Nacional - Administración de Justicia

CSIF exige al Ministerio un programa de productividad para toda la oficina

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 10 Apr 26 09:58:00 CEST

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El Ministerio anunció una revisión de la productividad que se nos trasladará en próximas fechas. Para CSIF esa revisión debe incluir una productividad para todos y así lo hemos exigido en la reunión de ayer.

Para CSIF, el sistema actual de productividad está fuera de la realidad y se ha quedado obsoleto.

Esta fuera de la realidad porque no hay ninguna administración pública en la que la productividad no se abone al equipo, servicio, área que participa en la consecución de objetivos. En este sentido, el sistema vigente en Justicia es manifiestamente injusto y debe ser modificado con los incrementos presupuestarios que se precisen.

Pero es que, además, el sistema de productividad que data del año 2014, se ha quedado claramente obsoleto, algo que ni el Ministerio oculta.

La reforma, más bien maquillaje, que pretende el Ministerio con la resolución de productividad de LAJ mantiene ítems que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de un verdadero programa de productividad como el número de personal a cargo, incluye otros ítems que cubren una actividad que, en muchos casos, es realizada materialmente por otros cuerpos y sirve para abonar cantidades ridículas a menudo, es decir, mucha parafernalia para casi nada.

El Ministerio, argumenta que es necesario acometer los cambios que se proponen en la resolución porque está pendiente la productividad del segundo semestre de 2025 en las fases I y II que precisa un cambio en las fichas de productividad que deben ser cumplimentadas. No obstante, el Ministerio anunció una revisión de la productividad que se nos trasladará en próximas fechas.

Para CSIF es inaceptable que, nueve meses después de iniciar la implantación progresiva del nuevo modelo, el Ministerio caiga en la cuenta de que es necesario hacer cambios en la productividad, pero así estamos y la revisión completa de la normativa no puede hacerse esperar mucho más tiempo e incluir a todo el personal de la oficina judicial y fiscal y a los cuerpos especiales.

Esta propuesta- parche demuestra, una vez más, la falta de previsión estratégica en la implantación de este modelo organizativo que no ha tenido en cuenta los cambios normativos necesarios para que el nuevo modelo funcione. No será porque no lo hayamos advertido en más de una ocasión desde que se aprobó la ley y se conocieron los plazos de puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.

La revisión de la normativa de sustituciones, comisiones de servicio, el establecimiento de un sistema de productividad para todos o la revisión del sistema y mejora de la retribución de las guardias son algunas de las medidas que CSIF ha presentado para encauzar el caos organizativo derivado de la implantación precipitada, sin visión estratégica, de las oficinas de los Tribunales de Instancia.

El nuevo modelo mutualiza los atascos y, en este sentido, deben implementarse medidas que permitan medir el rendimiento de forma cualitativa (carrera profesional que ya se está negociando y que el próximo 28 de abril se celebrará la sexta reunión sobre el tema) y cuantitativa (productividad, planes de actuación que debe empezar a negociarse de manera urgente).

El Ministerio abre una consulta sobre el RD 1033/2005 que regula el complemento general del puesto en Justicia

emma.alvarez.bande — Thu, 30 Apr 26 08:09:00 CEST

El punto 10 del acuerdo establecía el análisis de la repercusión de la nueva organización en los grupos de población y, en especial, en el grupo IV que es al que pertenecen las oficinas de justicia en el municipio, antes Juzgados y agrupaciones de Juzgados de paz. Sobre el desarrollo de la reunión y las alegaciones de CSIF sobre la supresión del grupo IV ya os dimos cuenta en nuestra web.

En el transcurso de esta reunión de la mesa de negociación el Ministerio anunció la apertura de un trámite de audiencia a los sindicatos sobre el RD 1033/2005 en su conjunto. En este sentido, se podrá decir lo que se quiera, pero no cabe la menor duda de que la firma del acuerdo de 8 de enero y la inclusión en el mismo de la supresión del grupo de población IV lejos de impedir ninguna negociación más amplia, ha actuado como cuña en la puerta para seguir profundizando en el objetivo de eliminar estos grupos de población.

La propuesta de CSIF es la eliminación progresiva de los grupos de población en dos-tres años hasta llegar a un complemento general del puesto mejorado respecto de las cuantías actuales del grupo I. Un posible calendario:

En septiembre 2026.

inclusión en el tipo II de todas las sedes que se encuentren en capital de provincia no incluidas actualmente en los tipos I y II y las localidades de estas provincias servidas por Magistrados.
Por otro lado, las nueve localidades de tipo II (ocho en el RD 1033/2007 vigente más Murcia, pasarían al tipo I de población.

