Comunidad Valenciana - Universidades

CSIF denuncia la falta de profesores universitarios en Ciencias de la Salud por la precariedad laboral y escasos salarios

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Wed, 01 Apr 26 12:55:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia la falta de profesores universitarios en Ciencias de la Salud (como Medicina, Enfermería o Fisioterapia) debido principalmente a la precariedad laboral (con una temporalidad del 45 por ciento), salarios poco atractivos y a la complejidad para obtener la acreditación para ejercer la docencia universitaria.

CSIF subraya el escaso tiempo disponible del que disponen los profesionales de Ciencias de la Salud para lograr los requisitos para ejercer la docencia, como la obtención del doctorado, adquirir formación pedagógica (horas de clase), investigación y publicación en medios de reconocido prestigio. Estas son las bases imprescindibles para lograr la acreditación, estabilización y progreso profesional.

En este sentido, la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina ha afirmado que se necesitarían 2.600 profesores más en las universidades públicas para desarrollar adecuadamente la docencia. El déficit global de profesionales de la salud es una realidad si vemos que algo parecido ocurre en Enfermería donde la consolidación académica se alcanza en torno a los 54 años tras etapas prolongadas en la práctica clínica.

Aunque en los últimos años se ha mejorado la acreditación para ser profesor y catedrático titular de universidad, la necesidad de estancias en el extranjero o la participación en proyectos de investigación competitivos dificultan la obtención de la acreditación a las diversas figuras de personal docente e investigador establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Para garantizar la disponibilidad de un número adecuado de profesorado en el área de Ciencias de la salud, CSIF pide medidas para aumentar la estabilidad laboral, mejores salarios, revisar los sistemas de acreditación para reducir el nivel de exigencia y crear la figura del Profesor Ayudante Doctor con vinculación clínica.

CSIF logra que el Gobierno abone, al fin, la subida de 2025 con efectos retroactivos y un incremento salarial del 11,4 por ciento hasta 2028 recuperando así un 2,9% de poder adquisitivo

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 27 Nov 25 22:39:00 CET

Pincha en este enlace: ACUERDO MARCO POR LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, dando su visto bueno al nuevo acuerdo salarial (2025-2028) y de condiciones laborales negociado con el Ministerio de Función Pública para todas las y los empleados públicos.

La clave para el visto bueno ha sido la cesión de Función Pública para añadir un 0,5 al año 2026 vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5 por ciento de la parte fija para este año. Este incremento se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Además, para CSIF, ha sido clave que el acuerdo recoja, a propuesta de CSIF, mejoras en permisos, acción social, prestación sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y que las revisiones de los complementos por residencia así como las indemnizaciones por razones de servicio se revisen al alza el próximo año.

RESUMEN DE RETRIBUCIONES
2025: 2,5 por ciento
2026: 1,5 más 0,5 adicional si el IPC es igual o superior al 1,5.
2027: 4,5 por ciento.
2028: 2 por ciento.

Por tanto, este acuerdo, de entrada, pone fin a la congelación salarial que padecían las/os empleados públicos de este país, que verán reflejadas en sus nóminas con una subida de un 2,5 por ciento, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025, y cobrando así atrasos a partir de diciembre.

Además, en 2026 las nóminas subirán un 4 por ciento en enero (al que se añadirá un 0,5 por ciento más en función del IPC a pagar en 2027 con efectos retroactivos); hasta un 9 por ciento en 2027 (9 puntos de subida en 12 meses) y culminarán en un 11,4 por ciento acumulado en 2028.

CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con las y los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN (gasto en defensa).

Los empleados públicos, después de meses de protestas lideradas por CSIF, se merecen empezar a recuperar poder adquisitivo y mejorar sus condiciones laborales, porque de lo contrario el Gobierno manifestó su intención de retirar la propuesta, prolongando la situación de precariedad de todos los trabajadores.

De hecho, consideramos este acuerdo como una victoria de CSIF, que emprendió su lucha en las calles en solitario y un logro colectivo de las empleadas y empleados públicos, que han dado ejemplo estos meses con el sueldo congelado, su apoyo a las movilizaciones y trabajando en todo momento con profesionalidad y entereza, en momentos muy difíciles, para garantizar el Estado de Bienestar y los servicios que reciben los ciudadanos.

Asimismo, las propuestas de CSIF nos van a permitir desbloquear mejoras laborales (jornada de 35 horas y regulación del teletrabajo en la Administración del Estado, entre otras que se aplicarán de manera inmediata.

