Cataluña - Instituciones Penitenciarias

CSIF alerta de la escalada de violencia en el CP de Jóvenes: “Sin seguridad no puede haber reinserción”

Gisela Sesé Echevarría — Fri, 02 Oct 26 11:41:00 CEST

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Una pelea entre alrededor de una docena de internos obligó a activar primero un Código 2 y posteriormente un Código 4 por la gravedad de la situación

Barcelona, 2 de octubre de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la creciente conflictividad que se vive en los centros penitenciarios y reivindica más medios humanos y materiales para garantizar tanto la seguridad de los profesionales como el objetivo de rehabilitación y reinserción de los internos.

Los hechos se produjeron ayer, a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.30 horas, durante el reparto del desayuno en el comedor del MR4. Según la información trasladada por la representación sindical de CSIF, el incidente se inició a raíz de una discusión entre un interno de origen argelino y varios internos de origen marroquí, que derivó en una pelea. Posteriormente se sumaron otros internos, de origen latinoamericano, contra los internos de origen magrebí hasta alcanzar a alrededor de una docena de personas implicadas en la pelea.

La gravedad de la situación obligó a activar inicialmente un Código 2 y, posteriormente, un Código 4, correspondiente a una situación de motín o alteración grave del orden.

CSIF pone especialmente en valor la actuación de los profesionales del centro, que tuvieron que intervenir ante una situación de elevada conflictividad para recuperar el control y garantizar la seguridad.

“Los profesionales penitenciarios no pueden asumir como algo normal que intervenir para garantizar la seguridad del centro implique poner en riesgo su propia integridad. La reinserción necesita seguridad, autoridad y respeto”, señala la representación sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Jóvenes.

El sindicato recuerda que la labor penitenciaria combina seguridad, convivencia, tratamiento y rehabilitación. Por ello, considera que seguridad y reinserción no son objetivos contrapuestos, sino dos elementos inseparables para que el sistema penitenciario pueda funcionar adecuadamente.

“Un módulo seguro permite trabajar y un profesional protegido puede intervenir. No se puede construir la convivencia sobre la violencia ni normalizar las agresiones entre internos o contra los trabajadores”, reivindica CSIF.

Más recursos para prevenir y gestionar situaciones de conflictividad

Ante este tipo de episodios, CSIF considera necesario reforzar los recursos disponibles en el CP Jóvenes y reclama a la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció y a la Direcció General un mayor respaldo a los profesionales que trabajan en primera línea.

En concreto, el sindicato reclama:

Más efectivos y recursos humanos para afrontar situaciones de conflictividad.
Medios materiales y de protección adecuados para los profesionales.
Un refuerzo de los mecanismos de prevención y detección de conflictos.
Herramientas eficaces para gestionar y separar a los internos cuando exista un riesgo real para la convivencia.
Un seguimiento individualizado de los internos con conductas especialmente conflictivas.
Mayor apoyo institucional a los trabajadores que intervienen en situaciones de riesgo.

Para CSIF, la reinserción debe ir acompañada también de responsabilidad individual. El sindicato considera que las conductas violentas deben tener consecuencias y que las agresiones o situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores no pueden asumirse como una parte inherente de su actividad profesional.

La organización sindical traslada asimismo su reconocimiento a todos los trabajadores que participaron en la intervención del incidente, así como a los equipos de tratamiento y al conjunto de profesionales del CP Jóvenes por la labor que desarrollan diariamente.

CSIF seguirá defendiendo la reinserción y la dignidad de las personas privadas de libertad, pero también la integridad y la seguridad de los profesionales penitenciarios: porque garantizar unas condiciones de trabajo seguras es imprescindible para garantizar una reinserción efectiva.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

Gisela Sesé Echevarría — Thu, 01 Oct 26 13:47:00 CEST

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La aprobación en el Senado culmina con éxito una negociación liderada por CSIF para poner de acuerdo a PP y PSOE

La reforma obliga a compensar a los trabajadores agredidos y establece de forma expresa la presunción de veracidad: se pone fin así a décadas de desamparo, agresiones impunes e indefensión jurídica

CSIF exige refuerzos de personal en Instituciones Penitenciarias y alerta del hacinamiento y sus consecuencias: hay 6.200 nuevos internos desde 2024 y más de 500 agresiones anuales: se produce una cada 18 horas

Madrid, 1 de septiembre de 2026.- El Senado aprueba definitivamente que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria, especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos, sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

GUIA DE LLICENCIES I PERMISOS

Alberto Gómez Martin — Wed, 30 Sep 26 08:37:00 CEST

CSIF prepara acciones jurídicas por la actuación de las administraciones en Ceuta y acudirá al Defensor del Pueblo para que investigue

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 10 Sep 26 11:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, prepara acciones jurídicas para reclamar la responsabilidad del Gobierno y del resto de administraciones en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por los efectos que se han derivado en el funcionamiento de los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados.

En este sentido, trabajamos en acciones judiciales por actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal, administración responsable, tanto en España (incluido una queja formal ante el Defensor del Pueblo), así como ante la Comisión Europea.

El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó hoy a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleadas/os públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.

CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.

Asimismo, analizamos las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.

Entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran:

- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera.

- Si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno.

- Si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta.

- Actuación previa y posterior del Ministerio del Interior.

- Protección de servicios públicos y de sus trabajadores.

- Coordinación entre administraciones.

- Utilización o no de mecanismos europeos.

CSIF exigió al Gobierno una respuesta urgente ante la presión migratoria sobre los servicios públicos de Ceuta y Melilla

Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones muy difíciles.

Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.

Este ha sido el impacto sobre los servicios públicos:

Policía local: sobrecarga laboral voluntaria debido a los insuficientes miembros de las FFCCSSEE necesarios, incremento de agresiones y de riesgos de las mismas, exposiciones biológicas no habituales, apoyo insuficiente del mando único para poder ejecutar sus competencias, ausencia de órdenes necesarias y/o claras, adquisición de nuevos materiales derivados de la necesidad de esta nueva crisis como sprays de defensa etc.

Sanidad: incremento de la presión sanitaria, sobrecarga asistencial, insuficiencia de plantillas, riesgo de agresiones y riesgos biológicos. La presión asistencial es insostenible y hay un estado de agotamiento crítico y sostenido del personal tras semanas de presión continua. Hemos solicitado hospital de campaña, materiales de triaje, mantener las promociones internas temporales y un reconocimiento laboral extraordinario del personal. Continuamos sin un Comité de Seguridad y Salud propio, a diferencia de Melilla, pese a haberlo solicitado en diferentes ocasiones algo que sólo se comprende desde la abulia institucional.

Instituciones Penitenciarias: Presión asistencial, situación directamente vinculada con el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad ciudadana derivadas de la invasión fronteriza. El sindicato ha exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias traslados urgentes para salvaguardar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios y de la propia población reclusa. Al tiempo que se garantiza el correcto desarrollo de los programas de tratamiento y el cumplimiento del fin de la institución consagrado en el art. 25.2 de nuestra Carta Magna.

Educación: la prioridad absoluta es proteger al alumnado ceutí y garantizar una vuelta al cole segura. El curso escolar ha comenzado con el sistema educativo al límite. Los centros carecen de personal suficiente, en precario y sin especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado. Las ratios de las aulas de los Centros de Ceuta están justas y en algunos incluso superan en número lo establecido en ley.

Justicia. CSIF reclama refuerzos ante el incremento de carga de trabajo en el Servicio Común de Tramitación —especialmente en el área penal de instrucción y en el servicio de guardia—, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal y Forense.

Ademas, reclamamos que esos puestos se cubran con personal con experiencia y/o formación mediante sustitución o comisión de servicios. Hemos pedido también la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para abordar la protección del personal ante esa sobrecarga.

Respecto a los menores no acompañados, la situación es excepcional. El Real Decreto 556/2026 de 30 de junio establece un límite máximo de solo 29 menores la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta. Sin embargo, a día de hoy ya hay alrededor de 2000 menores, casi 69 veces más de lo que corresponde a nuestra capacidad.

Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados.

CSIF exige información sobre cómo y con qué recursos se van a atender.

Miguel Borra, presidente de CSIF, ha comprobado de primera mano la difícil situación que se está viviendo en Ceuta.Pincha en cada imagen para ver el vídeo.

OBERTALITAT o IRRESPONSABILITAT

Alberto Gómez Martin — Mon, 24 Aug 26 13:33:00 CEST

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OBERTALITAT O IRRESPONSABILITAT?
MENYS INTERNS A LA PRESÓ, MÉS RISC AL CARRER

La reinserció no pot ser una excusa per posar en risc la seguretat ciutadana ni per ignorar els criteris dels professionals penitenciaris
Aquesta setmana, els centres penitenciaris han rebut una instrucció del centre directiu per accelerar de manera urgent la progressió a tercer grau d’un nombre determinat d’interns, segons cada centre, sota l’excusa de l’anomenada «obertalitat».
L’argument és tan senzill com preocupant: les presons estan col·lapsades i cal treure pressió del sistema.
Des de CSIF Presons ho diem clarament: la descongestió dels centres no es pot aconseguir rebaixant els criteris de classificació dels interns.
Si les presons estan saturades, que ampliïn plantilles, recursos i infraestructures. El que no poden fer és convertir el tercer grau en una vàlvula d’escapament per solucionar, a costa de la seguretat, la incapacitat de l’Administració per gestionar el sistema penitenciari.
ELS POLÍTICS NO PODEN DECIDIR QUAN UN INTERN ESTÀ PREPARAT
Cada intern té un programa individualitzat de tractament elaborat pels equips professionals després d’un estudi tècnic. És el resultat de l’avaluació de la seva conducta, evolució, risc, capacitat d’assumir responsabilitats i procés de rehabilitació. Els professionals estableixen un itinerari i unes previsions de permisos i progressió de grau.
I ara resulta que, perquè les estadístiques no surten, l’Administració ordena accelerar tercers graus. Això és inadmissible.
Si un equip tècnic considera que un intern encara no està preparat, cap responsable polític hauria de poder pressionar perquè passi de segon a tercer grau.
L’«OBERTALITAT» S’HA CONVERTIT EN LA NOVA EXCUSA
El Departament ha convertit l’«obertalitat» en una mena de doctrina sagrada que sembla justificar-ho tot. Més tercers graus. Més llibertat. Més flexibilitat. Menys resposta davant determinades conductes.
I ara, fins i tot, pressions per accelerar progressions que els equips professionals encara no consideren adequades.
Tot això mentre els treballadors continuen suportant agressions, manca de personal, sobrecàrrega de feina i centres cada vegada més tensionats. És molt fàcil parlar d’obertalitat des d’un despatx.
El problema és que els professionals són els que després han d’afrontar les conseqüències dins dels centres mentre que la societat pot haver d’assumir-les al carrer.
NO MANIPULEM LES ESTADÍSTIQUES
El Departament sembla haver descobert una dada extraordinària: els interns en tercer grau reincideixen menys que els interns en segon grau. Perfecte, però expliquem tota la veritat.
Els interns que arriben al tercer grau no són una mostra aleatòria de la població penitenciària, hi arriben, precisament, els interns que presenten una millor evolució i un millor pronòstic, Per tant, és absolutament lògic que presentin menys reincidència.
Però si ara baixem el llistó i enviem al tercer grau interns que encara no han completat el seu procés de rehabilitació, estarem canviant artificialment la composició del grup.
Si poses interns amb més risc al tercer grau, augmentarà el risc associat al tercer grau.
AQUESTES POLÍTIQUES PODEN TENIR CONSEQÜÈNCIES AL CARRER
Si el que volen és reduir el nombre d’interns, que ho diguin clarament. Si el que volen és reduir la reincidència, que respectin els criteris professionals. El que no poden fer és alliberar pressió sobre les presons traslladant-la al carrer.
Perquè una presó menys saturada no serveix de res si el preu és una societat més insegura.
Aquestes polítiques irresponsables poden posar al carrer interns que encara no reuneixen les condicions necessàries per accedir al tercer grau, amb les conseqüències que això pot comportar.
Des de CSIF advertim que no podem esperar que els problemes apareguin per després lamentar-los: ja ens podem preparar per més “brots psicòtics “ , augmentaran les “percepcions “ de inseguretat , normalitzarem encara més els “ tirotejos” o les baralles multitudinàries de “pati d’escola” com deia algun alcalde. Tot plegat contribuiria a incrementar encara més la sensació d’inseguretat i de degradació
de la convivència, projectant una imatge d’una societat cada vegada més allunyada dels estàndards de seguretat i convivència que els ciutadans tenen dret a exigir.
La seguretat ciutadana no pot ser el preu que paguem per descongestionar les presons a cop d’ordre i sota l’excusa de l’«obertalitat».
L’EXPULSIÓ D’ESTRANGERS
Una part important dels interns proposats per a aquestes progressions són estrangers.
Si realment existeix una voluntat de reduir la pressió sobre el sistema penitenciari, per què no s’utilitzen amb eficàcia totes les eines que permet la legislació?
Entre aquestes eines hi ha l’expulsió d’estrangers condemnats quan legalment sigui procedent. Altres països europeus utilitzen aquesta possibilitat de manera molt més efectiva.
A Espanya, en canvi, la burocràcia, la manca d’acords amb determinats països d’origen i la falta d’execució efectiva fan que aquesta via tingui una aplicació molt limitada.
És molt més fàcil ordenar tercers graus als centres que afrontar els problemes estructurals del sistema. I això també és política penitenciària.
ELS TREBALLADORS NO SOM EL COIXÍ DE LA POLÍTICA PENITENCIÀRIA
CSIF no acceptarà que els professionals penitenciaris siguin utilitzats com a coixí de les decisions polítiques del Departament. No acceptarem que després d’un incident es busquin culpables entre els treballadors quan prèviament s’han ignorat els seus informes i criteris professionals.
I no acceptarem que la paraula «reinserció» sigui utilitzada per justificar qualsevol decisió. La reinserció és una finalitat constitucional. No és una carta blanca.
JA HEM VIST ON PORTA EL BONISME SENSE RESPONSABILITAT
Sota la bandera de l’«obertalitat» s’ha anat consolidant una política penitenciària que sembla tenir més por de ser considerada dura que de ser considerada irresponsable.
Una política que sembla haver convertit la sanció en una cosa gairebé vergonyosa. Una política que interpreta determinades conductes amb una comprensió infinita.
Una política que, massa sovint, sembla confondre autoritat amb autoritarisme i permissivitat amb reinserció.
NO VOLEM UNA PRESÓ BUIDA. VOLEM UNA PRESÓ SEGURA.
CSIF no vol presons plenes perquè sí.
Però tampoc vol presons buides a costa de posar en risc la societat.
No volem que la solució al col·lapse sigui baixar el llistó.
No volem que els professionals siguin pressionats.
No volem tercers graus per complir quotes. No volem rehabilitació per estadístiques.
No volem una política penitenciària basada en el bonisme.
No volem que la seguretat ciutadana sigui el preu que paga la societat per una mala gestió penitenciària.
PERQUÈ LES PRESONS NO SÓN UN LABORATORI POLÍTIC. I LA SOCIETAT NO ÉS EL CAMP DE PROVES DEL DEPARTAMENT.
LA REINSERCIÓ S’HA DE FER AMB CRITERIS PROFESSIONALS, NO AMB QUOTES POLÍTIQUES: SI EL DEPARTAMENT VOL REDUIR ESTADÍSTIQUES, QUE NO HO FACI POSANT EN RISC LA SEGURETAT DE TOTHOM.
24 Agost 2026

CSIF PRESONS SOL.LICITA MESURES CONTUNDENTS CONTRA AGRESSORA DE FUNCIONARIA

Alberto Gómez Martin — Fri, 21 Aug 26 07:29:00 CEST

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Domingo Estepa Camacho

Direcció General d'Afers Penitenciaris - Departament de Justícia

Carrer Foc 57 Barcelona

ASSUMPTE: Agressió greu a una funcionària del CP Brians 2 i sol·licitud d’actuacions contundents contra l’agressora

Benvolgut Sr. Estepa,

Des de CSIF PRESONS volem posar en el seu coneixement la nostra profunda preocupació i indignació pels greus fets ocorreguts el passat diumenge 16 d’agost al Centre Penitenciari Brians 2, on una funcionària del servei de Comunicacions va ser víctima d’una agressió física per part d’una familiar d’un intern.

Segons la informació de què disposem, els fets es van produir arran d’un conflicte en relació amb l’ús de l’ascensor. La funcionària, actuant amb criteri i respecte envers les persones grans presents, va indicar a l’agressora que esperés que aquestes persones poguessin pujar primer. Davant d’aquesta indicació, l’agressora hauria reaccionat violentament, propinant diversos cops de puny a la funcionària i arribant fins i tot a arrencar-li part del cabell.

Des de CSIF PRESONS considerem que aquests fets són d’una gravetat extraordinària i no poden ser tractats com un simple incident derivat de la convivència ordinària en un centre penitenciari. Es tracta d’una agressió física directa contra una treballadora penitenciària mentre desenvolupava les seves funcions, en un espai especialment sensible com és el servei de Comunicacions.

Per aquest motiu, sol·licitem a la Direcció General d’Afers Penitenciaris que actuï amb la màxima contundència dins de l’àmbit de les seves competències, i concretament:

1. Que es promoguin i facilitin totes les actuacions necessàries perquè els fets siguin posats en coneixement de l’autoritat judicial competent, a fi que es depurin les responsabilitats penals que corresponguin per l’agressió comesa.

2. Que, tenint en compte la condició de personal penitenciari com a agent de l’autoritat, es valori jurídicament aquesta circumstància en totes les actuacions que es derivin dels fets i es reclami la màxima protecció jurídica per a la treballadora agredida.

3. Que, dins del marc legal i de les competències de l’Administració penitenciària, s’adoptin les mesures més restrictives possibles respecte de la capacitat de l’agressora per accedir als centres penitenciaris de Catalunya, sempre que legalment sigui procedent.

4. Que es valori, amb caràcter immediat, l’aplicació de les mesures de restricció, suspensió o denegació de les comunicacions que legalment siguin possibles respecte de l’agressora, incloses les comunicacions íntimes, familiars i de convivència, atenent la gravetat dels fets i el risc que una persona que ha protagonitzat una agressió física contra una treballadora penitenciària pugui tornar a accedir a les instal·lacions.

5. Que aquestes mesures es facin extensives, si jurídicament és procedent, a qualsevol altra modalitat de visita o comunicació amb l’intern Saul Yahir Bertomeu Balbin, mentre es valori el risc que l’agressora pugui representar per a la seguretat del personal i el normal funcionament del centre.

6. Que es garanteixi a la funcionària afectada tota l’assistència jurídica, laboral i institucional necessària, així com el seguiment del procediment derivat de l’agressió.

7. Que la Direcció General informi aquesta organització sindical de les actuacions adoptades i de les mesures que es prevegin aplicar arran d’aquests fets. El Reglament penitenciari estableix que les comunicacions amb els interns poden ser objecte de restriccions per raons de seguretat, d’interès del tractament i de bon ordre de l’establiment, i contempla igualment la suspensió de comunicacions quan els comunicants no mantenen un comportament correcte. Considerem que una agressió física d’aquesta naturalesa constitueix un element que necessàriament ha de ser valorat des de la perspectiva de la seguretat del centre i del personal penitenciari.

CSIF PRESONS no acceptarà que una agressió física contra una treballadora penitenciària quedi reduïda a un simple incident. La integritat física dels professionals que treballen als centres penitenciaris ha de constituir una prioritat absoluta per a l’Administració. Per tot això, reclamem una resposta institucional ferma, immediata i proporcional a la gravetat dels fets, així com que s’utilitzin totes les eines administratives i legals disponibles per garantir que una persona que ha protagonitzat una agressió d’aquestes característiques no pugui posar novament en risc la seguretat dels treballadors penitenciaris.

Atentament

Alberto Gómez Martín

Coordinador CSIF PRESONS

Barcelona 21 agost 2026

CYBERATAC INTRANET GENERALITAT

Alberto Gómez Martin — Thu, 13 Aug 26 21:26:00 CEST

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CSIF PRESONS INFORMA 🚨🔐

⚠️ LA GENERALITAT RECONEIX UN ACCÉS NO AUTORITZAT ALS SEUS SISTEMES

La Generalitat ha reconegut oficialment un incident de seguretat que ha provocat un accés no autoritzat als seus sistemes i ha iniciat una investigació, amb la intervenció de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Jutjat de Guàrdia i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

🔴 CSIF PRESONS EXIGEIX TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITATS

Segons la informació de què disposem, l’abast de l’incident podria ser molt superior al comunicat inicialment, amb possible accés a dades sensibles de treballadors, protocols de seguretat, documentació penitenciària i informació d’altres departaments de la Generalitat.

🛡️ També reclamem investigar:
➡️ Si existien vulnerabilitats conegudes prèviament.
➡️ Quins sistemes i dades van quedar exposats.
➡️ El paper dels serveis tecnològics externalitzats, inclosa T-Systems.
➡️ Si es van complir les obligacions de seguretat.
➡️ I totes les responsabilitats que es puguin derivar de la investigació.

👮‍♂️ CSIF PRESONS reclama que els representants dels treballadors siguin informats durant tot el procés i que es coneguin les conclusions de les investigacions i les mesures que s’adoptaran per evitar que torni a passar.

👏 Volem fer una menció especial a tota la plantilla del CP Puig de les Basses, i especialment als funcionaris, CUSV i Cap de Serveis que van detectar i investigar els fets, així com a la Direcció del centre i la Direcció General per la rapidesa en l’adopció de mesures.

🔵 La seguretat dels treballadors públics i la protecció de les seves dades NO poden ser negociables.

PREPARACIÓ OPOSICIONS AMB CUM LAUDE

Alberto Gómez Martin — Tue, 28 Jul 26 08:48:00 CEST

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Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que l'Acadèmia Cum Laude ha programat diversos cursos de preparació d'oposicions relacionats amb l'àmbit de l'execució penal, adreçats tant al personal que aspira a accedir als cossos penitenciaris com als diferents cossos especials.

L'oferta formativa inclou:

Curs de Tècnics Especialistes, Serveis Penitenciaris (Subgrup C1).
Curs de la Part General dels Cossos Especials (Subgrups A1-A2), amb els 15 temes comuns, que es desenvoluparà de juliol de 2026 a març de 2027.
Curs d'Execució Penal (Subgrups A1-A2), amb els temes específics d'Execució Penal per a les especialitats de Psicologia, Educació Social, Treball Social i Pedagogia, previst de setembre a desembre de 2026.
Curs específic de Psicologia d'Execució Penal, amb els 20 temes propis de l'especialitat, que tindrà lloc de gener a març de 2027.
Curs Integral de Psicologia d'Execució Penal, que permet cursar els tres itineraris amb un preu reduït.

En el següent enllaç trobareu tota la informació detallada sobre el contingut dels cursos, el calendari, la metodologia, els requisits d'inscripció i les condicions de matrícula.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar directament amb l'Acadèmia Cum Laude.

Cordialment,

CSIF denuncia una brutal agresión a un funcionario en el Centro Penitenciario de Mas d'Enric

Gisela Sesé Echevarría — Fri, 24 Jul 26 10:50:00 CEST

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El sindicato reclama una investigación para depurar responsabilidades y exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de los profesionales penitenciarios

El ataque reabre el debate sobre la gestión de internos con patologías psiquiátricas y la falta de personal en las prisiones catalanas ya que el interno acumulaba varios episodios violentos y llevaba días sin medicación antes de agredir al funcionario

Tarragona, 24 de julio de 2026. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la brutal agresión sufrida por un funcionario de vigilancia del Centro Penitenciario Mas d'Enric y exige la apertura inmediata de una investigación para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades por una situación que, a juicio del sindicato, era perfectamente evitable.

El funcionario fue agredido durante su jornada laboral por un interno con antecedentes psiquiátricos que, según la información recabada por CSIF, había interrumpido el tratamiento farmacológico que seguía desde hacía tiempo. De acuerdo con los datos de los que dispone el sindicato, la retirada de la medicación se habría producido el pasado lunes, de forma acordada con el especialista que seguía al interno. Desde ese momento y hasta el día de la agresión, el recluso habría protagonizado una sucesión de episodios violentos que, para CSIF, constituían claros indicadores de un deterioro de su estado y de un incremento del riesgo para trabajadores e internos.

Los hechos no fueron un episodio aislado. Durante los días previos, el interno protagonizó varios incidentes de extrema gravedad en el módulo 6. En uno de ellos se enfrentó violentamente a varios internos y fue la intervención de los funcionarios de vigilancia la que evitó que la situación derivara en consecuencias mucho más graves. Posteriormente volvió a protagonizar un nuevo episodio agresivo contra otro interno en el comedor del mismo módulo.

Tras este segundo incidente fue trasladado a la unidad psiquiátrica del propio centro penitenciario. Sin embargo, según denuncia CSIF, el interno continuaba sin recibir el tratamiento farmacológico que tenía pautado y sin que se adoptaran medidas suficientes para neutralizar el riesgo que representaba.

La agresión se produjo durante la mañana del jueves, cuando el interno atacó por sorpresa al funcionario que se encontraba prestando servicio. El trabajador recibió dos fuertes puñetazos en el rostro y solo la rápida intervención de un profesional sanitario y de otros trabajadores permitió inmovilizar al agresor y evitar que la agresión continuara.

No fue hasta después de este grave ataque cuando el interno fue trasladado a la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria de Brians para su estabilización clínica.

Para CSIF, la concatenación de los hechos resulta especialmente preocupante. Según la información de la que dispone el sindicato, entre el lunes —fecha en la que se habría retirado la medicación— y el jueves, día de la agresión, el interno protagonizó diversos episodios violentos sin que se activaran medidas preventivas suficientes para evitar un desenlace como el ocurrido. La organización reclama que la investigación determine si existían elementos suficientes para haber actuado antes y evitar que un trabajador resultara agredido.

El sindicato considera imprescindible esclarecer si la retirada del tratamiento farmacológico fue acompañada de las medidas de seguimiento, vigilancia y prevención necesarias, así como determinar si la evolución del interno y los incidentes registrados en los días posteriores fueron correctamente evaluados y comunicados a los profesionales que debían intervenir con él.

"No puede ser que en las prisiones catalanas haya que esperar a que un funcionario sea brutalmente agredido para activar los mecanismos de protección frente a un interno cuyo riesgo era conocido."

CSIF denuncia igualmente la insuficiente dotación de personal que continúa padeciendo el Centro Penitenciario Mas d'Enric. En el momento de la agresión, el funcionario prestaba servicio sin el refuerzo necesario, una realidad que el sindicato lleva tiempo denunciando y que incrementa de forma inaceptable la vulnerabilidad de los trabajadores.

Por ello, el sindicato reclama con carácter urgente:

La apertura de una información reservada para depurar responsabilidades sobre la gestión de este caso.
La implantación efectiva del trabajo en binomios en todas las áreas del centro.
El incremento inmediato de la plantilla para adecuarla a la carga real de trabajo y al perfil de la población penitenciaria.
La revisión de los protocolos de actuación con internos con patologías psiquiátricas y de los procedimientos de seguimiento cuando se modifique o retire un tratamiento farmacológico.
La mejora de los canales de comunicación interna para que toda la información relevante sobre internos potencialmente peligrosos llegue a los profesionales que deben intervenir con ellos.

CSIF rechaza que esta agresión pueda justificarse únicamente por la enfermedad mental del interno y recuerda que la obligación de la Administración es prevenir situaciones de riesgo cuando existen antecedentes suficientes para ello.

El sindicato también muestra todo su apoyo al funcionario agredido y confía en que haya recibido toda la asistencia sanitaria, psicológica y jurídica necesaria, además de que los hechos hayan sido puestos inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.

"La seguridad de los trabajadores penitenciarios no puede depender de la suerte. Cada agresión que podía haberse evitado representa un fracaso del sistema y una responsabilidad que debe asumirse. Proteger a quienes garantizan la seguridad dentro de las prisiones debe ser una prioridad absoluta."