Principado de Asturias - Universidades

Manifiesto de CSIF Educación en favor de Ceuta

Jose Luis Narbona Moreno — Fri, 18 Sep 26 06:55:00 CEST

Tras la crisis de seguridad que azotó a Ceuta durante el mes de agosto, los docentes han regresado a las aulas en septiembre en condiciones de incertidumbre, miedo y precariedad. La principal preocupación que nos transmiten es la falta de seguridad en los centros educativos, que se perpetúa de manera injustificable mientras las autoridades han fracasado en implementar medidas preventivas reales.

Los docentes de Ceuta denuncian con razón que:

La seguridad en los centros no es posible si falta en la ciudad. No se puede pedir a profesores y profesoras que impartan calidad educativa mientras viven bajo una amenaza permanente.
Han recibido comunicaciones gubernamentales que les instan a reducir expectativas académicas («bajar el nivel»), lo cual es absolutamente inaceptable y constituye una dejadez flagrante de las responsabilidades del Estado hacia la educación pública.
Las medidas adoptadas por el Gobierno se revelan insuficientes e inadecuadas frente a la magnitud real del problema.

CSIF Educación demanda con rotundidad al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes:

Medidas inmediatas de seguridad en los centros educativos de Ceuta, incluyendo la presencia de fuerzas de seguridad adecuadas, protección específica en accesos y espacios críticos, y un protocolo de actuación, que incluya un plan integral de prevención.
Protección real del personal docente, reconociendo que los profesores y profesoras de Ceuta están en primera línea de una crisis que no han originado pero que sufren directamente.
Rechazo categórico a cualquier propuesta o comunicación que implique reducir estándares educativos. La educación de calidad es un derecho fundamental del alumnado ceutí, independientemente de las circunstancias.
Reconocimiento institucional del esfuerzo extraordinario de los docentes ceutíes durante esta crisis y compensación por el estrés y riesgo añadido a su labor.
Diálogo real con los sindicatos que representan al profesorado, escuchando sus demandas y codiseñando soluciones viables.

CSIF Educación reafirma que la educación pública es un pilar fundamental de la cohesión social y que el profesorado es agente esencial de ese proyecto. No podemos permitir que los docentes de Ceuta sean abandonados a su suerte.

La comunidad educativa de Ceuta merece:

Seguridad garantizada.
Recursos suficientes.
Reconocimiento institucional.
Perspectivas de normalidad y estabilidad.

CSIF Educación respalda e impulsa las movilizaciones convocadas por los sindicatos docentes en Ceuta y se suma a sus demandas. La educación merece protección, inversión y presencia gubernamental real —no promesas vagas ni reducción de expectativas—.

La educación de Ceuta no puede esperar. Los docentes ceutíes no pueden esperar.

CSIF Educación

Desde la defensa irrenunciable de la educación pública de calidad

CSIF exige un Pacto de Estado para reformular el sistema educativo: Estatuto Docente, más inversión eficaz, reducción de la temporalidad y eliminar diferencias entre CCAA

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 11 Sep 26 10:45:00 CEST

La escuela pública ha reabierto sus aulas esta semana con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por una financiación educativa por debajo de la media europea, diferencias de rendimiento injustificables entre comunidades, plantillas inestables y centros sin recursos suficientes para atender el aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Además, el curso ha comenzado con la publicación del Informe PISA 2025 y en el que España ha obtenido los peores resultados de toda su serie histórica. El alumnado español obtiene 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias. El resultado de lectura es diez puntos peor que el anterior mínimo histórico, que databa de 2006. Uno de cada tres alumnos de 15 años no alcanza el nivel mínimo en lectura (32 por ciento) ni en matemáticas (33 por ciento).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha realizado su propio análisis de indicadores oficiales -el Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; y Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas- del sistema educativo español (*). En este sentido, consideramos que nuestro propio diagnóstico y los datos de PISA refuerzan la necesidad de una reformulación urgente de nuestro sistema educativo mediante un Pacto de Estado por la Educación. Pese a las diferencias autonómicas, los problemas de fondo son comunes y exigen liderazgo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En paralelo, el sindicato ha convocado una concentración en defensa de la educación pública y de condiciones dignas para el profesorado para el próximo martes 15 de septiembre, con una concentración ante el Ministerio de Educación en Madrid.

RETROCESO DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

Los resultados de PISA confirman el diagnóstico de CSIF del pasado abril en su Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF. Con la exposición de todos los datos oficiales compilados en la misma publicación, el resultado es el deterioro de nuestro sistema educativo. Dicho informe fue trasladado a todos los grupos parlamentarios para seguir reivindicando una reforma estructural del sistema educativo a partir de un Pacto de Estado a partir de cuestiones profesionales.

La caída en PISA no es un accidente de un año porque en la última década España ha perdido 45 puntos en lectura, 29 en matemáticas y 16 en ciencias, y la propia OCDE calcula que veinte puntos equivalen aproximadamente a un curso escolar: en lectura se han perdido más de dos cursos en diez años. Desde 2015, el porcentaje de alumnado que no alcanza el nivel mínimo ha subido quince puntos en lectura y once en matemáticas. En el otro extremo, solo el 2 por ciento del alumnado español alcanza el nivel de excelencia en lectura, frente al 6 por ciento de la media de la OCDE.

Para CSIF, lo relevante de esta edición de PISA no es solo el resultado, sino que el informe identifica con nombre propio el problema que este sindicato viene denunciando desde hace años y ya advirtió en abril: el 49 por ciento del alumnado español estudia en centros donde la falta de profesorado dificulta la enseñanza, frente al 39 por ciento de la OCDE, y el 72 por ciento lo hace en centros con falta de personal de apoyo, frente al 39 por ciento de la media internacional. El índice de escasez de recursos que perciben los directores de los centros españoles es de 0,65, más del doble que el 0,30 de la OCDE.

CSIF propone los siguientes ejes de reformas estructurales para mejorar la educación pública y revertir los malos resultados obtenidos en el Informe PISA:

Sistema educativo: Estabilidad normativa; refuerzo de la orientación para reducir la repetición; educación pública como garantía de calidad en todo el territorio; reconocimiento legal de la autoridad docente; Pacto de Estado con vigencia de al menos dos legislaturas.
Modelo curricular: Homogeneización de las competencias básicas; refuerzo de la FP pública; itinerarios reversibles y pasarelas reales entre FP y universidad; prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado.
Recursos e inversión: Incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7 por ciento del PIB; mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado; reducción real de ratios con plazas estructurales, apoyos y desdobles; separación clara entre gasto estructural y fondos europeos.
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente: Debe incluir fondos finalistas a las comunidades autónomas derivados de los Next Generation.
Estatuto Docente: Bajar la interinidad al 8 por ciento con oposiciones anuales suficientes; recuperar el poder adquisitivo y vincular las subidas al IPC real; carrera profesional remunerada con tramos objetivos; condiciones básicas comunes en todo el Estado; horario lectivo máximo por ley (23 horas en Primaria y 18 en Secundaria).

EL CURSO COMIENZA CON LOS MISMOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES (*)

Por otra parte, CSIF ha analizado diversos indicadores oficiales sobre el sistema educativo español a comienzo del curso escolar, como la situación de las plantillas, oposiciones, interinidad, gasto público, evolución del alumnado e incidencias en la reapertura de las aulas.

La interinidad sigue siendo un curso escolar más uno de los lastres de la educación pública, ya que se sitúa por encima del 30 por ciento; muy lejos del 8 por ciento que marca Bruselas. Para llegar a ese porcentaje se necesitan 146.219 plazas adicionales, aunque la cifra final asciende a 153.089 plazas si se tiene en cuenta el déficit estructural de plantilla (6.870 plazas).

En cuanto a los procesos selectivos, este verano se han celebrado los procesos de 16.406 de las 17.780 plazas convocadas, de las cuales han quedado desiertas 2.694 (16 por ciento), lo que demuestra la necesidad de reformar el acceso a la función pública docente.

La ratio de alumnos por docente en las enseñanzas de régimen general se sitúa en 14,01, prácticamente la misma que en el curso anterior a los recortes (2009-2010). No obstante, parte de esta mejora no responde a ninguna decisión de política educativa, sino por dos motivos: el primero es que hay 88.363 alumnos menos que hace dos cursos. Dicho de otra manera: La ratio mejora por demografía, no por inversión.

El segundo motivo se debe a un aumento real de plantilla, pero es un incremento temporal ligado a programas europeos. Todos los programas de cooperación territorial que financian profesorado de apoyo y refuerzo —PROA+, refuerzo de la competencia matemática y lectora, educación inclusiva y bienestar— tienen el mismo periodo de ejecución: del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027.

Además, el presupuesto de dichos programas permanece estancado: tres de ellos repiten en 2026 exactamente el mismo importe que en 2025 lo que supone un recorte real teniendo en cuenta la inflación acumulada. A ello se añade que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cierra en 2026 y que el Fondo Social Europeo Plus agota su periodo de programación en 2027.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Por otra parte, el gasto de personal por docente se ha reducido casi un 11 por ciento entre 2009 y 2023 teniendo en cuenta la inflación (6.698,09 euros menos por docente y año). La inversión por alumno ha aumentado tan solo un 0,3% en el mismo período. El sistema se sostiene, en buena medida, a costa de las retribuciones del profesorado.

Eso ocurre pese a los fondos europeos: solo en el último año, más de 505 millones destinados a Educación no se han notado de forma clara en los centros. CSIF exige a todas las administraciones explicación sobre su aplicación y su impacto real.

Desde 2009-2010 ha bajado de forma significativa el porcentaje de alumnado de enseñanzas superiores y FP en la red pública (del 76,8 por ciento al 65,43 por ciento). El crecimiento de la FP lo ha absorbido sobre todo la privada. España mantiene una tasa de abandono escolar casi cuatro puntos por encima de la media de la UE y un paro juvenil que en 2024 superaba en diez puntos la media europea, con empleo de peor calidad.

CSIF prepara acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta y acudirá al Defensor del Pueblo para que investigue

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 10 Sep 26 11:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.

En este sentido, trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea.

El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó hoy a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleadas/os públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.

CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.

Asimismo, analizamos las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.

Entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran:

- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

- Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

- Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

- Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

- Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

- Coordinación entre administraciones.

- Utilización o no de mecanismos europeos.

CSIF exigió al Gobierno una respuesta urgente ante la presión migratoria sobre los servicios públicos de Ceuta y Melilla

Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones muy difíciles.

Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.

Este ha sido el impacto sobre los servicios públicos:

Policía local: sobrecarga laboral voluntaria debido a los insuficientes miembros de las FFCCSSEE necesarios, incremento de agresiones y de riesgos de las mismas, exposiciones biológicas no habituales, apoyo insuficiente del mando único para poder ejecutar sus competencias, ausencia de órdenes necesarias y/o claras, adquisición de nuevos materiales derivados de la necesidad de esta nueva crisis como sprays de defensa etc.

Sanidad: incremento de la presión sanitaria, sobrecarga asistencial, insuficiencia de plantillas, riesgo de agresiones y riesgos biológicos. La presión asistencial es insostenible y hay un estado de agotamiento crítico y sostenido del personal tras semanas de presión continua. Hemos solicitado hospital de campaña, materiales de triaje, mantener las promociones internas temporales y un reconocimiento laboral extraordinario del personal. Continuamos sin un Comité de Seguridad y Salud propio, a diferencia de Melilla, pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones algo que sólo se comprende desde la abulia institucional.

Instituciones Penitenciarias: Presión asistencial, situación directamente vinculada con el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad ciudadana derivadas de la invasión fronteriza. El sindicato ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias traslados urgentes para salvaguardar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios y de la propia población reclusa. Al tiempo que se garantiza el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y el cumplimiento del fin de la institución consagrado en el art. 25.2 de nuestra Carta Magna.

Educación: la prioridad absoluta es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole segura. El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado. Las ratios de las aulas de los Centros de Ceuta están justas y en algunos incluso superan en número lo establecido en ley.

Justicia. CSIF reclama refuerzos ante el incremento de carga de trabajo en el Servicio Común de Tramitación —especialmente en el área penal de instrucción y en el servicio de guardia—, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Forense.

Ademas, reclamamos que esos puestos se cubran con personal con experiencia y/o formación mediante sustitución o comisión de servicios. Hemos pedido también la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para abordar la protección del personal ante esa sobrecarga.

Respecto a los menores no acompañados, la situación es excepcional. El Real Decreto 556/2026 de 30 de junio establece un límite máximo de solo 29 menores la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta. Sin embargo, a día de hoy ya hay alrededor de 2000 menores, casi 69 veces más de lo que corresponde a nuestra capacidad.

Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados.

CSIF exige información sobre cómo y con qué recursos se van a atender.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha comprobado de primera mano la difícil situación que se está viviendo en Ceuta.Pincha en cada imagen para ver el vídeo.

Comienza el curso escolar 2026-2027 con conflictividad laboral en toda España y el sistema educativo al límite

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 08 Sep 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia la mala situación en la que comienza esta semana el curso escolar 2026-2027, en un contexto caracterizado por la alta conflictividad laboral, la precariedad del profesorado, compromisos incumplidos (como la bajada de ratios), falta de financiación y escasez de medios para atender a los alumnos con necesidades especiales.

Como respuesta a esta situación, CSIF ha convocado un calendario de movilizaciones en toda España -sin descartar la convocatoria de huelga- en defensa de la escuela pública y de unas condiciones dignas para el profesorado. La primera movilización será el próximo 15 de septiembre con una concentración en Madrid frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

CSIF lamenta que el curso escolar comience sin que los docentes hayan visto un solo avance real en sus condiciones. Los grandes compromisos (como el Estatuto Docente, la equiparación retributiva o una reducción efectiva de ratios y horarios) siguen bloqueados o aplazados. En este sentido, lamentamos que la ley de reducción de ratios y horarios -la única norma que ha salido adelante- no empiece a aplicarse hasta el curso 2027-2028 (un año después de lo acordado con los sindicatos), y que su despliegue completo se prolongará por fases hasta el curso 2031-2032.

La situación es especialmente complicada en Ceuta (donde hoy también se reanudan las clases), cuyas aulas ya cuentan con ratios elevadas y con necesidades importantes. CSIF reclama que la protección del alumnado sea la prioridad para garantizar una vuelta segura a las aulas, por lo que exige que los centros estén adecuadamente preparados, con personal suficiente y que los docentes cuenten con especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado.

Informe PISA: España sigue a la cola

El comienzo del curso escolar ha coincido además con la publicación del Informe PISA correspondiente al año 2025, que una vez más ha vuelto a situar a España en los últimos puestos de habilidades educativas en ámbitos como Ciencia, Matemáticas o Comprensión Lectora. El informe -elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)- sitúa a los alumnos españoles de 15 y 16 años en un nivel muy bajo y con enormes diferencias entre los territorios con casi dos cursos académicos de diferencia.

CSIF considera que los datos del Informe PISA le dan la razón sobre la necesidad de realizar una serie de reformas urgentes de nuestro sistema educativo que culmine con un gran pacto de Estado por la Educación. En este sentido, planteamos cuatro ejes con medidas para blindar la educación pública: al menos 7.000 euros anuales por estudiante, homogeneización de contenidos en toda España, reducir la temporalidad docente al 8 por ciento, Estatuto Docente y eliminar la brecha territorial.

En las próximas semanas iniciaremos una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF se moviliza en todas las administraciones públicas ante el malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 04 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, abre el curso sindical en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que afecta a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se intensificarán las movilizaciones y la acción sindical en todos los ámbitos dado que el malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado.

Así lo afirmaron hoy el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en un desayuno de prensa en la sede del sindicato para explicar las principales líneas de actuación y reivindicaciones desde este mes de septiembre.

CSIF denuncia un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos. El sistema está tensionado y cuando sucede una crisis se resienten el conjunto de las administraciones.

Ya sucedió con el covid, con el proceso de regularización de personas extranjeras, la ley de nietos, los incendios forestales (han puesto en evidencia la falta total de planificación en medios y plantillas y como ocurrió el año pasado, en cuanto acabe la campaña se anunciarán despidos) o la crisis que estamos viviendo en Ceuta.

El presidente de CSIF visitará esta ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleadas y empleados públicos de todos los sectores y conocer de primera mano sus necesidades a raíz de la situación que se está viviendo desde finales de julio. Además, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), nuestra organización reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver esta situación.

DEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA A LOS RECORTES DE 2010

Por otra parte, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve sobre nuestro recurso -presentado en 2024- contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La iniciativa de CSIF pretendía derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una ILP para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

Esta misma semana, CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable y critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP. Nuestro recurso afecta por tanto a todas las futuras ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.

RESUMEN DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS

De entrada, CSIF se va a dirigir a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco (noviembre 2025) para:

- CSIF velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 (4,5%), ante el incremento de los precios, el escenario de ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5 variable con efectos retroactivos a uno de enero de 2026 vinculado a la inflación.

- Refuerzo del mutualismo administrativo.

- Actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio.

- Clases Pasivas. Corregir las desigualdades con la Seguridad Social

- Planificación, agilización y mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público.

- Mejora de la promoción interna.

- Adecuación de la clasificación profesional.

- ⁠Actualización de las retribuciones del PLEX.

- ⁠Equiparación de permisos del conjunto de empleados públicos.

- ⁠Revisión y actualización de los programas de acción social.

- ⁠Acceso en igualdad de condiciones a la tutela judicial efectiva.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Reivindicaciones: Equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada, actualizar retribuciones del personal en el exterior.

Conflictos: Problemas para adaptar las 35 horas por departamentos, parálisis en la negociación del convenio único, movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.

Instituciones Penitenciarias: Adaptar las 35 horas.

EDUCACIÓN

Calendario de movilizaciones (sin descartar huelga) al inicio del curso 2026-2027. Primera concentración: 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio.

Interinidad del 30 %, falta de recursos para atención a la diversidad y retraso en la bajada de ratios (esta medida no se aplicará hasta 2027-2028).

SANIDAD

Verano crítico: cierre de camas y quirófanos, plantas clausuradas, listas de espera disparadas y Atención Primaria colapsada. Reclamamos refuerzo estructural, especialmente en Primaria, mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.

Estatuto Marco. El Consejo de Ministros lo ha remitido al Congreso, pero hay muchas dudas sobre su tramitación y aplicación efectiva por la situación de minoría parlamentaria del Gobierno.

JUSTICIA.

Balance nefasto tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia: Falta de medios materiales y tecnológicos, sistemas informáticos deficientes, colapso organizativo y sobrecarga laboral, déficit de personal (listas de interinos agotadas, no se cubren vacantes, ejecución lenta de procesos selectivos), falta de formación, retrasos endémicos….

CORREOS

Incumplimiento del acuerdo de 2024 (refuerzo de plantilla, 35 horas, conversión de parciales a completas y plan de rejuvenecimiento).
Movilizaciones: 3 y 17 de septiembre y una gran concentración en Madrid el 30 de septiembre.

Las administraciones públicas, Educación y Servicios Sociales destruyen 81.615 puestos de trabajo en agosto

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Wed, 02 Sep 26 12:02:00 CEST

Los sectores de administraciones públicas, Educación y Servicios Sociales han destruido un total de 81.615 puestos de trabajo durante el mes de agosto (-3.795; -76.536 y -1.284, respectivamente), según los datos publicados hoy por la Seguridad Social, que analiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

CSIF mantiene su preocupación por la sostenibilidad de las administraciones públicas a medio plazo, teniendo en cuenta además las dificultades del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, la inestabilidad política y el envejecimiento de las plantillas.

Fruto de esta situación, las administraciones están tensionadas y los ciudadanos sufren las consecuencias cuando se dan momentos de crisis, como ha sucedido con el proceso de regularización de personas extranjeras, los incendios forestales (falta de planificación, medios y plantillas) o la realidad que estamos viviendo en Ceuta por una crisis migratoria extraordinaria en la que los servicios públicos son un elemento fundamental para garantizar la cohesión social o la seguridad.

Por otro lado, la inestabilidad y el abuso de la interinidad en la Educación han provocado el cese masivo de trabajadores de este ámbito en verano, en concreto, un total de 259.329 menos a lo largo de los tres meses.

Aunque las cifras de la Seguridad Social no permiten disgregar entre empleo público y empleo privado, gran parte de estos empleos corresponden a personal interino en situación de suplencia o cubriendo una vacante que no ha cumplido el tope de meses que marcan las comunidades autónomas para tener derecho a vacaciones en verano. Por tanto, esta situación es fruto de la interinidad, que sigue estancada en el 30 por ciento, uno de los motivos por los que CSIF exige que se establezcan sanciones ejemplares para los Gestores de aquellas Administraciones que abusan de la contratación temporal.

CSIF reclama que Bruselas active de manera formal el reglamento europeo de crisis migratoria ante la situación en Ceuta

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 31 Aug 26 13:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, exige al Gobierno que solicite de inmediato a Bruselas la activación formal del reglamento europeo de crisis migratoria ante la situación en Ceuta.

Cuando está a punto de transcurrir un mes desde los episodios que vulneraron la integridad territorial y el normal funcionamiento institucional en Ceuta, las medidas parciales ya no bastan. Las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, los servicios de emergencias, el personal de la Administración de Justicia, los equipos de acogida, la Administración Penitenciaria, la sanidad pública, los servicios de limpieza y los servicios sociales de la Ciudad Autónoma operan al límite del agotamiento físico y profesional, asumiendo en solitario una responsabilidad que concierne a toda la Unión Europea.

Por ello, CSIF exige al Gobierno que deje de dilatar la respuesta política y formalice de inmediato ante las instituciones comunitarias la activación del Reglamento (UE) 2024/1359, sobre situaciones de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo.

El Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, reconoce que la llegada masiva y simultánea producida el 30 de julio ha superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.

Para CSIF, este reconocimiento oficial refuerza la necesidad de valorar la utilización del instrumento europeo específicamente diseñado para afrontar situaciones excepcionales de presión migratoria.

El Reglamento (UE) 2024/1359 contempla precisamente como situación de crisis las llegadas masivas de nacionales de terceros países que, por su escala y naturaleza, puedan provocar que los sistemas de asilo, acogida —incluida la protección de menores— o retorno de un Estado miembro dejen de funcionar adecuadamente, incluso cuando esa situación se manifieste inicialmente a escala local o regional.

El Reglamento es plenamente aplicable desde el 12 de junio de 2026, pero es necesario que el Gobierno solicite su activación. En este sentido, CSIF pide que España presente la solicitud motivada prevista en el artículo 2 del Reglamento para que la Comisión Europea evalúe formalmente la situación y, si concurren los requisitos establecidos, proponga al Consejo la adopción de las medidas extraordinarias correspondientes.

Entre las posibilidades previstas se encuentran los mecanismos de solidaridad europea, mediante reubicaciones, contribuciones financieras y otras medidas de apoyo; la adaptación temporal de determinados procedimientos fronterizos y de protección internacional; y el refuerzo de los medios necesarios para gestionar una situación excepcional.

CSIF valora los refuerzos solicitados a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), pero considera que estas medidas operativas no sustituyen la posible activación del marco jurídico extraordinario previsto por el Reglamento 2024/1359.

UTILIZAR TODOS LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES

El diseño jurídico del Reglamento permite adaptar y agilizar los procedimientos fronterizos de asilo en situaciones de crisis, reforzar la capacidad de gestión en frontera y facilitar, cuando legalmente proceda, la posterior aplicación de los procedimientos de retorno, manteniendo las garantías previstas por el Derecho de la Unión.

La activación del Reglamento (UE) 2024/1359 permite ampliar y agilizar los procedimientos fronterizos en una situación de crisis y facilitar el posterior retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España, con pleno respeto a las garantías legales.

Además, frente a los mecanismos ordinarios, la activación de este Reglamento permitiría:

Solidaridad europea reforzada: movilizar reubicaciones, contribuciones financieras y apoyo operativo, pudiendo alcanzar hasta el 100 % de las necesidades de reubicación determinadas en el plan de respuesta.
Mayor capacidad de actuación en frontera: adaptar y agilizar determinados procedimientos fronterizos de asilo cuando las reglas ordinarias resulten insuficientes ante una situación de crisis.

3. Respuesta específica ante una eventual instrumentalización: aplicar medidas y excepciones extraordinarias cuando se acredite que un tercer país o agente hostil utiliza la migración con finalidad desestabilizadora.

Refuerzo de los servicios públicos: movilizar solidaridad, financiación y apoyo operativo europeo para aliviar la presión extraordinaria sobre los servicios de frontera, seguridad, identificación, asilo, acogida, menores y retorno.

CSIF EXIGE UNA RESPUESTA DE ESTADO Y EUROPEA

CSIF advierte de que la situación está sometiendo a una presión extraordinaria a los/as empleados públicos y a los servicios encargados del control fronterizo, seguridad, identificación, atención humanitaria, protección internacional, menores, servicios sociales y gestión administrativa.

Ceuta no pueda continuar funcionando como un dique de contención aislado ante una crisis cuya gestión afecta al conjunto del Estado y requiere también la implicación efectiva de la Unión Europea.

CSIF exige al Gobierno que utilice todos los mecanismos jurídicos nacionales y europeos disponibles, refuerce los servicios públicos afectados y presente ante la Comisión Europea la solicitud motivada prevista en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2024/1359.

“Si el propio Gobierno ha reconocido oficialmente que las capacidades ordinarias han sido superadas, debe explicar por qué no ha solicitado todavía la activación del instrumento europeo específicamente previsto para afrontar una situación de crisis”.

El Gobierno considera por fin las reiteradas demandas de CSIF y activa la Ley de Seguridad Nacional con un Mando Único para Ceuta

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 25 Aug 26 15:32:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, valora positivamente que el Consejo de Ministros apruebe hoy la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional y el nombramiento de un Mando Únicopara gestionar la crisis que atraviesa Ceuta.

Esta decisión supone la asunción, por parte del Gobierno central, de las propuestas y exigencias que CSIF lleva semanas reclamando en solitario y con firmeza.

CSIF fue la primera organización en dar la voz de alarma, ante los primeros compases de la crisis, demandamos formalmente la activación de los mecanismos previstos en la legislación para centralizar y coordinar la respuesta institucional. Ante la falta de adopción de medidas del Ejecutivo y la prolongación del conflicto, reiteramos de manera enérgica dicha exigencia en todos los ámbitos y medios de comunicación, alertando del límite al que estaban llegando los servicios y el personal público en la Ciudad Autónoma.

Aplicación estricta del Título III de la Ley 36/2015

Desde CSIF recordamos que el Título III de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015) contempla específicamente los mecanismos de gestión de crisis para situaciones de esta magnitud. Ha tenido que ser la presión constante la que fuerce al Gobierno a aplicar las herramientas legales ya existentes para dotar de eficacia, mando conjunto y recursos a la gestión en Ceuta."Llega tarde, pero llega. Llevamos desde el 11 de agosto exigiendo coordinación real y mando único. No se podía seguir cargando sobre las espaldas de los empleados públicos la falta de liderazgo político e institucional", señalan desde CSIF.

Exigencias inmediatas de CSIF

Una vez activado este marco extraordinario, CSIF vigilará que la figura del Mando Único no quede en un mero anuncio político y cumpla con las prioridades sobre el terreno:

1. Refuerzo inmediato de plantillas: Dotación urgente de personal en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Sanidad, Justicia, Emergencias, Servicios Sociales y Administración General del Estado en Ceuta.

2. Seguridad y medios materiales: Garantizar la integridad física y laboral de todos los profesionales cuando desempeñan su labor.

3. Coordinación efectiva y transparente: Canalización directa de recursos y protocolos unificados que eliminen la improvisación sufrida en las últimas semanas.

CSIF continuará defendiendo sin descanso los derechos y la seguridad de los empleados públicos, trabajadores de la empresa privada y ciudadanos de Ceuta, permaneciendo vigilante para que las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros se ejecuten de manera inmediata y efectiva.

CSIF exige al Gobierno y a la Ciudad de Ceuta medidas urgentes ante la crisis migratoria, sanitaria y de seguridad en Ceuta

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Wed, 12 Aug 26 09:02:00 CEST

Ante la extraordinaria presión migratoria que atraviesa laCiudad Autónoma de Ceuta, con miles de personas en situación irregular y la consiguientesobrecarga de los servicios públicos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF), manifiesta su profunda preocupación por el colapso organizativo y la insosteniblecarga de trabajo que soporta el personal empleado público sobre el terreno.

Esta organización sindical exige de manera urgente a las autoridades competentes—Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma de Ceuta— la implementación de un paquete integral de medidas que garantice la seguridad, la salud pública y el estricto cumplimiento de la legalidad.

1. Mando Único y Coordinación Integrada bajo la Ley de Seguridad Nacional. Es imprescindible superar la fragmentación competencial actual. Exigimos la declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional (conforme a la Ley 36/2015) con laactivación formal de una Autoridad Operativa Funcional Única, una medida recogida enel art. 24 de la ley que no requiere previa autorización, ni votación en el Congreso de losDiputados, lo que permite su entrada en vigor inmediata tras su publicación en el BOE.Este Mando Único debe unificar la dirección estratégica de las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado, los medios sanitarios, las Fuerzas Armadas en tareas logísticas y losrecursos asistenciales, garantizando una respuesta coordinada, eficaz y plenamente respetuosa con el ordenamiento jurídico español e internacional.

2. Protocolos Sanitarios de Emergencia e Intervención de Salud Pública. La acumulación de personas sin condiciones habitacionales adecuadas plantea un riesgo evidente de salud pública. Demandamos la implantación inmediata de protocolos sanitarios integrales que incluyan triaje médico, campañas de cribado y vacunación, asícomo la habilitación urgente de espacios asistenciales temporales equipados paradescongestionar el sistema sanitario público (INGESA) y proteger tanto al conjunto de laciudadanía como a los migrantes.

3. Ampliación Extraordinaria de Recursos Humanos para el TrámiteAdministrativo. El colapso actual no solo afecta al orden público, sino también al ámbito administrativo.Para dar cumplimiento a las exigencias legales fijadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) —que exigen la tramitación individualizada de cada expediente de extranjería con asistencia letrada e intérprete—, resulta imprescindible un refuerzo urgente y extraordinario de personal:

● Incremento inmediato de la plantilla de la Policía Nacional (Unidades deExtranjería y Fronteras) para la correcta filiación e incoación de expedientes.

● Refuerzo de personal funcionario en las Oficinas de Extranjería, la Delegación del Gobierno y la Administración de Justicia para agilizar los trámites de devolución,repatriación y resolución de solicitudes en los plazos legales previstos.

● Cobertura de plantillas en los servicios sociales y de protección de menores,garantizando condiciones de trabajo dignas y seguras para los empleados públicos.«Garantizar la legalidad requiere medios humanos y organización»

Desde CSIF recordamos que la protección de los derechos de la ciudadanía, el trato digno y humanitario a las personas migrantes y el bienestar laboral de los trabajadores públicos noson objetivos contrapuestos, sino dimensiones que dependen directamente de la voluntad política y la dotación presupuestaria de la Administración general.

Asimismo, recordamos que Ceuta representa la frontera sur de la Unión Europea y reivindicamos la implicación directa e inmediata de las instituciones comunitarias para garantizar la protección de este territorio y dotar a los empleados públicos de los recursos ymedios necesarios para hacer frente a esta crisis con plenas garantías.

Desde CSIF exigimos a las autoridades competentes la aplicación inmediata de losmecanismos jurídicos extraordinarios que requiere una situación de esta gravedad.