Estos son los principales aspectos que recoge el acuerdo, además de las retribuciones antes citadas:

- Se elimina la actual tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas en los ámbitos más necesitados y reducir la contratación de personal temporal.
- Se acortarán los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que su resolución definitiva no supere el año.
- Se amplía y mejora tanto la promoción interna como la movilidad.
- Se adaptará la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
- Se impulsarán procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.
- A lo largo de 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio eliminando las desigualdades entre empleados públicos.
- Se reforzarán las plantillas de atención al público, adecuando retributivamente estos puestos de trabajo.
- Se actualizarán los permisos y se incorporarán mejoras en materia de conciliación.
- Se impulsan medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
- Se reforzará la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
- Se abordará las actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.
- Se analizarán mejoras en materia de jubilación.
- Se reforzará la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).

CSIF propone a UGT y a CCOO organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo y abone la subida salarial

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 08 May 25 11:05:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un frente común a UGT y a CCOO para organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno se siente de una vez a negociar la subida salarial de este año y abone el 0,5 por ciento pendiente correspondiente a 2024.

Además, CSIF propondrá a los Grupos Parlamentarios impulsar una Proposición de Ley para que los salarios de las empleadas y empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como ya ocurre con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.

Además, ante la parálisis del Gobierno reclamamos:

Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial.
La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.

La situación es muy grave. Ya estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5 por ciento que debe desde 2024; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. En total, calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados/as públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.

CSIF considera que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar. Próximamente, realizaremos una petición formal al presidente del Gobierno ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López.

LAS ADMINISTRACIONES INCUMPLEN LA LEY DE ESTABILIDAD

Por otra parte, la temporalidad en las Administraciones Públicas se estanca en el 30 por ciento superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021, según datos extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) procedentes del Boletín Estadístico de Empleados Públicos y la Encuesta de Población Activa (EPA) y que nos ha confirmado la propia Administración.

Estos porcentajes de temporalidad del 30 por ciento están muy lejos del límite del 8 por ciento de interinidad acordado con Bruselas y recogido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que fijaba un límite del 8 por ciento con fecha de 31 de diciembre de 2024. Este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria, tal y como nos ha informado el Ministerio de Función Pública.

La temporalidad del 30 por ciento evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021, cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad en todas las administraciones públicas. Los datos del Ministerio de Función Pública consultados por CSIF recogen que en los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (en concreto, el 32,7 por ciento).

Además, se da la circunstancia que, de los 8.132 municipios, casi el 40 por ciento (3.100 consistorios) no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad.

Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Las administraciones públicas han perdido un total de 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que supone prácticamente toda la ocupación perdida en términos netos durante el primer trimestre del año en el conjunto del mercado laboral, según un análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa.

CSIF manifiesta su preocupación por estas cifras, ya que supone la mayor destrucción de empleo de la serie histórica de la EPA. Desde el segundo trimestre de 2003, cuando se produjeron recortes para reducir el déficit público y privatizaciones, no se había producido una destrucción de empleo similar; ni siquiera en 2013, cuando se vivió uno de los peores momentos de la crisis financiera global.

Se da la circunstancia de que más del 60 por ciento de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30 por ciento de la plantilla actual de la Administración General del Estado, lo que nos situaría en una situación de colapso si no se adoptan medidas urgentes.

Pese a las ofertas de empleo público de los últimos años, la destrucción de empleo producida en este trimestre supone más del doble de toda la oferta del año pasado en la AGE.

CSIF reclama ante la Delegación del Gobierno en Valencia la negociación de un nuevo acuerdo salarial

Alicia Piquer Forment — Fri, 04 Apr 25 12:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Valencia para denunciar la pérdida de poder adquisitivo que las empleadas y empleados públicos han experimentado en los últimos años. El sindicato exige una clara negociación del nuevo acuerdo salarial.

Una concentración que el sindicato ha convocado a nivel nacional y que abre un calendario de movilizaciones para exigir soluciones a las principales problemáticas que aquejan al funcionariado.

“Pese a los anuncios de este Gobierno, los empleados públicos siguen sin recibir el 0,5% de la subida salarial correspondiente al año 2024 y, desde la firma del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT en noviembre de 2022, han acumulado una pérdida de poder adquisitivo de casi el 9%, porcentaje que asciende a más de un 20% si contabilizamos desde el año 2010”, indicamos desde CSIF.

