Ceuta - Enseñanza

CSIF Denuncia: "¡ASÍ NO PODEMOS CONTINUAR!"

admin — Tue, 27 Sep 22 14:18:43 CEST

Negociaciones y acuerdosNormativaOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCeuta - Enseñanza Image

Los problemas estructurales que tiene el Sistema Educativo son por todos conocidos y se han ido agravando durante los últimos treinta años. Nada se ha hecho para solucionar estos graves problemas. CSIF los identifica en seis grandes bloques:

Inestabilidad legislativa.
Altos niveles de fracaso escolar.
Paro juvenil.
Bajo nivel educativo.
Diferencias entre Comunidades Autónomas alarmantes.
Escaso reconocimiento de la labor docente y su consideración como profesional.

Sin embargo, lejos de afrontar la solución de estos problemas de una manera decidida, los diferentes gobiernos tanto nacionales como autonómicos se dedican a luchas partidistas con medidas de cara a la galería sin atender a las demandas profesionales y con un alto consenso entre el profesorado.

Todas estas medidas no aportan nada a la mejora del sistema, más aún, agravan los problemas estructurales al desautorizar y desprestigiar la labor docente y cargar con más y más burocracia al profesorado.

Los/as docentes pensando solo en su alumnado sacan todo adelante manteniendo el sistema educativo sin ayuda de nadie. Es más, con palos en las ruedas de las administraciones con declaraciones que ponen en duda su preparación y formación. Esto pone en duda la libertad de cátedra, la especialización docente y el prestigio profesional de un colectivo altamente vocacional y dedicado.

Ley tras ley se pierden oportunidades para tomar medidas estructurales que mejoren el sistema. Gobierno tras gobierno ponen sobre la mesa iniciativas partidistas que distraen a la sociedad de los verdaderos problemas. Estos que sobre todo afectan en gran medida a la educación pública.

CSIF dice ASÍ NO PODEMOS CONTINUAR. Queremos sensibilizar a la sociedad de los problemas de la educación. Queremos exponer que no se puede cargar todo sobre el profesorado sin ayuda y sin tenerlo en cuenta.

Tenemos que levantar la voz de manera clara y profesional. Es una lucha de todo el colectivo docente, que a nadie más parece interesar si no es para utilizarlo hasta las próximas elecciones.

Por la dignificación de la labor docente.

Madrid, 27 de septiembre de 2022

CSIF EDUCACIÓN

CSIF, CCOO y UGT demandan al MEFP liderazgo en la reducción de la temporalidad en el ámbito docente

admin — Wed, 01 Jun 22 04:45:36 CEST

EmpleoOposicionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterino

En las administraciones públicas

CCOO, CSIF y UGT vuelven a exigir a la ministra de Educación cumplir con la reducción de la temporalidad por debajo del 8%

La misiva, enviada hoy, exige la intervención activa del Ministerio de Educación y FP para garantizar la convocatoria de más de 125.000 plazas y la ordenación de los procesos selectivos.

Según la transposición del acuerdo de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, mañana 1 de junio debe aprobarse, en ofertas de empleo público, la tasa adicional de estabilización que, sumada a la reposición atrasada, a la estabilización pendiente del proceso anterior y a la convocatoria del 120% de tasa de reposición a partir de ahora, debe conseguir la reducción de la temporalidad docente a menos de un 8%. Sin embargo, según cálculos de las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo –CCOO, CSIF y UGT–, nos quedaremos lejos del volumen necesario y, por tanto, no se cumplirá con el objetivo pactado.

Por otro lado, el Ministerio de Educación ha publicado una norma que permite la utilización de dos procedimientos de concurso-oposición diferentes en los procesos selectivos hasta 2024, que vienen a sumarse al concurso extraordinario previsto en la Ley 20/21 de Medidas urgentes de reducción de la temporalidad. Esta situación es, sin duda, inédita y confusa para los y las aspirantes, y viene a menoscabar los trabajos de la mesa de negociación docente como órgano legítimo de representación del profesorado, en la cual las tres organizaciones sindicales planteamos un concurso-oposición con pruebas no eliminatorias y en el que la experiencia de los y las candidatas fuera valorado de manera más adecuada y que finalmente quedó publicada en la disposición transitoria 4ª del RD 270/2022.

Por todo ello, CCOO, CSIF y UGT vuelven a exigir al Ministerio un seguimiento de las ofertas de empleo público y su ejecución en las diferentes CC. AA., así como el establecimiento de medidas que aseguren la adecuada ejecución de las plazas en todas las CC. AA.

CSIF considera el nuevo modelo de ingreso a la función docente otro fracaso del Ministerio de Educación: generará más inseguridad jurídica

admin — Wed, 20 Apr 22 04:31:32 CEST

EmpleoOposicionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCeuta - Enseñanza Image

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

PDF (BOE-A-2022-6048 - 9 págs. - 241 KB)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, critica el fracaso del Ministerio de Educación y Formación Profesional y su falta de liderazgo para ejercer su responsabilidad de reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%.

El Real Decreto que hoy se ha aprobado amplía a tres los modelos de acceso a la función pública docente. Al concurso de méritos para acceder a las plazas estructurales de larga duración, se suman ahora dos tipos de concurso-oposición: el sistema transitorio para las plazas de reducción de interinidad y el sistema ordinario para las plazas de tasa de reposición. Esto muestra un fracaso evidente del Ministerio que en su proyecto de Real Decreto exponía que “Parece adecuado y equitativo que todos los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos docentes, que tengan lugar en el mismo período temporal, se sometan a las mismas normas y criterios. Se trata de evitar una dualidad de modalidades de procedimientos selectivos, que dificultaría su gestión y tramitación y podría generar confusión tanto en los aspirantes como en los órganos de selección, creando situaciones de desigualdad no justificadas (...)”

Este Real Decreto implica mayor inseguridad jurídica, si cabe. No se entiende que en el anterior proceso de reducción de temporalidad de 2017 y 2018 se adaptara el Real Decreto de acceso y fuera válido para todas las plazas ofertadas y ahora se diferencien las plazas que se cubrirán mediante dos procedimientos de concurso-oposición distintos. Para CSIF esto es una muestra más de la mala gestión por parte del Ministerio en la tramitación de dicho proyecto de Real Decreto. Además, la norma aprobada hoy contradice las propias orientaciones que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, ha publicado y que amparaba la posibilidad de conjuntar todas las plazas en el mismo proceso de concurso-oposición.

La falta de liderazgo del Gobierno y el Ministerio de Educación, en algo que es de su competencia exclusiva, fomentará el caos en las diferentes administraciones educativas, teniendo que establecer tres procedimientos, con tribunales diferentes y procesos selectivos dispares. Por otro lado, se tienen que volver a estudiar todas las ofertas de empleo público, pues hasta ahora, solo se habían contabilizado las plazas necesarias para reducir la interinidad. Posteriormente las Consejerías de Educación deben determinar cuáles de ellas cumplen los criterios para ser ofertadas por concurso de méritos, tal y como mandata la Ley 20/2021 de reducción de interinidad.

Ahora también hay que diferenciar qué plazas son de reposición y a qué cuerpo y especialidad se dedican, lo que implicará una división de la oferta perjudicial para todos los aspirantes a la función pública docente.

Todo esto generará mayor inquietud a todos los opositores, con experiencia docente o no. Tendrán que elegir a qué procedimiento presentarse, con la incertidumbre de que su decisión será vital para su futuro laboral. Si las consejerías decidieran que estos procesos se ejecutaran en fechas diferentes, conllevaría también que todos los aspirantes se pudieran presentar a ambos procesos, disminuyendo más sus oportunidades. Recordamos que la libre concurrencia es una condición inexcusable que establece la Constitución y, por ende, la ley de reducción de interinidad. A todo esto, se añade que, si el Ministerio no lidera la coordinación entre Comunidades Autónomas, el perjuicio creado a todos los interinos e interinas y nuevos aspirantes será muy grave.

CSIF sigue reclamando la eliminación de la tasa de reposición, de manera que se cubran todas y cada una de las plazas que requiera el sistema educativo. Además, exigimos coordinación entre todas las administraciones para no perjudicar más a los aspirantes y velaremos por la seguridad jurídica de estos procesos en todos los ámbitos que nos corresponde, vigilando el estricto cumplimiento de la norma para que se reduzca la temporalidad en el sector público docente a 31 de diciembre de 2024, tal y como indica las directrices y exigencias de Europa. El sistema educativo no puede seguir sufriendo tasas de temporalidad por encima del 20% por la negligencia de las administraciones educativas y la falta de capacidad del Ministerio de Educación en hacer cumplir la ley.

EL MUNDO: Profesores y CCAA avisan de que las nuevas oposiciones serán "el caos"

EL MUNDO: El Gobierno permitirá por primera vez en la historia que los profesores se conviertan en funcionarios por tres vías diferentes

ABC: Furia de los sindicatos con el Gobierno al recular y no convertir a todos los interinos docentes en funcionarios

COPE: La CSIF critica el "fracaso" de Educación para bajar la tasa de interinidad

20MINUTOS: Educación aprueba las reglas del juego que permitirán hacer fijos a casi 200.000 interinos

EUROPA PRESS: Sindicatos lamentan que el Gobierno establezca hasta tres vías para acceder al sistema público docente hasta 2024

Último borrador del régimen transitorio para el acceso a la Función Pública Docente, tras la publicación en el BOE de hoy de la Ley de reducción de la temporalidad

admin — Wed, 29 Dec 21 21:27:43 CET

Negociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCeuta - Enseñanza Image

Tras la Mesa Sectorial del pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha recogido algunas de las enmiendas que CSIF y los demás sindicatos más representativos, habían aportado como propuestas.

En el borrador que se negoció en dicha reunión, se contemplaba el baremo de la experiencia docente en los centros públicos, pero solo en la misma especialidad y cuerpo. En el mismo baremo, desaparecía la formación permanente como mérito y en la fase de oposición se establecía que las comunidades autónomas solo debían publicar la puntuación global y no la nota de cada una de las partes en las que consiste la prueba única.

A petición de CSIF, se han modificado dichos aspectos. Así, se ha incluido la puntuación para toda experiencia en centros públicos, se añade la formación permanente dentro de otros méritos con valor de 1 punto y se dispone que las notas de las dos partes de la prueba se deben puntuar de 0 a 10 y ser publicadas ambas junto con la nota global de la fase de oposición.

El sistema transitorio de concurso-oposición es una consecuencia de la Ley de reducción de la temporalidad que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy, 29 de diciembre, y que pretende hacer cumplir la normativa europea que castiga la excesiva temporalidad en nuestras administraciones públicas. Esta ley, que parte del acuerdo suscrito por CSIF, CC.OO. y UGT con el Ministerio de Administraciones Públicas, regula los procesos de concurso-oposición por el que se intenta encontrar el equilibrio respetando los principios constitucionales en el acceso la Función Pública y la libre concurrencia.

De este modo, las pruebas son no eliminatorias, para que todos los opositores realicen toda la fase de oposición y se haga una valoración global de sus conocimientos teóricos y pedagógicos. Por otro lado, en la fase de concurso se aumenta al máximo posible el peso de la experiencia docente. Como marca la ley, además, se pondera la fase de concurso en un 40% sobre el 60% que recae en la oposición.

Esta regulación debe conseguir los objetivos marcados de temporalidad por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Las plazas ofertadas para concurso-oposición que se realicen durante los años 2022-2023 y 2024 deben efectuarse bajo esta modificación normativa.

La norma también establece un concurso de méritos extraordinario, introducido por los grupos parlamentarios, para las plazas ocupadas temporalmente de larga duración. CSIF exige que la provisión de estas plazas sea mediante un sistema homogéneo, con seguridad jurídica y sin quebrar el principio de equidad.

Cuando se publiquen estas modificaciones del sistema de acceso, CSIF exigirá el cumplimiento de la reducción de la temporalidad con la publicación de todas las vacantes a oferta de empleo público. Seguimos demandando que empiece a negociarse una modificación completa del Real Decreto de acceso para adecuarse a la realidad actual que permita el acceso a los mejores a la carrera docente, una vez establecidas las necesidades de las plantillas de los centros debido a la gran cantidad de jubilaciones que se producirán en los siguientes años, la implantación de los nuevos programas de Formación Profesional y la incorporación necesaria de nuevos profesionales en el Sistema Educativo para adecuar nuestros centros educativos a la realidad europea.

Por la dignificación de la labor docente.

29 de diciembre de 2021

CSIF EDUCACIÓN

[[{"fid":"664731","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":2339,"width":1654,"class":"media-element file-default"}}]]

BOE 29/12/2021: Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

admin — Wed, 29 Dec 21 11:37:22 CET

ConvocatoriasNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalInterinoCeuta - Enseñanza Image

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- PDF (BOE-A-2021-21651 - 17 págs. - 319 KB)
- Otros formatos

Propuestas para Educación de los distintos partidos políticos para las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019

admin — Fri, 01 Nov 19 10:50:47 CET

EmpleoOferta Empleo PúblicoOposicionesRetribucionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCeuta - Enseñanza Image

Ciudadanos

Fuente: https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral

1. Un Sistema Educativo y no 17

35. Un Sistema Educativo y no 17 para acabar con la desigualdad entre españoles: promoveremos un Pacto Nacional por la Educación para toda una generación. Tenemos que ponernos de acuerdo para evitar que los que quieren romper España sigan haciendo política en las aulas de nuestros hijos. La Educación es la herramienta más potente que tiene un país para ganar su futuro y este Pacto, promovido por Cs, estuvo muy cerca de alcanzarse, pero se truncó cuando el PSOE se levantó de la mesa por razones electoralistas. Ya está bien de reformas educativas del PSOE y contrarreformas educativas del PP y viceversa: nos comprometemos a impulsar de nuevo un gran acuerdo con el consenso político y social necesario que garantice el derecho a la educación, la excelencia e igualdad entre todos los españoles para toda una generación en lugar de para una legislatura.

36. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado dotándola de independencia y medios de actuación para poner fin al adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Garantizaremos que la enseñanza impartida en las aulas y el contenido de los libros de texto en todas las escuelas no sean contrarios a la ley y la Constitución.

37. Estableceremos una Selectividad única en toda España. Queremos que la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) tenga los mismos contenidos básicos, mismos criterios de corrección y mismas tasas en todo el territorio nacional, que pueda hacerse en todos los casos en español y que sea corregida por tribunales formados por docentes procedentes de toda España.

38. Incluiremos una asignatura sobre la Constitución española. Será una asignatura obligatoria y evaluable en toda España con el objetivo de que todos los alumnos puedan conocer los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y la organización del Estado que establece nuestra Carta Magna.

2. Una educación que garantice la igualdad de oportunidades y promueva el talento

39. Inglés en todas las etapas educativas en toda España. Extenderemos progresivamente la enseñanza en inglés a todas las etapas educativas, desde la educación infantil, para que puedan alcanzar el nivel C1 al final del Bachillerato. Pondremos en marcha un programa intensivo de aprendizaje de este idioma de carácter nacional y gratuito durante el mes de julio que garantice la igualdad de oportunidades y facilite la conciliación en verano.

40. Promoveremos los programas de excelencia y el Bachillerato Internacional dentro del sistema educativo público. Facilitaremos el acceso a este tipo de programas a todos nuestros alumnos para que puedan desarrollar su potencial con independencia de los recursos de sus familias.

41. Dotaremos a los centros educativos de mayor autonomía vinculada a una mayor rendición de cuentas y transparencia. Realizaremos evaluaciones censales, sin efectos académicos, al menos en cada final de etapa. Haremos transparentes los resultados educativos de los centros, asegurando que estén debidamente ponderados en función del entorno socioeconómico para reforzar con financiación adicional y profesorado de apoyo a los centros que lo necesiten.

42. Estableceremos un MIR como el de los médicos para atraer a los mejores a la profesión docente y desarrollar al máximo todo su potencial. Asimismo, aprobaremos un Estatuto de la Profesión Docente que les dote de una verdadera carrera profesional y acabaremos con el abuso de la interinidad en la educación.

43. Aseguraremos la convivencia escolar: reconoceremos a los docentes la condición de autoridad pública en toda España. Desarrollaremos el Plan Estratégico de Convivencia Escolar para luchar contra el acoso escolar y promover el respeto entre la comunidad educativa y la autoridad y dignificación del profesorado.

44. Garantizaremos el derecho de las familias a elegir en libertad la educación que quieren para sus hijos. Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos. Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas.

45. Reduciremos el abandono escolar a través de programas innovadores de refuerzo educativo. Fomentaremos el refuerzo y la diversificación educativa, así como el acompañamiento extraescolar, como alternativas a la repetición y el abandono temprano, que en España sigue entre los más altos de la Unión Europea. Desarrollaremos programas innovadores, en colaboración con la sociedad civil, que aborden el fracaso escolar para reducir el abandono escolar temprano, y estableceremos medidas para revertir la segregación.

46. Garantizaremos el derecho a una educación inclusiva y a una atención socioeducativa adaptada a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas educativas. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias elegir tanto la escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios. Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y con altas capacidades intelectuales.

47. Diseñaremos una Estrategia Nacional para la Formación Profesional (FP), duplicando las plazas de FP Dual. Pondremos en marcha un programa para aumentar el número de plazas en todas las modalidades de FP, en colaboración con las CCAA, sobre todo en titulaciones de carácter científico y tecnológico con una alta inserción laboral. Estableceremos incentivos para implicar a más empresas y transformar la mayoría de las plazas de estas titulaciones a FP Dual.

3. Universidades: fomentar la excelencia y acabar con los privilegios de los políticos

48. Reforzaremos con financiación adicional a las facultades y departamentos universitarios con mejores resultados. Garantizaremos una financiación estable y plurianual para nuestras Universidades por medio de contratos-programa sujetos a resultados. Favoreceremos la excelencia a través de incentivos, dotando de más financiación a las Universidades públicas que muestren mejores indicadores de investigación, innovación, transferencia de conocimiento y empleabilidad.

49. Premiaremos a los alumnos que saquen buenas notas con matrículas más baratas en el siguiente curso. Queremos que los alumnos que estudien paguen menos cada año de Universidad: quien se esfuerza siempre merece un premio y nosotros queremos que lo tengan. Paralelamente, incrementaremos las becas universitarias para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos y revisaremos los plazos para que siempre lleguen a tiempo.

50. Garantizaremos que el uso del español por alumnos y profesores nunca sea un obstáculo ni suponga una penalización. Facilitaremos la movilidad entre Universidades españolas, mejorando los mecanismos de convalidación curricular y ampliando los supuestos de reconocimiento automático de asignaturas entre Universidades.

51. Mejoraremos la transparencia y la rendición de cuentas de las Universidades, y lucharemos contra los plagios y la deshonestidad académica Propondremos la creación de Consejos de Transparencia e Integridad en todas las Universidades encargados de la prevención, detección y sanción del plagio y demás prácticas de deshonestidad académica. Estableceremos la obligatoriedad de que todas las Universidades hagan públicos y accesibles todos los trabajos que sean requisito para la obtención de un título oficial de grado, máster y doctorado, y publicaremos los datos de impacto en empleabilidad de las titulaciones.

52. Aprobaremos un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para asegurar su estabilidad en su carrera profesional y fomentar su actividad innovadora. Favoreceremos la participación del PDI en procesos de creación y consolidación de empresas de base tecnológica y spin-offs. Convertiremos en oportunidades las ideas en las que se hayan invertido fondos públicos a través de nuestras Universidades.

53. Apoyaremos la excelencia y acabaremos con la precariedad de nuestros investigadores. Facilitaremos la incorporación de nuevos investigadores a Universidades y centros de investigación. Mejoraremos las dotaciones presupuestarias de los programas existentes (predoctorales, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo) y también de investigadores que se incorporen a empresas (doctorados industriales y Torres Quevedo).

Podemos

Fuente: https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/10/Podemos_programa_generales_10N.pdf

54. Crear una asignatura de feminismos. (Véase el apartado sobre educación en «Garantías de Justicia Social»)

62. Garantizar la cobertura universal, pública y gratuita de la educación infantil (de 0 a 3 años). En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal, pública y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras, al tiempo que se protegerá a las pymes y personas autónomas que operan actualmente en el sector y se establecerán los canales de incorporación voluntaria a la red pública. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

71. Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección.

80. Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la inversión pública en I+D+i para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico.

81. Necesidad de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mantendremos y reforzaremos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz.

82. Asignar al sector público un verdadero rol de impulso y de coordinación estratégica de la I+D+i. Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social. Esta Agencia Estatal de Investigación será independiente y homologable a la institución europea (ERC), se financiará de manera suficiente y a través de presupuestos plurianuales que permitan establecer un calendario fijo de convocatorias y promoverá procedimientos que minimicen las trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad científica. Al mismo tiempo, garantizaremos que cualquier reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas redunde en un mantenimiento de su autonomía, una ampliación de sus recursos y un fortalecimiento de los derechos de todo su personal.

83. Revertir la expulsión de científicos y científicas con un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

84. Una carrera académica estable y digna. Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios, así como de una carrera de investigación hospitalaria; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas. Para todo ello, es urgente recuperar el personal científico que los Gobiernos han expulsado desde la crisis de 2008, estableciendo tasas de reposición que incorporen más gente de la que abandona el servicio público.

85. Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero y de Atracción de Talento, con una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

86. Una ciencia sin techo de cristal para las mujeres. Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se dotará de inversión suficiente al Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, que coordinará la investigación sobre las causas concretas de esta brecha de género, y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

87. Hacia una ciencia abierta y accesible. La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias.

181. Recuperar los derechos laborales en el sector público. Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.

227. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

229. Derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación. La nueva ley será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. Asimismo, la religión no formará parte del horario escolar obligatorio y no se tendrá en cuenta para la media en ningún nivel educativo.

230. Universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

232. Nueva Ley de Universidades. Impulsaremos una nueva Ley de Universidades que, desde la participación de la comunidad universitaria y las comunidades autónomas, garantice que la universidad, después de una larga década de recortes, alcanza por fin la financiación suficiente para ser un servicio público clave en la formación superior, la promoción de valores y de igualdad en todas las etapas de la vida, funciona con criterios de buen gobierno dentro de los más altos estándares europeos y garantiza la efectividad de los derechos del personal docente, investigador y de administración y servicios.

233. Garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente. Asimismo, se establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %. También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

234. Igualdad de oportunidades en la educación. Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares. 235. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo. 236. Crear una asignatura de feminismos. La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

237. Incluir la lucha contra el cambio climático en el sistema educativo. Otorgaremos al cambio climático la importancia que merece entre los contenidos educativos, respondiendo al reto que las generaciones más jóvenes han lanzado en esta lucha por el planeta. Para ello, se aumentará la formación sobre estas materias en los currículos y se mejorarán los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

238. Promover las lenguas cooficiales y propias en el sistema educativo. La adecuada vitalidad de las lenguas cooficiales y propias de los distintos pueblos requiere una acción pública, acorde con su situación específica, que las potencie, como parte de la identidad y riqueza cultural de nuestro país. Para ello, necesitamos que exista una oferta educativa suficiente para permitir que en los centros educativos de toda España se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de cada territorio.

239. Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Bullying (acoso) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas. Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

240. Equiparar la educación artística superior con el resto de la educación superior. En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

241. Implantar la educación inclusiva en la escuela ordinaria pública. Tal como exige el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la educación en un entorno inclusivo y habitual.

242. Reforzar la Educación Física y el acceso al deporte. Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

123. Garantizaremos la libertad de elección de las familias. Eliminaremos las zonas de escolarización donde existan y se dará prioridad al deseo de la familia. Trabajaremos para que los centros educativos públicos y concertados puedan incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda. Apoyamos a la red pública,concertada y privada. Son las familias quienes deben elegir el modelo que
deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias y respetar el carácter propio de cada centro.
124. La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español será el castellano, y, en aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, éstas podrán también ser previstas como lenguas vehiculares.
125. Aprobaremos una Ley nacional del 0-3, que aborde de forma integral el cuidado y la educación de los menores de estas edades y las necesidades de sus familias. Se buscará un marco regulatorio flexible que otorgue la mayor libertad de elección a las familias y facilite la conciliación laboral. Además, mantendremos el “cheque 0-3” de 1.000 euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años tanto por gastos de guardería y colegio como de cuidadores profesionales.
126. Ampliaremos a todas las comunidades autónomas la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional básica para que esta no sea una etapa que queda fuera del sistema de financiación actual.
127. Impulsaremos un Plan Nacional para promover la implantación del Bachillerato Internacional proporcionando los medios humanos y materiales necesarios a los Institutos Públicos que lo soliciten.
128. En tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada, se modificará la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la citada Ley y dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada ley. Elaboraremos un informe sobre el coste de la plaza escolar. En función del mismo actualizaremos el módulo del concierto.
129. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado, fortaleciendo sus competencias,sus medios humanos y materiales. También modificaremos su regulación para que pueda actuar de oficio con capacidad sancionadora y con competencia en los libros de texto y otros materiales curriculares.
130. Impulsaremos el Estatuto del Docente, donde se contemple la reforma de los Planes de Formación, el acceso al profesorado a través de un sistema equivalente al MIR y también el conjunto de la carrera profesional. Apoyaremos las titulaciones de magisterio bilingües (inglés-español) en las universidades públicas y aprobaremos un Programa de becas para facilitar estos estudios.
131. Avanzaremos en la profesionalización de la dirección de los centros educativos. Promoveremos la autonomía de los centros educativos, públicos,
concertados y privados, así como la transparencia y rendición de cuentas de los objetivos marcados y los resultados obtenidos.
132. Realizaremos al final de cada etapa educativa pruebas académicas de carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos de cada alumno, a fin de estimular la mejora individual y del conjunto del sistema. De ellas tendrá efectos académicos al menos la que se haga al terminar el Bachillerato.
133. Garantizaremos el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de religión en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter voluntario y evaluable.
134. Promoveremos cambios en la programación para ampliar el estudio de las humanidades, especialmente la filosofía, que recuperará su condición de asignatura obligatoria en el Bachillerato.
135. Impulsaremos programas de formación de maestros y profesores para la mejora en el aprendizaje de las materias STEM. Introduciremos el diseño de Apps y páginas Web, Impresión en 3D y la robótica como contenidos de la materia de Tecnología. Desarrollaremos una Estrategia Nacional para impulsar las vocaciones STEM entre las alumnas.
136. En coordinación con las comunidades autónomas llevaremos la conectividad por fibra óptica o 5G a todos los colegios e institutos públicos de España.
137. Apoyamos los centros de Educación Especial y el derecho de las familias a elegirlos como propuesta educativa para sus hijos. Facilitaremos la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en el caso de que esa sea la opción elegida por las familias.
138. Reforzaremos la Escuela Rural como instrumento básico de igualdad de oportunidades y herramienta para luchar contra la despoblación.
139. Impulsaremos la Formación Profesional, tanto la Dual como la Básica y la Superior, como instrumentos clave para la inserción laboral de los jóvenes y fundamental para la modernización del tejido productivo. Promoveremos una adaptación continuada y flexible de estos estudios a las necesidades de un mercado laboral en plena transición tecnológica.
140. Pondremos en marcha planes especiales de educación e infraestructuras educativas para Ceuta y Melilla.
141. Elaboraremos un plan nacional para garantizar el honor y la intimidad personal de los estudiantes en los centros escolares y proteger a los estudiantes del ciberacoso. Los centros educativos, a su vez, elaborarán planes para la formación de los escolares en ciberseguridad.
142. Promoveremos modelos de financiación estable para las universidades que incentiven la calidad y les permitan competir internacionalmente a la hora de atraer talento de alumnos y profesores. Para ello se impulsarán figuras similares a las de los contratos programa y se pondrán en marcha iniciativas de excelencia que faciliten una financiación complementaria.
143. Impulsaremos sistemas de contratación del profesorado transparentes basados en el mérito y la capacidad. Favoreceremos y fomentaremos la movilidad entre universidades, flexibilizando los requisitos y promoviendo la formación de equipos académicos y de investigación competitivos.
144. Flexibilizaremos los proyectos de investigación competitivos, limitando la burocracia y publicando las convocatorias con antelación, con un calendario anual fijo que permita programar los trabajos de los distintos grupos y equipos de investigación. Crearemos un sistema de incentivos eficaz para fomentar la investigación con aplicación en el sector productivo.
145. Ampliaremos las posibilidades de gobernanza de las Universidades permitiendo la separación de la gestión académica de la gestión económico-administrativa.
146. Reforzaremos el papel de los Consejos Sociales de las universidades, para que cumplan el papel que les reserva la normativa vigente y se fortalezca de modo eficaz su carácter de vínculo necesario entre universidad y sociedad.
147. Impulsaremos mecanismos de evaluación transparentes de la calidad de la docencia y la investigación de las universidades españolas. Todas las universidades deberán aplicar sistemas de contabilidad analítica antes de 2022.
148. Promoveremos una amplia política de becas que valore no solamente las circunstancias económicas y sociales, sino también el esfuerzo de los alumnos.
149. Aprobaremos un Programa Internacional de Becas de Excelencia para que ningún joven español admitido en una de las 25 principales universidades del mundo pierda la oportunidad de formarse en esos centros.
150. Impulsaremos la homologación de títulos extranjeros mediante la creación de un portal electrónico que permita digitalizar todo el procedimiento y acortar sustancialmente los plazos. Promoveremos acuerdos con otros países para acelerar el reconocimiento recíproco. Las solicitudes tendrán que resolverse en un plazo máximo de 3 meses.
151. Fomentaremos la relación entre la universidad y la empresa, facilitando la incorporación flexible de los estudiantes a los entornos de trabajo en sus diferentes momentos de formación: eliminaremos las trabas existentes sobre las prácticas, y lo haremos siempre a partir del diálogo con todos los sectores afectados.
152. Apoyaremos la internacionalización de la universidad: Reforzaremos los programas de movilidad internacional, especialmente el programa Erasmus y promoveremos que un número mayor de estudios superiores puedan realizarse en inglés.
153. Reforzaremos el Espacio Iberoamericano de Educación Superior promoviendo programas de movilidad con incentivos para la atracción del alumnado. Los años de estudio en España se reconocerán a la hora de obtener la nacionalidad.
154. Promoveremos el uso de nuevas herramientas informáticas colaborativas para la totalidad del sistema universitario español, incluyendo la Compra Pública Innovadora.

PSOE

Fuente: https://www.psoe.es/media-content/2019/10/20191007-Documento-35-compromisos-sociales.pdf

17. Nueva Ley básica de educación al servicio de la comunidad educativa. Aprobaremos una Ley básica de educación, producto de un Pacto Educativo, para superar la LOMCE y blindar la educación pública con más recursos: la inversión educativa en España alcanzará el 5% del PIB en el año 2025. Con esta nueva Ley de educación garantizaremos la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo. Este principio será compatible con el mantenimiento de Centros de Educación Especial para alumnos que necesiten una atención muy personalizada. También incluiremos en el curriculum la educación en los valores constitucionales, democráticos y cívicos, acorde con lo comprometido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

18. Vencer el fracaso escolar para ganar un futuro inclusivo para todos y todas. Combatiremos el abandono escolar prematuro con medidas acordadas entre todas las administraciones responsables para lograr que al final de la legislatura al menos el 90% de los jóvenes cuente con estudios postobligatorios.

19. Digitalizar la educación para liderar la era digital. Aprobaremos la estrategia de digitalización en educación y formación profesional, con la que lograremos mejorar la conectividad digital de los centros educativos, transversalizar los contenidos digitales en toda la FP y modernizar los espacios educativos para adaptarlos al aprendizaje cooperativo.

20. Que la universidad sea un logro personal y no un privilegio. Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales de renta y asegurando unas cuantías que permitan a los mejores estudiantes estudiar donde escojan.

VOX

Fuente: https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf

60. Exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional,conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo.Empezando por la UE.
61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio.
62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional.El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.
63. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.
64. Implantar exámenes de control a nivel nacional (incluyendo uno de nivel de conocimiento de la lengua española) al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades.
65. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos.
66. Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones así como en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional. A nivel cultural fomento del arraigo a la tierra, manifestaciones folclóricas y tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad
69. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencial sanitaria. Incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación.