Canarias - Administración de Justicia

La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

emma.alvarez.bande — Thu, 25 Sep 25 10:58:00 CEST

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La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

¿Qué es la carrera profesional?

La carrera profesional no es más que la trayectoria a lo largo de la vida laboral de una persona, que implica un camino de aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades y competencias, adquisición de experiencia y progreso hacia metas profesionales y el compromiso, en nuestro caso, con la mejora en la prestación del servicio público de Justicia.

La participación en el sistema de carrera profesional debe ser voluntaria.

A diferencia de otros complementos, la carrera profesional está ligada a la persona, a su trayectoria profesional individual y no al puesto de trabajo y sus características (complemento específico), al cuerpo al que se pertenece (sueldo base), a las funciones que tiene atribuidas con carácter general (complemento general del puesto) o al mero paso del tiempo (trienios).

¿Qué tipos de carrera profesional existen?

Fundamentalmente existen dos tipos de carrera profesional: vertical y horizontal.

La carrera vertical implica un ascenso a una estructura de puestos de trabajo superior, lo cual requiere cambiar de puesto para obtener un mayor nivel jerárquico o responsabilidad. Dentro de este tipo de carrera se incluye la promoción interna o la obtención de puestos de jefatura que existan en las relaciones de puestos de trabajo a través de los concursos específicos.

La carrera horizontal se basa en la progresión dentro del mismo puesto de trabajo o categoría profesional, lograda mediante la adquisición de nuevas habilidades y competencias, o la valoración de la experiencia y el desempeño, resultando en un reconocimiento económico o de grado sin necesidad de cambiar de puesto.

En definitiva, la carrera horizontal permite mejorar las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto o promocionar.

¿Cuál es el marco jurídico de la carrera profesional horizontal en Justicia?

La carrera profesional horizontal está reconocida como derecho para los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos generales y Cuerpos especiales en el artículo 495.1 c) de la LOPJ.

Como concepto retributivo se incluyó en la redacción de los artículos 447.3 letra e), 516.A). 1º letra c) y 519.3 del mismo texto legal en la reforma de esta ley orgánica en diciembre de 2018. Esta reforma fue aprobada en Cortes Generales vía enmienda en el Senado, tras una masiva manifestación en Madrid.

La negociación de la carrera profesional es una reivindicación histórica que formaba parte de la plataforma reivindicativa de la huelga de 2023 y es uno de los compromisos del acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF.

Además, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se establecen criterios generales para la implantación y desarrollo de la carrera profesional horizontal en la Función Pública. En este caso, la normativa de función pública tiene carácter supletorio respecto de la LOPJ y el resto de normativa propia que regula el estatuto jurídico del personal de Justicia.

¿Qué dice la LOPJ sobre la carrera profesional horizontal?

Además de establecer que la carrera profesional es un derecho conforme a lo que hemos dicho en el apartado anterior, en la LOPJ se configura como una retribución complementaria fija.

Por otro lado, el artículo 519.3 de la LOPJ dice que:

“Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus servicios”.

Es este Real Decreto el que se está negociando en estos momentos gracias al acuerdo de 8 de enero de 2025.

La razón de la exigencia de este Real Decreto es que se trata de un concepto retributivo personal ligado a su trayectoria profesional individual y, en consecuencia, debe garantizarse el acceso al derecho a su reconocimiento con independencia de dónde esté destinado el funcionario/a.

¿Cómo se desarrolla la carrera profesional horizontal?

La carrera profesional horizontal se desarrolla a través de la progresión en grados de carrera profesional (GCP) cuya consolidación se consigue mediante el cumplimiento de una serie de factores u objetivos previamente establecidos y agrupados en tres áreas:

La trayectoria profesional que no es otra cosa que prestación de servicios durante un tiempo mínimo en un cuerpo determinado.

La participación en iniciativas de formación.

- El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación relacionadas con la actividad laboral. (formación procesal, informática etc…)

- La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias para las funciones desarrolladas en determinados puestos de trabajo (por ejemplo, habilidades en gestión de equipos o liderazgo)

El resultado de la evaluación del desempeño puede tener efectos en la carrera profesional.

¿Cuántos grados de carrera profesional existen y cuál es el tiempo mínimo de prestación de servicios para consolidar cada grado?

No hay una regla fija. Como orientación, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023 mencionado anteriormente, establece cuatro grados de carrera profesional. Para la consolidación del primero se establecen cinco años y para los siguientes, seis años para cada uno.

