Galicia

CSIF Justicia logra la recuperación de las plazas de Instrucción número 8 de A Coruña y Vigo entre las 19 nuevas unidades judiciales para Galicia

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 09 Jul 26 14:15:00 CEST

Santiago, 9 de julio de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra la creación de 19 nuevas unidades judiciales para Galicia aprobada por el Consejo de Ministros y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre ellas se encuentra la recuperación de las plazas número 8 de las Secciones de Instrucción de A Coruña y Vigo, una reivindicación que el sindicato ha defendido durante los últimos meses ante la sobrecarga de trabajo existente en ambos partidos judiciales.

La creación de estas plazas forma parte del Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, por el que se aprueba la programación de 500 nuevas unidades judiciales para toda España.

CSIF considera que esta decisión es fruto del trabajo desarrollado por el sindicato con el respaldo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Xunta de Galicia, los alcaldes de A Coruña y Vigo y los magistrados de las Secciones de Instrucción de ambas ciudades, además de las gestiones realizadas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.

"Agradecemos que se reconozca por fin el trabajo realizado por este sindicato y los distintos agentes implicados. Es un primer paso para restaurar la situación de las Secciones de Instrucción de A Coruña y Vigo", afirma Áurea Fernández, presidenta de CSIF Justicia en Galicia.

Diecinueve nuevas plazas para Galicia

Además de la recuperación de las plazas de Instrucción número 8 de A Coruña y Vigo, el real decreto crea nuevas plazas en las Audiencias Provinciales de A Coruña y Pontevedra; en las Secciones Civiles de A Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela y Ourense; en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad de Santiago; en las nuevas Secciones de Violencia sobre la Mujer de Lugo y Pontevedra, y dos plazas de juez o jueza de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Plazos

El sindicato recuerda que la mayoría de las nuevas unidades judiciales previstas para Galicia comenzarán a funcionar el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el real decreto retrasa hasta el 1 de junio de 2027 la entrada en funcionamiento de las plazas de Instrucción número 8 de A Coruña y Vigo.

Por este motivo, CSIF iniciará nuevas gestiones ante el Ministerio de Justicia y el CGPJ para que ambas plazas puedan incorporarse ya a finales de este año, al mismo tiempo que el resto de las unidades creadas para Galicia.

Refuerzo de las plantillas

El sindicato subraya que la ampliación de la planta judicial debe ir acompañada del correspondiente incremento de personal funcionario.

En este sentido, reclamará a la Dirección Xeral de Xustiza la creación de las plazas necesarias de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, responsables del funcionamiento diario de juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y servicios comunes.

"No puede crearse una plaza de magistrado sin dotarla también del personal que haga posible su funcionamiento", insiste CSIF.

El sindicato continuará realizando un seguimiento del desarrollo de este real decreto y mantendrá su interlocución con las distintas administraciones para que la ampliación de la planta judicial en Galicia vaya acompañada de los recursos humanos y materiales necesarios y permita ofrecer un servicio público de Justicia más ágil y eficaz.

Cursos en liña para docentes 2026/27: campaña 3x2 para persoas afiliadas

antonio.ventura.paz — Mon, 20 Jul 26 23:04:00 CEST

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CSIF exige un Pacto de Estado contra los incendios forestales: aumento de plantillas y de medios y más coordinación entre administraciones durante todo el año

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 23 Jul 26 12:38:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama un Pacto de Estado para mejorar la prevención y la lucha contra los incendios forestales, que cada verano son más agresivos y difíciles de controlar. La prueba es que en lo que llevamos de año ya se han quemado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2025, como ha explicado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

CSIF demanda una prevención más efectiva, con más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas. En este sentido, denunciamos una serie de carencias que se repiten verano tras verano, a pesar de los reiterados avisos con meses de anticipación para preparar los operativos.

Las principales carencias detectadas son la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), la precariedad con la que trabajan, medios insuficientes y una deficiente coordinación y planificación entre las diferentes administraciones. Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos.

CSIF propone las siguientes medidas para mejorar la lucha contra los incendios forestales:

Un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas. También es necesario que estas mantengan plantillas mínimas de bomberos forestales durante todo el año, así como de medios materiales, con criterios objetivos (superficie forestal, riesgo de incendio, etc).
Realizar tareas de prevención los 12 meses del año. Es necesario evitar los despidos al finalizar la campaña de verano, realizar cortafuegos y caminos más amplios para evitar que los incendios se propaguen, y aumentar los puntos de abastecimiento de agua. Es imprescindible eliminar vegetación alrededor de los núcleos de población.
Refuerzo de plantilla de bomberos forestales. Hay que reducir la temporalidad y estabilizar los puestos de trabajo y mejorar sus condiciones laborales.
Desarrollar en todas las comunidades autónomas la ley básica de Agentes Medioambientales.
Garantizar recursos suficientes, planificación y coordinación permanente entre las distintas administraciones.
Renovación de los Equipos de Protección Individual (EPI), mejora de los medios materiales y vehículos especializados, y adaptación de dispositivos a cada territorio. Actualmente el material es escaso o está obsoleto.
Regulación de las jornadas y tiempos de trabajo para garantizar la seguridad de los bomberos forestales. En algunos casos, las jornadas de trabajo pueden llegar hasta 16 horas consecutivas.

Agradecimiento a los profesionales y solidaridad con las víctimas

CSIF quiere destacar la valentía de todas y todos los profesionales y voluntarios que combaten actualmente los incendios forestales, y reiteramos nuestro más profundo pésame a las víctimas y sus familias por las pérdidas sufridas.
CSIF seguirá luchando por un sistema de prevención y extinción de incendios que esté a la altura de los retos actuales.

La Consellería de Vivenda acumula cinco investigaciones de Inspección de Trabajo tras denuncias de CSIF

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 01 Sep 26 13:16:00 CEST

Santiago, 1 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales que afectan al personal de campo de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) en las cuatro provincias gallegas.

CSIF advierte de que el personal continúa realizando los trabajos sin una evaluación de riesgos definitiva y sin disponer de todos los EPI necesarios.“Más de un año después del primer borrador, su evaluación de riesgos sigue sin finalizar y la Administración reconoció en julio que no tenía una fecha prevista para hacerlo”, lamentan desde el sindicato.

Con esta nueva actuación, la Consellería de Vivenda acumula ya cinco investigaciones abiertas a raíz de denuncias de CSIF: dos en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), una en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), otra por vulneración de los derechos de los delegados de prevención en el Comité de Seguridad y Salud de la Consellería y esta última en la AXI.

Para CSIF, la existencia de actuaciones inspectoras en distintos organismos de la misma Consellería demuestra que no se trata de incidencias aisladas, sino de deficiencias preventivas que se repiten y que la Administración debe corregir de forma inmediata

Las denuncias de CSIF ya han provocado actuaciones correctoras

En la APLU, tras más de diez años y después de varios requerimientos de la Inspección gracias a CSIF, la Agencia se ha visto obligada a corregir sus deficiencias, realizar evaluaciones y mejorar la dotación preventiva. Ahora, ante la negativa a reponer determinados EPI deteriorados, se ha abierto una nueva actuación inspectora.

“Resulta especialmente llamativo que un organismo cuya función es exigir a los administrados el cumplimiento de la legalidad urbanística acumule, al mismo tiempo, actuaciones inspectoras por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales durante varios años. La APLU no puede exigir el cumplimiento de la ley hacia fuera y relajar sus propias obligaciones legales hacia dentro”, explican desde CSIF.

Además, fruto de otra investigación abierta gracias al sindicato por vulneración de los derechos de los delegados sindicales, el pasado 27 de julio la Inspección recordó a la Consellería su obligación de facilitar la documentación preventiva y la información sobre accidentes laborales desde el momento en que se tenga conocimiento de ellos.

CSIF exige soluciones

La Central Sindical subraya que aunque los incumplimientos preventivos de las Administraciones Públicas no conlleven las mismas sanciones económicas que en una empresa privada, no hace menos graves dichos incumplimientos.

En este sentido, recuerda que durante la última comparecencia, la propia inspectora señaló que, “de tratarse de una empresa privada, las situaciones denunciadas en la Consellería de Vivenda habrían dado lugar a sanciones”.

“Que no haya multa no rebaja la gravedad. Evaluar los riesgos y proporcionar la protección necesaria son obligaciones de la Administración y derechos de los trabajadores”, concluye CSIF.

La plantilla de Correos se moviliza en las cuatro provincias gallegas contra la falta de personal y la precariedad

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 03 Sep 26 12:56:00 CEST

Santiago, 3 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este jueves ante las oficinas principales de Correos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra para denunciar la falta de personal, la precariedad laboral y el incumplimiento del Acuerdo Marco firmado por la empresa pública postal el 31 de diciembre de 2024.

Las protestas celebradas hoy en las cuatro provincias forman parte de las movilizaciones convocadas por CSIF en toda España para exigir que Correos cumpla los compromisos adquiridos en ese acuerdo: reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar jornadas parciales en jornadas completas y poner en marcha el plan de rejuvenecimiento, entre otras medidas.

Para CSIF, el refuerzo de personal no admite más demoras. Correos ha perdido más de 22.000 empleos en España en los últimos diez años, alrededor de un tercio de su plantilla, al pasar de unos 66.000 trabajadores a los 44.000 actuales. Una reducción que también tiene recorrido en Galicia. Según datos oficiales de evolución territorial de la plantilla, ya reflejaban entre 2011 y 2020 un descenso de 3.800 a 3.411 efectivos equivalentes a jornada completa, más del 10% menos.

La reducción no afectó por igual a las cuatro provincias. En los primeros años de ese periodo, Ourense llegó a registrar una pérdida del 20% de sus efectivos; Lugo, del 16%; Pontevedra, del 14%; y A Coruña, del 8%.

A la reducción de plantilla se suma la extensión de las jornadas parciales. En España, más de 4.000 trabajadores de Correos tienen actualmente contratos a tiempo parcial, con salarios que oscilan entre los 800 y los 900 euros. La precariedad se concentra especialmente en las oficinas, donde se encuentra el 70% de estos contratos.

Más de una cada tres plazas ofertadas en Galicia fueron parciales

La última gran convocatoria de empleo permite comprobar el peso que ha adquirido esta modalidad también en Galicia. De las 431 plazas ofertadas en las cuatro provincias gallegas en 2023, 142 eran a tiempo parcial, Es decir, el 33% de las plazas gallegas eran parciales, por encima del porcentaje de la convocatoria en el conjunto de España.

Casi tres años después de aquella convocatoria, CSIF denuncia que la mayoría de los más de 2.000 trabajadores que accedieron a Correos a tiempo parcial en toda España continúan en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

Para el sindicato existe además una contradicción evidente: mientras se mantienen jornadas parciales, a esos mismos trabajadores se les pide realizar horas complementarias. CSIF considera que esta necesidad de ampliar horas demuestra que existe carga de trabajo suficiente para avanzar en la conversión de las jornadas parciales en completas, tal y como recoge el Acuerdo Marco.

Correos cuenta con recursos suficientes

CSIF recuerda que la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) contempla 250 millones de euros por el SPU y 806 millones en concepto de SIEG hasta 2030, por lo que considera que Correos dispone ya de recursos económicos para abordar los compromisos asumidos.

Entre las medidas pendientes se encuentra también el plan de rejuvenecimiento. Más de 9.500 empleados laborales en toda España llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias anunciadas por la empresa, mientras la edad media de la plantilla supera los 52 años.

El plan establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 podrán optar a la salida voluntaria. Sin embargo, todavía no se ha producido ninguna. CSIF reclama además el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Las concentraciones celebradas hoy en Galicia tendrán continuidad el 17 de septiembre con nuevas movilizaciones en toda España y el calendario culminará el 30 de septiembre con una concentración en Madrid.

CSIF exige a Correos que cumpla lo firmado y traduzca los recursos disponibles en refuerzo de las plantillas, reducción de la parcialidad y recuperación de empleo de calidad, tanto para mejorar las condiciones de sus trabajadores como para garantizar el servicio público postal que recibe la ciudadanía.

CSIF se moviliza en todas las administraciones públicas ante el malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 04 Sep 26 10:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, abre el curso sindical en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que afecta a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos. Por ello, a lo largo del mes de septiembre se intensificarán las movilizaciones y la acción sindical en todos los ámbitos dado que el malestar laboral y la sensación de abandono es generalizado.

Así lo afirmaron hoy el presidente de CSIF, Miguel Borra; y el secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, en un desayuno de prensa en la sede del sindicato para explicar las principales líneas de actuación y reivindicaciones desde este mes de septiembre.

CSIF denuncia un déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de plantillas, lo que se traduce en un aumento de la carga de trabajo, el malestar laboral y el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos. El sistema está tensionado y cuando sucede una crisis se resienten el conjunto de las administraciones.

Ya sucedió con el covid, con el proceso de regularización de personas extranjeras, la ley de nietos, los incendios forestales (han puesto en evidencia la falta total de planificación en medios y plantillas y como ocurrió el año pasado, en cuanto acabe la campaña se anunciarán despidos) o la crisis que estamos viviendo en Ceuta.

El presidente de CSIF visitará esta ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleadas y empleados públicos de todos los sectores y conocer de primera mano sus necesidades a raíz de la situación que se está viviendo desde finales de julio. Además, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), nuestra organización reclamará a Bruselas que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y coopere con España con medios para resolver esta situación.

DEVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PREVIA A LOS RECORTES DE 2010

Por otra parte, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en breve sobre nuestro recurso -presentado en 2024- contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010. La iniciativa de CSIF pretendía derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron. Actualmente el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial.

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una ILP para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

Esta misma semana, CSIF se ha dirigido formalmente al Constitucional para que resuelva el recurso presentado. Además, el Ministerio Fiscal ha emitido un informe favorable y critica el criterio restrictivo de la Mesa del Congreso a la hora de decidir sobre las ILP. Nuestro recurso afecta por tanto a todas las futuras ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.

RESUMEN DE SITUACIÓN POR ÁMBITOS

De entrada, CSIF se va a dirigir a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco (noviembre 2025) para:

- CSIF velará por la ejecución de la subida salarial de 2027 (4,5%), ante el incremento de los precios, el escenario de ausencia de presupuestos y un posible adelanto electoral, así como el 0,5 variable con efectos retroactivos a uno de enero de 2026 vinculado a la inflación.

- Refuerzo del mutualismo administrativo.

- Actualización de la indemnización por residencia y por razón de servicio.

- Clases Pasivas. Corregir las desigualdades con la Seguridad Social

- Planificación, agilización y mejora de los procesos selectivos (tardan hasta 3 años desde que se aprueba la oferta de empleo público.

- Mejora de la promoción interna.

- Adecuación de la clasificación profesional.

- ⁠Actualización de las retribuciones del PLEX.

- ⁠Equiparación de permisos del conjunto de empleados públicos.

- ⁠Revisión y actualización de los programas de acción social.

- ⁠Acceso en igualdad de condiciones a la tutela judicial efectiva.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Reivindicaciones: Equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada, actualizar retribuciones del personal en el exterior.

Conflictos: Problemas para adaptar las 35 horas por departamentos, parálisis en la negociación del convenio único, movilizaciones en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM), Agencia del Medicamento, Transición Económica, AEMET y Política Territorial.

Instituciones Penitenciarias: Adaptar las 35 horas.

EDUCACIÓN

Calendario de movilizaciones (sin descartar huelga) al inicio del curso 2026-2027. Primera concentración: 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio.

Interinidad del 30 %, falta de recursos para atención a la diversidad y retraso en la bajada de ratios (esta medida no se aplicará hasta 2027-2028).

SANIDAD

Verano crítico: cierre de camas y quirófanos, plantas clausuradas, listas de espera disparadas y Atención Primaria colapsada. Reclamamos refuerzo estructural, especialmente en Primaria, mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.

Estatuto Marco. El Consejo de Ministros lo ha remitido al Congreso, pero hay muchas dudas sobre su tramitación y aplicación efectiva por la situación de minoría parlamentaria del Gobierno.

JUSTICIA.

Balance nefasto tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia: Falta de medios materiales y tecnológicos, sistemas informáticos deficientes, colapso organizativo y sobrecarga laboral, déficit de personal (listas de interinos agotadas, no se cubren vacantes, ejecución lenta de procesos selectivos), falta de formación, retrasos endémicos….

CORREOS

Incumplimiento del acuerdo de 2024 (refuerzo de plantilla, 35 horas, conversión de parciales a completas y plan de rejuvenecimiento).
Movilizaciones: 3 y 17 de septiembre y una gran concentración en Madrid el 30 de septiembre.

CSIF exige reformas urgentes ante el retroceso de Galicia en las tres competencias de PISA

rebeca.romero.rodriguez — Tue, 08 Sep 26 13:12:00 CEST

Santiago / Madrid, 8 de septiembre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta del importante retroceso que reflejan para Galicia los resultados del Informe PISA 2025, publicados coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027. En apenas tres años, el alumnado gallego ha perdido 31 puntos en competencia lectora y 20 puntos tanto en Matemáticas como en Ciencias.

