Canarias - Administración de Justicia

La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

emma.alvarez.bande — Thu, 25 Sep 25 10:58:00 CEST

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La carrera profesional horizontal en 10 preguntas

¿Qué es la carrera profesional?

La carrera profesional no es más que la trayectoria a lo largo de la vida laboral de una persona, que implica un camino de aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades y competencias, adquisición de experiencia y progreso hacia metas profesionales y el compromiso, en nuestro caso, con la mejora en la prestación del servicio público de Justicia.

La participación en el sistema de carrera profesional debe ser voluntaria.

A diferencia de otros complementos, la carrera profesional está ligada a la persona, a su trayectoria profesional individual y no al puesto de trabajo y sus características (complemento específico), al cuerpo al que se pertenece (sueldo base), a las funciones que tiene atribuidas con carácter general (complemento general del puesto) o al mero paso del tiempo (trienios).

¿Qué tipos de carrera profesional existen?

Fundamentalmente existen dos tipos de carrera profesional: vertical y horizontal.

La carrera vertical implica un ascenso a una estructura de puestos de trabajo superior, lo cual requiere cambiar de puesto para obtener un mayor nivel jerárquico o responsabilidad. Dentro de este tipo de carrera se incluye la promoción interna o la obtención de puestos de jefatura que existan en las relaciones de puestos de trabajo a través de los concursos específicos.

La carrera horizontal se basa en la progresión dentro del mismo puesto de trabajo o categoría profesional, lograda mediante la adquisición de nuevas habilidades y competencias, o la valoración de la experiencia y el desempeño, resultando en un reconocimiento económico o de grado sin necesidad de cambiar de puesto.

En definitiva, la carrera horizontal permite mejorar las retribuciones sin necesidad de cambiar de puesto o promocionar.

¿Cuál es el marco jurídico de la carrera profesional horizontal en Justicia?

La carrera profesional horizontal está reconocida como derecho para los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos generales y Cuerpos especiales en el artículo 495.1 c) de la LOPJ.

Como concepto retributivo se incluyó en la redacción de los artículos 447.3 letra e), 516.A). 1º letra c) y 519.3 del mismo texto legal en la reforma de esta ley orgánica en diciembre de 2018. Esta reforma fue aprobada en Cortes Generales vía enmienda en el Senado, tras una masiva manifestación en Madrid.

La negociación de la carrera profesional es una reivindicación histórica que formaba parte de la plataforma reivindicativa de la huelga de 2023 y es uno de los compromisos del acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF.

Además, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se establecen criterios generales para la implantación y desarrollo de la carrera profesional horizontal en la Función Pública. En este caso, la normativa de función pública tiene carácter supletorio respecto de la LOPJ y el resto de normativa propia que regula el estatuto jurídico del personal de Justicia.

¿Qué dice la LOPJ sobre la carrera profesional horizontal?

Además de establecer que la carrera profesional es un derecho conforme a lo que hemos dicho en el apartado anterior, en la LOPJ se configura como una retribución complementaria fija.

Por otro lado, el artículo 519.3 de la LOPJ dice que:

“Mediante Real Decreto, previa negociación con las organizaciones sindicales, se establecerán los criterios, requisitos y las cuantías iniciales del complemento de carrera profesional que será igual para todos los cuerpos con independencia de dónde presten sus servicios”.

Es este Real Decreto el que se está negociando en estos momentos gracias al acuerdo de 8 de enero de 2025.

La razón de la exigencia de este Real Decreto es que se trata de un concepto retributivo personal ligado a su trayectoria profesional individual y, en consecuencia, debe garantizarse el acceso al derecho a su reconocimiento con independencia de dónde esté destinado el funcionario/a.

¿Cómo se desarrolla la carrera profesional horizontal?

La carrera profesional horizontal se desarrolla a través de la progresión en grados de carrera profesional (GCP) cuya consolidación se consigue mediante el cumplimiento de una serie de factores u objetivos previamente establecidos y agrupados en tres áreas:

La trayectoria profesional que no es otra cosa que prestación de servicios durante un tiempo mínimo en un cuerpo determinado.

La participación en iniciativas de formación.

- El cumplimiento de un itinerario de formación especializada y, en su caso, participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación relacionadas con la actividad laboral. (formación procesal, informática etc…)

- La adquisición de competencias y cualificaciones profesionales que se estimen necesarias para las funciones desarrolladas en determinados puestos de trabajo (por ejemplo, habilidades en gestión de equipos o liderazgo)

El resultado de la evaluación del desempeño puede tener efectos en la carrera profesional.

¿Cuántos grados de carrera profesional existen y cuál es el tiempo mínimo de prestación de servicios para consolidar cada grado?

No hay una regla fija. Como orientación, el artículo 122 del Real Decreto Ley 6/2023 mencionado anteriormente, establece cuatro grados de carrera profesional. Para la consolidación del primero se establecen cinco años y para los siguientes, seis años para cada uno.

Es decir, conforme a ese artículo el grado de carrera profesional 4 se obtendría con 23 años de prestación de servicios.

CSIF propone una carrera en cuatro grados, pero con cinco años de servicios prestados en cada uno de ellos. Es decir, 20 años para acceder al cuarto grado de carrera.

En relación con el encuadramiento inicial del personal en el sistema de carrera, tampoco hay regla a seguir. CSIF ha manifestado que, en atención a la experiencia acumulada y con el fin de permitir el acceso al sistema de carrera al personal con más tiempo de servicios prestados debe realizarse un encuadramiento automático en función del tiempo de servicios prestados que se acredite a la entrada en vigor de la carrera en cada ámbito. No obstante, se trata de una cuestión que está abierta.

¿Cómo se consolida un grado y se accede al siguiente?

La consolidación de grado de carrera profesional se solicita a la administración por el interesado una vez cumplido el tiempo mínimo de permanencia establecido.

No obstante, la consolidación de grado sólo se producirá si se acredita haber superado el itinerario formativo y la evaluación de desempeño en la forma que normativamente se establezca.

Es decir, hay que cumplir con el tiempo de prestación de servicios que se establezca para consolidar el grado y, en ese tiempo, haber realizado el itinerario formativo y superada la evaluación que se establezca previamente.

¿Cómo se retribuye cada uno de los grados de carrera profesional?

Con la reforma de 2018, en la Administración de Justicia existe un concepto retributivo complementario fijo (como lo son el complemento general del puesto o el complemento específico) que se denomina complemento de carrera profesional.

No existe regla alguna de cómo se retribuye cada grado de carrera profesional. En unos casos se establece una cuantía progresiva para cada cuerpo y creciente conforme se asciende para cada grado de carrera, en otros casos se fija como un porcentaje creciente del sueldo base conforme se asciende para cada grado de carrera.

Esta última forma de retribución es la que propone CSIF para el personal de la Administración de Justicia con un arco que va del 20% del sueldo base para el Grado I; 35% Grado II; 55% Grado III y 75% del sueldo base para el Grado IV.

¿Qué situaciones administrativas se tienen en cuenta a la hora de la participación en la carrera profesional?

En principio se computa el tiempo de servicios prestados en situación de servicio activo (incluyendo, por tanto, situaciones de baja médica, permisos o vacaciones). No obstante, en atención a circunstancias particulares se puede computar el tiempo en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por violencia de género, por razón de violencia terrorista o, en general, cualquier situación que dé lugar a reserva de puesto de trabajo y/o en el que se compute antigüedad.

En general, se consolida el grado en el cuerpo al que se pertenezca en el momento en el que se tenga derecho a esa consolidación.

CSIF ha propuesto que, en los casos de promoción interna, en el caso de que se promocione antes de consolidar un grado, el tiempo transcurrido en el cuerpo de inferior titulación se computará a efectos de consolidar el grado en el nuevo cuerpo. Lo mismo cabría considerar en el caso de la sustitución de Letrado por gestor si se tiene derecho a consolidar grado estando de LAJ sustituto.

¿Quién establece los criterios y requisitos para superar el itinerario formativo y la evaluación del desempeño?

El itinerario formativo, los cursos que se pueden acreditar para cumplir con los objetivos formativos que se establezcan en cada grado, la valoración en la evaluación del desempeño y demás criterios y requisitos deben publicarse con carácter previo a la consolidación del grado.

CSIF ha propuesto que la valoración que permita acceder a la consolidación del grado debe ser objetiva, es decir, exclusivamente sobre circunstancias medibles objetivamente.

Lo más común es que sea una Comisión de carrera profesional la que se encargue de fijar dichos itinerarios, requisitos y realizar la valoración de los requisitos y méritos realizados y acreditados. CSIF ha propuesto que esta comisión sea paritaria administración-sindicatos.

La CESI reclama blindar el Estado de Bienestar en la UE ante los efectos económicos y sociales de la guerra

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 17 Apr 26 14:11:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato más representativo en las administraciones públicas-, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la Federación Alemana de la Función Pública (DBB) -el principal sindicato de administraciones públicas en Alemania-, han acordado reclamar a Bruselas y a los respectivos gobiernos un plan de contingencia en el ámbito público que blinde el Estado de Bienestar en la UE ante los posibles efectos económicos y sociales de la guerra Oriente Medio.

Esta decisión se ha adoptado en una reunión mantenida en Madrid por representantes de CSIF con una delegación de CESI y del DBB, en la que las tres organizaciones realizaron un diagnóstico conjunto sobre los efectos que la guerra en Oriente Medio está provocando en las economías de los países de la UE y su repercusión en los servicios públicos.

En el caso de España, la guerra en Oriente Medio ha situado el indicador adelantado del IPC del mes de marzo en el 3,3 por ciento interanual, un punto por encima de la tasa de febrero. Esto se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Irán, y es probable que este repunte también se reproduzca en otros países, afectando al poder adquisitivo y en particular al de las/os empleados públicos.

CSIF, CESI y DBB han acordado emplazar a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados de la UE a que elaboren, en el marco de sus respectivas competencias, un plan de contingencia que blinde la prestación de servicios esenciales del Estado de Bienestar. El objetivo es reforzar su respuesta ante las consecuencias económicas del citado conflicto aumentando la inversión en las administraciones y los servicios públicos con recursos suficientes y capaces de funcionar bajo presión.

Los tres socios subrayan que el fortalecimiento de las administraciones y los servicios públicos, así como la inversión en su personal deben ocupar un lugar central en los debates públicos sobre las agendas nacionales y europeas de preparación ante las crisis. Las/os trabajadores de las administraciones y los servicios públicos no solo implementan las políticas de preparación, sino que son los actores clave que posibilitan la resiliencia de las personas, las empresas y las sociedades.

Más presión con plantillas más reducidas

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de plantillas y la mayor demanda de servicios por parte de los ciudadanos aumenta la presión sobre los trabajadores públicos en toda la UE y sus estados miembros, con especial incidencia en sectores como la sanidad, la educación, la Justicia y en el caso particular de España el SEPE, Seguridad Social o Prisiones.

CSIF, CESI y DBB subrayan también que el fortalecimiento de los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de las plantillas debe ser una prioridad de las políticas nacionales y europeas. Los trabajadores de las administraciones públicas son esenciales en este escenario para garantizar una prestación adecuada de los servicios básicos. Precisamente, CSIF espera iniciar en breve con el Gobierno las negociaciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026.

En el caso de España, CSIF propone una batería de medidas inspiradas en crisis anteriores, como la del covid:

• Las administraciones y los servicios públicos constituyen un pilar fundamental de la resiliencia.

• Agilizar un plan que rija la gobernanza en las políticas públicas.

• Un plan de refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo ante el posible impacto en aumento de prestaciones y ayudas sociales. Hay que recordar que, en los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos.

• Inversiones esenciales en el personal del sector público y una inversión pública estratégica que permita financiar los servicios que recibe la ciudadanía si aumentan los costes. El objetivo sería evitar recortes, paralización de servicios y deterioro de las plantillas.

• Mecanismos de protección del empleo y la actividad económica.

• Creación de órganos de seguimiento del impacto del conflicto en las administraciones públicas. Su objetivo sería monitorizar inflación y empleo, evaluar el impacto en los servicios públicos y activar medidas de respuesta rápida.

• Reforzar y proteger el Estado de Derecho y el carácter democrático de las instituciones que históricamente han inspirado las bases de la Unión Europea.

CSIF y la CESI presionarán en Bruselas para que el Gobierno refuerce los servicios públicos y se reduzca la temporalidad

admin — Wed, 08 Nov 23 18:55:00 CET

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CSIF TE INFORMA

CSIF y la CESI presionarán en Bruselas para que el Gobierno refuerce los servicios públicos y se reduzca la temporalidad.

- Jornada ‘Transformar las crisis en oportunidades. El papel de los servicios públicos resilientes’, organizadas por CSIF y Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI). - La CESI presionarán también en la UE para que España apruebe la jubilación anticipada para el personal de la sanidad, de los servicios sociales y para los agentes forestales. - Miguel Borra: “España necesita de manera urgente unos presupuestos para reforzar las plantillas y fortalecer los servicios que reciben los ciudadanos”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, celebró hoy una jornada de trabajo con la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), para informar sobre la situación de las administraciones y los servicios públicos en España, afectados por una alta temporalidad y falta de recursos materiales y humanos, entre otros problemas. El objetivo es que esta denuncia llegue a las instituciones europeas y éstas fuercen al Gobierno a realizar las reformas estructurales que necesitan nuestras administraciones.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha recordado durante su participación en la jornada -titulada ‘Transformar las crisis en oportunidades. El papel de los servicios públicos resilientes’- que las consecuencias de la reciente pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania han tensionado los servicios públicos en España, lo que ha hecho aún más evidente la necesidad urgente de reformas estructurales que garanticen una adecuada asistencia a los ciudadanos en todos los ámbitos de la administración.

En este contexto, durante la jornada se analizó el impacto de los Planes y mecanismos de recuperación y resiliencia europeos y nacionales en los servicios públicos, el semestre europeo como instrumento de seguimiento de la ejecución de estos planes, así como la importancia y el papel de los mismos en situación de crisis, con la participación de la encargada del semestre europeo y consejera económica de la oficina de la Comisión europea en Madrid, Anna Armengol-Torio, Rafael Monzú delegado de CSIF en el Ministerio de Hacienda y el profesor de Economía Pública de la UCM Antonio Jesús Sánchez Fuentes. Por parte de la CESI, estuvieron presentes el presidente y el secretario general, Romain Wolff y Klaus Heeger, respectivamente.

Administraciones y servicios públicos que funcionen bien

“La gestión de crisis requiere administraciones y servicios públicos que funcionen bien”, subrayó Borra, que ha recalcado que éstos “no pueden hacer su trabajo cuando las condiciones laborales de las/os empleados públicos no son las adecuadas”. En este sentido, el presidente de CSIF considera que España no puede demorar más las reformas que requieren las administraciones públicas ante el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Justicia, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria…)

CSIF también ha trasladado a CESI una serie de reformas específicas en el ámbito de la Sanidad, con el objetivo de que en Bruselas las recojan y presionen al Gobierno español para ponerlas en práctica:

- Denunciar la situación deficitaria de profesionales sanitarios en la UE.

- Reclamar la jubilación anticipada para el personal de la sanidad, los servicios sociales y para los agentes forestales por coeficientes reductores.

- La adaptación de la titulación de Técnicos Superiores de la rama sanitaria a estudios de grado.

España necesita unos Presupuestos con urgencia

Borra recalcó durante su intervención que, dentro de las reformas estructurales, es urgente tramitar cuanto antes unos Presupuestos Generales que mejoren las condiciones laborales de las/os empleados públicos. “Cuando las condiciones de empleo y de trabajo de los servidores públicos no son las adecuadas, cuando las instalaciones y los equipos de trabajo no están al día y, cuando no hay personal suficiente, no se puede prestar un servicio de calidad”, advierte Borra.

En este sentido, el presidente de CSIF ha defendido que los Presupuestos incluyan una oferta de empleo público suficiente para terminar con la tasa de reposición y reducir la alta temporalidad en las administraciones, Borra ha subrayado que la temporalidad sigue siendo una de las mayores lacras de la Administración (actualmente se sitúa en el 30 por ciento, muy alejada del 8 por ciento de tope que ha fijado Bruselas a partir del 1 de enero de 2025).

Entre las reformas que consideramos necesarias figuran: mejora salarial; refuerzo del empleo y rejuvenecimiento de las plantillas; actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones (35 horas, implantación efectiva del teletrabajo y la carrera profesional; adecuación de los Grupos Profesionales, igual trabajo igual salario y mejora en las condiciones de jubilación, entre otras).

Canarias, a 8 de noviembre de 2023.

CSIF, sector autonómico de Canarias

Decenas de miles de trabajadores/as salen a la calle para gritar ‘Basta’ a Sánchez, exigir medidas económicas eficaces y una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 10:45:57 CEST

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Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de toda España salieron hoy a las calles de Madrid convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, en la primera manifestación sindical contra este Gobierno, en defensa de una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social generalizado de la ciudadanía, especialmente de la clase media.

La jornada ha sido un grito de protesta contra la política económica de Pedro Sánchez, y ha sido el cauce para que miles de trabajadores le hayan trasladado las exigencias de CSIF para aliviar el impacto que está causando en sus bolsillos el alza desmesurada del precio del cesto de la compra, de la luz y de los carburantes.

En concreto, la manifestación ha servido para exigir al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo; que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado; medidas económicas eficaces que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios; que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios; y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado en su discurso que “el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado”, y que la multitudinaria manifestación “es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle”.

Tras asegurar que el Ejecutivo “ha pasado de considerar a las empleadas y empleados públicos como héroes durante la pandemia de COVID a tratarles de manera ingrata y ningunearles”, el presidente de CSIF subrayó que el Gobierno “se está equivocando y lo pagará en las urnas”.

La jornada de protesta de hoy y la presión sindical de CSIF ya han dado sus frutos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo miércoles, 28 de septiembre.