Al respecto, desde CSIF pedimos también la equiparación salarial entre las distintas administraciones y la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, en la que se elimine la tasa de reposición.

La central sindical afirma de forma contundente: “Exigimos la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo, además de la adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)”,

Por ello, desde CSIF solicitamos medidas urgentes, como la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas, así como la regulación inmediata para que funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

CSIF sale a la calle en toda España para reclamar ya una subida salarial y una mejora de condiciones laborales

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 04 Apr 25 01:52:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para hoy movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que se mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.

De entrada, ante la imposibilidad manifiesta del Gobierno para sacar adelante unos presupuestos, exigimos de manera inmediata que se aplique la subida pendiente del 0,5 por ciento adicional que aún se nos debe de 2024, por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada en el caso del personal militar. Esta fórmula también se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público aún pendiente.

CSIF ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública con voluntad constructiva para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleadas y empleados públicos, que merecen un reconocimiento y una compensación por su trabajo, pero se siguen sin concretar mejoras por parte de la Administración, salvo la jubilación parcial, que para los empleados públicos se retrasará como mínimo hasta el último trimestre de este año, por la falta de previsión del Gobierno. CSIF ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de sus afiliados que se vean afectados por este retraso.

En definitiva, estos son nuestros objetivos:

Aprobar cuanto antes la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024, que todavía está pendiente.
Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. CSIF exige que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.
Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
Adecuación de los Grupos Profesionales.
Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

CSIF vigilará el nuevo concierto de Muface para garantizar una asistencia sanitaria de calidad y el futuro de la mutualidad, tras la salida de DKV

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 05 Mar 25 18:44:00 CET

Madrid, 5 de marzo de 2025. La presión ejercida durante los últimos meses por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha hecho posible la renovación del concierto sanitario de Muface durante los próximos tres años, de forma que los cerca de 1,5 millones de mutualistas y beneficiaros continuarán recibiendo asistencia sanitaria hasta que concluya el nuevo concierto a finales de 2027.

En todo caso, el modelo sale tocado tras la salida de la aseguradora DKV. Solo siguen Adeslas y Asisa, por lo que vigilaremos el desarrollo del nuevo concierto para evitar que se vea mermada la atención sanitaria al colectivo de mutualistas.

Muchas de las quejas que hemos tramitado se han desbloqueado tras nuestras reclamaciones a Muface, Defensor del Pueblo y Fiscalía General del Estado, tal y como nos han confirmado los propios afectados, aunque siguen produciéndose trabas en la atención por parte de aseguradoras y clínicas. Por eso, animamos a nuestros mutualistas a que sigan denunciando, oficialmente ante MUFACE y la compañía que presta el servicio, todas las situaciones en las que se vean perjudicados, poniéndolas en nuestro conocimiento para que nuestra organización eleve las quejas y salgan a la luz los problemas que puedan surgir.

En este sentido, hacemos un llamamiento al Gobierno y las aseguradoras para que reflexionen sobre la gravedad de la desatención, la denegación de autorizaciones médicas y el desamparo al que ha sido sometido el colectivo de mutualistas durante estos meses. Hace falta consenso social, político y económico para dar estabilidad a un modelo de mutualismo administrativo que ha demostrado su eficacia durante décadas y que constituye una condición laboral del funcionariado.

CSIF siempre ha defendido la vigencia del modelo de mutualismo administrativo, especialmente desde el pasado mes de octubre, cuando consideramos insuficiente la primera subida para el nuevo concierto que anunció el Ministerio para la Transición Ecológica y de la Función Pública y que provocó meses de incertidumbre sobre la continuidad de Muface y la asistencia sanitaria de 1,5 millones de personas.