Es decir, conforme a ese artículo el grado de carrera profesional 4 se obtendría con 23 años de prestación de servicios.

CSIF propone una carrera en cuatro grados, pero con cinco años de servicios prestados en cada uno de ellos. Es decir, 20 años para acceder al cuarto grado de carrera.

En relación con el encuadramiento inicial del personal en el sistema de carrera, tampoco hay regla a seguir. CSIF ha manifestado que, en atención a la experiencia acumulada y con el fin de permitir el acceso al sistema de carrera al personal con más tiempo de servicios prestados debe realizarse un encuadramiento automático en función del tiempo de servicios prestados que se acredite a la entrada en vigor de la carrera en cada ámbito. No obstante, se trata de una cuestión que está abierta.

¿Cómo se consolida un grado y se accede al siguiente?

La consolidación de grado de carrera profesional se solicita a la administración por el interesado una vez cumplido el tiempo mínimo de permanencia establecido.

No obstante, la consolidación de grado sólo se producirá si se acredita haber superado el itinerario formativo y la evaluación de desempeño en la forma que normativamente se establezca.

Es decir, hay que cumplir con el tiempo de prestación de servicios que se establezca para consolidar el grado y, en ese tiempo, haber realizado el itinerario formativo y superada la evaluación que se establezca previamente.

¿Cómo se retribuye cada uno de los grados de carrera profesional?

Con la reforma de 2018, en la Administración de Justicia existe un concepto retributivo complementario fijo (como lo son el complemento general del puesto o el complemento específico) que se denomina complemento de carrera profesional.

No existe regla alguna de cómo se retribuye cada grado de carrera profesional. En unos casos se establece una cuantía progresiva para cada cuerpo y creciente conforme se asciende para cada grado de carrera, en otros casos se fija como un porcentaje creciente del sueldo base conforme se asciende para cada grado de carrera.

Esta última forma de retribución es la que propone CSIF para el personal de la Administración de Justicia con un arco que va del 20% del sueldo base para el Grado I; 35% Grado II; 55% Grado III y 75% del sueldo base para el Grado IV.

¿Qué situaciones administrativas se tienen en cuenta a la hora de la participación en la carrera profesional?

En principio se computa el tiempo de servicios prestados en situación de servicio activo (incluyendo, por tanto, situaciones de baja médica, permisos o vacaciones). No obstante, en atención a circunstancias particulares se puede computar el tiempo en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género, por razón de violencia terrorista o, en general, cualquier situación que dé lugar a reserva de puesto de trabajo y/o en el que se compute antigüedad.

En general, se consolida el grado en el cuerpo al que se pertenezca en el momento en el que se tenga derecho a esa consolidación.

CSIF ha propuesto que, en los casos de promoción interna, en el caso de que se promocione antes de consolidar un grado, el tiempo transcurrido en el cuerpo de inferior titulación se computará a efectos de consolidar el grado en el nuevo cuerpo. Lo mismo cabría considerar en el caso de la sustitución de Letrado por gestor si se tiene derecho a consolidar grado estando de LAJ sustituto.

¿Quién establece los criterios y requisitos para superar el itinerario formativo y la evaluación del desempeño?

El itinerario formativo, los cursos que se pueden acreditar para cumplir con los objetivos formativos que se establezcan en cada grado, la valoración en la evaluación del desempeño y demás criterios y requisitos deben publicarse con carácter previo a la consolidación del grado.

CSIF ha propuesto que la valoración que permita acceder a la consolidación del grado debe ser objetiva, es decir, exclusivamente sobre circunstancias medibles objetivamente.

Lo más común es que sea una Comisión de carrera profesional la que se encargue de fijar dichos itinerarios, requisitos y realizar la valoración de los requisitos y méritos realizados y acreditados. CSIF ha propuesto que esta comisión sea paritaria administración-sindicatos.

En nombre del Consejo Sindical de CSIF Canarias queremos agradecer por su labor a los servicios de emergencia tras la borrasca Therese

sergio.agrella.galvan — Thu, 26 Mar 26 13:50:00 CET

En nombre del CONSEJO SINDICAL DE CSIF CANARIAS, queremos agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, UME, Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (bomberos), Policía Autonómica y Policías Locales, personal Sanitario, Protección Civil, Servicios de Mantenimiento y a todas aquellas personas que han intervenido y siguen trabajando para restablecer la normalidad por los daños causados por el paso de la terrible borrasca, Therese, que nos ha afectado estos últimos días.

Lamentamos profundamente los daños materiales causados por dicho fenómeno a la población pero, nos alegramos al mismo tiempo, de no haber tenido que lamentar daños personales hasta el momento. Agradecer también a la ciudadanía de Canarias por el comportamiento ejemplar que han tenido, respetando en todo momento las alertas lanzadas por el Gobierno de Canarias y mostrando, una vez más, la solidaridad que distingue al Pueblo Canario cuando le toca lidiar con fatales adversidades como esta.

CSIF exige medidas urgentes para encauzar la grave situación que atraviesan los Tribunales de instancia

javier.jordan-de-urries.sagarna — Fri, 13 Mar 26 10:09:00 CET

En las jornadas de trabajo, que fueron inauguradas por el Secretario de Estado de Justicia Manuel Olmedo, han participado ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como Alejandro Asensio, presidente de la asociación PROLAJ, María Jesús Moro (portavoz del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados), Aitor Cubo (Director General de Transformación Digital del Ministerio, Alejandra Alonso (Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid), Salvador González (Presidente del Consejo General de la Abogacía española).

A todos ellos, CSIF ha trasladado el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Más allá de la opinión que se tenga del modelo la conclusión final es que la ley de eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de presupuestos.

Como conclusión de las jornadas, CSIF se reafirma en la necesidad de que las administraciones tomen medidas en relación con los siguientes aspectos.

Puesta en marcha de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de lo servicios, áreas y equipos. Mandar no es sólo “dar órdenes” y cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas con la puesta en marcha de planes presenciales y on-line de apoyo a la tramitación. CSIF volvió a insistir en la necesidad de programas de formación presencial “online” e “in situ”, así como planes formativos conjuntos de Letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo sin superioridades morales de ningún tipo.

Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. En este aspecto la situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

Revisión de las relaciones de puestos de trabajo en dos sentidos: incremento de plantillas pues la justicia no sólo puede vivir de anuncios mediáticos de incremento de plazas judiciales o fiscales. En segundo lugar, profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación. A estas alturas, que haya que seguir explicando que la materia concursal o la vigilancia penitenciaria no tienen nada que ver con la tramitación de cualquier otro procedimiento da vergüenza ajena.

Revisión de los protocolos de actuación con participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras y sin las generalidades que nos estamos encontrando en su redacción.

Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas del artículo 439 LOPJ en todas las administraciones prestacionales.

Puesta en marcha del modelo de carrera profesional cuyo Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y que es una de las claves de la gestión del cambio.

Finalmente, es imprescindible una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia y ahí está la Comisión de calidad prevista en la LOPJ y, finalmente, es esencial que, haya presupuestos cuanto antes y que la partida de Justicia se incremente cuando los haya.

Las reformas no acaban aquí: CSIF reclama, además, la necesidad de revisar la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito, la modernización de los planes de actuación y de la productividad porque mutualizar los atascos no puede perjudicar a los que mejor trabajan y la revisión del sistema de guardias.
La reforma del modelo organizativo no servirá de nada si no se procede a la revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo.

CSIF SE MANIFIESTA EN TODA ESPAÑA EN DEFENSA DE MUFACE Y LA MEJORA DE CONDICIONES LABORALES DEL CONJUNTO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

sergio.agrella.galvan — Fri, 14 Feb 25 10:43:00 CET

La noticia en la prensa:

canarias7.es - "Los funcionarios exigen una subida automática cada año de sus sueldos como las pensiones"
laprovincia.es - "CSIF se manifiesta en defensa de Muface y la mejora de condiciones laborales de funcionarios"
rtvc.es - "Los funcionarios públicos piden una solución para Muface"

Canarios afectados por la crisis de Muface y funcionarios públicos se concentran en las Islas#TN1Canarias

Más información en https://t.co/kODGGfWHUA pic.twitter.com/yXjnLTL21w
— Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) February 13, 2025

CSIF reclama recuperar las medidas laborales de la Pandemia ante la DANA y actúa de enlace con las ONGs para enviar ayuda a Valencia

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 04 Nov 24 14:12:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reitera todo su apoyo y solidaridad a las personas allegadas a las víctimas y en general a todos los afectados por los efectos devastadores de la DANA en diferentes puntos de España, en especial en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía, donde hay que lamentar más de doscientas víctimas.

Ante esta situación, concretamente en Valencia, CSIF se ha puesto a disposición de la ciudadanía valenciana y todo el personal sanitario y de emergencias del sindicato se ha incorporado a su puesto de trabajo a las órdenes de las direcciones de los diferentes centros.

