Andalucía - Administración General del Estado

Unirte al Club CSIF te permite ahorrar y obtener beneficios

MARGARITA SÁNCHEZ MINGO — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

El Club CSIF está lleno de ventajas. No dejes pasar más tiempo y apúntate al ahorro gracias a tu afiliación a CSIF.

Es muy fácil. Busca en tu navegador preferido Club CSIF y haz clic en el primer enlace que aparece. Una vez dentro, regístrate y ya formarás parte del club de afiliadas y afiliados a CSIF.

Es el momento de descargar la aplicación en tu móvil. Busca Club CSIF e instala Vip District para disfrutar de todas las ventajas.

Podrás hacer tus compras y beneficiarte de los descuentos de dos formas distintas. Bien con el reembolso del dinero obtenido directamente en tu cuenta bancaria o bien haciendo uso de descuentos directos en las adquisiciones que hagas.

Los beneficios serán en todos los ámbitos; desde viajes y estancias en hoteles hasta artículos habituales, como ropa o calzado, en las marcas más conocidas.

Tu afiliación te puede salir gratis con esta app, que te permite obtener grandes ventajas económicas.

¡Descarga la app de Club CSIF y apúntate al ahorro!

DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF rechaza la Oferta de Empleo Público porque apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado y reduce la promoción interna

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 05 May 26 14:18:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza la Oferta de Empleo Público (OEP) anunciada hoy por el ministro Óscar López, porque es insuficiente (apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado) y por segundo año consecutivo reduce las plazas de promoción interna, concretamente en 220 –según datos del propio Gobierno, comparados con la presentación del año pasado https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2025/150725-Presentacion-OEP2025.pdf --

A falta de conocer el detalle de la distribución, CSIF entiende que esta Oferta de Empleo Público impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

El Ministerio ha ocultado a las organizaciones sindicales más representativas los datos en la negociación y debe explicar al detalle las cifras trasladadas en rueda de prensa. Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna.

Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

CSIF defiende reforzar y repartir los efectivos en los ámbitos necesitados. De hecho, mañana mismo nos concentramos frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, en plena campaña de la renta, ante la necesidad de reforzar las plantillas en la Agencia Tributaria, garantizar la carrera administrativa y que el Servicio de Vigilancia Aduanera sea considerado profesión de riesgo.

CSIF denuncia que el Gobierno obvia sus insistentes reivindicaciones de embarcaciones para luchar contra el narcotráfico en Huelva

Maria Teresa Rosado Feria — Fri, 08 May 26 16:56:00 CEST

Profundo pesar por el trágico desenlace de una persecución en el litoral onubense

La sección sindical de CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) denuncia las deficientes condiciones en las que los cuerpos de las fuerzas de seguridad operan en el litoral de Huelva y que explican el tráfico suceso ocurrido este viernes al colisionar dos embarcaciones durante una persecución antidroga.

El Gobierno central ha hecho oídos sordos en los últimos años, y más concretamente en los últimos meses, a las reivindicaciones de CSIF para que el SVA tuviera la consideración de profesión de riesgo y para que la base onubense dispusiera de los medios adecuados para hacer frente al narcotráfico creciente en la zona.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha obviado la petición de patrulleras de alta velocidad, modelo Rodman 55 Audaz, embarcaciones rígidas diseñadas expresamente para la interceptación de ‘narcolanchas'. Ninguna de las ocho unidades adquiridas por la AEAT han sido asignadas a Huelva “a pesar de que es el lugar por el que más droga entra en España actualmente”, en palabras del responsable nacional del sindicato CSIF en el SVA, Fran García. “Es un contrasentido y el resultado se puede observar en este lamentable suceso. Es imposible contrarrestar las ‘narcolanchas’ con los medios que tiene Huelva ahora”, ha agregado.

Una de las patrulleras de alta velocidad asignadas a la provincia de Cádiz ha acudido a la costa onubense en las últimas horas en servicio de auxilio, aunque desgraciadamente ya se han producido víctimas mortales.

García, por otra parte, ha insistido en que el reconocimiento del SVA como profesión de riesgo es otra de las medidas “imprescindibles” para los trabajadores. CSIF consiguió que el CVA estuviera incluido en esta consideración en el proyecto de ley, junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero la tramitación de la iniciativa continúa paralizada en el Congreso de los Diputados.

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

Huelga en la Agencia Tributaria: CSIF se moviliza para exigir un refuerzo de personal y mejoras en las condiciones laborales

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Mon, 08 Jun 26 13:20:00 CEST

El sindicato convoca un paro de 24 horas y concentraciones por el desbloqueo de la carrera profesional, el desarrollo del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado este lunes frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía, ubicada en Sevilla, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con el organismo.

La concentración, que ha tenido lugar de manera simultánea en el resto de comunidades autónomas, se ha realizado el mismo día que el sindicato ha convocado un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España y al que han sido llamados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla a nivel nacional -unos 4.500 en Andalucía- entre oficinas, sedes, así como delegaciones territoriales y especiales.

Estas movilizaciones son consecuencia del bloqueo de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. CSIF señala tres puntos clave e irrenunciables para la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional, regulación del teletrabajo y reconocimiento como profesión de riesgos para el Servicio de Vigilancia Aduanera. La Central Sindical, además, ha denunciado la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, que se traduce en la sobrecarga de una plantilla saturada y al límite.

Con la huelga de 24 horas y la concentración de este lunes concluye el calendario de protestas iniciado el pasado 6 de mayo con una movilización frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que continuó el 13 y 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en toda España.

El Congreso aprueba que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF: hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión

Juan Pedro Fernández Riau — Thu, 11 Jun 26 13:51:00 CEST

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.
Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.
Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.
Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.
Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de CSIF) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), Médicos, Sanitarios y otras categorías.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; y reclama a Interior y la Secretaría General de Prisiones que retome la elaboración de una nueva ley orgánica de Régimen General Penitenciario adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc

CSIF inicia movilizaciones ante la parálisis del V Convenio Único del personal laboral del Estado y el bloqueo de la jubilación parcial

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 11 Jun 26 12:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado a la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) frente a la Secretaría de Estado de Hacienda para denunciar la parálisis en la negociación del V Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado –que lleva año y medio sin avanzar--, el bloqueo del derecho a la jubilación parcial y el abandono al que el Gobierno somete al conjunto de los/as empleados públicos.

Esta concentración es el inicio de movilizaciones para reclamar, entre otras, mayor financiación en cuestiones fundamentales como la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con las administraciones autonómicas, o el decreto que regulará la jubilación parcial.

Nuestra organización denuncia además la inacción de la Administración, probablemente como consecuencia de la inestabilidad política y la parálisis que afecta a las diferentes estructuras del Estado, así como la ausencia de voluntad para desbloquear una negociación que resulta imprescindible para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal laboral que asciende a alrededor de 38.000 personas y que en algunos casos tienen retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional.

CSIF exige al Gobierno que, con motivo del comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales de 2027, sitúe como prioridad la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos, en especial del personal laboral que trabaja en las Administraciones Públicas.

En concreto, nuestras principales reivindicaciones son:

- La aprobación inmediata del decreto pendiente sobre la jubilación parcial anticipada, una medida largamente demandada, como solicitó CSIF al Gobierno el pasado 3 de marzo, que permitiría garantizar el relevo generacional, mejorar las condiciones de salida de las plantillas y favorecer la creación de empleo. El personal laboral lo tiene bloqueado por la última reforma en materia de pensiones derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal en las administraciones públicas. CSIF propone que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas se cubran definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Además, pretendemos extender este derecho al personal funcionario y estatutario.
- La mejora y desarrollo efectivo de la carrera profesional, con criterios objetivos, transparentes y negociados, que reconozcan la experiencia, la formación y la trayectoria del personal laboral.
- La equiparación salarial con las administraciones autonómicas, poniendo fin a las desigualdades retributivas existentes y evitando la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de profesionales. El personal laboral de la Administración General del Estado cobra de media 7.380 euros menos al año que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto.
- La promoción interna real y efectiva, eliminando las trabas actuales y garantizando oportunidades de desarrollo profesional para toda la plantilla.

CSIF considera inaceptable que cuestiones fundamentales para miles de trabajadoras y trabajadores continúen bloqueadas. No vamos a permitir que se siga demorando un convenio esencial para el presente y el futuro del personal laboral Es el momento de actuar y de dar respuesta a unas reivindicaciones justas.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

Juan Pedro Fernández Riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF reclama que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se haga “con todas las garantías y sin sobrecargar a las plantillas”

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Mon, 15 Jun 26 11:40:00 CEST

El sindicato valora la modernización que supone esta medida, que entrará en vigor el 16 de junio, pero exige un refuerzo de medios y reducción de la incertidumbre entre las personas beneficiarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se realice con todas las garantías para las personas mutualistas y sin que suponga una sobrecarga añadida para las plantillas que sostienen el servicio.

La receta electrónica, cuyo proceso de desarrollo se inició en 2020, estará disponible para todas las personas mutualistas acogidas a la sanidad concertada desde este 16 de junio, lo que para CSIF “es un paso en la buena dirección para consolidar y hacer perdurable MUFACE; no obstante, la modernización del sistema debe reforzar el modelo, no tensionarlo aún más”.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que “todo lo que suponga afianzar MUFACE y fortalecer el mutualismo administrativo contará con el apoyo de CSIF, pero la digitalización no puede hacerse a costa del servicio al mutualista ni de la salud laboral de los trabajadores”. En ese sentido, ha advertido de que sin el respaldo económico necesario, sin refuerzo de plantillas y sin una actualización real de los medios tecnológicos, la modernización será insuficiente para garantizar la calidad del modelo.

La implantación de la receta electrónica afectará a los mutualistas que reciben asistencia sanitaria a través de entidades privadas concertadas en las ocho provincias, que en Andalucía asciende aproximadamente a 250.000 personas, teniendo en cuenta que aproximadamente el 62 % de los mutualistas mantiene esta fórmula de atención sanitaria.

La Central Sindical ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas ante posibles dudas. Esta medida no será obligatoria de manera inmediata, sino que inicialmente convivirá con el tradicional talonario en papel.

El sindicato, sin embargo, ha aclarado que sitúa como línea roja la garantía absoluta de la continuidad asistencial. La edad media del colectivo mutualista en Andalucía es de 61 años, lo que evidencia una brecha digital que la Administración no puede ignorar. Para CSIF, “la implantación del nuevo sistema debe ir acompañada de campañas de información claras, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de una población envejecida y debe evitar demoras, desatención o situaciones de confusión en las farmacias”.

Girela ha subrayado que “el objetivo prioritario de la Administración debe ser no generar incertidumbre entre los mutualistas. No se puede generar inseguridad en un colectivo que necesita estabilidad y garantías en su atención sanitaria”.

Al mismo tiempo, CSIF ha denunciado la situación de vulnerabilidad que atraviesan las plantillas de los servicios provinciales de MUFACE, que son quienes asumen la gestión diaria del modelo y la atención directa a los mutualistas. El sindicato ha advertido de que “estas empleadas y empleados públicos soportan una presión psicológica constante derivada de las deficiencias estructurales del sistema y de los recortes en los conciertos sanitarios, teniendo que dar respuesta a las quejas ciudadanas sin ser responsables de las decisiones políticas”. Casos como los problemas de coordinación entre la Junta de Andalucía y las entidades concertadas en la vacunación internacional de mutualistas evidencian cómo, finalmente, son los trabajadores quienes deben buscar soluciones a situaciones complejas.

Además, la organización considera incoherente impulsar una transición digital de gran alcance mientras el personal trabaja con equipos informáticos obsoletos, aplicaciones que sufren caídas recurrentes y una evidente carencia de herramientas tecnológicas actualizadas. A ello se suman unas condiciones retributivas claramente insuficientes. “Los cuerpos administrativos de MUFACE presentan una de las mayores brechas salariales dentro de la Administración General del Estado, con complementos específicos que no compensan la carga de trabajo ni la responsabilidad inherente a sus puestos”, ha explicado Girela; asimismo la mutualidad carece de un sistema de productividad justo y motivador que reconozca el esfuerzo adicional que supone afrontar nuevos retos como la implantación de la receta electrónica.

Por todo ello, CSIF ha exigido la actualización inmediata de las plantillas, la renovación integral de los medios informáticos y una revisión al alza de los complementos salariales y de los sistemas de productividad.

“El éxito de la receta electrónica no dependerá solo de la tecnología, sino de los recursos humanos y materiales que la respalden. Si se hace bien, será un avance; si se improvisa, generará más problemas de los que pretende resolver. Y ahí estará CSIF para defender un modelo en el que creemos, tal y como nuestra organización demostró una vez más a finales de 2024 cuando peligraba la renovación del concierto sanitario y se puso en jaque la calidad asistencial”, ha concluido Girela.

CSIF propone al Congreso un copago farmacéutico común para Seguridad Social y mutualistas: 30 por ciento general y gratuidad para pensionistas

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 22 Jun 26 11:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración: un 30 por ciento general y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo y cuyo plazo de enmiendas concluye, previsiblemente, el próximo día 24.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor.

28 de junio de 2026, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ “RESPETO, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS EN EL TRABAJO”

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 22 Jun 26 10:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad de trato, la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, especialmente en el ámbito laboral.

El 28 de junio es una fecha para recordar los avances alcanzados en materia de derechos y libertades, pero también para seguir trabajando con el fin de que ninguna persona vea limitada su carrera profesional, sus oportunidades de empleo o sus condiciones laborales por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Desde CSIF defendemos que la igualdad debe traducirse en medidas concretas y efectivas en los centros de trabajo, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. El respeto a la diversidad no es únicamente una cuestión de convivencia; es también una garantía de derechos laborales y de igualdad de oportunidades.

El ámbito laboral debe ser un espacio seguro, inclusivo y respetuoso y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de ser referentes como principales empleadoras del país y garantes del servicio público. El Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, que alcanzó CSIF con Función Pública en noviembre de 2025, incluyó el compromiso de impulsar políticas para garantizar la no discriminación, entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos con medidas para prevenir y eliminar cualquier discriminación, favorecer la promoción y carrera profesional, sensibilización de la plantilla, el fomento de lenguaje inclusivo y la implantación de un protocolo específico frente el acoso y la violencia.

A lo largo del año, los asuntos que más controversia han generado han sido el aumento de agresiones y delitos de odio, la polarización política y su traslado a las instituciones, la aplicación de la Ley Trans, así como la inclusión laboral y los planes LGTBI+ en el ámbito laboral. Según datos de la FELGTB, las agresiones a la población LGTBI+ se duplicaron en un año, con 812.000 personas agredidas en el último año (2025). Además, un informe de la misma federación señala que solo el 23 por ciento de las personas LGTBI+ viven de manera abierta su orientación sexual o identidad de género en su trabajo.

Por ello, reclamamos:

1. La aplicación efectiva de las medidas previstas en la normativa vigente Impulsando la implantación de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en empresas y administraciones públicas.

2. Protocolos eficaces frente al acoso y la discriminación Garantizando procedimientos ágiles, confidenciales y seguros para prevenir, detectar y actuar frente a cualquier conducta discriminatoria o situación de acoso.

3. Igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y desarrollo profesional Estableciendo medidas que erradiquen estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBIQ+ y eviten la discriminación directa o indirecta en procesos de promoción profesional, garantizando así la carrera profesional en igualdad de condiciones.

