Principado de Asturias - Universidades

La CNEAI resuelve las solicitudes de Sexenios de investigación de personal laboral de la Convocatoria 2025

Jose Luis Narbona Moreno — Thu, 25 Jun 26 09:55:00 CEST

Según ANECA, se han concedido el 93,84 % de sexenios solicitados por personal laboral en esta convocatoria.

Se han evaluado 7.194 tramos presentados por personal laboral.

ANECA informa que las notificaciones de estos tramos concedidos a personal laboral se iniciarán en los próximos días.
Los datos de los tramos evaluados en esta convocatoria del personal laboral desglosados por campo, género e institución pueden consultarse en el informe publicado: CONSULTAR INFORME (PDF)

Os recordamos que la convocatoria ordinaria para el personal funcionario (6.640 solicitudes) fue resulta el pasado 12 de mayo.

CSIF propone al Congreso un copago farmacéutico común para Seguridad Social y mutualistas: 30 por ciento general y gratuidad para pensionistas

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 22 Jun 26 11:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración: un 30 por ciento general y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo y cuyo plazo de enmiendas concluye, previsiblemente, el próximo día 24.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor.

CSIF pide a las universidades dejar de ningunear al profesorado Asociado en los Quinquenios y Sexenios

Jose Luis Narbona Moreno — Mon, 22 Jun 26 09:36:00 CEST

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene reconociendo el derecho a la evaluación y, en su caso, a la percepción del complemento específico por méritos docentes (quinquenios) y del complemento de productividad por actividad investigadora (sexenios) al PDI vinculado con la universidad pública con una relación laboral temporal, declarando que:

No existen diferencias sustanciales entre ambos colectivos que justifiquen la desigualdad de trato
El complemento por la actividad investigadora no está vinculado al puesto de trabajo sino a la productividad
Excluir al personal docente e investigador laboral temporal en función de la naturaleza temporal del contrato es un tratamiento discriminatorio contrario al artículo 14 de la Constitución y a la Directiva Comunitaria 1999/70/CE.

De 2023 a 2026 son varias las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen -con LOU y con LOSU- el derecho del profesorado Asociado a Quinquenios y Sexenios y confirman la existencia de trato discriminatorio al PDI laboral no permanente, con contrato laboral temporal, por no reconocérsele la posibilidad de evaluación de la actividad docente e investigadora y posterior devengo de los complementos correspondientes.

Cada vez son más las universidades que permiten el cobro de Quinquenios al profesorado Asociado sin aplicar coeficiente de parcialidad alguno. Sin embargo, la mayoría de universidades, miran para otro lado y siguen sin permitir su acceso a Sexenios de Investigación

Repetimos que la doctrina del TS sobre Sexenios del profesorado Asociado es clara y contundente, y utiliza el siguiente hilo argumental:

El profesorado asociado forma parte del PDI
La LOSU mantiene (incluso amplía) el derecho de todo PDI a la investigación
La LOSU reconoce que el PDI que realice actividades investigadoras tiene derecho a ser evaluado y compensado económicamentepor ello
Estamos ante un tipo de Profesorado al que el diseño normativo no ha querido restringir la faceta investigadora, por más que sucontratación obedezca a la consabida finalidad docente.
Descarta que la actividad docente desarrollada por persona que posee una profesión externa a la Universidad y que aplica su experiencia tenga un valor que justifique la imposibilidad de acceder a los complementos por méritos investigadores

CSIF considera que en base a las resoluciones del TS en jurisprudencia Social y a la jurisprudencia Comunitaria, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, el criterio del Tribunal Supremo debería aplicarse sin duda ni rémora alguna en todas las universidades públicas. Ya está bien de tener litigando permanentemente al profesorado Asociado -de manera insidiosa y con costes económicos y temporales- en un asunto que ya está meridianamente claro.

Publicado el JCR de 2026 con los índices de impacto de revistas en 2025

Jose Luis Narbona Moreno — Fri, 19 Jun 26 07:50:00 CEST

EmpleoNormativaPrincipado de Asturias - Universidades Image

Se ha publicado el JCR de 2026 nos ofrece los índices de impacto (JIF) del año 2025 para las revistas científicas impactadas (en rigor, se debería llamar JCR 2025). Se incluyen 22 643 revistas científifcas agrupadas en 254 categorías (521 obtienen su primer JIF), de las que 15 023 son de ciencias (SCIE), 7 721 de ciencias sociales (SSCI) y 3 460 de artes y humanidades (AHCI); entre ellas 6 703 son revistas de acceso abierto (open access). Todas estas revistas cumplen los 24 criterios de calidad del marchamo de Clarivate (que ahora se aplican usando inteligencia artificial).

Más información en Kate Heaney, «Journal Citation Reports 2026: Supporting transparent, responsible journal evaluation,» Clarivate, 17 Jun 2026.

Hace unos días SCOPUS también publicó su nueva actualización de sus índices SJR y CiteScore que se adjunta a este post.

CSIF analiza con sus delegados sindicales las prioridades en las AA.PP: debemos corregir las desigualdades retributivas

Juan Pedro Fernández Riau — Thu, 18 Jun 26 13:09:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, mantiene reuniones con delegados/as sindicales de toda España para analizar las prioridades en las Administraciones Públicas y planificar acciones que contribuyan a corregir las desigualdades retributivas.

Hoy ha sido el turno de Valladolid, donde el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha mantenido una reunión con los delegados y delegadas de Castilla y León para repasar las principales reivindicaciones del sindicato. Hemos debatido sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo del Acuerdo Marco suscrito con el Gobierno y nuestra reclamación a Función Pública para que habilite los fondos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos

Entre nuestras reivindicaciones principales destaca corregir las desigualdades salariales de quienes realizan las mismas funciones con sueldos diferentes, financiar la carrera profesional, adecuar la clasificación de los grupos profesionales y reforzar la calidad asistencial en Muface, incluyendo la convocatoria del Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo.

CSIF continúa con movilizaciones en toda España en defensa de los/as empleados públicos. Recientemente nos hemos concentrado para denunciar la parálisis del V Convenio Único del personal laboral del Estado, hemos convocado una huelga y concentración de la plantilla de la AEAT, y hemos salido a la calle en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales. Además, desde septiembre iniciaremos movilizaciones en Educación, con posible huelga, en defensa de la escuela pública.

Respecto a otros ámbitos sectoriales, en la Sanidad nuestra organización ha elevado una queja a Pedro Sánchez, al Congreso y al Defensor del Pueblo por las condiciones laborales de los Técnicos Sanitarios. CSIF pretende así que se ponga fin a una injusticia profesional y salarial que afecta a miles de profesionales del SNS.

Por otra parte, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

Estas acciones se suman al reciente logro histórico: el reconocimiento de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad. CSIF seguirá defendiendo con firmeza las mejoras retributivas y laborales que merecen los empleados públicos.

Cotizaciones antiguos becarios: cómo añadir hasta cinco años de cotización a la vida laboral.

Ignacio Rico Suárez — Thu, 18 Jun 26 09:52:00 CEST

Pasos a seguir:

Solicitar en la universidad un certificado de servicios como becario/a para recuperar las cotizaciones del período correspondiente, así como la hoja de servicios.
Con esta documentación, solicitar el alta en el convenio especial para prácticas y programas de formación a través del siguiente enlace:

Alta en convenio especial por prácticas. Seguridad Social | Gobierno de España, UE

En la solicitud deberá adjuntarse la documentación indicada y elegirse la modalidad de pago (único o fraccionado), facilitando, en su caso, los datos bancarios.

La Seguridad Social analizará la solicitud y determinará el importe definitivo a abonar. En caso de pago fraccionado, las cuotas pueden rondar los 100 € mensuales durante 12 meses, según el período reconocido. Debe tenerse en cuenta que cada caso es diferente y está sujeto a un cálculo individualizado.
Una vez dictada la resolución, se abrirá un plazo de alegaciones o revisión.
Finalizado dicho plazo, se emitirá la comunicación de pago:
- Pago único: abono dentro del mes siguiente a la suscripción del convenio.
- Pago fraccionado: posibilidad de abonar en cuotas, con un máximo de hasta el doble de los meses reconocidos como cotizados.
El convenio surtirá efectos una vez se haya ingresado la totalidad de las cotizaciones correspondientes. En caso de pago único, la efectividad es inmediata tras el pago.

¿Cuándo puede ser útil este convenio?

Este convenio puede ser una herramienta relevante para la recuperación de derechos de cotización perdidos durante etapas de beca o formación, especialmente entre el personal investigador y universitario. Su conveniencia dependerá de cada situación particular, pero resulta especialmente importante en los siguientes supuestos:

Cuando los períodos de beca son determinantes para alcanzar el mínimo de cotización exigido para la jubilación o para mejorar la cuantía de la pensión.
En trayectorias laborales con interrupciones, precariedad o ausencia de cotización en etapas iniciales, situaciones habituales en el ámbito académico e investigador.
En el caso de antiguos becarios de investigación (FPI, FPU y programas equivalentes), cuando estos períodos pueden tener un impacto significativo en la carrera de cotización.
Cuando es necesario para acceder a prestaciones contributivas como la jubilación o la incapacidad permanente.

Consideraciones finales:

No obstante, puede no resultar recomendable si ya se dispone de una carrera de cotización suficiente o si el coste no compensa el beneficio esperado.

Por ello, desde una perspectiva sindical, se recomienda que cada persona afectada realice un análisis previo de su situación o solicite asesoramiento antes de que finalice el plazo.

Acaba el curso y seguimos con precariedad, sin Estatuto del PDI y sin la financiación de la LOSU

Jose Luis Narbona Moreno — Thu, 11 Jun 26 09:37:00 CEST

A tres años de su entrada en vigor, la LOSU ni ha asegurado la estabilidad ni ha acabado con la precariedad de las plantillas docentes e investigadoras. Según el Boletín Estadístico de la Función Pública de enero de 2026, más de 49.00 profesores universitarios (Asociados, Sustitutos, Ayudantes, Ayudantes Doctores) siguen sumidos en la inestabilidad y precariedad laboral con una temporalidad del 45,88%.

La LOSU daba seis meses para que el Gobierno presentara un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Cerca de tres años después y con una negociación inexistente, no se vislumbra que el Estatuto del PDI (norma fundamental que debe regular y mejorar temas vitales del profesorado universitario como sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, su promoción interna o sus procesos de selección) llegue a cuajar.

Seguimos muy lejos de dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria. Estamos por debajo de la media de la UE (14,5%) y de la OCDE (19,5%) en gasto total por estudiante universitario. Resulta frustrante ver que ha aumentado el gasto público, pero sin alcanzar los niveles de financiación de 2009. CSIF tacha de escandalosas las diferencias en la financiación de las CC. AA. En definitiva, las universidades siguen enredadas en la financiación y sin visos de alcanzar el objetivo de dedicar el 1% del PIB a la financiación universitaria en 2030 (hoy en el 0,75%).

En definitiva, a los políticos se les llena la boca al hablar de la universidad como ascensor social, instrumento de cohesión social o elemento de vertebración territorial. Sin embargo, no hay estabilidad normativa, mantienen una precariedad desbordada y tienen olvidada su responsabilidad en la financiación.

CSIF reivindica la rentabilidad y retorno social de la inversión en universidades e investigación. El sindicato independiente recuerda que las universidades provocan un gran impacto socioeconómico generando recursos y empleos en la economía de su entorno y beneficiando al tejido productivo de su territorio.

Web de ayuda de CSIF para la nueva acreditación a TU y CU

https://sites.google.com/view/csif-sistema-acreditacion-2024

Web de ayuda de CSIF para los sexenios de investigación 2025

https://sites.google.com/view/sexeniodeinvestigacion2025

CSIF pide acelerar las negociaciones para:

·Convocar y consolidar el Sexenio de Transferencia

·Aprobar el Estatuto del PDI

·Suprimir la Tasa de Reposición

CSIF reclama a Educación una regulación básica estatal exigente para afrontar los problemas de la enseñanza en toda España

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 10 Jun 26 16:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamó hoy al Ministerio de Educación una regulación básica estatal exigente para afrontar los problemas de la enseñanza en toda España.

En el marco del Grupo de Trabajo sobre la reforma de la profesión docente, CSIF advirtió al Ministerio de que la parálisis de la legislatura, que afecta a proyectos como la reducción de horarios y ratios o el Estatuto Docente, tiene consecuencias diarias en las aulas mientras el malestar del profesorado crece en toda España, a través de los diferentes conflictos que se están planteando en las comunidades autónomas.

De hecho, nuestra organización prepara movilizaciones para el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 -sin descartar la convocatoria de huelga-en toda España, en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. CSIF ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

El Grupo de Trabajo abordó hoy un debate sobre la modificación del Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Asimismo se ha tratado también la situación de las Escuelas infantiles, CSIF señaló que una parte significativa de las escuelas infantiles actualmente en funcionamiento fueron diseñadas conforme a unos requisitos aprobados hace más de treinta años. Por este motivo, entendemos que la futura regulación básica debería contemplar un plan de actualización progresiva de los centros ya existentes (habitabilidad, confort térmico, ventilación, accesibilidad, eficiencia energética, adecuación de espacios, entre otros aspectos), acompañado de financiación suficiente y de un calendario realista de implantación.

CSIF también se refirió a la transformación del perfil del alumnado en los últimos años y reclamó ajustar los recursos humanos disponibles con criterios mínimos comunes y niveles homogéneos de atención en el conjunto del territorio. Por ello, consideramos que se debe concretar con mayor precisión las condiciones básicas de dotación de recursos de apoyo, reforzando la equidad del sistema educativo y garantizando una atención adecuada al alumnado, con independencia de la comunidad autónoma.

CSIF pide a las universidades garantizar la equivalencia retributiva del PPL y del COD respecto del TU

Jose Luis Narbona Moreno — Fri, 05 Jun 26 11:14:00 CEST

EmpleoNegociaciones y acuerdosPrincipado de Asturias - Universidades Image

El sindicato independiente exige que el profesorado permanente laboral y el profesorado contratado doctor perciban una retribución equivalente a la del profesorado titular de universidad cuando desempeñen funciones académicas de idéntica o similar naturaleza, sin que puedan establecerse diferencias salariales injustificadas por razón de la naturaleza estatutaria o laboral del vínculo

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario proclama en su preámbulo que “se garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”. En desarrollo de ese principio, el artículo 82 de la propia LOSU dispone que el contrato del profesorado permanente laboral será fijo e indefinido, con “derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario”.

Ese mandato legal ha sido ya asumido por parte de algunas Comunidades Autónomas y universidades públicas españolas mediante normas reglamentarias y convenios colectivos que avanzan en la equiparación del profesorado laboral estable con el profesorado titular de universidad:

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha aprobado el reciente Decreto 17/2026, de 21 de abril, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado en régimen laboral de la Universidad de Extremadura. En su artículo 6.4 se dispone la equiparación del profesorado “en derechos y deberes de carácter académico al profesorado titular de universidad”.
En el Decreto 2/2026, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador laboral de la Universidad de La Rioja (BOLR núm. 29, de 12 de febrero de 2026), en su artículo 13, se dispone respecto el profesorado permanente laboral, que “El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y deberes de carácter académico y categoría comparable a la del profesorado titular de universidad”.
Esta equiparación ya se estableció en todas las universidades de Andalucía en donde no existe diferencia alguna entre los salarios de los profesores titulares y los profesores permanentes laborales y contratados doctores.
En la Comunidad Foral de Navarra el Convenio Colectivo de la Universidad Pública de Navarra para el Personal Docente e Investigador y Personal Investigador Contratado Laboral. (Boletín Oficial de Navarra núm. 130 de 1 de julio 2025), dispone con claridad la equiparación salarial. El artículo 72 dispone: “A partir de 2028 el salario base será idéntico al salario base del profesorado Titular de Universidad”.

Por lo tanto, vemos como desde todos los ámbitos políticos, en distintas Comunidades Autónomas, se ha procedido o se tiende a equiparar salarialmente a los profesores titulares y el profesorado indefinido laboral. Lo mismo sucede en Cataluña y País Vasco. Sin embargo, en territorios como la comunidad valenciana y otros varios, el profesor permanente laboral cobra menos que el TU y no accede a todo el complemento autonómico.

La equiparación entre profesorado funcionario y profesorado laboral permanente responde no solo al mandato de la legislación básica estatal, sino también a una exigencia material de igualdad de trato cuando concurren funciones académicas equivalentes en docencia, investigación y transferencia. Mantener diferencias retributivas injustificadas entre figuras estables que desarrollan tareas de análoga responsabilidad desnaturaliza el objetivo de homologación perseguido por la LOSU y perpetúa una desigualdad carente de justificación suficiente.

CSIF exige incorporar en los Convenios Colectivos y en las futuras normativas universitarias autonómicas una previsión expresa que garantice la equivalencia retributiva del profesorado permanente laboral y del profesorado contratado doctor respecto del profesorado titular de universidad, cuando desempeñen funciones académicas de idéntica o similar naturaleza. Con ello se refuerzan los principios de igualdad, seguridad jurídica, homogeneidad del sistema universitario y reconocimiento efectivo de la carrera académica en su doble vía, funcionarial y laboral.