Melilla

CGPJ: convocado concurso (Cuerpo Gestión)

emma.alvarez.bande — Tue, 29 Sep 26 08:46:00 CEST

Concursos y movilidadOtros Concursos y MovilidadPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaMelilla Image

CSIF informa de la publicación en el BOE del Acuerdo de 22 de septiembre de 2026, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para proveer puesto de trabajo en la Secretaría General.

PDF (BOE-A-2026-20164 - 12 págs. - 257 KB)
Otros formatos
funcionario de carrera perteneciente al cuerpo o escala de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Órgano técnico: Secretaría General. Servicio de Personal y Oficina Judicial. Sección de Calificación.

Denominación del puesto: Jefatura de unidad B.

Nivel de complemento de destino: 26.

Localización: Madrid.

Condiciones económicas: Complemento específico: 31.414,46 euros año.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se ajustarán al modelo que está disponible en la página www.poderjudicial.es «Empleo Público – Convocatorias en curso – 2026».

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas e impresas, junto a la documentación que más adelante se indicará, se dirigirán a la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial y se podrán presentar por alguna de las siguientes vías:

a) en el Registro General del propio Consejo (Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid),

b) en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

c) en la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial, mediante el trámite https://registroelectronico.poderjudicial.es/tramites/TR0000000402, si se dispone del correspondiente certificado electrónico.

3. El plazo para la presentación de solicitudes será dentro de los quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Sólo serán válidas las solicitudes cumplimentadas a través de la página web indicada, no admitiéndose modelos auto editados o rellenados a mano.

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

CSIF pide a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos salariales y de mejora de condiciones laborales ante el adelanto electoral

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 05 Oct 26 12:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno, ante el adelanto electoral, para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco. Este acuerdo supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

En materia de retribuciones, tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo, con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es muy relevante, teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año, que en septiembre experimentaron un repunte de 6 décimas hasta el 4,9.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a las /os empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Esta cuestión será trasladada al conjunto de las fuerzas políticas.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

CSIF es muy consciente de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que ha desembocado en la convocatoria adelantada de elecciones.

Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos.

En este sentido, a lo largo de las próximas semanas velaremos por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en diferentes ámbitos y pondremos medidas para mejorar la gestión y las condiciones laborales del conjunto de empleadas y empleados públicos

CSIF pide al Parlamento Europeo una investigación sobre la gestión de la crisis en Ceuta

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 24 Sep 26 10:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión.

Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para abordar diferentes cuestiones de empleo y política social, así como la situación en Ceuta y el papel que juegan los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.

En este contexto, la petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma entendiendo que el reglamento europeo no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España.

CSIF considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de las/os empleados públicos. Así, entendemos que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otras.

También apuntamos a una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schengen (“Art.15: los Estados miembros dispondrán de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores”), sobre ‘Screening’ (vulneración del plazo de 3 días para concluir el triaje) o el Reglamento Frontex.

Entre las cuestiones que deben analizarse, en opinión de CSIF, se encuentran:

Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

Coordinación entre administraciones.

Utilización o no de mecanismos europeos.

IMPACTO CRÍTICO Y COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El informe de CSIF advierte de que la degradación de los servicios constituye una vulneración de los estándares operativos de la Unión, exponiendo a las/os empleados públicos a condiciones de extrema precariedad:

- Sanidad: sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial.

- Justicia: incremento inasumible de la carga de trabajo. Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto.

- Prisiones: incremento de la carga de trabajo. Se denuncia el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario y se solicita que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.

- Seguridad y Orden Público: el despliegue de la Unidad de Intervención Policial fue manifiestamente insuficiente, contando con apenas 180 efectivos totales (60 por turno) para una ciudad de 85.000 habitantes ante una entrada de 80.000 personas, una cifra inferior a la utilizada en eventos deportivos ordinarios.

- Educación: sin planificación de refuerzos docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.

- Emergencias y Centros de Menores: Personal de Salvamento Marítimo y Bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal. Hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.

- Actuaciones administrativas objeto de queja: Durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

- Déficit dimensionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo y cronificación de vacantes. Las Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado/INGESA como de la Ciudad Autónoma, se encuentran desactualizados y deliberadamente infradimensionados. Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales (Directiva 1999/70/CE).

CSIF reclama medidas de prevención laboral ante enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos y garrapatas

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 07 Jul 26 12:14:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclama a las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas la puesta en marcha efectiva de medidas de prevención, vigilancia y control frente a enfermedades emergentes como la fiebre del Nilo Occidental y la hemorrágica de Crimea-Congo transmitidas por el mosquito tigre y la garrapata.

El sindicato advierte de que el cambio climático, la expansión de especies invasoras y el incremento de las temperaturas están favoreciendo la presencia de vectores en nuevas zonas de España, aumentando el riesgo tanto para la población como para los trabajadores especialmente expuestos.

Más mosquitos, más garrapatas y más riesgo sanitario

Los datos recientes confirman la necesidad de actuar. Según datos de la plataforma Mosquito Alert, se ha detectado la presencia del mosquito tigre en 156 municipios españoles desde 2023, con más de 27.000 observaciones ciudadanas en los dos últimos años. También se ha registrado presencia del mosquito del Japón en municipios del norte de España.

En cuanto a las garrapatas, la guía del Ministerio recoge que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ha producido en España 20 casos entre 2013 y 2025, con 6 fallecidos, la mayoría vinculados a picaduras de garrapata. También señala la evolución ascendente de la fiebre botonosa mediterránea y el aumento de patologías como Enfermedad de Lyme y Debonel/Tibola.

La situación epidemiológica también muestra un cambio de patrón. En 2025 se notificaron en España 45 casos humanos autóctonos de fiebre del Nilo Occidental, con 5 fallecimientos y una letalidad del 13% entre los casos sintomáticos. El Instituto de Salud Carlos III recuerda que esta enfermedad es emergente en España y endémica en su ciclo zoonótico.

En el caso del dengue, en 2025 se notificaron 404 casos en España, todos importados, mientras que en 2024 se alcanzó el máximo del periodo 2016-2025, con 1.119 casos. La presencia del mosquito tigre en amplias zonas del país incrementa el riesgo de transmisión autóctona sí coinciden casos virémicos y vectores activos.

Estos datos evidencian que las enfermedades transmitidas por vectores han dejado de ser un problema exclusivamente tropical para convertirse en un desafío creciente para el Sistema Nacional de Salud.

Un riesgo laboral que debe evaluarse y prevenirse

CSIF advierte de que este problema no afecta solo a la salud pública, sino también a la salud laboral de los trabajadores en España. Entre los colectivos con mayor exposición se encuentran los agentes forestales, brigadas forestales, bomberos forestales, jardineros, personal de mantenimiento de carreteras y zonas verdes, trabajadores de limpieza viaria, personal de parques naturales, veterinarios, trabajadores de mataderos, inspectores de salud pública, profesionales del control de plagas, trabajadores de explotaciones agroforestales y otros profesionales que desarrollan su actividad al aire libre o en contacto con animales.

Cuando una picadura se produce durante la jornada laboral y deriva en lesión o enfermedad, es un accidente de trabajo. Por ello, CSIF exige que las evaluaciones de riesgos laborales contemplen de forma expresa la exposición a vectores y agentes biológicos, y se desarrollen protocolos de actuación específicos en administraciones y empresas.

En este sentido, CSIF solicita a las Consejerías de Sanidad:

Aplicación real del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores.
Elaboración de planes autonómicos específicos.
Refuerzo de la vigilancia epidemiológica y entomológica.
Formación obligatoria para profesionales sanitarios sobre enfermedades infecciosas emergentes y transmitidas por vectores (dengue, chikungunya, zika, virus del Nilo Occidental, enfermedad de Lyme y fiebre hemorrágica de Crimea-Congo).
Protocolos claros de detección, notificación, derivación y seguimiento.
Campañas informativas dirigidas a la ciudadanía.
Refuerzo de las plantillas de Salud Pública, Medicina Preventiva, Microbiología y Vigilancia Epidemiológica para responder al incremento de estas enfermedades.

CSIF ha puesto en marcha la campaña de prevención "Que no te pique el riesgo", dirigida a informar y proteger a los trabajadores frente a la exposición a vectores en el ámbito laboral. Se reclama que la exposición a agentes biológicos transmitidos por vectores sea incorporada de forma específica en las evaluaciones de riesgos laborales donde exista posibilidad de exposición, garantizando vigilancia de la salud, formación específica y medidas preventivas adaptadas a cada puesto de trabajo.

No podemos esperar a que aumenten los brotes para actuar. La prevención siempre es más eficaz y menos costosa que responder a una emergencia sanitaria

Para CSIF, la experiencia de las últimas crisis sanitarias demuestra que la prevención, la anticipación y la formación son las herramientas más eficaces para proteger tanto a los profesionales como a la ciudadanía, por lo que reclama a las administraciones actuar antes de que estas enfermedades sigan aumentando y no únicamente cuando ya se han producido brotes o alertas epidemiológicas.

Más del 70 por ciento de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 23 Mar 26 11:19:00 CET

El 72,2 por ciento de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7500 de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas— forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

En la encuesta, las/los docentes nos trasladan sus principales reivindicaciones por este orden de prioridad: la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Falta de respaldo, abandono y retribución insuficiente

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: Siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo..

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo.

Desde CSIF, advertimos que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública.

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral: los datos no reflejan la gravedad del problema

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 04 Feb 26 09:48:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan solo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

CSIF lanza una encuesta anónima para analizar la situación de los profesionales con COVID persistente y denuncia el abandono

encarna.abascal.perez — Fri, 07 Nov 25 11:30:00 CET

Prevención de Riesgos LaboralesMelilla Image

La Central Sindical y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, lanza una encuesta anónima para analizar la situación de los profesionales con COVID persistente y denuncia el abandono que siguen sufriendo tras la pandemia.

Han pasado más de cinco años desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, pero miles de personas en España siguen viviendo las secuelas de la infección. El llamado Covid persistente o Long Covid afecta a trabajadores de todos los sectores, especialmente en el ámbito sanitario, educativo y de otros servicios públicos.

Alrededor de 2,4 millones de personas en España sufren COVID persistente, según un estudio publicado en 2024 en la revista científica Nature Medicine.
Según estimaciones de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), más de 600.000 personas en España podrían padecer síntomas persistentes de Covid-19, y un 60 % de ellas tiene dificultades para reincorporarse plenamente a su trabajo.

Los afectados describen síntomas que se prolongan durante meses o años: fatiga extrema, disnea, niebla mental, trastornos del sueño, alteraciones neurológicas, ansiedad o depresión.
Estos síntomas reducen notablemente la capacidad de concentración, el rendimiento físico y la resistencia al estrés, lo que dificulta mantener el ritmo de una jornada laboral ordinaria.

El problema se agrava en el ámbito público: empleados públicos de servicios esenciales —sanitarios, docentes, fuerzas de seguridad, personal de atención social y administrativa— sufren una falta de reconocimiento de esta enfermedad como contingencia profesional aunque se contagiaran trabajando como denunciamos en CSIF.
El resultado es una situación de vulnerabilidad y desamparo que exige una respuesta clara del Gobierno y de las administraciones públicas.

La crisis del Covid persistente no puede quedar relegada a la esfera individual ni médica: es un problema laboral, de salud pública y de derechos sociales:

Un número creciente de empleados públicos acumula bajas de larga duración sin soluciones médicas ni laborales adecuadas.
En el ámbito privado, los trabajadores se enfrentan al riesgo de despidos o pérdida de empleo por bajo rendimiento derivado de la enfermedad.
La Seguridad Social y las mutuas aplican criterios dispares, generando una sensación de abandono.

En CSIF no olvidamos a quienes nos cuidaron. Reclamamos al Gobierno y a las comunidades autónomas que adopten medidas urgentes y coordinadas de apoyo e integración laboral, atención sanitaria integral, inversión en investigación de la enfermedad y reconocimiento para los profesionales con COVID persistente.

Nuestro compromiso sindical pasa por visibilizar esta realidad, acompañar a los profesionales afectados y exigir políticas públicas que garanticen su protección, recuperación y reinserción laboral en condiciones dignas.

La sociedad no puede permitirse que quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia hoy se encuentren olvidados.

Si padeces COVID Persistente puedes contestar nuestra encuesta en este enlace

Día de la Salud Mental 2025: La extinción de incendios del verano, la dana, la situación de la sanidad, emergencias y la seguridad hacen mella

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Oct 25 12:50:00 CEST

Un reciente estudio de CSIF ponía de manifiesto que el 76 por ciento de las/os trabajadores de este ámbito (educación, sanidad, justicia, empresas públicas, entre otros) asegura que su salud se resiente por las condiciones laborales y casi la mitad reconoce consumir casi a diario psicofármacos –ansiolíticos, antidepresivos, somníferos—para afrontar la sobrecarga o gestionar el estrés.

Los principales factores son la sobrecarga de trabajo, jornadas largas, falta de reconocimiento profesional, dificultades para conciliar la vida laboral y personal, falta de desconexión digital, estrés emocional, violencia o riesgo, y falta de recursos humanos y materiales.

LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Este año queremos llamar la atención sobre la salud mental de trabajadores y trabajadoras que han realizado labores en la extinción de incendios de este verano, en desastres como la dana, en la sanidad, las prisiones, o en los centros educativos.

Se trata de grandes profesionales, que siempre están dispuestos en las situaciones críticas que afectan a la sociedad española y que se sienten abandonados por el Gobierno y los responsables de las diferentes administraciones y entre otros aspectos, tienen el sueldo congelado desde principios de año y la negociación es mínima, tanto en Función Pública como en el resto de los ámbitos.

En relación a los bomberos y trabajadores de extinción, CSIF denunció este verano su precariedad laboral, los medios insuficientes y condiciones adversas. Asimismo, llamamos la atención sobre las largas jornadas (hasta 17 horas), riesgos para la salud física, deshidratación, condiciones emocionales y estrés psicológico.

CSIF ha recabado testimonios de trabajadores que han visto como todos estos factores han hecho mella sobre su salud mental por las situaciones tan duras, el agotamiento mental, la destrucción o la impotencia y frustración porque muchas veces no podían actuar por la gestión, problemas de coordinación o falta de medios.

También denunciaban sueldos bajos, condiciones contractuales precarias, vacantes sin cubrir, equipamientos deficientes, lo que suma carga extra, incertidumbre o desgaste.

LA DANA

La dana, del 29 de octubre de 2024, hizo que centenares de policías locales y bomberos de toda la Comunidad Valenciana, muchos afiliados a CSIF, trabajaran sin descanso durante más de 36 horas seguidas en rescates, cortes de vías, evacuaciones y auxilio a la población. En total, fueron más de 1.200 efectivos de emergencias entre cuerpos locales, autonómicos y estatales los que participaron en la catástrofe. Aquella noche, marcada por el caos y la falta de medios en algunos municipios, dejó una huella imborrable en quienes se jugaron la vida para proteger a los demás.

Un año después, las secuelas psicológicas siguen presentes. Tanto policías y bomberos han necesitado bajas médicas por ansiedad, insomnio, estrés postraumático o agotamiento. La alerta roja y las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre, despertó los recuerdos del 29 de octubre del 2024.

Por ello, CSIF Comunidad Valenciana exige la puesta en marcha urgente de un plan específico de apoyo psicológico y refuerzo de personal para que contemple atención inmediata tras las emergencias, descansos reales y dotación de medios adecuados. Nuestros compañeros fueron los primeros en salir a la calle; ahora es el momento de que las administraciones salgan en su apoyo y garanticen que su entrega no se convierta en un problema de salud mental.

PRECARIEDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESA PRIVADA

CSIF denuncia que la precariedad, la sobrecarga y las plantillas insuficientes están destruyendo la salud mental de las/os profesionales en España. La salud mental no es un lujo, es una condición vital y para el trabajo digno; y el sufrimiento emocional no debe ser moneda de cambio de la productividad en las empresas.

Desde nuestra organización percibimos una crisis sanitaria creciente (se han disparado las bajas laborales y las incapacidades temporales), con la sanidad pública colapsada, sin medios adecuados para atender la salud mental de las personas afectadas que acuden a los centros de salud.

Ante esta crisis, CSIF exige a las administraciones públicas y a las empresas:

Aprobación de Real Decreto sobre los riesgos psicosociales.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento.
Corresponsabilidad institucional entre empleo, sanidad y educación en el abordaje de la salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Creación de comisiones específicas de salud mental en el trabajo.
Transparencia de datos: exigimos que en los registros de suicidio nacionales se incluya la profesión del afectado o afectada, para visibilizar las causas laborales.
Planes de prevención de salud mental y conductas suicidas, con la participación real de los delegados de prevención.
Aplicación de Protocolos específicos de vigilancia de la salud mental.
Protocolos eficaces de acoso y violencia.
Evaluaciones psicosociales con perspectiva de género.
Servicios de apoyo psicológico gratuitos, accesibles y confidenciales.
Formación obligatoria en gestión emocional, liderazgo saludable y prevención del acoso.
Protocolos de reincorporación progresiva tras bajas por salud mental.
Garantía de desconexión digital y derecho real al descanso.
Campañas de sensibilización que rompan el estigma y promuevan la cultura del cuidado.

Por eso, este 10 de octubre, CSIF recuerda que “la salud mental también se trabaja”, y que su defensa empieza en los centros de trabajo, con políticas preventivas, recursos reales y un cambio cultural profundo.

La mitad de los docentes ha sufrido insultos, agresiones y conflictos con redes sociales, sin respaldo de la Administración

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 05 May 25 11:33:00 CEST

La mitad de los docentes de la escuela pública ha sufrido situaciones violentas en las aulas, principalmente insultos y amenazas por parte del alumnado, agresiones físicas (uno de cada diez) y problemas con el uso de móviles y redes sociales por parte de los menores, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que han respondido más de 5.000 docentes de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas—pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad, que se ha presentado con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el pasado 2 de mayo, se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

La encuesta pone de manifiesto los problemas de convivencia diarios entre alumnos y docentes en las aulas: Más de la mitad (casi el 53 por ciento) son verbales (insultos, amenazas, mofas y faltas de respeto), seguidas de los conflictos en redes sociales (22,25 por ciento) –que se sitúan por primera vez, como el segundo problema de convivencia detectado en los centros por los docentes-- y las agresiones físicas (11,45). Uno de cada cinco docentes denuncia que ha sufrido varios tipos de estas situaciones y más de la mitad de las personas que padecen este problema son mujeres.

Falta de respaldo, de respeto y sensación de abandono

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: casi el 60 por ciento afirma que el alumnado no les respeta y casi 9 de cada diez no han recibido formación específica sobre convivencia en el aula.

Además, siete de cada diez denuncian que la Administración no les respalda y casi la mitad denuncian que su labor solo es reconocida en ocasiones por la sociedad, siendo la familia el principal soporte para el 55 por ciento de los docentes.

A pesar del desencanto de los docentes por la falta de apoyo y de reconocimiento, su labor es esencial para la sociedad no solo en los relativo a formación, como se ha visto con motivo del apagón. En este sentido, los docentes han demostrado su vocación de servicio a la ciudadanía actuando como fuente informativa y realizando labores de acogimiento para facilitar la conciliación personal y familiar el día después del apagón.

Desde CSIF, exigimos al Ministerio de Educación que traslade ya una propuesta en firme de Estatuto Docente, después de varios meses de intercambio de impresiones y propuestas con las organizaciones sindicales. Las reuniones se retomarán, previsiblemente, después del 15 de mayo y exigimos que se plasmen en un documento donde prime la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo de la libertad de cátedra y de la autoridad.

Cada dos horas se suicida una persona en España: CSIF exige medidas específicas contra el suicidio en el ámbito laboral

encarna.abascal.perez — Mon, 09 Sep 24 09:46:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCSIF InformaPortada PRLMelilla Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio mañana 10 de septiembre, bajo el lema “CSIF por la Intervención en la salud mental en el trabajo. Elige Vivir” poniendo en marcha una campaña de sensibilización ante esta grave problemática social y reivindicando una intervención urgente en la salud mental de las personas trabajadoras.

En España, las cifras de suicidios se mantienen inalterables, año tras año. En últimos 5 años (2019 a 2023) se han suicidado en 19.794 personas según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en su gran mayoría en edad laboral activa. Esto supone una media de 3.900 suicidios al año, o lo que es lo mismo, un caso de suicidio cada dos horas. Concretamente en 2023, según los datos provisionales del INE se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres.

Desde CSIF celebramos que el Ministerio de Sanidad haya decidido poner en marcha un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, como hemos venido reclamando a lo largo de los últimos años. Para nuestra organización, este plan debe de ir acompañado de medidas específicas en el ámbito laboral. Según las últimas cifras, las bajas laborales relacionadas con trastornos mentales y de comportamiento en 2023 llegaron a 600.000, un 16 por ciento más que en 2022.

La gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, con listas de espera de hasta 9 meses en función de cada comunidad autónoma, una escasa inversión en recursos y graves carencias en la contratación de profesionales.

Estas son nuestras propuestas:

Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.
Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Potenciar la investigación sobre los problemas de salud mental y el lugar de trabajo.
Desarrollar mecanismos eficaces de coordinación interdisciplinar entre los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de prevención para ofrecer en una red de apoyo sociosanitario profesional.
Planes de prevención de salud mental y conductas suicidas para los profesionales, que incluyan medidas para la gestión de crisis en caso de suicidio de un empleado.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Protocolo de reincorporación al trabajo por baja psicológica.
Psicoeducación a los profesionales para gestionar el estrés e impactos laborales.
Campañas de sensibilización social para romper estigmas, tabús y que pueda identificarse. Las administraciones deben incrementar sus recursos.
Implicación activa de los medios de comunicación ofreciendo una información responsable y adecuada sobre el suicidio.
Campañas de la Inspección de trabajo para vigilar el cumplimiento de las organizaciones en proteger frente a los riesgos psicosociales.

