Castilla-La Mancha - Universidades

CSIF desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones

Cándido de la Cruz Alcañiz — Thu, 19 Mar 26 11:57:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha y también el más representativo en las administraciones públicas a nivel nacional, ha sido convocada el próximo día 24 de marzo a una reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, donde previsiblemente se desbloqueará la jubilación parcial para el personal laboral.

Este colectivo vio bloqueado este derecho con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024) derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas, ya que el relevista, cuya relación laboral debe ser indefinida, tiene que haber superado, con carácter previo, un proceso selectivo que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los propios tribunales han sentenciado que, “aunque la administración quiera reconocer el citado derecho, se encuentran atadas de pies y manos, ya que el texto legal no ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”.

Ante esta situación, CSIF ha propuesto que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Todo parece indicar, por la documentación intercambiada en la negociación que ésta va a ser la solución.

De este modo, el Gobierno aprobaría de manera inminente un Real Decreto-Ley que establecerá la posibilidad de llevar a cabo contrataciones temporales de relevistas, que posteriormente se convocarían en la siguiente oferta de empleo público para la cobertura definitiva de la plaza. Esta propuesta se la trasladamos al ministro de Función Pública en la reunión bilateral que mantuvimos el pasado 11 de diciembre de 2025.

Además de desbloquear esta situación, las principales novedades del acuerdo que se firmará con Función Pública recogen las reivindicaciones de CSIF en lo referente a la eliminación de periodos de carencia, acumulación del total de la reducción en un solo tramo y aumento hasta el 75 por ciento de la reducción de jornada. Además, se ampliará la aplicación de esta modalidad hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

En todo caso, una vez firmado el acuerdo, CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde el año 2012, como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho.

Se da la circunstancia de que el Congreso de los Diputados mantiene congelada la tramitación del proyecto de Ley de Función Pública, que reconoce nuevamente este derecho a funcionarios y estatutarios, tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista propuesta por CSIF. Por tanto, ante la situación de parálisis del parlamento, el Gobierno debe utilizar otro tipo de norma que permitiría superar la discriminación que sufren a día de hoy los funcionarios y estatutarios.

Reunión de seguimiento del Acuerdo Marco en las Administraciones Públicas. CSIF pide acelerar las mejoras laborales

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Thu, 29 Jan 26 14:08:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha emplazado al Ministerio de Función Pública -en la reunión de seguimiento celebrada hoy del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía-, a que acelere la puesta en marcha de otras medidas, ahora que la mayoría de las administraciones han completado el pago de la subida y atrasos salariales de 2025.

CSIF ha constatado que la práctica totalidad de las administraciones públicas han completado, en la nómina de enero, el pago del 2,5 por ciento correspondiente a la subida de 2025 y los atrasos correspondientes, de manera retroactiva, así como la subida de 2026, como estaba recogido en el Acuerdo firmado el pasado noviembre. De esta manera, los empleados públicos comienzan el año con una subida del 4 por ciento (el 2,5 de 2025 y el 1,5 para 2026, que podría ampliarse un 0,5 adicional ligado a la evolución del IPC).

El objetivo de la reunión de seguimiento ha sido poner en marcha los diferentes grupos de trabajo: Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público. A petición de CSIF, también se creará una mesa específica sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previa comunicación a Muface.

En concreto, hemos trasladado a Función Pública priorizar el refuerzo del mutualismo administrativo, desbloquear la jubilación parcial anticipada, impulsar la promoción interna, actualizar las indemnizaciones por razón de servicio, los complementos de residencia e insularidad, y extender el teletrabajo en toda la Administración General del Estado (AGE).

CSIF también ha trasladado la necesidad actualizar el sistema de incrementos salariales del personal laboral en el exterior (PLEX), y aplicar la subida y retrasos a las personas en situación de incapacidad temporal (ITE).

Igualmente, consideramos necesario extender la implantación de la jornada de 35 horas al ámbito de las Instituciones Penitenciarias y empresas públicas, aprovechando que el Gobierno ha iniciado el procedimiento en la Administración, así como el teletrabajo en la Administración General del Estado.

CSIF insiste en la creación del delegado/a especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género y el refuerzo de los órganos judiciales

Cándido de la Cruz Alcañiz — Tue, 25 Nov 25 09:02:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reclamando la creación de la figura del delegado/a sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado.

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 38 mujeres (una de ellas en Castilla-La Mancha) y 3 menores que han sido asesinados en lo que va de año (datos a 23 de noviembre de 2025). Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.

El delegado/a especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género estaría formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas. Se trata de una figura fundamental que ayudaría a la prevención de esta lacra en el ámbito laboral, a lo que se suma iniciativas en igualdad y el impulso de medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para las personas LGTBI+.

Además, exigimos una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas. En el segundo trimestre de 2025 se registraron 1.799 denuncias por violencia de género en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, un 6,2 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior.

CSIF, en su compromiso social más firme en la lucha contra esta lacra, recuerda que todas sus sedes están habilitadas como ‘puntos violeta’ desde 2021.

Función Pública

CSIF alerta de que el 20% de las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE) conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. Los datos, extraídos de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE, revelan una realidad que pone de manifiesto un flanco desatendido en la principal "empresa" del país.

Estos resultados deben ser un punto de inflexión para elaborar estudios más complejos que sirvan como referente en la lucha contra esta lacra social y laboral. De este dato podemos extraer que hay centenares de mujeres funcionarias y trabajadoras laborales en esta administración estaría viviendo una situación de violencia de género en silencio.

La encuesta revela que más del 80% de los/as empleados públicos de AGE desconoce en detalle o no tiene constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género. Esta cifra evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad acordado con CSIF.

En este sentido y tal como consideran el 89% de las personas encuestadas, la Administración debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno así a este vacío existente en el ámbito laboral.

Es evidente que hay carencias profundas en la Administración cuando solo el 18% de las personas encuestadas considera que son suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.

Son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico, como así afirman el 66% de las personas consultadas.

El curso universitario 2025-2026 comienza con dificultades financieras y precariedad en las plantillas de los docentes: la temporalidad es del 49 por ciento

Juan Pedro Fernández Riau — Fri, 19 Sep 25 09:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que el curso universitario 2025-2026 ha comenzado con las mismas carencias que otros años, que se pueden resumir en dos grandes problemas: dificultades financieras y precariedad en las plantillas de los docentes, con una temporalidad cercana al 49 por ciento.

A pesar del compromiso de llegar al 1 por ciento de PIB recogido en la LOSU, la realidad es que el gasto universitario hoy se sitúa en el entorno del 0,7 por ciento, lejos de la media de la UE. Además, según el último informe de la OCDE, el gasto por estudiante universitario en España es un 21 por ciento inferior a la Unión Europea, y el gasto público en las enseñanzas universitarias ha caído en términos reales desde 2009. El Consejo Económico y Social (CES) también constata falta de financiación y fuerte competencia entre universidades públicas y privadas.

La otra gran rémora del sistema universitario español es la precariedad del personal docente e investigador, con una temporalidad media del 49 por ciento frente al 28 por ciento que se registra en otras administraciones públicas, así como una estabilización tardía en torno a los 48 años. En concreto, la mitad aproximadamente de los 106.000 docentes del sistema universitario español tiene trabajo temporal y precario, y en la última década se han perdido 2.316 docentes permanentes, lo que convive con grandes bolsas de precariedad en el profesorado Asociado y Sustituto.

CSIF vuelve a denunciar la fuerte competencia entre universidades públicas y privadas: el número de plazas en las universidades públicas disminuye en 1.500, mientras que en las privadas aumenta en 24.000. En concreto, los centros privados acogen al 23 por ciento del alumnado en el curso 2025-2026 (a modo de comparación, el porcentaje era tan solo del 3 por ciento en el curso 1995-1996) y el 53 por ciento de aquellos estudiantes que cursan un Máster. La situación empieza en ser alarmante en algunas comunidades autónomas donde las universidades privadas concentran un alto grado de matriculaciones, como Navarra (53 por ciento), Cataluña (36 por ciento) o Madrid (32 por ciento).

Estatuto Docente e Investigador y aumento de la financiación

Por otra parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reactiva este mes, gracias a las presiones mantenidas en los últimos meses por CSIF, las negociaciones del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), y la Comisión prevista en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para aumentar la inversión pública al 1 por ciento (unos 4.000 millones de euros) en el año 2030.

En concreto, la reunión sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador está convocada para el próximo 25 de septiembre, mientras que la Comisión para incrementar la financiación al 1 por ciento se reunirá el día 29 de septiembre. Se trata de dos aspectos fundamentales de la LOSU, y que nuestra organización lleva años reivindicando para colocar el sistema universitario a la altura de la media de la UE.

CSIF rechaza la insuficiente oferta de empleo público y los acuerdos que provoquen diferencias en la prestación de servicios entre Comunidades Autónomas

Juan Pedro Fernández Riau — Tue, 15 Jul 25 13:30:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reiteró hoy su rechazo a la Oferta de Empleo Público para 2025 porque las plazas son insuficientes para cubrir las pérdidas acumuladas en la Administración del Estado en los últimos años (más de 42.000 efectivos perdidos en las dos últimas décadas).

Según datos aportados por el Gobierno, la oferta total asciende a 36.588 plazas en la Administración General del Estado de turno libre y promoción interna, lo que supone 3.558 plazas menos que el año pasado, invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años, como consecuencia de la falta de presupuestos y las restricciones al gasto que ya está aplicando Bruselas.

La oferta, por tanto, impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles tanto en la Administración Central --Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias— como en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (sanidad, educación, etc)

Esta oferta además mantiene la tasa de reposición, lo que impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la Administración del Estado, que ya ha provocado la congelación de fondos procedentes de la Comisión Europea.

Además, la próxima oferta de empleo público contendrá una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto. Esta medida supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos.

En este mismo sentido, CSIF manifiesta su preocupación por las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas de Junts y PNV por las diferencias que puedan generar en el acceso y la calidad de los servicios públicos entre territorios, tanto por la cesión de impuestos que detraigan recursos para el Estado, la pérdida de competencias en materia de empleo público o de la Seguridad Social.

UN REFUERZO INMEDIATO DE PLANTILLAS

Desde CSIF, ya lo hemos dicho, exigimos un refuerzo inmediato de plantillas, la creación de empleo neto, la recuperación de los puestos perdidos y la eliminación de la tasa de reposición, para que las administraciones puedan responder a sus necesidades, más allá de las jubilaciones previstas. Hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.640 empleos, según datos facilitados por el propio Ministerio de Función Pública, que se suman los 21392 perdidos en la década anterior, lo que hace un total de más de 42000 puestos perdidos.

Además, el 21 por ciento de la plantilla (más de 45.000 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de la jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Es más, según datos del registro central de personal, el 55 por ciento de la plantilla se jubilará en 10 años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo las necesidades de la plantilla. Esta cuestión fue referida por un informe de la OCDE en el que se alertaba del envejecimiento de las plantillas de la administración española, en relación a los países de nuestro entorno.

CSIF reclama despolitizar administraciones y empresas públicas, reforzando la figura del empleado público, para reducir la corrupción

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Wed, 09 Jul 25 12:52:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno promover un pacto de Estado contra la corrupción que permita combatir de manera efectiva este tipo de prácticas que afectan a la política y al funcionamiento de lo público.

De entrada, CSIF propone despolitizar la función pública, reforzando la figura del empleado público, para para asegurar una administración basada en el mérito y la profesionalidad, frente a las afiliaciones políticas. Estas son nuestras propuestas:

Reducir la libre designación en altos cargos. Proponemos que los puestos de dirección en la administración (hasta el nivel de director general) no se nombren “a dedo”, sino mediante concursos públicos basados en méritos y capacidad. Esto evitaría el clientelismo político y garantizaría profesionalidad.
Profesionalizar la función pública. Creación de un cuerpo directivo profesional, formado por funcionarios con carrera administrativa consolidada. Limitar al máximo el uso de asesores políticos o personal eventual en puestos técnicos o de gestión.
Impulsar un protocolo anticorrupción controlado por personal empleados públicos y no por partidos, para prevenir la corrupción institucional. También exigimos un pacto de Estado para blindar la independencia de los funcionarios.
Transparencia administrativa real, con mayor acceso a bolsas de empleo, concursos de traslados, relaciones de puestos de trabajo, gratificaciones y cualquier proceso de selección o nombramiento. Se trataría así de evitar la opacidad y los privilegios ocultos.
Reducir el número de asesores y cargos eventuales. CSIF quiere limitar drásticamente el número de asesores designados por criterios políticos, y que esos roles se sustituyan por funcionarios especializados.
Promoción interna y concursos permanentes. CSIF pide que al menos el 50 % de las plazas en ofertas de empleo público se reserven para promoción interna. También exigimos concursos de traslado regulares, para que los funcionarios puedan progresar sin favoritismos.
Mejorar plantillas y recursos de la administración de Justicia de todos los cuerpos de funcionarios y carreras judicial y fiscal, para agilizar los procedimientos. Implantar mejoras logísticas y tecnológicas y en general las condiciones de trabajo.
Aumentar las penas por malversación de fondos públicos.
Refuerzo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en materia de lucha contra el fraude, blanqueo de capitales y las ganancias patrimoniales no justificadas. La AEAT es la garante de la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, el contrabando y el blanqueo de capitales. Y tiene en su seno el Servicio de Vigilancia Aduanera con reconocidas competencias y atribuciones policiales necesarias para investigar los delitos fiscales el blanqueo de capitales y las ganancias patrimoniales no justificadas.

Sin embargo, estas facultades y competencias no están siendo aprovechadas ni reforzadas, con un deterioro en los medios materiales y humanos

Desarrollo del proyecto de Policía Fiscal que CSIF lleva proponiendo desde hace 5 años, con un plan de inspección específico que investigue las ganancias patrimoniales no justificadas.

CSIF exige eliminar la tasa de reposición y sanciones ejemplares por abusar de la temporalidad, tras el recorte de Bruselas

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 08 Jul 25 11:20:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca sanciones ejemplares a los gestores que abusen de la temporalidad.

Nuestra organización considera que se deben adoptar estas medidas tras el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, entre otros motivos por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, que sigue estancada en el 30 por ciento (el triple que en el sector privado), pese a que la Ley establece el límite en el 8 por ciento.

CSIF ya avisó de que estaban abiertos sendos expedientes por esta causa y que se estaban preparando sanciones millonarias.

La tasa de reposición (que el Gobierno pretende mantener en la próxima oferta de empleo público) impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación.

Por otro lado, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores/as de nuestras administraciones.

CSIF se ha dirigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para abordar los problemas que afectan a nuestras administraciones públicas y las condiciones laborales, entre ellas la temporalidad y la congelación de las nóminas, dado que aún no se ha negociado un nuevo acuerdo salarial.

De manera paralela, CSIF retomará las movilizaciones. El Gobierno debe una subida mínima del 2,8 por ciento para acompañar los sueldos al IPC registrado el año pasado. En este sentido, calculamos que estaría pendiente una subida media por categorías de 374 euros a cada empleado público, por lo que el Gobierno estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros.

El Gobierno aprueba la subida del 0,5 pendiente, tras las presiones de CSIF

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Tue, 01 Jul 25 13:02:00 CEST

El Consejo de Ministros ha aprobado por fin la subida del 0,5 por ciento pendiente del año pasado. Han hecho falta, decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en el Ministerio de Presidencia el pasado mes de mayo, que por fin hoy ha tenido sus frutos se hace efectiva.

CSIF ha tenido constancia de que el personal habilitado de los ministerios ha recibido orden para realizar ya el abono de estos atrasos que esperemos se abonen en la nómina de julio en el conjunto de las administraciones públicas.

Por otra parte, reclamamos se convoque sin más demora la mesa de negociación para otros temas pendientes como un nuevo acuerdo salarial (las/os empleados públicos siguen sin conocer la subida correspondiente a este año) o la oferta de empleo público, sin tasa de reposición.

Según cálculos de CSIF a partir de las retribuciones medias, la congelación salarial retiene ya 1.800 millones de euros a las/os trabajadores del conjunto de las administraciones.

Como consecuencia de la evolución de los precios (el último IPC correspondiente al mes de junio arrojó una subida del 2,2 por ciento) los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8 por ciento desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20 por ciento desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010.

Para CSIF, más allá del anuncio del abono del 0,5 pendiente, es necesario iniciar la negociación para un nuevo acuerdo de legislatura donde se contemplen entre otros:

Iniciar la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida de este año y recuperar poder adquisitivo.
Culminar la negociación de nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas.
La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.
La implementación de la carrera profesional en todas las administraciones.

CSIF sale a la calle en toda España para reclamar ya una subida salarial y una mejora de condiciones laborales

MARIA DOLORES GOMEZ MARTINEZ — Fri, 04 Apr 25 01:52:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para hoy movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que se mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo.

De entrada, ante la imposibilidad manifiesta del Gobierno para sacar adelante unos presupuestos, exigimos de manera inmediata que se aplique la subida pendiente del 0,5 por ciento adicional que aún se nos debe de 2024, por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada en el caso del personal militar. Esta fórmula también se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público aún pendiente.

CSIF ha retomado contactos con el Ministerio de Función Pública con voluntad constructiva para alcanzar el mejor acuerdo posible para el conjunto de empleadas y empleados públicos, que merecen un reconocimiento y una compensación por su trabajo, pero se siguen sin concretar mejoras por parte de la Administración, salvo la jubilación parcial, que para los empleados públicos se retrasará como mínimo hasta el último trimestre de este año, por la falta de previsión del Gobierno. CSIF ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de sus afiliados que se vean afectados por este retraso.

En definitiva, estos son nuestros objetivos:

Aprobar cuanto antes la subida del 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024, que todavía está pendiente.
Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. CSIF exige que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.
Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
Adecuación de los Grupos Profesionales.
Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.