Pese al retroceso, Galicia continúa por encima de la media española en las tres competencias. Pero para CSIF, esta posición relativa respecto a otras comunidades no puede ocultar la evolución de los resultados. La pérdida registrada desde 2022 en las tres áreas evaluadas evidencia la necesidad de abordar los problemas del sistema educativo y adoptar medidas que permitan revertir esta tendencia.

CSIF reclama reformas urgentes en la educación pública

CSIF considera que los resultados de PISA refuerzan la necesidad de acometer reformas estructurales y estables en la educación pública, acompañadas de financiación suficiente y de mejoras en las condiciones en las que trabajan los profesionales y aprende el alumnado.

El sindicato plantea cuatro grandes ejes para avanzar en esa dirección: garantizar una inversión de al menos 7.000 euros anuales por estudiante, avanzar en la homogeneización de contenidos en el conjunto del Estado, reducir la temporalidad docente hasta el 8 % y aprobar un Estatuto Docente, además de combatir las diferencias territoriales existentes en el sistema educativo.

CSIF reclama que estas medidas formen parte de un gran Pacto de Estado por la Educación que permita afrontar los problemas de manera estable, al margen de los cambios políticos, y adaptar el sistema educativo público a las necesidades actuales.

Un inicio de curso marcado por la conflictividad laboral

La publicación de PISA coincide con el comienzo del curso escolar 2026-2027, que arranca en un contexto de elevada conflictividad laboral en diferentes comunidades autónomas y sin avances suficientes, a juicio de CSIF, en algunas de las principales reivindicaciones del profesorado.

Entre ellas se encuentran el desarrollo del Estatuto Docente, las mejoras retributivas o la disminución de la temporalidad.

Movilizaciones a partir del 15 de septiembre

Ante esta situación, CSIF ha convocado un calendario de movilizaciones en toda España, sin descartar la convocatoria de huelga, en defensa de la educación pública y de unas condiciones laborales dignas para el profesorado.

La primera movilización tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, con una concentración frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid.

CSIF iniciará además una ronda de contactos con el Ministerio y con las diferentes fuerzas políticas para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado por la Educación y medidas que permitan mejorar tanto los resultados del sistema educativo como las condiciones de sus profesionales.

CSIF Lugo acusa al Concello de Quiroga de aprobar decisiones en materia de personal sin la negociación sindical exigida por Ley

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 09 Sep 26 14:33:00 CEST

Lugo, 9 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un escrito ante el Concello de Quiroga en el que denuncia el incumplimiento reiterado de las obligaciones legales en materia de negociación colectiva y solicita que se convoque la Mesa General de Negociación antes de adoptar decisiones que afecten a las condiciones de trabajo del personal municipal.

El sindicato señala que el Concello viene aprobando los Presupuestos Municipales, incluido el Capítulo I de Gastos de Personal y la Plantilla de Personal, sin convocar previamente la Mesa General para abordar las materias que deben ser objeto de negociación con las organizaciones sindicales legitimadas. CSIF denuncia también que la Oferta de Empleo Público se aprueba y publica sin haber sido negociada previamente en este órgano.

Para CSIF Lugo, no se trata de una situación puntual, sino de una práctica que se viene repitiendo y que impide a la representación sindical participar de forma efectiva en decisiones que afectan directamente al personal del Ayuntamiento.

En su escrito, el sindicato recuerda que el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece la negociación de materias como la planificación y ordenación de los recursos humanos, los criterios generales en materia de retribuciones, las retribuciones complementarias, las ofertas de empleo público o la planificación de plantillas.

CSIF sostiene que la obligación legal de negociar no se limita a informar a los representantes de los trabajadores de decisiones ya adoptadas, sino que exige convocar la Mesa General y abrir un proceso de negociación antes de su aprobación.

Por este motivo, el sindicato reclama al Concello de Quiroga que convoque la Mesa General de Negociación con carácter previo a la aprobación de los presupuestos en las materias que legalmente deban negociarse, la Plantilla de Personal, la Relación de Puestos de Trabajo, la Oferta de Empleo Público y el resto de asuntos incluidos en el artículo 37 del TREBEP.

Asimismo, solicita que la documentación necesaria se facilite con suficiente antelación para permitir que las organizaciones sindicales puedan analizarla adecuadamente

El sindicato ha solicitado además una respuesta expresa al escrito presentado y advierte de que, si esta situación continúa, estudiará las acciones administrativas y judiciales que resulten procedentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones de negociación colectiva.

Para CSIF Lugo, el concello debe abandonar esta dinámica y garantizar, a partir de ahora, que las decisiones que afecten a las condiciones laborales del personal municipal se sometan a la negociación previa que corresponde.

CSIF presenta un protocolo de prevención de suicidio en la Policía Local y lo trasladará a los Ayuntamientos de toda España

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 10 Sep 26 13:43:00 CEST

Santiago / Madrid, 10 de septiembre de 2026.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elaborado un borrador de protocolo específico para la prevención de problemas de salud mental y conductas suicidas en las policías locales, que está trasladando a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las administraciones locales. La propuesta contempla, entre otras medidas, atención psicológica externa, especializada y confidencial para los agentes.

La iniciativa cobra especial relevancia en Galicia tras el reciente fallecimiento de un agente de la Policía Local de Cee, encontrado sin vida en agosto en las dependencias policiales. CSIF reclama que cualquier posible relación con el trabajo sea investigada y que se acompañe adecuadamente a la plantilla.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora hoy jueves 10 de septiembre, CSIF alerta además de la elevada incidencia del suicidio en nuestra comunidad y reclama a las administraciones medidas efectivas para reforzar la prevención y la protección de la salud mental, también en el ámbito laboral.

Galicia mantiene una tasa muy superior a la media española

Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), 295 personas murieron por suicidio en Galicia en 2025, 223 hombres y 72 mujeres. La comunidad registró una tasa de casi 11 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los casi 8 por 100.000 del conjunto de España.

Con estas cifras, Galicia se mantiene entre las comunidades con mayor incidencia de suicidio, junto a Asturias y Canarias, siguiendo la tendencia registrada en años anteriores. En el conjunto del país se contabilizaron 3.808 muertes por suicidio en 2025, 2.784 de hombres y 1.024 de mujeres.

Para CSIF, estos datos obligan a reforzar las políticas de prevención y a prestar especial atención a los factores que pueden deteriorar la salud mental en el entorno laboral. El sindicato recuerda que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal y que no puede atribuirse de forma automática a una única circunstancia, pero advierte de que las condiciones de trabajo pueden generar o agravar situaciones de sufrimiento y deben ser abordadas desde la prevención de riesgos laborales.

Entre los factores que pueden afectar a la salud mental se encuentran las cargas excesivas de trabajo, la falta de personal, los turnos prolongados, la precariedad, los problemas de conciliación, el acoso, la violencia, el estrés crónico o la exposición continuada a situaciones traumáticas.

CSIF considera especialmente necesario reforzar la prevención en colectivos sometidos a una elevada presión emocional, como el personal sanitario y sociosanitario, docente, de emergencias, servicios sociales, instituciones penitenciarias y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Más prevención y recursos

Entre las medidas que CSIF reclama al Gobierno y a las administraciones se encuentran mejorar las estadísticas sobre suicidio incorporando información sobre profesión y situación laboral; realizar evaluaciones eficaces de los riesgos psicosociales; reforzar las plantillas y garantizar cargas de trabajo sostenibles; mejorar la conciliación y la desconexión digital; y aumentar los recursos de atención psicológica y detección temprana.

El sindicato pide también que, cuando existan indicios de una posible relación entre un fallecimiento y las condiciones laborales, se lleve a cabo una investigación rigurosa que permita determinar las circunstancias del caso y, cuando corresponda, su posible consideración como accidente de trabajo.

CSIF ha solicitado asimismo al Ministerio de Sanidad su incorporación al Observatorio de Prevención del Suicidio, con el objetivo de que la representación de las personas trabajadoras participe en el diseño, seguimiento y evaluación de las medidas relacionadas con los factores laborales.

Para el sindicato, la prevención no puede limitarse a campañas de sensibilización, sino que debe traducirse en recursos suficientes, medidas concretas y mejoras de las condiciones laborales.

La Justicia condena a Correos por denegar a una trabajadora el permiso para cuidar de su marido tras una intervención quirúrgica

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 10 Jul 26 12:58:00 CEST

Lugo, 10 de julio de 2026.- El Juzgado de lo Social de Lugo ha estimado íntegramente la demanda presentada por CSIF en defensa de una trabajadora de Correos y ha condenado a la empresa por vulnerar su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral al denegarle el permiso retribuido para cuidar de su marido tras una intervención quirúrgica.

La sentencia reconoce el derecho de la trabajadora a disfrutar del permiso solicitado, a recuperar los días de asuntos propios que tuvo que consumir por la negativa de la empresa, a percibir el incentivo económico de la campaña de Navidad del que fue injustamente privada y a ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024. Tras la intervención quirúrgica de su marido y pese a que el alta hospitalaria se produjo con indicación expresa de reposo domiciliario y necesidad de cuidados diarios, Correos denegó a la trabajadora el permiso solicitado al considerar que ya no concurrían los requisitos para su concesión. Ante esta negativa, la empleada se vio obligada a utilizar cuatro días de asuntos propios para poder atender a su familiar.

En su resolución, la magistrada concluye que la decisión empresarial fue contraria a derecho y recuerda la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre estos permisos de conciliación. La sentencia señala que el derecho no desaparece con el alta hospitalaria cuando el paciente continúa necesitando reposo y cuidados en el domicilio, circunstancia acreditada mediante informe médico en este caso.

Como consecuencia de ello, el fallo condena a Correos a reconocer el permiso retribuido solicitado, permitir a la trabajadora recuperar los días de asuntos propios que tuvo que emplear por la denegación injustificada, abonarle el incentivo de la campaña de Navidad, del que fue penalizada por esa ausencia, y pagar una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de su derecho a la conciliación.

Desde CSIF se valora esta resolución como un respaldo claro a los derechos de conciliación de las personas trabajadoras y se recuerda que las empresas deben aplicar la normativa y la jurisprudencia vigente sin imponer interpretaciones restrictivas que obliguen a los empleados a acudir a los tribunales para hacer valer derechos ya reconocidos por la legislación y por el Tribunal Supremo.

Para la organización sindical, esta sentencia constituye un importante precedente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y reafirma que la necesidad de cuidados familiares no finaliza automáticamente con el alta hospitalaria cuando persiste una situación médica que exige atención domiciliaria.

La Justicia avala a CSIF y condena a la Fundación Rof Codina por un nuevo caso de fraude de ley en la contratación de falsos becarios

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 04 Dec 25 10:01:00 CET

Lugo, 3 de diciembre de 2025.- El sindicato CSIF ha obtenido una sentencia favorable en un caso de fraude de falsos becarios, después de que el Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo confirmara que la Fundación Rof Codina utilizó una beca para encubrir una relación laboral. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la trabajadora representada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la fundación a abonar 14.316,32 euros en diferencias salariales, además de aplicar un 10% de intereses moratorios, tras quedar acreditado que la afectada desempeñaba funciones propias de una veterinaria generalista con autonomía profesional.

El fallo responde a una reclamación por las diferencias entre el salario percibido y el que correspondía según convenio entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Durante ese periodo, la trabajadora recibió 500 euros mensuales bajo la consideración de becaria, pese a desarrollar tareas propias de personal veterinario cualificado. El juzgado parte de una sentencia firme anterior que ya había declarado que los becarios del centro eran trabajadores contratados en fraude de ley, por lo que este nuevo procedimiento se centraba en determinar la categoría profesional aplicable.

La controversia giró en torno a la definición de dicha categoría. CSIF sostuvo que la trabajadora actuaba como Personal Veterinario Generalista, mientras que la fundación defendió que su puesto debía corresponder a un perfil de auxiliar clínico o, de manera alternativa, a una categoría de veterinaria supervisada. La jueza dio por acreditado, mediante las pruebas documentales y testificales, que la demandante realizaba funciones con plena capacidad profesional y sin supervisión constante.

Entre los elementos considerados figuran la declaración de un testigo que confirmó su autonomía en la práctica clínica y el informe de la Inspección de Trabajo, que recogía testimonios de otros trabajadores en la misma situación. Según esos testimonios, los falsos becarios “expiden recetas y atienden pacientes sin presencia de tutor o responsable alguno”, desempeñando tareas equivalentes a las del personal contratado. Además, la definición incluida en el artículo 17 del convenio colectivo coincide con las funciones desarrolladas por la trabajadora.

Con la categoría profesional establecida, el juzgado procedió al cálculo de las diferencias salariales que dieron lugar a la condena económica, a las que se añade el interés de mora del 10% previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

CSIF ha valorado esta resolución como una “victoria determinante en la defensa de los derechos laborales y contra el abuso recurrente de la figura del becario”. El sindicato destaca que esta sentencia se suma a otras actuaciones iniciadas para destapar la precariedad laboral en el sector sanitario y universitario.

La sentencia no es firme. La Fundación Rof Codina puede presentar recurso de suplicación ante el TSXG.

La justicia anula la supresión de la carrera profesional a dos bomberos forestales de la Xunta

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 02 Jul 25 12:46:00 CEST

Lugo, 2 de julio de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo ha emitido dos fallos sucesivos que reconocen íntegramente las demandas de dos bomberos forestales –uno jefe de brigada y otro bombero forestal de base– representados por los servicios jurídicos de CSIF Lugo. Las resoluciones anulan la supresión de los Grados I y II de carrera profesional y del complemento de desempeño acordada por la Consellería de Facenda e Administración da Xunta de Galicia, y obligan al Gobierno gallego a reactivar los pagos, devolver los atrasos (1.867,02 € y 2.319,68 €, respectivamente) e incluir los intereses legales.

El juzgado concluye que no existe base legal para suprimir los complementos retributivos por no haber superado un proceso de funcionarización. La Orden de 28 de marzo de 2019 reconoce expresamente el derecho del personal laboral fijo a acceder a la carrera profesional y al complemento de desempeño sin imponer esta condición. Vincular dichos derechos a un cambio en la naturaleza del vínculo laboral carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española y la cláusula 4ª del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que consideran que las condiciones de trabajo, como la carrera profesional, deben aplicarse de forma homogénea cuando las funciones desempeñadas son equivalentes.

El fallo destaca también que la propia Xunta ha mantenido estos complementos para otros trabajadores laborales no funcionarizados, lo que refuerza la existencia de un trato desigual e injustificado. Con base en esa doctrina, se revocan las decisiones administrativas de noviembre de 2022 y se reconocen los derechos adquiridos de los demandantes desde el 1 de enero de 2019.

Para CSIF, estas sentencias confirman el carácter unitario y homogéneo que debe regir la carrera profesional del personal fijo, ya sea funcionario o laboral y sientan un precedente de gran relevancia para decenas de profesionales afectados por la misma decisión en Galicia.

El sindicato celebra que la justicia haya corregido una decisión administrativa que generaba un trato desigual entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Los servicios jurídicos de CSIF continuarán trabajando para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos adquiridos del personal público.

CSIF logra sentencia favorable para un trabajador por modificación injustificada de sus condiciones de trabajo

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 15 May 25 14:17:00 CEST

Lugo, 15 de mayo de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo ha estimado la demanda de un trabajador, representado por los Servicios Jurídicos de CSIF Lugo, declarando injustificada la modificación sustancial de sus condiciones laborales impuesta por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L., responsable de prestar servicios de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo).

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador su turno rotatorio anterior y a abonarle una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños morales. El tribunal considera que INTEGRA vulneró lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, al no acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que motivaran el cambio, ni cumplir con el procedimiento legalmente establecido.

El trabajador, con contrato indefinido desde enero de 2023 y antigüedad reconocida desde 2013, desempeñaba funciones de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo). Hasta diciembre de 2024, su jornada se organizaba en turnos alternos de mañana y tarde (4 días de trabajo seguidos de 2 de descanso). Sin embargo, en octubre de 2025 se le impuso un cambio a turno exclusivo de tarde, sin el preaviso legal ni justificación por escrito.

El fallo, contra el que no cabe recurso, refuerza la jurisprudencia previa en casos similares y supone un respaldo a la defensa de los derechos laborales ejercida por CSIF Lugo a todos los trabajadores, también del sector privado.

CSIF logra su segunda sentencia favorable contra la misma empresa de Chantada por impagos y falta de ocupación efectiva

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 24 Apr 25 12:42:00 CEST

Lugo, 24 de abril de 2025.- El Juzgado Social número 1 de Lugo ha dictado una nueva sentencia favorable a un trabajador representado por los servicios jurídicos de CSIF Lugo, declarando la extinción de la relación laboral debido a incumplimientos graves de las obligaciones del empresario.

Se trata de la segunda victoria judicial de CSIF contra la misma empresa de Chantada por incurrir de nuevo en un delito de impagos salariales continuados y falta de ocupación efectiva de uno de sus trabajadores.

La sentencia, emitida el 9 de abril de 2025, reconoce la falta de ocupación efectiva y los continuados impagos salariales como causales suficientes para extinguir el contrato de trabajo según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En total, el empresario adeudaba al trabajador 6.152,36 euros en salarios correspondientes a diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025. Además, se constató que desde noviembre de 2024 el empleado carecía de ocupación efectiva, confirmado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En términos de indemnización, el tribunal ha fijado un monto de 5.423,37 euros, calculado conforme a los criterios del despido improcedente. Asimismo, la parte demandada fue condenada a abonar las costas procesales, incluyendo honorarios de la letrada de la parte actora, debido a su incomparecencia injustificada.

Esta resolución refuerza el compromiso de CSIF Lugo con la defensa de los derechos laborales y la protección de sus afiliados frente a incumplimientos empresariales. El sindicato celebra este avance hacia la justicia laboral y anima a los trabajadores afectados por situaciones similares a acudir a sus servicios jurídicos especializados.

Condenado un empresario de Lugo por impagos y retrasos salariales prolongados a un trabajador

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 03 Mar 25 13:12:00 CET

Lugo, 3 de marzo de 2025.- El Juzgado de lo Social n.º 4 de Lugo ha dictado sentencia a favor de un trabajador afiliado a CSIF y reconoce su derecho a la extinción del contrato laboral con indemnización equivalente a un despido improcedente debido a impagos y retrasos reiterados por parte de la empresa en el abono del salario pactado y por no darle ocupación efectiva.

El fallo considera probado que la empresa incurrió en incumplimientos graves y continuados en el pago de los salarios del trabajador, quien se encontraba contratado desde febrero de 2023. La resolución judicial aplica el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar la rescisión del contrato con derecho a indemnización en casos de impago o retrasos salariales prolongados. Además, la sentencia obliga a la empresa a abonar los salarios adeudados.

Según la sentencia, la empresa adeudaba varios meses de salario y había realizado pagos irregulares sin especificar las mensualidades correspondientes. La demanda fue presentada tras la incomparecencia de la empresa en el acto de conciliación ante el SMAC, lo que reforzó la posición del trabajador en el litigio.

Desde la Central Sindical, que llevó el caso a través de los servicios jurídicos de CSIF valoran positivamente la resolución y consideran que es una demostración más de su compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores, también del ámbito privado, donde la presencia de CSIF es cada vez mayor.

Correos condenada por discriminar por razón de sexo y de maternidad a una trabajadora

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 05 Dec 24 12:34:00 CET

Lugo, 4 de diciembre de 2024.- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tendrá que reconocer el derecho al incremento salarial del 3,5 por ciento a una trabajadora pública a la que se le denegó durante su permiso tras haber sido madre, lo que constituye, según sentencia dictada por el Juzgado Nº1 de lo social de Lugo, un caso de “discriminación por razón de sexo y maternidad”.

La resolución, obtenida gracias a la labor de los servicios jurídicos de CSIF Lugo, establece que dicha trabajadora tiene derecho a un incremento en la base de cotización y en la prestación de maternidad percibida entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2022, en función del aumento salarial retroactivo aprobado para todos los empleados públicos mediante el Real Decreto-Ley 18/2022.

La trabajadora, empleada en un puesto de atención al cliente en la oficina de Monterroso con jornada parcial, había disfrutado de su permiso de maternidad entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Durante este periodo, no se ajustó su base de cotización a dicho aumento. No obstante, la empresa sí actualizó su salario tras reincorporarse al trabajo.

El tribunal consideró en su fallo, que no es recurrible, que esta actuación vulneraba los principios de igualdad de trato y no discriminación recogidos en la Constitución Española, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y la Directiva Europea 92/85/CEE. Además, resalta que cualquier aumento salarial aprobado durante el periodo de descanso por maternidad debe reflejarse en la base reguladora de la prestación, garantizando una remuneración equivalente a la que habría recibido la trabajadora de no encontrarse en esta situación.

La sentencia condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a regularizar la base de cotización de la actora y abonar las cantidades correspondientes al incremento de la prestación de maternidad.

CSIF valora el sentido de esta sentencia porque reafirma la protección jurídica frente a la discriminación por razón de sexo, así como el compromiso de este sindicato con la defensa de los derechos de las trabajadoras a disfrutar de condiciones laborales igualitarias durante su permiso de maternidad.

El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 Nov 24 13:00:00 CET

Lugo, 19 de noviembre de 2024.- Los servicios jurídicos de CSIF Lugo han conseguido la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la convocatoria de empleo público para el ejercicio 2024 del cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias por incumplir los acuerdos de promoción interna, al convocar 73 plazas mediante procedimiento de acceso por turno libre y 45 plazas por el procedimiento de promoción interna, cuando debían ofrecerse al menos 71 por este procedimiento.

CSIF ha reclamado de manera reiterada anta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIP) el cumplimiento de los acuerdos de promoción interna. Ante su inoperancia, los servicios jurídicos de CSIF Lugo presentaron una demanada ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrtivo estima la medida cautelar solicitada por el funcionario del cuerpo de ayudantes de Insituciones Penitenciaria sque interpuso el recurso contra el REal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprobaron las plazas de nuevo ingreso y de promoción interna de este cuerpo.

En el recurso se alegó que la distribución de las plazas entre los diferentes turnos de acceso infringe el artículo 5 de la ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios y de creación del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que dispone que el 60% de las vacantes que se convoquen se reservarán para su provisión en turno restringido a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes que posean la correspondiente titulación, es decir, por promoción interna.

Se argumenta además, que si se ofertaban 118 plazas vacantes, según la citada ley, el 60% deberían corresponder al turno de promoción interna, es decir, al menos 71 y no 45 como se ofertaban en la convocatoria.

La Sala considera que en este caso concurren los presupuestos de apariencia de buen derecho y de preservación del interés legítimo del recurso y de los intereses en juego que fija la ley para la adopción de la medida cautelar.

Afirma que “el entendimiento directo del artículo 5 de la Ley 36/1977 no parece que pueda ser el que nos plantea la Administración del Estado pues, sin esfuerzo interpretativo alguno y a primera lectura, puede afirmarse que el precepto es suficientemente preciso. Lo que dice es que deben reservarse al turno de promoción interna el sesenta por ciento de las vacantes que se convoquen para el ingreso en los Cuerpos Especiales de Instituciones Penitenciarias, es decir, no de las que se convoquen por el turno libre”.

La Administración aún tiene la posibilidad de corregir de oficia la ratio elevando el número de plazas de la promoción interna a 110 plazas, cumpliendo así el Real Decreto. De no hacerlo los servicios jurídicos de CSIF irán hasta el final en su demanda y exigirán las responsabilidades debidas.

Noticia Europa Press: 'El TS suspende la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias por turno libre y promoción interna de 2024'.
Noticia Poderjudicial.es: 'El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias'.

El TSXG da la razón a CSIF y condena a la Xunta por no respetar el mismo número de plazas de SPIF ofertadas en la OPE de estabilización y en la convocatoria de la Ley 20/21

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 20 Sep 24 09:47:00 CEST

Santiago, 19 de septiembre de 2024- Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a CSIF y declara la nulidad de pleno derecho de determinadas convocatorias de la Ley 20/21 por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas en la OPE extraordinaria de estabilización.

Durante el periodo de negociaciones de las referidas convocatorias durante el año 2022, CSIF instó en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Función Pública a que incluyera la totalidad de las plazas que cumplían con los requisitos determinados en la ley, y “exigimos reiteradamente que, en todo caso, respetara de forma rigurosa el número de plazas que figuraban en la Oferta de Empleo extraordinaria de Estabilización derivada de la ley 20/21, con advertencia de las graves consecuencias que podría tener su incumplimiento”.

Desde CSIF recuerdan que de nada habían valido alegaciones ni advertencias y la Xunta redujo significativamente en más de 400 el número de plazas del SPIF convocadas respecto a las ofertadas. Por ello, en el año 2023, CSIF presentó recurso contencioso administrativo contra varias de las resoluciones de convocatoria de la oferta pública extraordinaria del año 2022, por reducir drásticamente el número de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) respecto a las que figuran como ofertadas en la OPE del año 2022, con el objetivo último de incrementar el número de plazas convocadas, como mínimo, en número igual al que figura en dicha OPE extraordinaria.

El recurso presentado pedía la nulidad y/o subsidiariamente anulabilidad de las convocatorias en el particular de las plazas convocadas, manteniendo inalterado el demás contenido de las resoluciones impugnadas. En un primer momento, en sentencia del 19 de julio de 2024, el TSXG estima parcialmente nuestro recurso y declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de convocatoria de concurso y concurso-oposición del C2 y para el ingreso en categorías de personal laboral del grupo IV, así como la Resolución del 6 de febrero de 2023 por la que se modifican las convocatorias de los procesos selectivos extraordinarios mediante el sistema de concurso-oposición.

Analizado el fallo por los servicios jurídicos de CSIF, y entendiendo que se extralimitaba de lo solicitado al anular la totalidad de dichas convocatorias, se interpuso ante el mismo tribunal solicitud de aclaración y/o subsanación de la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas únicamente en lo referente a las plazas de los grupos y/o categorías del SPIF señaladas, dejando el demás contenido de la convocatoria inalterado en aras a la seguridad jurídica y principio de conservación de los actos administrativos que no se ven afectados por la tramitación del procedimiento. Finalmente, con fecha de 2 de septiembre de 2024, el TSXG emite auto de aclaración de sentencia en el que se aclara en sus Fundamentos de Derecho:

No obstante, para que no exista confusión, en la línea que se interesa por la demandante, en coherencia con el objeto impugnado según concreción en demanda por la actora, y acorde con el principio de congruencia procesal, se aclara que la nulidad de las resoluciones recurridas que se declara en el fallo se refiere no a éstas en su integridad, sino única y exclusivamente en lo relativo a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante (- En el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales : Especialidad bombero/a forestal -conductor/a motobomba (incluye plazas de la categoría 33 del grupo IV de personal laboral); especialidad bombero/a forestal (incluye plazas de las categorías 14 y 14ª del grupo V de personal laboral); – Personal laboral del grupo III : categoría 100, bombero/a forestal jefe/a de brigada). Y sin que se afecte con el fallo por tanto al resto de plazas convocadas, de forma que respecto a ellas se deja inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Por tanto, en atención a lo expuesto, el auto de aclaración del TSXG declara en su parte dispositiva:

Se aclara la sentencia nº 600/2024 , de 19 de julio de 2024, dictada en los presentes autos de PO 191/23, de esta Sala y Sección, debiendo añadirse en el fallo de la misma, a instancia de la parte demandante, que se declara la nulidad de pleno derecho de las concretas resoluciones de convocatoria impugnadas, por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, en relación única y exclusivamente a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante, y manteniendo en cuanto al resto de las plazas convocadas inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Desde CSIF valoramos muy positivamente el fallo del tribunal, en el sentido que confirma nuestro posicionamiento de que hay que respetar, y no se puede reducir, el número de plazas ofertadas. Y además, que no se puede en un momento posterior reducir el número de plazas convocadas. Esta sentencia debe servir para garantizar que se convoquen todas las plazas que cumplan con los requisitos determinados en la ley 20/21, sin que la administración pueda impunemente incumplir la ley, tal y como ha sucedido en estos procesos.

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