Canarias - Educación

CSIF-USPS E INSUCAN HEMOS DECIDIDO UNIR FUERZAS, A PESAR DE NUESTRAS DIFERENCIAS, TRAS PALPAR LA REALIDAD SINDICAL DE LA ÚLTIMA MESA DE NEGOCIACIÓN CELEBRADA EL PASADO 28 DE ENERO.

sergio.agrella.galvan — Fri, 06 Feb 26 10:19:00 CET

CSIF Informa

ANTE LA PASIVIDAD, FALTA DE INICIATIVA Y ACTITUD DE LOS DOS SINDICATOS MAYORITARIOS, ANPE Y STEC MÁS INTERESADOS EN SEGUIR MANTENIENDO SUS NICHOS DE CONVENIENCIA Y SU ESTATUS QUE EN CAMBIAR LA REALIDAD SINDICAL.

¡BASTA YA, LA HISTORIETA PARA CAMBIAR LA NORMATIVA DE COMISIONES DE SERVICOS, NO SE PUEDE REPETIR NI UN DÍA MÁS!

Tras años insistiendo en la modificación del orden de asignación de las comisiones de servicios, HEMOS SOLICITADO POR ESCRITO a la Directora General de Personal LA APERTURA INMINENTE de la mesa de negociación para MODIFICAR LA ORDEN DE COMISIONES DE SERVICIOS QUE CASTIGA A LOS DOCENTES CON COMISIONES DE SALUD FRENTE A LOS DE NECESIDADES DOCENTES.

¡ENTENDEMOS QUE ES UNA VERGÜENZA LO QUE ESTA PASANDO, PRIMANDO LA CONVENIENCIA Y EL AMIGUISMO FRENTE A LA SALUD!

La administración no se puede escudar un año más a la hora de negociar la adjudicación de destinos, BAJO LA EXCUSA INTENCIONADA Y PERVERSA DE NO PODER HACER MODIFICACIONES EN LA ADJ. DE DESTINOS hasta que se modifique la normativa de comisiones de servicios.

ESTA ADMINISTRACIÓN LLEVA TRES AÑOS CON LA MISMA EXCUSA Y TIENE MUY CLARO QUE NO DESEA CAMBIAR EL ORDEN DE LAS COMISIONES. ¡SI ANPE Y STEC NO HACEN NADA! NOSOTROS SÍ QUEREMOS!

ESTAMOS HARTOS DE LA MISMA HISTORIETA de los sindicatos mayoritarios y llamados defensores de los y las docentes. YA ESTÁ BIEN DE TOMADURA DE PELO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS DOS SINDICATOS MAYORITARIOS.

CSIF-USPS E INSUCAN exigimos que se negocie de inmediato para aplicarla en la adjudicación destinos del próximo curso, y si no es posible, realizar los TRÁMITES OPORTUNOS para poder publicar la NUEVA orden de comisiones de servicios antes de finalizar 2026. QUEREMOS UN COMPROMISO FIRME DE LA DIRECTORA GENERAL Y NO INTENCIONES. La adjudicación de destinos del curso 2027/2028 se tiene que realizar con la nueva normativa precisamente por ser año cero y afectar a las prórrogas futuras.

Las comisiones de salud no pueden ser asignadas después de los proyectos, es una vergüenza, puesto que no son controlados ni supervisados por la administración educativa. Los inspectores no tienen tiempo, ni capacidad organizativa para poder evaluar y supervisar cientos de proyectos. Ya tienen bastante con la sobrecarga de trabajo que también tienen, como para meterles la responsabilidad de la supervisión, cuando un importante número de proyectos no tienen interés educativo, sino que la razón de los mismo, es favorecer intereses particulares pervirtiendo todos los procedimientos de provisión de plazas docentes en la comunidad.

Al mismo tiempo, exigimos que las comisiones de necesidades docentes NO SUPEREN EL 20% de la plantilla de los centros para adjudicación del presente año y SE LIMITE AL 10% para la del curso 2027/28.

CSIF-USPS Y DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN EXIGIMOS LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS COMPLEMENTOS

sergio.agrella.galvan — Fri, 13 Feb 26 12:30:00 CET

¡¡Ante la pasividad de los dos sindicatos mayoritarios (ANPE Y STEC)!! que se manifiesta cada día en las mesas de negociación, hemos decidido unirnos nuevamente a pesar de nuestras diferencias, para ofrecer mejoras a las y los docentes de Canarias por ser de justicia, tras más de 7 años con los complementos congelados.

Tras el acuerdo marco de subida salarial firmado por CSIF no podemos quedarnos atrás respecto a los complementos que dependen del gobierno de Canarias.

Consideramos que se dan las condiciones de estabilidad política y económicas necesarias para alcanzar un acuerdo de mejora retributiva.

No hay excusa por parte de la Dirección General de Personal, ni del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular).

Los motivos que nos llevan a tomar esta iniciativa, son los mismos que manifiestan los miembros del Gobierno de Canarias todos los días en los medios de comunicación. Se les llena la boca, presumiendo de estabilidad política, crecimiento económico por encima de la media estatal, aumento de los ingresos, récord turístico, calificación crediticia “AAA”, comunidad con menos endeudamiento de España, e incluso se atreven a rechazar la quita de la deuda propuesta por el estado (más de 300 millones)porque parecen que van sobrados de dinero y les resulta más interesante la política del enfrentamiento, pidiendo justicia para Canarias, cuando le niegan la misma justicia a sus empleados públicos.

CSIF demanda en toda España el Sexto Sexenio para dignificar la carrera profesional docente

jose-luis.narbona.moreno — Fri, 27 Feb 26 19:38:00 CET

CSIF ha registrado de forma simultánea en todas las comunidades autónomas y en el Ministerio de Educación la solicitud para la creación del sexto sexenio docente, con el objetivo de reconocer plenamente la formación permanente y la trayectoria profesional del profesorado durante toda su vida laboral.

Esta propuesta responde a un planteamiento coherente y aprobado por la organización, incluido en la Ponencia de Política Educativa del Sector Nacional de Educación de CSIF, ratificada en el Congreso celebrado en mayo de 2024.

En la actualidad, el complemento de formación permanente se limita a un máximo de cinco sexenios, lo que supone el reconocimiento de treinta años de servicio. Sin embargo, esta limitación ya no responde a la realidad de la carrera profesional docente, marcada por trayectorias laborales cada vez más largas y por una exigencia constante de formación.

Por ello, CSIF ha trasladado esta iniciativa al Ministerio y a todas las administraciones educativas autonómicas para que pueda abordarse en las correspondientes mesas sectoriales.

Con esta actuación coordinada en todo el territorio, CSIF reafirma su compromiso con la mejora de la carrera profesional del profesorado y el reconocimiento de su formación permanente y experiencia.

CCAA	ESCRITO PRESENTADO
NACIONAL	Presentado el 27 de febrero de 2026, en el Ministerio de Educación, FP y Deportes
ANDALUCÍA	Presentado el 3 de marzo de 2026
ARAGÓN	Presentado el 2 de marzo de 2026
ASTURIAS	Presentado el 12 de marzo de 2026
BALEARES	Presentado el 4 de marzo de 2026
CANARIAS	Presentado el 4 de marzo de 2026
CANTABRIA	Presentado el 3 de marzo de 2026
CASTILLA-LA MANCHA	Presentado el 2 de marzo de 2026
CASTILLA Y LEÓN	Presentado el 2 de marzo de 2026
CATALUÑA	Presentado el 13 de marzo de 2026
COMUNIDAD DE MADRID	Presentado el 2 de marzo de 2026
COMUNIDAD VALENCIANA	Presentado el 9 de marzo de 2026
EXTREMADURA	Presentado el 2 de marzo de 2026
GALICIA	Presentado el 10 de marzo de 2026
LA RIOJA	Presentado el 13 de marzo de 2026
REGIÓN DE MURCIA	Presentado el 2 de marzo de 2026
CEUTA	Presentado el 13 de marzo de 2026
MELILLA	Presentado el 12 de marzo de 2026

A/A

Dª. Milagros Tolón Jaime

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Calle Alcalá, 34, 28014 Madrid

Asunto: Propuesta de ampliación del complemento de formación permanente del profesorado (sexenios)

Excma. Sra. Ministra:

Me dirijo a usted en representación de CSIF Educación, con el fin de trasladarle una propuesta que consideramos prioritaria para el reconocimiento de la carrera profesional docente y la adecuación del sistema retributivo a la realidad actual del profesorado.

El complemento de formación permanente del profesorado —conocido como sexenios— constituye desde hace décadas un instrumento fundamental para incentivar la actualización profesional y reconocer la experiencia acumulada.

Sin embargo, su diseño actual presenta un límite máximo de cinco sexenios, equivalente a treinta años de servicio, que ya no se ajusta a la situación real de la función docente.

Por ello, consideramos necesario la creación del 6º sexenio, de manera que el reconocimiento de la formación permanente y la experiencia profesional se extienda a toda la vida laboral real del profesorado.

El reconocimiento de los sexenios como un complemento de formación en ningún caso puede ser sustituido o transformado por el derecho a la carrera profesional, que tenemos reconocido todos los funcionarios en el Estatuto Básico del Empleado Público y que debería establecerse de manera básica en un Estatuto Docente.

Esta propuesta fue aprobada en la Ponencia de Política Educativa del Sector Nacional, ratificada en el Congreso celebrado en mayo de 2024, y forma parte de la estrategia de mejora de la carrera profesional docente que defendemos desde nuestra organización.

Quedamos a su disposición para ampliar esta información y para participar en cuantas reuniones o grupos de trabajo sean necesarios con el fin de avanzar en una regulación que reconozca adecuadamente la trayectoria profesional del profesorado y contribuya a reforzar la calidad del sistema educativo.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

En Madrid, a 27 de febrero de 2026

Mario Gutiérrez Gutiérrez

Presidente CSIF Educación

¡ATENCIÓN, PROFESORADO DE RELIGIÓN DE CANARIAS! La IA llega a nuestras aulas. JORNADAS HOMOLOGADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CANARIAS: 20 HORAS

sergio.agrella.galvan — Fri, 20 Mar 26 16:56:00 CET

Desde CSIF Religión Canarias te invitamos a dar el salto digital definitivo con nuestras jornadas: "IAenRELI: Nuevas Herramientas Digitales – IA y Religión" .

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🚨📌 MATRÍCULA: DESDE EL 20 DE MARZO AL 3 DE ABRIL de 2026

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DECEPCIONANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS QUE TRABAJA EN LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO CANARIO. RECOMENDAMOS VER EL VIDEO ADJUNTO

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 12:34:00 CET

¡¡HEMOS IDO A CONSTRUIR UNA LEY QUE RESULTA UNA VERGÜENZA POLÍTCA YA QUE NO DA RESPUESTA A LOS DOCENTES SINO QUE ES UN MERO PANFLETO DE BUENAS INTENCIONES!!

Cabe destacar que la propuesta de esta ley representa un verdadero fracaso del sistema educativo canario, y en este fracaso están retratados todos los partidos políticos que en algún momento de la historia tuvieron labores de gobierno.

CSIF Educación Canarias intervino para defender una ley de autoridad del profesorado que incluya medidas reales de protección y respaldo al docente. Presentamos 9 enmiendas a la ley justificadas, que dan cumplimiento a las recomendaciones tanto del Consejo Escolar de Canarias como del Consejo Consultivo de Canarias y que permiten garantizar la autoridad al profesorado. Desde CSIF se insistió en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo de la Administración y mecanismos efectivos de protección ante conflictos, faltas de respeto y/o agresiones en el ámbito educativo.*

Propuestas de CSIF concretas de apoyo al profesorado. Entre las enmiendas planteadas por CSIF destaca:

La creación de una Unidad Administrativa Especializada de Apoyo al Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación, que debe ponerse en marcha en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley. Esta unidad contaría con sedes permanentes en ambas provincias canarias y estaría integrada por equipos interdisciplinares formados por especialistas en ámbitos jurídico, psicológico, pedagógico y de prevención de riesgos laborales. Su función sería ofrecer asistencia directa al profesorado, defensa de su imagen profesional y apoyo ante conflictos, faltas de respeto o agresiones en el ámbito educativo.
Creación de un observatorio de convivencia para los docentes o sistema de seguimiento permanente que permita recopilar datos sobre incidentes, conflictos o situaciones que afectan a la autoridad docente controlado por el parlamento de Canarias para evitar que la administración haga caso omiso de lo que plantea la ley. El parlamento como fiscalizador de la gestión del gobierno con la intervención de los sindicatos docentes.
Carrera profesional para los docentes de Canarias. En un plazo máximo de seis meses, desde la aprobación de la ley, debe haber un proyecto normativo para desarrollar la carrera profesional docente, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Los docentes deben ser reconocidos y compensados económicamente y no con palmaditas en la espalda

Apoyo claro de la Administración. CSIF insistió durante la comparecencia en que la autoridad del profesorado no puede limitarse a una declaración institucional, sino que debe traducirse en herramientas jurídicas, respaldo efectivo de la Administración y mecanismos de protección reales.

Finalmente, CSIF Educación Canarias reiteró su compromiso de seguir aportando propuestas durante la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma que finalmente se apruebe dignifique la labor docente y garantice el respeto hacia el profesorado en el sistema educativo canario. EN CASO CONTRARIO ADVERTIMOS A SUS SEÑORÍAS QUE NOS TENDRAN EN FRENTE.

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ORGULLOSOS DE SER DOCENTES

OPOSICIONES 2026 CUERPO DE MAESTROS. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2026.

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 14:44:00 CET

ORDEN de 18 de marzo de 2026, por la que se convoca el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2023 (205 plazas) y de 2024 (481), y se aprueban las correspondientes bases

Fecha de publicación del BOC nº 58: 25 de marzo de 2026

Fecha de última modificación: 26 de marzo de 2026

Plazo de presentación de solicitudes por Sede Electrónica: del 26 de marzo al 24 de abril de 2026, ambos inclusive.

