Canarias - Administración de Justicia

La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

emma.alvarez.bande — Thu, 25 Sep 25 10:58:00 CEST

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La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

¿Qué es la carrera profesional?

La carrera profesional no es más que la trayectoria a lo largo de la vida laboral de una persona, que implica un camino de aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades y competencias, adquisición de experiencia y progreso hacia metas profesionales y el compromiso, en nuestro caso, con la mejora en la prestación del servicio público de Justicia.

La participación en el sistema de carrera profesional debe ser voluntaria.

A diferencia de otros complementos, la carrera profesional está ligada a la persona, a su trayectoria profesional individual y no al puesto de trabajo y sus características (complemento específico), al cuerpo al que se pertenece (sueldo base), a las funciones que tiene atribuidas con carácter general (complemento general del puesto) o al mero paso del tiempo (trienios).

¿Qué tipos de carrera profesional existen?

Fundamentalmente existen dos tipos de carrera profesional: vertical y horizontal.

La carrera vertical implica un ascenso a una estructura de puestos de trabajo superior, lo cual requiere cambiar de puesto para obtener un mayor nivel jerárquico o responsabilidad. Dentro de este tipo de carrera se incluye la promoción interna o la obtención de puestos de jefatura que existan en las relaciones de puestos de trabajo a través de los concursos específicos.

La carrera horizontal se basa en la progresión dentro del mismo puesto de trabajo o categoría profesional, lograda mediante la adquisición de nuevas habilidades y competencias, o la valoración de la experiencia y el desempeño, resultando en un reconocimiento económico o de grado sin necesidad de cambiar de puesto.

En definitiva, la carrera horizontal permite mejorar las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto o promocionar.

¿Cuál es el marco jurídico de la carrera profesional horizontal en Justicia?

La carrera profesional horizontal está reconocida como derecho para los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos generales y Cuerpos especiales en el artículo 495.1 c) de la LOPJ.

Como concepto retributivo se incluyó en la redacción de los artículos 447.3 letra e), 516.A). 1º letra c) y 519.3 del mismo texto legal en la reforma de esta ley orgánica en diciembre de 2018. Esta reforma fue aprobada en Cortes Generales vía enmienda en el Senado, tras una masiva manifestación en Madrid.

La negociación de la carrera profesional es una reivindicación histórica que formaba parte de la plataforma reivindicativa de la huelga de 2023 y es uno de los compromisos del acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF.

Además, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se establecen criterios generales para la implantación y desarrollo de la carrera profesional horizontal en la Función Pública. En este caso, la normativa de función pública tiene carácter supletorio respecto de la LOPJ y el resto de normativa propia que regula el estatuto jurídico del personal de Justicia.

¿Qué dice la LOPJ sobre la carrera profesional horizontal?

Además de establecer que la carrera profesional es un derecho conforme a lo que hemos dicho en el apartado anterior, en la LOPJ se configura como una retribución complementaria fija.

Por otro lado, el artículo 519.3 de la LOPJ dice que:

“Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus servicios”.

Es este Real Decreto el que se está negociando en estos momentos gracias al acuerdo de 8 de enero de 2025.

La razón de la exigencia de este Real Decreto es que se trata de un concepto retributivo personal ligado a su trayectoria profesional individual y, en consecuencia, debe garantizarse el acceso al derecho a su reconocimiento con independencia de dónde esté destinado el funcionario/a.

¿Cómo se desarrolla la carrera profesional horizontal?

La carrera profesional horizontal se desarrolla a través de la progresión en grados de carrera profesional (GCP) cuya consolidación se consigue mediante el cumplimiento de una serie de factores u objetivos previamente establecidos y agrupados en tres áreas:

La trayectoria profesional que no es otra cosa que prestación de servicios durante un tiempo mínimo en un cuerpo determinado.

La participación en iniciativas de formación.

- El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación relacionadas con la actividad laboral. (formación procesal, informática etc…)

- La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias para las funciones desarrolladas en determinados puestos de trabajo (por ejemplo, habilidades en gestión de equipos o liderazgo)

El resultado de la evaluación del desempeño puede tener efectos en la carrera profesional.

¿Cuántos grados de carrera profesional existen y cuál es el tiempo mínimo de prestación de servicios para consolidar cada grado?

No hay una regla fija. Como orientación, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023 mencionado anteriormente, establece cuatro grados de carrera profesional. Para la consolidación del primero se establecen cinco años y para los siguientes, seis años para cada uno.

Es decir, conforme a ese artículo el grado de carrera profesional 4 se obtendría con 23 años de prestación de servicios.

CSIF propone una carrera en cuatro grados, pero con cinco años de servicios prestados en cada uno de ellos. Es decir, 20 años para acceder al cuarto grado de carrera.

En relación con el encuadramiento inicial del personal en el sistema de carrera, tampoco hay regla a seguir. CSIF ha manifestado que, en atención a la experiencia acumulada y con el fin de permitir el acceso al sistema de carrera al personal con más tiempo de servicios prestados debe realizarse un encuadramiento automático en función del tiempo de servicios prestados que se acredite a la entrada en vigor de la carrera en cada ámbito. No obstante, se trata de una cuestión que está abierta.

¿Cómo se consolida un grado y se accede al siguiente?

La consolidación de grado de carrera profesional se solicita a la administración por el interesado una vez cumplido el tiempo mínimo de permanencia establecido.

No obstante, la consolidación de grado sólo se producirá si se acredita haber superado el itinerario formativo y la evaluación de desempeño en la forma que normativamente se establezca.

Es decir, hay que cumplir con el tiempo de prestación de servicios que se establezca para consolidar el grado y, en ese tiempo, haber realizado el itinerario formativo y superada la evaluación que se establezca previamente.

¿Cómo se retribuye cada uno de los grados de carrera profesional?

Con la reforma de 2018, en la Administración de Justicia existe un concepto retributivo complementario fijo (como lo son el complemento general del puesto o el complemento específico) que se denomina complemento de carrera profesional.

No existe regla alguna de cómo se retribuye cada grado de carrera profesional. En unos casos se establece una cuantía progresiva para cada cuerpo y creciente conforme se asciende para cada grado de carrera, en otros casos se fija como un porcentaje creciente del sueldo base conforme se asciende para cada grado de carrera.

Esta última forma de retribución es la que propone CSIF para el personal de la Administración de Justicia con un arco que va del 20% del sueldo base para el Grado I; 35% Grado II; 55% Grado III y 75% del sueldo base para el Grado IV.

¿Qué situaciones administrativas se tienen en cuenta a la hora de la participación en la carrera profesional?

En principio se computa el tiempo de servicios prestados en situación de servicio activo (incluyendo, por tanto, situaciones de baja médica, permisos o vacaciones). No obstante, en atención a circunstancias particulares se puede computar el tiempo en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género, por razón de violencia terrorista o, en general, cualquier situación que dé lugar a reserva de puesto de trabajo y/o en el que se compute antigüedad.

En general, se consolida el grado en el cuerpo al que se pertenezca en el momento en el que se tenga derecho a esa consolidación.

CSIF ha propuesto que, en los casos de promoción interna, en el caso de que se promocione antes de consolidar un grado, el tiempo transcurrido en el cuerpo de inferior titulación se computará a efectos de consolidar el grado en el nuevo cuerpo. Lo mismo cabría considerar en el caso de la sustitución de Letrado por gestor si se tiene derecho a consolidar grado estando de LAJ sustituto.

¿Quién establece los criterios y requisitos para superar el itinerario formativo y la evaluación del desempeño?

El itinerario formativo, los cursos que se pueden acreditar para cumplir con los objetivos formativos que se establezcan en cada grado, la valoración en la evaluación del desempeño y demás criterios y requisitos deben publicarse con carácter previo a la consolidación del grado.

CSIF ha propuesto que la valoración que permita acceder a la consolidación del grado debe ser objetiva, es decir, exclusivamente sobre circunstancias medibles objetivamente.

Lo más común es que sea una Comisión de carrera profesional la que se encargue de fijar dichos itinerarios, requisitos y realizar la valoración de los requisitos y méritos realizados y acreditados. CSIF ha propuesto que esta comisión sea paritaria administración-sindicatos.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

MANIFIESTO CSIF Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 28 de abril de 2026

sergio.agrella.galvan — Tue, 28 Apr 26 09:00:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las trabajadoras y trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

Según los datos oficiales correspondientes a 2024 y 2025 de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, se advierte una evolución preocupante de la siniestralidad laboral en el Archipiélago al producirse un incremento significativo de los accidentes graves, mortales y de las enfermedades profesionales.

