Baleares - Universidades

BOE 26/9/2023: Oferta de empleo público 2023: personal docente e investigador y personal de administración y servicios en la UNED

admin — Tue, 26 Sep 23 07:19:00 CEST

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Oferta de empleo público

Resolución de 20 de septiembre de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica la oferta de empleo público de personal docente e investigador correspondiente al año 2023.
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Resolución de 21 de septiembre de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica la oferta de empleo público de personal de administración y servicios correspondiente al año 2023.
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Catálogo de Necesidades para el nuevo Curso Universitario 2023-2024

admin — Fri, 22 Sep 23 10:36:39 CEST

UEX: se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

admin — Thu, 24 Nov 22 09:14:43 CET

ConvocatoriasEmpleoOferta Empleo PúblicoOfertas y bolsas de trabajoPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de Universidad

Concurso.- Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Rector, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

UVA. Oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para el año 2022. BOCYL 14/11/2022.

admin — Mon, 14 Nov 22 07:24:25 CET

EmpleoOferta Empleo PúblicoPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalPersonal de UniversidadBaleares - Universidades Image

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2022, por el que se aprueba la oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para el año 2022.

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 312, de 29 de diciembre de 2021, establece, en su artículo 20.Uno.3.I), una tasa de reposición del 120 por ciento para las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias.

Asimismo, en el párrafo segundo de dicho artículo dispone que dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3. En este caso, la Universidad deberá aportar un certificado del Ministerio de Universidades en el que conste que los programas ofertados reúnen los requisitos establecidos en este apartado.

De acuerdo con lo previsto en el punto siete de dicho artículo, el cálculo de la tasa de reposición de efectivos, comunicada a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en función de número de profesores, tanto funcionarios de carrera como profesorado contratado laboral fijo, que durante el año 2021 han dejado de prestar servicios en esta Universidad, asciende a ciento una plazas.

Asimismo, el apartado Dos del citado artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, señala que la validez de la tasa autorizada estará condicionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del EBEP, a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.

La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 19. Uno. 7, de la mencionada Ley 11/2020, de 30 de diciembre, «no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna»; de forma que, conforme a la actual redacción del artículo 62.2 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (consecuencia de los cambios legislativos introducidos por la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre), se incluyen veintitrés plazas de catedrático de universidad por promoción interna.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, hasta 5 de las plazas autorizadas se destinarán a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que acrediten el cumplimiento del resto de requisitos legalmente establecidos para el acceso a las correspondientes categorías. Las que no se ocupen por este cupo pasarán al procedimiento general.

Por todo ello, tras los correspondientes acuerdos obtenidos en la reunión de la Mesa General del PDI de 24 de octubre de 2022, y en la reunión de la Comisión de Profesorado, celebrada en la misma fecha, se incluye en el Anexo de esta propuesta la Oferta de Empleo Público de esta Universidad de Valladolid para el año 2022, que incluye las necesidades de recursos humanos de carácter permanente en el ámbito del personal docente e investigador, con asignación presupuestaria, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existente.

En su virtud, este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20. Dos, de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, dentro de la tasa de reposición de efectivos que le corresponde a esta Universidad, una vez obtenida autorización, con fecha 17 de octubre de 2022, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y en ejecución del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid en su sesión de 28 de octubre de 2022, dispone:

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León esta Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Valladolid para el año 2022, que se detalla en el Anexo.

Segundo.– Las bases específicas que regulen los procesos selectivos derivados de la presente Oferta de Empleo deberán publicarse en los boletines oficiales que corresponde en el plazo de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de esta Oferta de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valladolid (artículo 8, apartados 2 y 3, y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 7 de noviembre de 2022.

El Rector,

Fdo.: Antonio Largo Cabrerizo

ANEXO I

NUEVO INGRESO

Personal funcionario

CUERPO DOCENTE	TOTAL PLAZAS
Profesores Titulares de Universidad *	48

Personal laboral

CATEGORÍA	TOTAL PLAZAS
Profesores Contratados Doctores *	53

PROMOCIÓN INTERNA

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

CUERPO DOCENTE	TOTAL PLAZAS
Catedráticos de Universidad	48

* En aplicación de lo previsto en el Artículo 20. Uno.3 I) de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se reservan siete (7) de las 48 plazas de Profesores Titulares de Universidad y ocho (8) plazas de las 53 de profesor contratado doctor, a fin de atender el mínimo establecido del 15% de las plazas ofertadas (101 plazas) para destinarlas a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal o, en su caso, otros programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3.

CSIF critica unos PGE insuficientes para el sistema universitario

admin — Wed, 02 Nov 22 09:41:27 CET

Concursos y movilidadAscenso y promoción internaEmpleoOferta Empleo PúblicoNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadLaboralBaleares - Universidades Image

Si partimos de que el Sistema Universitario Español no ha alcanzado el nivel de financiación pública que tenía en el año 2009 y de que muchas universidades bajaron más de un 20% su financiación en los últimos diez años, CSIF considera que el Gobierno ningunea a las universidades en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

El presupuesto del Ministerio de Universidades para 2023 alcanzaría los 442 millones de euros -incluyendo fondos europeos- lo que supone una variación del 2’6% respecto a 2022. Para CSIF las partidas son escasas e insuficientes y no cubren las necesidades del Sistema Universitario Español lo que denota la falta de interés o de voluntad política por la universidad española. Y esta situación no se arregla señalando que en el proyecto de LOSU se propone un futuro pacto Gobierno y Comunidades Autónomas para llegar al 1% del PIB.

El sindicato independiente solo considera positivo y destacable el incremento de 18 millones de euros para la nueva convocatoria de Formación de Profesorado Universitario (FPU) de 2023 o la transferencia de 50 millones de euros a las universidades para que se creen 1.000 plazas más de estudiantes de medicina de primer año.

CSIF recuerda que hacen falta planes estructurales y partidas concretas para alcanzar los retos y prioridades que están sobre la mesa en las universidades como renovar plantillas, reducir la precariedad laboral, mejorar la financiación y asegurar el desarrollo de la reforma de la Ley de la Ciencia y, si llega a aprobarse, la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

CSIF exige la retirada de la enmienda del PSOE y Podemos sobre los Profesores Asociados

Las explicaciones del Ministerio de Universidades no convencen a nadie y menos a los Profesores Asociados. El colectivo desconfía de las medidas recogidas y creen que podrían provocar despidos
CSIF insiste en que ya se han publicado las Ofertas de Empleo Público con el listado de plazas afectadas por el proceso de estabilización de la Ley 20/2021 y que las universidades no han considerado a los profesores asociados

Os recordamos que el PSOE y Unidas Podemos registraron una enmienda en la que proponen una modificación del texto normativo para que "los contratos de profesores asociados vigentes a la entrada en vigor de esta ley podrán renovarse en las mismas condiciones y con la misma dedicación docente siempre que las plazas estén incluidas en un proceso de estabilización de los previstos en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre y hasta la finalización de los mismos".

Independientemente de las peculiares interpretaciones del Ministerio de Universidades y de informaciones sesgadas, la realidad es que ceñirse a la literalidad de la enmienda que se adjunta implica echar de las universidades a gran parte de los profesores asociados puestos que sus plazas no se han incluido en los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

CSIF exige la retirada de la enmienda del PSOE y Podemos y anuncia que planteará movilizaciones si no desaparece el riesgo de despido para los profesores asociados.

Por último, vincular la mejora de las retribuciones del profesorado asociado y su régimen de dedicación el Estatuto del PDI supone volver a dilatar sine die unas medidas que deberían ser una realidad desde hace tiempo para acabar con la inaceptable precariedad del eslabón más frágil del profesorado universitario.

2 de noviembre de 2022

Situación en la que quedarán distintas figuras de PDI por la nueva LOSU

admin — Mon, 23 May 22 09:24:17 CEST

EmpleoOferta Empleo PúblicoOposicionesOtros EmpleoNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoPersonal de UniversidadLaboralBaleares - Universidades Image

En una primera valoración de CSIF sobre el tema:

Echamos de menos una verdadera carrera académica predecible y definida, que aporte certidumbres y evite a los profesores tener que acceder a contratos indefinidos o plazas de funcionario a edad muy avanzada (hoy en día 48 años para Contratado Doctor o 54 para Titular de Universidad).
Certificamos la ausencia de medidas eficaces y efectivas para reducir la precariedad y la temporalidad.
Se mantiene la doble vía paralela funcionarial y laboral que fomentará duplicidades e incrementará la precariedad y las desigualdades entre universidades públicas y entre las diversas figuras docentes e investigadoras.
Blinda la tasa de reposición lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas e impedirá alcanzar en seis años el porcentaje de temporales (20%) lo que podría poner en riesgo el mantenimiento de la plantilla con contrato laboral temporal.

Sobre CEU y TEU (Disposición adicional décima).

Los CEU, previa solicitud dirigida al Rector, podrán integrarse en el Cuerpo de TU en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores TU la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten dicha integración mantendrán su condición de profesorado de las universidades y conservarán su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora, de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación.
Los TEU que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por el artículo 70, accederán directamente al Cuerpo de Profesores TU, en sus propias plazas. Para la acreditación de TEU se valorará particularmente la docencia, así como la investigación y, en su caso, la gestión. Reconocemos en este punto los cambios realizados y la asunción de la propuesta de CSIF. Quienes no accedan a la condición de TU permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora, de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación.

Sobre Colaboradores (Disposición adicional décima primera).