Además, nuestra organización va a llevar a cabo las siguientes iniciativas:

Actuaremos de enlace con las organizaciones no gubernamentales e instituciones que están colaborando en la red de recogida de material de necesidad y alimentos para facilitar las tareas de coordinación con la Comunidad Valenciana.
Activaremos un servicio de atención a trabajadores y en general afectados por la DANA para informarles sobre sus derechos y medidas de protección social, laboral y para el cobro de seguros que se pueden adoptar en estos momentos de emergencia.
En este sentido, desde CSIF trasladamos al Gobierno la necesidad de reactivar las medidas excepcionales en el ámbito laboral que se pusieron en marcha durante la pandemia para proteger a los trabajadores afectados y que se hayan visto obligados a interrumpir su actividad laboral; medidas de conciliación y de prevención laboral para las personas que trabajan en las tareas humanitarias y de emergencia, medidas en materia económica y fiscal.

Estas son las medidas propuestas:

Medidas para garantizar la seguridad de las personas y la conciliación:

Asegurar alojamiento a los vecinos que no pueden recurrir a una alternativa habitacional, por la pérdida o deterioro grave de sus domicilios, mediante la puesta a disposición de los afectados del parque de viviendas de titularidad pública y habilitación de los espacios necesarios.
Medidas para garantizar el avituallamiento global de todas las personas afectadas, mediante el suministro de agua, productos de carácter básico y alimentos.
Garantizar el reparto y suministro de medicamentos.
Llevar a cabo todos los trabajos de limpieza, desescombro y retirada de vehículos, maleza y objetos, al objeto de garantizar la accesibilidad de los afectados a sus domicilios y servicios públicos.
Potenciar las acciones encaminadas al restablecimiento de los servicios de suministro de energía y/o instalación de generadores, donde sea necesario.
Despliegue de los efectivos del ejército, que sean necesario, así como de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Dotar a los trabajadores de los equipos, vehículos, medidas de protección y recursos necesarios para llevar a cabo las intervenciones de emergencia de rescate y limpieza.
Agilización de los trámites y resolución de los expedientes para las concesiones de ayudas, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.
Permisos retribuidos para atender daños en las viviendas.
Recuperación de los días de permiso retribuido recuperable, de al menos cinco días.
Flexibilidad horaria para gestiones administrativas relacionadas con la catástrofe.
Aplicación de la modalidad de teletrabajo hasta que se reestablezca la normalidad.

Medidas en materia económica

Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios
Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
Líneas de crédito especiales para empresas y trabajadores autónomos afectados.
Ayuda para el transporte si el trabajador debe desplazarse a su centro de trabajo.

Medidas en materia fiscal:

Exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al presente ejercicio presupuestario que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, prorrogable a los siguientes ejercicios.
Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al presente ejercicio presupuestario, a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales, cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados, prorrogable a los siguientes ejercicios.
Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los ordinales anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.
Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción
Las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se acuerde una reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

En materia Laboral y de Seguridad Social:

Que todas las lesiones y fallecimientos ocasionados por la DANA ocurridos durante la jornada laboral y en el desplazamiento a su centro de trabajo se declaren como accidente de trabajo.
Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma se considerarán provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos. En el supuesto que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo estatal podrá autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las emergencias, no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.
Para las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social se acuerde una moratoria de hasta, al menos, un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.
Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los ordinales anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y costas correspondientes, en los términos legalmente previstos. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquélla en la forma que legalmente proceda.
Que el desempleo consumido en los ERTES de fuerza mayor temporal no reste al cómputo general de las personas trabajadoras que se acojan a esta figura.
Prohibición del despido por motivo o causa directa o indirecta de la DANA.

INFORME DE SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VALENCIA

Por otra parte, la situación de los servicios públicos en Valencia, provincia más afectada por las inundaciones, sigue siendo caótica, con imposibilidad de acceso a numerosos edificios públicos de la administración autonómica, centros educativos cerrados, juzgados paralizados, y los trabajadores de la Administración General del Estado (SEPE, Seguridad Social, entre otros teletrabajando) para garantizar el funcionamiento de las prestaciones a los ciudadanos. Además, las carreteras continúan con circulación cortada o restringida y siguen sin funcionar MetroValencia ni las Cercanías de Renfe.

