Navarra - Administración General de las Comunidades Autónomas

Casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 25 Oct 24 11:37:00 CEST

Casi el 46 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental, según una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

La encuesta, que lleva por nombre ‘¿Cómo te sientes?’ y se presenta con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de las/os empleados públicos, y se ha realizado mediante entrevistas a más de 6.300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas).

El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según el estudio de CSIF, en todos los ámbitos de la administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años) , trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.

Datos de la encuesta

El 76 por ciento de los empleados públicos reconocen abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de psicofármacos. En este sentido, los más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (12 por por ciento) y otras sustancias (17 por ciento). En concreto, los motivos más mencionados son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral.

Además, el 60 por ciento reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados/as públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.

Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración, ya que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales.

Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña ‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas.

CSIF dispone del gabinete ‘CSIF Ayuda’ donde presta apoyo jurídico y orientación psicológica a trabajadores/as que la necesiten en el ámbito laboral.

CSIF reclama al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental, entre las que se encuentran:

Más presupuesto para que los servicios públicos de salud incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto, reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria y Especializada.
Ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada.
Aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones.
Desarrollar mecanismos de coordinación interdisciplinar entre los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de prevención para ofrecer en una red de apoyo sociosanitario profesional.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’) y otros trastornos del comportamiento.
Reconocimiento efectivo de los trastornos mentales como causa de accidente laboral (actualmente se reconocen como contingencia común).
Programas de apoyo psicológico al empleado gratuitos en los centros de trabajo.
Programas de formación en gestión emocional y de salud mental dirigidos a trabajadores/as.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concienciación sobre la importancia de la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y violencia.
Implantación de políticas de rehabilitación y retorno progresivo al trabajo (aplicación efectiva de los artículos 22 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

CSIF exige más presupuesto para aumentar los profesionales de Salud Mental

encarna.abascal.perez — Mon, 07 Oct 24 12:13:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Salud Mental este jueves 10 de octubre, bajo el lema “Derrumbando estigmas de salud mental en el ámbito laboral”. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización y denuncia de la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental y de la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

España cuenta con una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la media europea (18 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Por su parte, el número de psiquiatras en la sanidad pública también es limitado, lo que agrava el problema de una atención insuficiente.

El estigma de la salud mental en el trabajo consiste en que se tenga que ocultar en el ámbito laboral los problemas de salud mental por miedo a ser despedidos, discriminados, acosados o que pueda afectar a su carrera profesional. Supone un perjuicio grande para las organizaciones, puesto que es un indicador del clima laboral. Los profesionales no perciben que la empresa sea un lugar seguro donde poder expresar abiertamente que se tiene un problema de salud, influya o no en su rendimiento.

En España, alrededor del 19% de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, se estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como la depresión, la ansiedad o trastornos más graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Este número aumentó un 13,6% respecto al año anterior y es más del doble en comparación con las cifras de hace siete años. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país.

Rara vez una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias y falta apoyo psicológico a los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

En España, las cifras de suicidios son alarmantes año tras año; en 2023, según los datos provisionales del INE, se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres. Respecto a 2022 ha habido un ligero descenso de 6,5% pero las cifras reflejan que la gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, ya que fallecen una media de 11 personas al día.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio. Así, la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral. De esta manera, se debe constituir una red de apoyo profesional eficaz que haga una atención integral y de calidad. Consideramos que es prioritario también reforzar los servicios públicos de salud, como hemos solicitado a la ministra de Sanidad.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico por su situación laboral.

Para conocer más datos sobre promoción de salud y el bienestar laboral, CSIF ha lanzado la encuesta “¿Cómo te sientes?” para valorar la situación de los profesionales respecto a las medidas de promoción de la salud y bienestar laboral en las administraciones y empresas.

CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Programas de psicoeducación: gestión emocional, gestión de salud mental, etc.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concientización sobre la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y la violencia.
Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.

BOMBEROS FORESTALES SIN MEDIOS ANTE LA CAMPAÑA DE INCENDIOS: «VAMOS CON MIEDO»

admin — Sun, 18 Jun 23 16:58:14 CEST

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Ya ha pasado un año, pero a los bomberos de Zamora todavía les tiembla la voz cuando recuerdan el verano de 2022. La virulencia de las llamas dejó 267.946,58 hectáreas calcinadas a lo largo del territorio en 12 meses, convirtiendo a 2022 en el año con más superficie afectada por el fuego de los últimos diez años, más del doble de la media anual registrada en España según los datos avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Ante la catástrofe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados la creación de un nuevo marco regulador para unificar las normas autonómicas y mejorar los dispositivos de prevención y extinción de incendios en pleno julio. Un compromiso del Gobierno que quedó en tierra de nadie con el anuncio del adelanto electoral decretado por el propio Sánchez, ya que todas las iniciativas legislativas en tramitación quedaron anuladas con la disolución de las Cortes.

De esta forma, los requisitos de cualificación, contratación y activación de los planes de emergencia frente a incendios son gestionados de forma individual por cada comunidad autónoma. Una diferencia que no se limita al salario o la coordinación entre dispositivos, ya que en algunos gobiernos autonómicos emplean a peones y auxiliares de apoyo a la extinción en vez de bomberos forestales, que ejercen una labor que no les corresponde y se enfrentan al agravio de no poder jubilarse a la misma edad o ver como no se les reconocen enfermedades pulmonares o físicas por su exposición a las llamas.

«Y ahora que no hay Gobierno, ¿contra quién protestamos», señalan desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que califican este giro de «una falta de respeto absoluta hacia los profesionales». No es la primera vez, ya que la aprobación de la ley básica de agentes forestales y medioambientales y la ley básica de bomberos forestales fueron un compromiso de la actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, desde la anterior legislatura del PSOE.

En esta ocasión, el jarro de agua fría es incluso más hiriente, ya que este acuerdo marco contaba con mayor participación, desde el conjunto de comunidades autónomas a los ministerios competentes (Interior y Miteco) y los propios profesionales. De nuevo, los bomberos y agentes forestales tendrán que enfrentarse a una temporada de incendios sin los medios, personal y coordinación que llevan años reclamando. «No miden las consecuencias de sus actos. Cuando uno tiene un compromiso debe cumplirlo», señala la portavoz del CSIF Elena Moral.

Un plan contra incendios «totalmente obsoleto»

Actualmente, Castilla y León cuenta con el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), aprobado en 1999. Un plan que en 24 años se ha quedado «totalmente obsoleto» en palabras de Agustín Angulo, bombero forestal del operativo de incendios de Castilla y León y cuya renovación se negocia a día de hoy entre la Junta y los sindicatos de los profesionales que se enfrentan directamente a las llamas.

Unos incendios que parecen cobrar vida propia, ya que además de su velocidad de propagación, se caracterizan por ser capaces de generar corrientes de aire y alterar las condiciones meteorológicas, con lo que ello implica para el comportamiento de las llamas. Una situación de riesgo para los que se enfrentan al fuego y donde los planes de emergencia muestran sus costuras, como en los dos incendios en la sierra de la Culebra (Zamora), donde fallecieron cuatro personas y las llamas calcinaron casi 66 000 hectáreas de las que 34 000 hectáreas eran de alto valor ecológico. Los dos incendios más devastadores de la historia de España desde que existe registro.

Preparación física y mental

Angulo recuerda a uno de sus compañeros fallecidos por las llamas a sus 62 años en el segundo incendio, un ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la falta de reconocimiento médico y jubilación anticipada en la profesión. «Llega una edad a la que uno no puede estar en primera línea», añade el bombero forestal, que recuerda como la toxicidad por el humo inhalado por sus compañeros no será reconocida como consecuencia de su trabajo.

«Este trabajo requiere de una preparación física y teórica muy exigente, acorde al trabajo y su peligrosidad. Más aún cuando los horarios máximos aquí no se respetan y llegamos a estar hasta 16 horas seguidas en un incendio. Es inhumano», concluye Angulo.

En comunidades donde se emplean peones de monte, capataces forestales y demás posiciones no pensadas para ejercer de bomberos forestales, también acarrean la temporalidad en la contratación, que impide tener los medios necesarios durante el conjunto del año.

Así lo señala José Luis Gutiérrez, director de Extinción de Incendios en Castilla y León, que destaca la dureza de los fuegos que arrasaron la sierra de la Culebra en el verano de 2022. «El fuego puso a prueba a grandísimos profesionales, gente con más de 30 años de experiencia y un montón de fuegos a sus espaldas. Verles moralmente destrozados es muy duro», señala el director de extinción, tras admitir que por primera vez en 25 años de oficio, son varios los compañeros que acuden «con miedo» y el recuerdo vivo de como algunos montes desaparecieron por completo en cuestión de horas. Por no mencionar a los compañeros que fallecieron protegiendo vidas.

Gabinete Psicosocial CSIFAyuda

admin — Fri, 04 Nov 16 10:52:00 CET

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