Los Profesores Colaboradores que a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como Profesores Colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones docentes e investigadoras de acuerdo con lo previsto en su contrato. Asimismo, quienes estén contratados como Colaboradores con carácter indefinido, posean el título de doctor o lo obtengan tras la entrada en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva a que se refiere el apartado a) del artículo 68, accederán directamente a la categoría de Profesor Permanente Laboral, en sus propias plazas.

Adaptación de las figuras vigentes de PDI laboral (Disposición transitoria tercera).

El PDI, con contrato de carácter temporal a la entrada en vigor de esta Ley, permanecerá en su misma situación hasta la extinción del contrato y continuarán siéndole de aplicación las normas específicas que correspondan a cada una de las modalidades contractuales vigentes en el momento en que se concertó su contrato de trabajo.
Respecto de aquellas modalidades contractuales temporales no sujetas a un plazo máximo de duración, la duración del contrato no podrá superar los tres años desde la entrada en vigor de esta Ley. A CSIF nos preocupa mucho cómo puede afectar la redacción de este punto al profesorado interino.

En CSIF no compartimos eliminar la figura de Ayudante sin dar una solución que pueda ejercer de pasarela entre los contratos predoctorales FPU y FPI y la figura de Ayudante Doctor.

Ayudantes Doctores

Los profesores que, a la entrada en vigor de esta Ley, se desempeñen como Ayudantes Doctores y que, al finalizar su contrato, no hayan obtenido la acreditación para la figura de Profesor Profesora Permanente Laboral, se les prorrogará su contrato por un año adicional.
Quienes a la entrada en vigor de esta Ley dispongan de una acreditación para TU o hubieran iniciado el trámite para su obtención o se desempeñen como Profesor Ayudante Doctor o Profesor Contratado Doctor, no tendrán que acreditar el requisito de estancias de movilidad en universidades y/o centros de investigación. Esta misma disposición será de aplicación a los Profesores Contratados Doctores interinos, así como a otros contratados temporales con acreditación para estas figuras. Valoramos en CSIF este planteamiento en línea con nuestra propuesta de eliminar el requisito de estancia de nueve meses en el extranjero para plazas de profesorado permanente.

Contratados Doctores

Los profesores que, a la entrada en vigor de esta Ley, dispongan de un contrato de Profesor Contratado Doctor mantendrán los derechos y deberes recogidos en el contrato mencionado.
Previa solicitud dirigida al Rector de la universidad, los Profesores Contratados Doctores podrán integrarse en la categoría de Profesores Permanentes Laborales, en las mismas plazas que ocupen, y computándose la fecha de ingreso en la categoría de Profesores Permanentes Laborales la que tuvieran en la categoría de origen. Valoramos que se haya recogido este propuesta planteada por CSIF.

Profesores Asociados (Disposición transitoria sexta).

Los contratos de Profesores Asociados vigentes que no se ajusten a la dedicación establecida por el artículo 80.b) podrán ser renovados, conforme a la normativa que les resultaba aplicable, durante un periodo transitorio máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley. Para CSIF se trata de un período muy corto que implica riesgos evidentes para los afectados (en muchas ocasiones más del 40% de la plantilla) y que tiene que ver con la financiación y las posibilidades de transformaciones y contrataciones de las universidades. También puede considerarse una involución el hecho de perder horas, que sigan sin mejora económica y sin propuestas claras y efectivas para acabar con la precariedad. Además se empeora su vía de reserva del 15% al permitirse la entrada de otros colectivos.

Nueva figura de Profesor Contratado no Doctor (Disposición transitoria novena).

Las universidades públicas sólo podrán proceder a la contratación de Profesor Contratado no Doctor con carácter transitorio y por un periodo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley. En CSIF insistimos en nuestra demanda de ampliar el plazo o que la posibilidad se mantenga mientras las universidades superen el 15% de profesorado asociado.

Dicha contratación se ajustará a las siguientes reglas:

a) Las universidades podrán contratar bajo esta modalidad a las personas que hayan sido admitidas o estén en condiciones de ser admitidas en los estudios de doctorado y que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de cinco cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal.

b) La finalidad principal del contrato será la de formar y desarrollar la capacidad docente e investigadora de dichas personas, así como, en su caso, de transferencia e intercambio del conocimiento. El Profesorado Contratado no Doctor podrá desarrollar tareas docentes hasta un máximo de 180 horas por curso.

c) Este contrato será de carácter temporal y conllevará una dedicación a tiempo completo. Expirada la duración del contrato, se extinguirá la relación contractual.

d) La duración del contrato no podrá ser inferior a tres años ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de los indicados cinco años. Para CSIF, redacción que puede dar lugar a confusiones. Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género durante el periodo de duración del contrato, interrumpirán el cómputo de duración del contrato.

e) Estas contrataciones no computarán a efectos del porcentaje de temporalidad establecido en el artículo 65.3 de esta Ley. No se entiende el porqué de este punto.

