Región de Murcia - Administración de Justicia

CSIF Región de Murcia se concentra por el 8M y reclama delegados sindicales de Igualdad y protocolos más eficaces contra el acoso

maria-lourdes.sanchez.caballero — Fri, 06 Mar 26 13:07:00 CET

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CSIF Región de Murcia se ha concentrado hoy a las 13:00 horas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Por una igualdad real. De las leyes a los hechos”.

En el acto han participado Eva María Hernández Fernández, presidenta de CSIF Región de Murcia, y la responsable sindical de Igualdad, María Lucía Guirao González, quienes han leído el manifiesto acompañadas por el equipo directivo y delegados sindicales.

► Ver imagen CSIF Región de Murcia.

Durante el acto, CSIF ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres y ha reclamado la creación de la figura del delegado o delegada sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género en los centros de trabajo, tanto en la administración pública como en el sector privado.

El sindicato también ha anunciado que promoverá una revisión y refuerzo de los protocolos contra el acoso sexual y laboral, así como medidas para combatir la brecha salarial, mejorar la conciliación y avanzar en la lucha contra la violencia de género.

Desde CSIF insisten en que la igualdad no debe quedarse solo en las leyes, sino traducirse en hechos reales en el ámbito laboral y social.

► CSIF Región de Murcia | Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo de 2026

► CSIF Región de Murcia asiste a la Gala Institucional de los Premios 8M bajo el lema “Mujeres que transforman”

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La presidenta de CSIF en Onda Regional de Murcia: CSIF Región de Murcia alza la voz por los 83.400 empleados públicos, rehenes del bloqueo salarial y convoca movilización el 30 de octubre

maria-lourdes.sanchez.caballero — Fri, 24 Oct 25 10:34:00 CEST

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► Acceder a la entrevista completa.

“Lleva un año al frente de CSIF Región de Murcia, ¿cómo valora este tiempo como presidenta del sindicato?” Con esta pregunta ha comenzado la entrevista que Joaquín Azparren ha realizado esta mañana en Onda Regional de Murcia a Eva María Hernández Fernández, presidenta de CSIF Región de Murcia, dentro del programa matinal de la emisora pública.

Eva Hernández ha recordado que, aunque cumple un año al frente del sindicato a nivel regional, “llevo muchísimos años defendiendo y luchando por los derechos de los funcionarios dentro de CSIF”. La presidenta ha destacado que sigue siendo también presidenta de CSIF Local de la Región de Murcia y presidenta de CSIF en todos los sectores de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Eva Hernández, ha dedicado su carrera profesional a la defensa de los derechos de los empleados públicos y al fortalecimiento del papel del sindicato en la Administración Local. Su liderazgo y compromiso han sido fundamentales para impulsar cambios y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

Durante la entrevista, la presidenta de CSIF Región de Murcia ha abordado uno de los principales temas de actualidad sindical: la gran movilización del próximo 30 de octubre, convocada por CSIF a nivel nacional, bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”.

Eva Hernández ha explicado que esta convocatoria surge como respuesta al bloqueo en la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas de este año e impide avanzar en un nuevo acuerdo salarial y en otras mejoras de las condiciones laborales. “Los problemas de los trabajadores del ámbito público y los servicios que recibe la ciudadanía se agravan cada día por la inacción del Ministerio”, ha afirmado.

La presidenta ha recordado que en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos en las Administraciones Públicas, mientras que la última Oferta de Empleo Público apenas crea 4.500 plazas netas, reduciendo la promoción interna y manteniendo una tasa de reposición que no cubre las necesidades reales. “Además —ha añadido Eva Hernández—, la temporalidad sigue estancada en torno al 30 por ciento, algo insostenible para los servicios públicos y para los propios trabajadores”.

En relación con esta situación, Eva Hernández ha subrayado que CSIF exige abrir de inmediato la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial correspondiente a este año, recuperar poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales y establecer un plan de empleo que refuerce los servicios públicos.

“CSIF lleva tiempo concentrándose y reivindicando en defensa de los servidores públicos. Nosotros queremos diálogo. Todos, absolutamente todos, merecen respeto. Por eso decimos basta ya: no pueden tenernos como rehenes”, ha declarado con rotundidad Eva Hernández durante la entrevista.

En la Región de Murcia, esta problemática afecta directamente a más de 83.400 empleados públicos, que ven cómo la falta de negociación y la ausencia de mejoras salariales y laborales perjudican tanto su desempeño como la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía.

La entrevista ha servido para que Eva Hernández expusiera en detalle las reivindicaciones y propuestas que CSIF defenderá en la gran concentración del próximo 30 de octubre, en la que se exigirá diálogo, mejoras salariales y una apuesta real por unos servicios públicos de calidad.

CSIF Región de Murcia pide la participación ciudadana en esta gran concentración, que tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 12:00 horas en el Paseo Teniente Flomesta, Nº 1 (30001 Murcia), frente a la Delegación del Gobierno de Murcia.

CSIF Región de Murcia

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CSIF Región de Murcia sale de nuevo a las calles para que el Gobierno negocie la subida salarial y la oferta de empleo público

maria-lourdes.sanchez.caballero — Mon, 16 Dec 24 13:27:00 CET

MufaceOtros artículosPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesRegión de Murcia - Administración de Justicia Image

CSIF Región de Murcia, una vez más ha salido a la calle, hoy lunes 16 de diciembre, en defensa de nuestros derechos laborales, en reclamación al problema de Muface, a la culminación del proceso de estabilización de personal interino, a la equiparación salarial entre administraciones y al reconocimiento de la jubilación parcial para los empleados públicos, entre otras.

Ante la puerta de la Delegación del Gobierno de Murcia, tanto la presidenta de CSIF, Eva María Hernández Fernández como el responsable del sector de Administración General del Estado, Francisco Puche, en representación de todos los compañeros que formamos CSIF, han exigido al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a las/os empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros) y es que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones.

Queremos significar que, según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de AGE cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).
Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado es necesario una dotación de fondos adicionales que fijamos en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

En la concentración hemos reivindicado:

•   Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos.
•   Asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
•   Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
•   Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
•   Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
•   Mejora de las condiciones de jubilación con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.
•   Adecuación de los Grupos Profesionales.
•   La actualización del TREBEP reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de las/los empleados públicos

► Ver los vídeos de la concentración.

Desde CSIF, no se descartan nuevas medidas más contundentes si el Gobierno continúa sin convocar a los representantes de los empleados públicos para negociar una mejora de sus condiciones.

CSIF Región de Murcia

La presidenta de CSIF Región de Murcia, Eva María Hernández Fernández, planifica con todos los sectores la movilización del 11 de noviembre.

maria-lourdes.sanchez.caballero — Wed, 06 Nov 24 14:39:00 CET

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Esta mañana, la presidenta de CSIF Región de Murcia, Eva Hernández, se ha reunido con todos los sectores que conforman el sindicato para la organización y planificación de la movilización que tendrá lugar el lunes 11 de noviembre.

CSIF exige una subida para el resto de los cuerpos de la Administración de Justicia o de lo contrario convocará movilizaciones

admin — Tue, 28 Mar 23 11:13:53 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, exige al ministerio que dirige Pilar Llop que complete el acuerdo alcanzado con el colectivo de letrados con una subida salarial para el resto de los cuerpos.

Para CSIF, la actitud del ministerio supone una falta de respeto a todo el personal de Justicia y advierte de que si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas, sin descartar ninguna medida de presión.

El propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías… de forma que cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia.

Además, CSIF subraya que la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia

La nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno fracasa por falta de medios

admin — Thu, 23 Mar 23 09:49:27 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su preocupación por los problemas que está ocasionando el proyecto del Gobierno de “comarcalización” de los juzgados de violencia de género en la atención a las mujeres víctimas.

CSIF advierte de que las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, que hasta el momento se han llevado a cabo en Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo, han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por falta de medios personales y materiales.

Según información recabada por CSIF, (sindicato mayoritario en la Justicia) las experiencias sobre este nuevo modelo de organización, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales, ha generado una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación. Estas esperas provocan en ocasiones que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración.

Cuando el Gobierno aprobó este proyecto aseguró que la comarcalización de juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivan donde vivan. Pero la experiencia –que ahora se pretende generalizar en toda España-- ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, en Algeciras, donde antes existían tres jueces con competencia ahora solo existe uno y donde antes existían tres plantillas de funcionarios con un total de 28 funcionarios, ahora solo 13.

En definitiva, ahora hay un solo titular y una sola plantilla lo que, por desgracia, ralentiza las resoluciones, las declaraciones, las testificales, el seguimiento de la instrucción, con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos.

Además, cuando existe una agresión en los partidos que han perdido la competencia, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que la primera y transcendental declaración la toma un Juez supuestamente no especializado. En este sentido, la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y Juzgado Comarcal se dificulta. En muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados.

Además, con la agrupación judicial las relaciones son más impersonales que antes cuando en los órganos judiciales había una íntima colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: policía local, nacional, guardia civil, servicios de guardia hospitalarios y los juzgados de guardia.

Por todo ello, desde CSIF reclamamos al Gobierno que revise este proyecto de “comarcalización”, que destine los medios adecuados, que se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio y que evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de la Función Pública en la Administración General del Estado

admin — Thu, 16 Mar 23 12:55:35 CET

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Pese a que el texto recoge algunas de las mejoras propuestas por CSIF, está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una Ley de esta magnitud para que resultara aceptable para nuestra Organización, ya que, muchos aspectos fundamentales para las condiciones laborales de los empleados públicos de la AGE, se regulan de forma deficiente e incompleta y otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas.

Entre los “desastres” de esta Ley, cabe destacar por su importancia y afectación a los trabajadores:

Falta generalizada de concreción en la regulación de las figuras más transcendentes, posponiendo esta regulación a un desarrollo reglamentario posterior, lo que podría significar una vulneración del principio de reserva de Ley y una falta de garantías en la necesaria negociación colectiva.
Sin garantizar una reserva presupuestaria para la implementación de las mejoras que esta Ley contendrá, ni realizar ninguna alusión a las cuantías económicas que se aplicarán a las diferentes figuras.
No contempla el establecimiento de la tan reivindicada por CSIF jornada de 35 horas, desaprovechando un gran momento para su aplicación general en la AGE y faltando así a los compromisos adquiridos por la propia Administración en acuerdos de los que ya advertimos que no eran más que papel mojado en lo que a las mejoras laborales se refería.
En relación con el esperado y ansiado grupo B:
- CSIF exigía que la dotación de efectivos se llevara a cabo no sólo con nuevas incorporaciones sino, además, mediante la habilitación temporal para permitir el trasvase de efectivos desde el grupo C1 de aquellos que realizan las funciones y cumplen el resto de requisitos y esta justa reivindicación ha sido desoída por la Administración y el resto de Organizaciones Sindicales.
- Además, no se crean los cuerpos del grupo B de forma generalizada en todas aquellas áreas funcionales donde existe la titulación de Técnico Superior de la FP, procediendo sólo a la creación de tres cuerpos o escalas (Técnico Informático de Hacienda y Función Pública - grupo B, Escala Técnica Medioambiental - grupo B del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Cuerpo de Delineantes - grupo B del Ministerio de Hacienda y Función Pública), lo que es absolutamente insuficiente. Para mayor agravamiento de la situación, suprimen varios cuerpos y escalas (Escala Técnico Especialista INIA, Especialidad de Hacienda de la Escala Técnica de Gestión de OO.AA., plazas de bibliotecarios Nominados, y Escala de Operadores Mecánicos del Patronato de Apuestas Mutuas, Deportivas Benéficas) sin ninguna justificación o negociación previa con las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.
- No Garantiza que la racionalización de Cuerpos y Escalas que anuncia la Administración se lleve a cabo tras la necesaria negociación con las Organizaciones Sindicales.
- Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, pueda crear o modificar los subgrupos existentes saltándose la reserva de Ley prevista en el artículo 9 de la propia Ley.

Evaluación del desempeño: Aunque, como ya trasmitimos, se añaden algunas mejoras propuestas por CSIF como la participación sindical en el establecimiento de los criterios generales y el seguimiento posterior de su aplicación en las Unidades, aún faltan cuestiones fundamentales como:
- Garantizar la participación sindical en la Comisión de Evaluación del Desempeño.
- La contemplación de situaciones particulares (bajas médicas, licencias, etc.)
- Eliminar la posibilidad de la facultad de remoción del puesto.
- Eliminar los retrasos en su aplicación efectiva:
  - Seis meses hasta la entrada en vigor de la Ley,
  - Otros seis meses para establecer los criterios de evaluación.
  - Más, un plazo sin determinar, para que los Departamentos desarrollen sus instrumentos de planificación estratégica.
  - Y, además, sin efecto en los dos primeros años tras todos los pasos anteriores.
Carrera profesional. Inadmisible en los términos en los que se regula, ya que:
- No se establecer ni asegura un plazo corto de aplicación efectiva y además está condicionada al desarrollo previo de la evaluación del desempeño.
- No se establece la correspondiente reserva presupuestaria.
- No se contempla el reconocimiento de la carrera desarrollada por los trabajadores en los años previos a su establecimiento.
- Se fijan cuatro tramos, pero no se hace alusión a las cuantías económicas que se asignarán a cada tramo.
- No se garantizar la extensión y aplicación de la carrera profesional a todo el Personal Laboral de la AGE.
No contempla ninguna alusión a la recuperación del abono íntegro de las pagas extraordinarias.
No incluye la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario, previa modificación del EBEP, ni la prorrogación automática de la vida laboral a voluntad del trabajador ni la incentivación retributiva de la prolongación voluntaria en el servicio activo.
No establece la aplicación efectiva del teletrabajo en los términos suscritos en el acuerdo de Teletrabajo en la AGE (medios aportados por la Administración, negociación de los puestos susceptibles de desempeño bajo esta modalidad en las Mesas Departamentales y fijación de la modalidad general de tres días a la semana en teletrabajo). Además de no asegurar su implementación sin más demoras (seguimos esperando tras dos años la publicación del RD de Teletrabajo conforme al acuerdo alcanzado)
No procede a la actualización de las indemnizaciones por servicio (dietas por alojamiento, manutención, kilometraje por uso de vehículo propio) ni su obligatoria revisión con periodicidad anual. Tampoco determina la eliminación de las diferencias a percibir por los grupos actualmente establecidas.
No eliminación de la movilidad forzosa ni de las limitaciones a la movilidad voluntaria intra e inter administrativa, introduciendo nuevas restricciones a esta última.
No garantiza el carácter voluntario de las atribuciones temporales de funciones.
No garantiza la igualdad eliminando la brecha salarial de las retribuciones complementarias (gratificaciones extraordinarias y productividades).
No garantiza la obligatoriedad de realizar, por parte de la Administración, aportaciones a los planes de pensiones y contratos de seguro colectivo.
Excedencias voluntarias. Aunque introduce algunas mejoras propuestas por CSIF, sigue estableciendo para el personal funcionario:
- Plazos demasiado elevados en las de interés particular.
- No se contemplan las excedencias especialmente protegidas (cuidado de hijos o familiares, violencia de género o violencia terrorista) para el personal interino.
- Se elimina la ampliación de la reserva de puesto para la excedencia de cuidado de hijos o familiares.
No acepta nuestra propuesta de que el nombramiento del personal directivo sea fruto de la carrera profesional y mantiene, únicamente, la libre designación para tal fin.

CSIF DARÁ TRASLADO DE TODAS SUS PROPUESTAS A LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA INTENTAR RECONDUCIR LA SITUACIÓN EN TRÁMITE PARLAMENTARIO Y QUE ESTA LEY SUPONGA REALMENTE MEJORAS EN LAS CONDICONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS.

CSIF reclama un debate honesto y realista sobre la mejora y viabilidad del sistema de pensiones

admin — Thu, 16 Mar 23 11:38:49 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que la nueva reforma de las pensiones, a expensas de analizar el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros, supone una nueva penalización para las personas trabajadoras ya que regula un nuevo recargo (solidaridad) e incrementa el ya en vigor (mecanismos de equidad intergeneracional) en sus cotizaciones y no garantiza la viabilidad del sistema y el equilibrio entre ingresos y gastos.

CSIF valora el incremento de las pensiones mínimas que va a generar esta reforma, así como el que se establece en el complemento por brecha de género, pero entendemos que el Gobierno está buscando un efecto a corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de las próximas elecciones.

Sobre la actual regulación del complemento por brecha de género, aprobado en febrero de 2021, en CSIF queremos advertir de que su tramitación como proyecto de ley sigue dilatándose incomprensiblemente y exigimos que finalice su tramitación parlamentaria para evitar que decaiga cuando se disuelvan las Cortes.

Sin embargo, esta reforma plantea dudas sobre el futuro del sistema dado que estamos muy lejos de costear la brecha entre los ingresos por el alza de las cotizaciones y los gastos totales. CSIF ve con preocupación estas cuentas porque el sistema colapsará a largo plazo y probablemente las/os trabajadores deberán afrontar nuevos recortes en sus condiciones de jubilación, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años.

Exigimos por tanto un debate honesto, realista y transparente, con la participación de todos los partidos políticos y abierto al resto de organizaciones sindicales representativas, como CSIF –no solo a los sindicatos de clase, que han venido siendo cómplices de los diferentes recortes-- para afrontar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para ello, pedimos que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder plantear modificaciones y propuestas.

Hay que recordar que las anteriores reformas de las pensiones llevadas a cabo por gobiernos socialistas con el apoyo de CCOO y UGT, en 2011 y 2021, han supuesto un incremento tanto en la edad de jubilación como en los años de cotización y una alta penalización a las jubilaciones voluntarias --una pérdida de hasta 8.000 euros al año--. CSIF viene reclamando el derecho a jubilarse a los 60 con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años de cotización.

Lamentamos que esta reforma salga adelante de nuevo con el apoyo de CCOO y UGT sin fijar, como exige CSIF, el derecho a la jubilación anticipada para colectivos como el personal de la Sanidad, por la penosidad de las condiciones laborales y en respuesta al sacrificio y la entrega durante la pandemia y en la actual situación de precariedad de nuestro sistema sanitario.

CSIF reclama a Justicia instrucciones claras para que los registros civiles apliquen de manera correcta la ‘ley trans’

admin — Wed, 01 Mar 23 10:12:29 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha reclamado al departamento de Pilar Llop que facilite a las/os empleados de los registros civiles instrucciones claras para aplicar de manera correcta la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como ‘Ley Trans’. Esta ley, aprobada por el Parlamento el pasado 16 de febrero, regula por primera vez la autodeterminación de género y entra mañana en vigor tras su publicación en el BOE.

A menos de 24 horas de que empiece a regir esta norma, los registros ya han empezado a recibir las primeras consultas de ciudadanos interesados en rectificar la mención a su sexo. Sin embargo, las plantillas del Registro Civil aún no han recibido las instrucciones oportunas, los formularios ni la formación necesaria para que, en aplicación de la ‘ley trans’, asistan de manera correcta a las personas que acudan para modificar la anotación de su sexo.

La variación del sexo recogida por la ‘ley trans’ es técnicamente compleja a efectos de Registro y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas.

En el procedimiento, recibida la solicitud, la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación.

En el plazo de tres meses se debe volver a citar a la persona para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”, comprobar la documentación y dictar resolución. Además, en el caso de personas con discapacidad se deben garantizar los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, así como medidas de accesibilidad.

En este sentido, el sindicato presidido por Miguel Borra subraya que el plazo de un año que establece la ley para el desarrollo reglamentario es demasiado tiempo.