Cantabria - Administración de Justicia

Los Tribunales condenan a la Universidad Rey Juan Carlos por despido improcedente en una sentencia que podría afectar a cientos de profesores

ignacio.ballesteros.sola — Tue, 17 Dec 24 12:25:00 CET

Los Servicios Jurídicos de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) han logrado una gran sentencia por la que los Tribunales condenan a la Universidad Rey Juan Carlos a indemnizar por despido improcedente a una profesora visitante. Con esta sentencia se vuelve a poner el foco en la abusiva contratación temporal por parte de las administraciones, en este caso, en la universidad pública.

La sentencia, del Juzgado de lo Social de Madrid, recoge que la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos ha venido concatenando contrato tras contrato desde octubre de 2017. Finalmente, el pasado 31 de agosto, la Universidad Rey Juan Carlos tramitó la baja de la demandante “por fin del período del contrato”.

Así, aun habiendo vuelto a suscribir un último contrato entre la universidad y la profesora, vigente en la actualidad desde el 12 de septiembre de 2024 y que se prolongará hasta el 1 de septiembre de 2025, la demandante considera que su despido a finales de agosto fue improcedente y, como recoge la sentencia, “aduce que la contratación temporal, bajo la modalidad de profesor visitante, excedió los límites legales y no cumplió con los requisitos de la normativa, y fue utilizada para cubrir necesidades permanentes”.

Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos alegó que no se trataba de un despido, sino simplemente la finalización de un contrato. A pesar de esto, el Juzgado de lo Social concluye en la sentencia que “la relación laboral de la demandante debe considerarse como indefinida no fija desde el 5 de octubre de 2017, al haberse acreditado un uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal bajo la figura de profesor visitante para cubrir necesidades estructurales de la Universidad” y declara la improcedencia del despido condenando a la Rey Juan Carlos a una indemnización por la extinción de la relación laboral.

Publicado en el BOE el acuerdo sobre incremento del complemento específico del personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y condiciones de trabajo en la AJ

admin — Thu, 30 Dec 21 10:11:49 CET

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Publicadas en el BOE de hoy las siguientes resoluciones:

Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia sobre incremento de complemento específico del personal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las reformas procesales y organizativas y desarrollo de la negociación colectiva en materia organizativa y condiciones de trabajo en la Administración de Justicia

El acuerdo se ha empezado a hacer efectivo ya en la nómina de diciembre que contiene:

La subida correspondiente del complemento específico de ámbito ministerio a este mes por un importe equivalente al 65% de las cantidades acordadas que se consolida en la nómina.
Los atrasos de ese porcentaje a enero de 2021.

En enero de 2022 se incrementará otro 20%, percibiéndose el 85% de la subida acordada y en enero de 2023 se completará esa subida añadiendo a la nómina, dentro del complemento específico, el 15% de lo acordado.

En cuanto a los LAJ, CSIF ha vuelto a instar al Ministerio para que tramite a la mayor brevedad la modificación de los dos reales decretos que permita el cobro de estas cantidades.

El acuerdo recoge asimismo el compromiso de negociación de las reformas procesales y organizativas, así como mejoras laborales y retributivas, entre otras; carrera profesional, guardias, complemento de violencia, plan de igualdad, oposiciones, etc., de todo el personal de justicia.

CSIF ha trasladado al Ministerio la solicitud de que, con el año nuevo, se ponga en marcha el desarrollo de la segunda parte del acuerdo en la forma establecida.

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo

CSIF exige medidas organizativas pactadas para afrontar el escenario posterior a la fase aguda de la crisis en la que nos encontramos

admin — Wed, 22 Apr 20 16:39:42 CEST

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, convoca mañana 23 de abril, a los sindicatos más representativos de Justicia para, según dice, avanzar las líneas generales de la reforma normativa que prepara para afrontar la desescalada y evitar el colapso en los juzgados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, exigirá a Campo que aclare las actuaciones previstas ante el colapso que se avecina y garantice la salud de los empleados/as públicos.

Reclamamos al ministro de Justicia que nos aclare las actuaciones previstas para afrontar la carga extraordinaria de trabajo que prevemos como consecuencia de la progresiva reanudación de la actividad. La ciudadanía y las plantillas no deben pagar la falta de previsión del Ministerio ante el volumen de expedientes que están por llegar y exigimos medidas acordes a la nueva realidad.

Para CSIF no es el momento de grandes reformas procesales como plantea el CGPJ. No se puede pretender recuperar en quince días, el tiempo perdido en 20 años de desidia y de impulsos descoordinados en materia organizativa y tecnológica. Ni tampoco tiene sentido aprovechar esta tragedia para "colar" determinadas reformas de calado sin el análisis y el debate necesarios.

En el corto plazo, es necesario aplicar medidas organizativas que afecten a la jornada laboral, a la organización del trabajo (turnos de cita previa) o al incremento de plantillas entre otras, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias, aprovechando en lo que se pueda la maltrecha tecnología con la que se cuenta en la Administración de Justicia y, en todo caso, negociando su implantación con las organizaciones sindicales.

Con la mirada puesta en el medio plazo para CSIF es posible avanzar en cuestiones concretas que se han puesto aún más en evidencia con esta crisis. Por un lado, hay que acabar con el caos tecnológico e implantar el expediente judicial electrónico de forma programada y desde el acuerdo. Por otro, la solución de los problemas de la Justicia no está en externalizar o privatizar parte de sus servicios como han propuesto algunos colectivos. La solución está en aprovechar y apostar por el enorme capital humano de la Justicia y su potencial. Este debe ser el centro de la negociación colectiva en el futuro próximo en Justicia

Una vez más, los funcionarios/as de Justicia vamos a ser los últimos en conocer los planes del Ministerio que, por otra parte, ya han sido anunciados en la prensa tras las múltiples reuniones mantenidas por el Ministro con instituciones y colectivos de todo tipo. Los mismos funcionarios/as que están haciendo posible que la Justicia preste servicios esenciales y no esenciales a los ciudadanos durante toda esta crisis de salud pública sin disponer de medios de protección adecuados y suficientes para preservar su salud y evitar contagios.

CSIF exige al Ministerio que, como servicio esencial, el personal de justicia sea sometido a pruebas fiables de detección de la COVID 19 para descartar contagios propios y evitar la propagación del virus. Hoy mismo, hemos propuesto al Ministro por escrito que sea la MUGEJU la que coordine este plan como está haciendo MUFACE para determinados colectivos. Y mientras no se hagan esos test CSIF exige que se faciliten mascarillas y demás elementos de protección a todos y cada uno de los efectivos que van a prestar servicios de forma presencial.

Desde el pasado 15 de abril, unos 12.000 funcionarios han vuelto al trabajo, una medida que CSIF ha recurrido por los riesgos que supone, al tiempo que exigimos que se hagan test de coronavirus a todo el personal de Justicia que se vaya reincorporando. Advertimos, por tanto, de que Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales.

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