Desde CSIF estimamos complicadas, excesivas y no pertinentes las condiciones para el mantenimiento del actual profesorado contratado no doctor.

Programas de promoción y estabilización: las universidades cuyo personal con contratos laborales temporales represente más del 40 por ciento de su plantilla docente, computados en efectivos, reservarán, en cómputo anual, un mínimo del 15 por ciento del total de las plazas que oferten para el acceso a Profesorado Ayudante Doctor o Profesorado Permanente Laboral. Estas plazas se destinarán a la incorporación de personal doctor que disponga de la acreditación necesaria, en el caso que el acceso a la figura lo requiera, y que en la fecha de publicación de la convocatoria hubiera desempeñado actividades docentes en universidades públicas españolas durante al menos cinco cursos académicos en los últimos siete años, mediante los contratos de profesorado de duración igual o inferior a un año previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Disposición transitoria octava). Valoramos que se haya aceptado la propuesta de CSIF de no limitar el número de años para aplicar esta disposición, pero lamentamos que se haya excluido la referencia explícita al profesorado asociado.

Adaptación de las acreditaciones

Adaptación de las acreditaciones vigentes (Disposición transitoria cuarta).

La acreditación vigente de Profesor Ayudante Doctor se considerará como un mérito preferente a efectos del acceso a la figura de Profesor Ayudante Doctor.
La acreditación vigente de Profesor Contratado Doctor será válida para la figura de Profesor Permanente Laboral a la que se refiere el artículo 83.
El procedimiento de acreditación para la figura de Profesor Contratado Doctor continuará siendo aplicable hasta que se haga efectivo lo dispuesto en el artículo 86. Adaptación de las nuevas acreditaciones a Profesor Titular de Universidad o Profesor Permanente Laboral. (Disposición transitoria quinta).

Adaptación de las nuevas acreditaciones a Profesor Titular de Universidad o Profesor Permanente Laboral (Disposición transitoria quinta).

ANECA y las agencias de calidad autonómicas dispondrán de un periodo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley para adaptar los criterios de la acreditación a Profesor Titular de Universidad y a la figura de Profesor Permanente Laboral, a la duración de la etapa inicial de la carrera académica que establece esta Ley. El tiempo de seis años para el contrato de Profesor Ayudante Doctor es claramente insuficiente para su acreditación a TU, en especial, en determinadas áreas. Para CSIF hay que reformar todo el sistema de acreditaciones y nos resulta muy problemática la diversidad de acreditación a las nuevas figuras por parte de la ANECA y las distintas agencias autonómicas de evaluación.

23 de mayo de 2022

Propuestas para Educación de los distintos partidos políticos para las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019

admin — Fri, 01 Nov 19 10:50:47 CET

EmpleoOferta Empleo PúblicoOposicionesRetribucionesNegociaciones y acuerdosNormativaLeyes y Decretos LeyOtra normativaPrensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalFuncionarioInterinoBaleares - Universidades Image

Ciudadanos

Fuente: https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral

1. Un Sistema Educativo y no 17

35. Un Sistema Educativo y no 17 para acabar con la desigualdad entre españoles: promoveremos un Pacto Nacional por la Educación para toda una generación. Tenemos que ponernos de acuerdo para evitar que los que quieren romper España sigan haciendo política en las aulas de nuestros hijos. La Educación es la herramienta más potente que tiene un país para ganar su futuro y este Pacto, promovido por Cs, estuvo muy cerca de alcanzarse, pero se truncó cuando el PSOE se levantó de la mesa por razones electoralistas. Ya está bien de reformas educativas del PSOE y contrarreformas educativas del PP y viceversa: nos comprometemos a impulsar de nuevo un gran acuerdo con el consenso político y social necesario que garantice el derecho a la educación, la excelencia e igualdad entre todos los españoles para toda una generación en lugar de para una legislatura.

36. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado dotándola de independencia y medios de actuación para poner fin al adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Garantizaremos que la enseñanza impartida en las aulas y el contenido de los libros de texto en todas las escuelas no sean contrarios a la ley y la Constitución.

37. Estableceremos una Selectividad única en toda España. Queremos que la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) tenga los mismos contenidos básicos, mismos criterios de corrección y mismas tasas en todo el territorio nacional, que pueda hacerse en todos los casos en español y que sea corregida por tribunales formados por docentes procedentes de toda España.

38. Incluiremos una asignatura sobre la Constitución española. Será una asignatura obligatoria y evaluable en toda España con el objetivo de que todos los alumnos puedan conocer los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y la organización del Estado que establece nuestra Carta Magna.

2. Una educación que garantice la igualdad de oportunidades y promueva el talento

39. Inglés en todas las etapas educativas en toda España. Extenderemos progresivamente la enseñanza en inglés a todas las etapas educativas, desde la educación infantil, para que puedan alcanzar el nivel C1 al final del Bachillerato. Pondremos en marcha un programa intensivo de aprendizaje de este idioma de carácter nacional y gratuito durante el mes de julio que garantice la igualdad de oportunidades y facilite la conciliación en verano.

40. Promoveremos los programas de excelencia y el Bachillerato Internacional dentro del sistema educativo público. Facilitaremos el acceso a este tipo de programas a todos nuestros alumnos para que puedan desarrollar su potencial con independencia de los recursos de sus familias.

41. Dotaremos a los centros educativos de mayor autonomía vinculada a una mayor rendición de cuentas y transparencia. Realizaremos evaluaciones censales, sin efectos académicos, al menos en cada final de etapa. Haremos transparentes los resultados educativos de los centros, asegurando que estén debidamente ponderados en función del entorno socioeconómico para reforzar con financiación adicional y profesorado de apoyo a los centros que lo necesiten.

42. Estableceremos un MIR como el de los médicos para atraer a los mejores a la profesión docente y desarrollar al máximo todo su potencial. Asimismo, aprobaremos un Estatuto de la Profesión Docente que les dote de una verdadera carrera profesional y acabaremos con el abuso de la interinidad en la educación.

43. Aseguraremos la convivencia escolar: reconoceremos a los docentes la condición de autoridad pública en toda España. Desarrollaremos el Plan Estratégico de Convivencia Escolar para luchar contra el acoso escolar y promover el respeto entre la comunidad educativa y la autoridad y dignificación del profesorado.

44. Garantizaremos el derecho de las familias a elegir en libertad la educación que quieren para sus hijos. Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos. Garantizaremos la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas.

45. Reduciremos el abandono escolar a través de programas innovadores de refuerzo educativo. Fomentaremos el refuerzo y la diversificación educativa, así como el acompañamiento extraescolar, como alternativas a la repetición y el abandono temprano, que en España sigue entre los más altos de la Unión Europea. Desarrollaremos programas innovadores, en colaboración con la sociedad civil, que aborden el fracaso escolar para reducir el abandono escolar temprano, y estableceremos medidas para revertir la segregación.

46. Garantizaremos el derecho a una educación inclusiva y a una atención socioeducativa adaptada a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas educativas. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias elegir tanto la escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios. Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y con altas capacidades intelectuales.

47. Diseñaremos una Estrategia Nacional para la Formación Profesional (FP), duplicando las plazas de FP Dual. Pondremos en marcha un programa para aumentar el número de plazas en todas las modalidades de FP, en colaboración con las CCAA, sobre todo en titulaciones de carácter científico y tecnológico con una alta inserción laboral. Estableceremos incentivos para implicar a más empresas y transformar la mayoría de las plazas de estas titulaciones a FP Dual.

3. Universidades: fomentar la excelencia y acabar con los privilegios de los políticos

48. Reforzaremos con financiación adicional a las facultades y departamentos universitarios con mejores resultados. Garantizaremos una financiación estable y plurianual para nuestras Universidades por medio de contratos-programa sujetos a resultados. Favoreceremos la excelencia a través de incentivos, dotando de más financiación a las Universidades públicas que muestren mejores indicadores de investigación, innovación, transferencia de conocimiento y empleabilidad.

49. Premiaremos a los alumnos que saquen buenas notas con matrículas más baratas en el siguiente curso. Queremos que los alumnos que estudien paguen menos cada año de Universidad: quien se esfuerza siempre merece un premio y nosotros queremos que lo tengan. Paralelamente, incrementaremos las becas universitarias para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos y revisaremos los plazos para que siempre lleguen a tiempo.

50. Garantizaremos que el uso del español por alumnos y profesores nunca sea un obstáculo ni suponga una penalización. Facilitaremos la movilidad entre Universidades españolas, mejorando los mecanismos de convalidación curricular y ampliando los supuestos de reconocimiento automático de asignaturas entre Universidades.

51. Mejoraremos la transparencia y la rendición de cuentas de las Universidades, y lucharemos contra los plagios y la deshonestidad académica Propondremos la creación de Consejos de Transparencia e Integridad en todas las Universidades encargados de la prevención, detección y sanción del plagio y demás prácticas de deshonestidad académica. Estableceremos la obligatoriedad de que todas las Universidades hagan públicos y accesibles todos los trabajos que sean requisito para la obtención de un título oficial de grado, máster y doctorado, y publicaremos los datos de impacto en empleabilidad de las titulaciones.

52. Aprobaremos un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para asegurar su estabilidad en su carrera profesional y fomentar su actividad innovadora. Favoreceremos la participación del PDI en procesos de creación y consolidación de empresas de base tecnológica y spin-offs. Convertiremos en oportunidades las ideas en las que se hayan invertido fondos públicos a través de nuestras Universidades.

53. Apoyaremos la excelencia y acabaremos con la precariedad de nuestros investigadores. Facilitaremos la incorporación de nuevos investigadores a Universidades y centros de investigación. Mejoraremos las dotaciones presupuestarias de los programas existentes (predoctorales, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo) y también de investigadores que se incorporen a empresas (doctorados industriales y Torres Quevedo).

Podemos

Fuente: https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/10/Podemos_programa_generales_10N.pdf

54. Crear una asignatura de feminismos. (Véase el apartado sobre educación en «Garantías de Justicia Social»)

62. Garantizar la cobertura universal, pública y gratuita de la educación infantil (de 0 a 3 años). En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal, pública y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras, al tiempo que se protegerá a las pymes y personas autónomas que operan actualmente en el sector y se establecerán los canales de incorporación voluntaria a la red pública. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

71. Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección.

80. Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la inversión pública en I+D+i para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico.

81. Necesidad de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Mantendremos y reforzaremos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz.

82. Asignar al sector público un verdadero rol de impulso y de coordinación estratégica de la I+D+i. Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social. Esta Agencia Estatal de Investigación será independiente y homologable a la institución europea (ERC), se financiará de manera suficiente y a través de presupuestos plurianuales que permitan establecer un calendario fijo de convocatorias y promoverá procedimientos que minimicen las trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad científica. Al mismo tiempo, garantizaremos que cualquier reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas redunde en un mantenimiento de su autonomía, una ampliación de sus recursos y un fortalecimiento de los derechos de todo su personal.

83. Revertir la expulsión de científicos y científicas con un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

84. Una carrera académica estable y digna. Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios, así como de una carrera de investigación hospitalaria; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas. Para todo ello, es urgente recuperar el personal científico que los Gobiernos han expulsado desde la crisis de 2008, estableciendo tasas de reposición que incorporen más gente de la que abandona el servicio público.

85. Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero y de Atracción de Talento, con una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

86. Una ciencia sin techo de cristal para las mujeres. Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se dotará de inversión suficiente al Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, que coordinará la investigación sobre las causas concretas de esta brecha de género, y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

87. Hacia una ciencia abierta y accesible. La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias.

181. Recuperar los derechos laborales en el sector público. Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.

227. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

229. Derogar la LOMCE e impulsar una nueva ley de educación. La nueva ley será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. Asimismo, la religión no formará parte del horario escolar obligatorio y no se tendrá en cuenta para la media en ningún nivel educativo.

230. Universidad pública gratuita. La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

232. Nueva Ley de Universidades. Impulsaremos una nueva Ley de Universidades que, desde la participación de la comunidad universitaria y las comunidades autónomas, garantice que la universidad, después de una larga década de recortes, alcanza por fin la financiación suficiente para ser un servicio público clave en la formación superior, la promoción de valores y de igualdad en todas las etapas de la vida, funciona con criterios de buen gobierno dentro de los más altos estándares europeos y garantiza la efectividad de los derechos del personal docente, investigador y de administración y servicios.

233. Garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente. Asimismo, se establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %. También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

234. Igualdad de oportunidades en la educación. Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares. 235. Eliminar los conciertos educativos y las subvenciones a las escuelas que practican la segregación educativa por razones de sexo. 236. Crear una asignatura de feminismos. La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

237. Incluir la lucha contra el cambio climático en el sistema educativo. Otorgaremos al cambio climático la importancia que merece entre los contenidos educativos, respondiendo al reto que las generaciones más jóvenes han lanzado en esta lucha por el planeta. Para ello, se aumentará la formación sobre estas materias en los currículos y se mejorarán los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

238. Promover las lenguas cooficiales y propias en el sistema educativo. La adecuada vitalidad de las lenguas cooficiales y propias de los distintos pueblos requiere una acción pública, acorde con su situación específica, que las potencie, como parte de la identidad y riqueza cultural de nuestro país. Para ello, necesitamos que exista una oferta educativa suficiente para permitir que en los centros educativos de toda España se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de cada territorio.

239. Implementar un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Bullying (acoso) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas. Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

240. Equiparar la educación artística superior con el resto de la educación superior. En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

241. Implantar la educación inclusiva en la escuela ordinaria pública. Tal como exige el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la educación en un entorno inclusivo y habitual.

242. Reforzar la Educación Física y el acceso al deporte. Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

123. Garantizaremos la libertad de elección de las familias. Eliminaremos las zonas de escolarización donde existan y se dará prioridad al deseo de la familia. Trabajaremos para que los centros educativos públicos y concertados puedan incrementar su oferta de plazas escolares en aquellos casos en los que sea inferior a la demanda. Apoyamos a la red pública,concertada y privada. Son las familias quienes deben elegir el modelo que
deseen para sus hijos y las administraciones atender a esas preferencias y respetar el carácter propio de cada centro.
124. La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español será el castellano, y, en aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, éstas podrán también ser previstas como lenguas vehiculares.
125. Aprobaremos una Ley nacional del 0-3, que aborde de forma integral el cuidado y la educación de los menores de estas edades y las necesidades de sus familias. Se buscará un marco regulatorio flexible que otorgue la mayor libertad de elección a las familias y facilite la conciliación laboral. Además, mantendremos el “cheque 0-3” de 1.000 euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años tanto por gastos de guardería y colegio como de cuidadores profesionales.
126. Ampliaremos a todas las comunidades autónomas la educación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional básica para que esta no sea una etapa que queda fuera del sistema de financiación actual.
127. Impulsaremos un Plan Nacional para promover la implantación del Bachillerato Internacional proporcionando los medios humanos y materiales necesarios a los Institutos Públicos que lo soliciten.
128. En tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada, se modificará la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a entidades sin ánimo de lucro acogidas a la citada Ley y dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada ley. Elaboraremos un informe sobre el coste de la plaza escolar. En función del mismo actualizaremos el módulo del concierto.
129. Reforzaremos la Alta Inspección del Estado, fortaleciendo sus competencias,sus medios humanos y materiales. También modificaremos su regulación para que pueda actuar de oficio con capacidad sancionadora y con competencia en los libros de texto y otros materiales curriculares.
130. Impulsaremos el Estatuto del Docente, donde se contemple la reforma de los Planes de Formación, el acceso al profesorado a través de un sistema equivalente al MIR y también el conjunto de la carrera profesional. Apoyaremos las titulaciones de magisterio bilingües (inglés-español) en las universidades públicas y aprobaremos un Programa de becas para facilitar estos estudios.
131. Avanzaremos en la profesionalización de la dirección de los centros educativos. Promoveremos la autonomía de los centros educativos, públicos,
concertados y privados, así como la transparencia y rendición de cuentas de los objetivos marcados y los resultados obtenidos.
132. Realizaremos al final de cada etapa educativa pruebas académicas de carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos de cada alumno, a fin de estimular la mejora individual y del conjunto del sistema. De ellas tendrá efectos académicos al menos la que se haga al terminar el Bachillerato.
133. Garantizaremos el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de religión en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter voluntario y evaluable.
134. Promoveremos cambios en la programación para ampliar el estudio de las humanidades, especialmente la filosofía, que recuperará su condición de asignatura obligatoria en el Bachillerato.
135. Impulsaremos programas de formación de maestros y profesores para la mejora en el aprendizaje de las materias STEM. Introduciremos el diseño de Apps y páginas Web, Impresión en 3D y la robótica como contenidos de la materia de Tecnología. Desarrollaremos una Estrategia Nacional para impulsar las vocaciones STEM entre las alumnas.
136. En coordinación con las comunidades autónomas llevaremos la conectividad por fibra óptica o 5G a todos los colegios e institutos públicos de España.
137. Apoyamos los centros de Educación Especial y el derecho de las familias a elegirlos como propuesta educativa para sus hijos. Facilitaremos la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en el caso de que esa sea la opción elegida por las familias.
138. Reforzaremos la Escuela Rural como instrumento básico de igualdad de oportunidades y herramienta para luchar contra la despoblación.
139. Impulsaremos la Formación Profesional, tanto la Dual como la Básica y la Superior, como instrumentos clave para la inserción laboral de los jóvenes y fundamental para la modernización del tejido productivo. Promoveremos una adaptación continuada y flexible de estos estudios a las necesidades de un mercado laboral en plena transición tecnológica.
140. Pondremos en marcha planes especiales de educación e infraestructuras educativas para Ceuta y Melilla.
141. Elaboraremos un plan nacional para garantizar el honor y la intimidad personal de los estudiantes en los centros escolares y proteger a los estudiantes del ciberacoso. Los centros educativos, a su vez, elaborarán planes para la formación de los escolares en ciberseguridad.
142. Promoveremos modelos de financiación estable para las universidades que incentiven la calidad y les permitan competir internacionalmente a la hora de atraer talento de alumnos y profesores. Para ello se impulsarán figuras similares a las de los contratos programa y se pondrán en marcha iniciativas de excelencia que faciliten una financiación complementaria.
143. Impulsaremos sistemas de contratación del profesorado transparentes basados en el mérito y la capacidad. Favoreceremos y fomentaremos la movilidad entre universidades, flexibilizando los requisitos y promoviendo la formación de equipos académicos y de investigación competitivos.
144. Flexibilizaremos los proyectos de investigación competitivos, limitando la burocracia y publicando las convocatorias con antelación, con un calendario anual fijo que permita programar los trabajos de los distintos grupos y equipos de investigación. Crearemos un sistema de incentivos eficaz para fomentar la investigación con aplicación en el sector productivo.
145. Ampliaremos las posibilidades de gobernanza de las Universidades permitiendo la separación de la gestión académica de la gestión económico-administrativa.
146. Reforzaremos el papel de los Consejos Sociales de las universidades, para que cumplan el papel que les reserva la normativa vigente y se fortalezca de modo eficaz su carácter de vínculo necesario entre universidad y sociedad.
147. Impulsaremos mecanismos de evaluación transparentes de la calidad de la docencia y la investigación de las universidades españolas. Todas las universidades deberán aplicar sistemas de contabilidad analítica antes de 2022.
148. Promoveremos una amplia política de becas que valore no solamente las circunstancias económicas y sociales, sino también el esfuerzo de los alumnos.
149. Aprobaremos un Programa Internacional de Becas de Excelencia para que ningún joven español admitido en una de las 25 principales universidades del mundo pierda la oportunidad de formarse en esos centros.
150. Impulsaremos la homologación de títulos extranjeros mediante la creación de un portal electrónico que permita digitalizar todo el procedimiento y acortar sustancialmente los plazos. Promoveremos acuerdos con otros países para acelerar el reconocimiento recíproco. Las solicitudes tendrán que resolverse en un plazo máximo de 3 meses.
151. Fomentaremos la relación entre la universidad y la empresa, facilitando la incorporación flexible de los estudiantes a los entornos de trabajo en sus diferentes momentos de formación: eliminaremos las trabas existentes sobre las prácticas, y lo haremos siempre a partir del diálogo con todos los sectores afectados.
152. Apoyaremos la internacionalización de la universidad: Reforzaremos los programas de movilidad internacional, especialmente el programa Erasmus y promoveremos que un número mayor de estudios superiores puedan realizarse en inglés.
153. Reforzaremos el Espacio Iberoamericano de Educación Superior promoviendo programas de movilidad con incentivos para la atracción del alumnado. Los años de estudio en España se reconocerán a la hora de obtener la nacionalidad.
154. Promoveremos el uso de nuevas herramientas informáticas colaborativas para la totalidad del sistema universitario español, incluyendo la Compra Pública Innovadora.

PSOE

Fuente: https://www.psoe.es/media-content/2019/10/20191007-Documento-35-compromisos-sociales.pdf

17. Nueva Ley básica de educación al servicio de la comunidad educativa. Aprobaremos una Ley básica de educación, producto de un Pacto Educativo, para superar la LOMCE y blindar la educación pública con más recursos: la inversión educativa en España alcanzará el 5% del PIB en el año 2025. Con esta nueva Ley de educación garantizaremos la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo. Este principio será compatible con el mantenimiento de Centros de Educación Especial para alumnos que necesiten una atención muy personalizada. También incluiremos en el curriculum la educación en los valores constitucionales, democráticos y cívicos, acorde con lo comprometido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

18. Vencer el fracaso escolar para ganar un futuro inclusivo para todos y todas. Combatiremos el abandono escolar prematuro con medidas acordadas entre todas las administraciones responsables para lograr que al final de la legislatura al menos el 90% de los jóvenes cuente con estudios postobligatorios.

19. Digitalizar la educación para liderar la era digital. Aprobaremos la estrategia de digitalización en educación y formación profesional, con la que lograremos mejorar la conectividad digital de los centros educativos, transversalizar los contenidos digitales en toda la FP y modernizar los espacios educativos para adaptarlos al aprendizaje cooperativo.

20. Que la universidad sea un logro personal y no un privilegio. Incrementaremos la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales de renta y asegurando unas cuantías que permitan a los mejores estudiantes estudiar donde escojan.

VOX

Fuente: https://www.voxespana.es/biblioteca/espana/2018m/gal_c2d72e181103013447.pdf

60. Exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional,conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo.Empezando por la UE.
61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio.
62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional.El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.
63. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.
64. Implantar exámenes de control a nivel nacional (incluyendo uno de nivel de conocimiento de la lengua española) al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades.
65. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos.
66. Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones así como en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional. A nivel cultural fomento del arraigo a la tierra, manifestaciones folclóricas y tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad
69. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencial sanitaria. Incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación.

Baleares - Universidades

BOE 26/9/2023: Oferta de empleo público 2023: personal docente e investigador y personal de administración y servicios en la UNED

Oferta de empleo público

Catálogo de Necesidades para el nuevo Curso Universitario 2023-2024

UEX: se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

UVA. Oferta de empleo público de personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid para el año 2022. BOCYL 14/11/2022.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

CSIF critica unos PGE insuficientes para el sistema universitario

Situación en la que quedarán distintas figuras de PDI por la nueva LOSU

Propuestas para Educación de los distintos partidos políticos para las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019

Ciudadanos

Podemos

Partido Popular

PSOE

VOX