Casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 25 Oct 24 11:37:00 CEST

Casi el 46 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental, según una encuesta elaborada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.

La encuesta, que lleva por nombre ‘¿Cómo te sientes?’ y se presenta con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, está centrada en las medidas de promoción de salud mental y bienestar laboral de las/os empleados públicos, y se ha realizado mediante entrevistas a más de 6.300 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas).

El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según el estudio de CSIF, en todos los ámbitos de la administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años) , trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.

Datos de la encuesta

El 76 por ciento de los empleados públicos reconocen abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de psicofármacos. En este sentido, los más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (12 por por ciento) y otras sustancias (17 por ciento). En concreto, los motivos más mencionados son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral.

Además, el 60 por ciento reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados/as públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.

Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración, ya que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales.

Como consecuencia de este estudio, CSIF ha iniciado la campaña ‘Derrumbando estigmas de la salud mental en el ámbito laboral’ en todos los centros de trabajo para sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la salud mental y animándoles a cuidarla, denunciando ante la Inspección de Trabajo y los comités de seguridad y salud cualquier incumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales sobre salud y solicitando planes de promoción de la salud y prevención de las conductas suicidas.

CSIF dispone del gabinete ‘CSIF Ayuda’ donde presta apoyo jurídico y orientación psicológica a trabajadores/as que la necesiten en el ámbito laboral.

CSIF reclama al Gobierno la adopción de medidas urgentes en el ámbito de la salud mental, entre las que se encuentran:

Más presupuesto para que los servicios públicos de salud incrementen el número de profesionales de la salud mental. En concreto, reclamamos un incremento de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria y Especializada.
Ampliar las plazas de especialidad de Medicina del Trabajo en las convocatorias anuales de Formación Sanitaria Especializada.
Aumentar los recursos humanos en los servicios de prevención de las administraciones.
Desarrollar mecanismos de coordinación interdisciplinar entre los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de prevención para ofrecer en una red de apoyo sociosanitario profesional.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’) y otros trastornos del comportamiento.
Reconocimiento efectivo de los trastornos mentales como causa de accidente laboral (actualmente se reconocen como contingencia común).
Programas de apoyo psicológico al empleado gratuitos en los centros de trabajo.
Programas de formación en gestión emocional y de salud mental dirigidos a trabajadores/as.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concienciación sobre la importancia de la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y violencia.
Implantación de políticas de rehabilitación y retorno progresivo al trabajo (aplicación efectiva de los artículos 22 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

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Casi la mitad de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos