Comunidad Valenciana - A.E.A.T.

Muface pone en marcha un plan estratégico para mejorar la atención sanitaria, tras las reivindicaciones de CSIF

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 16 Dec 25 12:19:00 CET

El Consejo General de Muface aprobó hoy su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028, con las líneas de trabajo para prestar la mejora atención a los mutualistas, la plena garantía de derechos, la mejora de la información y la comunicación o la optimización de la cartera de servicios, entre otras medidas que persiguen mejorar la organización y la sostenibilidad de la mutualidad.

La aprobación de estos documentos se produce tras las reivindicaciones y la presión sindical ejercidas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a lo largo de los últimos meses y especialmente a raíz de la crisis que supuso la renovación del actual concierto sanitario.

Desde CSIF entendemos que los planes operativos y estratégico son muy ambiciosos y atienden a las demandas realizadas por nuestra organización en anteriores consejos generales (seguimiento de la calidad asistencial y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica).

Además, deberían incluirse otros aspectos como la revisión del copago farmacéutico, la revisión de las ayudas y prestaciones económicas (inclusión de nuevas y ajuste de las cuantías) y el uso del 112 para emergencias de todo tipo, entre otros. Tras la petición de CSIF Muface ha informado sobre la próxima creación de un grupo de trabajo que analice la revisión del copago farmacéutico y retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para el uso del 112.

El pasado 26 de noviembre, CSIF alcanzó el nuevo acuerdo salarial y de condiciones laborales, con el Ministerio de Función Pública, refrendado ante la presencia del presidente del Gobierno y el responsable del departamento, donde a petición de nuestra organización se incluyó un punto específico sobre el mutualismo: “se avanzará en la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias”.

CSIF valora esta voluntad de mejora. En todo caso nos mantendremos vigilantes atendiendo las incidencias en la atención sanitaria que todavía nos llegan, fundamentalmente trabas administrativas para la realización de pruebas, visados de medicamentos y operaciones quirúrgicas. El sindicato atiende estas quejas y las traslada a la mutualidad para que las aseguradoras sanitarias las resuelvan.

Además, reiteramos nuestra preocupación por la ausencia de presupuestos, que ha liquidado el remanente de tesorería para afrontar gastos: pasando de los 282 a los 7,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles.

CSIF logra que el Gobierno abone, al fin, la subida de 2025 con efectos retroactivos y un incremento salarial del 11,4 por ciento hasta 2028 recuperando así un 2,9% de poder adquisitivo

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 27 Nov 25 22:39:00 CET

Pincha en este enlace: ACUERDO MARCO POR LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, dando su visto bueno al nuevo acuerdo salarial (2025-2028) y de condiciones laborales negociado con el Ministerio de Función Pública para todas las y los empleados públicos.

La clave para el visto bueno ha sido la cesión de Función Pública para añadir un 0,5 al año 2026 vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5 por ciento de la parte fija para este año. Este incremento se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Además, para CSIF, ha sido clave que el acuerdo recoja, a propuesta de CSIF, mejoras en permisos, acción social, prestación sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y que las revisiones de los complementos por residencia así como las indemnizaciones por razones de servicio se revisen al alza el próximo año.

RESUMEN DE RETRIBUCIONES
2025: 2,5 por ciento
2026: 1,5 más 0,5 adicional si el IPC es igual o superior al 1,5.
2027: 4,5 por ciento.
2028: 2 por ciento.

Por tanto, este acuerdo, de entrada, pone fin a la congelación salarial que padecían las/os empleados públicos de este país, que verán reflejadas en sus nóminas con una subida de un 2,5 por ciento, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2025, y cobrando así atrasos a partir de diciembre.

Además, en 2026 las nóminas subirán un 4 por ciento en enero (al que se añadirá un 0,5 por ciento más en función del IPC a pagar en 2027 con efectos retroactivos); hasta un 9 por ciento en 2027 (9 puntos de subida en 12 meses) y culminarán en un 11,4 por ciento acumulado en 2028.

CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con las y los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN (gasto en defensa).

