Jaén

CSIF denuncia el caos informático para expedir documentos en Extranjería, DNI y Pasaportes

maria-carmen.palacios.ruiz — Tue, 09 Jun 26 09:56:00 CEST

Interrupciones del sistema, pérdidas de conexión y aplicaciones lentas son las incidencias más habituales y que provocan retrasos o anulaciones de citas

El Sector de Administración General del Estado de CSIF Jaén denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

En la provincia de Jaén, esta situación está afectando a siete puestos de Extranjería, cuatro de ellos en la Subdelegación del Gobierno, dos en la Comisaría de policía y uno en Linares. En cuanto a los problemas de línea que afectan a los puestos de DNI y Pasaportes ascienden 18: ocho en Jaén, cuatro en Úbeda, tres en Linares y tres en Andújar.

“Esta situación se está alargando en el tiempo mucho más de lo esperado y está provocando una frustración muy alta tanto entre los empleados y empleadas públicas como en la ciudadanía que van a realizar sus trámites”, alerta Miguel González, responsable del sector de Administración General del Estado de CSIF Jaén, quien insiste en que no hay que hacer responsable a los propios trabajadores que se encuentran en las oficinas, estas personas que prestan el servicio y su responsabilidad es la que está haciendo que no colapse la situación.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos y acumulación de citas.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales, y además, del comienzo de la temporada estival que la renovación o expedición de DNI y Pasaportes es mucho mayor.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

CSIF exige soluciones reales ante el calor en las aulas: “Los protocolos no enfrían los centros, hacen falta más inversión y equipamientos”

maria-carmen.palacios.ruiz — Wed, 10 Jun 26 11:41:00 CEST

Denuncia que, seis años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón y reclama una planificación realista y más financiación
En Jaén, solo el 16,5% de los centros de la provincia cuenta con sistemas de bioclimatización

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública jiennense y andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones reales ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha vuelto a denunciar una realidad que se repite curso tras curso: buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha recordado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural. “No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas”, ha señalado la responsable de CSIF Educación Jaén, Julia Carcelén.

La Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

Carcelén ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable. En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma. “Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 16,5% de los centros de la provincia cuenta con sistemas de bioclimatización”, ha señalado Carcelén. La Central Sindical considera imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 450 centros educativos públicos de la provincia de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, el sindicato exige planificación, financiación suficiente y ágil ejecución que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

“Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas”, ha concluido Carcelén.

Sobre el anuncio de elecciones generales y la huelga en Justicia

admin — Mon, 29 May 23 18:53:24 CEST

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Conocido por este comité de huelga el anuncio del Presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, el Comité de huelga quiere dejar constancia de lo siguiente:

Primero.- Desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable.

Segundo.- Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada primero, el de los Letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de Jueces y Fiscales, al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

Tercero.- Como resultado de esta “estrategia”, la propia Ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo.

Cuarto.- Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga.

Quinto.- Por el camino, millones de ciudadanos afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años. El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse.

Sexto.- A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el Presidente del Gobierno, no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018.

Por este motivo, exigimos al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española.

Exigimos al Presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida. En este sentido mañana se registrará un escrito del comité de huelga al Presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.

Ciertamente, la LOEO y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar.

Después del acuerdo con los Letrados y con los Jueces y Fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente se realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia.

En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la Ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un gobierno dialogante, progresista que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto tal y como dijo la Ministra de Justicia en la reciente I Cumbre mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid.

Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia. Así se lo volveremos a solicitar a la Ministra de Justicia por escrito mañana mismo.

Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.