Galicia

José Francisco Méndez Castro: Llevo 40 años de sindicalismo y nunca se ha convocado una huelga contra la oposición de un Gobierno

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 09 Oct 26 10:44:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la huelga convocada por el problema de acceso a la vivienda tiene un carácter fundamentalmente político. Así lo ha explicado el presidente del sindicato en Galicia, José Francisco Méndez, durante una entrevista en la Televisión de Galicia (TVG), en la que ha cuestionado tanto el planteamiento de la movilización como su celebración apenas 48 horas antes del inicio de la campaña electoral.

Méndez Castro ha reconocido que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de España y que sus consecuencias afectan también a los empleados públicos. Según ha señalado, hay funcionarios que, después de dedicar hasta tres años a preparar una oposición y conseguir una plaza, se ven obligados a renunciar a su puesto de trabajo porque no pueden asumir el coste de la vivienda en destinos como Madrid o Baleares.

Sin embargo, el presidente de CSIF Galicia considera que la solución a esta situación corresponde a los responsables políticos y que deben ser los ciudadanos quienes valoren las propuestas de los distintos partidos en las urnas.

En este sentido, Méndez Castro ha defendido la independencia política de CSIF y ha cuestionado que la convocatoria se dirija contra los partidos de la oposición en lugar de exigir responsabilidades al Gobierno. «Llevo 40 años de sindicalismo y nunca se ha convocado una huelga contra la oposición de un Gobierno», ha afirmado.

El dirigente sindical ha recordado que CSIF ha promovido numerosas movilizaciones tanto contra gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, en el ámbito estatal y autonómico, en defensa de los derechos de los trabajadores.

Aunque ha expresado su respeto a las movilizaciones impulsadas por otros colectivos y organizaciones, Méndez ha insistido en que CSIF considera esta convocatoria esencialmente política, una interpretación que, a su juicio, viene reforzada por la fecha elegida para celebrarla.

El sindicato mantiene que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden, especialmente para los empleados públicos destinados a territorios con precios elevados, pero defiende que su actuación sindical debe centrarse en la protección de los derechos e intereses laborales de los trabajadores, con independencia de quién gobierne.

CSIF consigue un vehículo 4×4 para la APLU y reclama medios seguros para todo el personal de campo de la Xunta

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 13 Oct 26 13:30:00 CEST

El trabajo de CSIF en prevención de riesgos laborales da resultados concretos. La Central Sindical ha conseguido que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) incorpore un nuevo CUPRA Terramar SUV 4×4, valorado en aproximadamente 45.000 euros, para los subinspectores urbanísticos de A Coruña. Esta adquisición supone una mejora en sus condiciones de seguridad tras los problemas que presentaba el vehículo anterior.

El vehículo sustituido acumulaba averías e incidencias mecánicas y había estado implicado en un accidente laboral con resultado de baja. Además, no reunía las condiciones adecuadas para los desplazamientos de inspección por pistas, caminos y terrenos de difícil acceso. Pese a las reiteradas advertencias de CSIF, la APLU lo mantuvo en servicio.

Los vehículos oficiales son equipos de trabajo: deben ser seguros y adecuados a las funciones que desempeñan sus usuarios.

CSIF lleva tiempo reclamando la renovación y el mantenimiento de los vehículos oficiales de la Xunta de Galicia, así como su adaptación a las condiciones reales de trabajo. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la Administración a garantizar la seguridad y salud de sus empleados, también durante los desplazamientos laborales.

Por ello, CSIF exige:

Evaluar los riesgos asociados a los desplazamientos laborales, incluidos los ergonómicos.
Renovar los vehículos antiguos, con deficiencias o inadecuados para el trabajo.
Dotar a cada puesto de vehículos adaptados a sus necesidades, incluida la tracción 4×4 cuando el terreno lo requiera.
Proporcionar formación en conducción segura y adoptar medidas preventivas.

La seguridad debe garantizarse en todas las consellerías y organismos de la Xunta.

La incorporación de este vehículo demuestra que las reclamaciones sindicales pueden traducirse en mejoras concretas. Sin embargo, todavía hay empleados públicos que realizan sus funciones con vehículos que presentan averías recurrentes o no son adecuados para los terrenos por los que deben circular.

Todos los trabajadores de campo de la Xunta tienen derecho a disponer de vehículos seguros y adaptados a sus funciones, independientemente de la consellería u organismo al que pertenezcan.

¿Utilizas un vehículo oficial inadecuado o que presenta deficiencias de seguridad?

Acude a CSIF. Nuestros delegados de prevención pueden ayudarte a trasladar la situación a la Administración, solicitar una evaluación de riesgos y reclamar las medidas preventivas necesarias.

CSIF seguirá trabajando para que ningún empleado público tenga que poner en riesgo su seguridad por utilizar un vehículo oficial inadecuado o en malas condiciones.

Renovar y adecuar los vehículos oficiales no es un lujo: es seguridad laboral.

CSIF aborda en Santiago los nuevos riesgos laborales asociados a la inteligencia artificial y la digitalización

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 14 Oct 26 13:04:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado hoy en Santiago una jornada de formación sobre salud laboral, bajo el lema «Por un ambiente laboral seguro y saludable», centrada en los nuevos retos de la prevención de riesgos laborales.

El encuentro ha reunido a delegados sindicales de distintos sectores y especialistas en la materia para abordar el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización en el trabajo, los riesgos asociados a la exposición al gas radón y las obligaciones preventivas de administraciones públicas y empresas.

El programa también ha incluido una sesión sobre la acción sindical de los delegados de prevención y su papel en la detección de riesgos, la vigilancia del cumplimiento de la normativa y la mejora de las condiciones de trabajo.

La inteligencia artificial y la digitalización exigen evaluar nuevos riesgos laborales

La formación contó con la presencia de Encarnación Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, que abrió las ponencias con un análisis de los efectos de la digitalización, la inteligencia artificial y los algoritmos sobre la seguridad y la salud en el trabajo.

Abascal destacó que la incorporación de estas tecnologías supone una transformación de las condiciones laborales y que, como tal, debe tenerse en cuenta en las evaluaciones de riesgos de las administraciones y de las empresas.

Entre los nuevos riesgos asociados a estos cambios ha señalado el tecnoestrés, las dificultades para garantizar la desconexión digital, el aislamiento de los trabajadores, el incremento de las cargas de trabajo y la incertidumbre o el temor a perder el empleo como consecuencia de la automatización.

Al mismo tiempo, ha subrayado las oportunidades que ofrecen estas tecnologías para mejorar la prevención. Entre los ejemplos mencionados figuran los cascos de seguridad inteligentes y los sistemas de geolocalización, que pueden contribuir a detectar situaciones peligrosas y reforzar la protección de los trabajadores.

La representante sindical ha señalado que algunas de estas aplicaciones pueden parecer hoy propias de una película de ciencia ficción, pero forman parte de una evolución tecnológica que ya está transformando el mundo laboral y que tendrá una presencia creciente en los próximos años.

El radón en los centros de trabajo: de la medición a la prevención

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada al radón, un gas radiactivo de origen natural cuya acumulación en espacios interiores puede representar un riesgo para la salud.

Alberto Ruano Raviña, director del Laboratorio de Radón de Galicia, intervino con la ponencia «El radón en el ámbito laboral. De la medición a la acción», centrada en la exposición a este gas y la importancia de identificar y controlar su presencia en los centros de trabajo. Advirtió que Galicia está a la cabeza en el mapa nacional de mayor predisposición de exposición a este gas, con una afectación del 70 por ciento del territorio, de ahí la importancia de las campañas de medición.

Las obligaciones preventivas frente al radón

Lucía Ferrón, jefa de Sección de Higiene Industrial del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), complementó la intervención de Ruano, presentando las obligaciones normativas preventivas relacionadas con la exposición al radón en el ámbito laboral.

El papel de los delegados de prevención

La última ponencia, «La acción sindical de los delegados de prevención», corrió a cargo de Marta Suárez Baldonedo, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF A Coruña.

Su intervención se centró en la labor de los representantes de los trabajadores en materia preventiva y su participación en la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales.

La prevención, una prioridad sindical

Con esta jornada, CSIF continúa impulsando la formación y la sensibilización en materia de seguridad y salud laboral, prestando atención tanto a los riesgos tradicionales como a los que surgen de las transformaciones tecnológicas y organizativas.

El sindicato defiende la necesidad de adaptar las políticas preventivas a las nuevas realidades del trabajo y de garantizar la participación efectiva de los representantes de los trabajadores en las decisiones que afectan a su seguridad y salud.

MUFACE perde mutualistas en Galicia: preto de 2.500 empregados públicos pasan ao Sergas

antonio.ventura.paz — Wed, 14 Oct 26 00:13:00 CEST

Galicia Image

SANIDADE · MUFACE · GALICIA

Preto de 2.500 mutualistas pasan ao Sergas en só oito meses

CSIF alerta da falta de profesionais sanitarios e do incremento das listas de espera, tanto na sanidade pública como na concertada.

2.500

Empregados públicos que cambiaron á sanidade pública entre xaneiro e agosto de 2026

102.318

Beneficiarios de MUFACE en Galicia, segundo os datos recollidos na información

8 meses

Período analizado: xaneiro-agosto de 2026

Cada vez máis mutualistas optan polo Sergas

Preto de 2.500 empregados públicos galegos optaron por deixar a cobertura sanitaria privada das súas mutualidades para incorporarse ao sistema público de saúde durante os oito primeiros meses de 2026.

Segundo a información publicada por La Voz de Galicia o 12 de outubro, 2.012 persoas procedían de MUFACE, 302 de ISFAS e 105 de MUGEJU.

Estes cambios prodúcense nun contexto de preocupación polo funcionamento da asistencia sanitaria, a dispoñibilidade de especialistas e os tempos de espera para acceder ás consultas.

CSIF GALICIA ADVERTE

A falta de profesionais e o aumento das demoras asistenciais están a deteriorar a atención sanitaria que reciben os mutualistas.

Rosa Silva, presidenta de CSIF Galicia no sector educativo, sinala que cada vez hai menos profesionais dispoñibles e que as listas de espera son considerables.

O principal problema: as listas de espera

Desde CSIF Ensino Galicia queremos poñer o foco nun dos problemas que máis preocupan ao profesorado mutualista: as dificultades para acceder a unha atención sanitaria áxil e de calidade.

Rosa Silva, responsable autonómica de CSIF Ensino, explica que, aínda que se manteñen os mesmos hospitais, aumentaron especialmente os tempos de espera. A redución da dispoñibilidade de profesionais e especialistas afecta á capacidade de resposta asistencial.

A situación preocupa tanto ás persoas que continúan na modalidade concertada como ás que deciden incorporarse ao Sergas, onde tamén existen importantes demoras.

Os datos das mutualidades en Galicia

MUFACE: mutualidade do persoal funcionario civil

MUFACE conta con 102.318 beneficiarios en Galicia, segundo os datos publicados.

Entre xaneiro e agosto de 2026, 2.012 mutualistas optaron por pasar á asistencia sanitaria pública.

É a mutualidade que concentra o maior número de cambios en termos absolutos.

ISFAS: persoal das Forzas Armadas e outros colectivos

ISFAS conta con 38.331 beneficiarios en Galicia.

Durante os oito primeiros meses de 2026, 302 persoas optaron por incorporarse á sanidade pública.

MUGEJU: persoal da Administración de Xustiza

MUGEJU conta con 5.867 beneficiarios en Galicia.

No mesmo período, 105 persoas cambiaron á sanidade pública.

CSIF reclama unha asistencia sanitaria de calidade

Desde CSIF Ensino Galicia defendemos que o profesorado e o conxunto do persoal empregado público deben contar cunha asistencia sanitaria suficiente, accesible e de calidade, independentemente da modalidade asistencial elixida.

Consideramos necesario:

Garantir unha rede suficiente de profesionais e especialistas sanitarios.
Reducir os tempos de espera para consultas, probas diagnósticas e intervencións.
Manter unha cobertura sanitaria efectiva e sen perda de prestacións.
Garantir a continuidade asistencial e a libre elección nos termos establecidos para cada mutualidade.
Adoptar medidas que eviten o deterioro progresivo da atención aos mutualistas.

O compromiso de CSIF Ensino Galicia

Seguiremos defendendo os dereitos sanitarios do profesorado e reclamando solucións ante as deficiencias asistenciais que afectan ás persoas mutualistas.

Fonte: La Voz de Galicia, 12 de outubro de 2026.
Información baseada na reportaxe «Cada vez más empleados públicos dejan las mutuas para cambiarse al Sergas» e nas declaracións de Rosa Silva, coordinadora autonómica de CSIF Galicia no sector educativo.

CSIF valora las subidas salariales previstas en los presupuestos de la Xunta para 2027, pero critica la falta de negociación

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 16 Oct 26 13:21:00 CEST

Santiago de Compostela, 16 de octubre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora que los presupuestos de la Xunta para 2027 incluyan una subida salarial del 4,5 % para los empleados públicos, tal y como establece el acuerdo firmado con el Gobierno central. Sin embargo, el sindicato denuncia la falta de negociación de los presupuestos y de la Ley de medidas que los acompaña, motivo por el que ayer votó en contra de esta última en la Comisión de Personal.

En concreto, los presupuestos contemplan una subida salarial del 4,5 % para 2027, con efectos desde el 1 de enero, y el abono de un 0,5 % adicional correspondiente a 2026, también con efectos desde el 1 de enero de ese año, cuyo pago está previsto para el primer trimestre de 2027. Ambos incrementos forman parte del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado por CSIF con el Gobierno de España en noviembre de 2025.

Para garantizar su aplicación, CSIF pedirá el próximo martes, 20 de octubre, que el Gobierno central apruebe mediante real decreto-ley la subida salarial de 2027 y que la Diputación Permanente del Congreso la convalide antes de las elecciones. La petición se planteará en la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco, convocada por Función Pública a instancias del sindicato.

Aunque la Xunta ha previsto los fondos necesarios, los incrementos no podrán hacerse efectivos hasta que se apruebe y publique en el Boletín Oficial del Estado la norma estatal que los habilite.

Las cuentas autonómicas incluyen, además, las partidas necesarias para cumplir los acuerdos sectoriales de educación, sanidad, justicia y Administración general. En este último ámbito se contempla un nuevo proceso extraordinario de acceso a los grados I, II y III de la carrera profesional para el personal que quedó fuera de la convocatoria anterior, cuyo pago se distribuirá en tres años. Quienes ya accedieron a un nuevo grado cobrarán el 100 % de su cuantía desde enero de 2027.

CSIF exigió también recuperar el Fondo de Acción Social en las condiciones anteriores a los recortes de 2012, poner fin a las suspensiones de acuerdos y derechos laborales que se mantienen desde entonces y revisar los servicios considerados prioritarios para la cobertura de vacantes, incluyendo el de guardacostas.

CSIF denuncia la falta de negociación y vota en contra de la Ley de medidas

CSIF denuncia que la Xunta tramitó tanto los presupuestos como la Ley de medidas fiscales y administrativas para 2027 sin facilitar a los sindicatos tiempo suficiente para estudiar las propuestas.

En el caso de los presupuestos, la Dirección Xeral de Emprego Público remitió la documentación con menos de 24 horas de antelación y sin incluir las disposiciones adicionales del proyecto de ley, que pueden contener regulaciones importantes para el personal autonómico.

La situación se repitió con la Ley de medidas, cuyas modificaciones en materia de empleo público fueron presentadas también con menos de 24 horas para su análisis, y sometidas a votación ayer en la Comisión de Personal.

CSIF considera inadmisible que la Administración pretenda negociar normas que afectan directamente a las condiciones laborales de los empleados públicos sin proporcionar la documentación completa ni conceder un plazo razonable para formular propuestas. A juicio del sindicato, este procedimiento convierte la negociación colectiva en un mero trámite.

Por este motivo, CSIF votó en contra del proyecto de Ley de medidas, al igual que el resto de organizaciones sindicales presentes en la Comisión.

El sindicato critica que la Xunta impulse estas modificaciones mientras mantiene pendientes reivindicaciones históricas de los empleados públicos, como el concurso abierto y permanente, la jornada de 35 horas semanales, la regulación de la promoción interna y de la promoción interna temporal, el desarrollo del grupo B y la segunda actividad.

CSIF denuncia que Correos mantiene sin cubrir cerca del 60% de la plantilla de reparto de Monforte

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 16 Oct 26 13:26:00 CEST

Monforte, 16 de octubre de 2026. - La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la grave falta de personal en la Unidad de Reparto de Correos de Monforte, que presta servicio a los municipios de Monforte, Pantón, Sober y A Pobra do Brollón. De los 21 trabajadores que componen la plantilla, solo nueve están actualmente en activo, lo que supone un déficit del 57 % de los efectivos e impide garantizar el reparto dentro de los plazos establecidos.

La unidad cuenta con ocho carteros encargados del casco urbano de Monforte, y 13 que atienden las zonas rurales de los cuatro municipios. Sin embargo, actualmente no hay ningún cartero urbano en activo y solo trabajan nueve de los 13 rurales.

De las 12 ausencias, diez son de larga duración, por jubilaciones y bajas médicas, mientras que las restantes corresponden a vacaciones y días de asuntos particulares. CSIF reclama a Correos que cubra estas ausencias para evitar que la falta de personal siga perjudicando la prestación del servicio.

El sindicato advierte de que esta situación está provocando acumulaciones de correspondencia y retrasos en las entregas, con el consiguiente perjuicio para ciudadanos y empresas. Además, alerta del aumento de las bajas laborales que relaciona con la sobrecarga de trabajo y el estrés derivados de la falta de efectivos, y reclama medidas para proteger la salud laboral de la plantilla.

CSIF subraya que este problema no es exclusivo de Monforte, sino que se extiende a otras unidades de reparto de Lugo, Galicia y el conjunto del territorio nacional. Por este motivo, el sindicato inició en septiembre una campaña de movilizaciones con concentraciones ante oficinas de Correos en todas la provincias y una protesta frente a la sede central de la empresa en Madrid, para exigir soluciones a la falta de personal.

CSIF exige a Correos que adecúe las plantillas a las necesidades del servicio y cubra las ausencias para normalizar el reparto, reducir los retrasos y evitar que la sobrecarga recaiga sobre los trabajadores que continúan en activo.

CSIF denuncia que los 2.500 kg de cocaína incautada en la operación Doncella permanecieran 2 semanas en el edificio administrativo de la AEAT en A Coruña

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 19 Oct 26 13:01:00 CEST

A Coruña, 19 de octubre de 2026. – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que más de 2.500 kilos de cocaína intervenidos en la operación Doncella permanecieran bajo custodia en las dependencias administrativas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en A Coruña desde el pasado 14 de septiembre hasta su incineración la semana pasada.

El sindicato exige a la Agencia Tributaria que explique los motivos de esta decisión, identifique al responsable de la misma, y que detalle los protocolos de protección activados, así como las condiciones en las que se almacenó la droga y las medidas de seguridad adoptadas para proteger a los empleados públicos durante ese periodo.

CSIF advierte de que la sede de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia no reúne las condiciones para custodiar un alijo de estas dimensiones. Se trata de un edificio administrativo al que acuden diariamente cientos de ciudadanos para realizar gestiones tributarias y, además, alberga la residencia oficial del delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia.

La custodia de grandes cantidades de droga plantea riesgos de seguridad para los usuarios de las instalaciones, y puede entrañar riesgos para la salud, una problemática reconocida en el marco de coordinación institucional para la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de sustancias estupefacientes.

Ante esta situación, CSIF ha solicitado la convocatoria del Comité de Salud para exigir explicaciones sobre la decisión adoptada y conocer qué medidas preventivas se aplicaron, así como si se evaluaron los posibles riesgos y si se garantizó la protección de los empleados públicos durante el tiempo que la droga permaneció en el edificio.

La droga fue incautada en la operación Doncella, desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. El operativo permitió interceptar, el pasado 14 de septiembre, el velero Seute Deern, de bandera polaca, cuando navegaba a unas 400 millas de la costa gallega, entre las Azores y Canarias.

La embarcación fue abordada por efectivos del buque de operaciones especiales Petrel I y trasladada posteriormente al puerto de Vigo. En su interior se localizaron 78 fardos de cocaína, con un peso total superior a los 2.500 kilos y un valor estimado de 20 millones de euros.

*Foto: Euronews

CSIF pide a la Xunta que estudie asumir directamente la gestión del personal del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 20 Oct 26 13:53:00 CEST

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Xunta que revise el modelo de gestión del personal del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y estudie asumir directamente estas funciones. El sindicato ha presentado una queja formal ante la Consellería de Política Social e Igualdad por los problemas de contratación, las vacantes sin cubrir y la falta de respuesta administrativa a los trabajadores, una situación que considera insostenible y que está generando preocupación e incerteza entre las personas trabajadoras.

CSIF cuestiona que el actual modelo disponga de los medios y la capacidad organizativa necesarios para gestionar adecuadamente al personal funcionario. Por ello, plantea que estas funciones sean asumidas directamente por la Consellería o por el órgano competente de la Administración autonómica, siempre que resulte jurídicamente viable. Si esta alternativa no fuera posible, reclama reforzar la estructura y los recursos del Consorcio para garantizar una gestión eficaz.

La falta de cobertura de vacantes y las dificultades en la gestión de las listas de contratación están provocando, según el sindicato, una sobrecarga de trabajo en algunos centros que dificulta el funcionamiento de los servicios y puede repercutir en la atención a los ciudadanos. CSIF exige que se evalúen las necesidades reales de personal y se adopten medidas para cubrir los puestos necesarios. “La Administración no puede trasladar a los trabajadores las consecuencias de sus propias deficiencias organizativas”, advierte la delegada sindical de CSIF, Montserrat Rodríguez Arribas.

Especialmente preocupante es la falta de respuesta a los trabajadores en cuestiones que afectan directamente a su situación económica. CSIF denuncia incidencias en las nóminas y dificultades para obtener documentación necesaria para acceder a prestaciones por desempleo, mientras numerosas solicitudes presentadas por sede electrónica siguen sin respuesta y las llamadas a los servicios responsables no son atendidas de manera efectiva. A ello se suman demoras en el reconocimiento de trienios, carrera profesional, vacaciones y adaptaciones de puestos por motivos de salud.

“No estamos reclamando privilegios, sino una Administración que cumpla sus obligaciones, responda a las solicitudes y garantice los derechos de los funcionarios”, señala Rodríguez Arribas.

CSIF ha solicitado una reunión con la Consellería para acordar medidas correctoras, identificar responsables y fijar plazos de actuación, además de exigir una respuesta formal a la queja presentada.

José Francisco Méndez Castro: Los alquileres y las hipotecas no esperan. Queremos la subida salarial en enero y que salga el real decreto ya

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 21 Oct 26 15:40:00 CEST

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2026. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Galicia, José Francisco Méndez Castro, ha reclamado en la Televisión de Galicia (TVG) que el Gobierno apruebe de manera inmediata el real decreto-ley que debe garantizar la subida salarial de los empleados públicos en 2027, para evitar que la convocatoria de elecciones generales retrase su aplicación.

«Los alquileres y las hipotecas no esperan. Nosotros queremos la subida salarial en enero y, para eso, queremos que salga el real decreto ya», advirtió Méndez durante su intervención, en la que trasladó la preocupación del sindicato por las consecuencias que un retraso tendría para unas plantillas que llevan años soportando la pérdida de poder adquisitivo.

El Ministerio de Función Pública confirmó el pasado 20 de octubre, durante la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, que la subida salarial tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027. El incremento previsto es del 4,5 %, al que se sumaría un 0,5 % adicional durante el primer trimestre del año, vinculado a la evolución de la inflación.

Sin embargo, CSIF exige que el Gobierno apruebe la norma antes de las elecciones generales y de su eventual entrada en funciones, para evitar que las limitaciones de un Ejecutivo en funciones provoquen retrasos en el abono de las nuevas retribuciones.

El sindicato recuerda, además, que la aprobación anticipada del real decreto-ley es necesaria para que las administraciones estatal, autonómicas y locales puedan preparar sus presupuestos y nóminas con suficiente margen y aplicar los incrementos de manera homogénea. Pese al compromiso trasladado por Función Pública, el Gobierno todavía no ha concretado una fecha para aprobar la norma.

La inflación y el IRPF siguen reduciendo el poder adquisitivo

Durante su intervención en la TVG, Méndez también advirtió de que la pérdida de poder adquisitivo afecta tanto a los empleados públicos como a los trabajadores del sector privado, debido al encarecimiento acumulado de la vida y a la falta de adaptación del IRPF a la inflación.

«Subes de tabla salarial y, al subir de tabla salarial, pagas más impuestos. Realmente no ganas poder adquisitivo», explicó el presidente de CSIF Galicia, que defendió la necesidad de deflactar el IRPF para evitar que las subidas salariales destinadas a compensar el incremento de los precios se vean parcialmente absorbidas por una mayor tributación.

El sindicato advierte de que, cuando los tramos del impuesto no se actualizan conforme a la inflación, una subida salarial puede elevar la carga fiscal sin que exista una mejora equivalente de la capacidad de compra. De este modo, parte del incremento retributivo se pierde por el efecto combinado de los impuestos y el encarecimiento de los bienes y servicios.

Para CSIF, las revisiones salariales deben permitir afrontar el aumento de los gastos cotidianos y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, especialmente ante el encarecimiento de la vivienda, los suministros y otros productos y servicios esenciales.

En este contexto, el sindicato insiste en la necesidad de cumplir los compromisos retributivos adquiridos con los empleados públicos y mantiene sus reivindicaciones para recuperar la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, avanzar en la equiparación de las retribuciones entre administraciones y garantizar que las subidas salariales se traduzcan en una mejora efectiva de los ingresos de los trabajadores.

CSIF denuncia que Salvamento Marítimo pretende que un mismo equipo atienda dos centros de control sin refuerzos

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 21 Oct 26 16:19:00 CEST

A Coruña, 21 de octubre de 2026. – La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que Salvamento Marítimo pretende que los trabajadores de un centro de control puedan asumir también las funciones de otro centro próximo, sin reforzar las plantillas.

La empresa justifica esta medida como una solución para situaciones en las que un fallo técnico obligue a cerrar temporalmente un centro de control. Sin embargo, CSIF advierte de que también se está utilizando para cubrir la falta de personal, como ya ocurrió en Tarifa, donde la ausencia de un trabajador llevó a trasladar las funciones de un centro a otro.

El sindicato considera que esta práctica pone en riesgo la prestación del servicio público, ya que obliga a los mismos profesionales a atender simultáneamente dos zonas de responsabilidad. «¿Qué ocurriría si se produjera gran densidad de tráfico y múltiples emergencias al mismo tiempo en las zonas atendidas por un único equipo?», plantean desde CSIF Salvamento.

CSIF denuncia también las condiciones en las que se está preparando a los trabajadores para asumir las funciones de dos centros a la vez. La dirección les obliga a realizar los cursos de formación presenciales en las propias salas de control, durante su jornada laboral y sin dejar de atender el servicio. El sindicato advierte de que esta práctica interfiere en las tareas de vigilancia, dificulta la actuación proactiva recomendada por los organismos internacionales y compromete la prestación del servicio.

Plantillas envejecidas y mayor carga de trabajo

CSIF recuerda que los profesionales de los centros de control trabajan a turnos, con guardias nocturnas y una elevada responsabilidad. El sindicato advierte de que asumir las funciones de dos centros a la vez “aumenta peligrosamente” la presión y el estrés sobre unas plantillas en las que muchos trabajadores superan ya los 60 años.

En este contexto, insiste en la necesidad de aplicar el coeficiente reductor de la edad de jubilación que viene reclamando para este colectivo. De lo contrario, algunos profesionales podrían verse obligados a continuar realizando guardias nocturnas hasta edades próximas a los 70 años.

CSIF reclama a Salvamento Marítimo que garantice personal suficiente en todos los centros de control y que no recurra a la sobrecarga de los trabajadores para resolver problemas de plantilla, poniendo en riesgo tanto su salud como la seguridad del servicio público.

La Justicia condena a Correos por denegar a una trabajadora el permiso para cuidar de su marido tras una intervención quirúrgica

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 10 Jul 26 12:58:00 CEST

Lugo, 10 de julio de 2026.- El Juzgado de lo Social de Lugo ha estimado íntegramente la demanda presentada por CSIF en defensa de una trabajadora de Correos y ha condenado a la empresa por vulnerar su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral al denegarle el permiso retribuido para cuidar de su marido tras una intervención quirúrgica.

La sentencia reconoce el derecho de la trabajadora a disfrutar del permiso solicitado, a recuperar los días de asuntos propios que tuvo que consumir por la negativa de la empresa, a percibir el incentivo económico de la campaña de Navidad del que fue injustamente privada y a ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024. Tras la intervención quirúrgica de su marido y pese a que el alta hospitalaria se produjo con indicación expresa de reposo domiciliario y necesidad de cuidados diarios, Correos denegó a la trabajadora el permiso solicitado al considerar que ya no concurrían los requisitos para su concesión. Ante esta negativa, la empleada se vio obligada a utilizar cuatro días de asuntos propios para poder atender a su familiar.

En su resolución, la magistrada concluye que la decisión empresarial fue contraria a derecho y recuerda la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre estos permisos de conciliación. La sentencia señala que el derecho no desaparece con el alta hospitalaria cuando el paciente continúa necesitando reposo y cuidados en el domicilio, circunstancia acreditada mediante informe médico en este caso.

Como consecuencia de ello, el fallo condena a Correos a reconocer el permiso retribuido solicitado, permitir a la trabajadora recuperar los días de asuntos propios que tuvo que emplear por la denegación injustificada, abonarle el incentivo de la campaña de Navidad, del que fue penalizada por esa ausencia, y pagar una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de su derecho a la conciliación.

Desde CSIF se valora esta resolución como un respaldo claro a los derechos de conciliación de las personas trabajadoras y se recuerda que las empresas deben aplicar la normativa y la jurisprudencia vigente sin imponer interpretaciones restrictivas que obliguen a los empleados a acudir a los tribunales para hacer valer derechos ya reconocidos por la legislación y por el Tribunal Supremo.

Para la organización sindical, esta sentencia constituye un importante precedente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y reafirma que la necesidad de cuidados familiares no finaliza automáticamente con el alta hospitalaria cuando persiste una situación médica que exige atención domiciliaria.

La Justicia avala a CSIF y condena a la Fundación Rof Codina por un nuevo caso de fraude de ley en la contratación de falsos becarios

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 04 Dec 25 10:01:00 CET

Lugo, 3 de diciembre de 2025.- El sindicato CSIF ha obtenido una sentencia favorable en un caso de fraude de falsos becarios, después de que el Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo confirmara que la Fundación Rof Codina utilizó una beca para encubrir una relación laboral. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la trabajadora representada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la fundación a abonar 14.316,32 euros en diferencias salariales, además de aplicar un 10% de intereses moratorios, tras quedar acreditado que la afectada desempeñaba funciones propias de una veterinaria generalista con autonomía profesional.

El fallo responde a una reclamación por las diferencias entre el salario percibido y el que correspondía según convenio entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Durante ese periodo, la trabajadora recibió 500 euros mensuales bajo la consideración de becaria, pese a desarrollar tareas propias de personal veterinario cualificado. El juzgado parte de una sentencia firme anterior que ya había declarado que los becarios del centro eran trabajadores contratados en fraude de ley, por lo que este nuevo procedimiento se centraba en determinar la categoría profesional aplicable.

La controversia giró en torno a la definición de dicha categoría. CSIF sostuvo que la trabajadora actuaba como Personal Veterinario Generalista, mientras que la fundación defendió que su puesto debía corresponder a un perfil de auxiliar clínico o, de manera alternativa, a una categoría de veterinaria supervisada. La jueza dio por acreditado, mediante las pruebas documentales y testificales, que la demandante realizaba funciones con plena capacidad profesional y sin supervisión constante.

Entre los elementos considerados figuran la declaración de un testigo que confirmó su autonomía en la práctica clínica y el informe de la Inspección de Trabajo, que recogía testimonios de otros trabajadores en la misma situación. Según esos testimonios, los falsos becarios “expiden recetas y atienden pacientes sin presencia de tutor o responsable alguno”, desempeñando tareas equivalentes a las del personal contratado. Además, la definición incluida en el artículo 17 del convenio colectivo coincide con las funciones desarrolladas por la trabajadora.

Con la categoría profesional establecida, el juzgado procedió al cálculo de las diferencias salariales que dieron lugar a la condena económica, a las que se añade el interés de mora del 10% previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

CSIF ha valorado esta resolución como una “victoria determinante en la defensa de los derechos laborales y contra el abuso recurrente de la figura del becario”. El sindicato destaca que esta sentencia se suma a otras actuaciones iniciadas para destapar la precariedad laboral en el sector sanitario y universitario.

La sentencia no es firme. La Fundación Rof Codina puede presentar recurso de suplicación ante el TSXG.

La justicia anula la supresión de la carrera profesional a dos bomberos forestales de la Xunta

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 02 Jul 25 12:46:00 CEST

Lugo, 2 de julio de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo ha emitido dos fallos sucesivos que reconocen íntegramente las demandas de dos bomberos forestales –uno jefe de brigada y otro bombero forestal de base– representados por los servicios jurídicos de CSIF Lugo. Las resoluciones anulan la supresión de los Grados I y II de carrera profesional y del complemento de desempeño acordada por la Consellería de Facenda e Administración da Xunta de Galicia, y obligan al Gobierno gallego a reactivar los pagos, devolver los atrasos (1.867,02 € y 2.319,68 €, respectivamente) e incluir los intereses legales.

El juzgado concluye que no existe base legal para suprimir los complementos retributivos por no haber superado un proceso de funcionarización. La Orden de 28 de marzo de 2019 reconoce expresamente el derecho del personal laboral fijo a acceder a la carrera profesional y al complemento de desempeño sin imponer esta condición. Vincular dichos derechos a un cambio en la naturaleza del vínculo laboral carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española y la cláusula 4ª del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que consideran que las condiciones de trabajo, como la carrera profesional, deben aplicarse de forma homogénea cuando las funciones desempeñadas son equivalentes.

El fallo destaca también que la propia Xunta ha mantenido estos complementos para otros trabajadores laborales no funcionarizados, lo que refuerza la existencia de un trato desigual e injustificado. Con base en esa doctrina, se revocan las decisiones administrativas de noviembre de 2022 y se reconocen los derechos adquiridos de los demandantes desde el 1 de enero de 2019.

Para CSIF, estas sentencias confirman el carácter unitario y homogéneo que debe regir la carrera profesional del personal fijo, ya sea funcionario o laboral y sientan un precedente de gran relevancia para decenas de profesionales afectados por la misma decisión en Galicia.

El sindicato celebra que la justicia haya corregido una decisión administrativa que generaba un trato desigual entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Los servicios jurídicos de CSIF continuarán trabajando para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos adquiridos del personal público.

CSIF logra sentencia favorable para un trabajador por modificación injustificada de sus condiciones de trabajo

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 15 May 25 14:17:00 CEST

Lugo, 15 de mayo de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo ha estimado la demanda de un trabajador, representado por los Servicios Jurídicos de CSIF Lugo, declarando injustificada la modificación sustancial de sus condiciones laborales impuesta por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L., responsable de prestar servicios de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo).

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador su turno rotatorio anterior y a abonarle una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños morales. El tribunal considera que INTEGRA vulneró lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, al no acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que motivaran el cambio, ni cumplir con el procedimiento legalmente establecido.

El trabajador, con contrato indefinido desde enero de 2023 y antigüedad reconocida desde 2013, desempeñaba funciones de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo). Hasta diciembre de 2024, su jornada se organizaba en turnos alternos de mañana y tarde (4 días de trabajo seguidos de 2 de descanso). Sin embargo, en octubre de 2025 se le impuso un cambio a turno exclusivo de tarde, sin el preaviso legal ni justificación por escrito.

El fallo, contra el que no cabe recurso, refuerza la jurisprudencia previa en casos similares y supone un respaldo a la defensa de los derechos laborales ejercida por CSIF Lugo a todos los trabajadores, también del sector privado.

CSIF logra su segunda sentencia favorable contra la misma empresa de Chantada por impagos y falta de ocupación efectiva

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 24 Apr 25 12:42:00 CEST

Lugo, 24 de abril de 2025.- El Juzgado Social número 1 de Lugo ha dictado una nueva sentencia favorable a un trabajador representado por los servicios jurídicos de CSIF Lugo, declarando la extinción de la relación laboral debido a incumplimientos graves de las obligaciones del empresario.

Se trata de la segunda victoria judicial de CSIF contra la misma empresa de Chantada por incurrir de nuevo en un delito de impagos salariales continuados y falta de ocupación efectiva de uno de sus trabajadores.

La sentencia, emitida el 9 de abril de 2025, reconoce la falta de ocupación efectiva y los continuados impagos salariales como causales suficientes para extinguir el contrato de trabajo según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En total, el empresario adeudaba al trabajador 6.152,36 euros en salarios correspondientes a diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025. Además, se constató que desde noviembre de 2024 el empleado carecía de ocupación efectiva, confirmado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En términos de indemnización, el tribunal ha fijado un monto de 5.423,37 euros, calculado conforme a los criterios del despido improcedente. Asimismo, la parte demandada fue condenada a abonar las costas procesales, incluyendo honorarios de la letrada de la parte actora, debido a su incomparecencia injustificada.

Esta resolución refuerza el compromiso de CSIF Lugo con la defensa de los derechos laborales y la protección de sus afiliados frente a incumplimientos empresariales. El sindicato celebra este avance hacia la justicia laboral y anima a los trabajadores afectados por situaciones similares a acudir a sus servicios jurídicos especializados.

Condenado un empresario de Lugo por impagos y retrasos salariales prolongados a un trabajador

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 03 Mar 25 13:12:00 CET

Lugo, 3 de marzo de 2025.- El Juzgado de lo Social n.º 4 de Lugo ha dictado sentencia a favor de un trabajador afiliado a CSIF y reconoce su derecho a la extinción del contrato laboral con indemnización equivalente a un despido improcedente debido a impagos y retrasos reiterados por parte de la empresa en el abono del salario pactado y por no darle ocupación efectiva.

El fallo considera probado que la empresa incurrió en incumplimientos graves y continuados en el pago de los salarios del trabajador, quien se encontraba contratado desde febrero de 2023. La resolución judicial aplica el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar la rescisión del contrato con derecho a indemnización en casos de impago o retrasos salariales prolongados. Además, la sentencia obliga a la empresa a abonar los salarios adeudados.

Según la sentencia, la empresa adeudaba varios meses de salario y había realizado pagos irregulares sin especificar las mensualidades correspondientes. La demanda fue presentada tras la incomparecencia de la empresa en el acto de conciliación ante el SMAC, lo que reforzó la posición del trabajador en el litigio.

Desde la Central Sindical, que llevó el caso a través de los servicios jurídicos de CSIF valoran positivamente la resolución y consideran que es una demostración más de su compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores, también del ámbito privado, donde la presencia de CSIF es cada vez mayor.

Correos condenada por discriminar por razón de sexo y de maternidad a una trabajadora

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 05 Dec 24 12:34:00 CET

Lugo, 4 de diciembre de 2024.- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tendrá que reconocer el derecho al incremento salarial del 3,5 por ciento a una trabajadora pública a la que se le denegó durante su permiso tras haber sido madre, lo que constituye, según sentencia dictada por el Juzgado Nº1 de lo social de Lugo, un caso de “discriminación por razón de sexo y maternidad”.

La resolución, obtenida gracias a la labor de los servicios jurídicos de CSIF Lugo, establece que dicha trabajadora tiene derecho a un incremento en la base de cotización y en la prestación de maternidad percibida entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2022, en función del aumento salarial retroactivo aprobado para todos los empleados públicos mediante el Real Decreto-Ley 18/2022.

La trabajadora, empleada en un puesto de atención al cliente en la oficina de Monterroso con jornada parcial, había disfrutado de su permiso de maternidad entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Durante este periodo, no se ajustó su base de cotización a dicho aumento. No obstante, la empresa sí actualizó su salario tras reincorporarse al trabajo.

El tribunal consideró en su fallo, que no es recurrible, que esta actuación vulneraba los principios de igualdad de trato y no discriminación recogidos en la Constitución Española, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y la Directiva Europea 92/85/CEE. Además, resalta que cualquier aumento salarial aprobado durante el periodo de descanso por maternidad debe reflejarse en la base reguladora de la prestación, garantizando una remuneración equivalente a la que habría recibido la trabajadora de no encontrarse en esta situación.

La sentencia condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a regularizar la base de cotización de la actora y abonar las cantidades correspondientes al incremento de la prestación de maternidad.

CSIF valora el sentido de esta sentencia porque reafirma la protección jurídica frente a la discriminación por razón de sexo, así como el compromiso de este sindicato con la defensa de los derechos de las trabajadoras a disfrutar de condiciones laborales igualitarias durante su permiso de maternidad.

El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 Nov 24 13:00:00 CET

Lugo, 19 de noviembre de 2024.- Los servicios jurídicos de CSIF Lugo han conseguido la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la convocatoria de empleo público para el ejercicio 2024 del cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias por incumplir los acuerdos de promoción interna, al convocar 73 plazas mediante procedimiento de acceso por turno libre y 45 plazas por el procedimiento de promoción interna, cuando debían ofrecerse al menos 71 por este procedimiento.

CSIF ha reclamado de manera reiterada anta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIP) el cumplimiento de los acuerdos de promoción interna. Ante su inoperancia, los servicios jurídicos de CSIF Lugo presentaron una demanada ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrtivo estima la medida cautelar solicitada por el funcionario del cuerpo de ayudantes de Insituciones Penitenciaria sque interpuso el recurso contra el REal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprobaron las plazas de nuevo ingreso y de promoción interna de este cuerpo.

En el recurso se alegó que la distribución de las plazas entre los diferentes turnos de acceso infringe el artículo 5 de la ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios y de creación del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que dispone que el 60% de las vacantes que se convoquen se reservarán para su provisión en turno restringido a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes que posean la correspondiente titulación, es decir, por promoción interna.

Se argumenta además, que si se ofertaban 118 plazas vacantes, según la citada ley, el 60% deberían corresponder al turno de promoción interna, es decir, al menos 71 y no 45 como se ofertaban en la convocatoria.

La Sala considera que en este caso concurren los presupuestos de apariencia de buen derecho y de preservación del interés legítimo del recurso y de los intereses en juego que fija la ley para la adopción de la medida cautelar.

Afirma que “el entendimiento directo del artículo 5 de la Ley 36/1977 no parece que pueda ser el que nos plantea la Administración del Estado pues, sin esfuerzo interpretativo alguno y a primera lectura, puede afirmarse que el precepto es suficientemente preciso. Lo que dice es que deben reservarse al turno de promoción interna el sesenta por ciento de las vacantes que se convoquen para el ingreso en los Cuerpos Especiales de Instituciones Penitenciarias, es decir, no de las que se convoquen por el turno libre”.

La Administración aún tiene la posibilidad de corregir de oficia la ratio elevando el número de plazas de la promoción interna a 110 plazas, cumpliendo así el Real Decreto. De no hacerlo los servicios jurídicos de CSIF irán hasta el final en su demanda y exigirán las responsabilidades debidas.

Noticia Europa Press: 'El TS suspende la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias por turno libre y promoción interna de 2024'.
Noticia Poderjudicial.es: 'El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias'.

El TSXG da la razón a CSIF y condena a la Xunta por no respetar el mismo número de plazas de SPIF ofertadas en la OPE de estabilización y en la convocatoria de la Ley 20/21

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 20 Sep 24 09:47:00 CEST

Santiago, 19 de septiembre de 2024- Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a CSIF y declara la nulidad de pleno derecho de determinadas convocatorias de la Ley 20/21 por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas en la OPE extraordinaria de estabilización.

Durante el periodo de negociaciones de las referidas convocatorias durante el año 2022, CSIF instó en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Función Pública a que incluyera la totalidad de las plazas que cumplían con los requisitos determinados en la ley, y “exigimos reiteradamente que, en todo caso, respetara de forma rigurosa el número de plazas que figuraban en la Oferta de Empleo extraordinaria de Estabilización derivada de la ley 20/21, con advertencia de las graves consecuencias que podría tener su incumplimiento”.

Desde CSIF recuerdan que de nada habían valido alegaciones ni advertencias y la Xunta redujo significativamente en más de 400 el número de plazas del SPIF convocadas respecto a las ofertadas. Por ello, en el año 2023, CSIF presentó recurso contencioso administrativo contra varias de las resoluciones de convocatoria de la oferta pública extraordinaria del año 2022, por reducir drásticamente el número de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) respecto a las que figuran como ofertadas en la OPE del año 2022, con el objetivo último de incrementar el número de plazas convocadas, como mínimo, en número igual al que figura en dicha OPE extraordinaria.

El recurso presentado pedía la nulidad y/o subsidiariamente anulabilidad de las convocatorias en el particular de las plazas convocadas, manteniendo inalterado el demás contenido de las resoluciones impugnadas. En un primer momento, en sentencia del 19 de julio de 2024, el TSXG estima parcialmente nuestro recurso y declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de convocatoria de concurso y concurso-oposición del C2 y para el ingreso en categorías de personal laboral del grupo IV, así como la Resolución del 6 de febrero de 2023 por la que se modifican las convocatorias de los procesos selectivos extraordinarios mediante el sistema de concurso-oposición.

Analizado el fallo por los servicios jurídicos de CSIF, y entendiendo que se extralimitaba de lo solicitado al anular la totalidad de dichas convocatorias, se interpuso ante el mismo tribunal solicitud de aclaración y/o subsanación de la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas únicamente en lo referente a las plazas de los grupos y/o categorías del SPIF señaladas, dejando el demás contenido de la convocatoria inalterado en aras a la seguridad jurídica y principio de conservación de los actos administrativos que no se ven afectados por la tramitación del procedimiento. Finalmente, con fecha de 2 de septiembre de 2024, el TSXG emite auto de aclaración de sentencia en el que se aclara en sus Fundamentos de Derecho:

No obstante, para que no exista confusión, en la línea que se interesa por la demandante, en coherencia con el objeto impugnado según concreción en demanda por la actora, y acorde con el principio de congruencia procesal, se aclara que la nulidad de las resoluciones recurridas que se declara en el fallo se refiere no a éstas en su integridad, sino única y exclusivamente en lo relativo a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante (- En el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales : Especialidad bombero/a forestal -conductor/a motobomba (incluye plazas de la categoría 33 del grupo IV de personal laboral); especialidad bombero/a forestal (incluye plazas de las categorías 14 y 14ª del grupo V de personal laboral); – Personal laboral del grupo III : categoría 100, bombero/a forestal jefe/a de brigada). Y sin que se afecte con el fallo por tanto al resto de plazas convocadas, de forma que respecto a ellas se deja inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Por tanto, en atención a lo expuesto, el auto de aclaración del TSXG declara en su parte dispositiva:

Se aclara la sentencia nº 600/2024 , de 19 de julio de 2024, dictada en los presentes autos de PO 191/23, de esta Sala y Sección, debiendo añadirse en el fallo de la misma, a instancia de la parte demandante, que se declara la nulidad de pleno derecho de las concretas resoluciones de convocatoria impugnadas, por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, en relación única y exclusivamente a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante, y manteniendo en cuanto al resto de las plazas convocadas inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Desde CSIF valoramos muy positivamente el fallo del tribunal, en el sentido que confirma nuestro posicionamiento de que hay que respetar, y no se puede reducir, el número de plazas ofertadas. Y además, que no se puede en un momento posterior reducir el número de plazas convocadas. Esta sentencia debe servir para garantizar que se convoquen todas las plazas que cumplan con los requisitos determinados en la ley 20/21, sin que la administración pueda impunemente incumplir la ley, tal y como ha sucedido en estos procesos.