Galicia

Los sindicatos mayoritarios de Justicia denuncian la nefasta gestión de la Dirección Xeral de Xustiza que pone a los Juzgados de Lugo al borde del colapso

beatriz.pampin.alvarez — Fri, 15 May 26 13:04:00 CEST

Lugo, 15 de mayo de 2026.– Los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, que ostentan la mayoría sindical en la Administración de Justicia en Galicia, celebraron una asamblea con trabajadores y trabajadoras de los Juzgados de Lugo para denunciar la “nefasta gestión” de la Dirección General de Justicia en la implantación de los Tribunales de Instancia, una situación que, según advierten, está llevando a los órganos judiciales “al borde del colapso”.

La reunión, en la que se analizaron los principales problemas derivados de una implantación que los sindicatos califican de “precipitada e improvisada”, forma parte de un calendario de asambleas que las organizaciones sindicales desarrollarán en las principales ciudades gallegas con el objetivo de informar al personal, recoger incidencias y coordinar medidas ante el deterioro de las condiciones laborales y del servicio público de Justicia.

Entre las principales deficiencias señaladas destacan la falta de personal, la distribución física “caótica” de los órganos judiciales y la obsolescencia de los programas informáticos empleados en la tramitación de los procedimientos.

Los sindicatos reclaman la negociación inmediata de la ampliación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) ante una carga laboral que consideran “inasumible” con la actual plantilla. Además, denuncian que la reorganización de los espacios en los juzgados está provocando desconcierto tanto entre los profesionales como entre la ciudadanía, dificultando la localización y seguimiento de los asuntos judiciales.

También alertan de que los sistemas informáticos “no se adaptan a las nuevas plazas ni incorporan las actualizaciones legislativas procesales necesarias”, lo que dificulta la mecanización de los trámites e incrementa los retrasos. A esto añaden la “eliminación arbitraria del teletrabajo”, una medida que, según aseguran, agrava todavía más la situación organizativa.

Las centrales sindicales sostienen que esta gestión está provocando un deterioro sin precedentes de las condiciones laborales del personal, con “repartos arbitrarios, excesos de jornada y pérdida de movilidad”, al tiempo que repercute directamente en la ciudadanía mediante retrasos “inasumibles” en señalamientos y ejecuciones de procedimientos relacionados con derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia.

En este sentido, advierten de que la situación actual “menoscaba el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva” y compromete la prestación de la Justicia como servicio público esencial.

Los sindicatos y el personal de los Juzgados de Lugo exigen a la Dirección General de Justicia la apertura inmediata de un proceso de negociación para adoptar medidas urgentes, entre ellas la ampliación de las plantillas a través de las RPT, la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten arbitrariedades en el reparto de las cargas de trabajo y el nombramiento de refuerzos.

Las organizaciones convocantes advierten de que, en caso de no ser atendidas estas demandas, iniciarán un proceso de movilizaciones “para que la opinión pública sea consciente del problema creado por la Dirección General de Justicia”. Asimismo, consideran que, si los actuales responsables “no están capacitados” para afrontar la situación, la Xunta de Galicia debe “buscar personas idóneas que escuchen la voz unánime del personal gallego de Justicia”.

Los sindicatos mayoritarios de Justicia exigen a la Dirección Xeral medidas urgentes para evitar el colapso de los Juzgados de A Coruña

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 19 May 26 16:44:00 CEST

A Coruña, 19 de mayo de 2026.– Los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, que representan a la mayoría del personal de la Administración de Justicia en Galicia, mantuvieron este martes una asamblea con trabajadores y trabajadoras de los Juzgados de A Coruña para abordar la situación generada tras la implantación de los Tribunales de Instancia, un proceso que califican de “improvisado” y que, según denuncian, está situando a los órganos judiciales “al borde del colapso”.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de asambleas que las organizaciones sindicales están desarrollando en las principales ciudades gallegas con el objetivo de trasladar al personal la evolución de la implantación de la ley de eficiencia, recoger incidencias y coordinar posibles actuaciones ante el empeoramiento de las condiciones laborales y del funcionamiento del servicio público.

Durante la reunión se expusieron algunas de las principales carencias detectadas en los juzgados, entre ellas la insuficiencia de personal, la distribución “caótica” de los espacios judiciales y las limitaciones de los sistemas informáticos utilizados en la tramitación de procedimientos.

Los sindicatos insisten en la necesidad de abrir de manera inmediata una negociación para ampliar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), al considerar que la carga laboral actual resulta “inasumible” para las plantillas existentes. Asimismo, advierten de que la reorganización física de los órganos judiciales está generando confusión tanto entre los profesionales como entre la ciudadanía, dificultando el seguimiento y localización de expedientes.

Las organizaciones sindicales denuncian también que las aplicaciones informáticas continúan sin adaptarse a las nuevas plazas ni incorporar las modificaciones procesales derivadas de los cambios legislativos, lo que está ralentizando la tramitación de asuntos y aumentando los retrasos. A ello suman la “supresión arbitraria del teletrabajo”, que, según sostienen, empeora todavía más la organización diaria de los juzgados.

Según explican, esta situación está provocando un deterioro “sin precedentes” de las condiciones laborales del personal, con repartos de trabajo arbitrarios, prolongaciones de jornada y pérdida de movilidad funcional. Además, alertan de que estas deficiencias repercuten directamente en la ciudadanía mediante retrasos “inasumibles” en procedimientos relacionados con derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia.

En este contexto, las centrales sindicales consideran que la actual gestión compromete el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva y pone en riesgo la calidad de la Justicia como servicio público esencial.

Por ello, sindicatos y trabajadores de los Juzgados de A Coruña exigen a la Dirección General de Justicia la puesta en marcha urgente de una mesa de negociación que permita adoptar medidas inmediatas, entre ellas el incremento de plantillas mediante la ampliación de las RPT, la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten arbitrariedades en la distribución de cargas de trabajo y el nombramiento de personal de refuerzo.

Las organizaciones convocantes advierten de que, si no se atienden estas reclamaciones, iniciarán movilizaciones para visibilizar ante la opinión pública “el problema generado por la Dirección General de Justicia”. Del mismo modo, sostienen que, si los actuales responsables “no son capaces” de afrontar esta situación, la Xunta de Galicia debe “buscar personas idóneas que atiendan la voz unánime del personal gallego de Justicia”.

Los sindicatos mayoritarios de Justicia reclaman a la Dirección Xeral respuestas urgentes ante la situación de los juzgados de Ourense

beatriz.pampin.alvarez — Thu, 21 May 26 17:29:00 CEST

Ourense, 21 de mayo de 2026.– Los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, representantes mayoritarios del personal de la Administración de Justicia en Galicia, mantuvieron este jueves una asamblea con trabajadores y trabajadoras de los juzgados de Ourense para analizar la situación generada tras la implantación de los Tribunales de Instancia, un proceso que califican de “improvisado” y que, según denuncian, está llevando a los órganos judiciales de la ciudad a una situación “límite”.

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales trasladaron al personal la evolución de la implantación de la ley de eficiencia, recogieron incidencias detectadas en los distintos órganos judiciales y abordaron posibles actuaciones ante el empeoramiento de las condiciones laborales y del funcionamiento del servicio público. Los sindicatos señalan que mantendrán esta línea de actuación mientras la Dirección Xeral de Xustiza no ofrezca respuestas ni convoque una negociación efectiva con los representantes de los trabajadores.

En la asamblea se expusieron algunas de las principales deficiencias detectadas en los juzgados, entre ellas la falta de personal, la distribución “caótica” de los espacios judiciales y las limitaciones de las aplicaciones informáticas utilizadas en la tramitación de procedimientos.

Los sindicatos insisten en la necesidad de negociar de manera inmediata la ampliación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), al considerar que la carga laboral actual resulta “inasumible” para las plantillas existentes. Asimismo, denuncian que la reorganización física de los órganos judiciales está generando confusión tanto entre los profesionales como entre la ciudadanía, dificultando el seguimiento y la localización de expedientes.

Las organizaciones sindicales advierten también de que las aplicaciones informáticas siguen sin adaptarse a las nuevas plazas ni incorporar adecuadamente las modificaciones procesales derivadas de los cambios legislativos, circunstancia que está ralentizando la tramitación de asuntos y aumentando los retrasos. A ello añaden la “supresión arbitraria del teletrabajo”, que, según sostienen, agrava todavía más la organización diaria de los juzgados.

Según explican, esta situación está provocando un deterioro “sin precedentes” de las condiciones laborales del personal, con repartos de trabajo arbitrarios, prolongaciones de jornada y pérdida de movilidad funcional. Además, alertan de que estas carencias repercuten directamente en la ciudadanía mediante retrasos “inasumibles” en procedimientos relacionados con derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia.

Por ello, sindicatos y trabajadores de los juzgados de Ourense exigen a la Dirección Xeral de Xustiza la puesta en marcha urgente de una mesa de negociación que permita adoptar medidas inmediatas, entre ellas el incremento de plantillas mediante la ampliación de las RPT, la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten arbitrariedades en la distribución de cargas de trabajo y el nombramiento de personal de refuerzo.

Las organizaciones convocantes advierten de que, si la Dirección Xeral continúa sin dar respuesta a estas reclamaciones, seguirán impulsando nuevas acciones y movilizaciones para denunciar públicamente “el deterioro que está sufriendo la Administración de Justicia en Ourense y en el resto de la Comunidad”.

CSIF logra la primera sentencia que reconoce el derecho a cobrar nocturnidad y festivos durante bajas, vacaciones y permisos

beatriz.pampin.alvarez — Tue, 26 May 26 12:43:00 CEST

Santiago, 22 de mayo de 2026.– La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado una sentencia pionera en Galicia que reconoce el derecho del personal funcionario a percibir los complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante los periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos. La resolución afecta a un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF), pero puede sentar un precedente con impacto para miles de empleados públicos de la Xunta de Galicia.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, estima íntegramente la demanda presentada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la Consellería do Medio Rural a abonar las cantidades reclamadas correspondientes a los años 2024 y 2025, además de los intereses legales.

El fallo considera que las retribuciones derivadas del trabajo nocturno y en domingos y festivos forman parte de la retribución ordinaria cuando estos turnos se realizan de manera habitual dentro de la jornada laboral. Por tanto, la Administración no puede excluir su abono durante periodos de baja médica, vacaciones o permisos retribuidos.

La magistrada se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea para concluir que estos conceptos salariales no son extraordinarios ni voluntarios, sino inherentes al puesto de trabajo desempeñado por el funcionario demandante. La resolución señala expresamente que negar estos pagos supondría penalizar económicamente el disfrute de vacaciones o situaciones de incapacidad temporal.

CSIF destaca que se trata de la primera sentencia en Galicia que reconoce este derecho en el ámbito de la Administración autonómica para el personal funcionario que trabaja a turnos. El sindicato considera que este pronunciamiento judicial puede abrir la puerta a reclamaciones masivas de empleados públicos que actualmente dejan de percibir estos complementos cuando están de baja, de vacaciones o disfrutan de permisos.

En el caso concreto del SPIF, CSIF estima que alrededor de 2.000 empleados públicos están afectados por el impago de estas compensaciones económicas durante períodos de incapacidad temporal, vacaciones y otros permisos retribuidos. El sindicato eleva esa cifra hasta cerca de 5.000 empleados públicos potencialmente afectados en el conjunto de la Xunta de Galicia.

Ante esta situación, CSIF reclama una solución negociada que permita reconocer este derecho de forma generalizada y evitar así miles de demandas judiciales contra la Administración autonómica.

Acción sindical realizada por CSIF

Desde CSIF recuerdan que esta reivindicación ya había sido trasladada en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Emprego Público en el marco de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, solicitando que la Xunta reconociese este derecho de manera pacífica y evitase así la judicialización masiva del conflicto.

Sin embargo, el sindicato denuncia que, hasta el momento, la Administración autonómica no ha atendido ninguna de sus peticiones ni ha mostrado voluntad de modificar el criterio aplicado respecto a estos complementos retributivos.

Tras esta primera sentencia favorable, CSIF volverá a exigir a la Dirección Xeral de Emprego Público que rectifique su postura y adapte de manera inmediata las nóminas y criterios retributivos de todo el personal afectado, evitando que los empleados públicos tengan que acudir individualmente a los tribunales para reclamar un derecho ya reconocido judicialmente.

La resolución judicial todavía puede ser recurrida en apelación por parte de la Xunta de Galicia.

Los sindicatos mayoritarios de Justicia denuncian que la implantación de los Tribunales de Instancia aboca a los juzgados de Santiago al colapso

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 29 May 26 16:53:00 CEST

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2026.- Los sindicatos SPJ-USO, STAJ, CSIF, UGT y CCOO, que ostentan la mayoría sindical en la Administración de Justicia, denunciaron hoy la “nefasta gestión” de la Dirección Xeral de Xustiza, a la que responsabilizan de la situación “caótica” que atraviesan los juzgados de Santiago tras la implantación de los Tribunales de Instancia.

En una multitudinaria asamblea celebrada esta mañana, los representantes sindicales se reunieron a los trabajadores y trabajadoras del Tribunal de Instancia para analizar los graves problemas derivados de una implantación que califican de “precipitada e improvisada”. Esta reunión forma parte de la ronda de asambleas que las organizaciones sindicales están llevando a cabo en distintos partidos judiciales de toda Galicia para evaluar el impacto de la nueva organización judicial y recoger las demandas del personal.

Según trasladan las organizaciones sindicales y el propio personal, áreas como ejecución civil, social, señalamientos de juicios en penal o el servicio de notificaciones se encuentran “claramente infradotadas” y precisan de una ampliación inmediata de personal.

Además, denuncian que la distribución física de las dependencias resulta “caótica”, generando desconcierto tanto entre profesionales como entre la ciudadanía a la hora de localizar dónde se tramita cada procedimiento. A esta situación se suman, según indican, unos programas informáticos “obsoletos”, sin adaptación a las nuevas plazas ni a las actualizaciones legislativas necesarias para mecanizar los trámites procesales.

Los sindicatos critican también la eliminación “arbitraria” del teletrabajo y alertan de que todas estas decisiones están provocando una situación de colapso en el servicio público de Justicia que, pese al esfuerzo del personal, está derivando en una pérdida “inédita” de derechos laborales, con repartos arbitrarios de cargas de trabajo, excesos de jornada y limitaciones en la movilidad.

Asimismo, advierten de que la falta de medios y personal está ocasionando retrasos “inasumibles” en materias especialmente sensibles, como derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia, menoscabando el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva.

Las organizaciones sindicales convocantes exigen a la Dirección Xeral de Xustiza la apertura inmediata de un proceso de negociación para implementar medidas urgentes que permitan reconducir la situación. Entre sus demandas destacan la ampliación de las plantillas mediante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la dotación de medios materiales adecuados, la creación de equipos estructurales que eviten la arbitrariedad en los repartos de carga laboral y la puesta en marcha de refuerzos inmediatos.

Los sindicatos advierten de que, si no son escuchadas sus reivindicaciones, iniciarán un proceso de movilizaciones para trasladar a la opinión pública “el grave problema creado por la Dirección Xeral de Xustiza”.

“Las organizaciones sindicales y el personal no estamos pidiendo subidas salariales; estamos exigiendo medidas de choque que garanticen la calidad de la Justicia como servicio público esencial”, concluyen.

Cuerpos Generales Xunta: calendario para la elección de destino y tomas de posesión

beatriz.pampin.alvarez — Sun, 07 Jun 26 18:29:00 CEST

MODIFICACIÓN DE LA RPT DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Comisión de Personal ha aprobado, con el respaldo de CSIF y del resto de organizaciones sindicales, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo propuesta por la Xunta de Galicia para posibilitar la adjudicación definitiva de destino a las personas que han superado los distintos procesos selectivos pendientes.

La propuesta supone la creación de 341 plazas y la amortización de 170 puestos, con un saldo neto positivo de 171 plazas, y será financiada parcialmente mediante las amortizaciones efectuadas y mediante crédito consignado en el capítulo I de los Presupuestos de la Xunta de Galicia.

CALENDARIO: ACTOS DE ELECCIÓN DE DESTINO Y TOMAS DE POSESIÓN

La DXEP ha informado del calendario previsto para la resolución coordinada de los procesos selectivos y de provisión de puestos pendientes de cuerpos generales, incluyendo la adjudicación de destinos definitivos y las correspondientes tomas de posesión.

PROMOCIÓN INTERNA 2020

Las personas convocadas a la elección de destino de la promoción interna de 2020 que hayan obtenido también un puesto en el concurso de traslados deberán optar, durante los tres primeros días del plazo de toma de posesión, entre el puesto adjudicado en dicho concurso y el puesto que les haya sido adjudicado en el proceso de elección de destino definitivo.

En caso de optar por el puesto adjudicado en el concurso de traslados, la toma de posesión se efectuará en el subgrupo desde el que participaron en dicho proceso. La DXEP fundamenta esta decisión en que estas personas continúan pendientes de la adjudicación de su primer destino definitivo en el subgrupo al que promocionaron.

CSIF no comparte esta decisión, que, pese a haber sido advertida y comunicada recientemente por la DXEP, supone un claro perjuicio para las personas afectadas, al obligarlas a elegir entre el puesto obtenido en el concurso de traslados y el destino adjudicado como consecuencia de su promoción interna.

PROMOCIÓN INTERNA 2023

La DXEP informa que la disposición transitoria primera de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, dispone en su número 2 cómo se van a realizar las elecciones de destino coordinadas con la resolución del concurso de traslados.

Dicha disposición establece una orden de prelación en la que figura en primer lugar la resolución del concurso de traslados, en segundo lugar la elección de destino definitivo de las personas que se encuentren prestando servicios en adscripción provisional por nuevo ingreso y, en último lugar, la elección de destino definitivo de las personas aspirantes que superaron procesos selectivos de estabilización derivados de la Ley 20/2021.

Finalmente, la disposición transitoria primera de la Ley 5/2025 establece que se realizará la toma de posesión coordinada y determina que el inicio de los plazos posesorios será simultáneo.

La DXEP indica que, por ley, las elecciones de destino relativas a procesos selectivos convocados a partir del año 2023 se tienen que realizar a continuación de las de los procesos de estabilización, dado que no se encuentran prestando servicios en adscripción provisional por nuevo ingreso.

Las personas que superaron procesos de promoción interna de la convocatoria de 2023 elegirán a continuación de las que superaron los procesos de estabilización. La DXEP convocará la elección de destino tras el inicio de los plazos de toma de posesión de los procesos ejecutados con carácter previo.

De este modo, las personas que superaron la promoción interna 2023 y a las que además se les adjudicó un puesto en el concurso de traslados tomarán posesión del puesto adjudicado en el concurso y ya no serán convocadas a la elección de destino si el puesto está abierto al grupo al que promocionan.

Adjuntamos el calendario previsto por la DXEP.

CSIF rechaza el anteproyecto de Estatuto Marco de la Sanidad y prepara movilizaciones

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 18:52:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha expresado su rechazo frontal al anteproyecto de estatuto Marco redactado por el Gobierno.

El texto excluye el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores, una cuestión básica desde el inicio de la negociación.

Además han recortado cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extras.

Así, la ministra ha faltado a su compromiso con lo pactado con los sindicatos del ámbito y el Gobierno en su conjunto cierra la puerta a mejorar las condiciones laborales del personal de la sanidad, tras más de un año de negociación. Esto supone además una falta de respeto al personal de la sanidad al que representamos los sindicatos mayoritarios

Por tanto, CSIF inicia desde este momento un periodo de reflexión para decidir la respuesta sindical, sin descartar ningún tipo de medida de presión, movilizaciones e incluso la huelga.

CSIF denuncia el caos informático en la Dirección General de Policía para expedir documentos: la regularización de extranjeros puede colapsar

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 05 Jun 26 11:12:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia una vez más los continuos fallos y caídas de las aplicaciones informáticas utilizadas en la Dirección General de la Policía (DGP) para la expedición de documentación, una situación que se viene repitiendo desde hace meses, sin que la Administración haya ofrecido explicaciones convincentes, ni haya adoptado medidas eficaces para resolverla.

El personal destinado en las unidades de documentación está harto de trabajar en unas condiciones que dificultan, gravemente, la atención a la ciudadanía. Los fallos más habituales son interrupciones constantes de los sistemas, las pérdidas de conexión, la lentitud de las aplicaciones y las incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites.

CSIF ha denunciado reiteradamente esta situación en distintos ámbitos de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero seguimos sin recibir una explicación clara sobre el origen de estos problemas ni un calendario de actuaciones que garantice su solución definitiva. Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales.

Desde CSIF advertimos de que, si los sistemas informáticos actuales ya presentan graves deficiencias en circunstancias ordinarias, el aumento de expedientes y trámites puede desembocar en un auténtico colapso de los servicios, con consecuencias directas para la ciudadanía y para unos trabajadores que llevan demasiado tiempo soportando las carencias de medios, sin recibir respuesta alguna.

En este sentido, exigimos a la Dirección General de la Policía que informe de manera transparente sobre las causas de estas incidencias, que adopte de forma urgente las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique adecuadamente los recursos humanos y materiales que serán necesarios para afrontar el incremento de actividad previsto.

No es aceptable que la DGP continúe ignorando un problema que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio esencial y al trabajo de miles de empleados públicos. Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones.

La plantilla de la AEAT, convocada por CSIF, se moviliza en toda España para reclamar más personal, carrera profesional y teletrabajo

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 08 Jun 26 18:57:00 CEST

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha secundado hoy lunes un paro de 24 horas convocado por CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, para reclamar un refuerzo de las plantillas, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Agencia.

Estas movilizaciones contra la AEAT son consecuencia del bloqueo de la dirección de este organismo a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio; y están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

Centos de empregados e empregadas públicas da Administración galega apoiaron hoxe a mobilización, convocada por CSIF, UGT e CCOO, fronte á sede da Xunta contra o recorte de dereitos e por uns servizos públicos de calidade

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 10 Jun 26 13:58:00 CEST

Centos de empregados e empregadas públicas da Administración galega apoiaron esta mañá a concentración convocada por CSIF, UGT e CCOO fronte á sede da Xunta en Santiago contra o recorte de dereitos e por uns servizos públicos de calidade.

As tres organización sindicais denuncian a crecente deriva da Administración autonómica con actuacións e omisións que reflicten unha forma de proceder baseada na imposición, recorte de dereitos e a ausencia dun marco real de negociación colectiva, debilitando gravemente as relacións laborais no ámbito da Administración galega.

As decisións adoptadas nos últimos meses evidencian un preocupante retroceso en materias esenciais vinculadas á negociación colectiva, á seguridade xurídica, á transparencia e ás condicións laborais do conxunto das traballadoras e traballadores públicos que producen un progresivo deterioro dos servizos públicos.

Todo isto ocorre ignorando de maneira reiterada as demandas e advertencias das organizacións sindicais representativas do persoal empregado público, cun desprezo continuo das propostas sindicais, cunha imposición sistemática de decisións unilaterais, ausencia real de negociación e falta de vontade para acadar consensos. O que evidencia unha preocupante dinámica autoritaria incompatible cunhas relacións laborais baseadas no diálogo social e no respecto institucional.

Sinalar como exemplos recentes, entre outros, a imposición da modificación do decreto de listas de contratación temporal pese ao voto en contra das tres organizacións sindicais presentes na negociación, vulnerando calquera vontade real de consenso e reducindo garantías e dereitos do persoal afectado; ou, o auténtico caos xerado na resolución de numerosos procesos selectivos finalizados e no concurso de traslados, con atrasos, falta de transparencia, ausencia de planificación e unha xestión deficiente que está provocando inseguridade e incerteza entre milleiros de persoas aspirantes e empregadas públicas; ou a incomprensible decisión de devolver a SEAGA a xestión das brigadas para a prevención e defensa de incendios forestais, xa que en 2019 foi a propia Xunta de Galicia a que decidira integrar os efectivos de incendios forestais de SEAGA ao Servizo de prevención incendios da Consellería de medio rural.

CSIF, UGT e CCOO demandamos a suspensión da reforma do Decreto de listas, a axilización e resolución definitiva dos procesos de concurso, OPE e estabilización coa máxima seguridade xurídica, e reforzar o persoal de SPIF con xestión directa da Consellería, así como a negociación de cuestións esenciais comprometidas, entre outras:

• A transposición efectiva de medidas xa acordadas a nivel estatal, como a implantación da xornada de 35 horas.

• A apertura dun novo acceso extraordinario á carreira profesional.

• A posta en marcha do sistema ordinario de carreira profesional.

• O desenvolvemento e aplicación do grupo B de clasificación profesional.

• Un verdadeiro impulso e cambio de paradigma en materia de promoción interna e acceso o emprego público.

• A implantación real do concurso aberto e permanente.

• A ampliación do ámbito de aplicación de coeficientes redutores a outras especialidades e categorías dos servizos de extinción de incendios, medio ambiente, gardacostas…

• A apertura das mesas de negociación pendentes para abordar as condicións de traballo do persoal funcionario de ámbitos como persoal non docente de educación ou medio ambiente.

• Avances reais e efectivos nas mesas de traballo derivadas do acordo de política social.

• Avances concretos nas mesas de negociación abertas na Consellería do Medio Rural.