En el ámbito sanitario hay 54 centros afectados y 12 completamente devastados que no pueden desarrollar la actividad. Las localidades afectadas tienen un punto de asistencia urgente reorganizando la atención programada en centros de salud cercanos. Se han puesto en marcha líneas de autobuses para garantizar la llegada del personal sanitario y todos los pueblos tienen puntos de atención sanitaria urgente.

En la educación destacamos la respuesta organizada a través de comités de emergencia formados por directivos, docentes, personal de mantenimiento y representantes de las familias. Además desde nuestra organización se han propuesto grupos de apoyo psicológico para ayudar tanto a estudiantes como a personal educativo que han sufrido el impacto emocional de esta situación.

En Instituciones Penitenciarias también se ha reclamado un refuerzo específico y de reorganización de turnos (con guardia de 24 horas y una jornada de descanso) teniendo en cuenta que los relevos de personal se demoran por la dificultad de los accesos a las prisiones.

Desde CSIF reclamamos apoyo para nuestros servicios básicos y agradecemos el esfuerzo de todos/as nuestros servidores públicos. La labor que están haciendo es encomiable en esta catástrofe, en muchos casos jugándose sus vidas. Su trabajo y sacrificio es impagable. Los empleados públicos siempre actúan con responsabilidad, profesionalidad y arrojo en momentos difíciles, como en esta ocasión y es justo reconocerlo.

CSIF transmite su apoyo de solidaridad a las víctimas y afectados por la DANA y ofrece personal y delegados del sindicato en las zonas afectadas

maria-dolores.gomez.martinez — Wed, 30 Oct 24 09:59:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, transmite todo su apoyo y solidaridad a las personas allegadas a las víctimas y en general a todas las personas afectadas por los efectos devastadores de la DANA en diferentes puntos de España, en especial en zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía, donde hay que lamentar más de un centenar de víctimas.

La situación de los servicios públicos en Valencia, provincia más afectada por las inundaciones, es caótica: la Justicia está cerrada al 50%, personal de la Administración del Estado se encuentra teletrabajando con sus oficinas están destrozadas, y centros de salud acusan la falta de luz y de agua, con los medicamentos echándose a perder. En la Ribera hay personas que han trabajado más de 24 horas sin poder volver a sus casas, cubriendo turnos de compañeros que no han podido acudir a sus puestos de trabajo por los destrozos causados por la DANA.

Desde CSIF nos sumamos al luto nacional en estos trágicos momentos por las víctimas de la DANA y nos unimos al pésame por las personas fallecidas. Trabajadores del sindicato han guardado un minuto de silencio, especialmente en las provincias más afectadas por el temporal.

Nuestra organización pone en valor el trabajo heroico desempeñado por el personal de los servicios de Emergencias, Bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UME en las labores de coordinación y rescate, en ocasiones jugándose su propia vida.

Los empleados públicos, siempre actúan con responsabilidad, profesionalidad y arrojo en momentos difíciles, como en esta ocasión y es justo reconocerlo. Desde nuestra organización, se ha puesto a disposición de las autoridades al personal del sindicato y delegados sindicales para colaborar en lo que sea necesario en las zonas afectadas, aportando su experiencia profesional.

En la provincia de Valencia, el presidente de CSIF en la Comunitat Valenciana, Rafael Cantó ha expresado “en estos momentos, especialmente complicados y dolorosos, nuestro apoyo tanto a los profesionales que están interviniendo en las zonas más damnificadas por los efectos del temporal como a los ciudadanos afectados por este desastre meteorológico”.

Desde CSIF seguiremos muy atentos a la evolución de la DANA en otros puntos de España, especialmente en Castellón y algunas zonas de Cataluña, donde se ha decretado la alerta roja por inclemencias meteorológicas.

CSIF denuncia la elevada estigmatización de los trabajadores con enfermedades de salud mental, la escasa inversión en los servicios públicos de salud y exige más recursos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 08 Oct 24 20:42:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Salud Mental este jueves 10 de octubre, bajo el lema “Derrumbando estigmas de salud mental en el ámbito laboral”. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de sensibilización y denuncia de la elevada estigmatización de las personas trabajadoras con enfermedades de salud mental y de la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental en los servicios públicos de salud, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

Además, advertimos de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

España cuenta con una media de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a la media europea (18 psicólogos por cada 100.000 habitantes). Por su parte, el número de psiquiatras en la sanidad pública también es limitado, lo que agrava el problema de una atención insuficiente.

