Jaén

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF inicia la recogida de firmas para la devolución de las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 09 Nov 26 12:22:00 CET

El sindicato impulsó una Iniciativa Legislativa Popular, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, para saldar una deuda que asciende a 2.000 euros de media por trabajador
Anima al conjunto de la ciudadanía a respaldar la iniciativa “para poner fin a una injusticia con quienes sostienen nuestros servicios públicos que dura más de una década”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha iniciado este lunes la recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 a las empleadas y empleados públicos andaluces.

El inicio del período de recogida de firmas se produce después de que la Mesa del Parlamento admitiese a trámite la ILP registrada el pasado mes de julio y tras recibir la autorización de la Junta Electoral de Andalucía. Así, la iniciativa entra en una nueva fase, tal y como establece la ley, que durará un máximo de seis meses.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, integrante de la Comisión Promotora, ha señalado que la ILP busca promover la tramitación de una Proposición de Ley que pueda ser debatida en el Parlamento “para poner fin a una situación injusta que afecta directamente a los bolsillos de aproximadamente 300.000 empleadas y empleados públicos andaluces”; asimismo, el sindicato calcula que la deuda asciende “a una media de 2.000 euros por trabajador, siempre teniendo en cuenta las circunstancias laborales y retribuciones específicas de cada persona”.

Girela ha subrayado que la recogida de firmas es “un paso muy importante, por lo que vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa avance para restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década”.

El sindicato ha recordado que estos recortes fueron consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía en 2012, “en un contexto económico excepcional y que ya no existe”. Además, la situación actual se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. Girela ha criticado que, de todas las comunidades que aprobaron dichos recortes, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

Por todo ello, CSIF ha abanderado durante años esta reivindicación, incluyendo movilizaciones por toda Andalucía, así como reuniones con los distintos grupos políticos. “También solicitamos un encuentro con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que no llegó a recibirnos”, ha explicado Girela.

Fue en septiembre de 2023 cuando el sindicato inició concentraciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre del mismo año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, CSIF volvió a movilizarse en las ocho provincias para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecían medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a los altos cargos de la Administración.

Para Girela resulta “injustificable” que el Gobierno andaluz no dudase en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que “las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo”; asimismo, el dirigente sindical ha incidido en que “el propio Juanma Moreno se comprometió en sede parlamentaria, cuando era líder de la oposición, a devolver las pagas extra, pero una vez elegido presidente ya no lo vio una prioridad”.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento a las empleadas y empleados públicos andaluces, así como al conjunto de la ciudadanía, para que respalden la iniciativa con su firma “y se ponga fin a una injusticia con quienes sostienen nuestros servicios públicos”.

La Carrera “por la no violencia de género y la igualdad” de CSIF no se celebrará por falta de Policía Local

maria-carmen.palacios.ruiz — Tue, 10 Nov 26 13:35:00 CET

Tras el visto bueno del patronato de Deportes y de la Policía Local en un primer momento, se ha denegado el permiso a tres semanas de su celebración
CSIF lamenta que se deniegue esta carrera y no otros eventos y hace hincapié en la cantidad de mujeres que dejarán de ser beneficiadas con la suspensión

Jaén, 10 de noviembre de 2026

Como cada año, CSIF Jaén ha organizado su carrera benéfica por la no violencia de género y la igualdad. Con la aprobación del Patronato Municipal de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y la Policía Local de la ciudad, este sindicato inició los trámites oportunos para organizar una edición más, siendo ésta la decimotercera, de este evento deportivo, solidario e íntegramente benéfico para luchar contra la lacra social que es la violencia de género y conseguir la igualdad real.

Mediante una comunicación del Patronato de Deportes el día 26 de octubre, se informa a CSIF de que esta carrera y todas las que se celebraran en el mes de noviembre de 2026, excepto la Media Maratón de Jaén, son canceladas por falta de efectivos de la Policía Local. CSIF conoce el problema de la falta de efectivos de Policía Local de carácter estructural que sufre el Ayuntamiento de Jaén y comprende que no tiene solución fácil ni rápida. En este sentido, el sindicato apoya las reivindicaciones de este colectivo e insta a la Administración a poner fin a este conflicto. Sin embargo, para el sindicato es una sorpresa cuando conoce que a la “XIII Carrera por la no violencia de género y por la igualdad” se le es denegado el permiso mientras que otros eventos deportivos sí han recibido el visto bueno para su celebración.

Tras la comunicación de la suspensión, CSIF ha realizado las actuaciones pertinentes para solucionar este problema, no obstante, a día de hoy no se le ha comunicado en ningún momento un recorrido alternativo dentro del casco urbano para que pudiera celebrarse.

