Nacional - Educación

CSIF anuncia movilizaciones, con posible huelga, desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública: Gobierno y CC.AA. castigan sin recursos al profesorado

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 02 Jun 26 10:29:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, iniciará el próximo mes de septiembre coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027 una campaña de movilizaciones -sin descartar la convocatoria de huelga- en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado. En este sentido, hacemos un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que se unan a estas protestas.

CSIF adopta esta decisión tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y CCAA, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad. En este sentido, abrimos un periodo de reflexión y de consulta con nuestros responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.

La falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas. CSIF quiere dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones.

El conjunto de problemas que la escuela pública arrastra desde hace años son variados, como revelaron recientemente un informe de CSIF sobre el sistema educativo español desde 2009; y una encuesta realizada a más de 7.500 docentes de toda España sobre condiciones del profesorado: Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente.

Recursos para atender la diversidad del alumnado: paralizados en el Congreso

A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo). Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico.

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- muy superior a la actual. La brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados es el déficit más grave y menos visible del sistema. En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Descontrol de fondos europeos

CSIF ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros.

En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa. Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, entre ellas:

Incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado.
Reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes.
Reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico.
Homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española.

CSIF exige un Pacto de Estado para reformular el sistema educativo: Estatuto Docente, más inversión eficaz, reducción de la temporalidad y eliminar diferencias entre CCAA

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 11 Sep 26 10:45:00 CEST

La escuela pública ha reabierto sus aulas esta semana con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por una financiación educativa por debajo de la media europea, diferencias de rendimiento injustificables entre comunidades, plantillas inestables y centros sin recursos suficientes para atender el aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Además, el curso ha comenzado con la publicación del Informe PISA 2025 y en el que España ha obtenido los peores resultados de toda su serie histórica. El alumnado español obtiene 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias. El resultado de lectura es diez puntos peor que el anterior mínimo histórico, que databa de 2006. Uno de cada tres alumnos de 15 años no alcanza el nivel mínimo en lectura (32 por ciento) ni en matemáticas (33 por ciento).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha realizado su propio análisis de indicadores oficiales -el Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; y Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas- del sistema educativo español (*). En este sentido, consideramos que nuestro propio diagnóstico y los datos de PISA refuerzan la necesidad de una reformulación urgente de nuestro sistema educativo mediante un Pacto de Estado por la Educación. Pese a las diferencias autonómicas, los problemas de fondo son comunes y exigen liderazgo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En paralelo, el sindicato ha convocado una concentración en defensa de la educación pública y de condiciones dignas para el profesorado para el próximo martes 15 de septiembre, con una concentración ante el Ministerio de Educación en Madrid.

RETROCESO DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

Los resultados de PISA confirman el diagnóstico de CSIF del pasado abril en su Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF. Con la exposición de todos los datos oficiales compilados en la misma publicación, el resultado es el deterioro de nuestro sistema educativo. Dicho informe fue trasladado a todos los grupos parlamentarios para seguir reivindicando una reforma estructural del sistema educativo a partir de un Pacto de Estado a partir de cuestiones profesionales.

La caída en PISA no es un accidente de un año porque en la última década España ha perdido 45 puntos en lectura, 29 en matemáticas y 16 en ciencias, y la propia OCDE calcula que veinte puntos equivalen aproximadamente a un curso escolar: en lectura se han perdido más de dos cursos en diez años. Desde 2015, el porcentaje de alumnado que no alcanza el nivel mínimo ha subido quince puntos en lectura y once en matemáticas. En el otro extremo, solo el 2 por ciento del alumnado español alcanza el nivel de excelencia en lectura, frente al 6 por ciento de la media de la OCDE.

Para CSIF, lo relevante de esta edición de PISA no es solo el resultado, sino que el informe identifica con nombre propio el problema que este sindicato viene denunciando desde hace años y ya advirtió en abril: el 49 por ciento del alumnado español estudia en centros donde la falta de profesorado dificulta la enseñanza, frente al 39 por ciento de la OCDE, y el 72 por ciento lo hace en centros con falta de personal de apoyo, frente al 39 por ciento de la media internacional. El índice de escasez de recursos que perciben los directores de los centros españoles es de 0,65, más del doble que el 0,30 de la OCDE.

CSIF propone los siguientes ejes de reformas estructurales para mejorar la educación pública y revertir los malos resultados obtenidos en el Informe PISA:

Sistema educativo: Estabilidad normativa; refuerzo de la orientación para reducir la repetición; educación pública como garantía de calidad en todo el territorio; reconocimiento legal de la autoridad docente; Pacto de Estado con vigencia de al menos dos legislaturas.
Modelo curricular: Homogeneización de las competencias básicas; refuerzo de la FP pública; itinerarios reversibles y pasarelas reales entre FP y universidad; prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado.
Recursos e inversión: Incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7 por ciento del PIB; mínimo de 7.421 euros por alumno garantizado por el Estado; reducción real de ratios con plazas estructurales, apoyos y desdobles; separación clara entre gasto estructural y fondos europeos.
Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente: Debe incluir fondos finalistas a las comunidades autónomas derivados de los Next Generation.
Estatuto Docente: Bajar la interinidad al 8 por ciento con oposiciones anuales suficientes; recuperar el poder adquisitivo y vincular las subidas al IPC real; carrera profesional remunerada con tramos objetivos; condiciones básicas comunes en todo el Estado; horario lectivo máximo por ley (23 horas en Primaria y 18 en Secundaria).

EL CURSO COMIENZA CON LOS MISMOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES (*)

Por otra parte, CSIF ha analizado diversos indicadores oficiales sobre el sistema educativo español a comienzo del curso escolar, como la situación de las plantillas, oposiciones, interinidad, gasto público, evolución del alumnado e incidencias en la reapertura de las aulas.

La interinidad sigue siendo un curso escolar más uno de los lastres de la educación pública, ya que se sitúa por encima del 30 por ciento; muy lejos del 8 por ciento que marca Bruselas. Para llegar a ese porcentaje se necesitan 146.219 plazas adicionales, aunque la cifra final asciende a 153.089 plazas si se tiene en cuenta el déficit estructural de plantilla (6.870 plazas).

En cuanto a los procesos selectivos, este verano se han celebrado los procesos de 16.406 de las 17.780 plazas convocadas, de las cuales han quedado desiertas 2.694 (16 por ciento), lo que demuestra la necesidad de reformar el acceso a la función pública docente.

La ratio de alumnos por docente en las enseñanzas de régimen general se sitúa en 14,01, prácticamente la misma que en el curso anterior a los recortes (2009-2010). No obstante, parte de esta mejora no responde a ninguna decisión de política educativa, sino por dos motivos: el primero es que hay 88.363 alumnos menos que hace dos cursos. Dicho de otra manera: La ratio mejora por demografía, no por inversión.

El segundo motivo se debe a un aumento real de plantilla, pero es un incremento temporal ligado a programas europeos. Todos los programas de cooperación territorial que financian profesorado de apoyo y refuerzo —PROA+, refuerzo de la competencia matemática y lectora, educación inclusiva y bienestar— tienen el mismo periodo de ejecución: del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027.

Además, el presupuesto de dichos programas permanece estancado: tres de ellos repiten en 2026 exactamente el mismo importe que en 2025 lo que supone un recorte real teniendo en cuenta la inflación acumulada. A ello se añade que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cierra en 2026 y que el Fondo Social Europeo Plus agota su periodo de programación en 2027.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Por otra parte, el gasto de personal por docente se ha reducido casi un 11 por ciento entre 2009 y 2023 teniendo en cuenta la inflación (6.698,09 euros menos por docente y año). La inversión por alumno ha aumentado tan solo un 0,3% en el mismo período. El sistema se sostiene, en buena medida, a costa de las retribuciones del profesorado.

Eso ocurre pese a los fondos europeos: solo en el último año, más de 505 millones destinados a Educación no se han notado de forma clara en los centros. CSIF exige a todas las administraciones explicación sobre su aplicación y su impacto real.

Desde 2009-2010 ha bajado de forma significativa el porcentaje de alumnado de enseñanzas superiores y FP en la red pública (del 76,8 por ciento al 65,43 por ciento). El crecimiento de la FP lo ha absorbido sobre todo la privada. España mantiene una tasa de abandono escolar casi cuatro puntos por encima de la media de la UE y un paro juvenil que en 2024 superaba en diez puntos la media europea, con empleo de peor calidad.