El estigma de la salud mental en el trabajo consiste en que se tenga que ocultar en el ámbito laboral los problemas de salud mental por miedo a ser despedidos, discriminados, acosados o que pueda afectar a su carrera profesional. Supone un perjuicio grande para las organizaciones, puesto que es un indicador del clima laboral. Los profesionales no perciben que la empresa sea un lugar seguro donde poder expresar abiertamente que se tiene un problema de salud, influya o no en su rendimiento.

En España, alrededor del 19% de la población sufre alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Según datos del Ministerio de Sanidad y otras fuentes, se estima que una de cada cinco personas experimenta algún tipo de trastorno mental, como la depresión, la ansiedad o trastornos más graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En 2023, España alcanzó un récord histórico en bajas laborales por problemas psicológicos, registrando casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. Este número aumentó un 13,6% respecto al año anterior y es más del doble en comparación con las cifras de hace siete años. Estos trastornos representan aproximadamente el 8,2% del total de bajas laborales del país.

Las causas principales de estos problemas están vinculadas al estrés laboral, la precariedad en el empleo, la sobrecarga de trabajo y la dificultad para conciliar. En España, el coste asociado a las bajas por problemas psicológicos se proyecta en más de 30.000 millones de euros en 2023, lo que supone más de dos puntos del PIB del país.

Rara vez una baja psicológica se reconoce como accidente de trabajo, la gestión psicosocial sigue siendo teniendo muchas carencias y falta apoyo psicológico a los profesionales. Los costes de salud mental relacionados con el absentismo superan a los derivados de cualquier otro tipo de enfermedad.

En España, las cifras de suicidios son alarmantes año tras año; en 2023, según los datos provisionales del INE, se suicidaron 3.952 personas, siendo 2.952 hombres y 1.000 mujeres. Respecto a 2022 ha habido un ligero descenso de 6,5% pero las cifras reflejan que la gestión de la salud mental en España sigue siendo deficiente, ya que fallecen una media de 11 personas al día.

Ante esta crisis sanitaria en salud mental, CSIF considera urgente abordar también en el ámbito laboral los desafíos para el bienestar de los/las empleados/as, la salud mental en el trabajo y la prevención del suicidio. Así, la detección precoz de problemas psicológicos no solo sería desde los servicios de atención primaria y salud mental sino también desde Salud laboral. De esta manera, se debe constituir una red de apoyo profesional eficaz que haga una atención integral y de calidad. Consideramos que es prioritario también reforzar los servicios públicos de salud, como hemos solicitado a la ministra de Sanidad.

En nuestro Gabinete CSIF ayuda cada vez son más los casos que solicitan apoyo psicológico por su situación laboral.

Para conocer más datos sobre promoción de salud y el bienestar laboral, CSIF ha lanzado la encuesta “¿Cómo te sientes?” para valorar la situación de los profesionales respecto a las medidas de promoción de la salud y bienestar laboral en las administraciones y empresas.

CSIF reclama una acción urgente al Gobierno para gestionar esta crisis sanitaria en salud mental e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito laboral:

Dotar de mayor presupuesto a los Servicios Públicos de Salud para aumentar la cartera de profesionales de salud mental.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’), trastornos mentales y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, en línea con la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
Planes de promoción salud, bienestar laboral y prevención de conductas suicidas.
Políticas de rehabilitación y retorno al trabajo tras bajas de larga duración.
Programas de apoyo psicológico al empleado.
Programas de psicoeducación: gestión emocional, gestión de salud mental, etc.
Campañas de sensibilización para reducir la estigmatización, concientización sobre la salud mental y promover una cultura compasiva e inclusiva.
Protocolos eficaces de prevención del acoso, discriminación y la violencia.
Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Incluir el criterio de la “profesión” en los registros de suicidios consumados, tanto nacionales como autonómicos.

COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

sergio.agrella.galvan — Mon, 29 Jul 24 12:23:00 CEST

A la vista del contenido del requerimiento a la Administración por parte de la INSPECCIÓN DE TRABAJO, de fecha 23 de julio pasado, en virtud de la denuncia presentada ante dicho órgano, se han detectado las siguientes deficiencias:

El centro de trabajo carece de evaluación de riesgos por exposición a agentes biológicos. En la evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo se identifica la exposición de riesgos de carácter biológico habida cuenta de las características de la actividad que se desarrolla en el instituto. De hecho, la evaluación de riesgos laborales elaborada en el año 2014 dispone “Durante las necropsias, en las SALAS DE AUTOPSIAS, existe la probabilidad de la presencia de agentes infecciosos por vía aérea (TBC), en cuya zona se deberán cumplir con las medidas correspondientes a nivel de contención 3” (previsión ésta que se reitera en el informe de evaluación de riesgos laborales elaborado en el año 2023). Según las comprobaciones efectuadas en el curso de la última visita y de las declaraciones de los entrevistados, se desprende que existe riesgo potencial de exposición a agentes biológicos de nivel 4 según la clasificación contenida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Los trabajadores manipulan formaldehido en la realización de sus actividades de autopsia, análisis y conservación de material biológico; ya en la evaluación de riesgos de 2014, y se reitera en la evaluación de riesgos elaborada en el año 2023, se identifica el riesgo de exposición a agentes químicos por manipulación frecuente de esta sustancia en el desarrollo de la actividad laboral. No existe evaluación específica de riesgos por exposición a agentes químicos ni cancerígenos, ni mediciones que concreten la concentración de los mencionados agentes a los efectos de valorar la necesidad de su realización.
La realización de los desplazamientos de los cadáveres se realiza de manera manual desde la ubicación en las salas de refrigeración hasta los carros y, finalmente a las mesas de autopsia. Se cuenta con un sistema hidráulico para su desplazamiento vertical desde las bandejas en las que se encuentran almacenados en la sala de refrigeración, pero desde esa bandeja, hasta el carro y después hasta la mesa de autopsias, se realiza la manipulación por los técnicos que asisten a los médicos forenses, sin que exista ningún medio de mecanización de la carga tal, como grúa u otro mecanismo equivalente.
Se comprueba que la puerta de la cámara de refrigeración para situaciones catastróficas no cierra adecuadamente, existiendo zonas en que no se garantiza el sellado en condiciones adecuadas que permitan la conservación de los cadáveres y la contención del eventual riesgo biológico.
Se comprueba igualmente que la puerta de acceso a la sala de autopsias no cierra adecuadamente, existiendo una grieta de apertura que impide un adecuado sellado de la sala y el correcto funcionamiento del sistema de presión negativa.
Según se manifiesta a la Inspección, el drenaje de las mesas de autopsias no funciona correctamente provocándose encharcamientos y acumulación de restos que no son absorbidos por el sistema de drenaje.
Según se manifiesta se ha producido un intercambio de información con las empresas concurrentes en el centro de trabajo (seguridad y limpieza) no obstante, no se han mantenido reuniones de coordinación a los efectos de ahondar en las cuestiones relacionadas con los riesgos que pueden afectar a los trabajadores afectados por la exposición a los agentes y condiciones de trabajo existentes en el centro.
El centro de trabajo no cuenta con Recurso Preventivo designado a los efectos previstos por el artículo 32.bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Existen numerosas medidas preventivas planificadas tanto como consecuencia del informe de evaluación de riesgos del año 2014 como del año 2023, que no han sido objeto de adopción por la empresa, o que habiéndolo sido, no cuentan con un sistema de gestión preventiva que permita mantener su adecuado cumplimiento.
No existe un protocolo específico de vigilancia de la salud de los trabajadores acorde a los riesgos a los que se encuentran expuestos en su puesto de trabajo.

Consecuentemente con lo anterior se emite requerimiento de subsanación de deficiencias conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, del siguiente tenor:

“1. Proceder a la realización de una evaluación de riesgos biológicos conforme a las disposiciones, el alcance y contenido del el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como a la adopción de las medidas preventivas contenidas en el mismo y en el informe de evaluación de riesgos y la planificación preventiva realizada por la empresa, en los plazos propuestos por el técnico de prevención.

2. Proceder a la realización de una evaluación de riesgos biológicos conforme a las disposiciones, el alcance y contenido del el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo así como a la adopción de las medidas preventivas contenidas en el mismo y en el informe de evaluación de riesgos y la planificación preventiva realizada por la empresa, en los plazos propuestos por el técnico de prevención.

3. Proceder a la realización de una evaluación de riesgos biológicos conforme a las disposiciones, el alcance y contenido del el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, así como a la adopción de las medidas preventivas contenidas en el mismo y en el informe de evaluación de riesgos y la planificación preventiva realizada por la empresa, en los plazos propuestos por el técnico de prevención. Mediante la mecanización de las cargas que deban realizarse conforme a las obligaciones del empresario contenidas en el artículo 3 del mencionado Real Decreto.

4. Garantizar una adecuada coordinación de las actividades preventivas con las empresas (externas) cuyos trabajadores presten servicios de manera concurrente con los trabajadores de la empresa principal mediante los medios de coordinación previstos en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Garantizar que los equipos de trabajo cumplen las previsiones contenidas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, a tal fin realizar un mantenimiento adecuado de las cámaras frigoríficas, de los carros, camas y mesas de trabajo conforme a las indicaciones del fabricante.

6. Reparar los defectos de las puertas, tanto de la sala de autopsias como de las cámaras frigoríficas, y los sistemas de drenaje de las mesas de autopsias de tal manera que se garantice un adecuado funcionamiento de los mismos, a fin de evitar los riesgos derivados de los defectos detectados.

7. Garantizar que los protocolos de la vigilancia de la salud de los trabajadores son adecuados a los riesgos inherentes a los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores afectados.

8. Garantizar que la señalización de los riesgos de los lugares de trabajo cumple las previsiones contenidas en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

9. Dadas las condiciones de trabajo detectadas se requiere que se proceda a la designación de un recurso preventivo conforme a las previsiones contenidas en el artículo 32.bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el 22.bis del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

10. Adoptar las medidas correctoras propuestas por el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en los plazos propuestos en los informes de planificación de la actividad preventiva realizados para el centro de trabajo inspeccionado.

A fin de determinar los plazos para el cumplimiento de los puntos contenidos en el presente requerimiento se requiere que se realice un cronograma de su cumplimiento con la participación del Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y la presencia de los profesionales que trabajan en el servicio, a los efectos de valorar la prioridad de cada una de las medidas requeridas en el presente requerimiento y en los documentos de evaluación de riesgos laborales, y las planificaciones preventivas existentes y que se elaboren como consecuencia de las evaluaciones específicas requeridas.

Dicha reunión deberá producirse en el plazo de un mes a contar desde la recepción del presente requerimiento y se deberá dar cuenta a este actuante, tanto de la fecha de su celebración cuando sea conocida, como del resultado de la misma, a los efectos de poder realizar una actividad de seguimiento de las medidas a adoptar.

Lo que se demuestra que el Comité de Huelga tenía razón de las irregularidades denunciadas ante la Inspección de Trabajo, demostrando la pasividad y la falta de interés por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia -dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias-, en velar por la seguridad y Salud Laboral de los trabajadores que prestan servicio en el IMLCF de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2024.

PERSONAS DE CONTACTO, MIEMBROS DEL COMITÉ DE HUELGA:

Desirée Guevara Núñez (CCOO) – 606634789 David
Ortuño Álvarez (I.C.) - 625185340
Antonio Hilario Herrera Padilla (STAJ) – 671587520 Juan
Mario Sicilia Figueroa (CSIF) – 629049159

COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA DEL PERSONAL DESTINADO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

admin — Wed, 24 Jan 24 12:24:11 CET

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DÍA: MIÉRCOLES 24 DE ENERO
HORA: 13 HORAS
LUGAR: Avenida José Manuel Guimerá, 10 Edf Servicios Múltiples II, (entrada principal edificio)
ASUNTO: HUELGA DEL PERSONAL DESTINADO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente de CSIF analiza en el Congreso la futura Ley de Amnistía y el impacto de los acuerdos del Gobierno en las administraciones publicas

admin — Wed, 17 Jan 24 06:08:00 CET

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalEstatutarioFuncionarioFuncionario en prácticasInterinoLaboralCanarias - Administración de Justicia Image

CSIF TE INFORMA

El presidente de CSIF analiza en el Congreso la futura Ley de Amnistía y el impacto de los acuerdos del Gobierno en las administraciones publicas.

- Convocatoria mesa redonda sobre Sociedad Civil y Amnistía en el Congreso de los Diputados para mañana miércoles 17 de enero a las 12:00h en la Sala Constitucional. - Miguel Borra analizará las diferentes propuestas del Gobierno y sus socios parlamentarios, como el traspaso de competencias en materia de Inmigración.

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, participará mañana miércoles 17 de enero en unas jornadas sobre ‘Sociedad Civil y Amnistía’, organizadas por el Grupo Parlamentario Popular, que se celebrarán en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados entre las 12:00h y las 13:30h.

El presidente de CSIF analizará la futura Ley de Amnistía y el impacto de los acuerdos del Gobierno con sus socios parlamentarios en el ámbito de las administraciones públicas, como el anuncio de traspaso de competencias en materia de Inmigración.

Canarias, a 17 de enero de 2024.

CSIF, sector autonómico de Canarias