Ceuta - Enseñanza

El Gobierno aprueba la reducción de ratios de alumnos y el horario lectivo máximo para todo el Estado: CSIF pide acelerar la implantación y más esfuerzo para garantizar la atención a la diversidad

Jose Luis Narbona Moreno — Tue, 11 Nov 25 14:54:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora positivamente que el Gobierno apruebe en primera vuelta el anteproyecto de ley educativa, reduciendo la ratio de alumnos en Primaria y Secundaria y las horas lectivas semanales del profesorado. CSIF reclama a los grupos parlamentarios que miren por las necesidades del sistema educativo para que sea implantado de manera inmediata. Además, exigimos que se empiece a trabajar para la reducción de ratios en las demás etapas educativas.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria frente a los 25 actuales; y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) frente a los 30 actuales. En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.

Cambios vigentes desde el curso que viene
El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

El texto del anteproyecto de Ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas. En este sentido, CSIF trabajará para que las comunidades autónomas puedan reducir aún más estas horas, exigiendo cupos suficientes que garanticen un máximo de 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria.

Más especialistas en atención a la diversidad
El sindicato considera que falta la regulación de los especialistas en atención a la diversidad (orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje). CSIF exige al Ministerio legislar ratios máximas para estos profesionales, siguiendo estándares como la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 alumnos. El último informe TALIS evidencia las dificultades de España en la atención a este alumnado, lo que subraya la urgencia de actuar en este ámbito.

CSIF exige que esto no se paralice y sigamos trabajando para incluir las demás cuestiones que deben integrar un Estatuto Docente: mejora de retribuciones, reforma del acceso a la función docente, carrera profesional, permisos y licencias, dignificación de la labor docente, jubilaciones y todas las cuestiones que deben regular la carrera profesional de un docente desde su ingreso hasta su jubilación.

Alta temporalidad, ratios elevadas y clases sin refuerzo: el curso escolar arranca con los problemas de todos los años

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 08 Sep 25 12:05:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que la escuela pública abre hoy sus puertas con los mismos problemas de todos los años y que se pueden resumir en alta temporalidad, ratios elevadas, déficit de plantilla, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores.

Además, el curso escolar ha comenzado con 255.137 docentes menos con respecto a cómo concluyo el anterior debido a los ceses masivos en verano (55.569 en junio, 123.699 en julio y 75.869 en agosto), y con una temporalidad que ronda el 30 por ciento, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

Otro problema adicional es el exceso de carga burocrática que los docentes tienen que asumir por la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), lo que hace que maestros y profesores estén más pendientes del papeleo que de atender a los alumnos.

CSIF exige un pacto educativo que aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema, mejorar la inversión educativa hasta alcanzar el 7 por ciento del PIB, Estatuto Docente, aumento de retribuciones y reducción de ratios y horario lectivo, entre otras mejoras. En este sentido, esperamos que la reunión con el Ministerio de Educación el próximo día 23 sobre el Estatuto Docente sirva para avanzar en la mejora de las condiciones del profesorado.

CALENDARIO ESCOLAR 2025/26 CEUTA

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Tue, 02 Sep 25 10:23:00 CEST

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28J, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Igualdad, respeto y visibilidad en el ámbito laboral

Juan Pedro Fernández Riau — Mon, 23 Jun 25 12:14:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma a la conmemoración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, con el lema ‘Igualdad, respeto y visibilidad en el ámbito laboral’, y alzando la voz en defensa de la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Esta fecha es un símbolo de lucha y memoria, pero también de esperanza y compromiso con un presente y un futuro donde nadie sufra discriminación ni violencia por ser quien es. Por eso, desde nuestra organización sindical reafirmamos nuestro compromiso activo con la igualdad real en el ámbito laboral.

En este sentido, desde CSIF exigimos la aplicación en las administraciones públicas del Real Decreto 1026/2024 contra la discriminación, que incluye las siguientes medidas:

La aplicación de protocolos frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI, implantando mecanismos de prevención y actuación, llevando a cabo el procedimiento con agilidad y diligencia y protegiendo ante posibles represalias.

Incluir en los convenios colectivos cláusulas de igualdad de trato y de no discriminación que contribuyan a crear un contexto favorable a la diversidad y a avanzar en la erradicación de la discriminación de las personas LGTBI.

Establecer medidas que erradiquen estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBIQ+ y eviten la discriminación directa o indirecta en procesos de promoción profesional, garantizando así la carrera profesional en igualdad de condiciones.

Formación específica sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ en el ámbito laboral, con especial incidencia en la igualdad de trato, oportunidades y la no discriminación.

Promover la heterogeneidad de las plantillas y entornos laborales diversos, seguros e inclusivos.

Garantizar a las personas LGTBIQ+ el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género.

Como organización sindical tenemos un papel fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras tanto en la empresa privada como en la administración pública. Reiteramos nuestra solidaridad con el colectivo LGTBIQ+ y nuestra voluntad firme de seguir construyendo centros de trabajo y sociedades libres de odio, prejuicios y discriminación.

oposiciones educativas 2025 en Ceuta

Francisco Javier Sánchez Sanhonorato — Mon, 23 Jun 25 11:17:00 CEST

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Este sábado se están celebrando las oposiciones educativas en Ceuta

En #CSIF estamos apoyando a todos los opositores asesorándoles, informándoles sobre el proceso y resolviendo todas las dudas en estos momentos de nervios, pero también de una enorme ilusión

Estáis preparados. Con esfuerzo, constancia y vocación, el objetivo está más cerca.

¡No estáis solos en este camino! Mucho ánimo, opositores. ¡Vamos con todo!

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.

El nuevo concierto sanitario de Muface entra en vigor el 1 de mayo: CSIF reclama garantías para mantener los cuadros médicos y asegurar una asistencia de calidad a los mutualistas

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Mon, 21 Apr 25 14:54:00 CEST

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha anunciado que el nuevo concierto sanitario se firmará en los últimos días de este mes de abril y entrará en vigor el próximo jueves, 1 de mayo. Ante esta noticia, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama a Muface que garantice los cuadros médicos para asegurar que los mutualistas reciben una asistencia sanitaria de calidad.

CSIF sospecha que, a pesar de los avances en las negociaciones entre Gobierno y aseguradoras en los últimos meses, la situación y el futuro de las mutuas de funcionarios sigue siendo delicada, porque las aseguras no están garantizando los niveles de calidad y la viabilidad del modelo. En este sentido, tenemos información de que las negociaciones entre aseguradoras y proveedores sanitarios (asociaciones médicas y grupos hospitalarios) está en una situación muy delicada.

Pese a recibir un incremento sustancial en la prima por pare del Gobierno, del 41,2 por ciento, para hacer más atractivo el contrato, este incremento no se está reflejando ahora en las tarifas de médicos y hospitales que ya ha provocado la retirada de HM Hospitales en los convenios de Mugeju e Isfas en Cataluña (mutuas de la Justicia y de la Defensa), así como la reducción en líneas generales de la oferta médica y consideramos que es un síntoma que pone en riesgo la viabilidad del sistema.

Asimismo, hemos tenido noticia de la retirada de otro grupo hospitalario (Quirón Salud) del convenio de Isfas por parte de Adeslas.

Estas salidas, que se suman a la retirada de la aseguradora DKV del último concierto con las mutuas, son un grave precedente y otros hospitales podrían tomar la misma decisión si no cambia esta situación. Sanitas y Mapfre tampoco accedieron a participar en Mugeju por no llegar a acuerdo con las aseguradoras.

Por este motivo, entendemos que la Administración debe intervenir para garantizar la calidad de la oferta sanitaria. Los mutualistas deben tener derecho a la misma cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero la retirada de estos hospitales, algunos de ellos punteros en el tratamiento de enfermedades oncológicas, puede poner en cuestión la calidad y convertir a los mutualistas en pacientes de segunda categoría. Pedimos al Consejo General de Muface que intervenga para supervisar esta situación.

CSIF advierte, de que el modelo del mutualismo administrativo ha sido salvado por todas las partes y no tiene sentido que ahora no se traslade una correcta financiación a médicos y hospitales, por una posición cicatera de las aseguradoras. No lo vamos a consentir y desde CSIF vamos a intensificar nuestra interlocución hasta el día 23 cuando se cierren los acuerdos de previsión sanitaria para Muface.

Muface firmará el concierto sanitario para los próximos tres años, en los últimos días del mes de abril y entrará en vigor el 1 de mayo. Según datos aportados en último Consejo de la mutualidad, más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo (datos a 31 de enero de 2025), casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado.

CSIF exige al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del mutualismo administrativo, que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria por la falta de financiación de los últimos conciertos. No aceptamos que el informe de la AiREF hecho público recientemente se utilice como excusa para desmantelar el modelo.

Muface amplía la continuidad asistencial en DKV, Adeslas y Asisa hasta mayo, cuando entre en vigor el nuevo concierto, como reclamó CSIF

Juan Pedro Fernández Riau — Wed, 26 Mar 25 16:30:00 CET

Muface firmará el concierto sanitario para los próximos tres años, previsiblemente después de la Semana Santa, y entrará en vigor en mayo. Mientras tanto, la Administración aprobará una nueva prórroga para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes adscritos a DKV, Adeslas y Asisa, según informó la directora de esta mutualidad en el Consejo General celebrado hoy.

De esta manera, Muface responde a la exigencia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, especialmente para proteger a los mutualistas todavía dependientes de DKV, aseguradora que ha abandonado el concierto.

En concreto, las personas aseguradas podrán cambiarse de compañía o con la Seguridad Social a lo largo del mes de mayo y en junio se abrirá un nuevo período para que los mutualistas puedan decidir el cambio entre aseguradoras o con la Seguridad Social. CSIF defendió la apertura de este nuevo plazo para que puedan regresar al modelo concertado todas aquellas personas que se fueron a la Seguridad Social durante la crisis generada por la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras y los problemas de asistencia sanitaria que provocó esta situación.

Según datos aportados en la reunión, más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo (datos a 31 de enero de 2025), casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado.

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria por la falta de financiación de los últimos conciertos. No aceptamos que el informe de la AiREF hecho público esta semana se utilice como excusa para desmantelar el modelo.

En este sentido, CSIF se opondrá frontalmente a cualquier recorte y tomará las medidas que considere necesarias en su defensa. De entrada, hemos exigido que se garantice en el nuevo concierto la continuidad asistencial -especialmente de los mutualistas de DKV-, y que se garanticen y amplíen los cuadros médicos.

Por último, respecto a las informaciones sobre presuntas presiones a médicos sobre tratamientos oncológicos, a preguntas de CSIF, la mutualidad ha informado que se ha puesto en contacto con las aseguradoras y que éstas aseguran que en todo momento ha prevalecido el criterio médico.

CSIF contacta con todos los Grupos Parlamentarios para aprobar la moción del permiso parental retribuido de 8 semanas.

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 11 Mar 25 13:08:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha contactado con todos los grupos parlamentarios para que apoyen la iniciativa que se vota este jueves en el Pleno del Congreso, para retribuir el permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos/as hasta 8 años de edad con carácter de urgencia y en el plazo de un mes.

Precisamente los servicios jurídicos de CSIF ganaron recientemente la primera sentencia firme en España por la que se reconoce el derecho de una trabajadora a disfrutar de este permiso, tal y como establece la Directiva de la Unión Europea 2019/1158, pendiente de trasponer de manera íntegra por parte del Estado Español. Esta sentencia se suma a otra del pasado mes de diciembre, también de CSIF, contra el Ayuntamiento de Barcelona que también reconoció este derecho a un trabajador público.

Se da la circunstancia de que el Grupo Socialista pretende regular esta cuestión en las administraciones, con una enmienda presentada al proyecto de Ley de Función Pública, si bien reduce tiempo de permiso y retribuciones. En concreto, la enmienda socialista considera que tendrá una duración no superior a 8 semanas, de las cuales dos serán retribuidas. Esto es erróneo, ya que la directiva europea marca un permiso de 4 meses, con 8 semanas retribuidas.

En este sentido, CSIF pide al Grupo Parlamentario Socialista que rectifique y apoye la moción -consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario Mixto (Podemos) a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el anterior Pleno- para cumplir con la normativa europea. No se entiende que un Gobierno que ha venido abanderando públicamente el reconocimiento de los derechos para las personas trabajadoras en materia de conciliación restrinja el disfrute del permiso parental.

La moción que se vota este jueves en la Cámara Baja también pide garantizar la existencia de un permiso parental de 16 semanas para las familias monomarentales, de tal manera que tampoco se vean perjudicadas.