Guadalajara

El accidente en Urda pone el foco en la necesidad de reforzar la prevención de riesgos en las plantillas sometidas a sobrecarga de trabajo

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 06 Nov 26 14:26:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera necesario reforzar las políticas y el compromiso de las empresas en materia de salud laboral, coincidiendo con el 31 aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos (y el 30 aniversario de su entrada en vigor).

A raíz del accidente ferroviario en Urda y tras el señalamiento público de sus trabajadores por parte del Gobierno, CSIF ha puesto encima de la mesa la exigencia de revisar situaciones de riesgo de las plantillas –en este caso del sector ferroviario y en concreto de Adif y Adif Alta Velocidad— haciendo especial hincapié en cuestiones como la fatiga, la sobrecarga de trabajo, el exceso de horas, los sistemas de turnos, la nocturnidad y los descansos.

Además, CSIF propone reforzar la vigilancia de la salud y la atención psicológica especializada, estableciendo protocolos de reincorporación tras incidentes traumáticos, incluyendo las adaptaciones de puestos necesarias. Estas cuestiones han sido trasladadas al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, en un informe técnico que analiza el impacto de la fatiga sobre la seguridad vial, la salud laboral y la seguridad operacional en sectores críticos como el ferroviario.

Este informe concluye que la gestión de turnos no debe basarse únicamente en si el trabajador puede completar la jornada, sino en garantizar que mantiene las capacidades cognitivas necesarias para realizar una operación segura.

ACTUALIZAR LA LEY DE PREVENCIÓN

En el contexto del aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF reclama renovar las políticas en esta materia.

Estas son nuestras principales propuestas:

Aprobación de un real decreto específico de riesgos psicosociales.
La realización de evaluaciones periódicas y la aplicación efectiva de medidas preventivas.
El refuerzo de las plantillas y la reducción de las sobrecargas de trabajo.
La implantación de procedimientos eficaces frente al acoso, la violencia y los conflictos laborales.
El reconocimiento adecuado de los trastornos mentales y de comportamiento cuando se acredite su origen profesional.
El impulso de medidas de prevención del suicidio relacionado con el trabajo.
La disponibilidad de apoyo psicológico gratuito, mediadores y el refuerzo de la vigilancia de la salud mental.
Una mayor eficacia en el control y la corrección de los incumplimientos preventivos.

CSIF AYUDA CUMPLE DIEZ AÑOS

Nuestra organización cuenta con el servicio ‘CSIF Ayuda’, que este mes cumple 10 años, un gabinete que asesora a las personas trabajadoras en situaciones de estrés, acoso, agresiones o daños a la salud mental en el trabajo.

Una de las principales conclusiones a las que ha llegado el servicio ‘CSIF Ayuda’ tras diez años de actividad es que las empresas y administraciones solo intervienen cuando el conflicto se ha agravado o ya existe un daño para la salud de las personas trabajadoras.

‘CSIF Ayuda’ ha detectado en estos diez años algunas deficiencias en los entornos laborales que afectan a la salud de los trabajadores: plantillas insuficientes que provocan sobrecarga de trabajo, deficiente organización del trabajo, falta de claridad en las funciones profesionales, dificultades de comunicación, escasa formación para gestionar conflictos y la ausencia de recursos específicos para la prevención.

CSIF llama a secundar las huelgas y movilizaciones en Renfe y Adif

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 03 Nov 26 17:22:00 CET

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas secunda todas las huelgas y movilizaciones que se van a llevar a cabo en Renfe y Adif en protesta por la situación del sector ferroviario español y para exigir el cese de los responsables políticos, empezando por el ministro Óscar Puente, pero también el resto de la cúpula de ambas empresas.

CSIF está en conversaciones con todos los ámbitos y organizaciones del sector ferroviario para dar respuesta al malestar de la plantilla.

Para CSIF, el accidente de Urda es el resultado de un sistema fallido en el que se conjugan diferentes problemas como la falta de inversión en infraestructuras, seguridad, la necesidad de revisar protocolos, así como las condiciones laborales, formación, experiencia y número de efectivos en las plantillas.

En este sentido, CSIF plantea una batería de medidas empezando por una reforma legislativa que garantice la profesionalización de la dirección de las empresas y administraciones públicas, garantizando así que los puestos de máxima responsabilidad se cubran con personal con experiencia y debidamente formado, limitando los nombramientos políticos y de confianza.

La política no puede sustituir a la competencia profesional

CSIF propone que los máximos responsables de las empresas y administraciones públicas sean seleccionados mediante convocatorias transparentes, evaluación independiente y acreditación de experiencia específica, mediante una carrera profesional que permita al personal acceder a los puestos directivos hasta director general, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En concreto estas son las propuestas de CSIF:

1. Reforma legal para la despolitización de empresas y administraciones públicas.

2. Asesoría jurídica y profesional al personal, ante las circunstancias que han rodeado a la tragedia.

3. Nuevos convenios colectivos para Adif y Adif Alta Velocidad, donde se establezca con carácter prioritario cuestiones como especialización, itinerarios formativos, descansos, promoción interna, delimitación de funciones,

4. Aumento de plantillas. Freno a las externalizaciones de mantenimiento de infraestructuras y trenes.

5. Renovación de protocolos de seguridad, gestión de incidencias, delimitación de responsabilidad y coordinación preventiva.

6. Activación de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluación de riesgos del personal, haciendo especial hincapié en riesgos psicosociales, fatiga, turnicidad, descansos, nocturnidad y sobre carga de trabajo. CSIF promoverá la vigilancia de la salud y la atención psicológica especializada, estableciendo protocolos de reincorporación tras incidentes traumáticos, incluyendo las adaptaciones de puestos necesarias.

7. Establecer una auditoría externa de mantenimiento, con empresa independiente, que analice el historial de averías, tiempos de reparación, equipos disponibles, así como recursos técnicos y humanos e investigar el impacto preventivo de contratas y subcontratas.

8. Desarrollar un plan plurianual de seguridad ferroviaria con financiación transparente, auditorias independientes y seguimiento de grado de cumplimiento.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprueba que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

CSIF pide al Parlamento Europeo una investigación sobre la gestión de la crisis en Ceuta

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 24 Sep 26 10:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la administración en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión.

Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, se encuentra en Bruselas para mantener una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para abordar diferentes cuestiones de empleo y política social, así como la situación en Ceuta y el papel que juegan los servicios públicos en la gestión de la migración, el asilo y la integración.

En este contexto, la petición presentada al Parlamento analiza los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma entendiendo que el reglamento europeo no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España.

CSIF considera que no se trata de una insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de las/os empleados públicos. Así, entendemos que se podrían haber vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, entre otras.

También apuntamos a una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schengen (“Art.15: los Estados miembros dispondrán de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores”), sobre ‘Screening’ (vulneración del plazo de 3 días para concluir el triaje) o el Reglamento Frontex.

Entre las cuestiones que deben analizarse, en opinión de CSIF, se encuentran:

Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

Coordinación entre administraciones.

Utilización o no de mecanismos europeos.

IMPACTO CRÍTICO Y COLAPSO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El informe de CSIF advierte de que la degradación de los servicios constituye una vulneración de los estándares operativos de la Unión, exponiendo a las/os empleados públicos a condiciones de extrema precariedad:

- Sanidad: sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial.

- Justicia: incremento inasumible de la carga de trabajo. Se denuncia la falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física, tal como CSIF reclamó formalmente el 22 de agosto.

- Prisiones: incremento de la carga de trabajo. Se denuncia el incremento progresivo de la población reclusa que amenaza con desbordar la capacidad operativa del Centro Penitenciario y se solicita que se limite a un número de internos que garantiza la seguridad de trabajadores e internos, al tiempo que permita una correcta separación interior y el cumplimiento del mandato constitucional encomendado a la institución penitenciaria.

- Seguridad y Orden Público: el despliegue de la Unidad de Intervención Policial fue manifiestamente insuficiente, contando con apenas 180 efectivos totales (60 por turno) para una ciudad de 85.000 habitantes ante una entrada de 80.000 personas, una cifra inferior a la utilizada en eventos deportivos ordinarios.

- Educación: sin planificación de refuerzos docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral.

- Emergencias y Centros de Menores: Personal de Salvamento Marítimo y Bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal. Hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.

- Actuaciones administrativas objeto de queja: Durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario.

- Déficit dimensionamiento de la Relación de Puestos de Trabajo y cronificación de vacantes. Las Relación de Puestos de Trabajo y los catálogos de personal vigentes en Ceuta, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado/INGESA como de la Ciudad Autónoma, se encuentran desactualizados y deliberadamente infradimensionados. Éstas ignoran la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios. Recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales (Directiva 1999/70/CE).

CSIF presenta un protocolo de prevención de suicidio en la Policía Local y lo trasladará a los Ayuntamientos de toda España

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 09 Sep 26 17:14:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha elaborado un Protocolo para la Prevención de la Salud Mental y de las Conductas Suicidas en la Policía Local de España. La mayoría de ayuntamientos carecen de procedimientos de actuación y servicios específicos, pese a que otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como Policía Nacional y Guardia Civil, han desarrollado estrategias y medidas específicas en este ámbito.

El protocolo, que CSIF ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), será próximamente presentado por nuestra organización en los ayuntamientos de toda España a través de la campaña ‘Tu vida importa. También detrás del uniforme’ con el objetivo de que la protección de salud mental sea parte efectiva de la prevención de riesgos laborales de sus Policías Locales.

En concreto, el protocolo se articula en cuatro pilares:

Prevención: evaluar los riesgos psicosociales y formación de las plantillas en materia de salud mental.
Detección: Identificar de forma temprana situaciones de riesgo y facilitar canales claros de ayuda.
Acompañamiento: Atención profesional, gratuita, confidencial y accesible, especialmente tras una crisis o un incidente traumático.
Protección: Establecimiento de procedimientos de actuación ante situaciones de riesgo preservando la intimidad y contra la estigmatización; y medidas de apoyo a compañeros en el entorno laboral ante un fallecimiento por suicidio.

CSIF denuncia la falta de registros oficiales específicos y homogéneos sobre suicidios en las Policías Locales, y sin datos adecuados es mucho más complicado conocer la verdadera dimensión del problema, identificar factores de riesgo y diseñar políticas preventivas eficaces. Por ello, exigimos a las administraciones locales un mayor compromiso en implantar medidas que protejan la salud mental de sus Cuerpos de Seguridad.

Por último, alertamos de que la exposición policial a violencia, accidentes e intervenciones traumáticas, presión profesional, turnicidad y dificultades de conciliación, así como del miedo al estigma o a posibles consecuencias profesionales, pueden convertirse en una barrera para solicitar ayuda. Por ello, emplazamos a los ayuntamientos a que implanten las medidas que consideren para conocer la verdadera magnitud del problema.

CSIF reclama información, protocolos y medios de protección para el personal en primera línea contra el hantavirus

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 06 May 26 17:04:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno y a las diferentes administraciones implicadas información, protocolos y material de protección para el personal de primera línea que intervendrá en el dispositivo de atención, ante la inminente llegada de una embarcación a Canarias con personas afectadas y asintomáticas por hantavirus.

Desde la máxima prudencia y rigor, pensando en la protección de empleados/as públicas, personal que por su profesión pudiera verse expuesta y en líneas generales en la salud pública, CSIF reclama estas medidas preventivas.

Nos referimos a personal dependiente de la autoridad portuaria, sanitarios, de emergencias, policías, militares, así como el personal del Hospital Gómez Ulla y el dispositivo del traslado a Madrid, entre otros.

En concreto, CSIF solicita información y medidas preventivas, información de la llegada a puerto y protocolos de actuación (bioseguridad, ante la tripulación, zonas de seguridad, aislamiento, desinfección y manipulación de residuos).

Igualmente requerimos medios materiales de protección (mascarillas, guantes, epis) así como transparencia y comunicación interna en todo momento.

CSIF solicita que, estando involucradas distintas administraciones públicas, haya la coordinación y el entendimiento institucional que requiere una situación de esta naturaleza.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Más del 70 por ciento de los docentes no se siente reconocido en su labor y más de la mitad han sufrido agresiones

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 23 Mar 26 11:19:00 CET

El 72,2 por ciento de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7500 de toda España.

La encuesta de CSIF --sindicato más representativo en las administraciones públicas— forma parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, y pone de manifiesto también la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad.

La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

En la encuesta, las/los docentes nos trasladan sus principales reivindicaciones por este orden de prioridad: la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección. En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

Falta de respaldo, abandono y retribución insuficiente

La sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es evidente: Siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo..

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo.

Desde CSIF, advertimos que este escenario no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública.

Dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente y abandono laboral, en el 6º aniversario de la declaración de la Pandemia y del Estado de Alarma

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 11 Mar 26 11:16:00 CET

Cuando se cumple el sexto aniversario del Estado de Alarma en España, se calcula que más de dos millones de personas aún sufren las secuelas del covid persistente, pero carecen de la protección adecuada por parte de empresas y autoridades sanitarias y además no solo carecen de recursos sanitarios y la atención que merecen, sino que además se les presiona y discrimina en sus puestos de trabajo.

Así lo muestra una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, sobre más de 1.500 personas afectadas (fundamentalmente personal de la sanidad, educación y de las administraciones públicas) por esta enfermedad, en la que se pretende analizar su situación laboral, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, el grado de reconocimiento de la enfermedad y las consecuencias sobre su salud y vida profesional.

El covid persistente es una condición en la que los síntomas de la infección continúan o aparecen después de la fase aguda, durante semanas o meses, sin otra causa que lo explique. Así, aunque el virus ya no esté activo, el organismo no termina de recuperarse con alteraciones en el sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio.

Principales resultados de la encuesta:

La principal conclusión que extrae CSIF es que más del 60 por ciento de trabajadores con covid persistente cree haberse contagiado en el trabajo, pero a menos de la cuarta parte se le reconoce como origen laboral. Esto supone una peor protección económica, menor responsabilidad de la empresa, dificultades para el reconocimiento de incapacidades y peor vigilancia de la salud.
La encuesta refleja un impacto laboral y psicosocial muy intenso. La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta son mujeres, del sector sanitario con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.
El 75,3 por ciento estuvo de baja médica, un 69 ha solicitado ayuda psicológica (solo la recibieron un 7,6 por ciento), un 41,5 refiere sufrir discriminación y presión por parte de la empresa y en un 67 por ciento de los casos aseguran que la empresa no sabe actuar.
Aunque el sector sanitario tiene un peso importante en la muestra, el análisis nos muestra que el covid persistente también está en otros ámbitos laborales como las administraciones públicas, la educación y la empresa privada, con bajas médicas prolongadas, dificultades para reincorporarse al trabajo, procesos de incapacidad temporal o permanente y necesidad de adaptaciones del puesto de trabajo.

En cuanto a los principales síntomas o secuelas que declaran las personas encuestadas, estos son: fatiga o cansancio extremo, dolores musculares o articulares, dificultad para concentrarse (niebla mental), pérdida de memoria, insomnio o alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, dolor neuropático. Pese a ello, el 51,6 por ciento asegura que no está recibiendo un tratamiento médico específico, lo que pone de manifiesto las dificultades que supone el diagnóstico y la atención del covid persistente.

Reivindicaciones de CSIF:

Los resultados de la encuesta ponen por tanto de manifiesto que el covid persistente está teniendo consecuencias significativas en la salud, la estabilidad laboral y la calidad de vida de miles de trabajadoras/es. CSIF considera imprescindible impulsar estas reivindicaciones:

Reconocimiento del covid persistente como enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
Crear un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral
Protocolos específicos de prevención y gestión del covid persistente.
Adaptación de los puestos de trabajo.
Refuerzo del seguimiento médico laboral.
Atención a la salud mental de los trabajadores afectados.
Información y sensibilización en el entorno laboral.
Refuerzo de la protección social (reconocimiento de incapacidades, protección económica, entre otras).
Protocolización homogénea del diagnóstico y tratamiento.
Implantación de unidades especializadas en todos los servicios de salud.
Programas de formación y sensibilización.
Registro Estatal de pacientes y personas trabajadoras afectadas.
Creación de una Mesa Técnica Nacional de covid persistente.