CSIF reclama una Ley Universitaria para Andalucía que ataje la precariedad de las plantillas y garantice un modelo de financiación suficiente y estable

• El sindicato exige que la futura norma contemple un horizonte de incremento presupuestario que tenga como referencia, como mínimo, el 1 % del PIB
• Pide que se dé estabilidad al profesorado sustituto y que se replanteen las condiciones establecidas en la norma para la figura del profesor ayudante como medida de incorporación del talento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha reclamado una Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) que permita atajar de lleno la precariedad que sufren las plantillas y que garantice un modelo de financiación “estable, suficiente y transparente, que permita contar con unas universidades públicas fuertes, que se caractericen por su excelencia y sean pilares fundamentales para el progreso socioeconómico de la comunidad”.

Así lo ha expresado la vicepresidenta y responsable autonómica de universidades de CSIF Educación Andalucía, Beatriz Hortigón, que este lunes ha comparecido en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación en el Parlamento de Andalucía para valorar el Proyecto de Ley de la mencionada norma. La dirigente sindical ha señalado que la LUPA se presenta como una oportunidad para reforzar el Sistema Universitario Andaluz y actualizarlo a la ley nacional en este ámbito, la LOSU, así como para dar estabilidad al personal de las universidades públicas y para acercar dichas instituciones académicas a los estándares europeos en calidad y en financiación.

CSIF ha reivindicado un sistema de financiación que no dependa únicamente de criterios cortoplacistas ni de convocatorias competitivas que dejan fuera áreas esenciales por considerarlas menos rentables; asimismo, ha reclamado un horizonte de incremento presupuestario que tenga como referencia, como mínimo, el 1 % del PIB. “No queremos que la escasez de recursos concluya en una reducción de plazas ofertadas en las universidades públicas y esto desemboque en una fuga masiva y casi obligada del alumnado a las privadas”, ha declarado Hortigón.

CSIF ha incidido en que actualmente aproximadamente el 13 % de la plantilla del PDI de las universidades públicas andaluzas está compuesta por profesorado sustituto. “Es un porcentaje muy por encima del 8 % que se toma como referencia en Europa. Y esa diferencia no son simples números, sino personas que encadenan contratos, que asumen responsabilidades docentes plenas y, en definitiva, que no pueden construir un proyecto de vida profesional y personal con la estabilidad que merecen”, ha señalado Hortigón, quien ha añadido que la LUPA “debe servir para reducir la precariedad, no para consolidarla. Por eso reclamamos recursos específicos para abordar la estabilización de plantillas y el relevo generacional, además de financiación suficiente para mejorar las infraestructuras y servicios”.

La Central Sindical ha expuesto la realidad de un colectivo precarizado como es el del profesorado sustituto, que garantiza que la docencia se mantenga cuando hay bajas, permisos, reducciones de carga docente o cuando se pretende cubrir de manera provisional una plaza estructural hasta la resolución de un concurso público; sin embargo, esta figura se utiliza más allá de lo razonable y sus contratos se alargan”.

CSIF ha reiterado su denuncia de que el profesorado sustituto “no puede ser la doble puerta de la precariedad, pues, por un lado, asume docencia completa y, por otro, se le considera profesorado de segundo nivel cuando hablamos en términos retributivos y de reconocimiento”. En este sentido, la Central Sindical ha propuesto que la LUPA blinde que la naturaleza de los contratos sean de la misma naturaleza que el de la persona que genera la vacante; asimismo,  así como que  la ley incorpore la remuneración de horas extraordinarias para el PDI que voluntariamente asuma docencia por encima de su encargo para el curso académico cuando se produzca una necesidad docente urgente e inaplazable.

Hortigón también se ha referido a la figura del profesor ayudante que se crea con la LUPA, “que puede una buena herramienta de incorporación y formación del personal joven, siempre que no se convierta en una nueva vía de precariedad laboral en el sistema universitario”. Para ello, CSIF ha reclamado que esta figura se alinee con el modelo de investigador predoctoral recogido en la Ley de Ciencia, siendo la formación y la investigación los pilares del contrato; asimismo, la organización ha reclamado que “la docencia tenga un límite razonable, que las convocatorias sean transparentes, generales y sin perfiles específicos, y que la LUPA proporcione un marco de seguridad para que las y los profesionales que accedan a este figura sepan qué horizonte tienen por delante”.

En cuanto al II Convenio Colectivo del PDI laboral y del PI de las universidades públicas, que debe dialogar irremediablemente con la LUPA, Hortigón ha recordado que la negociación está abierta gracias a la denuncia de CSIF de un primer convenio firmado en 2008 y que se encuentra en situación de ultractividad desde hace 13 años. En este asunto, CSIF ha reiterado su compromiso para trabajar por un convenio que aborde cuestiones esenciales para el personal como los salarios, los complementos de docencia e investigación, la promoción y la conciliación.

Por último, Hortigón ha hecho referencia a la incorporación de CSIF a los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas, órganos a los que “llevaremos el sentir de miles de profesionales que han depositado su confianza en esta organización para defender y mejorar sus derechos y condiciones laborales. Defenderemos el papel central de la universidad pública en la sociedad desde el rigor y la independencia que caracterizan a CSIF”.