RECOMENDAMOS ANTES DE REALIZAR LA SOLICITUD, leer la convocatoria de oposiciones para conocer el procedimiento en toda su dimensión.

Al mismo tiempo, RECOMENDAMOS LEER el manual de preguntas frecuentes, las instrucciones para realizar la solicitud y el manual para obtener el modelo 700 (pago de tasas), QUE SE PUBLICARÁN EN EL DÍA DE MAÑANA CON LA APERTURA DE LA SOLICITUD. Consideramos muy importante leer los manuales para no llevarse sorpresas a la hora de cumplimentar la solicitud.

ESPECIALIDADES Y PLAZAS CONVOCADAS (Plazas totales convocadas: 686 plazas. Turno general: 617 plazas. Turno discapacidad: 69 plazas):

Educación Primaria: 215 plazas.
Pedagogía Terapéutica: 120 plazas.
Educación Infantil: 110 plazas.
Inglés: 91 plazas.
Educación Física: 65 plazas.
Música: 37 plazas.
Audición y Lenguaje: 25 plazas.
Francés: 23 plazas.

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN INCUMPLE, NUEVAMENTE, SU PALABRA: EL ABONO DE LAS COORDINACIONES ATRASADAS NO SE HA PAGADO EN LA NÓMINA DE ESTE MES DE MARZO.

sergio.agrella.galvan — Fri, 27 Mar 26 14:50:00 CET

CSIF InformaCanarias - Educación Image

El personal docente no ha visto incluido en su nómina de marzo el abono de las coordinaciones que la Directora General de Personal confirmó en mesa sectorial el 27 de febrero de 2026 y, una vez más, incumple su palabra.

VERGONZOSO: Un año y tres meses de retraso en el cobro de las coordinaciones para el personal docente en Canarias.

DESDE CSIF EXIGIMOS A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN QUE EL PAGO DE LAS COORDINACIONES ATRASADAS SE REALICE DE MANERA EFECTIVA EN LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL DE 2026.

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ORGULLOSOS DE SER DOCENTES

BOLETÍN INFORMATIVO DE CSIF EDUCACIÓN CANARIAS. ABRIL 2026

sergio.agrella.galvan — Mon, 06 Apr 26 16:17:00 CEST

Puesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCatedráticos Enseñanza SecundariaMaestrosProfesores de ReligiónProfesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen EspecialCSIF InformaCanarias - Educación Image

🎓 Docentes

Oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias 2026

¡Atención! Se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la Convocatoria para las Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2026.

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2026.

Antes de realizar tu solicitud, te recomendamos:

Leer la convocatoria completa.
Revisar el manual de preguntas frecuentes y las instrucciones para hacer la solicitud.
Consultar el manual para el modelo 700 (pago de tasas).

Especialidades y plazas convocadas:

🔗 Ver convocatoria: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/oposiciones/maestros/2026/convocatoria/

Comisión de Seguimiento del Plan de Simplificación Administrativa y de Mejora de la Gestión Educativa en Canarias

El 13 de mayo se constituirá una comisión para dar seguimiento al Plan de Simplificación Administrativa y Mejora de la Gestión Educativa en Canarias.

Desde CSIF, invitamos a los docentes a compartir sus ideas para mejorar este proceso.

📝 Formulario para enviar opiniones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTOSGVHFqKFo7qeWvACq896n

CSIF Educación demanda la creación del Sexto Sexenio

CSIF Educación ha registrado simultáneamente en todas las comunidades autónomas y en el Ministerio de Educación la solicitud para la creación del sexto sexenio docente. Esta propuesta busca reconocer la formación permanente y la trayectoria profesional del profesorado a lo largo de toda su carrera laboral.

Actualmente, el complemento de formación permanente está limitado a un máximo de cinco sexenios (30 años de servicio). Sin embargo, esta limitación no refleja la realidad de las carreras docentes cada vez más largas y la creciente necesidad de formación continua.

La propuesta, ratificada en el Congreso de CSIF en mayo de 2024, ha sido trasladada a todas las administraciones educativas para ser abordada en las mesas sectoriales. Con esta iniciativa, CSIF reafirma su compromiso con la mejora de la carrera profesional docente.

🔗 Más información: https://www.csif.es/es/articulo/canarias/educacion/86416

CSIF pide subir el kilometraje para los empleados públicos

Calendario Campaña de Renta 2025

✝️ Profesorado de Religión

Convocatoria para adjudicación de destinos definitivos del Profesorado de Religión (Canarias)

El MEFPD abre el procedimiento para la adjudicación de destinos definitivos al profesorado de religión con contrato indefinido en centros públicos de Infantil y Primaria en Canarias.

📅 Plazo: Hasta el 14 de abril de 2026.

¿Quiénes deben participar?

Obligatorio: Profesorado con destino provisional.
Voluntario: Profesorado con destino definitivo o en excedencia con reserva.

Solicitudes:

A través de la web del MEFPD.
Presentación electrónica o en papel.

Importante:

Plazo de presentación de méritos.
Listados provisionales con posibilidad de alegaciones.
Destinos irrenunciables, con incorporación el 1 de septiembre de 2026.

🔗 Enlace a convocatoria: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200440/ficha/200440-2026.html

¡Nuevo logro de CSIF Educación – Profesorado de Religión Canarias!

Próximamente se publicará más información sobre este tema.

🏢 PAS

Accidente laboral

📄 PDF con más información: https://www.csif.es/uploads/articulo/archivosAdjuntos/65c73a45d1d3c.pdf

📚 Formación

Oferta formativa CSIF

Cursos Universidades — Válidos para concursos de traslados, oposiciones y bolsas de trabajo docentes. Cursos reconocidos MEFP.
Grados y Másteres — Convenios con Universidades.
Idiomas.
Y muchas más novedades.

RECORDATORIO. NECESITAMOS TU AYUDA. EL 13 DE MAYO SE CONSTITUYE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN CANARIAS.

sergio.agrella.galvan — Wed, 08 Apr 26 16:56:00 CEST

✏️ Reducción de la burocracia docente

La Viceconsjería de Educación abre un proceso para reducir la burocracia docente

Por fin la Viceconsjería de Educación se pone a trabajar de una vez por todas en la reducción de la burocracia docente y lo hace ahora al final de legislatura, cuando poco tiempo les quedan para poder hacer algo.

DESDE CSIF TENEMOS CLARO QUE LA OPINIÓN MÁS IMPORTANTE ES LA TUYA Y POR ESO SOLICITAMOS TUS IDEAS PARA PONERLAS SOBRE LA MESA.

🔗 Acceso al formulario para realizar tus opiniones:
https://forms.gle/A74UhzW7FyzUxnz47

📅 Plazo para recibir tus opiniones: hasta el 30 de abril de 2026.

CANARIAS AUMENTARÁ LA INTERINIDAD EN 500 DOCENTES HASTA SUPERAR LAS 9.500 VACANTES EL PRÓXIMO CURSO.

sergio.agrella.galvan — Thu, 09 Apr 26 08:49:00 CEST

⚠️ Nota de prensa — Oposiciones e interinidad docente

Canarias aumentará la interinidad en 500 docentes hasta superar los 9.500 a vacante el próximo curso

Desde CSIF, denunciamos que la convocatoria de 695 plazas para las oposiciones de 2026 es insuficiente e inferior al número de plazas por jubilaciones en 2025, 956 plazas. La Administración no cumple con la OPE 2025 y la convocatoria contradice al consejero y especialmente a su directora general de Personal en sus comunicados de prensa, Mónica Ramírez en el Canarias 7 del 7 de noviembre 2025 dijo: «convocar oposiciones para el próximo año en Canarias es una cuestión de «responsabilidad y de necesidad de bajar la alta tasa de interinidad y, precisamente, acabar con el abuso de temporalidad».

Las afirmaciones de los responsables se definen por sí mismas: muestran que la Administración FALTA A LA VERDAD e intenta quedar bien, mientras la interinidad crece sin freno, superando el 35% de plantilla docente, poniendo en riesgo al colectivo interino y agravando aún más, si cabe, su situación futura.

La Administración y los sindicatos mayoritarios (ANPE, STEC E INSUCAN) realizaron una pésima gestión del procedimiento de estabilización. En vez de reducir la interinidad, la han duplicado, y ahora, las consecuencias inasumibles no tienen nombre. Todos lanzan balones fuera, especialmente esos sindicatos, máximos responsables del desastre. Se convocaron 5.040 plazas de estabilización y 1.275 de reposición (6.075 plazas totales), cuando teníamos 8000 interinos y, tras finalizar los procedimientos, el número de interinos a 1 de septiembre 2025 alcanzó la cifra de 9.000, es decir, 1000 INTERINOS MÁS QUE CUANDO SE APROBÓ LA ESTABILIZACIÓN.

Reconocemos, que el actual consejero, heredó el proceso de estabilización y lo enfrentó con determinación, evitando consecuencias que podían haber sido mucho peores. Ahora, con la actual convocatoria de oposiciones, tenemos que afirmar que es CÓMPLICE del aumento de la interinidad con el apoyo de los mismos sindicatos.

LOS SINDICATOS MAYORITARIOS MENTÍAN Y SIGUEN MINTIENDO, AL AFIRMAR AÑO TRAS AÑO QUE SE HAN PERDIDO PUESTOS DE TRABAJO POR LAS OPOSICIONES. Al contrario, los números no han dejado de crecer desde el curso 2014/15 con 3.853 a vacantes, hasta triplicar con los actuales 9.000, llegando incluso en medio del procedimiento de estabilización a alcanzar la cifra 11.500 interinos a vacantes en el curso 2024/25.

Canarias presenta actualmente una cifra récord de interinos, tras estabilizar a más 5000 trabajadores. Las matemáticas no salen y algunos han querido salvarse de la quema manipulando la realidad y el resultado de las operaciones. Al mismo tiempo, queremos poner de manifiesto la actuación poco honesta de algunos sindicatos que cuentan con academias y/o promueven formación para opositores, pero negocian en las mesas la reducción de la oferta de plazas de oposiciones para esconder sus verdaderas intenciones y errores pasados.

Vendieron la estabilización a todo el colectivo interino ocultándoles la verdad y sus consecuencias, y lo que han hecho y siguen haciendo, es aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de los interinos por intereses sindicales electorales y en algún caso para financiarse. Lo triste de la estabilización es que algunos sindicatos y partidos políticos, intentaron culpabilizar a los docentes de otras comunidades que ganaron sus plazas de manera justa, porque siempre hay que buscar un culpable ante su incapacidad de enfrentarse a sus decisiones interesadas.

Creemos firmemente que es posible conciliar oposiciones e interinidad y eso lo demuestran los datos. No nos gusta el modelo de oposición y seguimos insistiendo al Ministerio en la modificación del acceso a función docente, pero no podemos negar la posibilidad de que muchos interinos puedan alcanzar la fijeza y acabar con su precariedad. Nos parece bien que una parte importante de los interinos no quieran oposiciones, pero negar la fijeza a otros, no nos parece honesto, ni justo, ni razonable.

La realidad y los datos demuestran que el mayor enemigo del interino no son las oposiciones, sino el nuevo interino que se incorpora al sistema cada año que será su gran competidor. En los últimos 5 meses, han entrado en el sistema más de 1500 nuevos interinos-sustitutos que no han trabajado nunca, y esos serán los verdaderos enemigos. Acabaremos el curso con 2000 nuevos interinos y año tras año se seguirá repitiendo la misma historia.

Muchos de los que dirigimos CSIF pertenecemos al colectivo interino, PERO NO ENTENDER ESTO, ES NO ENTENDER ABSOLUTAMENTE NADA. Nuestra obligación es defender puestos de trabajo y eso sabemos que lo hacemos. Pero también es importante para el sistema conseguir una reducción razonable de la interinidad, generar fijeza y estabilidad.

EL FUTURO NO ESTÁ NADA CLARO PARA LOS DOCENTES INTERINOS Y NECESITAREMOS UN MILAGRO SI EL NÚMERO DE DOCENTES INTERINOS CONTINÚA CRECIENDO EN CANARIAS.

Para más información

Andrés Fuertes Darias. Responsable Educación S/C de Tenerife. 675570704. ense38@csif.es

Juan José Gil Méndez. Responsable Educación Las Palmas. 648924542. ense35@csif.es

Fecha límite (14 de junio) para la realización en el año 2026 de la prueba de acceso a la universidad. BOE 26/01/2026.

maria-isabel.gonzalez.luis — Mon, 26 Jan 26 07:55:00 CET

📢 PAU 2026: Publicadas las fechas límite para la realización de las pruebas de acceso

🗓️ BOE 24 de enero de 2026 · 🏫 Enseñanzas Universitarias

📍 Convocatoria ORDINARIA - Fechas Límite:
• 📅 Fin de las pruebas: Deberán finalizar antes del día 14 de junio de 2026.
• 📋 Publicación de resultados: Los resultados provisionales se publicarán antes del 27 de junio de 2026.

La Subsecretaría de la Presidencia ha publicado la resolución conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la de Universidades que regula el calendario para el presente año. Según establece la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (en su redacción dada por la LOMLOE), la prueba valorará con carácter objetivo la madurez académica y los conocimientos adquiridos en Bachillerato.

⚠️ Convocatoria EXTRAORDINARIA:
Las administraciones educativas podrán optar por dos periodos alternativos:

• 🏖️ Opción Julio: Finalización antes del 11 de julio (Resultados antes del 18 de julio).
• 🍂 Opción Septiembre: Finalización antes del 12 de septiembre (Resultados antes del 19 de septiembre).

Es importante destacar que, en virtud del Real Decreto 534/2024, anualmente se celebrarán estas dos convocatorias. Además, aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación podrán volver a presentarse íntegramente a la prueba, tanto en la extraordinaria del mismo curso como en sucesivas, tomándose siempre en consideración la calificación de acceso más alta.

📂 Acceso al Documento Oficial:
Consulta todos los detalles técnicos y el anexo completo en el siguiente enlace:
📄 BOE-A-2026-1857 - Resolución de 20 de enero de 2026

✨ Información Adicional: Los plazos fijados para la convocatoria ordinaria tienen en cuenta las exigencias curriculares del segundo curso de Bachillerato y los procedimientos de admisión universitarios.

💻 WEB CSIF CASTILLA Y LEÓN

BOE 21/2/2024: Adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los alumnos españoles en el exterior.

admin — Wed, 21 Feb 24 07:18:38 CET

ExterioresNormativaOtra normativaÓrdenesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoCanarias - Educación Image

Bachillerato

Resolución de 20 de febrero de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 11 de febrero de 2024, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2023-2024.
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TEXTO ORIGINAL

El Secretario de Estado de Educación y el Secretario General de Universidades han suscrito, con fecha de 11 de febrero de 2024, una resolución conjunta por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2023-2024.

Para general conocimiento, dispongo su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anejo a la presente resolución.

Madrid, 20 de febrero de 2024.–El Subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Resolución, de 11 de febrero de 2024, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2023-2024

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, estableció, en su artículo 36 bis, la necesidad de que los alumnos y alumnas realizaran una evaluación individualizada al finalizar la etapa de Bachillerato.

En desarrollo de esta disposición, se dictó el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que encomendaba al entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar para cada curso escolar, mediante orden ministerial, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación, así como los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa modificó, en su artículo 1, la disposición final quinta de esta ley orgánica, disponiendo en la nueva redacción de su apartado 3 que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, no sería necesaria para obtener el título de Bachiller y se realizaría exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido un renovado ordenamiento legal, modificando un buen número de artículos del texto en vigor. Entre otros muchos aspectos, la nueva redacción del artículo 38 establece que para acceder a los estudios universitarios será necesario superar una prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en Bachillerato, valore la madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios. Se establece, además, que las características básicas de esta prueba de acceso a la universidad serán establecidas por el Gobierno, previa consulta a la Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado.

Asimismo, el apartado 7 de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que fija su calendario de implantación, señala que, las modificaciones introducidas en el artículo 38 se empezarán a aplicar en el curso escolar en el que se implante el segundo curso de Bachillerato que, de acuerdo con lo establecido en la disposición final cuarta del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, es el curso 2023-2024.

No obstante, la publicación del Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, y la entrada en vigor del Real Decreto 695/2023, de 24 de julio, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno, supuesto la entrada en funciones de este, limitando su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos al que se refiere el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En dicha circunstancia, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, no resultaba posible regular la nueva prueba de acceso prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, puesto que dicha regulación hubiese implicado necesariamente el establecimiento de una nueva orientación que habría conllevado un condicionamiento, compromiso o impedimento para el futuro Gobierno.

Una vez constituido el nuevo Gobierno, avanzado ya el curso 2023-2024, ante la imposibilidad de completar la tramitación de la nueva regulación con la antelación suficiente para una adecuada preparación y organización de la prueba, y con objeto de evitar los perjuicios que se derivarían del aplazamiento de la nueva regulación, se ha dictado la Orden PJC/39/2024, de 24 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2023-2024. Dicha orden mantiene lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, con las adaptaciones mínimas necesarias para ajustarlo a la ordenación y a los currículos derivados del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, cuya implantación se ha completado en el curso 2023-2024.

La disposición adicional primera de la citada orden faculta a las personas titulares de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de Universidades para adaptar la aplicación de lo dispuesto en la misma a las necesidades y situación del alumnado de los centros situados en el exterior del territorio nacional, del procedente de programas educativos en el exterior, programas internacionales o sistemas educativos extranjeros y de la educación a distancia, asegurando en todo caso la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio.

En su virtud, resolvemos:

Primero. Objeto.

1. El objeto de la presente resolución es establecer las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad a las necesidades y situación del alumnado de los centros situados en el exterior del territorio nacional, del procedente de programas educativos en el exterior, los programas internacionales o sistemas educativos extranjeros y de las enseñanzas a distancia, en el curso 2023-2024.

2. Estas adaptaciones se establecen asegurando, en todo caso, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Segundo. Centros docentes españoles en el exterior.

1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organizará la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad de los estudiantes procedentes de los centros docentes españoles situados en el exterior del territorio nacional. En el caso de los estudiantes procedentes de los centros españoles en Marruecos, esta prueba será organizada por la Universidad de Granada.

2. El alumnado podrá elegir entre las modalidades y materias recogidas en el anexo de esta resolución, de conformidad con el artículo 3 de la Orden PJC/39/2024, de 24 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2023-2024. En la prueba correspondiente a la materia Lengua Extranjera II, los estudiantes podrán elegir entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués.

3. La evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad organizada por la UNED se realizará en las sedes de los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior o en los lugares que acuerde el órgano competente de esta universidad con las correspondientes consejerías de educación en el exterior.

4. La evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad organizada por la Universidad de Granada para los estudiantes de los centros españoles en Marruecos, se realizará en los lugares que acuerde el órgano competente de esta universidad con la Consejería de Educación en Marruecos.

Tercero. Programas educativos en el exterior.

1. A los efectos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de conformidad con la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, el alumnado que desee acceder a la Universidad española habiendo obtenido simultáneamente el título de Bachiller y el titulo equivalente de su propio sistema educativo en uno de los centros pertenecientes a los programas educativos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el exterior, podrá examinarse de materias de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, atendiendo a la regulación específica de las universidades para la admisión de este tipo de alumnado.

2. A estos efectos, tendrán la consideración de programas educativos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el exterior, los centros de titularidad mixta con participación del Estado español, secciones españolas y bilingües, y centros de convenio.

Cuarto. Enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat.

1. El alumnado que haya cursado las enseñanzas reguladas mediante el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, deberá realizar la prueba externa establecida en su artículo 7 si desea obtener la doble titulación.

2. En este caso, como regla general, los alumnos y alumnas que hayan superado dicha prueba externa y deseen acceder mediante el título de Bachiller, podrán realizar la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en la administración educativa en la que hubieran finalizado sus estudios, si bien no necesitarán realizar las pruebas relativas a las materias de Historia de España y Lengua Extranjera II. La nota de dichas materias será la obtenida en la prueba externa en las materias Historia de España y de Francia y Lengua y Literatura Francesas, respectivamente.

A estos efectos, las Administraciones educativas deberán remitir a las universidades de su ámbito territorial una relación del alumnado que, habiendo obtenido la doble titulación, vaya a presentarse a la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y desee acogerse a este procedimiento de calificación, junto con una certificación en la que se hará constar la calificación obtenida en la prueba externa en las materias de Historia de España y de Francia y Lengua y Literatura Francesas.

3. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la prueba externa o que, habiéndola superado, deseen elevar su calificación en la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, deberán realizar las pruebas relativas a las siguientes materias de dicha evaluación: Lengua Extranjera II y la materia resultante de la elección del alumno o alumna entre Historia de España e Historia de la Filosofía.

4. El alumnado que, tras haber finalizado las enseñanzas de este programa, desee utilizar el título de Baccalauréat para acceder a estudios de grado en alguna de las universidades que, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, vaya a utilizar en sus procedimientos de admisión la calificación obtenida en las materias correspondientes en la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, podrá requerir que, a estos efectos, le sean tenidas en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas que hubiera realizado de dichas materias como parte de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en la administración educativa en la que hubiera finalizado sus estudios.

Quinto. Enseñanzas de Bachillerato Europeo.

1. Los alumnos y alumnas que estén en posesión del título de Bachillerato Europeo podrán acceder a la Universidad española, en aplicación de lo convenido en el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994.

2. A efectos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las universidades podrán utilizar como criterio de valoración la conversión a escala española de las calificaciones de aquellas materias equivalentes a las del Bachillerato español obtenidas en las pruebas externas del Bachillerato Europeo.

Sexto. Estudiantes que se encuentren en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional y los procedentes de los sistemas educativos de la Unión Europea y de otros países con convenio de reciprocidad en la materia.

1. Los estudiantes en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), podrán acceder a la Universidad española.

2. Los estudiantes procedentes de los sistemas educativos de la Unión Europea y de otros países con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, podrán acceder a la Universidad española siempre que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.

3. A los efectos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de conformidad con la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, los estudiantes que se encuentren en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional y los procedentes de los sistemas educativos de la Unión Europea y de otros países con convenio de reciprocidad en la materia, podrán examinarse de materias de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad atendiendo a la regulación específica de las universidades para la admisión de este tipo de alumnado.

4. Asimismo, las universidades podrán acordar con la UNED la gestión de sus procedimientos de admisión, que se realizarán de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.

5. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, las universidades podrán utilizar como criterio de valoración para la admisión la conversión a escala española que realice la UNED de las calificaciones de aquellas materias equivalentes a las del Bachillerato español obtenidas en los sistemas educativos de procedencia o en las pruebas externas realizadas en dichos sistemas.

6. Las pruebas de admisión organizadas por la UNED, se celebrarán en los centros de examen de la UNED, de acuerdo con los criterios que esta determine. Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar las pruebas en las embajadas u oficinas diplomáticas de España en el extranjero, previo acuerdo con la embajada o representación diplomática de España en dicho país.

Séptimo. Estudiantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea sin convenio de reciprocidad en materia de admisión a las universidades.

1. A los efectos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de conformidad con la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, los estudiantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea que no tengan convenio de reciprocidad en materia de admisión a las universidades, podrán examinarse de materias de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad atendiendo a la regulación específica de las universidades para la admisión de este tipo de alumnado.

2. Asimismo, las universidades podrán acordar con la UNED la gestión de sus procedimientos de admisión, que se realizarán de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio.

3. Las pruebas de admisión organizadas por la UNED, se celebrarán en los centros de examen de la UNED, de acuerdo con los criterios que esta determine. Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar las pruebas en las embajadas u oficinas diplomáticas de España en el extranjero, previo acuerdo con la embajada o representación diplomática de España en dicho país.

Octavo. Educación a distancia.

1. La UNED organizará la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad de los estudiantes matriculados en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIERD), perteneciente al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

2. Las pruebas versarán sobre las materias establecidas en el artículo 3 de la Orden PJC/39/2024, de 24 de enero.

3. Estas pruebas se realizarán en los centros de examen de la UNED o en los lugares que acuerde el órgano competente de esta universidad. Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar la prueba, en aquellos países en los que exista Consejería de Educación u Oficina con funciones delegadas, en la embajada de España en dicho país.

Disposición adicional única. Adaptación del procedimiento de realización de las pruebas a situaciones excepcionales que impidan su realización material en las condiciones habituales de presencialidad.

Cuando las pruebas deban tener lugar en países en los cuales estén en vigor medidas excepcionales dictadas por sus autoridades que impidan su realización material en las condiciones habituales de presencialidad dentro del plazo previsto, los órganos responsables podrán, en ejercicio de sus competencias, establecer para la totalidad del alumnado inscrito en dichas pruebas un procedimiento virtual y fiable para su realización. En caso de que no se establezca un procedimiento virtual deberá, en todo caso, garantizarse la realización de las pruebas presenciales en condiciones de seguridad conforme a la normativa vigente, pudiendo justificadamente modificarse las condiciones habituales de presencialidad.

Disposición final única. Efectos de la resolución.

La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El Secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón.–El Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón Carrazón.

ANEXO

Centros docentes españoles en el exterior y programas educativos en el exterior

Modalidades y materias sobre las que versarán las pruebas de Bachillerato para el acceso a la Universidad

Materias comunes

– Historia de España.

– Historia de la Filosofía.

– Lengua Castellana y Literatura II.

– Lengua Extranjera II.

Materias específicas de modalidad

Modalidad	Materias obligatorias	Otras materias
Ciencias y Tecnología.	– Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, a elección del alumnado.	– Biología. – Dibujo Técnico II. – Física. – Geología y Ciencias Ambientales. – Química. – Tecnología e Ingeniería II.
Humanidades y Ciencias Sociales.	– Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, a elección del alumnado.	– Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. – Geografía. – Griego II. – Historia del Arte. – Latín II. – Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Modalidad

Materias obligatorias

Otras materias

Ciencias y Tecnología.

– Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, a elección del alumnado.

– Biología.

– Dibujo Técnico II.

– Física.

– Geología y Ciencias Ambientales.

– Química.

– Tecnología e Ingeniería II.

Humanidades y Ciencias Sociales.

– Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, a elección del alumnado.

– Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

– Geografía.

– Griego II.

– Historia del Arte.

– Latín II.

– Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Nuevos criterios de acreditación para TU y CU: de la evaluación retroactiva a los mínimos inaceptables por bloque o las estancias contrarias a la LOSU

admin — Mon, 19 Feb 24 10:42:00 CET

EmpleoOtros EmpleoNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadLaboralCanarias - Educación Image

El pasado 8 de febrero ANECA publicó el borrador de los nuevos criterios de evaluación y requisitos mínimos de referencia de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, TU y CU (os informamos oportunamente el mismo día 8). En dicho correo, adelantábamos que, tras un primer análisis, se observaba que la filosofía de los nuevos criterios cambiaba radicalmente, por lo que, una vez más, ANECA y el Ministerio van a añadir un carácter claramente retroactivo a la evaluación del profesorado universitario. No se puede consentir que cada vez que se produce un cambio de criterios en el ámbito universitario, gran parte del trabajo de los últimos años llevado a cabo por el profesorado se vea gravemente afectado.

ANECA indica que los nuevos criterios están basados en la adaptación exigida por la nueva LOSU. Efectivamente, la LOSU marca los aspectos que se deben considerar en la evaluación de las acreditaciones, pero lo que no indica es que se deban cubrir unos mínimos en cada uno de los subapartados de los distintos bloques de evaluación. El profesorado ha estado en los últimos años centrado en conseguir una serie de méritos que se exigían en el actual sistema de acreditación. Es inconcebible que para alcanzar una futura acreditación a TU o a CU se exijan unos méritos que hasta ahora no se exigían y que otros que sí se exigían queden en el olvido y no sean evaluados de ninguna forma según el borrador presentado. ¡Basta ya de evaluaciones retroactivas!

