Nacional - Administración de Justicia

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

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En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF solicita al Ministerio la habilitación de créditos en la redacción de los nuevos presupuestos para la carrera profesional

javier.jordan-de-urries.sagarna — Tue, 16 Jun 26 09:44:00 CEST

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En la línea de lo solicitado la semana pasada al Ministerio de Función pública en relación con el acuerdo marco de noviembre y del que os dimos cuenta aquí, CSIF se ha dirigido al Ministerio de Justicia para que habilite fondos prespuestarios para la carrera profesional en Justicia en cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 con el Secretario de Estado de Justicia.

Recordamos que el Real Decreto Básico de carrera profesional se está negociando con el Ministerio de Justicia en cumplimiento del compromiso adquirido en el mencionado acuerdo.

Conforme a la LOPJ, (arts 516 y 519 LOPJ) es necesario aprobar un Real Decreto básico de carrera con unos criterios mínimos comunes así como las cantidades inciales del complemento de carrera para, después, negociar su desarrollo y puesta en marcha en cada ámbito territorial.

La carrera profesional se incluyó como concepto retributivo en 2018 tras una masiva movilización liderada por CSIF que consiguió la aprobación de la modificación de la LOPJ que lo introdujo en el artículo 516 y 519 de la LOPJ. En ese momento no se incluyó ningún compromiso de negociación del Real Decreto básico que exigía la LOPJ. Tras años de reivindicación, ese compromiso se adquirió en 2025. En esa misma modificación se consiguió consolidar la recuperación de los tres días adicionales de asuntos particulares cuyo compromiso de recuperación se arrancó en un acuerdo firmado en diciembre de 2015.

Andalucía: resolución puestos de libre designación en la Unidad Amdva. de Apoyo A.J y convocatoria concurso específico

emma.alvarez.bande — Thu, 02 Apr 26 07:28:00 CEST

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CSIF informa publicada en el BOE la Resolución de 20 de marzo de 2026, de la Secretaría General de Servicios Judiciales, de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de febrero de 2026, en la Unidad Administrativa de Apoyo a la Administración de Justicia.

Asimismo, se ha publicado la siguiente resolución:

Resolución de 20 de marzo de 2026, de la Secretaría General de Servicios Judiciales, de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio Común de Tramitación del partido judicial de Dos Hermanas.
- PDF (BOE-A-2026-7476 - 5 págs. - 217 KB)
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Forenses: concurso específico IML País Vasco

emma.alvarez.bande — Tue, 25 Jun 24 08:01:00 CEST

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CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la Orden de 12 de junio de 2024, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

Entrada en funcionamiento de DICIREG en varios partidos judiciales de Aragón

emma.alvarez.bande — Wed, 06 Mar 24 07:20:00 CET

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CSIF justicia informa publicadas en el BOE las siguientes resoluciones:

Resolución de 22 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Calatayud, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Resolución de 22 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Ejea de los Caballeros, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Resolución de 22 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Tarazona, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.