Desde la organización sindical consideran que esta denegación del permiso supone un importante perjuicio para una iniciativa que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo, ya que nace con un marcado carácter solidario y reivindicativo, con el objetivo de visibilizar el rechazo a la violencia contra las mujeres y promover una sociedad más igualitaria.

“La lucha contra la violencia de género y la defensa de la igualdad han contado siempre con el respaldo institucional, independientemente de quién impulse las iniciativas”, secunda la organización sindical.

El sindicato lamenta especialmente que sean las personas participantes, las entidades colaboradoras, como Caja Rural de Jaén, y las mujeres rurales beneficiarias mediante el proyecto de Cruz Roja Jaén al que va dirigida la recaudación íntegra de esta iniciativa solidaria quienes terminen pagando las consecuencias de esta denegación.

Debido a esta problemática, CSIF comunica de forma oficial la cancelación definitiva de la décimo tercera edición de la carrera. “Tras analizar la situación y las circunstancias organizativas que han provocado la suspensión de la prueba durante los últimos doce días, la organización ha tomado la difícil decisión de no reactivar la carrera. Se trata de una decisión meditada y adoptada desde la responsabilidad, ya que, a estas alturas, retomar la convocatoria no permitiría garantizar los niveles de participación que requiere un evento de estas características. Además, la reducción de participantes y el escaso margen de tiempo harían prácticamente imposible mantener el carácter social, solidario y benéfico que siempre ha definido esta iniciativa”, añaden desde el sindicato.

Por otro lado, desde CSIF queremos dejar claro que esta decisión no nos exime de nuestras responsabilidades económicas. La organización asumirá los gastos que se hayan generado hasta la fecha, haciendo frente a los compromisos adquiridos como consecuencia de la preparación del evento.

Desde CSIF confiamos en que el próximo año podamos volver a pisar las calles de Jaén contra la violencia de género y por la igualdad real.

El personal de las universidades públicas andaluzas se echa a la calle para mejorar sus condiciones laborales y por una financiación suficiente para la calidad del sistema

admin — Thu, 15 Jun 23 11:10:20 CEST

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Una manifestación en Sevilla, convocada por CSIF, CCOO y UGT, ha partido del Rectorado de la Hispalense hasta el Palacio de San Telmo para pedir al Ejecutivo que se siente a negociar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, junto a CCOO y UGT, han reunido este jueves en Sevilla a una importante representación del personal de todas las universidades públicas andaluzas, que se ha manifestado para reclamar un modelo que permita la suficiencia financiera de estas instituciones académicas y para reivindicar que se cumplan las mejoras laborales acordadas para el Personal Docente Investigador (PDI) y para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

El responsable de Universidades y vicepresidente del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Rafael Delgado Calvo-Flores, que ha participado en dicha movilización –que se ha desarrollado entre Rectorado de la Universidad de Sevilla y el Palacio de San Telmo--, ha reclamado que “se acabe con la precariedad laboral en el profesorado universitario y que se tomen medidas urgentes frente al envejecimiento que afecta las plantillas”.

Las organizaciones sindicales convocantes persiguen que se cubra el 100% del capítulo 1 de los presupuestos de personal y que se dé cumplimiento a los acuerdos alcanzados en 2018 sobre el complemento autonómico del PDI y el desarrollo de la carrera horizontal del PAS, así como el abono de los atrasos correspondientes a estos cinco años.

CSIF Educación Andalucía exige a la Administración autonómica que retome la negociación tras cinco meses de dilación después de la convocatoria en enero pasado de las mesas de negociación andaluzas del ámbito universitario.

Una de las principales reivindicaciones es una nueva convocatoria de complementos autonómicos para el PDI, que además de llevar sin convocarse casi cinco años, afectan a los sueldos más precarios de las plantillas, correspondientes al personal de las categorías más bajas.

Asimismo, CSIF reclama el diseño de una carrera para el personal de administración y servicios y el pago completo del quinto tramo una reivindicación económica del referido personal similar a la de los complementos del profesorado.

La adecuación del sistema andaluz de universidades a la nueva ley nacional (LOSU), que requiere urgentes medidas negociadas con las universidades y los sindicatos, es otra de las reivindicaciones.

Asimismo, con esta manifestación se ha exigido al Gobierno andaluz que se siente a negociar para alcanzar el 1% del PIB andaluz en la aportación de la Comunidad Autónoma al Sistema Universitario Público Andaluz para garantizar su calidad.

CSIF sale a la calle para reclamar unos servicios públicos de calidad y para corregir un déficit de personal de más de 45.000 efectivos en toda Andalucía

admin — Wed, 23 Nov 22 11:43:57 CET

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El sindicato denuncia carencias en la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Administración General andaluza con concentraciones en las ocho provincias bajo el lema Servicios Públicos, lo primero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Jaén se ha concentrado en la Delegación del Gobierno de la Junta, manifestación simultánea en el resto de provincias andaluzas, para reclamar unos servicios públicos de calidad y para reivindicar que se corrija el déficit de personal que acumulan los ámbitos de la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Administración General de la Junta, y que el sindicato cifra en 45.000 efectivos en toda Andalucía.

Bajo el lema ‘Servicios Públicos, lo primero’, la central sindical ha pretendido visibilizar el deterioro de los servicios públicos básicos en la comunidad andaluza y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan. Las concentraciones han tenido lugar de forma simultánea para denunciar las carencias en los citados ámbitos de los servicios públicos.

“Con esta concentración arranca un calendario de protestas con el que desde CSIF queremos poner de relieve la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, que difiere sustancialmente de la que describe el Ejecutivo andaluz”, ha explicado Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén, quien también ha cuestionado la apuesta que el Gobierno autonómico dice tener por dichos servicios, con una progresiva externalización de los mismos, como está ocurriendo, por ejemplo, en la Sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o en Educación, como con el servicio del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) o los comedores escolares en los colegios.

Después de que la central sindical se echara a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central, ahora lo ha hecho contra el déficit de personal que acumulan en Andalucía los ámbitos sanitario, educativo, de Justicia y de la Administración General de la Junta, competencia de la comunidad autónoma.

La sanidad pública andaluza, por su parte, cuenta con 16.000 efectivos menos, según recoge la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud en relación a la media del año 2021. Igualmente, en el sistema sanitario público hay actualmente 12.000 trabajadores y trabajadoras a los que les expira el contrato a 31 de diciembre próximo y que deberían hacerse estructurales, en consonancia con las necesidades que cubren, según ha manifestado González. “En Jaén, ha supuesto más de 500 efectivos menos en un año. Lamentamos que la Administración “haya olvidado”, el valor real y la entrega de los profesionales de la sanidad pública, que son a los que aplaudíamos desde nuestras ventanas en el confinamiento, a juzgar por decisiones como por ejemplo recortarles la productividad (el conocido como CRP) por segundo año consecutivo”, concreta.

Supresión de unidades en la escuela pública

En cuanto a la Educación Pública en Andalucía, lamenta la destrucción de unidades en la escuela pública, con 1.256 menos en los últimos tres cursos escolares completos, 124 en la provincia de Jaén, y el hecho de que no se haya aprovechado la bajada de la natalidad para recudir la ratio. En este sentido, el presidente de CSIF Jaén ha añadido que precisamente es en la escuela pública donde se han reducido esas unidades y no en la privada o concertada; sin embargo es la escuela pública la que garantiza una educación gratuita y de calidad.

Igualmente, denuncia el exceso de burocracia innecesaria que afecta al sistema educativo público y cuya eliminación podría traducirse en efectivos de apoyo y desdobles.

Administración envejecida

En cuanto al Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, cuenta con una plantilla muy envejecida además de no cubrirse las jubilaciones y las bajas que se producen. Además el sindicato recuerda que en 2030 jubilarán 11.533 trabajadores y trabajadoras, entre funcionarios y personal laboral, según datos de la propia Administración en toda Andalucía.

Justicia

Con respecto a la Administración de Justicia, CSIF evidencia el déficit de plantilla histórico y estructural. “Además aquí en Jaén no solo sufrimos de una plantilla con una carga de trabajo muy alta, sino que además, la dispersión de las sedes judiciales tiene consecuencias para trabajadores públicos y los usuarios y la ciudadanía en general”, concluye González.

CSIF rechaza el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

admin — Wed, 01 Jun 22 12:09:49 CEST

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El Ministerio de Universidades tiene poca intención de negociar con los sindicatos y da por prácticamente cerrado el texto del actual proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)
El Gobierno de Sánchez pretende que la nueva Ley se apruebe en febrero de 2023

CSIF, sindicato mayoritario entre el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén, tras la reunión mantenida recientemente con el nuevo Ministro de Universidades Joan Subirats, rechaza rotundamente el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Desde CSIF lamentamos que se hurte la negociación a los representantes legítimos de los trabajadores en temas laborales, económicos, de carrera académica y otros muchos que, indudablemente, afectarán negativamente al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Jaén.

En CSIF no podemos apoyar el actual proyecto de LOSU que, con la excusa de la diversidad romperá la igualdad y el marco común básico existente: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral.

No facilita una carrera profesional y académica clara, ágil y predecible. Se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido en la universidad, lo que dificultará la urgente renovación de las plantillas. Tampoco mejora el sistema retributivo del personal universitario, aumentando las diferencias retributivas entre laborales y funcionarios.

Las mejoras para el profesorado son prácticamente inexistentes. Para Profesores Asociados no hay mejora económica ni propuestas claras para acabar con la precariedad. Tampoco hay medidas para estabilizar y dar continuidad a los actuales Profesores Sustitutos Interinos, lo que podría condenar en tres años a su desaparición, dejando en la calle a más de 120 profesores interinos que actualmente prestan sus servicios en la UJA.

Además, supone un déficit democrático el hecho de que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno de cada universidad sean designados a dedo por el rector.

Por si fuera poco, hay una merma de representatividad del Personal de Administración y Servicios en los órganos colegiados, resultando desproporcionada la “participación vinculante del estudiantado” en los planes de estudio, en las guías docentes y en su implementación. Esto obligará a la UJA a elaborar nuevos Estatutos para regular las funciones, estructuras, composición y porcentajes de representación de los órganos colegiados (Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social, Consejo de Facultad u Escuela, Consejo de Departamento, etc.).

La nueva Ley tampoco viene acompañada de Memoria Económica, por lo que desde CSIF exigimos una financiación universitaria clara y concisa, acorde con los modelos existentes en la Unión Europea, en torno al 1,5% del PIB, puesto que hoy en día no alcanzamos el 0’8%. Muchas universidades, como la UJA, sufren una infrafinanciación recurrente e imposible de mantener durante más tiempo.

Además, se bloquea la “tasa de reposición” para el personal, lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de la plantilla que trabaja actualmente en la UJA y que ronda una media de edad de 55 años, pues en la nueva Ley no existe una asignación presupuestaria concreta para la regeneración de las plantillas.

CSIF denuncia la falta de recursos de Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje para una adecuada atención a la diversidad

admin — Tue, 24 May 22 09:23:59 CEST

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CSIF Educación reclama un refuerzo en las contrataciones de este personal docente y que se establezca una ratio máxima de alumnado por profesional
Un informe realizado por la central sindical revela carencias de medios tanto materiales como personales en este ámbito, que provoca frustración y estrés a este colectivo, que no puede desempeñar adecuadamente su trabajo

CSIF Educación ha denunciado la falta de recursos tanto materiales como personales que padece la atención a la diversidad en nuestra comunidad. A pesar del incremento del personal docente especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) durante estos últimos cuatro años, resulta absolutamente insuficiente para atender al creciente número de casos existentes en los centros educativos andaluces.

Asimismo, la central sindical pone de relieve la falta de profesionales de Orientación Educativa en los centros de Educación Primaria y Secundaria, lo que dificulta una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como la detección precoz de posibles casos.

Así se desprende de los datos obtenidos en una reciente encuesta lanzada por CSIF y en la que se recoge el sentir general del profesorado de estas especialidades educativas y la realidad sobre las circunstancias en la que desarrolla su trabajo.

Desde el sector de Educación se ha manifestado la necesidad de que la Consejería de Educación y Deporte “solucione de una vez los problemas que llevamos registrando año tras año por el insuficiente número de profesionales de PT y AL”. En este sentido, Julia Carcelén, responsable del sector de Educación en Jaén, ha reclamado a la Administración educativa reforzar las plantillas de estos docentes para poder ofrecer una adecuada atención educativa. Resulta revelador que el 27% del profesorado de Pedagogía Terapeútica atienda semanalmente más de una veintena de alumnos. Se agrava aún más la situación entre los especialistas de Audición y Lenguaje, dado que el 83,33% atiende a más de 20 alumnos a la semana.

Estos profesionales denuncian que el número de sesiones semanales para atender al alumnado que posee necesidades específicas de apoyo educativo es “absolutamente ridículo y a todas luces insuficiente”, no permite una atención educativa de calidad y genera frustración, estrés y ansiedad entre los profesionales de la atención a la diversidad.

La central sindical solicitó hace más de un mes a la Administración educativa andaluza información actualizada de los centros educativos en los que la labor del maestro de PT y AL es compartida semanalmente en más de un centro, sin obtener repuesta hasta el momento.

Profesionales compartidos para varios centros

CSIF Educación ha subrayado que a la falta de recursos materiales y elevadas ratios por docente, se suma la obligación de muchos profesionales de tener que atender a escolares en más de un centro educativo, lo que afecta a un 54,55% de maestros, de los que un 55,82% tiene incluso que compartir jornada laboral en tres o más instalaciones educativas a la semana.

Todo ello contribuye a atender a un elevado número de alumnos pero con un escaso número de sesiones que ofrecer, tal y como corrobora el 93,5% del personal encuestado, que considera “insuficiente” el número de las sesiones que dedica al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, lo que imposibilita una atención individualizada que sea eficaz y beneficiosa para los menores. Igualmente, los profesionales se quejan de la falta de transparencia en los criterios que se utilizan a la hora de la asignación de centros.

Estas circunstancias, a juicio de la central sindical, afectan negativamente al tiempo que dedican al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y es un riesgo añadido para el profesorado, debido a los desplazamientos entre centros que se ve obligado a realizar en la jornada laboral. Además, esta itinerancia supone un menoscabo a sus condiciones laborales, puesto que no recibe contraprestación ni lectiva ni económica por ello.

“Es prioritario que en todos los centros educativos exista al menos cada uno de estos maestros y maestras especialistas a tiempo completo”, según indica la dirigente sindical, que ha reivindicado también un refuerzo en las plantillas de los profesionales de Orientación Educativa.

El colectivo de profesorado de PT y AL, que en el curso escolar 2021-2022 está integrado en Andalucía por aproximadamente 4.800 profesionales, critica las dificultades a las que se enfrenta a diario para dar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado con necesidades específicas por la escasez de medios y espacios con los que cuenta. En este sentido, un 59,7% de los encuestados considera “insuficientes” los recursos materiales y un 31,2% califica de “inadecuadas” las condiciones espaciales disponibles.

Los resultados de la encuesta también ponen en evidencia el elevado número de trámites burocráticos. En este sentido, el 96,1% de los entrevistados manifiesta “sentirse habitualmente abrumado por la cantidad de trámites administrativos que tiene que asumir en su quehacer docente, tiempo que impide en muchas ocasiones buscar materiales y diseñar actividades más atractivas y motivadoras para el alumnado”. Dicha carga burocrática va en menoscabo también de la atención educativa de calidad de la que es merecedor el conjunto del alumnado andaluz y, en especial, el alumnado que necesita un apoyo educativo específico.

En suma, exigen los recursos materiales y personales necesarios para brindar una atención educativa de calidad y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la atención a la diversidad.

CSIF reclama que la Seguridad Social reconozca la cotización de los becarios de investigación anteriores a 2011

admin — Wed, 11 May 22 09:26:04 CEST

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El futuro Estatuto del Becario debe regular su situación
Hay miles de afectados y afectadas a quienes no se les reconoce su antigüedad y perderán derechos de cara a su jubilación y a su promoción laboral

CSIF, sindicato mayoritario entre el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén, exige al Gobierno Central una normativa que reconozca la cotización a la Seguridad Social del tiempo trabajado como becario/a de investigación.

Este colectivo, que ahora trabaja fundamentalmente impartiendo docencia en las Universidades, entre ellas la de Jaén, y también como personal investigador en otros Organismos Públicos de Investigación, se ve doblemente penalizado: ahora, porque les afecta negativamente respecto al reconocimiento de trienios, promoción interna, complementos docentes, etc. y también a su futuro porque habrán perdido años de cotización de cara a su jubilación y a sus pensiones, entre otros efectos.

Hasta 2011, los becarios de investigación no cotizaban a la Seguridad Social por los años trabajados durante ese periodo de vida laboral porque la normativa vigente entonces en España no obligaba a sus empleadores a ello. A partir de ese año, el Gobierno habilitó un convenio temporal que permitió que el antiguo personal investigador en formación cotizara a la Seguridad Social durante dos de los cuatro años de la duración de su beca predoctoral, tanto en el ámbito público como en el privado. No obstante, este procedimiento solo estuvo vigente unos meses y hay miles de personas que quedaron fuera al concluir dicho plazo.

Por eso, desde CSIF reclamamos una normativa que permita reconocer la cotización a todas las personas afectadas de manera definitiva en el futuro Estatuto Becario -que se negocia actualmente en el marco del Diálogo Social- y que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cumpla con su compromiso de que el colectivo contará con un catálogo de derechos en sentido estricto, entre ellos, en el ámbito de la Seguridad Social.

Por último, exigimos al Gobierno que a partir de ahora se puedan computar todos los años de duración de la beca al colectivo afectado y que también se reconozca el tiempo trabajado en becas postdoctorales y en los contratos vinculados a proyectos de investigación.