As tres organizacións sindicais entendemos que a situación require unha actuación organizada dende a unidade de acción coa finalidade de normalizar o diálogo e as relacións laborais e mellorar as condicións laborais e a calidade dos servizos a cidadanía, e queremos poñer de manifesto a nosa unanimidade e acordo de unidade de acción sindical fronte a mobilizacións unilaterais oportunistas que teñen moito que ver con posicionamentos ideolóxicos.

Esta é a primeira mobilización dunha campaña que irá máis aló nos vindeiros meses co obxectivo de denunciar o deterioro progresivo da función pública e esixir un cambio radical na actitude da Administración.

Lembrar que a defensa dos dereitos do persoal empregado público é tamén a defensa duns servizos públicos ao servizo de toda a sociedade.

Como portavoces das organizacións convocantes participaron Juan Carlos Rivas Vázquez, secretario de Acción Sindical de CSIF Galicia; Delia Irene Martínez Conde, secretaria xeral da Federación de Servizos Públicos de UGT Galicia; e Javier Lareu Rodiño, coordinador xeral do Sector da Administración Autonómica de CCOO de Galicia.

COMUNICADO CONXUNTO

La Inspección de Trabajo señala a Medio Ambiente por una infracción grave en prevención de riesgos laborales

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 10 Jun 26 14:00:00 CEST

Santiago, 11 de junio de 2026.– La Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento formal contra la Consellería de Medio Ambiente tras investigar el grave accidente laboral sufrido por un agente medioambiental del Parque Nacional das Illas Atlánticas en la Illa de Ons y constatar deficiencias preventivas graves. El organismo concluye que la Administración incumplió sus obligaciones de formación e información sobre los riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables, calificando los hechos como una infracción grave en materia de seguridad y salud laboral.

La resolución avala las denuncias formuladas durante los últimos meses por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que venía advirtiendo de reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de la falta de transparencia en la gestión de la siniestralidad laboral y de las dificultades para acceder a documentación técnica relacionada con la investigación de este y otros accidentes.

El accidente se produjo cuando el agente medioambiental realizaba labores de vigilancia en una zona de difícil acceso de la Illa de Ons, sufriendo una caída por un desnivel rocoso que le ocasionó lesiones de gravedad y obligó a su evacuación en helicóptero al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Falta de protocolos y evaluaciones desactualizadas

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo revelan que el trabajador accidentado desempeñaba sus funciones sin disponer de un procedimiento de trabajo específico para la actividad que realizaba, sin haber recibido formación adaptada a los riesgos concretos del puesto y sin información suficiente sobre las medidas de protección necesarias para desarrollar su labor en condiciones seguras.

Asimismo, la Inspección constató que la evaluación de riesgos utilizada correspondía a un escenario anterior y no contemplaba las circunstancias reales en las que se produjo el accidente grave investigado. La resolución también subraya la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para la tarea desarrollada y recuerda a la Consellería que la formación preventiva debe ser específica para cada puesto, actualizarse en función de la evolución de los riesgos y no puede sustituirse por formación genérica ni por documentación desactualizada.

CSIF critica el intento de responsabilizar al trabajador

Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF se lamenta la postura mantenida durante este tiempo tanto por los responsables del Servicio de Prevención como por la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral —que recae en la vicesecretaria xeral de la Consellería— y por el resto de las organizaciones sindicales presentes en este órgano.

Según denuncia el sindicato, en lugar de analizar con rigor qué había fallado en la organización preventiva y adoptar medidas correctoras, la respuesta consistió en cuestionar la labor fiscalizadora de CSIF e intentar trasladar la responsabilidad del accidente al propio trabajador.

«Los delegados de prevención no estamos para proteger a la Administración, sino para proteger a los trabajadores», señalan desde CSIF.

Tras este requerimiento de la Inspección de Trabajo, el sindicato anuncia que continuará exigiendo el acceso a toda la documentación preventiva relacionada con el caso y vigilando el cumplimiento de las medidas exigidas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

La Justicia avala a CSIF y condena a la Fundación Rof Codina por un nuevo caso de fraude de ley en la contratación de falsos becarios

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 04 Dec 25 10:01:00 CET

Lugo, 3 de diciembre de 2025.- El sindicato CSIF ha obtenido una sentencia favorable en un caso de fraude de falsos becarios, después de que el Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo confirmara que la Fundación Rof Codina utilizó una beca para encubrir una relación laboral. La resolución estima íntegramente la demanda presentada por la trabajadora representada por los servicios jurídicos de CSIF y condena a la fundación a abonar 14.316,32 euros en diferencias salariales, además de aplicar un 10% de intereses moratorios, tras quedar acreditado que la afectada desempeñaba funciones propias de una veterinaria generalista con autonomía profesional.

El fallo responde a una reclamación por las diferencias entre el salario percibido y el que correspondía según convenio entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Durante ese periodo, la trabajadora recibió 500 euros mensuales bajo la consideración de becaria, pese a desarrollar tareas propias de personal veterinario cualificado. El juzgado parte de una sentencia firme anterior que ya había declarado que los becarios del centro eran trabajadores contratados en fraude de ley, por lo que este nuevo procedimiento se centraba en determinar la categoría profesional aplicable.

La controversia giró en torno a la definición de dicha categoría. CSIF sostuvo que la trabajadora actuaba como Personal Veterinario Generalista, mientras que la fundación defendió que su puesto debía corresponder a un perfil de auxiliar clínico o, de manera alternativa, a una categoría de veterinaria supervisada. La jueza dio por acreditado, mediante las pruebas documentales y testificales, que la demandante realizaba funciones con plena capacidad profesional y sin supervisión constante.

Entre los elementos considerados figuran la declaración de un testigo que confirmó su autonomía en la práctica clínica y el informe de la Inspección de Trabajo, que recogía testimonios de otros trabajadores en la misma situación. Según esos testimonios, los falsos becarios “expiden recetas y atienden pacientes sin presencia de tutor o responsable alguno”, desempeñando tareas equivalentes a las del personal contratado. Además, la definición incluida en el artículo 17 del convenio colectivo coincide con las funciones desarrolladas por la trabajadora.

Con la categoría profesional establecida, el juzgado procedió al cálculo de las diferencias salariales que dieron lugar a la condena económica, a las que se añade el interés de mora del 10% previsto en el Estatuto de los Trabajadores.

CSIF ha valorado esta resolución como una “victoria determinante en la defensa de los derechos laborales y contra el abuso recurrente de la figura del becario”. El sindicato destaca que esta sentencia se suma a otras actuaciones iniciadas para destapar la precariedad laboral en el sector sanitario y universitario.

La sentencia no es firme. La Fundación Rof Codina puede presentar recurso de suplicación ante el TSXG.

La justicia anula la supresión de la carrera profesional a dos bomberos forestales de la Xunta

rebeca.romero.rodriguez — Wed, 02 Jul 25 12:46:00 CEST

Lugo, 2 de julio de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Lugo ha emitido dos fallos sucesivos que reconocen íntegramente las demandas de dos bomberos forestales –uno jefe de brigada y otro bombero forestal de base– representados por los servicios jurídicos de CSIF Lugo. Las resoluciones anulan la supresión de los Grados I y II de carrera profesional y del complemento de desempeño acordada por la Consellería de Facenda e Administración da Xunta de Galicia, y obligan al Gobierno gallego a reactivar los pagos, devolver los atrasos (1.867,02 € y 2.319,68 €, respectivamente) e incluir los intereses legales.

El juzgado concluye que no existe base legal para suprimir los complementos retributivos por no haber superado un proceso de funcionarización. La Orden de 28 de marzo de 2019 reconoce expresamente el derecho del personal laboral fijo a acceder a la carrera profesional y al complemento de desempeño sin imponer esta condición. Vincular dichos derechos a un cambio en la naturaleza del vínculo laboral carece de justificación objetiva y vulnera el principio de igualdad, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española y la cláusula 4ª del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE. La sentencia se apoya además en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, que consideran que las condiciones de trabajo, como la carrera profesional, deben aplicarse de forma homogénea cuando las funciones desempeñadas son equivalentes.

El fallo destaca también que la propia Xunta ha mantenido estos complementos para otros trabajadores laborales no funcionarizados, lo que refuerza la existencia de un trato desigual e injustificado. Con base en esa doctrina, se revocan las decisiones administrativas de noviembre de 2022 y se reconocen los derechos adquiridos de los demandantes desde el 1 de enero de 2019.

Para CSIF, estas sentencias confirman el carácter unitario y homogéneo que debe regir la carrera profesional del personal fijo, ya sea funcionario o laboral y sientan un precedente de gran relevancia para decenas de profesionales afectados por la misma decisión en Galicia.

El sindicato celebra que la justicia haya corregido una decisión administrativa que generaba un trato desigual entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones. Los servicios jurídicos de CSIF continuarán trabajando para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos adquiridos del personal público.

CSIF logra sentencia favorable para un trabajador por modificación injustificada de sus condiciones de trabajo

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 15 May 25 14:17:00 CEST

Lugo, 15 de mayo de 2025.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo ha estimado la demanda de un trabajador, representado por los Servicios Jurídicos de CSIF Lugo, declarando injustificada la modificación sustancial de sus condiciones laborales impuesta por la empresa INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L., responsable de prestar servicios de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo).

La sentencia obliga a la empresa a restituir al trabajador su turno rotatorio anterior y a abonarle una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños morales. El tribunal considera que INTEGRA vulneró lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, al no acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que motivaran el cambio, ni cumplir con el procedimiento legalmente establecido.

El trabajador, con contrato indefinido desde enero de 2023 y antigüedad reconocida desde 2013, desempeñaba funciones de control de accesos en la planta de Lactalis Nadela (Lugo). Hasta diciembre de 2024, su jornada se organizaba en turnos alternos de mañana y tarde (4 días de trabajo seguidos de 2 de descanso). Sin embargo, en octubre de 2025 se le impuso un cambio a turno exclusivo de tarde, sin el preaviso legal ni justificación por escrito.

El fallo, contra el que no cabe recurso, refuerza la jurisprudencia previa en casos similares y supone un respaldo a la defensa de los derechos laborales ejercida por CSIF Lugo a todos los trabajadores, también del sector privado.

CSIF logra su segunda sentencia favorable contra la misma empresa de Chantada por impagos y falta de ocupación efectiva

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 24 Apr 25 12:42:00 CEST

Lugo, 24 de abril de 2025.- El Juzgado Social número 1 de Lugo ha dictado una nueva sentencia favorable a un trabajador representado por los servicios jurídicos de CSIF Lugo, declarando la extinción de la relación laboral debido a incumplimientos graves de las obligaciones del empresario.

Se trata de la segunda victoria judicial de CSIF contra la misma empresa de Chantada por incurrir de nuevo en un delito de impagos salariales continuados y falta de ocupación efectiva de uno de sus trabajadores.

La sentencia, emitida el 9 de abril de 2025, reconoce la falta de ocupación efectiva y los continuados impagos salariales como causales suficientes para extinguir el contrato de trabajo según el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En total, el empresario adeudaba al trabajador 6.152,36 euros en salarios correspondientes a diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025. Además, se constató que desde noviembre de 2024 el empleado carecía de ocupación efectiva, confirmado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En términos de indemnización, el tribunal ha fijado un monto de 5.423,37 euros, calculado conforme a los criterios del despido improcedente. Asimismo, la parte demandada fue condenada a abonar las costas procesales, incluyendo honorarios de la letrada de la parte actora, debido a su incomparecencia injustificada.

Esta resolución refuerza el compromiso de CSIF Lugo con la defensa de los derechos laborales y la protección de sus afiliados frente a incumplimientos empresariales. El sindicato celebra este avance hacia la justicia laboral y anima a los trabajadores afectados por situaciones similares a acudir a sus servicios jurídicos especializados.

Condenado un empresario de Lugo por impagos y retrasos salariales prolongados a un trabajador

rebeca.romero.rodriguez — Mon, 03 Mar 25 13:12:00 CET

Lugo, 3 de marzo de 2025.- El Juzgado de lo Social n.º 4 de Lugo ha dictado sentencia a favor de un trabajador afiliado a CSIF y reconoce su derecho a la extinción del contrato laboral con indemnización equivalente a un despido improcedente debido a impagos y retrasos reiterados por parte de la empresa en el abono del salario pactado y por no darle ocupación efectiva.

El fallo considera probado que la empresa incurrió en incumplimientos graves y continuados en el pago de los salarios del trabajador, quien se encontraba contratado desde febrero de 2023. La resolución judicial aplica el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar la rescisión del contrato con derecho a indemnización en casos de impago o retrasos salariales prolongados. Además, la sentencia obliga a la empresa a abonar los salarios adeudados.

Según la sentencia, la empresa adeudaba varios meses de salario y había realizado pagos irregulares sin especificar las mensualidades correspondientes. La demanda fue presentada tras la incomparecencia de la empresa en el acto de conciliación ante el SMAC, lo que reforzó la posición del trabajador en el litigio.

Desde la Central Sindical, que llevó el caso a través de los servicios jurídicos de CSIF valoran positivamente la resolución y consideran que es una demostración más de su compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores, también del ámbito privado, donde la presencia de CSIF es cada vez mayor.

Correos condenada por discriminar por razón de sexo y de maternidad a una trabajadora

rebeca.romero.rodriguez — Thu, 05 Dec 24 12:34:00 CET

Lugo, 4 de diciembre de 2024.- La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tendrá que reconocer el derecho al incremento salarial del 3,5 por ciento a una trabajadora pública a la que se le denegó durante su permiso tras haber sido madre, lo que constituye, según sentencia dictada por el Juzgado Nº1 de lo social de Lugo, un caso de “discriminación por razón de sexo y maternidad”.

La resolución, obtenida gracias a la labor de los servicios jurídicos de CSIF Lugo, establece que dicha trabajadora tiene derecho a un incremento en la base de cotización y en la prestación de maternidad percibida entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2022, en función del aumento salarial retroactivo aprobado para todos los empleados públicos mediante el Real Decreto-Ley 18/2022.

La trabajadora, empleada en un puesto de atención al cliente en la oficina de Monterroso con jornada parcial, había disfrutado de su permiso de maternidad entre diciembre de 2021 y abril de 2022. Durante este periodo, no se ajustó su base de cotización a dicho aumento. No obstante, la empresa sí actualizó su salario tras reincorporarse al trabajo.

El tribunal consideró en su fallo, que no es recurrible, que esta actuación vulneraba los principios de igualdad de trato y no discriminación recogidos en la Constitución Española, la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, y la Directiva Europea 92/85/CEE. Además, resalta que cualquier aumento salarial aprobado durante el periodo de descanso por maternidad debe reflejarse en la base reguladora de la prestación, garantizando una remuneración equivalente a la que habría recibido la trabajadora de no encontrarse en esta situación.

La sentencia condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a regularizar la base de cotización de la actora y abonar las cantidades correspondientes al incremento de la prestación de maternidad.

CSIF valora el sentido de esta sentencia porque reafirma la protección jurídica frente a la discriminación por razón de sexo, así como el compromiso de este sindicato con la defensa de los derechos de las trabajadoras a disfrutar de condiciones laborales igualitarias durante su permiso de maternidad.

El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

beatriz.pampin.alvarez — Wed, 20 Nov 24 13:00:00 CET

Lugo, 19 de noviembre de 2024.- Los servicios jurídicos de CSIF Lugo han conseguido la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la convocatoria de empleo público para el ejercicio 2024 del cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias por incumplir los acuerdos de promoción interna, al convocar 73 plazas mediante procedimiento de acceso por turno libre y 45 plazas por el procedimiento de promoción interna, cuando debían ofrecerse al menos 71 por este procedimiento.

CSIF ha reclamado de manera reiterada anta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIP) el cumplimiento de los acuerdos de promoción interna. Ante su inoperancia, los servicios jurídicos de CSIF Lugo presentaron una demanada ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ahora, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrtivo estima la medida cautelar solicitada por el funcionario del cuerpo de ayudantes de Insituciones Penitenciaria sque interpuso el recurso contra el REal Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprobaron las plazas de nuevo ingreso y de promoción interna de este cuerpo.

En el recurso se alegó que la distribución de las plazas entre los diferentes turnos de acceso infringe el artículo 5 de la ley 36/1977, de 23 de mayo, de ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios y de creación del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que dispone que el 60% de las vacantes que se convoquen se reservarán para su provisión en turno restringido a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes que posean la correspondiente titulación, es decir, por promoción interna.

Se argumenta además, que si se ofertaban 118 plazas vacantes, según la citada ley, el 60% deberían corresponder al turno de promoción interna, es decir, al menos 71 y no 45 como se ofertaban en la convocatoria.

La Sala considera que en este caso concurren los presupuestos de apariencia de buen derecho y de preservación del interés legítimo del recurso y de los intereses en juego que fija la ley para la adopción de la medida cautelar.

Afirma que “el entendimiento directo del artículo 5 de la Ley 36/1977 no parece que pueda ser el que nos plantea la Administración del Estado pues, sin esfuerzo interpretativo alguno y a primera lectura, puede afirmarse que el precepto es suficientemente preciso. Lo que dice es que deben reservarse al turno de promoción interna el sesenta por ciento de las vacantes que se convoquen para el ingreso en los Cuerpos Especiales de Instituciones Penitenciarias, es decir, no de las que se convoquen por el turno libre”.

La Administración aún tiene la posibilidad de corregir de oficia la ratio elevando el número de plazas de la promoción interna a 110 plazas, cumpliendo así el Real Decreto. De no hacerlo los servicios jurídicos de CSIF irán hasta el final en su demanda y exigirán las responsabilidades debidas.

Noticia Europa Press: 'El TS suspende la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciarias por turno libre y promoción interna de 2024'.
Noticia Poderjudicial.es: 'El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la oferta de empleo público de 2024 para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias'.

El TSXG da la razón a CSIF y condena a la Xunta por no respetar el mismo número de plazas de SPIF ofertadas en la OPE de estabilización y en la convocatoria de la Ley 20/21

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 20 Sep 24 09:47:00 CEST

Santiago, 19 de septiembre de 2024- Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia da la razón a CSIF y declara la nulidad de pleno derecho de determinadas convocatorias de la Ley 20/21 por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas en la OPE extraordinaria de estabilización.

Durante el periodo de negociaciones de las referidas convocatorias durante el año 2022, CSIF instó en numerosas ocasiones a la Dirección Xeral de Función Pública a que incluyera la totalidad de las plazas que cumplían con los requisitos determinados en la ley, y “exigimos reiteradamente que, en todo caso, respetara de forma rigurosa el número de plazas que figuraban en la Oferta de Empleo extraordinaria de Estabilización derivada de la ley 20/21, con advertencia de las graves consecuencias que podría tener su incumplimiento”.

Desde CSIF recuerdan que de nada habían valido alegaciones ni advertencias y la Xunta redujo significativamente en más de 400 el número de plazas del SPIF convocadas respecto a las ofertadas. Por ello, en el año 2023, CSIF presentó recurso contencioso administrativo contra varias de las resoluciones de convocatoria de la oferta pública extraordinaria del año 2022, por reducir drásticamente el número de plazas relativas al Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) respecto a las que figuran como ofertadas en la OPE del año 2022, con el objetivo último de incrementar el número de plazas convocadas, como mínimo, en número igual al que figura en dicha OPE extraordinaria.

El recurso presentado pedía la nulidad y/o subsidiariamente anulabilidad de las convocatorias en el particular de las plazas convocadas, manteniendo inalterado el demás contenido de las resoluciones impugnadas. En un primer momento, en sentencia del 19 de julio de 2024, el TSXG estima parcialmente nuestro recurso y declara la nulidad de pleno derecho de las resoluciones de convocatoria de concurso y concurso-oposición del C2 y para el ingreso en categorías de personal laboral del grupo IV, así como la Resolución del 6 de febrero de 2023 por la que se modifican las convocatorias de los procesos selectivos extraordinarios mediante el sistema de concurso-oposición.

Analizado el fallo por los servicios jurídicos de CSIF, y entendiendo que se extralimitaba de lo solicitado al anular la totalidad de dichas convocatorias, se interpuso ante el mismo tribunal solicitud de aclaración y/o subsanación de la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas únicamente en lo referente a las plazas de los grupos y/o categorías del SPIF señaladas, dejando el demás contenido de la convocatoria inalterado en aras a la seguridad jurídica y principio de conservación de los actos administrativos que no se ven afectados por la tramitación del procedimiento. Finalmente, con fecha de 2 de septiembre de 2024, el TSXG emite auto de aclaración de sentencia en el que se aclara en sus Fundamentos de Derecho:

No obstante, para que no exista confusión, en la línea que se interesa por la demandante, en coherencia con el objeto impugnado según concreción en demanda por la actora, y acorde con el principio de congruencia procesal, se aclara que la nulidad de las resoluciones recurridas que se declara en el fallo se refiere no a éstas en su integridad, sino única y exclusivamente en lo relativo a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante (- En el cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2 escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales : Especialidad bombero/a forestal -conductor/a motobomba (incluye plazas de la categoría 33 del grupo IV de personal laboral); especialidad bombero/a forestal (incluye plazas de las categorías 14 y 14ª del grupo V de personal laboral); – Personal laboral del grupo III : categoría 100, bombero/a forestal jefe/a de brigada). Y sin que se afecte con el fallo por tanto al resto de plazas convocadas, de forma que respecto a ellas se deja inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Por tanto, en atención a lo expuesto, el auto de aclaración del TSXG declara en su parte dispositiva:

Se aclara la sentencia nº 600/2024 , de 19 de julio de 2024, dictada en los presentes autos de PO 191/23, de esta Sala y Sección, debiendo añadirse en el fallo de la misma, a instancia de la parte demandante, que se declara la nulidad de pleno derecho de las concretas resoluciones de convocatoria impugnadas, por no incluir en ellas las plazas que previamente habían sido ofertadas, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esta declaración, en relación única y exclusivamente a las plazas de los grupos y/o categorías expresamente indicados en el escrito de demanda , que son las únicas afectadas por la acción impugnatoria finalmente concretada por la demandante, y manteniendo en cuanto al resto de las plazas convocadas inalterado el contenido de las referidas resoluciones.

Desde CSIF valoramos muy positivamente el fallo del tribunal, en el sentido que confirma nuestro posicionamiento de que hay que respetar, y no se puede reducir, el número de plazas ofertadas. Y además, que no se puede en un momento posterior reducir el número de plazas convocadas. Esta sentencia debe servir para garantizar que se convoquen todas las plazas que cumplan con los requisitos determinados en la ley 20/21, sin que la administración pueda impunemente incumplir la ley, tal y como ha sucedido en estos procesos.

CSIF celebra una sentencia que condena a Política Social a reconocer el derecho a cobrar la carrera profesional a una trabajadora laboral temporal del CAPM de Sarria

rebeca.romero.rodriguez — Fri, 13 Sep 24 13:20:00 CEST

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Santiago de Compostela 14 de septiembre de 2023.- CSIF Galicia, a través de
los servicios jurídicos de CSIF Lugo, ha logrado el reconocimiento del acceso al
grado I y II de carrera profesional a una trabajadora del CAPM de Sarria, dependiente de la Consellería de Política Social, cuya relación con este organismo es de personal laboral, al ganar una sentencia emitida
por el Juzgado de lo Social nº4 de Lugo que falló a favor de la demandante y le
reconoció también una indemnización de 1.800 euros por vulneración de derechos
fundamentales.

El fallo judicial establece que la exclusión del personal temporal e indefinido no fijo
del sistema de carrera profesional de la Xunta de Galicia, implementado a través de
las órdenes de 2019, es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. La sentencia también se
apoya en normativa europea, como la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe la
discriminación entre trabajadores temporales y fijos en cuanto a las condiciones
laborales, y señala que dicha exclusión carece de justificación objetiva.

La resolución judicial reconoce el derecho de la trabajadora, representada por CSIF,
a acceder al grado I de la carrera profesional con efectos retroactivos desde el 1 de
enero de 2019, y al grado II desde el 1 de enero de 2022. Asimismo, se condena a
la Xunta de Galicia al pago de las cantidades adeudadas por este concepto, que
ascienden a 4.246,46 euros, más los intereses legales correspondientes.

CSIF considera este fallo como un avance más en la defensa de los derechos de los
empleados públicos temporales;refuerza nuestra convicción de que no debe haber
diferencias injustificadas entre el personal fijo y temporal en la Administración.
Todos los trabajadores deben tener las mismas oportunidades de desarrollo
profesional.

Además de reconocer el derecho a la carrera profesional, el juzgado ha condenado
a la Xunta de Galicia al pago de una indemnización de 1.800 euros a la trabajadora por vulnerar su
derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Esta indemnización resarce
el daño moral causado por la exclusión arbitraria del sistema de carrera profesional,
subrayando la importancia de tratar a todos los empleados con equidad.

El CSIF anima a todos los empleados públicos que se encuentren en situaciones
similares a reivindicar sus derechos y a denunciar cualquier trato discriminatorio. El
sindicato, comprometido con la igualdad en el empleo público, continuará llevando
a cabo acciones legales y sindicales para garantizar que los derechos de los
trabajadores temporales y no fijos sean respetados y defendidos en todo momento.