Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF logra un acuerdo histórico para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, que en Andalucía beneficiará a más de 33.000 trabajadores

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 27 Mar 26 12:38:00 CET

La Central Sindical desbloquea esta medida, que estaba pendiente desde 2022 y que se ha logrado impulsar gracias al Acuerdo Marco firmado el pasado mes de noviembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado un acuerdo histórico para aplicar de manera definitiva la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que se ha logrado desbloquear con el Ministerio de Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado el pasado mes de noviembre.

CSIF se felicita por haber desbloqueado este acuerdo histórico, que será de aplicación en el ámbito laboral más amplio de este país, teniendo que afectará a las 246.500 personas que actualmente dependen de la Administración General del Estado, de las que más de 33.000 trabajan en Andalucía.

Una vez firmado este acuerdo sobre las 25 horas -que no excluye a ningún ámbito de esta administración-, el Ministerio publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.

Entre las novedades del documento firmado se encuentra la implantación de esta jornada en los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependiente de la Administración General del Estado, lo que abre su aplicación a las empresas públicas.

De la misma manera, la implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo se adaptarán previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada de las 35 horas y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.

La jornada de 35 horas es una medida pionera, que favorece la conciliación y el bienestar, la productividad y la generación de empleo, teniendo en cuenta además la ola de jubilación previstas en AGE, donde más del 50 % de la plantilla cuenta con más de 50 años y más del 20 % se jubilará en los próximo cinco años.

Carrera profesional del SAS, una realidad gracias a la presión de CSIF

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 09 Apr 26 09:52:00 CEST

Prensa y Comunicación

La Central Sindical firme un acuerdo de carrera profesional que beneficiará a todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud

La presión ejercida durante años de CSIF ha hecho posible contar con un nuevo modelo de carrera profesional para todas las categorías del Servicio Andalucía de Salud. Un gran acuerdo, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que beneficiará a todos y todas las profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Tras la mentira que el Gobierno andaluz nos vendió en 2023, CSIF se echó a la calle a defender los derechos de todos los compañeros y compañeras. Nuestra voz se ha escuchado en toda Andalucía y en todos los foros necesarios. Lo hemos conseguido.

Nuestro compromiso es claro: Sanidad pública y de calidad.

El TJUE avala la posición de CSIF: Gobierno y administraciones incumplen la Ley de Temporalidad

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 14 Apr 26 11:47:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige soluciones ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida hoy y que avala la posición de nuestra organización: las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. De hecho, hay miles de plazas que todavía no se han convocado. Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021 ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024.

Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, dado que las administraciones siguen contratando a personal interino como consecuencia de la tasa de reposición que hemos conseguido eliminar, tras el acuerdo alcanzado con Función Pública para la mejora de las Condiciones Laborales, el pasado noviembre.

El TJUE recuerda, en primer lugar, que la cláusula 5 del Acuerdo Marco no impone necesariamente la conversión automática en relación fija, pero sí exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Y también determina que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra conforme a las leyes españolas ya que la figura jurisprudencial del “indefinido no fijo” no constituye una verdadera sanción al abuso.

Ante esta situación, CSIF propone:

- Regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

- Que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.

- ⁠Reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).

Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.

CSIF traslada su solidaridad con los miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad. Y vamos a continuar nuestras medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla y se dé solución a los problemas que todavía sufren grandes profesionales en todos los ámbitos de nuestras administraciones, después de años de servicio ejemplar.

CSIF denuncia la situación insostenible de la plantilla de FAISEM y exige la actualización urgente del convenio colectivo

margarita.sanchez.mingo — Thu, 16 Apr 26 10:55:00 CEST

El sindicato se concentra en Sevilla para reclamar la reclasificación profesional, la equiparación salarial y dotación presupuestaria para dignificar la labor de alrededor de 1.200 trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado este jueves la situación insostenible que atraviesa la plantilla de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).

En una concentración ante la sede de la Consejería de Hacienda, Economía y Fondos Europeos en Sevilla, el sindicato ha querido visibilizar la labor esencial que desempeñan las y los trabajadores para la atención a personas con enfermedad mental, al tiempo que ha criticado las condiciones laborales que soportan desde hace años. “Se trata de profesionales que sostienen un servicio público fundamental con compromiso, vocación y una enorme responsabilidad social, pero que no reciben el reconocimiento que merecen”, ha señalado CSIF.

En este sentido, la Central Sindical ha puesto el foco en la precariedad laboral, la falta de actualización normativa y las desigualdades existentes dentro de la fundación. Alrededor de 1.200 profesionales de FAISEM continúan bajo un convenio colectivo que data de 2009, lo que supone “17 años sin una revisión que se adapte a la realidad actual”.

Entre las principales reivindicaciones, CSIF ha exigido la actualización urgente del convenio colectivo para garantizar unas condiciones laborales dignas y estabilidad en el empleo; asimismo, el sindicato ha reclamado la reclasificación profesional de la plantilla con el objetivo de adecuar las categorías a las funciones reales desempeñadas. “No reconocer estas funciones supone invisibilizar el trabajo y el esfuerzo diario de las y los profesionales”, ha señalado.

