Ceuta - Instituciones Penitenciarias

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

CSIF pide la reunión urgente de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo para regular el uso de las mascarillas

admin — Wed, 20 Apr 22 10:55:24 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente a los comités de seguridad y salud en el trabajo reclamando su reunión urgente para evaluar los riesgos y regular el uso o no de mascarillas en el ámbito laboral.

Desde CSIF, echamos en falta un plazo lógico para una mejor organización y evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo a la hora de mantener o no el uso de las mascarillas. En este sentido, desde nuestra responsabilidad en los servicios de prevención vamos a ser rigurosos y extremar la precaución para garantizar que el uso o no de mascarillas se realice de manera responsable, manteniendo las medidas de separación y ventilación de espacios.

Ante esta situación, las administraciones públicas, el día 20, amanecieron en líneas generales manteniendo las mascarillas (Seguridad Social, SEPE, comisarías, museos, entre otros), especialmente en los ámbitos de atención al público. Desde las direcciones se ha enviado un correo electrónico por la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras en el que se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, como puedan ser las oficinas de atención al ciudadano.

Además, tal y como ha reclamado CSIF, se permite el uso voluntario de mascarilla en el puesto de trabajo, suministrándose con el mismo procedimiento utilizado hasta ahora, se recomienda el uso en ascensores, trayectos en coches oficiales, salas de reuniones, comedores, aulas y toda clase de eventos organizados en lugares de trabajo.

Y desde luego, se mantienen las soluciones antisépticas de manos, pantallas, guantes y cubos de desecho en los mismos puntos, puestos de trabajo, actividades y/o lugares de trabajo como hasta ahora.

El teletrabajo ya es una realidad en la Administración del Estado: un 25 por ciento de la plantilla se ha acogido a esta modalidad

admin — Tue, 29 Sep 20 12:19:49 CEST

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El Consejo de Ministros aprueba hoy la regulación básica del teletrabajo para el conjunto de las administraciones públicas, un acuerdo alcanzado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en este ámbito, que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de empleadas y empleados públicos de toda España.

CSIF espera que el nuevo derecho aprobado hoy por el Consejo de Ministros –al que se podrá acoger tanto personal funcionario como laboral-- se desarrolle cuanto antes en el conjunto de las administraciones (Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos...)

No obstante, el trabajo no presencial ya es una realidad en la Administración General del Estado, donde se empezó a aplicar de manera pionera desde el pasado mes de junio, mediante una resolución (aunque ya desde mayo se empezó a priorizar el teletrabajo). Según datos facilitados a CSIF, hasta agosto de 2020 ya se habían acogido al mismo la cuarta parte del personal civil de esta administración (no se incluye el personal de las Fuerzas Armadas ni de los Cuerpos de Seguridad del Estado).

En concreto, de un total de 175.463 personas, 43.464 han decidido acogerse a la modalidad no presencial para el cuidado de menores de 14 años, por tener a su cargo a mayores, dependientes o personas discapacitadas, o simplemente en virtud de este nuevo derecho que permite al conjunto de la plantilla desarrollar el teletrabajo al menos un día a la semana, en función de las necesidades del departamento y las características del puesto.

CSIF valora de manera positiva esta primera experiencia, si bien consideramos que se debe mejorar su aplicación en los diferentes departamentos, garantizando la homogeneidad en las medidas aplicadas. Se da la circunstancia de que algunos departamentos (Hacienda, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cultura y Deporte o Política Territorial y Función Pública) están aplicando la resolución de manera restrictiva, denegando solicitudes sin la debida justificación, por motivos organizativos o de necesidades de servicios.

El teletrabajo tendrá carácter voluntario, reversible y sin coste para el trabajador puesto que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad (las administraciones públicas tendrán 6 meses para adaptarse a esta premisa). Además, el personal que preste sus servicios mediante el teletrabajo tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal. Desde CSIF estamos convencidos de que esta modalidad laboral también revertirá en una mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la el trabajo presencial y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía.

El Gobierno excluye del decreto de accidente de trabajo por Covid a FF.CC. Seguridad, sector privado y a la inmensa mayoría de empleados públicos

admin — Wed, 27 May 20 10:54:18 CEST

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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que reconoce como accidente de trabajo el contagio por Covid-19 al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

Esta medida ha sido reivindicada desde el principio de la pandemia por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado. No obstante, lamentamos que el Gobierno limite esta medida solo al personal sanitario y sociosanitario, excluyendo al resto de empleados/as públicos y trabajadores/as al sector privado que también pueden padecer una enfermedad por contagio en su puesto de trabajo.

Nos referimos a personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Emergencias, Correos, cajeras de supermercado, personal de la alimentación, repartidores de comida y un largo etcétera de profesiones que desde el minuto 1 de la crisis han estado en primera línea.

Además, según el texto del Real Decreto-Ley, los efectos de la medida no se aplicarán para las personas contagiadas antes de la entrada en vigor de esta norma y tiene efectos de caducidad ya que solo se considerarán los contagios “hasta un mes posterior a la finalización del Estado de Alarma”. CSIF intentará modificar esta norma cuando se convalide en el Congreso de los Diputados.

CSIF fue el primer sindicato que el pasado 5 de marzo solicitó que el contagio por el Covid-19 debería ser considerara a todos los efectos accidente de trabajo, reiterándolo en varios escritos incluso remitidos al presidente del Gobierno el pasado 29 de abril.

Esta medida debe atender a una petición justa de CSIF reconociendo que las prestaciones a este colectivo, se considerarán derivas de accidente de trabajo y, en los casos de fallecimiento, se entenderá también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se produzca en los cinco años siguientes al contagio.

Hasta ahora este tipo de contingencias se consideraban como accidente de trabajo solo en los casos que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 de la LGSS. A partir de ahora, valdrá únicamente con que se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral y también a efectos de indemnizaciones por secuelas.

Este reconocimiento facilita la reclamación del recargo de prestaciones económicas, que CSIF ha puesto en marcha para sus afiliados, por incapacidad temporal derivadas del contagio, que se verán incrementadas entre un 30 y un 50% según la gravedad de la falta.