Castilla-La Mancha - Universidades

Segundo mes consecutivo de destrucción de empleo con un balance de 3.668 parados más

candido.de-la-cruz.alcaniz — Mon, 04 Mar 24 11:40:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta el aumento de 345 desempleados en febrero en Castilla-La Mancha, que sitúa la cifra total de parados en 138.474 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La región se desmarca de la tendencia nacional de bajada generalizada del paro y es, por detrás de Aragón, Madrid y Navarra, la cuarta comunidad autónoma en la que más aumentó el desempleo en febrero. El balance en los dos primeros meses del año es negativo con una destrucción de 3.668 puestos de trabajo.

Asimismo, también se ha experimentado un descenso de la afiliación a la Seguridad Social, con una pérdida de 1.314 afiliados; entre los sectores que pierden peso, las actividades sanitarias y de servicios sociales cuentan con 161 afiliaciones menos.

Sobre la temporalidad, la Seguridad Social refleja que las mujeres soportan en mayor medida esta relación contractual: ocupan el 65,4% de los contratos temporales con jornadas parciales y el 58,3% de los contratos temporales a jornada completa, mientras que el porcentaje baja al 42,2% cuando se refiere a contratos indefinidos. En Castilla-La Mancha hay 90.395 mujeres en paro; representan el 65,2% del total de parados.

Para CSIF, la protección de los colectivos más vulnerables y el fortalecimiento de los servicios públicos es una prioridad, por lo que reclama la devolución de los más de 42 millones de euros concedidos por el Gobierno regional a CCOO y UGT desde 2015 (más de 60,2 millones de euros si se incluye la Cecam), subvenciones asociadas en parte a planes de empleo, para ser destinadas a fines sociales y a la creación de empleo estable y de calidad.

CSIF apoya la huelga convocada por los profesores asociados contra la ley universitaria

admin — Mon, 30 Jan 23 12:50:41 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, respalda la huelga indefinida convocada por los profesores asociados todos los martes, miércoles y jueves, a partir de febrero, contra el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya que no aporta garantías de estabilidad ni de renovación de contratos como hemos defendido en la negociación con el Ministerio de Universidades, en las propuestas de enmiendas presentadas a los Grupos Parlamentarios y en la comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Se trata de una huelga indefinida contra una LOSU que podría despedir a multitud de profesores asociados que llevan años encadenando contratos en manifiesto fraude de ley. Además, CSIF comparte la opinión de los profesores afectados de que el proceso de conversión en indefinidos a través de concursos puede ser la excusa para despidos masivos. Por otro lado, y, aun siendo una medida positiva (sobre todo en lo referente a futuras indemnizaciones por finalización de contrato), transformar por concurso el contrato actual en contrato indefinido -en la misma figura de Profesor Asociado- no supone una estabilización real y efectiva.

Una reciente investigación realizada en la Universidad de Granada advierte que el sistema universitario español se dirige hacia un modelo low cost que copia las políticas de gestión de plantilla utilizadas por la mayoría de empresas privadas. En esa línea, desde CSIF llevamos meses alertando que la LOSU replica e intenta generalizar en las universidades públicas un sistema de precariedad, temporalidad, laboralización y desfuncionarización. Para CSIF no es casualidad que el “ranking de la precariedad” lo lideren las universidades catalanas (58,7% de asociados en la Rovira i Virgili,49,5% en la Pompeu Fabra o 43,9% en la Universidad de Barcelona) en su apuesta explícita por la laboralización de las plantillas y la utilización de figuras temporales.

Desde CSIF, recordamos que la temporalidad del Personal Docente Investigador supera el 40% en las universidades públicas y que existen cerca de 30.000 profesores asociados (más de 9.000 doctores) a los que la LOSU no dedica financiación específica ni para procesos de estabilización, ni para renovación de plantillas, ni para los presumibles costes por indemnizaciones.

Por otro lado, CSIF señala que rebajar la cifra de temporalidad al 8% será imposible manteniendo la tasa de reposición en un sistema universitario infrafinanciado y cuando las universidades no han aceptado incluir al profesorado asociado dentro de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 ya negociados y publicados.

Además de conseguir el carácter indefinido sin necesidad de concurso, demandamos que el Senado recoja para el Profesorado Asociado una subida retributiva digna, la posibilidad de impartir docencia hasta 180 horas anuales, la promoción a las categorías superiores a las que esté acreditado y el derecho al acceso y al cobro de quinquenios docentes y sexenios de investigación.

CSIF urge al Gobierno a dar una solución transitoria para 30.000 contratos de proyectos de investigación en peligro

admin — Tue, 15 Feb 22 11:10:27 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, urge al Gobierno a que garantice la continuidad de los cerca de 30.000 contratos de obra y servicio de personal investigador, en peligro tras la entrada en vigor de la reforma laboral, y que acuerde una solución transitoria para los afectados/as.

Los contratos de obra y servicio han sido utilizados de manera generalizada en la investigación. La reforma laboral permite realizar nuevos contratos de este tipo hasta el 30 de marzo de 2022, pero con una duración máxima de seis meses. A partir de esta fecha podrían quedar bloqueados los proyectos de investigación dado que la reforma laboral está aún pendiente de adaptación a la Ley de la Ciencia, que aún tiene por delante varios meses de tramitación parlamentaria.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, nos ha trasladado que busca una autorización de Hacienda para convertir en indefinidos estos contratos hasta la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, aunque por el momento no nos han concretado nada y los afectados siguen esperando una solución.

Por nuestra parte, valoramos el texto del anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, que mejora significativamente tras incluir distintas propuestas de CSIF, si bien queda también pendiente el desarrollo de la carrera profesional para el personal técnico y de gestión.

Negociar la carrera profesional

CSIF obtuvo el compromiso por parte del Ministerio de Función Pública para diseñar la carrera profesional para el personal técnico y de gestión de la Ciencia. Creemos que el compromiso adquirido por la Administración se debe concretar en un proceso negociador de manera urgente.

El anteproyecto mejora, por otra parte, aspectos fundamentales en las relaciones laborales, como la introducción del derecho a indemnización como consecuencia de la finalización de todos los tipos de contrato. Además, la Administración ha accedido a extender las indemnizaciones con carácter retroactivo, es decir a todos los contratos que estén vigentes a la entrada en vigor de la nueva Ley.

En todo caso, CSIF considera que estas mejoras deben de ir unidas a una financiación adecuada de las líneas y proyectos de investigación para garantizar la estabilidad laboral en la ciencia y que primen los contratos indefinidos frente a los fijos discontinuos.

Subirats ultima una solución para garantizar los 30.000 contratos de proyectos de investigación, como exigió CSIF

admin — Thu, 10 Feb 22 13:16:27 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mantenido una reunión con el ministro de Universidades, Joan Subirats, para buscar una solución a los cerca de 30.000 contratos de obra y servicio de personal investigador que estarían en peligro tras la entrada en vigor de la reforma laboral.

Los contratos de obra y servicio son la modalidad contractual generalizada en la investigación. La reforma laboral permite realizar nuevos contratos de este tipo hasta el 30 de marzo de 2022, pero con una duración máxima de seis meses.

A partir de esta fecha podrían quedar bloqueados los proyectos de investigación dado que la reforma laboral está aún pendiente de adaptación a la Ley de la Ciencia, todavía en fase preliminar de anteproyecto. Tras el requerimiento de CSIF, el ministro aseguró que buscarán una autorización provisional del Ministerio de Hacienda y Función Pública para garantizar la ejecución de estos contratos con la figura de la contratación indefinida.

En la reunión con el ministro, CSIF advirtió de que la reforma laboral impide recurrir al contrato de obra o servicio determinado con cargo a proyectos, una circunstancia que ya está bloqueando la contratación en algunas universidades, fundamentales para futuros proyectos de investigación.

La LOSU irá al Consejo de Ministros en junio

Por otra parte, el ministro nos adelantó que prevén aprobar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en Consejo de Ministros el próximo mes de junio y que sea convalidada en el Congreso en el primer semestre de 2023 y que, una vez se inicie su tramitación parlamentaria, comience la negociación del Estatuto del Personal Docente Investigador.

En este sentido, Subirats explicó que apuesta por una Ley de bases que cree un marco de actuación y mantenga la autonomía de las universidades, mientras que desde el sindicato le pedimos una norma homogénea que acabe de una vez con las diferencias entre las distintas comunidades.

Subirats, planteó, por otra parte, la necesidad de estabilizar y mejorar las retribuciones de los profesores asociados, como reivindica CSIF desde hace años.

Reducir la precariedad

Desde el sindicato, también reclamamos al ministro que aclare cómo afectará la Ley para la Reducción de la Temporalidad en la Administración a las diferentes figuras de PDI y del Personal de Administración y Servicios (PAS), que revise y actualice el Decreto de Retribuciones del PDI y que tome medidas para reducir la precariedad y la inestabilidad en ambos colectivos.

Exigimos, además, la homologación salarial para acabar con las enormes diferencias retributivas entre el PDI laboral de las diferentes Comunidades Autónomas; que se modifique el actual sistema de acreditación ANECA y que se lancen las convocatorias de los sexenios de transferencia y docencia.

Abogamos también por facilitar el acceso a la carrera docente e investigadora y acortar los periodos para conseguir plazas estables de laboral o funcionario.