En enero de 2027.

se eliminaría el tipo III de población pasando al tipo II a sus integrantes. Es decir, todas las sedes judiciales que no fueran capitales de provincia y las localidades que cuyos órganos judiciales no estén servidos por Magistrados.

En enero de 2028.

se procedería a la unificación de tipo en las cantidades del tipo I mejoradas en la cantidad que se negocie durante 2027 a tal efecto en relación con la reforma corporativa, clarificación de funciones, distribución de las mismas y reconocimiento laboral y retributivo cuyo estudio y negociación venimos reclamando desde hace años en CSIF.

Paralelamente, se debería también procederse a la negociación del RD 2033/2009 para unificar los tipos de población del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. No obstante, este RD no es objeto de consulta por lo que solicitamos que se incluya cuanto antes en la agenda de negociación.

Para CSIF se puede estar abriendo la oportunidad de proceder a la revisión corporativa, la clarificación de funcional y el reconocimiento legal, laboral y retributivo de las funciones que efectivamente se realizan junto con esta revisión de los grupos de población que se retribuyen dentro del Complemento general del puesto.

Un objetivo al que, como se puede ver, CSIF nunca ha renunciado ni la firma del acuerdo impide en absoluto.

CSIF EXIGE A MUGEJU MEDIDAS REALES Y TRANSPARENCIA SOBRE EL FUTURO DEL CONCIERTO SANITARIO

emma.alvarez.bande — Mon, 11 May 26 10:34:00 CEST

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MUGEJU ha respondido a las solicitudes planteadas por CSIF sobre cuestiones fundamentales que afectan directamente a los mutualistas de la Administración de Justicia.

Las contestaciones remitidas por la Gerencia de MUGEJU evidencian, una vez más, la ausencia de compromisos concretos y la falta de transparencia respecto al futuro del mutualismo judicial y de la asistencia sanitaria.

Sin avances concretos sobre el sistema de avisos de emergencia 112 y la receta electrónica

Ante la propuesta planteada por CSIF para incorporar a los mutualistas al sistema de avisos de emergencia 112, MUGEJU se limita a señalar que la cuestión continúa “en proceso de análisis interno y a la espera de que concurran las circunstancias necesarias para su eventual desarrollo”, sin concretar medidas, plazos ni actuaciones reales.

Tampoco se concreta nada respecto a la incorporación al sistema de receta electrónica.

Para CSIF esta situación supone un claro agravio comparativo frente a MUFACE. Exigimos que se actúe con la misma diligencia y se garantice la igualdad de trato.

Falta de información sobre la negociación del nuevo Concierto Sanitario

Respecto a la negociación del próximo Concierto Sanitario, MUGEJU evita concretar qué medidas piensa adoptar para:

mejorar la calidad asistencial,
garantizar la continuidad de cuadros médicos,
reforzar la equidad territorial,
proteger adecuadamente a los mutualistas.

La Mutualidad se limita a realizar declaraciones genéricas sobre legalidad, sostenibilidad y criterios técnicos, sin ofrecer información concreta sobre el contenido real de la negociación.

CSIF denuncia esta falta de transparencia en un asunto que afecta a miles de mutualistas de la Administración de Justicia.

Atención sanitaria en zonas rurales

En relación con la asistencia sanitaria en municipios de menos de 20.000 habitantes, MUGEJU informa que en las comunidades donde no existen convenios rurales, la atención sanitaria depende de mecanismos subsidiarios previstos en el Concierto Sanitario vigente.

CSIF considera imprescindible garantizar una atención sanitaria homogénea y de calidad para todos los mutualistas, con independencia de su lugar de residencia.

El pasado 27/11/2025, CSIF firmó el “Acuerdo marco de mejora del empleo público y del servicio a la ciudadanía”, por el que el Gobierno se comprometía a “avanzar en la mejora del mutualismo administrativo al objeto de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos”.

Gracias a la actuación de CSIF, MUGEJU se ha visto obligada a pronunciarse sobre problemas que afectan directamente a miles de mutualistas. Sin embargo, sus respuestas siguen siendo claramente insuficientes y continúan sin aportar soluciones reales.

CSIF ha sido el único sindicato en primera línea de defensa del mutualismo administrativo y seguiremos luchando por la mejora real de la asistencia y protección de los mutualistas.

