximo 25 de junio a las 17:00 horas. Esta cita anual tiene como objetivo avanzar hacia una igualdad real y visibilizar desigualdades invisibles presentes en la vida diaria; asimismo, la jornada permitirá reflexionar sobre el liderazgo, la igualdad y la importancia de incorporar la mirada de género en la atención sanitaria, la comunicación y el trabajo en equipo, así como favorecer una mirada crítica y no polarizada sobre la igualdad.

El programa de la actividad, que será en modalidad online, es el siguiente:

Bienvenida y presentación. Germán Girela López, presidente de CSIF Andalucía
Igualdad y convivencia. Lidia Barba, consultora freelance y agente asociada inmobiliaria.
Liderazgo para la igualdad: Otra forma de mirar. Lola Peláez, doctora en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La igualdad en lo cotidiano. Ana Barranco, trabajadora social.

Pueden participar en las jornadas todas las personas afiliadas que lo deseen tras realizar su inscripción a través del campus virtual de CSIF Andalucía. Plazas limitadas hasta completar aforo (500 participantes). Para obtener el diploma de asistencia habrá que permanecer conectado/a de forma ininterrumpida durante todo el tiempo que dure la actividad.

Germán Girela: Al nuevo gobierno andaluz le vamos a seguir exigiendo un blindaje de los servicios públicos y más diálogo social

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 28 May 26 13:30:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza el escenario político surgido tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo y los principales retos de la próxima legislatura

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha reclamado un blindaje y una apuesta clara por los servicios públicos en la comunidad durante una entrevista en el programa 'Acento Andaluz' de 7TV Andalucía, en la que analizó el escenario político surgido tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo y los principales retos de la próxima legislatura.

Girela señaló que el nuevo contexto parlamentario obliga a los partidos a alcalzar acuerdos "cuanto antes" para evitar que "la maquinaria pare", especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la Administración General de la Junta de Andalucía. En este sentido, insistió en que el futuro Ejecutivo autonómico debe asumir "un compromiso claro con los servicios públicos" y acelerar la puesta en marcha de medidas pendientes.

Durante la entrevista, el líder sindical incidió especialmente en la situación de la sanidad pública andaluza. Según explicó, Andalucía necesiaría incorporar alrededor de 18.000 profesionales a sus sistema sanitario público para igualarse a la media nacional en recursos humanos, entre ellos más de 5.000 médicos, casi 6.000 enfermeras y 6.500 profesionales de otras categorías. “En cinco meses no se arregla el problema de la sanidad”, afirmó, asegurando que el deterioro del sistema sanitario requiere medidas estructurales relacionadas con personal, infraestructuras, gestión y financiación.

En educación, reclamó la incorporación de al menos 5.000 profesionales más y alertó del “desequilibrio evidente” existente en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Otro de los asuntos centrales de la entrevista fue la crítica de CSIF al actual modelo de diálogo social. Girela aseguró que Andalucía continúa funcionando con “un modelo del siglo XX”, que, a su juicio, presenta “importantes déficits democráticos”. El presidente de CSIF-A defendió un sistema “más plural y participativo”, tal y como prometió el actual presidente en funciones, Juanma Moreno, lamentando que sindicatos con amplia representación en determinados sectores no tengan presencia en órganos de negociación mientras otros la mantienen automáticamente.

Girela también puso el foco en los acuerdos alcanzados durante el final de la pasada legislatura, especialmente en materias como carrera profesional, evaluación del desempeño, teletrabajo o bolsas de empleo en la administración pública. Aunque valoró positivamente algunos avances, advirtió de retrasos en la aplicación de varios compromisos y aseguró que gran parte del trabajo sindical durante esta legislatura se centrará en “vigilar el cumplimiento de los acuerdos”.

Por último, el presidente de CSIF Andalucía trasladó la preocupación existente entre los trabajadores del INFOCA por la falta de refuerzos y la sobrecarga laboral ante el inicio de la campaña de alto riesgo de incendios forestales. Según denunció, la Junta de Andalucía no ha reforzado suficientemente las plantillas pese al aumento de vegetación provocado por las lluvias de los últimos meses, lo que podría complicar la campaña de verano.

CSIF denuncia la grave falta de personal en las brigadas de refuerzo en pleno inicio de la campaña de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 01 Jun 26 12:02:00 CEST

El sindicato alerta de que el déficit de plantilla supera el 50 % en la base BRICA de Sevilla y afecta también a Granada y Málaga, lo que compromete la capacidad operativa del INFOCA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado la grave falta de personal en las Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), una situación que compromete la capacidad operativa del dispositivo INFOCA justo cuando hoy comienza oficialmente el período de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía.

El sindicato ha advertido de que este déficit de efectivos refleja el preocupante estado en el que se encuentra el operativo autonómico de lucha contra incendios en el inicio de una campaña que se prevé especialmente exigente por la gran acumulación de vegetación tras las intensas lluvias de este invierno.

El secretario general de la sección sindical de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía, Gregorio López, ha destacado que la situación resulta especialmente alarmante en la base BRICA de Sevilla, donde más del 50 % de los puestos están sin cubrir. Durante el mes de mayo las brigadas han mantenido una intensa actividad, con intervenciones prácticamente diarias, mientras que la disponibilidad de personal ha seguido disminuyendo. De una plantilla teórica de 44 profesionales, únicamente permanecen operativos 20 efectivos, lo que supone una carencia de 24 trabajadores.

La falta de personal también afecta a otras provincias andaluzas como Granada, donde la BRICA presenta un déficit de 9 efectivos sobre una plantilla de 44 profesionales, mientras que en Málaga faltan actualmente 14 bomberos forestales.

El sindicato ha señalado que esta situación obliga a los trabajadores disponibles a soportar una elevada carga de trabajo, dificulta la concesión de permisos y descansos y aumenta la presión sobre unas plantillas que afrontan los meses de mayor riesgo de incendios bajo condiciones especialmente exigentes.

Las BRICA constituyen un recurso estratégico dentro del dispositivo INFOCA, ya que actúan como brigadas de refuerzo con capacidad de intervención en cualquier punto de Andalucía. Por ello, la insuficiencia de personal no solo afecta a determinadas bases, sino que repercute directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias en toda la comunidad autónoma.

“Estamos iniciando la campaña de alto riesgo con más de la mitad de la plantilla sin cubrir algunas bases, lo que supone un escenario absolutamente inasumible desde el punto de vista operativo y de seguridad. Esta situación es el resultado de una falta de planificación que pone en riesgo tanto a los profesionales como a la ciudadanía”, ha afirmado López.

Además, CSIF ha denunciado la deficiente coordinación y planificación por parte de la Dirección Técnica del Centro Operativo Regional (COR) del Plan INFOCA. El sindicato considera especialmente grave que se hayan celebrado reuniones con distintas organizaciones sindicales excluyendo a CSIF, una actuación que considera contraria a los principios de transparencia, participación y respeto institucional. La organización sindical ha advertido de que no tolerará este tipo de actuaciones y estudiará la adopción de las medidas oportunas ante la autoridad competente si persiste esta dinámica de exclusión.

Por todo ello, CSIF Andalucía ha exigido a la Administración la adopción urgente de medidas que permitan reforzar las plantillas de las BRICA y garantizar que el dispositivo INFOCA afronte la campaña de alto riesgo con los recursos humanos necesarios para prestar un servicio eficaz y seguro durante los próximos meses.

Germán Girela: En Andalucía faltan, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios esenciales como sanidad, educación y justicia

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 01 Jun 26 12:43:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza en Siete Economía la situación del mercado laboral, los servicios públicos y los retos en la comunidad

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha defendido la necesidad de impulsar políticas que permitan generar empleo estable y de calidad, mejorar los salarios y reforzar los servicios públicos en la comunidad autónoma durante una entrevista en el programa Siete Economía de 7TV Andalucía.

Respecto a la situación del mercado laboral andaluz, Girela se mostró crítico con los mensajes excesivamente optimistas que solo tienen en cuenta los datos macroeconómicos. “Los buenos datos económicos no se reflejan en la realidad diaria de muchos trabajadores. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes y estamos asistiendo al fenómeno del trabajador pobre, personas con empleo que no pueden desarrollar un proyecto de vida ni acceder a una vivienda”, afirmó. En este sentido, relacionó la situación con un modelo productivo excesivamente vinculado a la estacionalidad y reclamó una apuesta decidida por sectores capaces de generar empleo estable y mejor remunerado, como la industria, la innovación o las energías renovables. Asimismo, defendió la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque advirtió de la necesidad de que el incremento salarial alcance también al conjunto de los trabajadores para evitar la congelación de los salarios medios.

El presidente de CSIF Andalucía insistió también en la necesidad de reforzar los servicios públicos andaluces, lo que pasa inexcusablemente por un refuerzo de personal y por la mejora de las condiciones laborales de las y los profesionales. "En Andalucía hacen falta, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la justicia", señaló Girela.

En el ámbito sanitario, cifró en aproximadamente 18.000 los profesionales que serían necesarios para equiparar Andalucía a la media nacional en número de trabajadores por habitante; no obstante, advirtió de que la solución no pasa únicamente por aumentar las contrataciones. “También hacen falta más recursos materiales, mejores infraestructuras y una política de contratación que aporte estabilidad para atraer y retener profesionales”, explicó.

En educación, estimó que serían necesarios al menos 5.000 profesionales más, especialmente para atender el incremento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, reclamó un refuerzo de personal en la Administración de Justicia de, como mínimo, medio millar de profesionales.

Por último, Girela advirtió de la necesidad de reforzar el diálogo social en Andalucía, que será una de las reivindicaciones del sindicato al nuevo gobierno andaluz. Los servicios públicos no son un privilegio, son un derecho de la ciudadanía. Es necesario fortalecerlos y garantizar que la voz de todos los trabajadores esté representada en los espacios de participación institucional”, afirmó, en referencia al déficit democrático que supone la Ley de Participación Institucional de Andalucía, que deja fuera a CSIF a pesar de ser el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con cada vez más presencia en la empresa privada.

En ese sentido, Girela destacó el crecimiento sostenido de CSIF, que en Andalucía cuenta con más de 86.000 personas afiliadas y cerca de 3.500 delegados/as, así como la independencia del sindicato, financiado exclusivamente mediante las cuotas de la afiliación, que constituye una de sus principales fortalezas. "No dependemos de subvenciones y eso nos permite negociar con total libertad e independiente tanto de las administraciones como con las empresas", señaló Girela.

CSIF anuncia movilizaciones, con posible huelga, desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública: Gobierno y CC.AA. castigan sin recursos al profesorado

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 02 Jun 26 10:29:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciará el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 una campaña de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. En este sentido, hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

CSIF adopta esta decisión tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad. En este sentido, abrimos un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

La falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas. CSIF quiere dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones.

El conjunto de problemas que la escuela pública arrastra desde hace años son variados, como revelaron recientemente un informe de CSIF sobre el sistema educativo español desde 2009; y una encuesta realizada a más de 7.500 docentes de toda España sobre condiciones del profesorado: Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

Recursos para atender la diversidad del alumnado: paralizados en el Congreso

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico.

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Descontrol de fondos europeos

CSIF ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, entre ellas:

Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.
Reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico.
Homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF alerta de la paulatina pérdida de médicos en Atención Primaria por el escaso atractivo de trabajar en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 03 Jun 26 09:53:00 CEST

La última Oferta de Empleo Público y el Acto Único Autonómico de Residentes se han quedado muy lejos de completar las plazas disponibles
El sindicato denuncia que el foco del problema se sitúa en las malas condiciones retributivas y laborales existentes en la comunidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha denunciado la paulatina pérdida de profesionales de la Medicina de Familia y Comunitaria, así como de pediatras de Atención Primaria, en Andalucía como consecuencia de las malas condiciones retributivas y laborales que estos profesionales sufren dentro del sistema sanitario andaluz.

La organización sindical ha alertado de esta situación a tenor de los datos, que son contundentes, pues, por ejemplo, en la última Oferta de Empleo Público celebrada en la comunidad se ofertaron 1.547 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria, para las que apenas se presentaron 965 personas aspirantes, obteniendo plaza un total de 727. En esa misma línea, esta misma semana se ha conocido también que, de las 62 plazas ofertadas para pediatras de Atención Primaria en Puestos de Difícil Cobertura, solo se han cubierto 13. Anteriormente, de las 125 plazas de Médico de Familia ofertadas en Puestos de Difícil Cobertura, solo 98 fueron adjudicadas.

“Es lamentable que el SAS no sea capaz de cubrir ni la mitad de las plazas de la Oferta de Empleo Público. La conclusión es muy clara: o las condiciones laborales y retributivas que ofrece el SAS son más atractivas, o el problema se perpetuará e incluso irá a más, quedando cientos de plazas sin cubrir mientras se siguen produciendo jubilaciones”, ha alertado Victorino Girela, presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía. “Y por eso nos estamos quedando sin médicos. Trabajar aquí no es llamativo y eso está afectando directamente a la calidad asistencial que se ofrece a la ciudadanía”, ha añadido.

Este escaso interés en categorías indicadas por trabajar en la sanidad autonómica se ha visto refrendado también en el Acto Único Autonómico celebrado en Sevilla los días 28 y 29 de mayo, y en el que se han llevado a cabo ofertas de empleo temporal para Residentes que acaban de completar su formación. La demanda en estas dos categorías también ha sido muy baja, pues en Médico/a de Familia de Atención Primaria apenas se ha cubierto el 13’5 % de las 1.042 ofertas disponibles, siendo aún más dramática la situación en Pediatra de Atención Primaria, donde solo el 2’91 % de los puestos disponibles han sido ocupados.

Asimismo, el sindicato ha señalado que a dicho acto solo se podía asistir de forma presencia o delegada, un requisito que dificulta el acceso a las ofertas para muchas posibles personas aspirantes. “Nos preguntamos por qué en 2026 no se puede acudir a un acto de esas características de forma telemática, lo que sin duda aumentaría la asistencia”, se ha cuestionado el dirigente sindical.

CSIF ha señalado que estos datos son la confirmación de que las condiciones ofrecidas en Andalucía a los médicos y pediatras de Atención Primaria “son, sencillamente, irrisorias”. En este sentido, el sindicato se ha referido a que estos profesionales ganan aproximadamente 9.000 euros menos al año que los médicos especialistas que trabajan a nivel hospitalario, lo que supone “un obvio agravio comparativo para profesionales de igual formación”. De esta manera, “la Administración sigue fomentando el éxodo incesante de facultativos andaluces a otras comunidades autónomas con mejores condiciones salariales y laborales, o directamente a la sanidad privada”, ha subrayado Girela.

En todo caso, son muchos más los factores que llevan a este escaso interés del personal facultativo por trabajar en la Atención Primaria andaluza, como, por ejemplo, “la cuestionable política de sustituciones de incapacidades y permisos retribuidos, y el lentísimo desarrollo del Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023, pero aún muy lejos de cumplirse completamente, perpetúan la precariedad laboral de los profesionales que trabajan en este nivel asistencial, que es la puerta de entrada al sistema sanitario público.

Además, la situación es aún más compleja en las zonas de difícil cobertura, pues el ingente número de guardias, pagadas por debajo de las horas de jornada ordinaria, los largos desplazamientos por carretera y la elevada carga asistencial y burocrática hacen que los profesionales pierdan el interés por optar a estas plazas. “No olvidemos que la competencia para hacer frente a esta situación y a la precariedad laboral en la Atención Primaria es exclusiva de la Junta de Andalucía, que debe impulsar medidas de manera urgente para acabar con este grave problema”, ha concluido Girela.

CSIF exige a la Junta que reactive inmediatamente el teletrabajo en todas las sedes judiciales de Andalucía ante las altas temperaturas

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 03 Jun 26 14:49:00 CEST

El sindicato reitera las graves deficiencias de climatización tras un episodio de estrés térmico acontecido en el Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Fuengirola
Destaca el trabajo no presencial como medida de protección de la salud de los trabajadores, además de favorecer la conciliación y la modernización administrativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha exigido a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la reactivación inmediata del teletrabajo en las sedes judiciales de toda Andalucía como medida de protección de la salud de las y los trabajadores ante las altas temperaturas que se alcanzan en diversos puntos de la comunidad en estas fechas y el resto del período estival.

Esta petición de CSIF se produce tras la suspensión temporal de la actividad presencial en el Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga) como consecuencia de un episodio de estrés térmico. La situación vivida en esta sede judicial, donde la Administración se ha visto obligada a autorizar la suspensión de la jornada presencial y a contemplar expresamente la prestación de servicio mediante teletrabajo, vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de climatización que CSIF lleva años denunciando en numerosos edificios judiciales.

La medida se adoptó después de la denuncia presentada por CSIF y de las comprobaciones realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que acreditaron la existencia de unas condiciones ambientales incompatibles con el normal desarrollo de la actividad laboral. Para la Central Sindical, este episodio confirma la necesidad de disponer de mecanismos ágiles que permitan mantener la actividad judicial sin poner en riesgo la salud de las empleadas y empleados públicos.

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha señalado que “lo sucedido en Fuengirola demuestra que el teletrabajo no es únicamente una medida de conciliación o modernización administrativa, sino una herramienta imprescindible para garantizar la continuidad del servicio público cuando concurren circunstancias que impiden desarrollar el trabajo presencial en condiciones adecuadas”. El responsable sindical ha advertido, además, de que “las altas temperaturas ya comienzan a afectar a numerosas sedes judiciales y todo apunta a que la situación puede repetirse en otros partidos judiciales si no se adoptan medidas preventivas de manera inmediata”.

Ante esta realidad, CSIF ha registrado un escrito dirigido a la Secretaría General de Servicios Judiciales en el que solicita que se reactiven de inmediato las autorizaciones de teletrabajo y se resuelvan las solicitudes que permanecen pendientes; asimismo, ha reclamado que esta modalidad de trabajo pueda activarse automáticamente en aquellos supuestos que afecten a la salud laboral, incluidos los episodios de estrés térmico.

El sindicato también considera necesario que el teletrabajo se incorpore como una medida organizativa habitual para garantizar la continuidad del servicio público ante averías de climatización y otras incidencias que imposibiliten el trabajo presencial, al tiempo que exige una evaluación urgente del estado de los sistemas de climatización de las sedes judiciales andaluzas con el fin de prevenir nuevas situaciones de riesgo.

“Resulta incomprensible que, después de las experiencias acumuladas en los últimos años y de las posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos actuales, la Administración siga sin aprovechar plenamente una herramienta que permite proteger a los trabajadores y mantener la actividad judicial con normalidad”, ha añadido Díaz.

CSIF ha recordado que la protección de la salud de las empleadas y empleados públicos constituye una obligación legal de la Administración y que las deficiencias en las infraestructuras judiciales no pueden seguir trasladándose a los trabajadores ni repercutiendo en la prestación del servicio a la ciudadanía.

Por todo ello, el sindicato continuará exigiendo soluciones estructurales para los problemas de climatización que afectan a numerosos edificios judiciales de Andalucía y seguirá defendiendo la implantación efectiva del teletrabajo como una medida eficaz para avanzar hacia una Administración de Justicia más moderna, segura y preparada para responder ante cualquier incidencia que comprometa el normal funcionamiento de los órganos judiciales.

CSIF condena el asesinato machista de una mujer de 51 años en Málaga y reclama más recursos para combatir la violencia de género

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 05 Jun 26 17:04:00 CEST

El sindicato señala que las administraciones deben incrementar la inversión en prevención y protección de las víctimas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha expresado su más firme condena por el asesinato machista de una mujer de 51 años en Málaga capital, confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como el quinto caso registrado en Andalucía en 2026 y que eleva la cifra a 24 a nivel nacional.

La Secretaría de Igualdad de CSIF Andalucía traslada su pésame y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima, al tiempo que ha insistido en la importancia de que las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos para erradicar la violencia machista. En este sentido, el sindicato reclama una mayor inversión en políticas de igualdad, prevención y sensibilización, así como el fortalecimiento de los recursos destinados a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

CSIF ha subrayado que poner fin a esta inaceptable realidad requiere del compromiso de toda la sociedad. “No podemos normalizar ni permanecer indiferentes mientras se sigue asesinando a mujeres. Es imprescindible mantener una respuesta firme y unánime para avanzar hacia una sociedad libre de discriminación y violencia”, ha señalado la organización sindical.

En el ámbito laboral, CSIF ha recordado que el entorno de trabajo puede desempeñar un papel fundamental en la detección temprana y el acompañamiento a las víctimas. Por ello, la organización continúa defendiendo una mayor participación de las delegadas y delegados sindicales en las actuaciones de prevención y detección de casos de violencia de género, así como la creación de la figura específica de delegado o delegada especializada en Igualdad y Violencia de Género.

Asimismo, el sindicato considera prioritario impulsar medidas que faciliten la protección laboral de las víctimas, entre ellas protocolos eficaces de movilidad y adaptación de puestos de trabajo, el desarrollo efectivo de los planes de igualdad en administraciones públicas y empresas privadas, y una formación continua para las y los profesionales que intervienen en la atención y protección de las mujeres.

Por último, CSIF ha recordado que todas sus sedes en España forman parte de la red de Puntos Violeta, ofreciendo información, orientación y apoyo a las víctimas de violencia de género y a cualquier persona que precise asesoramiento o recursos relacionados con este asunto.

Huelga en la Agencia Tributaria: CSIF se moviliza para exigir un refuerzo de personal y mejoras en las condiciones laborales

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 08 Jun 26 13:20:00 CEST

El sindicato convoca un paro de 24 horas y concentraciones por el desbloqueo de la carrera profesional, el desarrollo del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado este lunes frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía, ubicada en Sevilla, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con el organismo.

La concentración, que ha tenido lugar de manera simultánea en el resto de comunidades autónomas, se ha realizado el mismo día que el sindicato ha convocado un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España y al que han sido llamados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla a nivel nacional -unos 4.500 en Andalucía- entre oficinas, sedes, así como delegaciones territoriales y especiales.

Estas movilizaciones son consecuencia del bloqueo de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. CSIF señala tres puntos clave e irrenunciables para la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional, regulación del teletrabajo y reconocimiento como profesión de riesgos para el Servicio de Vigilancia Aduanera. La Central Sindical, además, ha denunciado la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, que se traduce en la sobrecarga de una plantilla saturada y al límite.

Con la huelga de 24 horas y la concentración de este lunes concluye el calendario de protestas iniciado el pasado 6 de mayo con una movilización frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que continuó el 13 y 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en toda España.

CSIF rechaza el anteproyecto de Estatuto Marco de la Sanidad y prepara movilizaciones

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 18:52:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha expresado su rechazo frontal al anteproyecto de estatuto Marco redactado por el Gobierno.

El texto excluye el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores, una cuestión básica desde el inicio de la negociación.

Además han recortado cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extras.

Así, la ministra ha faltado a su compromiso con lo pactado con los sindicatos del ámbito y el Gobierno en su conjunto cierra la puerta a mejorar las condiciones laborales del personal de la sanidad, tras más de un año de negociación. Esto supone además una falta de respeto al personal de la sanidad al que representamos los sindicatos mayoritarios

Por tanto, CSIF inicia desde este momento un periodo de reflexión para decidir la respuesta sindical, sin descartar ningún tipo de medida de presión, movilizaciones e incluso la huelga.

CSIF exige soluciones reales ante el calor en las aulas andaluzas: “Los protocolos no enfrían los centros, hacen falta más inversión y equipamientos”

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 09 Jun 26 10:15:00 CEST

El sindicato alerta de que buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar las altas temperaturas, que afectan al rendimiento académico y a la salud laboral
Denuncia que, seis años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón y reclama una planificación realista y más financiación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones reales ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha vuelto a denunciar una realidad que se repite curso tras curso: buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha recordado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural. “No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas”, ha señalado la presidente de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

La Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

García ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable. En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma. “Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 11 % de los centros andaluces cuenta con sistemas de bioclimatización”, ha señalado García. La Central Sindical considera imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 4.000 centros educativos públicos de la comunidad de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, el sindicato exige planificación, financiación suficiente y ágil ejecución que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

“Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas”, ha concluido García.

CSIF-A reclama mejorar la petición de destinos por comarcas para favorecer la conciliación del profesorado interino

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 10 Jun 26 13:06:00 CEST

El sindicato defiende que una gestión eficaz de este procedimiento puede ser compatible con una mejor atención a la realidad personal, familiar y laboral de los docentes
Destaca también la incorporación de nuevas titulaciones a las bolsas docentes, una medida propuesta por la organización con impacto directo en el empleo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una modificación del actual procedimiento de petición de destinos docentes, conocido como colocación de efectivos, que permita al profesorado interino y aspirante a interinidad solicitarlos por comarcas, zonas educativas o distritos.

CSIF Educación Andalucía ha trasladado esta propuesta a la Administración educativa con el objetivo de avanzar hacia un procedimiento que presenta un claro margen de mejora y debe adaptarse mejor a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado que forma parte de las bolsas.

En la actualidad, el personal interino debe solicitar obligatoriamente un mínimo de dos provincias completas para la adjudicación de vacantes y, al menos, una provincia para sustituciones; sin embargo, no contempla fórmulas más flexibles basadas en ámbitos territoriales más reducidos, como comarcas, zonas educativas o distritos. Esto permitiría avanzar hacia un procedimiento más racional, equilibrado y moderno, al igual que permitiría conjugar la necesaria eficacia en la gestión administrativa con una mejor atención a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado interino.

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha incidido en que “no se trata de dificultar la gestión de destinos, sino de mejorarla. La Administración educativa debe abrir un espacio de diálogo para analizar esta manera específica y estudiar propuestas técnicas que permitan humanizar el procedimiento sin poner en riesgo la cobertura de necesidades del sistema educativo público”. Esta posición ha sido defendida por CSIF en la Mesa Sectorial de Educación como primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza; asimismo, la organización ha solicitado formalmente una reunión con la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para abordar esta problemática y estudiar posibles modificaciones.

La Central Sindical considera que esta mejora permitiría modernizar la colocación de efectivos y alinearla con modelos ya existentes en otros ámbitos de la administración pública, avanzando hacia un procedimiento más equilibrado, eficaz y respetuoso con las necesidades reales del personal interino; asimismo, CSIF Educación Andalucía reitera su compromiso con la defensa del profesorado interino y seguirá trabajando para que la colocación de efectivos sea un procedimiento más justo, más eficaz y más compatible con la conciliación de la vida personal familiar y laboral.

Ampliación de titulaciones en las bolsas de trabajo docentes

Por otro lado, CSIF ha planteado en Mesa Sectorial otra medida con impacto directo en el empleo como es la ampliación de las titulaciones que permiten acceder a las bolsas de trabajo docentes. En concreto, la organización ha propuesto la incorporación de 86 titulaciones en 40 especialidades de distintos cuerpos docentes que hasta la fecha no estaban contempladas

Entre las titulaciones incluidas a propuesta de CSIF destacan Periodismo, Derecho, Veterinaria, Óptica y Optometría, Bellas Artes y distintas ingenierías -como Agrónoma, Naval o Electrónica, entre otras-, lo que abre nuevas oportunidades laborales a graduados y licenciados de estos ámbitos universitarios.

Para CSIF, esta ampliación no solo favorece el acceso al empleo docente, sino que también permite aprovechar perfiles cualificados que pueden contribuir a impartir enseñanzas con la calidad necesaria.

El Congreso aprueba que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF: hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 11 Jun 26 13:51:00 CEST

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.
Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.
Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.
Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.
Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de CSIF) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), Médicos, Sanitarios y otras categorías.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; y reclama a Interior y la Secretaría General de Prisiones que retome la elaboración de una nueva ley orgánica de Régimen General Penitenciario adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc

CSIF inicia movilizaciones ante la parálisis del V Convenio Único del personal laboral del Estado y el bloqueo de la jubilación parcial

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 11 Jun 26 12:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado a la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) frente a la Secretaría de Estado de Hacienda para denunciar la parálisis en la negociación del V Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado –que lleva año y medio sin avanzar--, el bloqueo del derecho a la jubilación parcial y el abandono al que el Gobierno somete al conjunto de los/as empleados públicos.

Esta concentración es el inicio de movilizaciones para reclamar, entre otras, mayor financiación en cuestiones fundamentales como la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con las administraciones autonómicas, o el decreto que regulará la jubilación parcial.

Nuestra organización denuncia además la inacción de la Administración, probablemente como consecuencia de la inestabilidad política y la parálisis que afecta a las diferentes estructuras del Estado, así como la ausencia de voluntad para desbloquear una negociación que resulta imprescindible para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal laboral que asciende a alrededor de 38.000 personas y que en algunos casos tienen retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional.

CSIF exige al Gobierno que, con motivo del comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales de 2027, sitúe como prioridad la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos, en especial del personal laboral que trabaja en las Administraciones Públicas.

En concreto, nuestras principales reivindicaciones son:

- La aprobación inmediata del decreto pendiente sobre la jubilación parcial anticipada, una medida largamente demandada, como solicitó CSIF al Gobierno el pasado 3 de marzo, que permitiría garantizar el relevo generacional, mejorar las condiciones de salida de las plantillas y favorecer la creación de empleo. El personal laboral lo tiene bloqueado por la última reforma en materia de pensiones derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal en las administraciones públicas. CSIF propone que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas se cubran definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Además, pretendemos extender este derecho al personal funcionario y estatutario.
- La mejora y desarrollo efectivo de la carrera profesional, con criterios objetivos, transparentes y negociados, que reconozcan la experiencia, la formación y la trayectoria del personal laboral.
- La equiparación salarial con las administraciones autonómicas, poniendo fin a las desigualdades retributivas existentes y evitando la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de profesionales. El personal laboral de la Administración General del Estado cobra de media 7.380 euros menos al año que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto.
- La promoción interna real y efectiva, eliminando las trabas actuales y garantizando oportunidades de desarrollo profesional para toda la plantilla.

CSIF considera inaceptable que cuestiones fundamentales para miles de trabajadoras y trabajadores continúen bloqueadas. No vamos a permitir que se siga demorando un convenio esencial para el presente y el futuro del personal laboral Es el momento de actuar y de dar respuesta a unas reivindicaciones justas.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 11 Jun 26 12:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCSIF InformaAndalucía Image

CSIF Sanidad Nacional

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

El sindicato presenta alegaciones para reforzar la formación en salud mental laboral, riesgos emergentes, investigación, liderazgo, vigilancia colectiva, perspectiva de género y coordinación sanitaria y preventiva.

CSIF considera imprescindible situar la especialidad de Medicina del Trabajo a la vanguardia de los cambios que están transformando el mundo laboral. La digitalización, el envejecimiento de la población trabajadora, los riesgos psicosociales, las nuevas formas de organización del trabajo y el impacto del cambio climático exigen una formación especializada más completa, actualizada y adaptada a la realidad actual.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha presentado alegaciones al Proyecto de Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo con el objetivo de reforzar la preparación de los futuros especialistas y mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Para CSIF, la formación especializada constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y preventivo. Por ello, el programa formativo no puede limitarse a la adquisición de competencias clínicas tradicionales, sino que debe incorporar herramientas que permitan afrontar con solvencia los retos presentes y futuros de la salud laboral.

Salud mental laboral

CSIF pide reforzar la formación en riesgos psicosociales, burnout, acoso laboral, violencia en el trabajo y promoción del bienestar emocional.

Nuevos riesgos laborales

El sindicato reclama competencias específicas sobre teletrabajo, plataformas digitales, inteligencia artificial, automatización y cambio climático.

Investigación y evidencia

CSIF propone aumentar la formación en epidemiología laboral, bioestadística, metodología de investigación y análisis de datos sanitarios y laborales.

Vigilancia colectiva

El sindicato solicita más peso práctico para la vigilancia epidemiológica, enfermedades profesionales, incapacidad laboral y coordinación asistencial.

Una formación adaptada a los retos actuales de la salud laboral

CSIF advierte de que los problemas de salud mental se han convertido en una de las principales causas de incapacidad temporal, absentismo y pérdida de productividad. Por ello, considera imprescindible que los especialistas en Medicina del Trabajo cuenten con una formación más amplia y actualizada para prevenir, detectar precozmente y realizar seguimiento de estas situaciones.

Del mismo modo, el sindicato reclama que el programa formativo incorpore los nuevos escenarios laborales derivados de las transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas. Entre ellos, el teletrabajo, el trabajo híbrido, el trabajo en plataformas digitales, el envejecimiento de la población trabajadora, la diversidad generacional, los nuevos riesgos ergonómicos y organizativos, la digitalización, la inteligencia artificial y el cambio climático.

CSIF defiende que la Medicina del Trabajo debe anticiparse a los nuevos riesgos y no limitarse a responder cuando el daño ya se ha producido. La prevención exige formación, evidencia científica, coordinación y recursos.

Más investigación, liderazgo y coordinación

Otra de las propuestas de CSIF es incrementar la formación en investigación y medicina basada en la evidencia. El sindicato considera que la toma de decisiones en salud laboral debe apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible, reforzando la capacitación en epidemiología laboral, bioestadística, lectura crítica de la literatura científica, diseño de proyectos y análisis de grandes bases de datos.

Asimismo, CSIF plantea incorporar formación reglada en liderazgo y gestión, ya que los especialistas en Medicina del Trabajo desempeñan con frecuencia funciones de coordinación, dirección de servicios de prevención, planificación estratégica, gestión de equipos multidisciplinares, comunicación institucional, negociación y resolución de conflictos.

Perspectiva de género, desigualdades y vigilancia de la salud colectiva

CSIF también solicita reforzar la formación práctica en vigilancia de la salud colectiva, perspectiva de género y desigualdades en salud laboral. Para el sindicato, estas competencias son esenciales para detectar precozmente riesgos, analizar indicadores de salud laboral, investigar brotes o eventos centinela, evaluar programas preventivos y mejorar la actuación ante enfermedades profesionales.

Además, CSIF considera necesario mejorar la coordinación entre Atención Primaria, Inspección Médica, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios de prevención propios y ajenos, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz y completa en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

CSIF exigue que sus propuestas sean incorporadas al texto definitivo

CSIF solicita que sus alegaciones sean valoradas favorablemente e incorporadas al texto definitivo del Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo. El sindicato subraya que invertir en una formación especializada de mayor calidad supone una garantía para la protección de la salud de las personas trabajadoras, una mejora de la capacidad de respuesta del sistema preventivo y un reconocimiento al papel esencial que desempeñan los especialistas en Medicina del Trabajo.

La salud laboral del futuro necesita especialistas mejor formados, más recursos y una prevención adaptada a los nuevos riesgos.

Síguenos en redes sociales

CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

dario.carrasquilla.de-la-torre — Wed, 03 Jun 26 14:00:00 CEST

Otros artículosPrevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

“No podemos seguir normalizando la violencia contra quienes sostienen la sanidad pública”

El sindicato registra una carta en el Ministerio de Sanidad tras constatar 51 agresiones diarias a profesionales del SNS en 2025 y denunciar que la administración utiliza a los sanitarios como “parachoques humano” ante la frustración de los usuarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Sanidad), organización sindical más representativa en las administraciones públicas, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, en la que exige la creación urgente y efectiva de un Observatorio Nacional de Agresiones a Profesionales de la Sanidad, con participación real de las organizaciones sindicales y capacidad de coordinación en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato alerta de que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del SNS, lo que supone 51 ataques cada día en España y una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales. Esta cifra representa un incremento del 8,74% respecto a 2024.

Desde CSIF advierten, además, de que la realidad puede ser aún más grave debido a la elevada infradeclaración provocada por el miedo, la burocracia, la falta de apoyo institucional y la peligrosa normalización de la violencia en los centros sanitarios.

18.563 agresiones notificadas en 2025

51 ataques diarios a profesionales sanitarios

+8,74% incremento respecto a 2024

24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales

Tipo de agresión notificada

No físicas: insultos, amenazas o intimidaciones 84,5%

Físicas 15,5%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

Ámbito donde se notifican las agresiones

Atención Primaria 51%

Atención Hospitalaria 47%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

“No se puede asumir como parte del trabajo que un profesional sea insultado, amenazado o agredido mientras atiende a pacientes. Estamos hablando de personas que sostienen la sanidad pública en condiciones extremas de presión asistencial”.

Un incumplimiento flagrante del Convenio 190 de la OIT

CSIF denuncia que la persistencia de estas agresiones demuestra que las medidas de prevención de riesgos laborales actuales son insuficientes e ineficaces, vulnerando el derecho del personal a trabajar en condiciones de seguridad y dignidad.

Además, el sindicato recuerda que España ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

“La preocupante realidad de las agresiones diarias al personal sanitario es la consecuencia directa de una alarmante pérdida de calidad asistencial, provocada por la falta de recursos, la saturación del sistema y las listas de espera crónicas”.

CSIF denuncia en la carta que, al no solucionar estas deficiencias estructurales, la administración y las gerencias están utilizando a los profesionales de la salud como un auténtico “parachoques humano” frente a la frustración legítima de los usuarios.

Lo que CSIF reclama

El sindicato plantea tres bloques de medidas para atajar el problema desde la raíz:

1. Medidas de gestión para reducir la carga y mejorar la calidad asistencial

Ratios de personal blindados por ley.
Refuerzo inmediato de plantillas.
Desburocratización de las consultas con personal administrativo de apoyo.
Sistemas ágiles de triaje y espera con información en tiempo real.
Refuerzo de la atención comunitaria y de salud mental.

2. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad física

Actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales incluyendo la violencia de terceros.
Barreras físicas de protección y vías de escape en consultas.
Visitas domiciliarias obligatoriamente en binomio y con geolocalizador.
Dispositivos de alerta inmediata, como botones del pánico y alarmas silenciosas.
Presencia permanente de seguridad privada en centros de alta conflictividad.
Formación obligatoria y periódica en gestión de conflictos.
Reconocimiento efectivo de autoridad pública para todos los sanitarios.
Campañas institucionales de tolerancia cero.

3. Medidas jurídicas y de apoyo al profesional

Denuncia de oficio por parte de la administración.
Aplicación estricta del Principio de Autoridad con coordinación directa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Protocolos de post-incidente obligatorios con asistencia psicológica inmediata y gratuita, y apoyo legal integral.

Un observatorio nacional ya es inaplazable

CSIF recuerda que, aunque el Ministerio de Sanidad dispone de mecanismos nacionales de estudio y análisis, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.

Asimismo, mientras algunas comunidades autónomas han avanzado en la creación de observatorios específicos o estructuras de seguimiento, otras mantienen modelos dispersos o insuficientes, lo que dificulta disponer de una respuesta homogénea, coordinada y eficaz en todo el Sistema Nacional de Salud.

“Desde CSIF consideramos imprescindible la creación de un verdadero Observatorio Nacional de Agresiones, con participación activa de las organizaciones sindicales y profesionales, que permita actuar con coordinación, datos reales y recursos suficientes frente a una situación que ya constituye una emergencia nacional en la sanidad pública”.

“Sin profesionales protegidos no puede existir una sanidad segura ni de calidad. La violencia no puede formar parte del trabajo sanitario”, sentencia CSIF Sanidad.

Redes Sociales CSIF Sanidad

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente y abandono laboral, en el 6º aniversario de la declaración de la Pandemia y del Estado de Alarma

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 11 Mar 26 11:16:00 CET

Cuando se cumple el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, se calcula que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada por parte de empresas y autoridades sanitarias y además no solo carecen de recursos sanitarios y la atención que merecen, sino que además se les presiona y discrimina en sus puestos de trabajo.

Así lo muestra una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre más de 1.500 personas afectadas (fundamentalmente personal de la sanidad, educación y de las administraciones públicas) por esta enfermedad, en la que se pretende analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y vida profesional.

El covid persistente es una condición en la que los síntomas de la infección continúan o aparecen después de la fase aguda, durante semanas o meses, sin otra causa que lo explique. Así, aunque el virus ya no esté activo, el organismo no termina de recuperarse con alteraciones en el sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio.

Principales resultados de la encuesta:

La principal conclusión que extrae CSIF es que más del 60 por ciento de trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en el trabajo, pero a menos de la cuarta parte se le reconoce como origen laboral. Esto supone una peor protección económica, menor responsabilidad de la empresa, dificultades para el reconocimiento de incapacidades y peor vigilancia de la salud.
La encuesta refleja un impacto laboral y psicosocial muy intenso. La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, del sector sanitario con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.
El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, un 69 ha solicitado ayuda psicológica (solo la recibieron un 7,6 por ciento), un 41,5 refiere sufrir discriminación y presión por parte de la empresa y en un 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe actuar.
Aunque el sector sanitario tiene un peso importante en la muestra, el análisis nos muestra que el covid persistente también está en otros ámbitos laborales como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

En cuanto a los principales síntomas o secuelas que declaran las personas encuestadas, estos son: fatiga o cansancio extremo, dolores musculares o articulares, dificultad para concentrarse (niebla mental), pérdida de memoria, insomnio o alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, dolor neuropático. Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo un tratamiento médico específico, lo que pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente.

Reivindicaciones de CSIF:

Los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras/es. CSIF considera imprescindible impulsar estas reivindicaciones:

Reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
Crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral
Protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente.
Adaptación de los puestos de trabajo.
Refuerzo del seguimiento médico laboral.
Atención a la salud mental de los trabajadores afectados.
Información y sensibilización en el entorno laboral.
Refuerzo de la protección social (reconocimiento de incapacidades, protección económica, entre otras).
Protocolización homogénea del diagnóstico y tratamiento.
Implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud.
Programas de formación y sensibilización.
Registro Estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas.
Creación de una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.