Los accidentes graves aumentaron un 21,5%, al pasar de 130 a 158, mientras que los mortales se incrementaron un 43,8%, pasando de 16 a 23, lo que evidencia un claro deterioro en las condiciones de seguridad y salud laboral.

A esta situación se suma el incremento de las enfermedades profesionales. En Canarias se notificaron 330 casos en 2025, frente a los 285 del año anterior, lo que supone un aumento del 15,8% (229 mujeres y 101 hombres).

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg. La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF entre otras propuestas, exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

La noticia en prensa:

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide mejorar el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral: los datos no reflejan la gravedad del problema

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 04 Feb 26 09:48:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que se mejore el reconocimiento como enfermedad profesional de los casos de cáncer con origen laboral, ya que los datos oficiales no reflejan realmente la gravedad del problema. El año pasado se registraron tan solo 119 partes de enfermedad profesional causados por agentes cancerígenos, según datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.

El sindicato considera que hay una realidad oculta que impide a muchas personas trabajadoras acceder a los derechos, prestaciones y reconocimientos que les corresponderían, dificultando además la prevención. Esto se debe a que muchas personas trabajadoras enfermas de cáncer no se cuestionan que el origen de su enfermedad puede ser laboral. La consecuencia es que sin datos reales es imposible implementar políticas eficaces.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España, con más de 100.000 fallecimientos anuales, lo que refuerza la urgencia de adoptar políticas públicas sólidas, sostenidas y equitativas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los avances en investigación, diagnóstico y tratamientos han permitido mejorar la supervivencia (en la actualidad más de la mitad de las personas diagnosticadas de cáncer sobreviven cinco años o más), pero es necesario reforzar los recursos para prevenir y combatir esta enfermedad.

En este sentido, CSIF reclama:

El reconocimiento de los casos de cáncer con origen laboral cuando existan indicios razonables.
Más medidas de protección laboral, adaptación de puestos y no discriminación para las personas trabajadoras con cáncer.
Programas de prevención y seguimiento postocupacional para personas trabajadoras expuestas a riesgos cancerígenos.
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
Más inversión en investigación oncológica, incluyendo estudios que permitan identificar causas y factores de riesgo, sobre todo en el ámbito laboral.
Refuerzo del Sistema Nacional de Salud con más recursos humanos y tecnológicos y una planificación que garantizar la atención equitativa en todas las comunidades autónomas.
Mejora de la detección precoz y ampliación de la cobertura de los programas de cribado.
Desarrollo de políticas públicas de apoyo integral a las personas con cáncer, incluyendo ayudas económicas, atención psicológica y acompañamiento social.

CSIF exige en el Congreso que el covid persistente sea enfermedad profesional y un fondo de compensación para afectados

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 17 Nov 25 17:52:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige que el covid persistente sea considerado enfermedad profesional o accidente laboral, lo que garantizaría mejor cobertura económica e indemnizaciones por desprotección para las personas afectadas por exposición laboral. También pedimos la creación de un fondo de compensación equivalente a los que ya existen para el amianto u otros riesgos profesionales.

Estas son las principales reivindicaciones que la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de CSIF, Encarna Abascal, ha expuesto hoy en el Congreso en unas jornadas sobre covid persistente en la que han participado representantes de organizaciones sindicales; de afectados por la enfermedad; de profesionales de la Sanidad, y de los Ministerios de Sanidad, de Derechos Sociales, de Trabajo y Economía Social.

CSIF defiende que el reconocimiento como enfermedad profesional garantizaría, además de mejor cobertura económica y el pago de indemnizaciones, la rehabilitación profesional a través de las mutuas de trabajo, reforzar la prevención y sentaría precedente para futuras incapacidades profesionales. Actualmente en España hay más de 2,4 millones de personas (muchos de ellos son personal sanitario, socio sanitario, personal docente, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Emergencias, bomberos, etc) afectadas por covid persistente.

El fondo de compensación, por su parte, habilitaría partidas económicas específicas para la atención de profesionales afectados (muchos de ellos con secuelas y con diferentes limitaciones) en actuaciones concretas en función de sus necesidades físicas, laborales o sociales. Este fondo debería ser coordinado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y el Ministerio de Sanidad, estableciendo protocolos de actuación comunes en todas las comunidades.

Incorporaciones progresivas, bajas e incapacidades

CSIF denuncia que, cinco años después de la pandemia, los afectados por covid persistente sufren falta de reconocimiento, demoras diagnósticas y de tratamientos, dificultad para reincorporarse al trabajo o encontrar empleo, y una profunda inseguridad jurídica, por lo que es urgente que se implementen medidas adecuadas a cada circunstancia.

Consideramos necesario el establecimiento de bajas de larga duración con estabilidad, formación en covid persistente para los profesionales de la sanidad y mutuas, más fondos para investigación, evaluación médica especializada para la incapacidad permanente, adaptaciones al puesto de trabajo flexibles e incorporación progresiva.

Por último, CSIF recuerda que las personas trabajadoras que padecen las secuelas de covid persistente merecen reconocimiento, apoyo y soluciones efectivas. La sociedad no debe olvidar a quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia y hoy siguen pagando sin respuesta sanitaria, sin protección laboral y sin un marco jurídico claro. En este sentido, CSIF ha lanzado una encuesta anónima para analizar la situación de las personas con covid persistente en España, las medidas adoptadas en sus centros de trabajo, su grado de reconocimiento y las consecuencias sobre su salud y situación laboral. Se puede participar en esta encuesta entrando en la página web de CSIF.

Día de la Salud Mental 2025: La extinción de incendios del verano, la dana, la situación de la sanidad, emergencias y la seguridad hacen mella

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Oct 25 12:50:00 CEST

Un reciente estudio de CSIF ponía de manifiesto que el 76 por ciento de las/os trabajadores de este ámbito (educación, sanidad, justicia, empresas públicas, entre otros) asegura que su salud se resiente por las condiciones laborales y casi la mitad reconoce consumir casi a diario psicofármacos –ansiolíticos, antidepresivos, somníferos—para afrontar la sobrecarga o gestionar el estrés.

Los principales factores son la sobrecarga de trabajo, jornadas largas, falta de reconocimiento profesional, dificultades para conciliar la vida laboral y personal, falta de desconexión digital, estrés emocional, violencia o riesgo, y falta de recursos humanos y materiales.

LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Este año queremos llamar la atención sobre la salud mental de trabajadores y trabajadoras que han realizado labores en la extinción de incendios de este verano, en desastres como la dana, en la sanidad, las prisiones, o en los centros educativos.

Se trata de grandes profesionales, que siempre están dispuestos en las situaciones críticas que afectan a la sociedad española y que se sienten abandonados por el Gobierno y los responsables de las diferentes administraciones y entre otros aspectos, tienen el sueldo congelado desde principios de año y la negociación es mínima, tanto en Función Pública como en el resto de los ámbitos.

En relación a los bomberos y trabajadores de extinción, CSIF denunció este verano su precariedad laboral, los medios insuficientes y condiciones adversas. Asimismo, llamamos la atención sobre las largas jornadas (hasta 17 horas), riesgos para la salud física, deshidratación, condiciones emocionales y estrés psicológico.

CSIF ha recabado testimonios de trabajadores que han visto como todos estos factores han hecho mella sobre su salud mental por las situaciones tan duras, el agotamiento mental, la destrucción o la impotencia y frustración porque muchas veces no podían actuar por la gestión, problemas de coordinación o falta de medios.

También denunciaban sueldos bajos, condiciones contractuales precarias, vacantes sin cubrir, equipamientos deficientes, lo que suma carga extra, incertidumbre o desgaste.

LA DANA

La dana, del 29 de octubre de 2024, hizo que centenares de policías locales y bomberos de toda la Comunidad Valenciana, muchos afiliados a CSIF, trabajaran sin descanso durante más de 36 horas seguidas en rescates, cortes de vías, evacuaciones y auxilio a la población. En total, fueron más de 1.200 efectivos de emergencias entre cuerpos locales, autonómicos y estatales los que participaron en la catástrofe. Aquella noche, marcada por el caos y la falta de medios en algunos municipios, dejó una huella imborrable en quienes se jugaron la vida para proteger a los demás.

Un año después, las secuelas psicológicas siguen presentes. Tanto policías y bomberos han necesitado bajas médicas por ansiedad, insomnio, estrés postraumático o agotamiento. La alerta roja y las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre, despertó los recuerdos del 29 de octubre del 2024.

Por ello, CSIF Comunidad Valenciana exige la puesta en marcha urgente de un plan específico de apoyo psicológico y refuerzo de personal para que contemple atención inmediata tras las emergencias, descansos reales y dotación de medios adecuados. Nuestros compañeros fueron los primeros en salir a la calle; ahora es el momento de que las administraciones salgan en su apoyo y garanticen que su entrega no se convierta en un problema de salud mental.

PRECARIEDAD LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESA PRIVADA

CSIF denuncia que la precariedad, la sobrecarga y las plantillas insuficientes están destruyendo la salud mental de las/os profesionales en España. La salud mental no es un lujo, es una condición vital y para el trabajo digno; y el sufrimiento emocional no debe ser moneda de cambio de la productividad en las empresas.

Desde nuestra organización percibimos una crisis sanitaria creciente (se han disparado las bajas laborales y las incapacidades temporales), con la sanidad pública colapsada, sin medios adecuados para atender la salud mental de las personas afectadas que acuden a los centros de salud.

Ante esta crisis, CSIF exige a las administraciones públicas y a las empresas:

Aprobación de Real Decreto sobre los riesgos psicosociales.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento.
Corresponsabilidad institucional entre empleo, sanidad y educación en el abordaje de la salud mental.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Creación de comisiones específicas de salud mental en el trabajo.
Transparencia de datos: exigimos que en los registros de suicidio nacionales se incluya la profesión del afectado o afectada, para visibilizar las causas laborales.
Planes de prevención de salud mental y conductas suicidas, con la participación real de los delegados de prevención.
Aplicación de Protocolos específicos de vigilancia de la salud mental.
Protocolos eficaces de acoso y violencia.
Evaluaciones psicosociales con perspectiva de género.
Servicios de apoyo psicológico gratuitos, accesibles y confidenciales.
Formación obligatoria en gestión emocional, liderazgo saludable y prevención del acoso.
Protocolos de reincorporación progresiva tras bajas por salud mental.
Garantía de desconexión digital y derecho real al descanso.
Campañas de sensibilización que rompan el estigma y promuevan la cultura del cuidado.

Por eso, este 10 de octubre, CSIF recuerda que “la salud mental también se trabaja”, y que su defensa empieza en los centros de trabajo, con políticas preventivas, recursos reales y un cambio cultural profundo.

Cada día y medio fallece una persona en el trabajo por un problema cardiovascular, exceso de horarios, estrés y problemas de conciliación

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 26 Sep 25 10:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, alerta sobre el preocupante impacto de las enfermedades cardiovasculares en el entorno laboral y exige al Gobierno y a las empresas la implementación de medidas urgentes para proteger la salud de las personas trabajadoras, especialmente en colectivos de mayor riesgo como bomberos, personal de sanidad, fuerzas de seguridad, trabajadores del transporte, construcción, atención al público y empleados públicos en entornos con alta carga de estrés.

Hasta julio de 2025 se registraron 545 accidentes laborales durante la jornada con 153 fallecimientos, lo que supone que cada día y medio falleció una persona en el lugar de trabajo por un problema cardiovascular, según datos recabados por CSIF con motivo de la celebración el próximo 29 de septiembre del Día Mundial del Corazón.

Las principales causas de muerte en el trabajo por este motivo son los infartos y derrames cerebrales. En 2024, se produjeron 983 accidentes laborales durante la jornada laboral debido a estas patologías, siendo 266 mortales, 21 más que el año anterior, lo que representa un aumento del 8,6 por ciento de los accidentes mortales, según datos avanzados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De hecho, el 41,17 por ciento de todas muertes por accidente de trabajo son ocasionadas por enfermedades de origen cardiovascular.

CSIF denuncia que estos datos son la punta del iceberg de un problema estructural ignorado durante años. Condiciones laborales que favorecen el estrés crónico, la falta de pausas, los turnos excesivos, la exposición a temperaturas extremas, la presión asistencial, esfuerzo físico intenso, climas laborales tóxicos y la escasez de personal son caldo de cultivo para cardiopatías laborales que no se visibilizan ni se declaran adecuadamente.

En España se calcula que cada año se producen 30.000 casos de parada cardiorrespiratoria y se estima que la posibilidad de sobrevivir sin secuelas cuando se produce de forma extrahospitalaria se sitúa entre el 5 y el 11 por ciento. En 2024, las enfermedades cardiovasculares fueron la segunda causa de muerte, representando el 26,6 por ciento del total de fallecimientos.

Este próximo 29 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Corazón, CSIF alza su voz para exigir entornos de trabajo cardio seguros y cardiosaludables, entre las reivindicaciones para reducir las cardiopatías destacan:

Incorporar el riesgo cardiovascular como parte esencial en la evaluación de riesgos laborales, teniendo en cuenta los factores psicosociales, físicos y organizativos que afectan al corazón.

Establecer medidas con perspectiva de género.

Revisar los ritmos y cargas de trabajo, especialmente en sectores críticos y garantizar plantillas suficientes que eviten la sobreexposición al estrés.

Ampliación de los reconocimientos médicos laborales periódicos, incluyendo pruebas específicas para valorar la salud cardiovascular y seguimiento preventivo de casos detectados.

Instalación obligatoria de desfibriladores (DEA) en centros de trabajo con alta afluencia, DEA portátiles en vehículos que sean centros de trabajo y personal formado en su uso.

Implantación de programas de salud cardiovascular, con campañas de concienciación, talleres de autocuidado, alimentación saludable y actividad física en el entorno laboral.

Protocolos de actuación rápida ante síntomas de infarto o ictus, y formación a la plantilla en primeros auxilios cardiovasculares.

Jornada laboral saludable: promover horarios que favorezcan la conciliación, el descanso y eviten la cronificación del estrés.
Supervisión y control de temperaturas en centros de trabajo cerrados y vehículos, especialmente en olas de calor, como medida clave para evitar accidentes por golpe de calor o descompensaciones cardíacas.

Además, CSIF está informando a los profesionales sobre la promoción de la salud cardiovascular y las señales de alerta de un infarto o ictus, porque cada latido cuenta. Cada vida perdida por un infarto evitable en el trabajo es una negligencia del sistema preventivo. Es hora de actuar.

CSIF reclama una acción inmediata para prevenir la salud mental y el suicidio en el ámbito laboral

sergio.agrella.galvan — Wed, 10 Sep 25 09:33:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con creciente presencia en el sector privado, alza la voz en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el próximo 10 de septiembre, para visibilizar una realidad silenciada: el suicidio, una de las principales causas de mortalidad en España, está vinculado en muchos casos al entorno laboral. Hemos comenzado el mes con los suicidios de tres policías nacionales, el mismo lunes 1 de septiembre, muestra de cómo las condiciones laborales y carga emocional influye en profesiones con mayor riesgo.

En este sentido, CSIF reclama medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6% menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias. Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

Por ello, CSIF exige:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

CSIF valora el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, pero criticamos su escaso enfoque en el ámbito laboral y la limitada implicación de los agentes sociales.

Por ello, reclamamos participar en la mesa de seguimiento, mayor presupuesto, coordinación con mutuas, Inspección de Trabajo, Sanidad y Justicia, y la integración de la prevención del suicidio en las políticas de riesgos laborales. La salud mental es un derecho, no un privilegio.

CSIF hace un llamamiento a empresas, administraciones y sociedad para trabajar en red, ofrecer el apoyo necesario y construir entornos laborales que protejan la vida. Prevenir el suicidio es también una responsabilidad laboral.

EL GOBIERNO RECOGE LA PROPUESTA DE CSIF E IMPULSA POR FIN NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN LA SALUD MENTAL

dario.carrasquilla.de-la-torre — Tue, 08 Jul 25 07:00:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesResponsabilidad SocialCanarias - Administración de Justicia Image

Desde CSIF valoramos positivamente que el Ministerio de Sanidad haya dado un paso adelante para abordar una realidad que llevamos años denunciando: el impacto del trabajo en la salud mental. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de nuestro sindicato, que lleva años reclamando actuaciones concretas para proteger a las personas trabajadoras.

Este avance llega tarde, tras años en los que la salud mental relacionada con el trabajo ha sido ignorada o minimizada. Solo en 2024 se registraron más de 640.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, una cifra alarmante que refleja el deterioro de las condiciones laborales. Detrás de estos datos hay personas que sufren ansiedad, insomnio o agotamiento crónico, muchas veces como consecuencia directa de entornos laborales inadecuados o marcados por la precariedad.

Durante todo este tiempo, desde CSIF hemos advertido reiteradamente sobre este problema en diferentes foros y ante diversas administraciones, insistiendo en la necesidad de un abordaje estructural y no meramente paliativo. No podemos seguir permitiendo que estos trastornos no sean reconocidos como contingencias profesionales. El silencio institucional ha dejado desprotegidas a miles de personas trabajadoras, impidiendo una prevención eficaz.

El reciente informe presentado por el Ministerio recoge una línea de trabajo que integra una visión clínica y epidemiológica para avanzar hacia una respuesta más adecuada. Por un lado, contempla la necesidad de que los profesionales de la salud incorporen en sus evaluaciones preguntas relacionadas con el contexto laboral, y por otro, permite recabar datos clave que sustenten políticas públicas más eficaces.

Desde CSIF consideramos que esta orientación es un paso importante para identificar el origen del malestar psíquico vinculado al trabajo y evitar que más personas enfermen. La propuesta de incluir un código específico dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) puede ser clave para visibilizar esta problemática y avanzar en su reconocimiento y tratamiento.

Por fin, el Gobierno escucha nuestras reivindicaciones para mejorar la salud mental de los trabajadores. En este sentido, insistimos en la necesidad de mecanismos de coordinación interdisciplinar entre atención primaria y especializada, salud mental, mutuas y servicios de prevención, con el fin de ofrecer una red de apoyo sociosanitaria profesional y efectiva.

Solo una estrategia integral y bien articulada podrá ofrecer una respuesta eficaz y duradera. La salud mental no puede abordarse de forma aislada; requiere formación especializada, coordinación entre servicios y recursos suficientes.

No basta con tratar los síntomas.
Es necesario actuar sobre las causas estructurales que los generan. De nada sirve una intervención clínica si las personas regresan a entornos laborales que perpetúan el malestar. El trabajo debe ser un espacio de desarrollo y dignidad, no una fuente de daño a la salud mental. Cuando existen condiciones precarias, exigencias excesivas, ausencia de apoyo, sobrecarga, inestabilidad laboral, salarios insuficientes o relaciones laborales tóxicas, el empleo se convierte en un foco de enfermedad.

Desde CSIF consideramos imprescindible acompañar este enfoque con medidas concretas. Reclamamos al Gobierno:

Un aumento del presupuesto destinado a salud mental y refuerzo de plantillas, especialmente en Atención Primaria y Especializada.
Incremento de plazas en la especialidad de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo.
Formación específica para los profesionales sanitarios en la detección del malestar de origen laboral.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el síndrome de burnout y otros trastornos mentales.
Reconocimiento de los trastornos mentales como contingencias profesionales.

Además, en las empresas y administraciones es urgente implementar acciones dirigidas a reducir el impacto del trabajo en la salud mental:

Programas gratuitos de apoyo psicológico en los centros de trabajo.
Refuerzo de los servicios de prevención para una gestión psicosocial eficaz.
Formación en gestión emocional y campañas contra el estigma de la salud mental.
Protocolos eficaces contra el acoso, la discriminación y la violencia laboral.
Políticas de rehabilitación y retorno progresivo al puesto de trabajo.

Desde CSIF consideramos que estas líneas recogidas en el informe suponen un primer paso en la dirección correcta. Estaremos vigilantes de su desarrollo y aplicación. Es fundamental que todo avance se implemente con garantías, dotando al sistema sanitario de los recursos y la formación necesarios para una intervención eficaz.

Seguiremos trabajando para que estas propuestas se traduzcan en un cambio profundo en la forma de concebir la salud laboral en nuestro país. Porque cuidar la salud mental no es solo una responsabilidad sanitaria: es una cuestión de derechos laborales.

Y en eso, desde CSIF, no vamos a dar un paso atrás.