La CESI reclama blindar el Estado de Bienestar en la UE ante los efectos económicos y sociales de la guerra

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Apr 26 14:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas-, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la Federación Alemana de la Función Pública (DBB) -el principal sindicato de administraciones públicas en Alemania-, han acordado reclamar a Bruselas y a los respectivos gobiernos un plan de contingencia en el ámbito público que blinde el Estado de Bienestar en la UE ante los posibles efectos económicos y sociales de la guerra Oriente Medio.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión mantenida en Madrid por representantes de CSIF con una delegación de CESI y del DBB, en la que las tres organizaciones realizaron un diagnóstico conjunto sobre los efectos que la guerra en Oriente Medio está provocando en las economías de los países de la UE y su repercusión en los servicios públicos.

En el caso de España, la guerra en Oriente Medio ha situado el indicador adelantado del IPC del mes de marzo en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Irán, y es probable que este repunte también se reproduzca en otros países, afectando al poder adquisitivo y en particular al de las/os empleados públicos.

CSIF, CESI y DBB han acordado emplazar a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados de la UE a que elaboren, en el marco de sus respectivas competencias, un plan de contingencia que blinde la prestación de servicios esenciales del Estado de Bienestar. El objetivo es reforzar su respuesta ante las consecuencias económicas del citado conflicto aumentando la inversión en las administraciones y los servicios públicos con recursos suficientes y capaces de funcionar bajo presión.

Los tres socios subrayan que el fortalecimiento de las administraciones y los servicios públicos, así como la inversión en su personal deben ocupar un lugar central en los debates públicos sobre las agendas nacionales y europeas de preparación ante las crisis. Las/os trabajadores de las administraciones y los servicios públicos no solo implementan las políticas de preparación, sino que son los actores clave que posibilitan la resiliencia de las personas, las empresas y las sociedades.

Más presión con plantillas más reducidas

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de plantillas y la mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos aumenta la presión sobre los trabajadores públicos en toda la UE y sus estados miembros, con especial incidencia en sectores como la sanidad, la educación, la Justicia y en el caso particular de España el SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

CSIF, CESI y DBB subrayan también que el fortalecimiento de los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de las plantillas debe ser una prioridad de las políticas nacionales y europeas. Los trabajadores de las administraciones públicas son esenciales en este escenario para garantizar una prestación adecuada de los servicios básicos. Precisamente, CSIF espera iniciar en breve con el Gobierno las negociaciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.

En el caso de España, CSIF propone una batería de medidas inspiradas en crisis anteriores, como la del covid:

• Las administraciones y los servicios públicos constituyen un pilar fundamental de la resiliencia.

• Agilizar un plan que rija la gobernanza en las políticas públicas.

• Un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo ante el posible impacto en aumento de prestaciones y ayudas sociales. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

• Inversiones esenciales en el personal del sector público y una inversión pública estratégica que permita financiar los servicios que recibe la ciudadanía si aumentan los costes. El objetivo sería evitar recortes, paralización de servicios y deterioro de las plantillas.

• Mecanismos de protección del empleo y la actividad económica.

• Creación de órganos de seguimiento del impacto del conflicto en las administraciones públicas. Su objetivo sería monitorizar inflación y empleo, evaluar el impacto en los servicios públicos y activar medidas de respuesta rápida.

• Reforzar y proteger el Estado de Derecho y el carácter democrático de las instituciones que históricamente han inspirado las bases de la Unión Europea.

Decenas de miles de trabajadores/as salen a la calle para gritar ‘Basta’ a Sánchez, exigir medidas económicas eficaces y una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 10:45:57 CEST

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Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de toda España salieron hoy a las calles de Madrid convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, en la primera manifestación sindical contra este Gobierno, en defensa de una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media.

La jornada ha sido un grito de protesta contra la política económica de Pedro Sánchez, y ha sido el cauce para que miles de trabajadores le hayan trasladado las exigencias de CSIF para aliviar el impacto que está causando en sus bolsillos el alza desmesurada del precio del cesto de la compra, de la luz y de los carburantes.

En concreto, la manifestación ha servido para exigir al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo; que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado; medidas económicas eficaces que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios; que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios; y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado en su discurso que “el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado”, y que la multitudinaria manifestación “es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle”.

Tras asegurar que el Ejecutivo “ha pasado de considerar a las empleadas y empleados públicos como héroes durante la pandemia de COVID a tratarles de manera ingrata y ningunearles”, el presidente de CSIF subrayó que el Gobierno “se está equivocando y lo pagará en las urnas”.

La jornada de protesta de hoy y la presión sindical de CSIF ya han dado sus frutos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo miércoles, 28 de septiembre.