CSIF X LA INTERVENCIÓN EN LA SALUD MENTAL EN EL TRABAJO

Elige vivir

CSIF MELILLA LANZA UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS POR LA CLIMATIZACIÓN DE LAS AULAS

admin — Wed, 27 Sep 23 10:40:54 CEST

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ENLACES PARA FIRMAR (Se pueden firmar los dos):

PETICIÓN AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PETICIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El sindicato CSIF, como representante de todos los docentes y personal laboral de los centros educativos de Melilla, llama a docentes, progenitores y ciudadanía en general a unirse, con su firma, a una petición AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA para la urgente climatización de nuestros espacios educativos.

MOTIVOS:

Es un hecho que el cambio climático está provocando un alza de las temperaturas a lo largo de todo el año, elevando la media en los meses de verano, incluidos junio y septiembre, meses lectivos en los que la actividad docente no se para pero sí resulta mucho más dificultosa.

(https://elfarodemelilla.es/un-mes-de-junio-extremadamente-calido-en-melilla/

A esto hay que añadir que, dada la situación geográfica, es completamente normal que los índices de humedad relativa estén por encima de lo fijado por ley como deseable para trabajar.

Todo ello, junto a la elevada ratio en algunas aulas y la antigüedad de las edificaciones, hace que las clases se conviertan en una verdadera “sauna” donde resulta muy difícil desarrollar una actividad académica y educativa medianamente aceptable.

Por otra parte, el PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2021-2030, diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica, contempla una serie de impactos del cambio climático, entre ellos:

Impacto sobre la salud humana por olas de calor.
Impacto social sobre grupos de vulnerabilidad, entre ellos menores de edad.
Impacto sobre las condiciones laborales que puedan condicionar la exposición a las altas temperaturas.

Y, también según este mismo informe, son las administraciones públicas aquellas que tienen capacidad para acometer medidas que den respuesta a estos impactos.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cumpliendo el Real Decreto 486/1997 encargado de regular las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, marca una temperatura de entre 17 y 27 ºC para trabajos realizados en oficina, que podría equivaler al trabajo en un aula (no así cuando se trabaja en los patios de los centros) y que el índice de humedad relativa no debe exceder el 70%.

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA CUENTAN CON CLIMATIZACIÓN EXCEPTO LOS COLEGIOS, y todos los trabajadores y trabajadoras, así como los usuarios de dichas instalaciones, gozan de una temperatura adecuada para su puesto a lo largo de todo el año, EXCEPTO EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO de Melilla.

Como titulares de los centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, el Gobierno de Melilla es responsable de las instalaciones y el mantenimiento de los edificios, lo que incluye su adecuación o adaptación frente a fenómenos adversos, como el de la climatología.

Somo conscientes de que existe un debate entre administraciones sobre la responsabilidad de la instalación de elementos arquitectónicos y el equipamiento para la mitigación de los efectos de las altas temperaturas.

Sin embargo, el debate y la no colaboración conllevan una dejación de funciones cuyos perjudicados son, en primer término, menores de edad y en segundo término los trabajadores de los centros educativos.

POR TODO ELLO FIRMAMOS PARA:

1. La inclusión en los próximos presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla de un plan de choque inmediato para la mitigación de los efectos del cambio climático. Por ejemplo, instalación de aparatos de aire acondicionado (fijos o portátiles) y la adecuación de la red eléctrica del centro educativo si fuese necesario.

2. La firma de convenios de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el desarrollo de una agenda de actuaciones urgentes en materia de climatización de aulas y rehabilitación energética de los centros.

3. La elaboración de un plan de inversión para la rehabilitación energética de los edificios que cuente con fondos europeos (Fondo Social Europeo PLUS 2021-2027, Fondos FEDER -en concreto su línea “Economía Verde”-), nacionales (fondos PIMA y PIREP) e incluso financiación privada, para la adaptación de estos inmuebles a la Agenda 2030 en cuanto a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad), 7 (Energía Asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 13 (Acción por el clima).