Independientemente de que se adecúe el borrador de criterios presentado a una situación más real, el cambio de criterios en la evaluación de acreditaciones debe realizarse de forma progresiva: durante un periodo de unos años, deberían convivir tanto el sistema actual de evaluación como el futuro que se empiece a aplicar a partir del próximo 1 de abril. Cualquier otra situación produciría un claro perjuicio para el profesorado que lleva varios años obteniendo méritos en base a los actuales criterios y que para verificar alguno de los nuevos criterios planteados necesitará varios años.

ANECA ha abierto un “trámite de participación no vinculante” en el que se someten los criterios de evaluación de méritos y competencias y los requisitos mínimos de referencia para una resolución positiva. Dicho trámite ya está habilitado y estará disponible hasta el 29 de febrero a través del siguiente enlace:

https://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias

Os animamos a que participéis en este trámite, bien directamente y/o haciéndonos llegar vuestras sugerencias para así integrarlas a las que nosotros vamos a realizar desde CSIF a nivel nacional.

Como un primer avance de las sugerencias que desde CSIF llevaremos a cabo, os enumeramos algunas que consideramos fundamentales:

Insistimos en la necesidad de solucionar el claro problema de retroactividad.

Tanto para la acreditación a TU como a CU, en los distintos bloques se indican unas puntuaciones mínimas que hay que obtener y, si en alguno de los bloques no se obtienen, el resultado de la acreditación será negativa, aunque se superen las puntuaciones ampliamente en el resto de los bloques. Aunque este hecho debe ser revisado y así lo solicitaremos, ya que no viene contemplado en la LOSU, lo que es inconcebible que las puntuaciones mínimas sean también exigidas en la inmensa mayoría de los subapartados. Esto obliga a cumplir unos mínimos (muchas veces muy difíciles de obtener o incluso inalcanzables en algunas áreas de conocimiento) que, en ocasiones, exigirían tener una puntuación mínima mayor que la puntuación mínima requerida para el bloque al que pertenece.
Por ejemplo: para CU, en el bloque 2.1 Experiencia docente se exige un mínimo de 25 puntos. Sin embargo, en los subapartados 2.1.1 y 2.1.2 se exigen respectivamente un mínimo de 25 y 2,5 puntos por lo que, si se tienen que conseguir esos mínimos, se obtendrá un mínimo de 27,5 puntos, que es superior al mínimo exigido en todo el bloque 2.1.
CSIF solicitará que se eliminen todos los mínimos de cada bloque, principalmente los de los subapartados.

En el apartado 1.3 Estancias en universidades y centros de investigación, tanto para la acreditación a TU como a CU, se exigen un mínimo de 10 puntos en “Estancias” mientras que la LOSU en la transitoria 5, punto 3 dice: "Quienes a la entrada en vigor de esta ley orgánica dispongan de una acreditación para Profesor/a Titular de Universidad o hubieran iniciado el trámite para su obtención o estén contratados como Profesor/a Ayudante Doctor/a, Profesores/as Colaboradores/as con carácter indefinido o Profesor/a Contratado/a Doctor/a, no tendrán que acreditar el requisito de estancias de movilidad en universidades y/o centros de investigación al que se refieren los artículos 69 y 85. Esta misma disposición será de aplicación a los Profesores/as Contratados/as Doctores/as interinos/as, así como a otros contratados temporales con acreditación para estas figuras”.

CSIF solicitará que se elimine el requisito de un mínimo de 6 meses y 12 meses respectivamente para las acreditaciones a TU y a CU de realización de estancias y los puntos asignados a este subapartado se distribuyan entre el resto de subapartados.

Especialmente exigentes, y por tanto inaceptables, son los requisitos para el apartado de Liderazgo para la acreditación a CU: no se pueden exigir unos mínimos en apartados como el 3.1 Dirección de equipos de investigación o 3.3 Liderazgo en el ámbito de la dirección y gestión universitaria ya que, por un lado la inmensa mayoría del profesorado no pueden acceder a ellos, y por otro son muy pocos los puestos de dirección de equipos de investigación o cargos unipersonales disponibles en una universidad en comparación con el personal que tiene intenciones de obtener la acreditación, por lo que la posibilidad de acreditación a CU estaría restringida a unas pocas personas que hayan podido obtener este tipo de méritos.

Existen requerimientos con un mínimo de puntos asignados (por tanto, obligatorios) que no tienen sentido. A modo de claro ejemplo de esto, para la acreditación a CU, el subapartado 2.4.2 Tutorización voluntaria (excluido el encargo docente) tiene asignado un mínimo obligatorio de 5 puntos por lo que la “tutorización voluntaria” ya deja de ser voluntaria convirtiéndose en obligatoria.

En otros aspectos la propuesta de la ANECA es demasiado rígida, penaliza la conciliación y olvida la discapacidad.

Quedamos a la espera de vuestras sugerencias/comentarios.

Tres noticias de interés tras la reunión en el Ministerio de Universidades

Destacamos tres noticias -reiteradas demandas de CSIF-, tras la reunión que mantuvimos el pasado viernes, 16 de febrero, en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades:

1º) Volvemos a empezar a negociar el Estatuto del PDI.

2º) El Ministerio sacará una nota sobre el tema de la compatibilidad de los Profesores Sustitutos.

3º) Si hubiera nuevas convocatorias “Margarita Salas”, “María Zambrano” o similares, dejarán claro que no puede haber descuentos de cuota patronal para los profesores/investigadores.

BOE 1/2/2024: Distribución territorial y criterios de reparto de los créditos gestionados por las CCAA para Redimensionamiento de la oferta de FP

admin — Thu, 01 Feb 24 07:18:20 CET

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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ayudas

Resolución de 23 de enero de 2024, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 13 de diciembre de 2023, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2023, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 20 "Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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TEXTO ORIGINAL

La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 13 de diciembre de 2023, ha aprobado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2023, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por importe de 143.398.125,00 euros.

Para general conocimiento, esta Secretaría General de Formación Profesional dispone la publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución.

Madrid, 23 de enero de 2024.–La Secretaria General de Formación Profesional, Clara Sanz López.

ANEXO

Acuerdo de 13 de diciembre de 2023 de la conferencia sectorial de Educación, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2023 y en el marco del componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por importe de 143.398.125,00 euros

El Plan de Modernización de la Formación Profesional, derivado de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de cualificación y recualificación de jóvenes y trabajadores futuros y actuales, a nivel individual y colectivo de cada empresa, en estos momentos de reconstrucción y creación de un nuevo modelo de crecimiento económico.

Asimismo, el plan incorpora planteamientos de las comunicaciones de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, tales como una nueva Agenda de Capacidades para Europa: Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad; y de las Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea en materia de Formación Profesional y de competencias clave para el aprendizaje permanente.

La misión del plan es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta la población activa. La propuesta es convertir la Formación Profesional en una palanca para la reconstrucción mediante tres pasos:

1. Reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.

2. Mejora de la accesibilidad a la Formación Profesional y a los servicios de orientación profesional.

3. Incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema de Formación Profesional.

Las actuaciones de este Plan para la Formación Profesional se han incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española («España Puede»), instrumento clave de la UE para salir más fuerte y más resistente de la crisis actual.

En concreto y con la finalidad de cumplir con el objetivo del Plan de Modernización para la Formación Profesional, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha definido, entre otras, la siguiente actuación de carácter estratégico recogida en el componente 20:

Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional.

Componente: 20 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.

Inversión: I03 Innovación e internacionalización de la Formación Profesional.

Hito: El objetivo final era la creación de 135.000 plazas en el Q4 del 2024 que, tras la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fecha 2 de octubre de 2023, se han ampliado a la creación de 247.452 plazas en el Q4 del 2025. En el presente ejercicio económico se crearán 76.479 plazas.

En el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en la aplicación presupuestaria 18.50.32TC.45550, se destina la cantidad de 143.398.125,00 euros para la ejecución en 2023 de la actuación de este programa de cooperación territorial, recogida en el MRR.

Primero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP) y en los términos establecidos en los siguientes apartados, se autoriza la propuesta de la distribución, según criterios objetivos, de los créditos correspondientes al ejercicio económico 2023, por un importe ciento cuarenta y tres millones, trescientos noventa y ocho mil, ciento veinticinco euros (143.398.125,00 euros), destinados a financiar el Redimensionamiento de la oferta de la Formación Profesional dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se relacionan a continuación en el anexo I adjunto.

Segundo.

La gestión de estos créditos por las comunidades autónomas se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 86 de la LGP.

Además, a la ejecución de los créditos consignados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» les será de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tercero.

De acuerdo con lo previsto en el apartado a) de la regla segunda del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.

Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.

Cuarto.

La comunicación preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que incorpora la información relativa a la actuación a realizar, tal y como recoge el apartado quinto de la disposición adicional primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, se realizó el 26 de junio de 2023.

Quinto.

Con posterioridad a la autorización y según lo previsto en el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación se aprobarán los criterios de reparto y la distribución resultante entre las comunidades autónomas.

Sexto.

Con posterioridad al Acuerdo de distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano competente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobará los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizarán los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta de del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003 General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptimo.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.

Las comunidades autónomas perceptoras de los fondos, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo; en particular, la Comunicación de la Comisión Guía Técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) con su documento anexo, garantizarán que todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente acuerdo respeten el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Todo ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la componente 20 y en las medidas en las que se enmarcan dichas actuaciones, tanto en lo referido al principio DNSH como al etiquetado climático y digital.

La medida financiada con los créditos distribuidos en el presente Acuerdo de Conferencia Sectorial, tienen un peso asignado del 0 % de coeficiente de clima y de 0 % de coeficiente digital, de conformidad con la tabla de seguimiento para la acción por el clima y el etiquetado digital recogida en el anexo 6 del documento de trabajo de los servicios de la comisión: Análisis del Plan de Recuperación y Resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.

La distribución de fondos propuesta en el marco del PRTR para la actuación Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional tiene asociado el objetivo OA 302.1 definido como la creación de 66.0000 nuevas plazas de FP en el Q4 del 2023 y, finalmente, el objetivo CID 302, cuyo cumplimiento estaba previsto en el Q4 del 2024 con la creación de 135.000 nuevas plazas de FP y que, tras la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fecha 2 de octubre de 2023, se han ampliado a la creación de 247.452 plazas en el Q4 del 2025. El respectivo instrumento de formalización de los compromisos financieros especificará el calendario concreto de cumplimiento para las comunidades autónomas perceptoras de fondos.

Octavo.

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, quedan aprobados, en los términos que figuran en el anexo, la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto a las comunidades autónomas:

Redimensionamiento de la oferta de FP	Importe – Euros	Aplicación presupuestaria
Componente 20-Inversión 03-Proyecto 02 Redimensionamiento de la oferta de FP: Ampliación 200.000 plazas FP.	143.398.125,00	18.50.32TC.45550
Total.	143.398.125,00

Redimensionamiento de la oferta de FP

Importe

–

Euros

Aplicación presupuestaria

Componente 20-Inversión 03-Proyecto 02 Redimensionamiento de la oferta de FP: Ampliación 200.000 plazas FP.

143.398.125,00

18.50.32TC.45550

Total.

143.398.125,00

De acuerdo con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en las comunidades autónomas y sus entidades dependientes, los ingresos por transferencias recibidas de la Administración General del Estado, procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el grado de detalle especificado en el mismo.

En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A los fondos transferidos les será de aplicación las disposiciones nacionales y comunitarias, en particular, lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistémico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El contenido de las normas regulatorias deberá tenerse en cuenta, especialmente en lo que respecta al sistema de gestión y al respeto de los principios horizontales que inspiran el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Esta formalización queda sometida a disponibilidades presupuestarias.

ANEXO I

Criterios de distribución y distribución resultante del crédito para la financiación del Redimensionamiento de la oferta de FP

Para dar cumplimiento y continuidad al Plan de Modernización de la Formación Profesional, para responder a la situación planteada por las necesidades de digitalización de las estructuras productivas y del capital humano, consecuencia de la pandemia COVID-19 y a la consolidación del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha destinado un crédito de 143.398.125,00 euros a transferencias a las comunidades autónomas para ayudas al Redimensionamiento de la oferta de FP.

Este crédito debe permitir la continuidad, hasta el 31 de diciembre de 2024, Redimensionamiento de la oferta de FP del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Para este Programa de Cooperación Territorial, los créditos financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se distribuyen con cargo al Servicio 50.

Los criterios de distribución utilizados en la actuación han sido:

Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional:

– Coeficiente por número de alumnado matriculado en todos los niveles de FP.

– Coeficiente por número de alumnado matriculado en CFGB y CFGM en centros sostenidos con fondos públicos.

– Coeficiente por número de alumnado que finalizan la escolaridad obligatoria.

– Coeficiente por número de centros que imparten CFGB y CFGM.

– Coeficiente por brecha de género. Alumnado matriculado en FP.

– Coeficiente por tasa de abandono educativo temprano.

– Coeficiente por tasa de riesgo de pobreza.

– Coeficiente por dispersión demográfica (tasa habitante por km²).

– Coeficiente por dispersión geográfica de las Administraciones Públicas.

La cuantía asignada a cada comunidad autónoma fue distribuida proporcionalmente a los criterios de distribución. El cálculo se hizo teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP a partir de los datos de alumnado matriculado en FP. Instituto Nacional de Estadística. Población por comunidades y ciudades autónomas. Padrón municipal. Datos superficie en km² de cada CC. AA. y provincias por zonas altimétricas. Elaboración propia MEFP, a partir del número de provincias de cada CC. AA., considerando Baleares y Canarias, como número de islas.

Todas las alusiones al alumnado se entenderán como alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos.

Todas las alusiones a centros se entenderán como centros sostenidos con fondos públicos.

Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional Presupuesto 2023	Redimensionamiento oferta FP – Euros	Total MEFP – Euros
ANDALUCÍA.	28.053.750,00	28.053.750,00
ARAGÓN.	2.812.500,00	2.812.500,00
ASTURIAS (Principado de).	375.000,00	375.000,00
BALEARS (Illes).	4.687.500,00	4.687.500,00
CANARIAS.	9.562.500,00	9.562.500,00
CANTABRIA.	1.125.000,00	1.125.000,00
CASTILLA Y LEÓN.	10.818.750,00	10.818.750,00
CASTILLA-LA MANCHA.	5.317.500,00	5.317.500,00
CATALUÑA.	17.287.500,00	17.287.500,00
COMUNITAT VALENCIANA.	17.536.875,00	17.536.875,00
EXTREMADURA.	4.125.000,00	4.125.000,00
GALICIA.	10.524.375,00	10.524.375,00
MADRID (Comunidad de).	8.463.750,00	8.463.750,00
MURCIA (Región de).	8.274.375,00	8.274.375,00
NAVARRA (Comunidad Foral de).	4.106.250,00	4.106.250,00
PAÍS VASCO.	6.952.500,00	6.952.500,00
RIOJA (La).	3.375.000,00	3.375.000,00
	143.398.125,00	143.398.125,00

«Las comunidades autónomas garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como a lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.

Para ello, las comunidades autónomas preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación.

Asimismo, las comunidades autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio de DNSH y el etiquetado climático».

Compromisos de colaboración

Las comunidades autónomas se comprometen a desarrollar las siguientes acciones, desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024:

– Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional: Toda nueva plaza creada en el curso académico 2023-2024, de 1.º o 2.º curso, no incluida los repartos de crédito de los ACM 2020, 2021 y 2022. Toda nueva plaza creada en el primer cuatrimestre del curso académico 2024-2025 de 1.º o 2.º curso (antes del 31 de diciembre de 2024).

Los centros en los que se crearán las nuevas plazas son centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional.

Los compromisos de cumplimiento de los objetivos CID, asociados la actuación financiada, asumidos por cada comunidad autónoma, son:

Redimensionamiento de la Formación Profesional 2023 Presupuesto	Redimensionamiento oferta FP Compromiso adquirido CC. AA.
ANDALUCÍA.	14.962
ARAGÓN.	1.500
ASTURIAS (Principado de).	200
BALEARS (Illes).	2.500
CANARIAS.	5.100
CANTABRIA.	600
CASTILLA Y LEÓN.	5.770
CASTILLA-LA MANCHA.	2.836
CATALUÑA.	9.220
COMUNITAT VALENCIANA.	9.353
EXTREMADURA.	2.200
GALICIA.	5.613
MADRID (Comunidad de).	4.514
MURCIA (Región de).	4.413
NAVARRA (Comunidad Foral de).	2.190
PAÍS VASCO.	3.708
RIOJA (La).	1.800
	76.479

Las comunidades autónomas garantizarán que las subvenciones otorgadas contribuyen a la creación de empleo. A estos efectos, los beneficiarios estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente en los términos que se determinarán en la correspondiente resolución por la que se formalice la transferencia de fondos.

Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no más tarde del 31 de marzo de 2025, las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional, un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la aplicación presupuestaria del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito.

Las comunidades autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales.

Las CC. AA. quedarán sometidas a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en particular, en lo relativo a:

– Obligación de seguimiento por parte de la CA del cumplimiento de los hitos y objetivos mediante el adecuado seguimiento de los indicadores y obligación de reportar la correspondiente información.

– Obligación de mantener una adecuada pista de auditoría, incluida la correspondiente documentación, sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos.

– Obligación de seguimiento contable de los gastos y de reporte de la correspondiente información.

– Obligación de obtención y reporte de datos sobre cada uno de los perceptores finales de los fondos.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a:

– Mantener la coordinación y el apoyo técnico necesarios para la implementación y el desarrollo de las actuaciones, programas y proyectos en Formación Profesional en las comunidades autónomas.

– Poner a disposición de las comunidades autónomas el portal TodoFP como medio de difusión de las convocatorias y actuaciones que se realicen.

Las normas de justificación de los créditos recibidos por las comunidades autónomas vendrán recogidas y especificadas en los instrumentos jurídicos, convenios o resoluciones en los que se haya plasmado la distribución acordada por el Consejo de Ministros, tal como establece la regla cuarta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley General Presupuestaria. Dichos instrumentos incluirán las particularidades inherentes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tales como: la financiación con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el sometimiento a las disposiciones comunitarias y nacionales que resulten de aplicación, los hitos y objetivos comprometidos en la Decisión de Implementación del Consejo (CID, por sus siglas en inglés), el cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado, al respeto del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés), el reintegro de fondos en caso de incumplimiento (y la reasignación de los mismos), el impacto sobre la creación y mantenimiento del empleo, así como sobre la participación y arrastre de las PYMEs.

Las comunidades autónomas receptoras de fondos deberán justificar su ejecución de acuerdo a lo previsto en los correspondientes instrumentos de formalización y normativa aplicable, entre ellos los previstos en el mecanismo de verificación establecido en el anexo I de las disposiciones operativas (operational arrangements, OA), consistentes en:

C20.I03.P02 Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional:

Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente la meta (incluidos los elementos relevantes de la meta, que se enumeran en la descripción de la meta y de la medida correspondiente en el anexo del CID).

Este documento incluirá como anexo la siguiente prueba documental: a) un extracto de las estadísticas de educación de la educación no universitaria (EDUCAbase) referidas en la línea de base indicando el número de plazas de FP en cada comunidad autónoma; b) certificado de la autoridad competente de las nuevas plazas creadas y comparación con la línea de base; y c) una copia de la evaluación de necesidades y copia de las actas de la donde se acordó la distribución territorial de las plazas de FP.

Los instrumentos de formalización de la transferencia de los fondos, determinarán los mecanismos de seguimiento intermedio sobre los avances realizados, el estado de ejecución, cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, sin perjuicio de los informes de seguimiento recogidos en el artículo 3 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A estos efectos, los instrumentos de formalización incluirán las pertinentes referencias a los principios de gestión específicos del PRTR (artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) que no se citan ya expresamente en el presente acuerdo, como son la prevención, la detección y la corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la identificación del perceptor final de los fondos y el respeto a las reglas de comunicación previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

En todo caso, y de conformidad con el componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y posteriormente aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España de 13 de julio de 2021, se establece que, en el cálculo de los hitos y objetivos propuestos en este componente, no se computarán las inversiones realizadas con otros fondos de la UE.

En relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses se atendrá el presente acuerdo al artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Cabe indicar que, de acuerdo con lo previsto en las ya citadas Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, las comunidades autónomas adquirirán la condición de entidades ejecutoras al recibir los fondos y la responsabilidad en el cumplimiento del objetivo CID, con las obligaciones que ello supone de acuerdo con las normas citadas.

Conforme al artículo 22.2.e) del Reglamento 2021/241, las comunidades autónomas permitirán que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.

Las comunidades autónomas, en tanto que entidades ejecutoras, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aceptan la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (modelo anexo IV.B), y asimismo, incluirán en sus propios instrumentos de ejecución la citada obligación de la cesión de datos, respecto de sus beneficiarios, contratistas y subcontratistas.

Las directrices de comunicación, para las actuaciones previstas en este acuerdo, se atendrán a lo dispuesto en el artículo 9 de la referida Orden HFP/1030/201, de 29 de septiembre, así como a las contenidas en el artículo 34 del Reglamento (UE)2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Con carácter previo a la elevación al Consejo de Ministros del presente acuerdo, se hizo la comunicación preceptiva previa al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fecha 26 de junio de 2023.

Medidas de información, comunicación y visibilidad

Las actuaciones recogidas en este acuerdo, que se desarrollen en todas las comunidades autónomas, serán financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next Generation EU.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se establece que serán subvencionables, a partir del 1 de febrero de 2020, las medidas de los planes de recuperación y resiliencia, que deben ser compatibles con los retos y prioridades pertinentes de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo.

Las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación derivadas de la aportación del Estado a este programa cumplirán los requisitos de publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública o privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y la denominación del ministerio, tal como se establece en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y, en la Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

El artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece las medidas de información, comunicación y publicidad, en particular, indica que los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de la financiación y velarán por darle visibilidad, incluyendo el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario, se deberá reconocer el apoyo del fondo en la operación mostrando el emblema de la Unión Europea.

En consecuencia, en la actuación, «Plan de Modernización de la Formación Profesional (MRR)» financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con cargo a los PGE 2022, se incluirá el logo de la Unión Europea y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y se establecerá un mecanismo de identificación de las facturas o documentos originales del gasto (mediante sello, troquel u otro medio similar) de forma que figure su condición de «gasto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next Generation EU».

En particular, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que indica lo siguiente:

1. Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del plan incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en los términos que se comuniquen por la autoridad responsable.

En todo caso, se tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España, por el que se concreta el marco en relación con la publicación de información, visibilidad de la financiación de la Unión y derecho de uso, en los términos que se recogen en los siguientes apartados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento del Mecanismo, la información, la comunicación y la publicidad de los Estados miembros en relación con la financiación en aplicación del mismo serán, como mínimo, del mismo nivel que el exigido por las normas del Estado miembro para la financiación pública sin contribuciones del presupuesto de la Unión.

3. Con el fin de respetar sus obligaciones en virtud del artículo 34, apartado 2, del Reglamento del Mecanismo, y en particular para garantizar el suministro de información específica coherente, eficaz y proporcionada a múltiples audiencias, incluidos los medios de comunicación y el público, el Estado miembro deberá:

a) Disponer de una estrategia a nivel de los Estados miembros para dar a conocer y garantizar el reconocimiento de la contribución del MRR a la recuperación de Europa y, en particular, a la doble transición ecológica y digital.

b) Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU», junto al logo del PRTR, disponible en el link https:// planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU».

c) Establecer y mantener un espacio web único que proporcione información sobre el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web específico a la comisión.

d) Garantizar que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en el marco del MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiación de la Unión.

4. Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.

5. Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberá utilizar información fidedigna.

6. Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad (traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas».

7. El Estado miembro concede a la comisión el derecho a utilizar gratuitamente los materiales de comunicación relativos al MRR.

8. Así mismo, con el fin de asegurar una adecuada comunicación y transparencia, las Entidades ejecutoras deberán proporcionar información, a través de los mecanismos que a tal efecto se establezcan, sobre la publicación de cualquier convocatoria de ayuda o procedimiento de licitación para su inclusión en la página web gestionada por la autoridad responsable.

Las entidades responsables y gestoras designarán un responsable de comunicación a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente artículo, sobre la base de las directrices de la autoridad responsable.

Este Acuerdo de Consejo de Ministros tiene por objeto, exclusivamente, la distribución entre las comunidades autónomas de las habilitaciones de gasto en qué consisten los créditos presupuestarios, así como su formalización, sin que en ningún caso pueda entenderse que implica la ejecución de los citados créditos presupuestarios, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las comunidades autónomas, ni, en consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.

24 de Enero - Día Internacional de la Educación de la UNESCO

admin — Wed, 24 Jan 24 12:45:55 CET

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Un año más se conmemora el Día Internacional de la Educación proclamado por la asamblea general de la ONU y anunciado por la UNESCO. El tema de esta edición es "Combatir los discursos de odio a través de la educación”.

Este año se quiere hacer hincapié en el papel crucial que desempeñan la educación y los docentes en la lucha contra el discurso del odio, un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos años con el uso de las redes sociales, dañando el tejido de nuestras sociedades.

CSIF, como miembro de la Internacional de la Educación y de la Confederación de Sindicatos Independientes de Europa, apoya estas iniciativas internaciones y recuerda la necesidad de que todos los países actúen en consecuencia en la defensa de todos los derechos humanos y por supuesto, la educación.

Lamentamos la oleada de conflictos violentos que acontecen en la actualidad y que promueven la discriminación, racismo, xenofobia y odio, determinados por cuestiones geopolíticas que afectan a la sociedad en su conjunto. Para CSIF es esencial promover actuaciones encaminadas hacia la paz y la no violencia, utilizando la educación como un medio y un fin en sí mismo, como herramienta vehicular para lograr una sociedad alejada de conflictos, igualitaria y justa. El conocimiento en sí mismo promueve la paz, ya que la cultura permite reducir extremismos injustificados. Hay que fortalecer la especialidad docente y dignificar su labor docente.

CSIF defiende el acceso a una enseñanza de calidad, con igualdad de oportunidades, que permita que toda la población pueda acceder al mayor éxito educativo posible y se asegure una trayectoria profesional y laboral acorde a la sociedad actual, garantizando la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.

Los datos de abandono escolar, tasa de repetición, paro juvenil, informes PISA y desigualdades entre Comunidades Autónomas nos indican que, si bien todo el mundo puede acceder a la educación, esta no tiene la calidad necesaria debido a la mala gestión de nuestras administraciones, la falta de inversión educativa, la utilización partidista de la educación y la falta de reconocimiento de la labor docente.

La Constitución consagra el derecho a la educación y por tanto este derecho debe ser defendido por todos los partidos políticos y administraciones. Es necesario estabilizar el sistema educativo con un Pacto de Estado que impida el continuo cambio legislativo en cada cambio de gobierno. Cambios además que no mejoran los datos e índices de nuestra educación, que nos mantienen en los últimos lugares de la OCDE y Unión Europea desde hace más de 30 años.

CSIF cree en un sistema educativo público, estable, igualitario, inclusivo, flexible, innovador y tolerante. La educación es una responsabilidad colectiva que debe enfocarse hacia la búsqueda del bien común. Debe ser una cuestión de Estado, que asegure la igualdad de oportunidades y sirva como elemento compensador de desigualdades. Y en esta convicción luchamos día a día para que la educación pública adquiera la importancia que debe tener, para que sea la base de un país democrático. Porque la educación de hoy es la sociedad de mañana. Por ello, rechazamos cualquier intromisión mediática o política, que desvirtúe el fin mismo de la educación: formar a una ciudadanía responsable y crítica.

Consideramos que esta convicción solo se puede conseguir a partir de un profesorado reconocido y prestigiado. En un sistema educativo que se plantee a partir de las opiniones profesionales, que no vean mermadas sus condiciones laborales por criterios meramente económicos, que se dude de su necesario liderazgo pedagógico para hacer mejorar la educación de los que formarán el futuro de nuestra sociedad o que se coarte su libertad de cátedra en pos de unas metodologías que dudan de la especialización docente o de la reducción de contenidos.

Los problemas de la educación son profundos y estructurales y no se solucionan escondiendo la realidad tras falsas estadísticas. Esto nos llevará a dos vías educativas en la que la educación pública quedaría como subsidiaria de instituciones privadas (la anglosajonización del sistema educativo) impidiendo la verdadera igualdad de oportunidades, que es poder optar a una educación de calidad.

Hoy y siempre, CSIF Por la dignificación de la labor docente.

ANECA publica los baremos específicos para los distintos Campos de los Sexenios 2023

admin — Mon, 15 Jan 24 17:43:06 CET

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaConvocatoriasEmpleoOtros EmpleoNegociaciones y acuerdosNormativaOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadLaboralCanarias - Educación Image

Entre el final de la semana pasada y el principio de la actual, ANECA viene publicando los baremos específicos que cada Comisión va a aplicar en la evaluación de los sexenios en esta convocatoria de 2023 (enlace).

De igual forma que comentamos cuando se publicó el baremo general, desde CSIF denunciamos, como habitualmente ocurre con ANECA, la aplicación retroactiva de requisitos para la evaluación de su actividad profesional que va a sufrir, de nuevo, el PDI de las Universidades Españolas.

La nueva propuesta de criterios (mixto entre cualitativos y cuantitativos) hace que se pierda la objetividad que tenían los anteriores, exige un enorme trabajo adicional por parte de los solicitantes e introduce un ámbito de indefinición en cuanto al proceso de baremación, abocando al PDI solicitante a una situación de clara indefensión ante evaluaciones negativas.

Dado que el profesorado que solicite un sexenio en esta convocatoria de 2023 empezó a “preparar” su solicitud, como mínimo, en el año 2018 (con los criterios que regían en ese año), cualquier cambio que se quiera introducir en esos criterios debe ser claramente en el sentido de “además de” y no de “en vez de”. De esta forma no se penalizaría a los PDI que han desarrollado correctamente su actividad en el modo en que la Administración se lo había solicitado.

Hemos constatado, además, el endurecimiento que se ha producido en los criterios de evaluación. A modo de ejemplo de todo lo expuesto, consideremos una solicitud con 5 artículos publicados en revistas situadas en el primer tercil en el campo MATHEMATICS del JCR. Con los criterios específicos de la convocatoria de 2022, publicados por el Comité 1: Matemáticas y Física (disponibles en el siguiente enlace) se obtendría una valoración mínima de 8 puntos por cada artículo (por estar en el primer tercil) haciendo un total de al menos 40 puntos, por lo que se obtendría el sexenio sobradamente (al superar los 30 puntos requeridos).

Con los nuevos criterios específicos de la convocatoria de 2023, publicados en el Comité 1: Matemáticas y Física (disponibles en el siguiente enlace) se podría dar el caso de obtener una valoración de 5,91 puntos por cada artículo, con un total de 29,55 puntos que, al estar por debajo de 30 puntos, producirían una evaluación negativa del sexenio de investigación. Esta puntuación podría ser incluso menor al poder aplicarle penalizaciones por publicar en la misma revista o incluso en la misma editorial.

Uso de mascarilla obligatorio en centros sanitarios a partir del 9 de enero de 2024

admin — Mon, 08 Jan 24 18:46:00 CET

NormativaOtra normativaPrevención de Riesgos LaboralesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioEventualFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoPersonal del sector privadoLaboralCanarias - Educación Image

CSIF TE INFORMA

Uso de mascarilla obligatorio en centros sanitarios a partir del 8 de enero de 2024.

Se ha dictado por el Director General de Salud Pública, la Resolución de 8 de enero de 2024, por la que se refuerzan medidas de prevención y control frente al incremento de infecciones respiratorias agudas y se regula el uso de mascarillas en centros sanitarios.

Anteriormente, informamos sobre Normativa BOE 5-7-23: declara el fin de la crisis sanitaria del COVID-19 y elimina la obligatoriedad de las mascarillas, además de otras medidas.

Descargar cartel de Canarias Saludable.

Extracto de la Resolución:

“... RESOLUCIÓN En la Orden SND/726/2023 del Ministerio con competencias en sanidad, de 4 de julio, se declaró el fin de la obligatoriedad del uso generalizado de las mascarillas en los centros sanitarios y se especificaron las situaciones en las que se debía reforzar su utilización a través de unas recomendaciones emitidas desde la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta (disponible en Recomendaciones_uso_mascarillas_Mayo_2023.pdf) En este documento se señalaba que, ante un posible contexto epidemiológico desfavorable con alta transmisión comunitaria de una infección de vías respiratorias, deberá considerarse el reforzar el uso de mascarillas, como una de las medidas más eficaces dentro del conjunto de medidas de prevención y control de la infección. Por este motivo, se considera pertinente: ● El uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios asistenciales (hospitales y atención primaria), con el objetivo de reducir la transmisión de estos virus y proteger a las personas con riesgo de complicaciones asociadas a infección que acuden a estos centros o se encuentran hospitalizadas, además de proteger la salud de los trabajadores sanitarios. Esta instrucción se acompaña de una serie de medidas recomendadas que refuerzan la prevención y control de este tipo de infecciones, tanto en ámbito comunitario como ámbito sanitario, y que son: 1. Recomendar a la población general la utilización de mascarilla ante la presencia de síntomas de infección respiratoria, ya que la responsabilidad ciudadana tiene un papel fundamental en la reducción de la transmisión de las infecciones respiratorias. Es importante mantener la cultura de responsabilidad adquirida en los últimos años, y continuar alentando a la población a utilizar mascarillas y reducir el número de interacciones sociales ante la presencia de síntomas compatibles con de infección respiratoria aguda, así como el uso de la etiqueta respiratoria (utilización de pañuelos desechables al estornudar o bien realizarlo en la flexura del codo). 2. Incrementar las tasas de vacunación antigripal y frente al SARS-CoV-2 en la población con indicación vacunal. La vacunación frente a gripe y a COVID-19 es una medida fundamental para reducir las complicaciones y gravedad de estas infecciones, por lo que se recomienda su administración en todos los grupos de riesgo para los que está recomendada, especialmente en una temporada de alta incidencia como la que estamos experimentando. En el momento actual, se continúa recomendando la vacunación de gripe y COVID-19 a la población que con mayor probabilidad puede tener enfermedad grave tras una infección por virus de la gripe y SARS-CoV-2 (sobre todo, personas de 60 y más años de edad, aquellas que residen en instituciones, embarazadas y aquellas con condiciones de riesgo y sus convivientes), así como a las personas que por su situación laboral se consideran importantes para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad. Se recomienda también la administración de nirsevimab en la población infantil diana en esta temporada 2023-2024, es decir, población con algo riesgo de enfermedad grave por VRS, recién nacidos y menores de 6 meses. Dada la situación epidemiológica actual y el hecho de que es previsible que sigamos durante unas semanas en cifras elevadas de circulación del virus de la gripe, deberán intensificarse los esfuerzos de vacunación realizando llamamientos especiales y flexibilizando las vías de acceso de la población susceptible de vacunación, para tratar de alcanzar cifras equiparables a los dos últimos años. Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se publicaron las recomendaciones frente a gripe y COVID-19 en la temporada 2023-2024. 3. Fomentar las medidas higiénicas y asegurar una adecuada ventilación de espacios interiores: Se debe continuar fomentando las medidas higiénicas en los centros sanitarios y garantizando una correcta ventilación de espacios interiores, medida que ha demostrado una gran eficacia para reducir el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias. Esta resolución de obligatoriedad y las recomendaciones posteriores deben tomarse como un paquete de medidas que deben aplicarse de forma conjunta para lograr los efectos de prevención y control deseados, teniendo efecto al día siguiente del día de la firma. ...”

Descargar la Resolución de DGSP de 8/1/2024 (uso de la mascarila).

Más información en:

Canarias, a 8 de enero de 2024.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Convocatoria de cursos tutorizados del INTEF

admin — Sat, 30 Dec 23 17:05:52 CET

ConvocatoriasEmpleoOtros EmpleoNormativaOtra normativaPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioCanarias - Educación Image

Convocatoria de plazas para la realización de cursos tutorizados en línea para la formación permanente del profesorado sobre el nuevo currículo derivado de la Ley Órganica 3/2020

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del 10 de enero de 2024.

La duración, fecha de inicio y finalización y ejercicio de la partida presupuestaria de cada uno de los cursos ofertados queda recogida en la tabla que se incluye a continuación:

Primera edición

N.º	Curso	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha finalización	Ejercicio
1	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Infantil	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024
2	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Primaria	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024
3	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Secundaria	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024
4	Funciones y atribuciones de la inspección de educación en el marco de la LOMLOE	35	A partir del 05/03/2024	A partir del 09/04/2024	2024

Segunda edición

N.º	Curso	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha finalización	Ejercicio
1	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Infantil	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024
2	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Primaria	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024
3	Diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de Educación Secundaria	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024
4	Funciones y atribuciones de la inspección de educación en el marco de la LOMLOE	35	A partir del 16/04/2024	A partir del 16/05/2024	2024

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código Ético. BOE 29/12/2023.

admin — Fri, 29 Dec 23 08:05:18 CET

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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código ético

Resolución de 23 de noviembre de 2023, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el Código Ético.
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TEXTO ORIGINAL

El Consejo Rector de ANECA, en su reunión de 22 de noviembre de 2023, aprobó el Código Ético del Organismo Autónomo ANECA, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos, así como en el artículo 12.1.d) del Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, aprobado por el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre.

Este Código Ético deberá ser observado en el desempeño de sus funciones por todas las personas evaluadoras y expertas que colaboran con ANECA, así como por el personal del organismo.

Para general conocimiento, y teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional octava del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, dispongo su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente resolución y en la página web del organismo.

Madrid, 23 de noviembre de 2023.–La Directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque Salgado.

ANEXO

Código Ético del Organismo Autónomo ANECA

Aprobado por el Consejo Rector con fecha de 22 de noviembre de 2023

PREÁMBULO

La disposición adicional octava del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos, dictado en desarrollo de la nueva Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que «El Consejo Rector de ANECA, en un plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, revisará el Código Ético actualmente en aplicación para actualizarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. Una vez aprobado el Código Ético por el Consejo Rector, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del organismo». El citado Real Decreto entró en vigor el 7 de septiembre de 2023.

El Código Ético que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) debe revisar es el aprobado por el Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 27 de mayo de 2021, que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 11 de junio de 2021. Este refundía en un solo texto el Código Ético de las evaluadoras y los evaluadores de ANECA, aprobado el 24 de febrero de 2017 (publicado en el BOE el 13 de septiembre de 2017), y el Código Ético de su personal, aprobado el mismo día.

Son básicamente cuatro las disposiciones vigentes que establecen principios que, de un modo u otro, ANECA, sus directivos, su personal y las personas que participan en las tareas de evaluación y acreditación, deben aceptar y respetar en su respectiva actividad.

En primer lugar, el actual Estatuto de ANECA, aprobado por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, que en sus artículos 1.4, 2 y 7 establece un extenso conjunto de principios inspiradores y reguladores de la actividad de la Agencia.

En segundo lugar, el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, que establece claramente en su artículo 10, al que se remite de forma explícita la citada disposición adicional octava del mismo, los contenidos mínimos que el Código Ético debe incorporar.

En tercer lugar, el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que establece, en sus artículos 52, 53 y 54, los deberes, principios éticos y principios de conducta de los empleados públicos.

En cuarto lugar, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que contiene en su artículo 26 los principios de buen gobierno que deben observar los altos cargos y asimilados.

El Código Ético de cualquier institución pública o privada puede considerarse el instrumento para expresar los valores, principios y reglas básicas de conducta que inspiran su función y su estructura. Por definición, parece vincularse más a los fundamentos morales de la organización y de la deseable conducta de sus miembros que a las normas jurídicas que le sean de aplicación. Cabe decir que su objetivo principal es el de motivar la adhesión de sus miembros para que internalicen y sigan por propia convicción ciertas reglas de conducta en la actividad que realizan en tal institución. En consecuencia, el Código Ético está dirigido principalmente a quienes desempeñan cualquier función en la propia institución y que, por su carácter ético, debe ser conocido, aceptado y cumplido por convicción. Se deriva de ello que un Código Ético debiera ser tan específico, breve y claro como sea posible, evitando en sus enunciados toda generalidad, es decir, toda reiteración de principios morales abstractos de normal conocimiento para sus miembros, toda elucubración teórica sobre sus fundamentos y toda formulación indeterminada u oscura.

El nuevo Código Ético de ANECA se ha redactado con la intención de satisfacer estos criterios y, por tanto, de recoger solo los principios y las reglas de conducta que son específicos para los diferentes operadores de las funciones que ANECA ha de desempeñar según su Estatuto (su personal directivo, su personal funcionario y laboral, y las evaluadoras y los evaluadores que forman parte de sus comisiones y comités). Ello no evita que, en algunos casos, se reproduzcan o reiteren principios o reglas de conducta ya enunciados en los textos citados, aunque desde ANECA se ha procurado que solo ocurra cuando resultan específicamente aplicables a las funciones que estos operadores han de realizar. Y aunque el lenguaje sobre «derechos y deberes» resulta ambiguo al ser aplicable tanto con un sentido moral como, lo que es más frecuente, con un sentido jurídico, no se ha podido evitar en este Código, al venir requerido de forma explícita por el artículo 10 del citado Real Decreto 678/2023, de 18 de julio.

Este Código Ético se compone de un capítulo I dedicado a disposiciones generales, un capítulo II que recoge los distintos principios de conducta, un capítulo III relativo a la aplicación y control de cumplimiento, una disposición final sobre su entrada en vigor y dos anexos.

El anterior Código Ético, aprobado en 2021, refundió el Código Ético de las evaluadoras y los evaluadores y el Código Ético del personal del organismo. Y aunque aquella separación resultaba bastante adecuada, precisamente por la especificidad, brevedad y claridad de ambos textos, se ha mantenido ahora esa refundición ya que el citado artículo 10 del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, requiere incluir los derechos de las personas solicitantes y el cumplimiento de la ley de transparencia, cuyo principal destinatario es el personal directivo.

En cuanto al control de cumplimiento, los Códigos Éticos aprobados en 2017 y 2021 preveían que el incumplimiento por parte de una evaluadora o un evaluador daría lugar a la instrucción de un expediente de separación de la Comisión o Comité correspondiente que «no tendrá, en ningún caso, naturaleza disciplinaria», pudiendo llegar a «implicar la exclusión como persona experta o evaluadora de cualquier programa de ANECA y de futuras propuestas de nombramiento». El artículo 9.4 del Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, ha establecido, por el contrario, que el expediente de separación de los miembros de comisiones en el caso de incumplimiento del Código Ético tendrá naturaleza disciplinaria, y que su tramitación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Debido a que la tipificación de infracciones y sanciones administrativas está sometida a reserva legal, y que no se encuentra precepto con rango de ley que, con carácter general, tipifique como falta administrativa muy grave, grave o leve el incumplimiento de los principios o reglas de conducta establecidos en un Código Ético, la única solución posible consiste en homologar las posibles infracciones del Código Ético con las faltas muy graves tipificadas por el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con las faltas graves y leves tipificadas por los artículos 7 y 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, y, en su caso, por las normas laborales aplicables.

De acuerdo con este criterio, se ha redactado la regulación del control de cumplimiento del Código Ético distinguiendo la mera llamada de atención o recomendación, ante un incumplimiento sin relieve disciplinario, del procedimiento a seguir cuando el incumplimiento del Código Ético sea subsumible en un tipo de infracción muy grave o grave previsto por las normas disciplinarias, administrativas o laborales, que resulten aplicables. Se pretende, de esta forma, evitar que un defecto de tipificación dé como resultado un fracaso de la decisión sancionadora. Parece, por otra parte, que no resulta difícil subsumir la mayor parte de los incumplimientos del Código Ético en tipos de infracción muy grave o grave.

De toda la normativa que pudiera ser de aplicación, y para mantener la mínima extensión posible del Código, se recogen exclusivamente en el anexo I los artículos 52, 53 y 54 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Se incluye como anexo II el modelo de declaración de adhesión al Código Ético de ANECA.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Principios básicos de ANECA.

1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un organismo autónomo cuyo objeto, en atención a las necesidades de la sociedad, es la promoción y el aseguramiento de la calidad del sistema universitario en España mediante procesos de orientación, información, evaluación, certificación y acreditación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y cualquier otra que le sea de aplicación, así como contribuir, de acuerdo con dicha ley, a garantizar niveles de buen gobierno y calidad contrastables con los estándares internacionalmente reconocidos.

2. Los principios básicos que rigen su actividad son los siguientes:

a) Servicio a los intereses generales, eficacia y servicio a la ciudadanía.

b) Legalidad y seguridad jurídica.

c) Principio de competencia técnica y científica, que garantiza que el personal, grupos o entidades que desarrollan materialmente las actividades de orientación, evaluación, acreditación y certificación, posean las capacidades técnicas, científicas y materiales necesarias para la consecución de los fines de la Agencia.

d) Principio de independencia de actuación, criterio, dictamen y juicio en la realización de todas sus actividades, garantizando así que lleva a cabo sus funciones de acuerdo con criterios técnico-científicos y de gestión, preestablecidos y públicos, con absoluta imparcialidad.

e) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la rendición de cuentas a la ciudadanía, así como el compromiso de consulta y participación de las personas interesadas en el desarrollo de sus trabajos, informando de los principios, procedimientos y criterios de evaluación vigentes en cada momento.

f) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso del personal de ANECA y las evaluadoras y los evaluadores que colaboren con ella, de observar en su actuación los valores contenidos en este Código Ético, así como en las normas de conducta aplicables a los empleados públicos de la Administración General del Estado.

g) Principios de autonomía y responsabilidad, entendidos respectivamente como la capacidad de la ANECA de gestionar con autonomía los medios puestos a su disposición para alcanzar los objetivos comprometidos, y como su disposición a asumir las consecuencias de los resultados alcanzados.

h) Principios de cooperación interadministrativa y participación institucional, entendidos respectivamente como la disposición activa a colaborar con otras administraciones e instituciones.

i) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora, asegurando la utilización de criterios y procesos de garantía de calidad interna.

j) Principios, disposiciones y buenas prácticas establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior para la orientación, evaluación, acreditación y certificación de las actividades del servicio público de Educación Superior, así como los principios generales, directrices y criterios internacionalmente admitidos, dirigidos todos ellos a mejorar los procesos de garantía externa de calidad, para lo que se integrará en las redes internacionales existentes y establecerá los oportunos mecanismos de cooperación.

k) Principios de igualdad de género y no discriminación.

3. ANECA cumple también los siguientes estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG 2015):

a) Lleva a cabo actividades externas para asegurar la calidad.

b) Está legalmente establecida y tiene reconocimiento oficial.

c) Es independiente y tiene autonomía funcional.

d) Publica regularmente los resultados de su actividad.

e) Dispone de los recursos apropiados para desempeñar sus funciones.

f) Garantiza la calidad interna y la integridad de su actividad.

g) Somete a un control externo, al menos cada cinco años, su cumplimiento de los estándares y pautas del Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 2. Objetivos del Código Ético.

El Código Ético de ANECA tiene tres objetivos principales:

1. Concretar las obligaciones éticas de las personas que prestan sus servicios en la Agencia y, particularmente, las de quienes prestan su colaboración como evaluadoras o evaluadores.

2. Clarificar las responsabilidades éticas que asumen y servir de guía en la solución de conflictos de carácter moral en su actividad.

3. Reforzar la imagen de la Agencia ante la sociedad y particularmente ante todos los operadores en el sistema de la enseñanza superior.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Ámbito de aplicación objetivo: El Código Ético es de aplicación en todas las actividades de la Agencia, en cualquiera de sus procedimientos y en cualquiera de sus fases de realización.

2. Ámbito de aplicación subjetivo: El Código Ético obliga a todas las personas que participan en las actividades de la Agencia, ya sea como parte del equipo directivo, personal técnico, administrativo o de servicios y sea cual sea su relación funcionarial o laboral; obliga asimismo a todas las personas que participan como evaluadoras o evaluadores en los diferentes comisiones y comités, y a cualquier otra que colabore como experta o experto en sus actividades.

CAPÍTULO II

Principios de conducta

Artículo 4. Principios éticos generales.

Todas las personas incluidas en su ámbito subjetivo están obligadas a cumplir los principios éticos establecidos en el capítulo VI del título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (anexo I).

Artículo 5. Deberes de los miembros de las comisiones y comités evaluadores.

Son deberes específicos de los miembros de las comisiones y los comités evaluadores los siguientes:

1. Derivados de los principios de competencia técnica y científica, objetividad, independencia y rigor profesional.

a) Actuar con la dedicación y diligencia necesarias para el desempeño correcto de las tareas encomendadas.

b) Ajustar su actuación a la normativa vigente, tanto en la propia Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y diferentes reales decretos reguladores de los procedimientos de evaluación, como a los compromisos adquiridos por ANECA en el marco europeo e internacional.

c) Ajustarse a los procedimientos establecidos en la valoración de los expedientes de que entienda, participar en la toma de decisiones y acuerdos colegiados y motivar debidamente las decisiones adoptadas.

d) Aplicar los criterios de evaluación establecidos por las normas vigentes y las instrucciones y orientaciones que la Dirección de ANECA realice en el marco de sus competencias, con exclusivo sometimiento a su leal saber y entender al margen de quien sea la persona o la institución afectada y de cualquier compromiso con las instituciones académicas o las asociaciones o entidades profesionales a las que pertenezca.

e) Abstenerse de participar en la reconsideración o reevaluación de solicitudes de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios en cuya primera evaluación haya participado, así como abstenerse de participar en la reconsideración o reevaluación de cualquier otra solicitud de evaluación en la que previamente haya participado, salvo expresa petición de la persona responsable de la División correspondiente o, en el caso de comités o comisiones no dependientes de División alguna, de la Dirección de la Agencia.

f) Abstenerse de intervenir en la valoración y resolución de expedientes cuyas personas solicitantes se hallen vinculadas funcionarial o contractualmente con la misma institución en la que desarrolle su actividad principal, y en las de aquellas personas con las que mantenga una relación personal, de cooperación académica o profesional, estable y duradera, sin perjuicio de observar los motivos de abstención establecidos con carácter general en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

g) Abstenerse de participar en la evaluación si no se dispone de los conocimientos adecuados o se carece de la cualificación y capacidades apropiadas.

h) Consultar a ANECA sobre la compatibilidad de la pertenencia simultánea a sus comisiones o comités y a las de otras agencias y organismos de acreditación y evaluación, nacionales e internacionales, cuya finalidad coincida total o parcialmente con las de ANECA, sea dicha pertenencia permanente o eventual.

2. Derivados de los principios de ética profesional y responsabilidad pública.

a) Respetar la confidencialidad de los datos personales de las personas solicitantes de los que se pudiera tener conocimiento con ocasión de los procesos de evaluación, ateniéndose a la normativa vigente en materia de protección de datos.

b) Guardar secreto sobre las deliberaciones de las comisiones y comités y sobre los criterios o posiciones de sus miembros, con carácter general y especialmente con las personas solicitantes, así como sobre el sentido de resoluciones que no hayan sido aún notificadas formalmente.

c) Abstenerse de facilitar a terceros el acceso a las aplicaciones informáticas y bases de datos a disposición de quienes conforman las comisiones y comités y del personal de la Agencia para el desempeño de sus funciones.

d) En los casos concretos en que así pueda venir exigido por las condiciones del programa por requerirse la colaboración ocasional de otras personas profesionales en tareas de apoyo y asesoramiento, obtener de éstas un compromiso escrito de respeto a la confidencialidad y demás obligaciones contempladas en este Código Ético.

e) Comunicar a la persona responsable de la División correspondiente y en su defecto a la Dirección de la Agencia, cualquier situación que pudiera entrañar, directa o indirectamente, conflicto de interés, por amistad o enemistad, afinidad, competencia, emulación o cualquier otra de similar índole sobrevenida. Se considerará conflicto de interés cualquier situación en que la evaluadora o el evaluador, o cualquier miembro de las comisiones de ANECA, pudiera tener interés personal o profesional en un expediente o asunto a tratar, por cuanto afecte a familiares, personas con quien tenga amistad íntima o enemistad manifiesta, personas con las que tenga una cuestión litigiosa pendiente, personas con las que haya colaborado en su actividad académica o profesional, o a instituciones en las que desarrolla o ha desarrollado su actividad, o personas que prestan sus servicios en aquellas, según si se trata de evaluaciones de personas físicas o de instituciones. La persona responsable de la División o, en su caso, la persona titular de la Dirección de ANECA decidirá si la persona afectada debe o no debe abstenerse teniendo en cuenta no solo el riesgo de su pérdida de objetividad sino también la imagen externa de la Agencia.

f) Destruir, al finalizar su mandato, cuanta documentación obre en su poder relativa a las actividades desarrolladas.

g) Los miembros de las comisiones, dado el carácter confidencial de su función, no podrán aceptar, recibir o solicitar ningún regalo, entendiendo como tal los obsequios, favores o donaciones. Se tendrá en cuenta que esta prohibición es extensiva a las personas vinculadas a él, personal o profesionalmente. En caso de recibirlo procederá de forma inmediata a su devolución a la persona, sociedad, entidad u organismo del que lo haya recibido. De no ser posible su devolución inmediata, informará por escrito a la persona responsable de la División o, en su defecto, a la Dirección de la Agencia, depositando en ella el obsequio recibido. La Dirección de la Agencia registrará la notificación y procederá a la devolución a su origen del obsequio recibido. En el caso que la devolución sea imposible donará el bien a instituciones de carácter social o acordará la destrucción del bien, quedando constancia escrita y gráfica de ello. Tampoco podrán aceptar atenciones protocolarias o de cortesía tales como comidas, alojamientos y otros gastos que por razón de su función en la Agencia se reciban en el ámbito de actos públicos, visitas técnicas, congresos, seminarios, o similares. Cuando la asistencia se requiera como presencia institucional en representación de la Agencia deberán obtener previamente la autorización de la persona responsable de la División o, en su defecto, de la Dirección de la Agencia.

h) Comunicar a la persona responsable de la División correspondiente o, en su defecto, a la Dirección de la Agencia, cualquier irregularidad documental grave que se detecte en los expedientes de las personas solicitantes en cualquiera de los procedimientos de evaluación, a fin de que se inicien las actuaciones pertinentes.

i) Velar por la integridad y el prestigio de la institución y no realizar presentaciones públicas en nombre de ANECA ni aceptar invitaciones de asistencia a cualquier tipo de acto para hablar del programa de evaluación correspondiente o de su participación en el mismo, sin la autorización previa de la persona de Dirección responsable de la comisión, comité o actividad en el que haya participado.

Artículo 6. Derechos de los miembros de las comisiones y los comités evaluadores.

Son derechos específicos de los miembros de las comisiones y los comités evaluadores los siguientes:

a) Al más estricto respeto a su independencia de juicio en las decisiones que hayan de adoptar en el ejercicio de sus competencias o tareas encomendadas, y a salvaguardarla frente a posibles injerencias.

b) A la asistencia y apoyo técnico de la Agencia para el desempeño de sus funciones, así como a recibir la formación adecuada para ello.

c) A tener información anticipada de los expedientes en los que hayan de intervenir en las sesiones colegiadas.

d) A hacer constar sus discrepancias con las decisiones colegiadas emitiendo un voto particular, que podrá ponerse en conocimiento del responsable de la División correspondiente o, en su defecto, de la Dirección de la Agencia, para que pueda efectuar, en su caso, las actuaciones que considere oportunas.

e) Al reconocimiento y certificación de su actividad de colaboración con ANECA.

f) A la protección de sus datos personales y de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por ANECA.

Artículo 7. Derechos de las personas solicitantes en su relación con ANECA.

Las personas solicitantes de todos los programas de evaluación y acreditación de ANECA tienen derecho:

a) A ser evaluadas con objetividad, imparcialidad y rigor técnico, de acuerdo con los mismos criterios y condiciones observados con las demás solicitantes del mismo tipo de evaluación o acreditación, en su misma situación, de la misma área de conocimiento o especialización científica y evaluadas por la misma comisión o comité, asegurando la igualdad de oportunidades.

b) A ser informadas del estado de tramitación de su solicitud.

c) A recibir información y motivación suficiente de las razones que hayan podido determinar propuestas negativas.

d) En caso de propuestas negativas, a recibir orientaciones suficientemente motivadas sobre las carencias encontradas en el currículum o en la documentación presentada, para que puedan ser mejoradas en posteriores solicitudes.

e) A que los datos que proporcionen y la información que les concierna se traten con discreción, sin que de ellos puedan tener conocimiento personas ajenas a la comisión o comité competente o al personal de ANECA que haya de tramitarlos, protegiéndose sus datos de acuerdo con la legalidad vigente en la materia.

f) A conocer la composición de la comisión o comité que haya de evaluar sus solicitudes.

g) A la recusación de personas integrantes de las comisiones o comités de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

h) A hacer llegar sus reclamaciones sobre aquellas actuaciones o prácticas que puedan contradecir las leyes aplicables y/o los deberes recogidos en este Código Ético y presentar las alegaciones oportunas en el caso de que sean informadas de la existencia de irregularidades.

Artículo 8. Deberes del personal funcionario y laboral de ANECA.

Son deberes específicos del personal funcionario y laboral de ANECA los siguientes:

a) Ajustar su actuación a las normas que regulen los procedimientos de los diferentes programas de ANECA en los que participe.

b) Mantener absoluta reserva sobre los datos y circunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y considerar confidencial la información de terceros a la que tenga acceso, cumpliendo en todo caso con las disposiciones establecidas por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

c) No facilitar a terceros ajenos a las actividades de evaluación que desarrolla ANECA, acceso a las aplicaciones informáticas y bases de datos de las que haga uso por el desempeño de sus funciones en ANECA.

d) No realizar colaboraciones de carácter permanente u ocasional en órganos o entidades con funciones análogas a las de ANECA, salvo autorización expresa de la Dirección.

e) No realizar presentaciones en nombre de ANECA ni aceptar invitaciones de asistencia a cualquier tipo de acto para hablar de ANECA o en calidad del personal de la Agencia, sin la autorización previa del titular de la División correspondiente o de la persona titular de la Dirección de ANECA.

f) Realizar su trabajo con la máxima imparcialidad, evitando la concurrencia de conflicto de interés en el desempeño de sus funciones, entendiéndose que existe tal conflicto cuando se interviene en las decisiones relacionadas con implicaciones directas o indirectas respecto a su puesto e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.

g) Hacer uso de los recursos puestos a disposición por el organismo para el desempeño de sus funciones, cumpliendo con la normativa interna aprobada por ANECA al respecto, así como seguir su formación para su adecuada utilización si fuera necesario.

Artículo 9. Deberes específicos de las personas que ocupan puestos en los órganos de gobierno y dirección de ANECA.

Son deberes específicos de quienes desempeñen puestos directivos en ANECA los siguientes:

1. Derivados de los principios de competencia técnica y científica, calidad y mejora.

a) Ejercer el papel de representación institucional de manera que redunde en el prestigio y la mejora de la reputación de ANECA, velando por la buena imagen y percepción de la Agencia tanto a nivel nacional como internacional.

b) Asegurar que los programas, las actividades, el personal y las personas colaboradoras de ANECA cumplen los principios, valores y compromisos delimitados en este Código Ético, adoptando, en caso contrario, las recomendaciones o medidas correctoras que sean procedentes.

c) Velar por el cumplimiento, tanto por ANECA como por su personal y resto de personas colaboradoras, de la normativa aplicable a los diferentes procedimientos de evaluación y de los compromisos adquiridos por ANECA en el marco internacional.

d) Proteger a quien de buena fe informe de incumplimientos de lo establecido en el Código Ético y definir procedimientos que permitan la evitación, identificación, tratamiento y gestión de los mismos.

e) Iniciar las acciones administrativas o penales que sean procedentes en el caso de irregularidades graves de las personas solicitantes en los procesos de evaluación de profesorado de acuerdo con lo establecido en el protocolo correspondiente aprobado por ANECA.

f) Elaborar los planes anuales y plurianuales de actuación, así como la memoria anual de actividades y cuantos documentos extraordinarios considere necesarios.

g) Diseñar y aprobar los programas de evaluación, oídos los órganos de asesoramiento correspondientes, de acuerdo con el plan estratégico, los planes de actuación, el Código Ético y la legislación vigente.

h) Evaluar los indicadores del cumplimiento de los objetivos relacionados con los principios y valores recogidos en el Código Ético y del grado de eficiencia en su gestión.

i) Promover condiciones de trabajo basadas en el buen trato y respeto, y asegurando la implementación de instrumentos para la detección y solución de desviaciones al respecto.

j) Promover medidas encaminadas a la concienciación, sensibilización y formación de todo su personal en materia de conflictos de intereses.

k) Promover la formación entre el personal de ANECA en las competencias necesarias para la adecuada prestación de su actividad profesional.

2. Derivados de los principios de autonomía y responsabilidad.

a) Dirigir eficazmente las tareas que corresponden a la Agencia, manteniendo una conducta respetuosa hacia su personal, las personas colaboradoras en los trabajos de asesoramiento y evaluación y las destinatarias de su actividad, evitando cualquier tipo de discriminación.

b) Procurar un uso eficiente y responsable de los recursos materiales, limitando en la mayor medida posible el impacto negativo de las actividades de la Agencia sobre el medio ambiente, reduciendo el uso de papel mediante la digitalización, así como haciendo uso razonable y moderado de las conexiones a Internet y la telefonía fija o móvil.

c) Abstenerse de utilizar en beneficio propio o de personas terceras próximas la información adquirida en el ejercicio de su cargo.

d) Abstenerse de aceptar regalos y donaciones de particulares y de entidades públicas o privadas, a excepción hecha de las muestras no venales de cortesía y objetos conmemorativos, oficiales o protocolarios que le puedan ser entregados en razón de su cargo.

3. Derivados de los principios de cooperación interadministrativa y participación institucional.

a) Fomentar la cooperación con las instituciones de evaluación de carácter autonómico e internacional, así como la integración de la Agencia en redes y alianzas nacionales e internacionales de instituciones con las que coincida total o parcialmente en sus fines.

b) Participar activamente en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como otros espacios de ámbito internacional de interés para la actividad de ANECA.

4. Derivados de los principios de igualdad de género y no discriminación.

a) Cumplir las disposiciones o protocolos vigentes en relación con las situaciones de discriminación en el entorno laboral y, en especial, los referidos a las situaciones de acoso sexual y/o psicológico, y garantizar un trato de equidad que no implique ningún tipo de discriminación.

b) Mantener un firme compromiso con la promoción de la diversidad y el apoyo a la inclusión.

Artículo 10. Cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, ANECA adopta las siguientes medidas:

a) Publicará en su página web, de manera clara, estructurada y comprensible, toda la información relativa a su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional, los planes anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución y las evaluaciones de los resultados obtenidos.

b) Publicará en su página web las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

c) Publicará en su página web los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, así como las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

d) Responderá con diligencia a las demandas de información de acuerdo con los procedimientos existentes, todo ello sin comprometer de ningún modo la integridad de aquella información que pudiera ser considerada sensible por razones de interés público.

CAPÍTULO III

Aplicación y control del cumplimiento

Artículo 11. Adhesión.

Se facilitará un ejemplar de este código a todo el personal de la Agencia, así como a las evaluadoras y los evaluadores y a cualquier otra persona que colabore con la Agencia, que deberán firmar un documento declarando su conocimiento del código y prometiendo su cumplimiento (anexo II).

Artículo 12. Sesiones no presenciales.

Los compromisos de este código han de respetarse tanto si las funciones encomendadas se desarrollan presencialmente o a distancia a través de cualquier medio telemático establecido a tal efecto por ANECA. Para preservar la confidencialidad de las sesiones de evaluación de las comisiones y comités, no podrán ser grabadas salvo que se haga por parte de ANECA para eventos de divulgación, garantizándose en todo caso el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

Artículo 13. Control.

1. ANECA constituirá un Comité de Ética para resolver y posteriormente publicar cualquier duda o sugerencia relativa a la interpretación o aplicación de este Código Ético, así como para supervisar su correcta aplicación. Este Comité de Ética estará formado por personal del organismo; en concreto, por la persona titular de la Dirección, la persona titular de la Gerencia, una de las personas titulares de sus Divisiones, así como una persona de servicio jurídico de la Agencia.

2. Cuando se trate la denuncia de un incumplimiento, realizada de buena fe y con el único interés de colaborar en su correcta aplicación, se considerará información confidencial, garantizándose la ausencia de represalias frente a la persona denunciante, aunque se verificara finalmente la ausencia de la infracción o el incumplimiento denunciado. En el caso en que la denuncia se realice sobre un miembro del Comité de Ética, dicha persona se abstendrá durante el proceso de resolución.

3. Cuando se tenga conocimiento por la Dirección de ANECA de un incumplimiento del Código Ético sin trascendencia disciplinaria se comunicará, en primer lugar, a la persona afectada, dándole un plazo para que pueda formular observaciones, transcurrido el cual se adoptará, oído el Comité de Ética, una recomendación de mejora ética o de gestión, con la finalidad de que se adopten las medidas correctoras que garanticen la no reiteración de tales conductas.

4. Si el incumplimiento observado constituyese una falta disciplinaria tipificada como falta muy grave por el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, o como falta grave por el artículo 7 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se tramitará el correspondiente expediente disciplinario. Cuando este incumplimiento haya sido cometido por un evaluador o una evaluadora, la Dirección de ANECA, tras la instrucción del expediente disciplinario, elevará al Consejo de Universidades una propuesta motivada y no vinculante de resolución, en la que podrá proponer la separación de la persona inculpada de la comisión o comité al que pertenezca. Será de aplicación lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final. Entrada en vigor.

Este Código Ético entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Principios éticos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

ANEXO II

Declaración de adhesión al Código Ético de ANECA

Doña/Don .................................................................................. (nombre y apellidos).

En su calidad de ....................................................... (puesto que ocupa en ANECA).

DECLARO que he leído el Código Ético de ANECA, que comparto y acepto los valores, principios, deberes y derechos que en él se formulan y que, en consecuencia,

PROMETO dar cumplimiento puntualmente, en el desempeño de las funciones que en ANECA tengo encomendadas, a todos esos valores y principios, así como a los deberes que de ellos se derivan.

Fecha y firma.

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Finalidad: Gestión del personal de ANECA.

Legitimación: Ejecución de un contrato y cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Registro de Actividades de Tratamiento de ANECA.

Canarias - Educación

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CSIF-USPS Y DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN EXIGIMOS LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS COMPLEMENTOS

CSIF demanda en toda España el Sexto Sexenio para dignificar la carrera profesional docente

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📢 PAU 2026: Publicadas las fechas límite para la realización de las pruebas de acceso

BOE 21/2/2024: Adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los alumnos españoles en el exterior.

Bachillerato

TEXTO ORIGINAL

ANEJO

Primero. Objeto.

Segundo. Centros docentes españoles en el exterior.

Tercero. Programas educativos en el exterior.

Cuarto. Enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat.

Quinto. Enseñanzas de Bachillerato Europeo.

Sexto. Estudiantes que se encuentren en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional y los procedentes de los sistemas educativos de la Unión Europea y de otros países con convenio de reciprocidad en la materia.

Séptimo. Estudiantes procedentes de países de fuera de la Unión Europea sin convenio de reciprocidad en materia de admisión a las universidades.

Octavo. Educación a distancia.

Disposición adicional única. Adaptación del procedimiento de realización de las pruebas a situaciones excepcionales que impidan su realización material en las condiciones habituales de presencialidad.

Disposición final única. Efectos de la resolución.

ANEXO

Centros docentes españoles en el exterior y programas educativos en el exterior

Nuevos criterios de acreditación para TU y CU: de la evaluación retroactiva a los mínimos inaceptables por bloque o las estancias contrarias a la LOSU

BOE 1/2/2024: Distribución territorial y criterios de reparto de los créditos gestionados por las CCAA para Redimensionamiento de la oferta de FP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ayudas

TEXTO ORIGINAL

ANEXO

Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

Quinto.

Sexto.

Séptimo.

Octavo.

ANEXO I

Criterios de distribución y distribución resultante del crédito para la financiación del Redimensionamiento de la oferta de FP

24 de Enero - Día Internacional de la Educación de la UNESCO

ANECA publica los baremos específicos para los distintos Campos de los Sexenios 2023

Uso de mascarilla obligatorio en centros sanitarios a partir del 9 de enero de 2024

CSIF TE INFORMA

Uso de mascarilla obligatorio en centros sanitarios a partir del 8 de enero de 2024.

Convocatoria de cursos tutorizados del INTEF

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código Ético. BOE 29/12/2023.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código ético

TEXTO ORIGINAL

ANEXO

Código Ético del Organismo Autónomo ANECA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Principios básicos de ANECA.

Artículo 2. Objetivos del Código Ético.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

CAPÍTULO II

Principios de conducta