En los últimos meses, hemos actuado en varias direcciones para favorecer la continuidad del concierto sanitario: en primer lugar, favoreciendo e intensificando la interlocución entre Gobierno y aseguradoras; en segundo lugar, trasladando nuestra propuesta al debate público (medios de comunicación y redes sociales y centros de trabajo); organizando protestas en toda España y en concreto, frente al Ministerio de Hacienda y la sede de Muface (donde congregamos a más de 50.000 funcionarios en defensa del mutualismo administrativo); intensificando nuestra labor institucional (reuniones con los partidos políticos, Defensor del Pueblo, cartas dirigidas al presidente del Gobierno y Ministerio de Función Pública, grupos parlamentarios, presidentes y asambleas de las comunidades autónomas y Comisión Europea); asesorando a nuestros mutualistas en la presentación de quejas por el abandono sanitario y presentando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Pues bien, como resultado de estas presiones, hemos comprobado como las licitaciones han ido aumentando de manera sucesiva:

Primera licitación: 08/10/2024: 2.681 millones (un 17,12 por ciento más con respecto al concierto en vigor).
Segunda licitación: 17/12/2024: 4.478 millones (un 33,5 por ciento más con respecto al concierto en vigor).
Tercera licitación: 07/02/2025: 4.808,5 millones (un 41,2 por ciento más con respecto al concierto en vigor).

Estas mejoras sucesivas del Gobierno de las condiciones económicas del concierto han hecho posible que salga adelante el concierto. Esperamos que próximamente se convoque el Consejo General de Muface para analizar las quejas recibidas, la nueva situación y las posibles consecuencias derivadas para las aseguradoras, así como el nuevo concierto.

Máxima transparencia en el nuevo concierto y en posible revisión del modelo

Además, nuestra organización lamenta la falta de transparencia por parte del Gobierno durante estos meses de incertidumbre: seguimos sin conocer las conclusiones del informe de sostenibilidad encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface, y recordamos que el Gobierno ha anunciado en diversas ocasiones que tiene previsto promover una amplia reflexión de este modelo sanitario cuando se conozca dicho informe.

Sobre esta cuestión, CSIF advierte de que esta reflexión debe ir dirigida a la mejora y fortalecimiento del modelo y no a su desaparición, por lo que exigimos formar parte en ese proceso de reflexión sobre este derecho adquirido del funcionariado. No aceptaremos que se ponga en cuestión el mutualismo administrativo, como se ha propuesto desde SUMAR y sugerido desde el propio ministro de Función Pública.

CSIF protesta ante la Delegación de Gobierno exigiendo mayor transparencia y el refuerzo del modelo de mutualismo administrativo

Alicia Piquer Forment — Thu, 13 Feb 25 12:21:00 CET

(Valencia, 13 de febrero de 2025) La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado hoy una concentración en la Delegación de Gobierno de todas las provincias de la Comunidad Valenciana, en defensa de Muface, el modelo de mutualismo administrativo que beneficia a miles de funcionarios.

Esta acción de protesta tiene lugar tras la masiva manifestación del pasado 16 de diciembre en Madrid, en la que más de 50.000 mutualistas participaron para reclamar la continuidad de Muface. Este modelo, que ha demostrado su eficacia durante más de 50 años, ha generado un importante ahorro a las arcas públicas y ha contribuido a la descongestión de un sistema sanitario que actualmente se enfrenta a grandes dificultades para atender a la creciente demanda de atención.

Durante la concentración, CSIF guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la DANA como muestra de solidaridad y respeto a aquellos que han perdido a seres queridos o sufrido las consecuencias de este desastre natural. Este gesto dio paso a una exigencia por parte del sindicato para exigir una respuesta rápida y eficaz de las autoridades. CSIF pide más personal para resolver la situación que ha dejado una gran cantidad de solicitudes de ayudas pendientes de tramitación.

Según los datos actuales proporcionados por el Gobierno central, se han movilizado 16.600 millones de euros en recursos, con un total de 386.341 solicitudes registradas, de las cuales 312.561 siguen en tramitación y solo 197.139 han sido finalizadas. A pesar de los esfuerzos realizados, solo un 13% de las ayudas prometidas por el Gobierno han sido abonadas después de más de tres meses desde la catástrofe.

CSIF ha solicitado un aumento significativo del personal interino para agilizar la tramitación de estas ayudas y garantizar que los afectados por la DANA reciban el apoyo necesario con urgencia. “La necesidad es urgente y la respuesta debe ser rápida”, subrayaron desde el sindicato.

Según los últimos datos proporcionados por el CSIF, se informa que actualmente en la Comunidad Valenciana existen un total de 163.126 mutualistas adscritos a MUFACE. En Valencia cuenta con un total de 86.645 mutualistas, Castellón 20.751 mutualistas y Alicante 55.730 mutualistas

Estos números reflejan la distribución de los funcionarios que se benefician de los servicios de MUFACE en la región, lo que subraya la importancia de esta entidad en la gestión de la salud y otras prestaciones para el personal de la administración pública.

En cuanto a la situación relacionada con Muface, CSIF también ha querido hacer énfasis en que la amenaza de huelga continúa siendo una opción, pero que se ha decidido aplazar la convocatoria tras la publicación de la tercera licitación por parte del Gobierno el pasado 7 de febrero. Esta licitación, con una financiación que representa un incremento superior al 40%, tiene un plazo que finalizará el 4 de marzo.

Por ello CSIF manifiesta que “Este no es un cheque en blanco, sino un plazo para ver si se cumplen los compromisos. Seguiremos vigilantes, exigiendo soluciones definitivas que garanticen la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, y la atención sanitaria de nuestros funcionarios.

En definitiva, el sindicato continuará su lucha para garantizar el fortalecimiento de Muface y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, y no dudará en retomar las movilizaciones si las demandas no son atendidas.

CSIF pide a la Fiscalía que investigue la cancelación de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 10 Feb 25 11:05:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado a la Fiscalía General del Estado a que investigue las quejas de centenares de mutualistas de Muface, que han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria han sido rechazadas en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa. El objetivo es determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados.

Gracias a las presiones de CSIF y a la interlocución con Gobierno y aseguradoras privadas, el ministerio ha presentado una nueva oferta económica, que están estudiando las compañías. Desde nuestra organización valoramos esta nueva situación y esperamos que se alcance pronto un acuerdo.

Mientras tanto, seguimos con nuestra labor vigilante y con las presiones en favor de los mutualistas a recibir una asistencia sanitaria adecuada. El escrito presentado por CSIF recuerda que hemos recibido diariamente desde octubre centenares de quejas de mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, lo que está provocando problemas de salud mental y físico tanto en los mutualistas como en sus familias. Denunciamos que “la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo” y por el número de personas afectadas (aproximadamente 1,5 millones entre mutualistas y beneficiarios).

En este sentido, la denuncia presentada por CSIF ante la Fiscalía General subraya que “en ningún caso una cuestión puramente económica -la no renovación del actual concierto- puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud”, por lo que instamos a que investigue para determinar las posibles responsabilidades penales de las aseguradoras.

SEGUIMOS RECIBIENDO QUEJAS A DIARO

Mientras tanto, seguimos recibiendo quejas diariamente por parte de los mutualistas en toda España ante la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras para el nuevo concierto de Muface.

CSIF ha intensificado las últimas semanas la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de personas. Por el contrario, afeamos la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que realizan; por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario.

CSIF convocará huelga si queda desierta la licitación de Muface: quedan 5 días

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 22 Jan 25 11:57:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convocará una jornada de huelga en la Administración General del Estado, sector educativo y Correos si el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad de Muface antes del 27 de enero, fecha en la que concluye el plazo para la presentación de ofertas al concierto mutualista.

La convocatoria de huelga afectaría por tanto a todos los ámbitos con personal afectado por la crisis en Muface: centros educativos públicos, centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos. En los próximos días, delegados sindicales de CSIF pondrán en marcha una campaña informativa y de concienciación en los centros de trabajo.

Para CSIF, ya ha pasado el tiempo de realizar manifestaciones, como la realizada por nuestra organización el pasado 14 de diciembre, en la que más de 50.000 funcionarios provenientes de toda España se concentraron frente a la sede de Muface en defensa del modelo de concierto sanitario del mutualismo administrativo, y toca llevar a cabo acciones más contundentes como esta jornada de huelga, por la gravedad de la situación.

Desde CSIF emplazamos al Gobierno a que ponga fin a la situación de incertidumbre que vive Muface garantizando la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, que han dejado de recibir. La situación solo se resolverá si la oferta del Gobierno satisface a las entidades aseguradoras para concurrir al concierto. Llegados a este punto, nuestro sindicato pide la implicación del presidente del Gobierno para dar prioridad política a este asunto.

CSIF ha intensificado estos días la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros, responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria a 1,5 de funcionarios y sus familias. Por el contrario, afeamos la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que están realizando, por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario.

De manera paralela, CSIF está atendiendo a diario centenares de quejas de mutualistas porque no están recibiendo una adecuada atención por las aseguradoras que bien ponen trabas administrativas o directamente deniegan citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas.

CSIF asesora a los mutualistas para que interpongan una queja por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras y posteriormente acompañará a nuestros afiliados en las acciones legales que se deriven sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Nuestra organización también ha tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea.