Cantabria - Universidades

CSIF no descarta movilizaciones si Gobierno y Comunidades Autónomas siguen ninguneando a las universidades públicas

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 25 Apr 25 10:29:00 CEST

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Por su insostenibilidad económica e infrafinanciación crónica y generalizada

(que imposibilita reforzar la oferta de titulaciones, mejorar infraestructuras, cubrir servicios básicos, mantener residencias o crear más plazas)

Por la precariedad de sus profesores, investigadores y personal técnico de gestión y administración y servicios

(con una temporalidad media de PDI y PTGAS del 49,86% según el Boletín Estadístico de Empleados Públicos de julio del 2024)

Por unos salarios y retribuciones desfasadas y basadas para el PDI en un RD de 1989

(con discriminación entre colectivos y negando la evaluación del desempeño y la carrera horizontal al PTGAS o el acceso a quinquenios, sexenios y complementos autonómicos al PDI laboral temporal)

Por la necesaria negociación para la actualización de los Convenios Colectivos del PDI y del PTGAS

(que penalizan a los colectivos y llevan muchos años desfasados y en situación de ultraactividad)

Ante el no desarrollo de la normativa que impone la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

(ni Estatuto de PDI, ni incremento de gasto público, ni regulan el procedimiento de acreditación a PPL, tanto por parte del Gobierno, como de la ANECA o de las Comunidades Autónomas)

Ante los borradores de leyes autonómicas de universidades

(que reducen los fondos públicos, obligarán a buscar financiación externa y atacan la autonomía universitaria)

Ante la proliferación sin control de universidades privadas

(que se autorizan con informes negativos y que incrementan exponencialmente cada año su volumen de negocio y su número de alumnos)

Ante la falta de un Estatuto del Personal Docente e Investigador, ante la no voluntad de alcanzar el 1% de financiación que recoge la LOSU, ante la no convocatoria del Sexenio de Transferencia, ante la insuficiente convocatoria de plazas de PDI y PTGAS………

Porque con calidad y casi sin recursos llevamos a cabo las tres funciones claves de la Universidad y somos el pilar básico del Sistema Universitario Español:

Ejercemos el servicio básico de Educación Superior que demanda la sociedad

(formamos y asistimos al 80% del total de estudiantes de grado y el 50% de los alumnos de máster).

Más del 90% de la investigación universitaria se realiza en las universidades públicas

(según el último estudio del Observatorio IUNE (2024) el 92% de las publicaciones científicas del Sistema Universitario Español (SUE) se realiza en las universidades públicas, frente al 8% de las instituciones privadas).

España es el país de Europa que más crece en solicitudes de patentes europeas

(el informe anual de la Oficina Europea de Patentes (OEP) recientemente presentado señala que desde 2015 el número de solicitudes de patentes presentadas desde España ante ese organismo ha aumentado un 44%).

Gobierno y Comunidades Autónomas no pueden seguir ninguneando a las universidades públicas.

CSIF demanda un Pacto de Estado para alcanzar el 1% de financiación para las universidades públicas en el 2030 como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

CSIF exige un Proyecto de Futuro con objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario.

CSIF alerta del riesgo de que los Profesores Sustitutos conformen una nueva bolsa de precariedad en las universidades

jose-luis.narbona.moreno — Mon, 15 Jul 24 11:52:00 CEST

CSIF denuncia que el cada vez más numeroso grupo de Profesores Sustitutos universitarios (hay Comunidades Autónomas que ya cuentan con más de 2.500 docentes en esta figura y alguna universidad que supera la cifra de los 800) agrava su precariedad y empeora su situación de manera gradual, tanto en lo referente a sus contratos como a sus condiciones de trabajo o a su exclusión de la investigación.

En el desarrollo de esta nueva figura creada por la LOSU, algunas universidades están realizando una interpretación restrictiva sustituyendo jornadas completas por otras a tiempo parcial con evidente e importante reducción de sueldos. Ahora, gente con doctorado y experiencia docente e investigadora, estarán meses o años sustituyendo a un profesor a cambio de unos 800 euros mensuales. Esta política ya provocó manifestaciones (Universidad de Sevilla) y convocatorias de huelga (Universidad del País Vasco) ya que la nueva situación no solo afectará a la calidad de la docencia sino que tiene importantes repercusiones en la carrera académica del profesorado universitario.

Otro problema en el que ahora cae el Gobierno es que la LOSU no tiene en cuenta la actividad investigadora de los Profesores Sustitutos, al configurar sus funciones como exclusivamente docentes, lo que afecta negativamente a sus complementos, retribuciones y promoción. Recientemente, hemos tenido conocimiento de que estos profesores están siendo expulsados de oficio de los grupos de investigación al amparo de la LOSU, una práctica que consideramos injusta y perjudicial para su desarrollo profesional.

La exclusión de estos profesores de los grupos de investigación genera además múltiples efectos negativos como la interrupción de la carrera investigadora o la desmotivación y pérdida de talento. Ante esta situación, desde CSIF solicitamos encarecidamente una revisión inmediata y la implementación de medidas para garantizar que los profesores universitarios sustitutos puedan participar plenamente en los grupos de investigación. Proponemos buscar una fórmula en una norma de rango inferior que permita tener en cuenta su investigación basada en el “interés general” como el que ya ha utilizado alguna Comunidad Autónoma.

El tema de la compatibilidad y la gestión de las bolsas de profesores sustitutos se muestra también como un problema importante en diferentes universidades, en especial, en titulaciones de Ciencias de la Salud, Educación o Derecho. Ya se han registrado numerosos casos en que un profesor que obtiene plaza por concurso de profesor sustituto tiene que abandonarla inmediatamente a no obtener la compatibilidad para esa figura.

El Gobierno quiere -con informes favorables de Hacienda y Función Pública- modificar la Ley de Incompatibilidades de 1984 pero hace falta encontrar una ley sobre cualquier tema no polémico que se vaya a aprobar en el Parlamento a la que “adosarla”. La Ley de Incompatibilidades de 1984 se ha tornado en una losa en donde en muchas ocasiones no se puede cubrir la docencia con profesores sustitutos.

Desde CSIF ya alertamos que la figura del Profesor Sustituto -sin financiación y sin una normativa adecuada- genera dudas y problemas y tiene el potencial riesgo de convertirse en una nueva bolsa de precariedad.

Propuestas para equiparar los derechos del PDI laboral con los del PDI funcionario

jose-luis.narbona.moreno — Tue, 09 Apr 24 07:44:00 CEST

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La LOSU afirma en su Preámbulo que “garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”. Sin embargo, tras un año desde su entrada en vigor, el escenario de precariedad e inestabilidad del PDI laboral sigue lastrando este objetivo y muestra un panorama alarmante e inaceptable.

La falta de financiación por parte de las Administraciones Estatal y Autonómica para la aplicación y desarrollo de la LOSU se ha convertido en la excusa perfecta para que las universidades no pongan en marcha las necesarias medidas para la estabilización, promoción y renovación de las plantillas del Personal Docente e Investigador.

Con esta situación, resulta muy difícil facilitar alcanzar los objetivos que CSIF considera fundamentales como son el relevo generacional, acabar con la temporalidad y asegurar la estabilización del profesorado. Compartimos con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades sus declaraciones sobre que “la universidad no puede ser una isla de precariedad ni de temporalidad en nuestro país”.

Por lo tanto, desde CSIF no nos conformamos con seguir manteniendo un status quo inaceptable y planteamos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las siguientes prioridades (se adjunta cartel) para empezar a equiparar los derechos del PDI laboral con los del PDI funcionario:

1º) Financiación suficiente para la estabilización y promoción del PDI laboral permanente y temporal. Imprescindible para conseguir que el profesorado con contrato laboral temporal no supere el 8% de la plantilla de PDI de las universidades (ahora supone el 49%), básica para llevar a cabo los programas de estabilización y promoción, necesaria para adaptar el régimen de dedicación.

2º) Normativa nacional que permita el acceso, reconocimiento y cobro de Quinquenios y Sexenios para todo el PDI laboral permanente y temporal. No podemos seguir desobedeciendo Directivas Europeas o retrasando su aplicación recurriendo en escala a los Tribunales de Justicia. Tampoco es de recibo que cada universidad vaya por su lado creándose desigualdades vergonzosas e inadmisibles.

3º) Frenar la precariedad de los Profesores Asociados con una subida retributiva digna y la promoción a las categorías superiores a las que esté acreditado. Desde CSIF lamentamos que el Gobierno vaya a facilitar retrasar hasta 3,5 años la realización de contratos indefinidos al Profesorado Asociado.

4º) Soluciones generales al tema de la compatibilidad y la gestión de las bolsas de Profesores Sustitutos. Desde CSIF ya alertamos que la figura del Profesor Sustituto -sin financiación y sin una normativa adecuada- genera dudas y problemas y tiene el potencial riesgo de convertirse en una nueva bolsa de precariedad.

5º) Los acreditados a Contratado Doctor (CD) deben obtener la acreditación a Titular de Universidad (TU) sin necesidad de solicitarla. En la LOSU subyace y así se nos manifestó siempre en el Ministerio de Universidades que CD y TU son figuras idénticas, solo que una es laboral y la otra funcionarial. Ante esta situación y en pura lógica, desde CSIF pedimos que si las figuras van a ser iguales, las acreditaciones deben ser equivalentes.

6º) Normativa nacional que reconozca al Personal Investigador laboral su derecho a cobrar los trienios en las mismas condiciones que el resto del PDI laboral, sin importar la figura de contratación. En esa misma línea, todos los investigadores laborales de las universidades sean predoctorales o postdoctorales, deben percibir -sin necesidad de reclamarlos- los incrementos retributivos establecidos para el personal al servicio del sector público.

Además de nuestra reiterada exigencia de negociar y aprobar el Estatuto del PDI, estas reivindicaciones de CSIF son sensatas y razonables, y buscan acabar con la discriminación y la desigualdad que impera entre el Personal Docente e Investigador con contrato laboral en muchas universidades públicas.

El Gobierno tiene que aprobar normativas generales que consigan la equiparación de derechos que establece la LOSU, eviten actuaciones arbitrarias y reconozcan lo establecido en Directivas Europeas y en sentencias de los Tribunales de Justicia.