La CESI reclama blindar el Estado de Bienestar en la UE ante los efectos económicos y sociales de la guerra

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Apr 26 14:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas-, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la Federación Alemana de la Función Pública (DBB) -el principal sindicato de administraciones públicas en Alemania-, han acordado reclamar a Bruselas y a los respectivos gobiernos un plan de contingencia en el ámbito público que blinde el Estado de Bienestar en la UE ante los posibles efectos económicos y sociales de la guerra Oriente Medio.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión mantenida en Madrid por representantes de CSIF con una delegación de CESI y del DBB, en la que las tres organizaciones realizaron un diagnóstico conjunto sobre los efectos que la guerra en Oriente Medio está provocando en las economías de los países de la UE y su repercusión en los servicios públicos.

En el caso de España, la guerra en Oriente Medio ha situado el indicador adelantado del IPC del mes de marzo en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Irán, y es probable que este repunte también se reproduzca en otros países, afectando al poder adquisitivo y en particular al de las/os empleados públicos.

CSIF, CESI y DBB han acordado emplazar a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados de la UE a que elaboren, en el marco de sus respectivas competencias, un plan de contingencia que blinde la prestación de servicios esenciales del Estado de Bienestar. El objetivo es reforzar su respuesta ante las consecuencias económicas del citado conflicto aumentando la inversión en las administraciones y los servicios públicos con recursos suficientes y capaces de funcionar bajo presión.

Los tres socios subrayan que el fortalecimiento de las administraciones y los servicios públicos, así como la inversión en su personal deben ocupar un lugar central en los debates públicos sobre las agendas nacionales y europeas de preparación ante las crisis. Las/os trabajadores de las administraciones y los servicios públicos no solo implementan las políticas de preparación, sino que son los actores clave que posibilitan la resiliencia de las personas, las empresas y las sociedades.

Más presión con plantillas más reducidas

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de plantillas y la mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos aumenta la presión sobre los trabajadores públicos en toda la UE y sus estados miembros, con especial incidencia en sectores como la sanidad, la educación, la Justicia y en el caso particular de España el SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

CSIF, CESI y DBB subrayan también que el fortalecimiento de los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de las plantillas debe ser una prioridad de las políticas nacionales y europeas. Los trabajadores de las administraciones públicas son esenciales en este escenario para garantizar una prestación adecuada de los servicios básicos. Precisamente, CSIF espera iniciar en breve con el Gobierno las negociaciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.

En el caso de España, CSIF propone una batería de medidas inspiradas en crisis anteriores, como la del covid:

• Las administraciones y los servicios públicos constituyen un pilar fundamental de la resiliencia.

• Agilizar un plan que rija la gobernanza en las políticas públicas.

• Un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo ante el posible impacto en aumento de prestaciones y ayudas sociales. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

• Inversiones esenciales en el personal del sector público y una inversión pública estratégica que permita financiar los servicios que recibe la ciudadanía si aumentan los costes. El objetivo sería evitar recortes, paralización de servicios y deterioro de las plantillas.

• Mecanismos de protección del empleo y la actividad económica.

• Creación de órganos de seguimiento del impacto del conflicto en las administraciones públicas. Su objetivo sería monitorizar inflación y empleo, evaluar el impacto en los servicios públicos y activar medidas de respuesta rápida.

• Reforzar y proteger el Estado de Derecho y el carácter democrático de las instituciones que históricamente han inspirado las bases de la Unión Europea.

Extremadura - Administración de Justicia

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