Otra de las demandas clave es la equiparación salarial. CSIF considera “inadmisible” que trabajadores que realizan funciones similares dentro del ámbito público perciban retribuciones distintas. “A igual trabajo, igual salario. Es una cuestión de justicia”, ha recalcado la organización.

Durante la concentración, el sindicato también ha subrayado que “el necesario nuevo convenio colectivo debe contar con la correspondiente dotación presupuestaria, lo que permitiría actualizar salarios y dignificar los puestos de trabajo”. En este contexto, CSIF ha insistido en la necesidad de que la gerencia de FAISEM entregue el expediente necesario para acceder a los fondos de Función Pública.

Finalmente, CSIF ha advertido de que continuará con las movilizaciones si no se producen avances. “No vamos a dejar de luchar por unas condiciones laborales justas y dignas para la plantilla de FAISEM y, por extensión, para las personas a las que atienden. Cuidar a quienes cuidan es una obligación de cualquier administración responsable”, ha concluido el sindicato.

CSIF firma un pacto con la Junta de Andalucía que desbloquea el teletrabajo: El decreto definitivo está previsto para antes de finales de septiembre y habrá instrucciones de homogeneización inmediatas

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 21 Apr 26 14:00:00 CEST

PACTO CON LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ante la presión ejercida mediante distintas acciones sindicales por la paralización y la demora en la regulación del teletrabajo, CSIF, sindicato mayoritario en la Mesa General de la Administración General de la Junta de Andalucía, junto con UGT y SAF, ha firmado en el día de hoy, 21 de abril, un pacto con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que permite desbloquear esta situación.

Este PACTO garantiza:

• La culminación del Decreto de Teletrabajo antes de finales del mes de septiembre de 2026.

• La elaboración de una Instrucción que permitirá homogeneizar la aplicación del teletrabajo en todos los órganos administrativos hasta la entrada en vigor del Decreto. Esta Instrucción será remitida a las organizaciones sindicales el próximo 6 de mayo para su inmediata negociación.

Tras varios días de negociación, estas medidas establecen un marco transitorio que permitirá aplicar criterios homogéneos en toda la Administración General de la Junta de Andalucía, corrigiendo las desigualdades que hasta ahora venían sufriendo las empleadas y los empleados empleados públicos en función de su destino o consejería.

Este PACTO se produce en un contexto de retraso en la tramitación normativa, tal y como se reconoce en el propio documento suscrito, y supone un avance significativo al fijar por primera vez un calendario concreto y compromisos verificables por parte de la Administración.

Desde CSIF valoramos que este pacto, fruto de la presión sindical, permite pasar de una situación en la que el teletrabajo “ni estaba ni se le esperaba”, a un escenario en el que la Administración se compromete públicamente con fechas y medidas concretas.

Desde CSIF dejamos claro que este es solo un primer paso: vamos a vigilar el cumplimiento estricto de cada compromiso y no descartamos nuevas acciones si la Administración vuelve a incumplir los plazos o mantiene situaciones de desigualdad entre el personal. El teletrabajo no puede seguir siendo un privilegio, debe ser un derecho en condiciones de igualdad para todos los empleados públicos.

CSIF denuncia la paralización de la justicia en Andalucía por una nueva caída del sistema informático, con especial gravedad en los servicios de guardia y de violencia sobre la mujer

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 21 Apr 26 14:14:00 CEST

El sindicato alerta de que ha habido que suspender agendas y es imposible celebrar juicios rápidos o atender a ciudadanos que estaban citados, entre otras incidencias
Exige la adopción urgente de medidas que garanticen el funcionamiento de la Administración de Justicia y permitan al personal funcionario trabajar con condiciones dignas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado la situación “absolutamente insostenible” que se está viviendo este martes en los órganos judiciales de toda Andalucía como consecuencia de un nuevo colapso del sistema @driano, que permanece inoperativo desde primeras horas de la mañana.

La Central Sindical ha indicado que, lejos de tratarse de una incidencia puntual, este nuevo fallo se suma a una cadena continua de caídas que se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos días y, de manera frecuente, desde su implantación. Esta problemática evidencia el absoluto fracaso de un sistema que nunca ha estado a la altura de las necesidades del servicio público que pretende sostener.

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha señalado que “las consecuencias de este colapso del sistema son gravísimas, ya que, por ejemplo, los servicios de guardia ordinaria y de violencia sobre la mujer se encuentran con personas detenidas sin posibilidad de tramitar diligencias ni adoptar decisiones procesales con la agilidad que exige la ley, comprometiendo derechos fundamentales”.

De manera paralela, el conjunto de los órganos judiciales se encuentra completamente paralizado, con agendas suspendidas de facto, juicios rápidos salientes de guardia sin celebrar, ciudadanos citados que no pueden ser atendidos, profesionales sin posibilidad realizar su trabajo y actuaciones judiciales bloqueadas en su totalidad.

Díaz ha reiterado que este escenario de colapso es el resultado directo de una implantación deficiente y de una gestión negligente, una realidad de la que CSIF lleva alertando mucho tiempo. Según el dirigente sindical, “el sistema @driano es, desde sus inicios, un auténtico despropósito. La formación es claramente insuficiente, se cuenta con un aplicativo inestable plagado de errores y caídas constantes y los medios materiales son inadecuados, con equipos informáticos que, en muchos casos, no reúnen los requisitos mínimos para soportar su funcionamiento”.

A pesar de las innumerables incidencias, quejas formales y advertencias trasladadas por CSIF y por las y los trabajadores, la Administración ha optado por una actitud de inacción y desatención que resulta incomprensible e inaceptable. La falta de respuesta efectiva ante un problema estructural de esta magnitud contribuye directamente al deterioro del servicio público de Justicia y al incremento del malestar entre personal, usuarios y profesionales.

“El caos organizativo al que se enfrenta la justicia andaluza está siendo sostenido únicamente gracias al compromiso, la profesionalidad y el sobreesfuerzo del personal funcionario de los cuerpos generales, quienes, pese a la absoluta precariedad de medios, continúan intentando dar respuesta a una ciudadanía que no merece este nivel de abandono institucional”, ha resaltado Díaz.

CSIF ha exigido la adopción urgente de medidas técnicas eficaces que garanticen la estabilidad y el funcionamiento continuo del sistema @driano, así como la dotación de equipos informáticos adecuados y suficientes para el correcto desempeño de las funciones de las y los profesionales.

Para la Central Sindical también es necesaria la implantación de planes de contingencia reales que permitan mantener la actividad judicial en caso de nuevas caídas, una revisión integral del sistema y de su proceso de implantación, incluyendo la formación del personal.

Por último, CSIF, que ha pedido la asunción de responsabilidad por la situación generada, ha indicado que de persistir esta situación CSIF se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones sean necesarias en defensa de los derechos del personal funcionario de los cuerpos generales y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

Se cumplen los pronósticos de CSIF: Falta de previsión, situaciones de colapso, problemas de red, personal insuficiente y largas colas protagonizan los primeros días del proceso de regularización

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 22 Apr 26 11:27:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha realizado un diagnóstico de los principales problemas registrados en los tres primeros días del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes, y que pueden resumirse en tres aspectos: problemas informáticos, medios materiales y personal insuficiente y mal formados, y una pésima planificación.

Así lo han constatado los delegados de CSIF presentes en las oficinas de Extranjería, de Seguridad Social y de Correos, que han sido habilitadas para realizar los trámites de este proceso de regularización, por el que se estima que pasen entre medio millón y un millón de personas. En este sentido, CSIF ensalza la entrega de los empleados públicos, que una vez más están dando ejemplo de profesionalidad para cumplir con su labor a pesar de la carencia de medios y la improvisación ya habitual de la Administración.

Estos son los principales problemas detectados por CSIF en los tres primeros días:

- Problemas en la Red. La capacidad de la plataforma informática ‘Mercurio’ es insuficiente para subir la documentación requerida a los inmigrantes para que regularicen su situación. Se trata de un programa informático de 2022, utilizado para cuestiones de Extranjería en los últimos años y que únicamente deja adjuntar 15 Mb de documentos. Además, se han detectado apagones totales del sistema en algunos casos, obligando a cerrar incluso alguna oficina de Correos.
- Falta de planificación de citas. A una misma cita se presentan varios miembros de una unidad familiar para regularizar su situación, lo que provoca retrasos y demoras. Aunque en un principio solo se contemplaba una cita por persona, los responsables de la Administración han ordenado que se atienda a todo el mundo, superando así los 20 minutos previstos por cita.

Por este motivo, se dan casos de oficinas de Seguridad Social y Extranjería que cierran incluso a las 21.00h (dos horas más tarde de lo previsto). En esta situación las/os trabajadores públicos están volviendo a demostrar su entrega al servicio público sin la justa compensación.

- Personal insuficiente y mal formado. Los efectivos que se están ocupando de la tramitación del proceso de regularización son insuficientes, lo que está provocando colas en ayuntamientos, oficinas de Correos y otras instancias para realizar la regularización. Además, en algunos casos las/os trabajadores se forman ‘in situ’, consultando a última hora dudas sobre documentación y trámites, porque las instrucciones recibidas son confusas.

Además, Correos no ha tenido en cuenta la afluencia de migrantes en localidades menores de 50.000 habitantes, cuyas oficinas no están debidamente habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG).

- Trabajo acumulado que retrasa más el proceso. El Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a impulsar un Plan Especial para resolver trámites de Extranjería previos al proceso masivo de regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo.

Gracias a la presión de CSIF, la Dirección General de la Policía ha solicitado un refuerzo de 500 interinos que, previsiblemente, se incorporarán a finales de mayo o principios de junio para la expedición de tarjetas de identificación para extranjeros, que será la parte final del proceso. No obstante, este personal carece de experiencia y será necesario formarle y habilitarle los permisos informáticos necesarios, lo que provocará más retrasos.

Este escenario evidencia una vez más la falta de músculo de nuestra Administración, a la que se le vuelven a ver las costuras en momentos de máxima actividad. En este sentido, CSIF exige que la Oferta de Empleo Público de 2026 que ya se está negociando sea lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades de plantilla, sobre todo porque después de junio comenzará la segunda parte del proceso de regularización y las situaciones de desbordamiento se trasladarán al SEPE, Seguridad Social, Justicia (por petición de nacionalidad), Interior (solicitudes de residencia), etc.

CSIF emplaza a Función Pública a que se tome en serio las necesidades de nuestra Administración y se comprometa a aprobar una oferta de empleo público adecuada.

Función Pública oculta a los sindicatos la Oferta de Empleo Público, con una Administración desbordada por el proceso de regularización

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 22 Apr 26 15:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, no puede valorar la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 dado que el Ministerio oculta a los sindicatos las cifras y el reparto de personal.

Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna. Así, exigimos los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros.

Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la aplicación de la jornada de 35 horas semanales debe de ir acompañada de un refuerzo de efectivos, teniendo en cuenta la reducción horaria.

CSIF ya rechazó la OEP del año anterior, que ascendió a 36.588 plazas, tanto en turno libre como en promoción interna, (3.558 plazas menos que en 2024), invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años.

Nos tememos que, una vez más, la oferta impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias.

De las conversaciones con Función Pública únicamente hemos conocido las siguientes líneas:

- Compromiso de creación de empleo neto, pero sin concretar cuánto ni en qué ámbitos.

- ⁠Valoración de las políticas públicas prioritarias (atención al público, entre otros), con una oferta extraordinaria para Transición Ecológica para prevención, reconstrucción y ayuda, en las políticas relacionadas con el cambio climático.

- ⁠Compromiso de resolución anual de los procesos de personal laboral. En el plazo de 2 meses se convoca la oferta acumulada 2023 (que está a punto de caducar) y 2024. Se da la circunstancia de que aún no se han convocado las ofertas de los tres últimos años y que ascienden a 5.765 plazas de turno libre y 3.238 de promoción interna.

- ⁠Compromiso de mejora de los procesos selectivos con elaboración de informes obligatorios sobre aquellos que no hubieran cubierto más del 75% de las plazas.

- ⁠Revisión del acuerdo de promoción interna por el fracaso en la cobertura de las plazas ofertadas. Para esta cuestión, se convocará un grupo de trabajo dentro de quince días.

- ⁠Potenciar las competencias digitales, con la introducción de módulos obligatorios en los cursos selectivos.

1º de Mayo. Con CSIF, trabajamos mejor. Denunciamos la crisis en la subida de precios que afecta a las familias españolas

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 23 Apr 26 12:33:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora este 1º de Mayo con preocupación, firmeza y responsabilidad ante la situación económica que afronta España y sus trabajadores/as.

Las cifras macroeconómicas positivas de España contrastan con los problemas reales a los que se enfrentan las/os ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra (agravados por el conflicto bélico en Oriente Medio), de la energía, de la vivienda, o la subida de las hipotecas.

Vivimos en una situación de incertidumbre derivada de la Guerra en Irán, con una crisis energética de consecuencias imprevisibles, la subida del precio de la energía y su impacto en la inflación. La cesta de la compra es muy probable que afronte una nueva subida de precio si el conflicto se prolonga y todo ello va a poner en jaque a las familias españolas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última Encuesta

de Condiciones de Vida (2025), una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años. Además, el 8,5 por ciento de la población llega a fin de mes con “mucha dificultad”, un 36,4 no tiene capacidad para gastos imprevistos y el 32,2 por ciento no se puede ir ni una semana de vacaciones.

CSIF valora la evolución al alza en el empleo, pero mantiene su preocupación ante unos datos de paro a nivel global y especialmente en los jóvenes (uno de cada cuatro no encuentra empleo) que prácticamente doblan la media europea y con un volumen de fijos discontinuos que maquilla la precariedad en el trabajo.

También llamamos la atención por la tasa de temporalidad en las administraciones públicas, estancada cerca del 30 por ciento desde hace años, más del doble que en el sector privado.

Por otra parte, el mercado laboral español sigue dependiendo en gran medida de sectores como la hostelería y los servicios, con un peso todavía reducido del tejido industrial. Sigue pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo, ya que el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas de siempre. Además, como sociedad, debemos prepararnos para afrontar desafíos importantes, como el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral.

Desde CSIF, también estamos preocupados por los retos en la Seguridad Social, que dificultan cada vez más las condiciones de acceso a una jubilación, o el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos. Hemos solicitado a las autoridades europeas y al Gobierno de España un plan de contingencia para blindar el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos de la guerra.

Además, el plan de regularización extraordinaria de personas migrantes ha vuelto a mostrar las costuras de nuestras administraciones a todos los niveles (Correos, Seguridad Social, Extranjería, Interior). Por eso, con motivo de este 1º de Mayo, CSIF también quiere poner en valor una vez más la entrega y la profesionalidad de colectivo de empleadas/os públicos en este proceso, pese al déficit de personal y de medios materiales. Tenemos que reforzar de manera ineludible nuestros servicios públicos.

Refuerzo de los Servicios Públicos

La apuesta de CSIF pasa por la mejora del empleo público, jubilación digna, mejores salarios, refuerzo de plantillas, potenciar los servicios públicos, más prevención laboral, luchar contra la precariedad, promoción interna, igualdad real entre mujeres y hombres, mejora de las indemnizaciones por razón de servicio y residencia, mejora de la calidad asistencial del mutualismo administrativo y del régimen de Clases Pasivas, entre otros.

CSIF también reclama el desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral y regulación de esta modalidad de jubilación para funcionarios y estatutarios.

Con todo, en CSIF nos felicitamos por el Acuerdo Marco firmado con Función Pública, que supone un incremento salarial de hasta el 11,4 por ciento hasta 2028, así como mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos, movilidad, entre otras.

En la negociación del acuerdo también se ha conseguido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público, reforzar la atención al público, o la implantación de las 35 horas en la Administración General del Estado, donde el papel de CSIF ha sido decisivo. La jornada de las 35 horas supone un acuerdo histórico dado que se aplicará en el mayor ámbito laboral de España, con casi

250.000 trabajadoras/es; una medida que favorece la conciliación y el bienestar de los trabajadores/as, la productividad y la generación de empleo, por lo que debe de ser un referente.

CSIF recuerda que las administraciones públicas históricamente han sido punta de lanza para la aplicación de nuevos derechos laborales, como ocurrió en su día con el permiso de paternidad.

En el último año, la capacidad de negociación de CSIF ha favorecido también alcanzar importantes acuerdos como el nuevo Estatuto Marco en la Sanidad o la reversión de los recortes en la Educación, que supone la reducción de horas lectivas, así como las ratios de alumnos en las aulas. También hemos logrado regular la jubilación anticipada de bomberos forestales y agentes medioambientales, mediante coeficientes reductores.

Por otra parte, nuestra organización sindical defiende una Oferta de Empleo Público para 2026 con un refuerzo en sectores sensibles como el SEPE, Seguridad Social, Interior, Extranjería o Instituciones Penitenciarias.

CSIF, tercera fuerza sindical de España

Pese a las dificultades, CSIF celebra este 1º de Mayo como tercera fuerza sindical de España, defendiendo con orgullo nuestro crecimiento, que nos posiciona como alternativa sindical a las organizaciones de clase. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, mayoritario en la Administración General del Estado y seguimos multiplicando nuestra presencia en el ámbito privado.

Esto significa que estamos restando espacio electoral a las organizaciones tradicionales y que somos una alternativa real y consolidada para las personas trabajadoras españolas.

De hecho, CSIF está presente en infinidad de empresas, algunas muy significativas como Atresmedia, Retevisión, Cope, Michelín, Zara, Bershka, Benetton, Cortefiel, Coca Cola, Telepizza, Grupo Once, Burger King, Campofrío, Renault, Caixabank o Unicaja.

Por eso, España necesita ya una reforma de la Ley Sindical para trasladar al debate público y a la negociación colectiva la pluralidad de opciones de la sociedad española, que supera con creces a la de las dos organizaciones tradicionales de clase. En la actualidad sigue vigente la Ley Orgánica de Libertad Sindical que data de 1985 y que regula unas condiciones más ventajosas para los sindicatos de clase.

Finalmente, desde CSIF también queremos aprovechar esta jornada para rendir de nuevo homenaje a todas las mujeres que siguen viendo mermados sus derechos con la brecha salarial, la discriminación y situaciones machistas que en su más grave expresión se traducen en episodios de violencia de género, violencia vicaria y asesinatos, que despreciamos.

En definitiva, ante este 1º de Mayo:

CON CSIF TRABAJAMOS MEJOR

PORQUE CUANDO SUMAMOS ESFUERZOS MULTIPLICAMOS RESULTADOS PORQUE NOS JUGAMOS EL FUTURO. OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE CSIF SÍ TE DEFIENDE

CSIF + ES MÁS

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF-A exige a los partidos que concurren a las elecciones del 17M un compromiso firme con los servicios públicos y avanzar hacia un diálogo social más abierto y plural

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 29 Apr 26 13:17:00 CEST

El sindicato centra sus reivindicaciones en el refuerzo de la sanidad, la educación o la justicia y la mejora de las condiciones de sus profesionales
Pide una Ley de Participación Institucional que represente a todos los trabajadores y no se limite a los sindicatos de siempre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha exigido una petición clara a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo: un compromiso firme, real y verificable con la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Para la organización sindical resulta prioritario blindar servicios esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la atención a la dependencia y el conjunto de prestaciones que garantizan la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que “quienes aspiran a representar a las y los andaluces deben asumir un compromiso inequívoco con ellos, alejándose de cualquier planteamiento que pueda debilitar el sistema público y el estado de bienestar que hemos construido entre todos y todas”.

Asimismo, la Central Sindical ha reclamado a los partidos que pongan en marcha políticas que beneficien directamente a las familias andaluzas, entre ellas la creación de empleo estable y de calidad, la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, el impulso de medidas eficaces de igualdad y conciliación, así como facilitar el acceso a la vivienda.

Girela ha advertido de que CSIF exigirá al futuro Gobierno andaluz el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral. “CSIF pide hechos, no palabras, por eso estaremos vigilantes para que quien se comprometió cumpla lo que dijo antes de acudir a las urnas”, ha señalado Girela, quien ha incidido en la necesidad de que la acción política se traduzca en mejoras tangibles para los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía. En este contexto, CSIF ha informado de que ha solicitado una reunión a todos los partidos con representación en el Parlamento actualmente para trasladarles sus reivindicaciones, pero aún sigue a la espera de respuesta.

El responsable sindical también se ha referido a la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de diálogo social en la comunidad. “Es una prioridad que el nuevo gobierno de Andalucía, lo ostente quien lo ostente, muestre su disposición a reflejar la realidad laboral de una Andalucía del siglo XXI, pues la Ley de Participación Institucional aprobada a finales de 2024 deja sin voz a cientos de miles empleadas y empleados públicos y a cada vez más trabajadores de la empresa privada”, ha denunciado Girela.

En este sentido, la Central Sindical ha recordado que el Gobierno actual incumplió la palabra del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien se comprometió en sede parlamentaria a contar con una norma más abierta y plural. “Escapa de toda lógica que la concertación social deje fuera a un sindicato como CSIF, que supera con creces a CCOO y UGT en representatividad en sectores esenciales como la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía”, ha explicado Girela, para quien “esta vergonzosa ley se traduce en que se toman decisiones que afectan a las empleadas y empleados públicos sin contar con el sindicato con mayor presencia entre ellos”.

Por último, la Central Sindical ha fijado como prioridad que durante la próxima legislatura se haga efectiva la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 detraída a las empleadas y empleados públicos andaluces, lo que supone un incumplimiento del acuerdo firmado con la Administración en 2018 para su restauración. “No puede haber más excusas ni demoras para abonar a los empleados públicos lo que es suyo”, ha concluido Girela.

CSIF exige al Gobierno blindar el Estado de Bienestar contra los efectos económicos de la guerra y la ausencia de Presupuestos: es necesario reforzar los servicios públicos

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 29 Apr 26 13:58:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno un plan de contingencia que blinde el Estado de Bienestar ante los efectos sociales y económicos que la guerra en Oriente Medio está causando en las familias españolas y la incertidumbre por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado.

CSIF hace esta petición con motivo de la celebración del 1 de Mayo, tras constatar los problemas reales a los que se enfrentan las/os ciudadanos todos los días: precariedad laboral, los precios altos de la cesta de la compra, de la vivienda o la subida de las hipotecas, a los que ahora se suman los de la energía como consecuencia del conflicto en Irán y en los países de la zona más próxima.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (2025), una cuarta parte de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, porcentaje que se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años. Además, el 8,5 por ciento de la población llega a fin de mes con “mucha dificultad”.

De momento, el indicador adelantado del IPC de marzo se ha situado en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero; y las previsiones del Banco de España apuntan la posibilidad de un empeoramiento de los escenarios en función de la intensidad y duración del impacto energético por la guerra.

A esta situación, hay que sumar la incertidumbre de que el Gobierno sigue sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado que establezcan las prioridades de gasto e inversión, y oculta los datos de la Oferta de Empleo Pública (OEP) para este año.

Necesitamos una OEP que alivie las tensiones que sufren nuestras administraciones -como estamos viendo estas semanas con el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes en ámbitos como Seguridad Social, Extranjería o Interior- y refuerce servicios esenciales como sanidad educación, Justicia, SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

Además, lamentamos los últimos datos de la Encuesta de Población Activa en relación al crecimiento de la tasa de paro y la caída de la ocupación a nivel general, puesto que ponen de manifestó que el mercado laboral tiene pendiente una reforma estructural de nuestro modelo productivo y que el empleo sigue mostrando las mismas vulnerabilidades históricas. El empleo no está blindado y persisten situaciones de precariedad y vulnerabilidad pese a la reforma laboral.

Finalmente, CSIF quiere, con motivo del 1 de Mayo, poner en valor una vez más la entrega y la profesionalidad del colectivo de trabajadoras/es públicos en el proceso de regularización de personas migrantes, pese al déficit de personal y de medios materiales. Este proceso ha puesto de relieve una vez más las debilidades de nuestras administraciones. Además, hemos visto como de manera irresponsable, los ayuntamientos prescindieron de 28.400 personas en el primer trimestre del año, en vísperas por tanto del citado proceso.

CSIF reclama a la Junta de Andalucía y a las fuerzas políticas aunar esfuerzos para erradicar el acoso escolar en los centros educativos

margarita.sanchez.mingo — Thu, 30 Apr 26 09:47:00 CEST

Ante el preocupante aumento de la conflictividad en las aulas, la Central Sindical exige revisar los protocolos actuales y dotarlos de medios reales para su aplicación efectiva
El sindicato organiza unas jornadas formativas dirigidas a docentes, equipos directivos y profesionales de la orientación educativa para abordar esta problemática

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario de la educación pública andaluza, ha reclamado a la Junta de Andalucía y a las distintas fuerzas políticas aunar esfuerzos para desarrollar un marco normativo urgente que permita erradicar las conductas violentas en los centros escolares y actuar con seguridad ante situaciones de acoso y conflictividad.

El acoso en las aulas se ha convertido en un problema de gran magnitud agravado en los últimos años por las redes sociales, “lo que ha puesto en evidencia la ineficacia de las medidas actuales para acabar con esta lacra y toda conducta violenta en los centros educativos”, ha señalado la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, quien ha destacado la preocupante situación de vulnerabilidad tanto del alumnado como del profesorado frente a estos escenarios de violencia.

Según datos de un informe realizado por CSIF y presentados el pasado mes de diciembre, un 30 % del profesorado de Secundaria declara enfrentarse a situaciones de acoso entre alumnado, frente al 19 % en Primaria. La convivencia escolar o la autoridad docente también se han degradado en los últimos años, según el mismo estudio. Así, el 82 % del profesorado considera que su autoridad ha empeorado y el 71,5 % describe el clima en su centro como conflictivo o con episodios frecuentes de conflictividad. Estos datos evidencian que la convivencia escolar se está deteriorando de forma sostenida y que el acoso no es un fenómeno aislado, sino parte de un problema estructural que afecta al conjunto del sistema educativo.

Ante esta realidad, García ha indicado que “no podemos mirar hacia otro lado y debemos actuar de inmediato y dotar a los centros de recursos personales y específicos para erradicar esta lacra”.

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Acoso Escolar, que se conmemora el próximo sábado 2 de mayo, y con el objetivo de dar una respuesta directa a esta problemática, CSIF ha organizado una serie de jornadas formativas de carácter presencial en todas las provincias andaluzas dirigidas a docentes, equipos directivos y profesionales de la orientación educativa. Estas sesiones abordarán diversos protocolos que forman parte del plan de convivencia de los centros, entre los que se encuentra el de acoso escolar, y tendrán un enfoque práctico orientado a facilitar su aplicación y a dar respuesta a las situaciones reales que se viven en las aulas.

Medidas estructurales sólidas

Esta iniciativa responde a la necesidad de contar con herramientas claras y un marco de actuación respaldado por la Administración. García ha insistido en que “el problema del acoso escolar no puede recaer únicamente en el profesorado, sino que necesita medidas estructurales sólidas que vayan más allá de las declaraciones de los responsables políticos, al igual que recursos suficientes y una implicación firme de todas las instituciones”.

Según datos de organizaciones internacionales como Unicef o Save The Children, aproximadamente el 10 % de los menores reconoce haber sufrido acoso, una realidad que confirma la extensión de este fenómeno. En Andalucía, la propia Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional viene alertando en sus informes de convivencia del incremento de incidencias relacionadas con conflictos entre alumnado y situaciones de acoso en un contexto de creciente deterioro del clima escolar.

En las jornadas que se iniciarán el próximo día 5 de mayo en Jaén y que se extenderán durante todo el mes en las distintas provincias andaluzas, se abordarán, además del preocupante aumento avance del acoso escolar, asuntos reales del día a día de los centros como son el riesgo de suicidio, las agresiones al profesorado, situaciones del alumnado con progenitores divorciados o separados, así como la aplicación de la ley de Protección de Datos en el ámbito educativo.

Con esta jornada, CSIF Educación Andalucía vuelve a situar en primer plano la formación útil, apegada a la realidad de los centros y centrada en las necesidades reales del profesorado. “En educación, actuar bien y a tiempo puede marcar la diferencia”, ha añadido García.

Para inscribirte en las jornadas y obtener más detalles sobre el programa y el calendario puedes consultar aquí.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

CSIF avisa que la nueva Ley de Prevención fracasará por falta de recursos humanos e inversión

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 27 Apr 26 11:54:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España. Coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma fracasará por falta de recursos e inversión.

Así, CSIF recuerda que los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

La nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Desconocimiento de las/os trabajadores sobre la prevención laboral

CSIF también quiere denunciar con motivo de esta jornada el desconocimiento por parte de trabajadoras/es en materia de prevención laboral. Según una encuesta sobre cerca de 2.000 trabajadores/as de las administraciones públicas, el 70 por ciento conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional.

Es decir, una parte importante de la plantilla percibe los riesgos de su puesto, pero desconoce qué protección jurídica y laboral le ampara si esos riesgos acaban dañando su salud en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación o las empresas públicas. En la misma línea, solo el 37 por ciento sabe con claridad qué es una enfermedad laboral pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En la misma línea, según la encuesta, el 63 por ciento no ha recibido formación específica sobre riesgos de su puesto y enfermedades profesionales asociadas y todavía hay un 20 por ciento de trabajadores aún no les ofrecen reconocimiento médico en la empresa.

Esta encuesta revela un fracaso preventivo, que hay una bolsa enorme de enfermedades profesionales ocultas o no reconocidas, que la salud laboral no está garantizada y lo que es peor, que se está trabajando bajo un sufrimiento normalizado ya que más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. Es decir, en España se está normalizando trabajar con dolor y con medicación.

El número oficial de enfermedades profesionales en España es solo la punta del iceberg ya que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales. En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aumento de plantillas de los servicios de prevención.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización. Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente y abandono laboral, en el 6º aniversario de la declaración de la Pandemia y del Estado de Alarma

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 11 Mar 26 11:16:00 CET

Cuando se cumple el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, se calcula que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada por parte de empresas y autoridades sanitarias y además no solo carecen de recursos sanitarios y la atención que merecen, sino que además se les presiona y discrimina en sus puestos de trabajo.

Así lo muestra una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre más de 1.500 personas afectadas (fundamentalmente personal de la sanidad, educación y de las administraciones públicas) por esta enfermedad, en la que se pretende analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y vida profesional.

El covid persistente es una condición en la que los síntomas de la infección continúan o aparecen después de la fase aguda, durante semanas o meses, sin otra causa que lo explique. Así, aunque el virus ya no esté activo, el organismo no termina de recuperarse con alteraciones en el sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio.

Principales resultados de la encuesta:

La principal conclusión que extrae CSIF es que más del 60 por ciento de trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en el trabajo, pero a menos de la cuarta parte se le reconoce como origen laboral. Esto supone una peor protección económica, menor responsabilidad de la empresa, dificultades para el reconocimiento de incapacidades y peor vigilancia de la salud.
La encuesta refleja un impacto laboral y psicosocial muy intenso. La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, del sector sanitario con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.
El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, un 69 ha solicitado ayuda psicológica (solo la recibieron un 7,6 por ciento), un 41,5 refiere sufrir discriminación y presión por parte de la empresa y en un 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe actuar.
Aunque el sector sanitario tiene un peso importante en la muestra, el análisis nos muestra que el covid persistente también está en otros ámbitos laborales como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

En cuanto a los principales síntomas o secuelas que declaran las personas encuestadas, estos son: fatiga o cansancio extremo, dolores musculares o articulares, dificultad para concentrarse (niebla mental), pérdida de memoria, insomnio o alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, dolor neuropático. Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo un tratamiento médico específico, lo que pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente.

Reivindicaciones de CSIF:

Los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras/es. CSIF considera imprescindible impulsar estas reivindicaciones:

Reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
Crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral
Protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente.
Adaptación de los puestos de trabajo.
Refuerzo del seguimiento médico laboral.
Atención a la salud mental de los trabajadores afectados.
Información y sensibilización en el entorno laboral.
Refuerzo de la protección social (reconocimiento de incapacidades, protección económica, entre otras).
Protocolización homogénea del diagnóstico y tratamiento.
Implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud.
Programas de formación y sensibilización.
Registro Estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas.
Creación de una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral: los datos no reflejan la gravedad del problema

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 04 Feb 26 09:48:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan solo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

CSIF denuncia la parálisis en el desarrollo del Estatuto del Bombero Forestal

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 29 Jan 26 09:32:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia la parálisis del Ministerio de Trabajo y Economía Social en el desarrollo normativo del Estatuto Básico del Bombero Forestal, aprobado mediante la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, y exige el cumplimiento inmediato de los plazos legales en materia de prevención de riesgos laborales, enfermedades profesionales y jornada específica. CSIF advierte de que el plazo legal expiró el 10 de noviembre de 2025 sin que el Ministerio haya dado un solo paso efectivo para desarrollar los aspectos más sensibles de la ley, lo que supone un grave incumplimiento normativo y deja a miles de bomberos forestales en una situación de desprotección en materia de salud y seguridad laboral.

Uno de los incumplimientos más graves afecta al reconocimiento de las enfermedades profesionales propias del sector. La ley obliga a la creación de una comisión técnica específica para evaluar patologías derivadas de la inhalación de humos tóxicos, la exposición prolongada al calor extremo y la elevada carga física y psicosocial del trabajo. Sin embargo, CSIF denuncia que dicha comisión no ha sido ni siquiera convocada, perpetuando la infradeclaración de enfermedades y la pérdida de derechos del colectivo.

Asimismo, el sindicato denuncia la inexistencia de un reglamento específico de prevención de riesgos laborales adaptado a la peligrosidad real del trabajo de los bomberos forestales. A día de hoy, no existe ni un borrador, pese a que la ley exige una normativa propia que supere los marcos genéricos actuales, claramente insuficientes para un trabajo de riesgo extremo y condiciones climáticas cada vez más adversas.

CSIF alerta también del bloqueo en la adaptación de la jornada y los tiempos de trabajo, que debe realizarse mediante la modificación del Real Decreto 1561/1995. El sindicato considera inaceptable que, en un contexto de incendios más intensos y prolongados debido al cambio climático, no se hayan regulado descansos, turnos y tiempos máximos de exposición al riesgo, poniendo en peligro la salud psicofísica de los efectivos.

Ante esta situación, CSIF ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Trabajo para exigir un calendario inmediato y realista de desarrollo normativo. El sindicato advierte de que, si no se producen avances concretos a corto plazo, no descarta tomar las medidas oportunas como la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para defender los derechos, la seguridad y la dignidad profesional de un colectivo esencial para la protección del medio natural y la lucha contra el cambio climático .

Para CSIF, el Estatuto del Bombero Forestal no puede convertirse en papel mojado. Su desarrollo efectivo es una cuestión de salud laboral, seguridad pública y responsabilidad institucional.