4. Formación y sensibilización Promoviendo acciones formativas y de sensibilización para fomentar entornos laborales respetuosos e inclusivos.

5. Garantía de derechos

6. Negociación colectiva comprometida con la igualdad Asegurando a las personas LGTBIQ+ el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género. Incorporando cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en convenios colectivos, planes de igualdad, protocolos de acoso y demás instrumentos de negociación.

7. Evaluación y mejora continua de los entornos laborales Impulsar la creación de mecanismos de evaluación periódica que permitan medir el grado de inclusión, respeto y seguridad de las personas LGTBIQ+ en las administraciones públicas, mediante encuestas de clima laboral, indicadores objetivos y planes de mejora que conviertan a las administraciones en referentes de igualdad y diversidad para el conjunto del mercado laboral.

Como organización sindical, seguiremos trabajando para que el respeto, la igualdad y la dignidad formen parte de la realidad cotidiana en los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa también se construye desde el empleo.

Todo por todos y todas. Todo por la igualdad.

La Seguridad Social convoca a CSIF y al resto de sindicatos de la mesa delegada, tras la convocatoria de movilizaciones

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 19 Jun 26 11:00:00 CEST

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez ha convocado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en esta administración, y al resto de organizaciones presentes en la mesa delegada (CCOO, UGT, CIG y ELA), tras las movilizaciones realizadas en este organismo por el incumplimiento de los acuerdos firmados para mejorar las condiciones laborales de la plantilla. La reunión se celebrará el próximo 1 de julio.

CSIF y el resto de organizaciones sindicales denuncian el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional.

Además, las productividades no se han actualizado como al resto de organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener talento

DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES

La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos (de una plantilla compuesta por 31.000 personas, un tercio permanece vacante). Además, la plantilla cada vez está más envejecida y en cinco años, el 50 por ciento estará en edad de jubilación

De esta manera, la plantilla tiene cada vez más dificultades para atender adecuadamente al ciudadano en los trámites que realiza con la Seguridad Social. Esta realidad se aprecia en la atención presencial al público. En algunas provincias hay oficinas cuentan tan solo entre uno y tres empleados. Los tiempos de espera también son muy elevados, sobre todo en Madrid, donde el tiempo para lograr cita en oficina se sitúa en mes y medio; y en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) donde el plazo medio de resolución es de un año.

El origen de estas protestas es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las organizaciones denuncian además el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

CSIF y las organizaciones sindicales mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía.

CSIF se moviliza en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales: refuerzo de personal, teletrabajo, 35 horas, movilidad o carrera profesional

JESÚS ARRAYÁS MONTERRUBIO — Wed, 17 Jun 26 13:33:00 CEST

Una plantilla envejecida e insuficiente, el aumento de la carga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales afectan al servicio a la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado en Sevilla por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social y la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del Estado de Bienestar.

La movilización, convocada por CSIF, UGT, CCOO y CIG en diferentes puntos de la geografía nacional, ha congregado aproximadamente a 300 trabajadores y trabajadoras a las puertas de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Las organizaciones sindicales han denunciado el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional. Además, las productividades no se han actualizado como en el resto de los organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener el talento.

La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos. De una plantilla en Andalucía compuesta por unas 7.200 personas, un 10 % permanece vacante; además, la plantilla está cada vez más envejecida y el 50 % estará en edad de jubilación en cinco años.

De esta manera, la plantilla tiene cada vez más dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía en los trámites que realiza con la Seguridad Social. Esta realidad se aprecia en la atención al público, con oficinas con una grave falta de personal y esperas de hasta un mes y medio para conseguir cita; asimismo, en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el plazo medio de resolución es de un año.

El origen de estas protestas es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las organizaciones han denunciado, además, el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

CSIF y el resto de las organizaciones sindicales convocantes mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado de Bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía.