Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF-A impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 07 Jul 26 12:16:00 CEST

El presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, registra en el Parlamento un escrito para promover la tramitación de una Proposición de Ley que devuelva las cantidades detraídas al personal público en ambos ejercicios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

La iniciativa, presentada al amparo de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y registrada este martes en el Parlamento de Andalucía por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, tiene como finalidad que el Parlamento de Andalucía reconozca el derecho de los empleados y empleadas del sector público andaluz a recuperar unas cuantías que, más de una década después, continúan pendientes de devolución, pese a que aquellas medidas respondían a una situación económica excepcional y transitoria.

Asimismo, CSIF ha recordado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De igual manera, el Partido Popular llevaba en su programa electoral para las elecciones autonómicas de 2018 esta medida y, pese a que está al frente del Gobierno andaluz desde 2019, a día de hoy aún no ha dado pasos para restaurar este derecho.

Girela ha explicado que “con este paso, abrimos una nueva vía de reivindicación para reparar una deuda histórica, después de que CSIF haya puesto en marcha múltiples iniciativas sindicales y de negociación para lograr un compromiso político en torno a la restitución del que es nuestro derecho como empleadas y empleados públicos”.

La presentación de esta ILP constituye un paso más dentro de una estrategia de acción sindical sostenida en el tiempo, que comenzó el 27 de septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La Junta no cumple y continuó días después, el 4 de octubre, con una gran protesta en Sevilla frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

De igual modo, el sindicato solicitó también en octubre de 2023 una reunión con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Públicos, Carolina España, así como con los diferentes grupos parlamentarios, para trasladarles su reivindicación de recuperación de la parte autonómica de las pagas extra pendientes.

El 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a salir a la calle en toda Andalucía para denunciar la falta de voluntad del Ejecutivo andaluz para poner fin a la situación. “Nuestro objetivo siempre ha respondido, y lo seguirá haciendo, a un criterio de justicia y reconocimiento al compromiso demostrado por las empleadas y empleados públicos durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, durante la pandemia”, ha señalado Girela, quien ha añadido que “Andalucía es la única comunidad que aún no ha recuperado estas cuantías”.

Una vez que la Mesa del Parlamento admita a trámite la iniciativa, comenzará el procedimiento previsto en la Ley 5/1988 para la recogida de firmas necesarias que permitan su tramitación parlamentaria. En este proceso, CSIF apelará a la implicación del conjunto de empleados públicos y de la sociedad andaluza en general para respaldar una iniciativa que persigue restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década.

Para CSIF, la recuperación de las cantidades correspondientes a la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 no constituye únicamente una cuestión retributiva, sino que también conlleva “una merecida puesta en valor de la labor y el esfuerzo de las empleadas y empleados públicos andaluces”.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF convocará movilizaciones en Correos en septiembre por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del Acuerdo Marco

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 15 Jul 26 17:14:00 CEST

La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años y detiene el plan de salidas voluntarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convocará movilizaciones en Correos el próximo mes de septiembre ante el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento.

Las movilizaciones comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las Jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

El Acuerdo Marco firmado en 2024 pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

La situación actual, sin embargo, difiere de estos objetivos. La falta de contratación de personal de refuerzo ha supuesto una pérdida de más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años (aproximadamente un tercio), pasando de 11.400 a los 7.600 actuales. A nivel nacional, la pérdida ha sido de 22.000 empleos en una década al pasar de 66.000 a 44.000 en la actualidad.

A ello hay que añadir que un porcentaje de casi 10 % (4.000 trabajadores a nivel nacional) tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 700 y 800 euros mensuales. Esta situación no se ha corregido desde la última convocatoria de empleo en 2023. Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentra el 70 % de los contratos parciales; sin embargo, a esos mismos trabajadores a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

En virtud del citado acuerdo, el Estado financiará Correos con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030, lo que debe materializarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de una plantilla, en la que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal por la sobrecarga de trabajo, pero que, sin embargo, la empresa no cubre.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales a nivel nacional que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que las empleadas y empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria; sin embargo, aún no se ha producido ninguna. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante la pasividad de la empresa, CSIF iniciará movilizaciones en el mes de septiembre para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía.

Bajada de ratios, mejora salarial y más recursos: CSIF traslada a la consejera las prioridades de la educación pública andaluza

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 21 Jul 26 11:31:00 CEST

El sindicato defiende una negociación permanente para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la atención al alumnado
Reclama una apuesta decidida por la red pública frente a cualquier medida que suponga una mayor concertación de la enseñanza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha trasladado a la Consejería de Educación las prioridades del sistema educativo público para esta nueva legislatura, entre las que destacan la disminución de ratios, la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para el profesorado y el refuerzo de los recursos destinados a los centros educativos.

En una reunión bilateral entre ambas partes, en la que han participado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, y la consejera de Educación, Carmen Castillo, el sindicato ha defendido que la política educativa debe sustentarse en el diálogo, la negociación colectiva y el reconocimiento de la labor que desempeñan diariamente las y los profesionales de la enseñanza pública.

“La educación pública es uno de los ejes vertebradores del Estado de Bienestar y es la principal garantía de igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión social. La Administración debe hacer una apuesta decidida por ella con más inversión y mejores condiciones laborales para quienes la sostienen”, ha señalado García.

Entre los asuntos planteados, CSIF ha denunciado la supresión de más de 2.800 unidades en la enseñanza pública andaluza entre el curso 2019/2020 y el 2025/2026 y ha advertido de que el descenso de la natalidad no puede traducirse en un debilitamiento de la red pública. En este sentido, ha reclamado un plan de choque para frenar la pérdida de unidades y aprovechar la reducción del alumnado para disminuir las ratios, incrementar plantillas y ofrecer una atención más individualizada. Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la atención a la diversidad y la orientación educativa.

En materia de Formación Profesional, CSIF ha denunciado que el nuevo modelo Dual está suponiendo una creciente sobrecarga para el profesorado, que asume funciones de coordinación, relación con las empresas, seguimiento del alumnado y resolución de incidencias sin contar con el tiempo ni los recursos suficientes. A esto hay que sumar la excesiva burocracia y continuas deficiencias del sistema Séneca, que dificultan la gestión y la labor educativa.

“Es evidente que hay que reforzar la inversión y la planificación en la FP pública para garantizar su calidad. Igual que resulta preocupante el mayor crecimiento de la oferta privada frente a la red pública, una tendencia que penaliza la igualdad de oportunidades”, ha explicado García.

De igual manera, la Central Sindical considera imprescindible contar con más financiación para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y avanzar en las medidas de climatización.

Nuevo acuerdo retributivo

En materia de condiciones salariales, García ha puesto en valor el acuerdo retributivo impulsado por CSIF en 2022, cuyo último tramo se abonó en septiembre de 2025 y que ha supuesto una mejora retributiva acumulada de entre 2.030 y 2.310 euros para los subgrupos A2 y A1, respectivamente; no obstante, el sindicato considera que la culminación de este acuerdo no puede suponer el final de las mejoras salariales. Por ello, ha reclamado la apertura de una negociación para alcanzar un nuevo acuerdo retributivo que permita equiparar las remuneraciones del profesorado andaluz, que vuelven a estar en el furgón de cola, con las de las comunidades autónomas que mejor retribuyen a sus docentes.

“Andalucía debe aspirar a contar con el profesorado y los equipos directivos mejor retribuidos del país. La dignificación de la profesión docente pasa también por una mejora salarial que reconozca la responsabilidad y la dedicación de nuestros profesionales”, ha afirmado García.

En esta línea, CSIF ha reiterado la petición registrada ante la Consejería el pasado mes de marzo para iniciar la negociación para implantar el sexto sexenio, así como la revisión al alza de las cuantías de los sexenios actuales, con el objetivo de poner en valor la formación permanente, la experiencia profesional y la prolongación de la vida laboral del profesorado.

CSIF también ha reclamado un mayor reconocimiento para los equipos directivos ante el incremento de cada vez más responsabilidades y la sobrecarga que les genera. Por ello ha reclamado más recursos humanos y organizativos, una reducción de la carga burocrática y la consolidación de los complementos retributivos para todos sus integrantes.

Desarrollo del acuerdo educativo y defensa de la red pública

Durante el encuentro también se ha analizado el desarrollo del Acuerdo de 16 de julio de 2025 para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal docentes no universitario. CSIF ha destacado la importancia de seguir impulsando las medidas recogidas en dicho acuerdo conforme a los plazos establecidos con las organizaciones sindicales firmantes, con el objetivo de que sus avances repercutan de manera efectiva en el profesorado, el alumnado y el funcionamiento de los centros públicos.

Por otra parte, el sindicato ha reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que pueda debilitar la enseñanza pública, entre ellas una posible extensión de la concertación del Bachillerato. Para CSIF, cualquier ampliación de la oferta educativa debe realizarse fortaleciendo los institutos públicos, sus plantillas y sus recursos.

“Nuestro compromiso es seguir defendiendo un sistema educativo público fuerte, suficientemente financiado y con profesionales reconocidos y bien remunerados. Esa seguirá siendo la hoja de ruta de CSIF en todas las mesas de negociación”, ha concluido García.

CSIF-A exige a Correos que garantice la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia la falta de personal para afrontar el verano

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 22 Jul 26 11:53:00 CEST

El sindicato reclama la aplicación estricta del protocolo ante altas temperaturas y denuncia que la falta de efectivos agrava la exposición al estrés térmico en las tareas de reparto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor que azota Andalucía.

El sindicato ha reclamado a la empresa pública el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación efectiva del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

El protocolo de Correos establece que, cuando la AEMET activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13:00 horas, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17:00. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados. CSIF ha insistido en que estas medidas deben aplicarse de forma inmediata por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo.

“La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal. Cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud”, ha señalado el vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos.

El sindicato ha reclamado igualmente que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

Falta de personal y mayor exposición al riesgo

CSIF ha denunciado que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones. La empresa pública ha perdido más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años.

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.

“La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor”, ha advertido Gómez.

Para CSIF, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de las y los trabajadores ni la prestación del servicio.

Campaña contra el estrés térmico

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña ‘Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales’, impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas.

La organización recuerda que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos. Por ello reclama una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral creciente. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor.

“Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves. Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos”, ha concluido Gómez.

La ausencia de presupuestos liquida el remanente económico de Muface y 14.000 personas abandonan el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 22 Jul 26 16:31:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno garantías para el futuro de Muface a medio plazo, dado que la ausencia de presupuestos está obligando a utilizar el remanente de tesorería, que en estos momentos podría estar en números rojos.

CSIF ha exigido una explicación en el Consejo General de Muface celebrado hoy, en el que se hizo balance de situación. Según datos de la memoria, a 31 de diciembre de 2024, este remanente ascendería a 282, 2 millones de euros (página 98 de la memoria). Pues bien, para hacer frente a las obligaciones presupuestarias y financiar el concierto sanitario, la mutualidad ha tenido que utilizar el remanente por importe de 349 millones de euros.

Por otra parte, desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto.

En el balance del nuevo concierto también llama la atención el descenso que se ha producido en la actividad en consultas de Atención Primaria (230.941 menos respecto al mismo periodo del año anterior), destacando especialmente la bajada de la actividad en Pediatría (que pasó de 184.259 consultas en el segundo semestre de 2024 a 159.549 en 2025, lo que supone una variación del -13.4 por ciento). El balance también registra un descenso en la Atención Especializada de 150.000 consultas: Traumatología (-7,3 por ciento), Oftalmología (-8,9) y Obstetricia y Ginecología (-10,1) fueron las especialidades con mayor demanda.

Por último, destacamos el descenso producido en la actividad diagnóstica, observándose los descensos más relevantes en radiología simple (-13,4 por ciento), ecografía y Doppler (-15,5) y la tomografía axial computarizada (-20,8).

Ante esta situación, CSIF estará vigilante y si el Gobierno no informa con transparencia sobre esta situación, con garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo. CSIF advierte de que la disminución de pruebas diagnósticas e intervenciones puede deberse a la desestimación por parte de las compañías y de las comisiones mixtas de Muface.

Además, hemos elevado una queja por la reforma del Estatuto de Muface, restando capacidad de control a los sindicatos integrantes en el Consejo.

De manera paralela, CSIF participa en el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo y clases pasivas en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado noviembre. Entre otras reivindicaciones, CSIF reclama una mejora de los estándares de calidad de la prestación asistencial que reciben los empleados públicos y eliminar cualquier tipo de discriminación en la prestación asistencial con respecto al Régimen General de la Seguridad Social.

También reclamamos un copago farmacéutico común -con independencia de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo-, y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

CSIF exige un Pacto de Estado contra los incendios forestales: aumento de plantillas y de medios y más coordinación entre administraciones durante todo el año

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 23 Jul 26 12:38:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama un Pacto de Estado para mejorar la prevención y la lucha contra los incendios forestales, que cada verano son más agresivos y difíciles de controlar. La prueba es que en lo que llevamos de año ya se han quemado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2025, como ha explicado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

CSIF demanda una prevención más efectiva, con más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas. En este sentido, denunciamos una serie de carencias que se repiten verano tras verano, a pesar de los reiterados avisos con meses de anticipación para preparar los operativos.

Las principales carencias detectadas son la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), la precariedad con la que trabajan, medios insuficientes y una deficiente coordinación y planificación entre las diferentes administraciones. Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos.

CSIF propone las siguientes medidas para mejorar la lucha contra los incendios forestales:

Un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas. También es necesario que estas mantengan plantillas mínimas de bomberos forestales durante todo el año, así como de medios materiales, con criterios objetivos (superficie forestal, riesgo de incendio, etc).
Realizar tareas de prevención los 12 meses del año. Es necesario evitar los despidos al finalizar la campaña de verano, realizar cortafuegos y caminos más amplios para evitar que los incendios se propaguen, y aumentar los puntos de abastecimiento de agua. Es imprescindible eliminar vegetación alrededor de los núcleos de población.
Refuerzo de plantilla de bomberos forestales. Hay que reducir la temporalidad y estabilizar los puestos de trabajo y mejorar sus condiciones laborales.
Desarrollar en todas las comunidades autónomas la ley básica de Agentes Medioambientales.
Garantizar recursos suficientes, planificación y coordinación permanente entre las distintas administraciones.
Renovación de los Equipos de Protección Individual (EPI), mejora de los medios materiales y vehículos especializados, y adaptación de dispositivos a cada territorio. Actualmente el material es escaso o está obsoleto.
Regulación de las jornadas y tiempos de trabajo para garantizar la seguridad de los bomberos forestales. En algunos casos, las jornadas de trabajo pueden llegar hasta 16 horas consecutivas.

Agradecimiento a los profesionales y solidaridad con las víctimas

CSIF quiere destacar la valentía de todas y todos los profesionales y voluntarios que combaten actualmente los incendios forestales, y reiteramos nuestro más profundo pésame a las víctimas y sus familias por las pérdidas sufridas.
CSIF seguirá luchando por un sistema de prevención y extinción de incendios que esté a la altura de los retos actuales.

CSIF reclama mayor reconocimiento para el personal de gestión telefónica del 061

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 27 Jul 26 13:01:00 CEST

Prensa y ComunicaciónAndalucía Image

La plantilla, que se rige por un convenio de telemarketing, sufre una gran precariedad a pesar de realizar una labor esencial para la atención y protección de la salud de la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama que el futuro decreto del 061 en Andalucía reconozca al personal de gestión telefónica del 061. CSIF exige su inclusión expresa en la nueva norma y denuncia la precariedad del colectivo, que se rige bajo un convenio de telemarketing, desde hace décadas.

CSIF consigue que el Congreso desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y enmienda el error de CCOO y UGT

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 24 Jul 26 12:22:00 CEST

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.

Ambas cuestiones, se tratan de reivindicaciones que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, se regula la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho

CSIF alerta de que la subida del paro en el segundo trimestre evidencia la fragilidad estructural del mercado laboral andaluz

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Jul 26 12:25:00 CEST

El sindicato reclama una apuesta decidida por el empleo estable y de calidad, el refuerzo de los servicios públicos y la diversificación del modelo productivo en la comunidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha alertado de que los datos de la Encuesta de Población Activo (EPA) correspondientes al segundo trimestre ponen de manifiesto que el mercado laboral andaluz continúa mostrando una preocupante fragilidad estructural, incapaz de consolidar un crecimiento sostenido del empleo incluso en uno de los períodos tradicionalmente más favorables del año como es el inicio de la temporada de verano.

Aunque entre abril y junio se crearon 63.300 puestos de trabajo en Andalucía, el número de personas desempleadas aumentó en 5.400, situándose actualmente en 627.000. Se trata de un comportamiento que contrasta con la evolución del conjunto del país, donde el paro descendió de forma significativa.

“Ni siquiera un trimestre tradicionalmente favorable para el empleo, gracias al turismo y los servicios, ha sido capaz de reducir el desempleo en Andalucía. Este comportamiento evidencia la excesiva dependencia de la estacionalidad y la necesidad de impulsar un modelo más diversificado, capaz de generar empleo estable y de calidad durante todo el año”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Para CSIF, estos datos reflejan que Andalucía continúa dependiendo en exceso de sectores marcados por la temporalidad y la estacionalidad, lo que impide consolidar un mercado laboral estable. “Andalucía no pude seguir conformándose con crear empleo condicionado por campañas concretas mientras mantiene una de las tasas de paro más elevadas de España. Necesitamos un cambio de modelo que permita generar puestos de trabajo estables, de calidad y con perspectiva de futuro”, ha advertido Girela.

En este sentido, el sindicato ha reclamado a la Junta de Andalucía una apuesta decidida para reforzar el empleo público. La mejora de los servicios públicos requiere incrementar las plantillas en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la Administración General y el resto de los servicios públicos, donde persisten importantes déficits de personal que repercuten tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

“Que Andalucía cuente con unos servicios públicos fuertes no puede depender de los ajustes presupuestarios de cada ejercicio. Ahora que la Junta empieza a trabajar en las cuentas de 2027, reclamamos al Ejecutivo andaluz que sitúe el empleo público como prioridad. Las administraciones tienen que dejar de considerar el empleo público como un gasto y asumir que es una inversión imprescindible. Reforzar las plantillas también contribuye a crear empleo estable y a dinamizar la economía”, ha apostillado Girela.

Asimismo, el sindicato ha reclamado una estrategia para impulsar sectores capaces de generar empleo a largo plazo y de alto valor añadido, como la industria, la innovación, las nuevas tecnologías o las energías renovables.

De igual manera, CSIF ha mostrado su preocupación la realidad social que reflejan otros indicadores de la EPA. En Andalucía, el 8,62 % de los hogares tiene a todos sus miembros en paro, un porcentaje superior al registrado hace un año. “Detrás de las cifras hay miles de familias que continúan afrontando serias dificultades económicas y cuya situación exige respuestas y políticas eficaces por parte de las administraciones”, ha lamentado Girela.

CSIF-A acusa a la Junta de abandonar las infraestructuras judiciales mientras la implantación de los Tribunales de Instancia deriva en un auténtico caos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Jul 26 13:24:00 CEST

El sindicato denuncia la falta de diálogo con la Administración desde hace un año y reclama un plan urgente para solucionar el deterioro de las sedes judiciales y la falta de medios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.

El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.

En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.

“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.

La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.

La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.

A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.

CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.

El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.

Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.

CSIF-A denuncia el silencio del Parlamento tras expirar el plazo para admitir la ILP sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 30 Jul 26 11:41:00 CEST

El sindicato critica que las administraciones exijan a la ciudadanía el cumplimiento estricto de los tiempos mientras incumplen los suyos sin asumir consecuencias
Recuerda que la iniciativa permitirá exigir el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico para restaurar las cantidades detraídas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones pública, ha denunciado la falta de respuesta del Parlamento de Andalucía tras expirar el plazo para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces.

Tras registrar la ILP el pasado 7 de julio, el plazo de 15 días hábiles del que disponía la Mesa del Parlamento para resolver sobre esta cuestión finalizó este 28 de julio; sin embargo, tras la reunión celebrada ayer por este órgano, CSIF continúa sin haber recibido notificación alguna sobre el acuerdo adoptado, una situación que el sindicato considera “impropia de una institución que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad y a los procedimientos democráticos”.

Para el sindicato, este retraso pone de manifiesto una realidad que miles de andaluces conocen bien en su relación con las administraciones públicas: cuando un ciudadano, una organización o una empresa incumple un plazo administrativo, las consecuencias son inmediatas y pueden traducirse en la pérdida de derechos, sanciones o penalizaciones. En cambio, cuando es la propia Administración la que incumple los tiempos que la ley establece, no sucede absolutamente nada.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha lamentado que “en Andalucía parece que los plazos administrativos son obligatorios únicamente para la ciudadanía. Las administraciones exigen rigor y puntualidad a quienes se relacionan con ellas, pero no dan ejemplo. Es un agravio y una injusticia para todos los andaluces y andaluzas. No puede haber una Administración que sancione los retrasos de los demás mientras normaliza los suyos propios”.

Una iniciativa para que los andaluces puedan pronunciarse

CSIF ha recordado que la ILP es un instrumento de participación democrática concebido para que la ciudadanía pueda impulsar el debate parlamentario sobre cuestiones de evidente interés público, como son los derechos retributivos de las empleadas y empleados públicos, que mantienen en pie servicios esenciales como la sanidad, la educación y la justicia.

En este caso, la iniciativa impulsada por el sindicato pretende que los andaluces y andaluzas, y especialmente los cientos de miles de empleados públicos de la comunidad, puedan expresar mediante su firma la necesidad de que el Gobierno andaluz restituya las cantidades correspondientes de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014, detraídas durante los años de la crisis económica.

La organización subraya, además, que esta reivindicación está plenamente justificada porque la propia Junta de Andalucía se comprometió en 2018, mediante un acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales, a devolver estas cantidades, un compromiso que, sin embargo, aún no se ha materializado.

“Si el Ejecutivo andaluz continúa sin cumplir lo que firmó hace ya ocho años, es más que legítimo que la ciudadanía pueda pronunciarse a través de esta iniciativa. Este instrumento existe precisamente para que la sociedad pueda impulsar soluciones cuando las instituciones no responden a demandas justas ni cumplen los compromisos adquiridos”, ha reivindicado Girela.

Por último, el sindicato ha asegurado que continuará con su reivindicación y llegará “hasta donde haga falta” para hacer justicia con las empleadas y empleados públicos andaluces.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa de la entrada en vigor de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica el sistema de notificaciones de la Seguridad Social en los procedimientos relacionados con la Incapacidad Temporal, la Incapacidad Permanente y las lesiones permanentes.

A partir del 1 de septiembre de 2026, las resoluciones, citaciones para revisiones médicas y requerimientos de documentación dejarán de remitirse por correo postal y estarán disponibles exclusivamente en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

CSIF recuerda que las personas afectadas dispondrán de 10 días naturales para acceder a las notificaciones. Transcurrido ese plazo sin acceder a su contenido, se entenderán legalmente notificadas, lo que puede conllevar la pérdida de plazos para presentar alegaciones o recursos y, en determinados supuestos, afectar al mantenimiento de las prestaciones por incapacidad temporal.

Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF-A exige a la Consejería de Sanidad que respete la negociación colectiva y acuerde mejoras reales para todos los profesionales del SAS

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 31 Jul 26 13:30:00 CEST

El sindicato critica el acuerdo entre la Administración y el SMA, que, además de no contener medidas concretas, se realiza fuera de la Mesa Sectorial
Reclama abordar el déficit de plantilla y la sobrecarga asistencial, así como culminar la ejecución del Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, firmado en 2023

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido a la Consejería de Sanidad que respete la negociación colectiva y aborde las cuestiones que afecten a las condiciones laborales del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde corresponde, que es la Mesa Sectorial.

El sindicato, primera fuerza multiprofesional en dicho foro, ha expresado tal reivindicación tras anunciarse un acuerdo suscrito por la Consejería con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para abordar mejoras dirigidas al personal facultativo. A juicio de CSIF, el documento “recoge declaraciones de intenciones, pero no incorpora medidas concretas, plazos ni compromisos verificables que permitan avanzar de manera efectiva en la mejora de las condiciones del personal médico de Andalucía”.

Más allá del contenido, para CSIF resulta especialmente preocupante la forma en que la Consejería está gestionando la negociación de cuestiones que afectan al personal del SAS. “Es inaceptable que la Administración alcance acuerdos al margen de la Mesa Sectorial, que es el órgano legalmente establecido para la negociación colectiva. Por ello no podemos sino rechazar que la Consejería opte por vías unilaterales para abordar cuestiones laborales. El diálogo colectivo es la herramienta que debe servir para construir consensos sólidos y duraderos”, ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

Asimismo, el sindicato ha subrayado que la mejora de la sanidad pública andaluza requiere de medidas multiprofesionales. “CSIF ya ha puesto en muchas ocasiones el foco en el déficit estructural de plantilla y la sobrecarga asistencial que afecta, por supuesto, al personal facultativo, pero que sin duda también lo hace con el resto de categorías del SAS, por lo que cualquier estrategia para fortalecer el sistema debe contemplar medidas que beneficien al conjunto de los trabajadores”, ha explicado Girela.

En este sentido, CSIF trasladará estas reivindicaciones al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la reunión que tendrá lugar en los próximos días después de que haya revalidado su cargo. El objetivo del sindicato en dicho encuentro será exigir un cambio en la manera de afrontar la negociación y reclamar una apuesta decidida por mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los profesionales del SAS.

Entre las medidas que CSIF defenderá figuran la mejora de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo perdido y la puesta en marcha de medidas que permitan retener y recuperar el talento perdido. “Hay que poner fin a la fuga de trabajadores de Andalucía, y eso solo se conseguirá cuando haya condiciones laborales y salariales a la altura de la labor que realizan nuestros profesionales”, ha indicado Girela; asimismo, el dirigente sindical ha señalado la necesidad de abordar los importantes desequilibrios entre distintas categorías. En esta línea, el sindicato reclamó hace varios meses la puesta en marcha de una Mesa Técnica de retribuciones destinada a erradicar los agravios comparativos existentes en el SAS entre diferentes categorías e incluso dentro de la misma.

De igual modo, CSIF reclama un plan de refuerzo de las plantillas para reducir la sobrecarga con la que el personal del SAS trabaja a diario, derivada, principalmente de la falta de cobertura de bajas y permisos retribuidos.

Girela también ha hecho referencia a la necesidad de ejecutar medidas pendientes del Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, suscrito en 2023, como el desarrollo efectivo de las competencias del personal administrativo de apoyo a la gestión asistencial, el refuerzo del personal en Salud Mental y la integración definitiva de los dispositivos de apoyo en los Equipos Básicos de Atención Primaria. El sindicato también ha recordado la existencia de otros acuerdos históricos, como la progresión del personal Auxiliar Administrativo que alcance el nivel IV de Carrera Profesional a Administrativo.

Por último, CSIF ha reclamado mayor transparencia en los criterios y el procedimiento de asignación del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) así como el paso de esta retribución a la masa salarial fija del SAS, y la implantación de las horas de solape en todas las categorías en las que existan relevo entre turnos, una medida ampliamente demandada por las y los profesionales.

CSIF informa: desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notificará las incapacidades únicamente por vía electrónica

encarna.abascal.perez — Wed, 29 Jul 26 10:11:00 CEST

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Por ello, CSIF recomienda:

Actualizar el teléfono móvil y el correo electrónico en Importass.
Disponer de un sistema de identificación digital activo (Cl@ve, Certificado Digital o DNI electrónico).
Revisar periódicamente la Sede Electrónica de la Seguridad Social, ya que los avisos por SMS o correo electrónico tienen únicamente carácter informativo.

Desde CSIF insistimos en la importancia de conocer esta modificación normativa para evitar la pérdida de derechos o prestaciones por el desconocimiento de una notificación electrónica.

Consulta la ficha informativa elaborada por CSIF y comparte esta información con tus compañeros para que nadie pierda sus derechos por no conocer este cambio.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

dario.carrasquilla.de-la-torre — Thu, 11 Jun 26 12:00:00 CEST

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CSIF Sanidad Nacional

CSIF reclama una actualización real del programa formativo de Medicina del Trabajo para afrontar los nuevos riesgos laborales

El sindicato presenta alegaciones para reforzar la formación en salud mental laboral, riesgos emergentes, investigación, liderazgo, vigilancia colectiva, perspectiva de género y coordinación sanitaria y preventiva.

CSIF considera imprescindible situar la especialidad de Medicina del Trabajo a la vanguardia de los cambios que están transformando el mundo laboral. La digitalización, el envejecimiento de la población trabajadora, los riesgos psicosociales, las nuevas formas de organización del trabajo y el impacto del cambio climático exigen una formación especializada más completa, actualizada y adaptada a la realidad actual.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha presentado alegaciones al Proyecto de Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo con el objetivo de reforzar la preparación de los futuros especialistas y mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Para CSIF, la formación especializada constituye uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y preventivo. Por ello, el programa formativo no puede limitarse a la adquisición de competencias clínicas tradicionales, sino que debe incorporar herramientas que permitan afrontar con solvencia los retos presentes y futuros de la salud laboral.

Salud mental laboral

CSIF pide reforzar la formación en riesgos psicosociales, burnout, acoso laboral, violencia en el trabajo y promoción del bienestar emocional.

Nuevos riesgos laborales

El sindicato reclama competencias específicas sobre teletrabajo, plataformas digitales, inteligencia artificial, automatización y cambio climático.

Investigación y evidencia

CSIF propone aumentar la formación en epidemiología laboral, bioestadística, metodología de investigación y análisis de datos sanitarios y laborales.

Vigilancia colectiva

El sindicato solicita más peso práctico para la vigilancia epidemiológica, enfermedades profesionales, incapacidad laboral y coordinación asistencial.

Una formación adaptada a los retos actuales de la salud laboral

CSIF advierte de que los problemas de salud mental se han convertido en una de las principales causas de incapacidad temporal, absentismo y pérdida de productividad. Por ello, considera imprescindible que los especialistas en Medicina del Trabajo cuenten con una formación más amplia y actualizada para prevenir, detectar precozmente y realizar seguimiento de estas situaciones.

Del mismo modo, el sindicato reclama que el programa formativo incorpore los nuevos escenarios laborales derivados de las transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas. Entre ellos, el teletrabajo, el trabajo híbrido, el trabajo en plataformas digitales, el envejecimiento de la población trabajadora, la diversidad generacional, los nuevos riesgos ergonómicos y organizativos, la digitalización, la inteligencia artificial y el cambio climático.

CSIF defiende que la Medicina del Trabajo debe anticiparse a los nuevos riesgos y no limitarse a responder cuando el daño ya se ha producido. La prevención exige formación, evidencia científica, coordinación y recursos.

Más investigación, liderazgo y coordinación

Otra de las propuestas de CSIF es incrementar la formación en investigación y medicina basada en la evidencia. El sindicato considera que la toma de decisiones en salud laboral debe apoyarse en el mejor conocimiento científico disponible, reforzando la capacitación en epidemiología laboral, bioestadística, lectura crítica de la literatura científica, diseño de proyectos y análisis de grandes bases de datos.

Asimismo, CSIF plantea incorporar formación reglada en liderazgo y gestión, ya que los especialistas en Medicina del Trabajo desempeñan con frecuencia funciones de coordinación, dirección de servicios de prevención, planificación estratégica, gestión de equipos multidisciplinares, comunicación institucional, negociación y resolución de conflictos.

Perspectiva de género, desigualdades y vigilancia de la salud colectiva

CSIF también solicita reforzar la formación práctica en vigilancia de la salud colectiva, perspectiva de género y desigualdades en salud laboral. Para el sindicato, estas competencias son esenciales para detectar precozmente riesgos, analizar indicadores de salud laboral, investigar brotes o eventos centinela, evaluar programas preventivos y mejorar la actuación ante enfermedades profesionales.

Además, CSIF considera necesario mejorar la coordinación entre Atención Primaria, Inspección Médica, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios de prevención propios y ajenos, con el fin de garantizar una respuesta más eficaz y completa en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

CSIF exigue que sus propuestas sean incorporadas al texto definitivo

CSIF solicita que sus alegaciones sean valoradas favorablemente e incorporadas al texto definitivo del Programa Formativo de la Especialidad de Medicina del Trabajo. El sindicato subraya que invertir en una formación especializada de mayor calidad supone una garantía para la protección de la salud de las personas trabajadoras, una mejora de la capacidad de respuesta del sistema preventivo y un reconocimiento al papel esencial que desempeñan los especialistas en Medicina del Trabajo.

La salud laboral del futuro necesita especialistas mejor formados, más recursos y una prevención adaptada a los nuevos riesgos.

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CSIF solicita al Ministerio de Sanidad participar en el Observatorio de Prevención del Suicidio para actuar en el ámbito laboral: “La salud mental laboral debe ser una prioridad de Estado”

encarna.abascal.perez — Thu, 04 Jun 26 11:39:00 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio y a todos los espacios institucionales relacionados con la salud mental y la conducta suicida que analicen factores vinculados al ámbito laboral.
La petición, trasladada mediante un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, responde a la necesidad de que las organizaciones sindicales participen activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a prevenir el suicidio, especialmente en aquellos sectores profesionales sometidos a una elevada presión psicológica y emocional.
Para CSIF, la perspectiva sanitaria de la prevención del suicidio debe complementarse con una perspectiva laboral. Las condiciones de trabajo tienen una influencia directa sobre la salud mental de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, las emergencias o las instituciones penitenciarias.
Una realidad que también afecta al mundo laboral
El suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. Los últimos datos disponibles reflejan que en 2024 fallecieron por suicidio 3.953 personas en nuestro país, lo que supone una media de casi 11 muertes al día. Tres de cada cuatro personas fallecidas fueron hombres.
Aunque las estadísticas oficiales no incorporan de manera sistemática la profesión de las personas fallecidas, diferentes análisis muestran que una parte muy importante de los suicidios se produce en franjas de edad laboral activa. Además, el suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre la población joven y adulta joven, afectando especialmente a personas de entre 15 y 29 años.
Desde CSIF se advierte de que factores como la sobrecarga de trabajo, el estrés crónico, la violencia laboral, la falta de conciliación, la precariedad, la exposición continuada al sufrimiento humano, los turnos prolongados o la ausencia de apoyo organizativo pueden convertirse en elementos de riesgo para la salud mental de las plantillas.
La salud mental laboral sigue siendo una asignatura pendiente
El sindicato denuncia que la protección de la salud mental continúa siendo una de las grandes carencias en numerosos centros de trabajo.
Problemas como la ansiedad, la depresión, el desgaste emocional, el síndrome de burnout o el estrés postraumático forman parte de la realidad cotidiana de miles de profesionales, especialmente en servicios públicos esenciales. Sin embargo, siguen siendo situaciones infradiagnosticadas y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas dentro de las organizaciones.

CSIF considera especialmente preocupante la ausencia de protocolos generalizados para la prevención del suicidio en las empresas y administraciones públicas, así como la insuficiente actuación frente a los riesgos psicosociales y las crisis de salud mental que afectan a los trabajadores.

Los sindicatos deben estar presentes en el Observatorio
El propio Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la participación multisectorial y la coordinación entre distintos actores implicados en la prevención. Asimismo, contempla la creación de un Observatorio de Prevención del Suicidio como instrumento de análisis, coordinación y seguimiento de esta problemática.
Por este motivo, CSIF considera imprescindible que los representantes de los trabajadores tengan presencia permanente en dicho órgano, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones laborales, los factores de riesgo psicosocial y las necesidades reales de las plantillas.
Además, el sindicato propone la creación de un grupo de trabajo específico sobre prevención del suicidio en el ámbito laboral, la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio para facilitar estudios rigurosos sobre factores laborales, el desarrollo de investigaciones específicas en colectivos de alto riesgo y la implantación de protocolos de detección precoz y apoyo psicológico.
El sindicato reitera que proteger la salud mental de las personas trabajadoras es una responsabilidad colectiva y reclama medidas concretas para que ningún trabajador afronte en soledad situaciones de sufrimiento psicológico que puedan derivar en consecuencias irreparables.
Porque la prevención del suicidio también pasa por construir entornos laborales seguros, saludables y comprometidos con el bienestar de las personas.

CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

dario.carrasquilla.de-la-torre — Wed, 03 Jun 26 14:00:00 CEST

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CSIF exige a la ministra Mónica García la creación inmediata de un Observatorio Nacional de Agresiones

“No podemos seguir normalizando la violencia contra quienes sostienen la sanidad pública”

El sindicato registra una carta en el Ministerio de Sanidad tras constatar 51 agresiones diarias a profesionales del SNS en 2025 y denunciar que la administración utiliza a los sanitarios como “parachoques humano” ante la frustración de los usuarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Sanidad), organización sindical más representativa en las administraciones públicas, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, en la que exige la creación urgente y efectiva de un Observatorio Nacional de Agresiones a Profesionales de la Sanidad, con participación real de las organizaciones sindicales y capacidad de coordinación en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato alerta de que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2025 se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del SNS, lo que supone 51 ataques cada día en España y una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales. Esta cifra representa un incremento del 8,74% respecto a 2024.

Desde CSIF advierten, además, de que la realidad puede ser aún más grave debido a la elevada infradeclaración provocada por el miedo, la burocracia, la falta de apoyo institucional y la peligrosa normalización de la violencia en los centros sanitarios.

18.563 agresiones notificadas en 2025

51 ataques diarios a profesionales sanitarios

+8,74% incremento respecto a 2024

24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales

Tipo de agresión notificada

No físicas: insultos, amenazas o intimidaciones 84,5%

Físicas 15,5%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

Ámbito donde se notifican las agresiones

Atención Primaria 51%

Atención Hospitalaria 47%

Fuente: Ministerio de Sanidad. Informe anual de agresiones a profesionales del SNS 2025.

“No se puede asumir como parte del trabajo que un profesional sea insultado, amenazado o agredido mientras atiende a pacientes. Estamos hablando de personas que sostienen la sanidad pública en condiciones extremas de presión asistencial”.

Un incumplimiento flagrante del Convenio 190 de la OIT

CSIF denuncia que la persistencia de estas agresiones demuestra que las medidas de prevención de riesgos laborales actuales son insuficientes e ineficaces, vulnerando el derecho del personal a trabajar en condiciones de seguridad y dignidad.

Además, el sindicato recuerda que España ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

“La preocupante realidad de las agresiones diarias al personal sanitario es la consecuencia directa de una alarmante pérdida de calidad asistencial, provocada por la falta de recursos, la saturación del sistema y las listas de espera crónicas”.

CSIF denuncia en la carta que, al no solucionar estas deficiencias estructurales, la administración y las gerencias están utilizando a los profesionales de la salud como un auténtico “parachoques humano” frente a la frustración legítima de los usuarios.

Lo que CSIF reclama

El sindicato plantea tres bloques de medidas para atajar el problema desde la raíz:

1. Medidas de gestión para reducir la carga y mejorar la calidad asistencial

Ratios de personal blindados por ley.
Refuerzo inmediato de plantillas.
Desburocratización de las consultas con personal administrativo de apoyo.
Sistemas ágiles de triaje y espera con información en tiempo real.
Refuerzo de la atención comunitaria y de salud mental.

2. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad física

Actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales incluyendo la violencia de terceros.
Barreras físicas de protección y vías de escape en consultas.
Visitas domiciliarias obligatoriamente en binomio y con geolocalizador.
Dispositivos de alerta inmediata, como botones del pánico y alarmas silenciosas.
Presencia permanente de seguridad privada en centros de alta conflictividad.
Formación obligatoria y periódica en gestión de conflictos.
Reconocimiento efectivo de autoridad pública para todos los sanitarios.
Campañas institucionales de tolerancia cero.

3. Medidas jurídicas y de apoyo al profesional

Denuncia de oficio por parte de la administración.
Aplicación estricta del Principio de Autoridad con coordinación directa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Protocolos de post-incidente obligatorios con asistencia psicológica inmediata y gratuita, y apoyo legal integral.

Un observatorio nacional ya es inaplazable

CSIF recuerda que, aunque el Ministerio de Sanidad dispone de mecanismos nacionales de estudio y análisis, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.

Asimismo, mientras algunas comunidades autónomas han avanzado en la creación de observatorios específicos o estructuras de seguimiento, otras mantienen modelos dispersos o insuficientes, lo que dificulta disponer de una respuesta homogénea, coordinada y eficaz en todo el Sistema Nacional de Salud.

“Desde CSIF consideramos imprescindible la creación de un verdadero Observatorio Nacional de Agresiones, con participación activa de las organizaciones sindicales y profesionales, que permita actuar con coordinación, datos reales y recursos suficientes frente a una situación que ya constituye una emergencia nacional en la sanidad pública”.

“Sin profesionales protegidos no puede existir una sanidad segura ni de calidad. La violencia no puede formar parte del trabajo sanitario”, sentencia CSIF Sanidad.

Redes Sociales CSIF Sanidad

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.