Los empleados públicos, después de meses de protestas lideradas por CSIF, se merecen empezar a recuperar poder adquisitivo y mejorar sus condiciones laborales, porque de lo contrario el Gobierno manifestó su intención de retirar la propuesta, prolongando la situación de precariedad de todos los trabajadores.

De hecho, consideramos este acuerdo como una victoria de CSIF, que emprendió su lucha en las calles en solitario y un logro colectivo de las empleadas y empleados públicos, que han dado ejemplo estos meses con el sueldo congelado, su apoyo a las movilizaciones y trabajando en todo momento con profesionalidad y entereza, en momentos muy difíciles, para garantizar el Estado de Bienestar y los servicios que reciben los ciudadanos.

Asimismo, las propuestas de CSIF nos van a permitir desbloquear mejoras laborales (jornada de 35 horas y regulación del teletrabajo en la Administración del Estado, entre otras que se aplicarán de manera inmediata.

Estos son los principales aspectos que recoge el acuerdo, además de las retribuciones antes citadas:

- Se elimina la actual tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas en los ámbitos más necesitados y reducir la contratación de personal temporal.
- Se acortarán los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que su resolución definitiva no supere el año.
- Se amplía y mejora tanto la promoción interna como la movilidad.
- Se adaptará la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
- Se impulsarán procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna de cursos selectivos, potenciando los concursos de méritos mediante el establecimiento del concurso abierto y permanente.
- A lo largo de 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio eliminando las desigualdades entre empleados públicos.
- Se reforzarán las plantillas de atención al público, adecuando retributivamente estos puestos de trabajo.
- Se actualizarán los permisos y se incorporarán mejoras en materia de conciliación.
- Se impulsan medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
- Se reforzará la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
- Se abordará las actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.
- Se analizarán mejoras en materia de jubilación.
- Se reforzará la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).

Un año después de la DANA, CSIF reclama apoyo psicológico y mejores condiciones laborales para garantizar el mejor servicio público a nuestros ciudadanos

Alicia Piquer Forment — Wed, 29 Oct 25 06:30:00 CET

)A pocos días de la celebración del funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA, la Central Sindical y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, quiere rendir homenaje a todas las personas que perdieron la vida y a quienes continúan sufriendo las consecuencias de aquella tragedia que marcó para siempre a la Comunidad Valenciana.

CSIF reconoce la labor ejemplar de todas/os los profesionales que estuvieron en primera línea. Policías locales, bomberos, sanitarios, forenses, personal de emergencias, así como miles de ciudadanos que salieron a la calle para ayudar a sus vecinos entre el barro y la desesperación. La solidaridad y la entrega fue sin duda, el rostro mas humano de aquellos días tan difíciles.

Un año después, las heridas siguen abiertas. Numerosos vecinos continúan con sus viviendas y comercios sin reparar, negocios que no han vuelto a poder abrir y ayudas insuficientes para recuperar sus vidas. Por ello, el sindicato reitera la necesidad de programas estables de atención psicológica presencial, gratuita y prolongada. Reclamamos la puesta en marcha de unidades de apoyo especializadas, no solo para los afectados directos, sino también para los profesionales que intervinieron y que aún sufren secuelas.

El sindicato, coincidiendo con este primer aniversario de la dana considera necesario promover una reflexión sobre el papel que juegan nuestras/os empleados públicos en la prestación de servicios a nuestros ciudadanos, en el respaldo social y en la atención a emergencias como ocurrió en este desastre, y en definitiva, en los momentos más críticos que ha atravesado la sociedad española.

En este sentido, además de agradecer de palabra la importancia de su trabajo, nuestros responsables políticos deben realizar una apuesta por mejorar sus condiciones laborales para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos: plantillas suficientes y correctamente dimensionadas en todos los sectores implicados (bomberos, sanitarios, forenses y emergencias…), además de una coordinación entre administraciones para poder mejorar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos, entre otros aspectos.

También debemos reflexionar sobre el valor de los servidores públicos en la prestación de servicios, el apoyo social a nuestros ciudadanos y su adecuado reconocimiento profesional.

Desde CSIF recordamos que las/os empleados públicos tienen las retribuciones congeladas desde principio de año y pese a ello, su compromiso, profesionalidad y entrega no han disminuido, todo lo contrario. Una vez más, han demostrado ser un ejemplo de esfuerzo y dedicación, enfrentándose con valor y responsabilidad a situaciones de adversidad extrema, como la del pasado 29 de octubre. Por tanto, es de justicia que tengan una carrera profesional y unas condiciones retributivas acordes al papel que juegan en la sociedad.

Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a las personas afectadas y a sus familias, solicitamos soluciones efectivas para aquellas que aún necesitan apoyo y garantizar la memoria de aquellas que han perdido sus vidas y que siempre estarán presentes en el recuerdo de valencianos y del conjunto de la sociedad española.

CSIF propone a UGT y a CCOO organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo y abone la subida salarial

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 08 May 25 11:05:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un frente común a UGT y a CCOO para organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno se siente de una vez a negociar la subida salarial de este año y abone el 0,5 por ciento pendiente correspondiente a 2024.

Además, CSIF propondrá a los Grupos Parlamentarios impulsar una Proposición de Ley para que los salarios de las empleadas y empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como ya ocurre con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.

Además, ante la parálisis del Gobierno reclamamos:

Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial.
La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.

La situación es muy grave. Ya estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5 por ciento que debe desde 2024; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. En total, calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados/as públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.

CSIF considera que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar. Próximamente, realizaremos una petición formal al presidente del Gobierno ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López.

LAS ADMINISTRACIONES INCUMPLEN LA LEY DE ESTABILIDAD

Por otra parte, la temporalidad en las Administraciones Públicas se estanca en el 30 por ciento superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021, según datos extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) procedentes del Boletín Estadístico de Empleados Públicos y la Encuesta de Población Activa (EPA) y que nos ha confirmado la propia Administración.

Estos porcentajes de temporalidad del 30 por ciento están muy lejos del límite del 8 por ciento de interinidad acordado con Bruselas y recogido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que fijaba un límite del 8 por ciento con fecha de 31 de diciembre de 2024. Este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria, tal y como nos ha informado el Ministerio de Función Pública.

La temporalidad del 30 por ciento evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021, cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad en todas las administraciones públicas. Los datos del Ministerio de Función Pública consultados por CSIF recogen que en los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (en concreto, el 32,7 por ciento).

Además, se da la circunstancia que, de los 8.132 municipios, casi el 40 por ciento (3.100 consistorios) no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad.

Pese a las plazas creadas, las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal, dado que pese a las promesas del Gobierno sigue vigente la tasa de reposición (el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados), lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Las administraciones públicas han perdido un total de 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que supone prácticamente toda la ocupación perdida en términos netos durante el primer trimestre del año en el conjunto del mercado laboral, según un análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa.

CSIF manifiesta su preocupación por estas cifras, ya que supone la mayor destrucción de empleo de la serie histórica de la EPA. Desde el segundo trimestre de 2003, cuando se produjeron recortes para reducir el déficit público y privatizaciones, no se había producido una destrucción de empleo similar; ni siquiera en 2013, cuando se vivió uno de los peores momentos de la crisis financiera global.

Se da la circunstancia de que más del 60 por ciento de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30 por ciento de la plantilla actual de la Administración General del Estado, lo que nos situaría en una situación de colapso si no se adoptan medidas urgentes.

Pese a las ofertas de empleo público de los últimos años, la destrucción de empleo producida en este trimestre supone más del doble de toda la oferta del año pasado en la AGE.

CSIF reclama ante la Delegación del Gobierno en Valencia la negociación de un nuevo acuerdo salarial

Alicia Piquer Forment — Fri, 04 Apr 25 12:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han concentrado este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Valencia para denunciar la pérdida de poder adquisitivo que las empleadas y empleados públicos han experimentado en los últimos años. El sindicato exige una clara negociación del nuevo acuerdo salarial.

Una concentración que el sindicato ha convocado a nivel nacional y que abre un calendario de movilizaciones para exigir soluciones a las principales problemáticas que aquejan al funcionariado.

“Pese a los anuncios de este Gobierno, los empleados públicos siguen sin recibir el 0,5% de la subida salarial correspondiente al año 2024 y, desde la firma del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT en noviembre de 2022, han acumulado una pérdida de poder adquisitivo de casi el 9%, porcentaje que asciende a más de un 20% si contabilizamos desde el año 2010”, indicamos desde CSIF.

Al respecto, desde CSIF pedimos también la equiparación salarial entre las distintas administraciones y la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, en la que se elimine la tasa de reposición.

La central sindical afirma de forma contundente: “Exigimos la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo, además de la adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)”,

Por ello, desde CSIF solicitamos medidas urgentes, como la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas, así como la regulación inmediata para que funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

CSIF sale a la calle en toda España para reclamar ya una subida salarial y una mejora de condiciones laborales

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 04 Apr 25 01:52:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para hoy movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que se mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.

De entrada, ante la imposibilidad manifiesta del Gobierno para sacar adelante unos presupuestos, exigimos de manera inmediata que se aplique la subida pendiente del 0,5 por ciento adicional que aún se nos debe de 2024, por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada en el caso del personal militar. Esta fórmula también se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público aún pendiente.

CSIF ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública con voluntad constructiva para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleadas y empleados públicos, que merecen un reconocimiento y una compensación por su trabajo, pero se siguen sin concretar mejoras por parte de la Administración, salvo la jubilación parcial, que para los empleados públicos se retrasará como mínimo hasta el último trimestre de este año, por la falta de previsión del Gobierno. CSIF ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de sus afiliados que se vean afectados por este retraso.

En definitiva, estos son nuestros objetivos:

Aprobar cuanto antes la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024, que todavía está pendiente.
Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. CSIF exige que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.
Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
Adecuación de los Grupos Profesionales.
Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.

Muface amplía la continuidad asistencial en DKV, Adeslas y Asisa hasta mayo, cuando entre en vigor el nuevo concierto, como reclamó CSIF

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 26 Mar 25 16:30:00 CET

Muface firmará el concierto sanitario para los próximos tres años, previsiblemente después de la Semana Santa, y entrará en vigor en mayo. Mientras tanto, la Administración aprobará una nueva prórroga para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes adscritos a DKV, Adeslas y Asisa, según informó la directora de esta mutualidad en el Consejo General celebrado hoy.

De esta manera, Muface responde a la exigencia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, especialmente para proteger a los mutualistas todavía dependientes de DKV, aseguradora que ha abandonado el concierto.

En concreto, las personas aseguradas podrán cambiarse de compañía o con la Seguridad Social a lo largo del mes de mayo y en junio se abrirá un nuevo período para que los mutualistas puedan decidir el cambio entre aseguradoras o con la Seguridad Social. CSIF defendió la apertura de este nuevo plazo para que puedan regresar al modelo concertado todas aquellas personas que se fueron a la Seguridad Social durante la crisis generada por la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras y los problemas de asistencia sanitaria que provocó esta situación.

Según datos aportados en la reunión, más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo (datos a 31 de enero de 2025), casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado.

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria por la falta de financiación de los últimos conciertos. No aceptamos que el informe de la AiREF hecho público esta semana se utilice como excusa para desmantelar el modelo.

En este sentido, CSIF se opondrá frontalmente a cualquier recorte y tomará las medidas que considere necesarias en su defensa. De entrada, hemos exigido que se garantice en el nuevo concierto la continuidad asistencial -especialmente de los mutualistas de DKV-, y que se garanticen y amplíen los cuadros médicos.

Por último, respecto a las informaciones sobre presuntas presiones a médicos sobre tratamientos oncológicos, a preguntas de CSIF, la mutualidad ha informado que se ha puesto en contacto con las aseguradoras y que éstas aseguran que en todo momento ha prevalecido el criterio médico.

CSIF vigilará el nuevo concierto de Muface para garantizar una asistencia sanitaria de calidad y el futuro de la mutualidad, tras la salida de DKV

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 05 Mar 25 18:44:00 CET

Madrid, 5 de marzo de 2025. La presión ejercida durante los últimos meses por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha hecho posible la renovación del concierto sanitario de Muface durante los próximos tres años, de forma que los cerca de 1,5 millones de mutualistas y beneficiaros continuarán recibiendo asistencia sanitaria hasta que concluya el nuevo concierto a finales de 2027.

En todo caso, el modelo sale tocado tras la salida de la aseguradora DKV. Solo siguen Adeslas y Asisa, por lo que vigilaremos el desarrollo del nuevo concierto para evitar que se vea mermada la atención sanitaria al colectivo de mutualistas.

Muchas de las quejas que hemos tramitado se han desbloqueado tras nuestras reclamaciones a Muface, Defensor del Pueblo y Fiscalía General del Estado, tal y como nos han confirmado los propios afectados, aunque siguen produciéndose trabas en la atención por parte de aseguradoras y clínicas. Por eso, animamos a nuestros mutualistas a que sigan denunciando, oficialmente ante MUFACE y la compañía que presta el servicio, todas las situaciones en las que se vean perjudicados, poniéndolas en nuestro conocimiento para que nuestra organización eleve las quejas y salgan a la luz los problemas que puedan surgir.

En este sentido, hacemos un llamamiento al Gobierno y las aseguradoras para que reflexionen sobre la gravedad de la desatención, la denegación de autorizaciones médicas y el desamparo al que ha sido sometido el colectivo de mutualistas durante estos meses. Hace falta consenso social, político y económico para dar estabilidad a un modelo de mutualismo administrativo que ha demostrado su eficacia durante décadas y que constituye una condición laboral del funcionariado.

CSIF siempre ha defendido la vigencia del modelo de mutualismo administrativo, especialmente desde el pasado mes de octubre, cuando consideramos insuficiente la primera subida para el nuevo concierto que anunció el Ministerio para la Transición Ecológica y de la Función Pública y que provocó meses de incertidumbre sobre la continuidad de Muface y la asistencia sanitaria de 1,5 millones de personas.

En los últimos meses, hemos actuado en varias direcciones para favorecer la continuidad del concierto sanitario: en primer lugar, favoreciendo e intensificando la interlocución entre Gobierno y aseguradoras; en segundo lugar, trasladando nuestra propuesta al debate público (medios de comunicación y redes sociales y centros de trabajo); organizando protestas en toda España y en concreto, frente al Ministerio de Hacienda y la sede de Muface (donde congregamos a más de 50.000 funcionarios en defensa del mutualismo administrativo); intensificando nuestra labor institucional (reuniones con los partidos políticos, Defensor del Pueblo, cartas dirigidas al presidente del Gobierno y Ministerio de Función Pública, grupos parlamentarios, presidentes y asambleas de las comunidades autónomas y Comisión Europea); asesorando a nuestros mutualistas en la presentación de quejas por el abandono sanitario y presentando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Pues bien, como resultado de estas presiones, hemos comprobado como las licitaciones han ido aumentando de manera sucesiva:

Primera licitación: 08/10/2024: 2.681 millones (un 17,12 por ciento más con respecto al concierto en vigor).
Segunda licitación: 17/12/2024: 4.478 millones (un 33,5 por ciento más con respecto al concierto en vigor).
Tercera licitación: 07/02/2025: 4.808,5 millones (un 41,2 por ciento más con respecto al concierto en vigor).

Estas mejoras sucesivas del Gobierno de las condiciones económicas del concierto han hecho posible que salga adelante el concierto. Esperamos que próximamente se convoque el Consejo General de Muface para analizar las quejas recibidas, la nueva situación y las posibles consecuencias derivadas para las aseguradoras, así como el nuevo concierto.

Máxima transparencia en el nuevo concierto y en posible revisión del modelo

Además, nuestra organización lamenta la falta de transparencia por parte del Gobierno durante estos meses de incertidumbre: seguimos sin conocer las conclusiones del informe de sostenibilidad encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface, y recordamos que el Gobierno ha anunciado en diversas ocasiones que tiene previsto promover una amplia reflexión de este modelo sanitario cuando se conozca dicho informe.

Sobre esta cuestión, CSIF advierte de que esta reflexión debe ir dirigida a la mejora y fortalecimiento del modelo y no a su desaparición, por lo que exigimos formar parte en ese proceso de reflexión sobre este derecho adquirido del funcionariado. No aceptaremos que se ponga en cuestión el mutualismo administrativo, como se ha propuesto desde SUMAR y sugerido desde el propio ministro de Función Pública.

CSIF protesta ante la Delegación de Gobierno exigiendo mayor transparencia y el refuerzo del modelo de mutualismo administrativo

Alicia Piquer Forment — Thu, 13 Feb 25 12:21:00 CET

(Valencia, 13 de febrero de 2025) La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado hoy una concentración en la Delegación de Gobierno de todas las provincias de la Comunidad Valenciana, en defensa de Muface, el modelo de mutualismo administrativo que beneficia a miles de funcionarios.

Esta acción de protesta tiene lugar tras la masiva manifestación del pasado 16 de diciembre en Madrid, en la que más de 50.000 mutualistas participaron para reclamar la continuidad de Muface. Este modelo, que ha demostrado su eficacia durante más de 50 años, ha generado un importante ahorro a las arcas públicas y ha contribuido a la descongestión de un sistema sanitario que actualmente se enfrenta a grandes dificultades para atender a la creciente demanda de atención.

Durante la concentración, CSIF guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la DANA como muestra de solidaridad y respeto a aquellos que han perdido a seres queridos o sufrido las consecuencias de este desastre natural. Este gesto dio paso a una exigencia por parte del sindicato para exigir una respuesta rápida y eficaz de las autoridades. CSIF pide más personal para resolver la situación que ha dejado una gran cantidad de solicitudes de ayudas pendientes de tramitación.

Según los datos actuales proporcionados por el Gobierno central, se han movilizado 16.600 millones de euros en recursos, con un total de 386.341 solicitudes registradas, de las cuales 312.561 siguen en tramitación y solo 197.139 han sido finalizadas. A pesar de los esfuerzos realizados, solo un 13% de las ayudas prometidas por el Gobierno han sido abonadas después de más de tres meses desde la catástrofe.

CSIF ha solicitado un aumento significativo del personal interino para agilizar la tramitación de estas ayudas y garantizar que los afectados por la DANA reciban el apoyo necesario con urgencia. “La necesidad es urgente y la respuesta debe ser rápida”, subrayaron desde el sindicato.

Según los últimos datos proporcionados por el CSIF, se informa que actualmente en la Comunidad Valenciana existen un total de 163.126 mutualistas adscritos a MUFACE. En Valencia cuenta con un total de 86.645 mutualistas, Castellón 20.751 mutualistas y Alicante 55.730 mutualistas

Estos números reflejan la distribución de los funcionarios que se benefician de los servicios de MUFACE en la región, lo que subraya la importancia de esta entidad en la gestión de la salud y otras prestaciones para el personal de la administración pública.

En cuanto a la situación relacionada con Muface, CSIF también ha querido hacer énfasis en que la amenaza de huelga continúa siendo una opción, pero que se ha decidido aplazar la convocatoria tras la publicación de la tercera licitación por parte del Gobierno el pasado 7 de febrero. Esta licitación, con una financiación que representa un incremento superior al 40%, tiene un plazo que finalizará el 4 de marzo.

Por ello CSIF manifiesta que “Este no es un cheque en blanco, sino un plazo para ver si se cumplen los compromisos. Seguiremos vigilantes, exigiendo soluciones definitivas que garanticen la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, y la atención sanitaria de nuestros funcionarios.

En definitiva, el sindicato continuará su lucha para garantizar el fortalecimiento de Muface y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, y no dudará en retomar las movilizaciones si las demandas no son atendidas.