Aragón - Administración de Justicia

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

Cada día y medio fallece una persona en el trabajo por un problema cardiovascular, exceso de horarios, estrés y problemas de conciliación

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 26 Sep 25 10:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, alerta sobre el preocupante impacto de las enfermedades cardiovasculares en el entorno laboral y exige al Gobierno y a las empresas la implementación de medidas urgentes para proteger la salud de las personas trabajadoras, especialmente en colectivos de mayor riesgo como bomberos, personal de sanidad, fuerzas de seguridad, trabajadores del transporte, construcción, atención al público y empleados públicos en entornos con alta carga de estrés.

Hasta julio de 2025 se registraron 545 accidentes laborales durante la jornada con 153 fallecimientos, lo que supone que cada día y medio falleció una persona en el lugar de trabajo por un problema cardiovascular, según datos recabados por CSIF con motivo de la celebración el próximo 29 de septiembre del Día Mundial del Corazón.

Las principales causas de muerte en el trabajo por este motivo son los infartos y derrames cerebrales. En 2024, se produjeron 983 accidentes laborales durante la jornada laboral debido a estas patologías, siendo 266 mortales, 21 más que el año anterior, lo que representa un aumento del 8,6 por ciento de los accidentes mortales, según datos avanzados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De hecho, el 41,17 por ciento de todas muertes por accidente de trabajo son ocasionadas por enfermedades de origen cardiovascular.

CSIF denuncia que estos datos son la punta del iceberg de un problema estructural ignorado durante años. Condiciones laborales que favorecen el estrés crónico, la falta de pausas, los turnos excesivos, la exposición a temperaturas extremas, la presión asistencial, esfuerzo físico intenso, climas laborales tóxicos y la escasez de personal son caldo de cultivo para cardiopatías laborales que no se visibilizan ni se declaran adecuadamente.

En España se calcula que cada año se producen 30.000 casos de parada cardiorrespiratoria y se estima que la posibilidad de sobrevivir sin secuelas cuando se produce de forma extrahospitalaria se sitúa entre el 5 y el 11 por ciento. En 2024, las enfermedades cardiovasculares fueron la segunda causa de muerte, representando el 26,6 por ciento del total de fallecimientos.

Este próximo 29 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Corazón, CSIF alza su voz para exigir entornos de trabajo cardio seguros y cardiosaludables, entre las reivindicaciones para reducir las cardiopatías destacan:

Incorporar el riesgo cardiovascular como parte esencial en la evaluación de riesgos laborales, teniendo en cuenta los factores psicosociales, físicos y organizativos que afectan al corazón.

Establecer medidas con perspectiva de género.

Revisar los ritmos y cargas de trabajo, especialmente en sectores críticos y garantizar plantillas suficientes que eviten la sobreexposición al estrés.

Ampliación de los reconocimientos médicos laborales periódicos, incluyendo pruebas específicas para valorar la salud cardiovascular y seguimiento preventivo de casos detectados.

Instalación obligatoria de desfibriladores (DEA) en centros de trabajo con alta afluencia, DEA portátiles en vehículos que sean centros de trabajo y personal formado en su uso.

Implantación de programas de salud cardiovascular, con campañas de concienciación, talleres de autocuidado, alimentación saludable y actividad física en el entorno laboral.

Protocolos de actuación rápida ante síntomas de infarto o ictus, y formación a la plantilla en primeros auxilios cardiovasculares.

Jornada laboral saludable: promover horarios que favorezcan la conciliación, el descanso y eviten la cronificación del estrés.
Supervisión y control de temperaturas en centros de trabajo cerrados y vehículos, especialmente en olas de calor, como medida clave para evitar accidentes por golpe de calor o descompensaciones cardíacas.

Además, CSIF está informando a los profesionales sobre la promoción de la salud cardiovascular y las señales de alerta de un infarto o ictus, porque cada latido cuenta. Cada vida perdida por un infarto evitable en el trabajo es una negligencia del sistema preventivo. Es hora de actuar.

PRÓXIMA REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

irene.de-la-riva.heredia — Wed, 17 Sep 25 11:41:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAragón - Administración de Justicia Image

Adjuntamos documento con las preguntas y las propuestas que la Delegada de Prevención de CSIF del Departamento de Justicia que ha presentado ante el Cómite, para su DEFENSA en la próxima convocatoria

Además de ello, se tratará en el Orden del día los siguiente puntos:

- Organización de la prevención de los riesgos laborales

- Planficación de la prevención

- Formación e información

- Vigilancia de la Salud

- Información y propuestas

- Ruegos y preguntas

SEGUIREMOS INFORMANDO

CSIF advierte de la alerta creciente por el riesgo biológico de las garrapatas en el ámbito laboral: una amenaza silenciosa para trabajadores expuestos

encarna.abascal.perez — Mon, 30 Jun 25 13:09:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de la alerta creciente por el riesgo biológico de la exposición a garrapatas en el ámbito laboral y denuncia la falta de medidas preventivas para ciertos colectivos.

El avance del cambio climático, el incremento de temperaturas y aumento de vegetación por las lluvias de este año están favoreciendo la proliferación de garrapatas en amplias zonas de España. Esto supone una exposición a riesgo biológico cada vez más preocupante para los trabajadores en contacto con el medio natural o al aire libre, como pueden ser personal del ámbito forestal, rural, agricultores, agentes medioambientales, personal de obras, vigilancia, emergencias, veterinarios, técnicos de campo, entre otros, están expuestos a este vector que puede transmitir enfermedades graves. Por ello CSIF informa a los profesionales sobre cómo proceder y exige las medidas de protección necesarias para los colectivos más expuestos.

En los últimos años, debido al aumento de temperaturas y a la expansión del hábitat de estos vectores, se han detectado más de 1.000 casos clínicos asociados a enfermedades transmitidas por garrapatas en España, según datos del Instituto de Salud Carlos III. Algunas de estas patologías, como la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa o el virus Crimea-Congo, pueden tener consecuencias graves para la salud. CSIF reclama mayor vigilancia y protocolos de prevención y actuación. Además, informa que deben ser reconocidas como enfermedad profesional si el contagio por la picadura es en el desarrollo de su actividad laboral.

CSIF denuncia que no se están aplicando adecuadamente planes de prevención y medidas ante la exposición a riesgo biológico por picadura de garrapatas, ni las medidas preventivas mínimas para estos profesionales, como son:

- Formación e información sobre este riesgo.

- Dotación de Equipos de Protección Individual (ropa adecuada, repelentes, etc.).

- Procedimientos de actuación ante picaduras y pinzas para su extracción.

- Revisión del cuerpo tras jornadas en campo.

- Vigilancia de la salud específica para colectivos expuestos.

La salud de los trabajadores no puede depender del azar. Las picaduras de garrapatas no son un asunto menor y deben tratarse como lo que son: un riesgo biológico reconocido que requiere intervención inmediata y eficaz. La prevención no puede esperar a que ocurran más casos graves. Con la salud de los trabajadores no se juega.

Un centenar de personas sufre baja laboral cada verano por las altas temperaturas: CSIF exige que se cumplan los protocolos de actuación ante el calor extremo en el trabajo

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 27 Jun 25 09:42:00 CEST

Un centenar de personas sufren baja por accidente laboral por calor e insolación cada verano, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En este sentido, exigimos que se implementen los protocolos de actuación ante temperaturas extremas en el trabajo y denunciamos la infradeclaración de accidentes laborales causados por temperaturas extremas.

En concreto, en los últimos cinco años se han producido 619 bajas laborales por el calor extremo, con un total de 9 víctimas mortales. A escasas semanas de que empiece oficialmente el período estival y sin ningún accidente hasta ahora por esta causa, los últimos registros de 2024 reflejan 111 accidentes de trabajo con baja por altas temperaturas, la mitad de los producidos en 2023. Este fue el tercer verano más cálido desde que hay registros, con 4 olas de calor y un total de 24 días en esa situación, así como 222 bajas por este motivo y 3 fallecidos. Por su parte, el verano de 2022 tiene el récord histórico como más caluroso, con 5 accidentes mortales y un total de 168 bajas por accidente en el trabajo.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige a administraciones y empresas que cumplan con las medidas de seguridad y salud en el trabajo frente a las altas temperaturas tanto en interiores como en exteriores. Destacamos la necesidad de cumplir con el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo para aquellos trabajos que se desarrollen al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados.

Los/las delegados de CSIF intensificarán la vigilancia en los centros de trabajo ante las reclamaciones de los trabajadores por la llegada del calor y la ausencia de medidas necesarias como cambios en la organización de actividades y horarios de jornada, ropa de trabajo estival o equipos de protección frente a la radiación solar (gafas de sol o cremas solares).

Además, CSIF impulsará una campaña informativa sobre el estrés térmico para explicar a los trabajadores sus derechos, señales de estrés térmico, medidas de protección y de actuación en caso de golpe de calor.

La exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como calambres, agotamiento deshidratación, insolación, agravar enfermedades crónicas y golpe de calor (con problemas multiorgánicos que pueden incluir síntomas tales como inestabilidad en la marcha, convulsiones e incluso coma). El pasado año se vivieron varias olas de calor que provocaron más de 2.190 fallecimientos por exceso de temperatura.

SE REANUDAN LAS REVISIONES MÉDICAS VOLUNTARIAS. PARA LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA SE REALIZARÁN ANTES DEL VERANO.

irene.de-la-riva.heredia — Fri, 23 May 25 08:20:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesÚltimas noticiasCSIF InformaAragón - Administración de Justicia Image

Ayer, 22 de mayo de 2025 se celebró la constitución y primera reunión de Comité de Seguridad y salud, tras dos años de inacción desde que se cambió de Gobierno en junio de 2023. Tras los escritos de CSIF insistiendo en su constitución y convocatoria, hoy por fin se ha hecho efectivo.

CSIF ha preguntado por la reanudación de los reconocimientos médicos voluntarios bianuales, paralizados desde principios de 2024.

Nos informan que ya está todo preparado para lanzar en breve la convocatoria a todos los departamentos afectados. Justicia se encuentra afectada y por ello y antes de que comience el verano, se realizarán estos reconocimientos médicos a TODOS los funcionarios de justicia que voluntariamente quieran, independientemente de que en 2023 les tocase o no.

Han gestionado también, dentro de los tres centros médicos donde se van a realizar, que se pueda acudir al centro ubicado en la propia Expo, para facilitar la movilidad de los funcionarios y economizar en tiempo.

Función pública por su parte informa que se encuentra en un proceso de digitalización de las citaciones, que esperan esté operativo muy pronto, para agilizar el trámite.

En este mismo Comité, la Delegada de prevención de CSIF ha manifestado que debido a las cargas de trabajo exageradas que estamos sufriendo y a la falta de medios personales, existe un caldo de cultivo muy propicio para padecer patologías como estres o ansiedad, que muchas veces y por desgracia, conduce a situaciones de incapacidad laboral.

Desde CSIF hemos propuesto, tal y como ya tienen en Cataluña, la contratación o firma de convenio con un servicio externo de psicólogos para ayudar a los empleados públicos en los casos de estres, mobbing, ansiedad, etc.

El modelo a seguir es el de Cataluña que ya tiene concertado con BH Bienestar un servicio gratuito para los funcionarios de la Generalitat que lo demanden, que cuenta con muy buenos profesionales, y de lo que nos costa como delegados de prevención, que estan dando muy buenos resultados.

La Admón ha tomado muy buena nota y valorará la posibilidad de hacer algo parecido en Aragón.

La Delegada de prevención de CSIF también ha solicitado la revisión de las temperaturas de los edificios judiciales y el mantenimiento del equilibrio entre frio y calor, creando un disconfort que afecta al desempeño de nuestro trabajo.

Lo que es inverosímil que en mitad de mayo haya compañeros trabajando con abrigo, y que a su vez en el mismo edificio, otros vayan de tirantes. Esto claramente pasa de ser una simple percepción personal de la temperatura. Problema que por otra parte en algunos edificios judiciales ya es endémico.

La delegada de Prevención de CSIF solicita al Comité la convocatoria de Jornadas de formación y de sensibilización sobre el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, visibilizando así un problema que desgraciadamente se padece en nuestros centros de trabajo, muchas veces de forma soterrada.

Existen protocolos de actuación frente a estos acosos elaborados y aprobados por el Gobierno de Aragón, y los funcionarios tenemos derecho a conocerlos y a ser formados al respecto.

En cuanto a las instalaciones del Juzgado de Guardia de Zaragoza, y a petición de los compañeros, la delegada de CSIF denuncia el mal estado general de las sillas, la suciedad de las duchas, el tamaño ínfimo de las camas y la reutilización del material higiénico (alfombrillas de suelo reconvertidas en toallas de aseo)

Cierto es que CSIF hace unos días, ya lo había denunciado previamente ante la Dirección General quien es la responsable de ello, acompañándolo de diversas fotos muy ilustrativas.

Esperemos que hayan tomado buena nota y vaya renovando y actualizando todos estos medios materiales, que suelen estropearse más rápidamente, debido al elevado número de funcionarios que mensualmente hacen uso de ellos.

Y para concluir, la Delegada de prevención de CSIF, ha puesto sobre la mesa el gravísimo problema de FALTA DE SEGURIDAD en los centros, de trabajo en general, y específicamente en lugares tan sensibles como los juzgados de Incapacidades.

Zonas que por el tipo de ciudadano al que se atiende, tienen un nivel de riesgo superior a la hora de padecer cualquier tipo de agresión. Ilustrando toda la problemática con algunos ejemplos de agresiones vividas por los propios compañeros, hemos solicitado la presencia continuada en estas zonas de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o, en su defecto, de guardas de seguridad para que velen por el bienestar y tranquilidad de estos compañeros. De modo, que en caso de ser necesario, la actuación de respuesta sea inmediata, no como ha estado sucediendo hasta ahora.

La Administración va a valorar la situación y nos comenta de la existencia en todas las salas de vistas, de un BOTÓN del PÁNICO, colocados hace menos de un mes en la mesa donde se sientan los Magistrados, para emitir un aviso inmediato a la policía o guardia civil de cada uno de los edificios ante una situación peligrosa.

La delegada de CSIF apunta que esta medida tan importante no ha sido comunicada a ningún miembro del Comité, pese a tratarse de temas que afectan a nuestra seguridad.

CSIF ha recriminado este hecho a la administración y se le ha exigido que no solo puedan utilizar este botón los Magistrados, sino que también estén los auxilios judiciales informados de su existencia y habilitados para su uso, máxime cuando el auxilio judicial no solo vela por el buen funcionamiento de los sistemas informáticos en las salas de vistas y de visionado de la Sala, sino también por las condiciones de utilización y uso de las mismas y manteniendo su orden (art 478 e) de la LOPJ).

Aun con su reticencia manifiesta por parte de la Admón, hemos conseguido que entren a valorar la opción propuesta.

A pesar de que las reuniones del Comité han de ser bimensuales, según el reglamento aprobado, para dar espacio para la valoración de todo lo expuesto y evitando el periodo estival, se acuerda la próxima reunión para finales del mes de septiembre, siempre que no haya algo de extrema urgencia que tratar antes.

De todo lo cual, daremos toda la información, como CSIF siempre hace.

ADJUNTAMOS CIRCULAR INFORMATIVA

CSIF insiste en la obligación de medición del gas radón en los centros de trabajo de localidades incluidas en la nueva Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

encarna.abascal.perez — Mon, 05 May 25 10:12:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAragón - Administración de Justicia Image

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó la instrucción IS-47, el pasado 9 de abril, por la que se establece el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, y se establecen las directrices para las mediciones de este gas radiactivo natural en el interior de los centros de trabajo ubicados en ellos, obligando a su cálculo.

El radón es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del uranio, que se encuentra presente en la naturaleza. Y que, además, es un factor de riesgo a tener en cuenta ante la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Cuando el gas se encuentra al aire libre, no tiene ningún peligro, pero sí cuando se acumula en interiores, porque el radón se aloja en partículas en suspensión, que luego respiramos y quedan fijadas en pulmones, tráquea... pudiendo afectar a la salud de los trabajadores.

Desde el 20 de junio de 2024 las empresas e instituciones públicas (escuelas, instituciones penitenciarias, centros sanitarios, ayuntamientos, etc.) estaban ya obligadas a medir el nivel de radón en las localidades con altas concentraciones de radón, concretamente en los centros de trabajo situados en planta baja o rasante. Desde CSIF hemos exigido que se llevaran a cabo las actuaciones necesarias para proteger a los trabajadores expuestos en varias localidades afectadas, consiguiendo en varias de ellas que se realicen.

Se deben llevar a cabo mediciones periódicas de los niveles de radón en sus instalaciones y tomar medidas para controlar los niveles si estos superan los valores recomendados. En España, la concentración de radón se mide en becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), y el valor límite recomendado por el CSN es de 300 Bq/m³ en interiores, aunque la OMS recomienda tomar medidas a partir de concentraciones superiores a 100 Bq/m³.
Entre las medidas para controlar los niveles de gas radón pueden incluir la mejora de la ventilación, el sellado de grietas y agujeros en las paredes y el suelo, la instalación de sistemas de extracción de aire y la construcción de barreras físicas para impedir la entrada de radón en las instalaciones.

Las empresas o propietarios de las instalaciones públicas que no cumplan con estas medidas pueden ser acusados de delitos contra la seguridad y salud en el trabajo o de lesiones o homicidios imprudentes en caso de que se produzcan daños a los trabajadores o usuarios. Las penas previstas para estos delitos incluyen penas de prisión, multas económicas y la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales.

La instrucción del CSN desarrolla técnicamente lo ya dispuesto en el Reglamento de protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RD 1029/2022). Requiere que los titulares de las actividades laborales que se desarrollen en lugares de trabajo situados en plantas bajas y plantas bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria midan la concentración de radón en aire en todas las zonas en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre.

En base a las mediciones realizadas por el CSN, existe un listado de municipios clasificados en zona I y zona II en función de la probabilidad significativa de que los edificios allí construidos "sin soluciones específicas de protección" presenten concentraciones de gas radón superiores al nivel de referencia.

La instrucción identifica la relación de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, a los efectos del artículo 79 del Reglamento de Protección de la Salud sobre los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSI), son los incluidos como «Zona II» en el Apéndice B de la Sección HS6 del Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 732/2019 del Código Técnico de la Edificación y desarrolla el reglamento. El listado enumera los municipios afectados en Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ciudad Autónoma de Ceuta, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia, País Vasco y Asturias.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han formalizado un convenio de colaboración que establece mecanismos específicos para que la ITSS notifique al CSN sobre posibles situaciones de riesgo e incumplimientos de la normativa de protección radiológica relacionada con el gas radón.

Desde CSIF seguiremos exigiendo en los más de 1.600 municipios de España que tienen una radiación natural elevada (zona II, que figura en el mapa del CSN) que se lleven a cabo las mediciones frente a la exposición a radón y se garantice protección de los profesionales en los centros de trabajo afectados.

TODO X LA SALUD LABORAL

Ley 2/2025 en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

encarna.abascal.perez — Wed, 30 Apr 25 11:46:00 CEST

NormativaPrevención de Riesgos LaboralesAragón - Administración de Justicia Image

CSIF te informa sobre el resumen de las principales novedades respecto a la Incapacidad Permanente:

1. No se extingue automáticamente el contrato por incapacidad permanente

Antes, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez implicaba automáticamente la extinción del contrato. Ahora solo podrá extinguirse si se cumplen ciertas condiciones:

La persona trabajadora no desea continuar.
No es posible realizar ajustes razonables para mantener el empleo, y esos ajustes suponen una carga excesiva para la empresa.
No existe un puesto vacante y compatible con la nueva situación.
La persona trabajadora rechaza el cambio de puesto adecuado que se le ofrezca.

2. Periodo de suspensión del contrato

El artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores se modifica para establecer que, en caso de previsión de mejoría o mientras se valoran los ajustes o el cambio de puesto, se mantiene la suspensión del contrato hasta 2 años con reserva del puesto de trabajo.

3. Plazos

La persona trabajadora tiene 10 días naturales desde que se le comunica la incapacidad para manifestar su voluntad de continuar.
La empresa dispone de 3 meses para hacer los ajustes o formalizar la extinción, motivada y por escrito.

4. Criterios para considerar carga excesivo

Se evaluará en función del tamaño, recursos y volumen de negocio de la empresa. Para empresas de menos de 25 empleados, se considerará excesiva si el coste supera:

La indemnización prevista por despido improcedente.
O seis meses de salario.

5. Compatibilidad con la Seguridad Social

Se modifica también la Ley General de la Seguridad Social. En caso de mantenimiento del puesto adaptado o cambio a otro compatible, la prestación de incapacidad permanente se suspenderá. El Gobierno deberá reformar la normativa sobre compatibilidad entre pensión y trabajo en un plazo de 6 meses.

Día Mundial de la Seguridad y salud en el Trabajo. 28 de abril. No es un juego, es nuestra vida. Si incumples eres responsable

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 28 Apr 25 03:07:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) que se celebra el 28 abril con el lema “NO ES UN JUEGO, ES NUESTRA VIDA. SI INCUMPLES ERES RESPONSABLE.” Queremos alzar la voz por la defensa de un derecho fundamental que aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo: el derecho a una vida laboral segura, saludable y digna. De hecho 2024 ha sido un año negro como muestran las cifras de siniestralidad laboral de las estadísticas.

Este día no es solo una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real. Nos impulsa a exigir medidas concretas para revertir las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y a construir un futuro laboral basado en la prevención y la responsabilidad compartida.

En el sector público, cada día miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su integridad por sobrecarga de trabajo, agresiones de todo tipo en la Sanidad y centros penitenciarios, colegios con ratios elevadas y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales. Lo que no se ve también duele.

Este año tenemos que rendir homenaje a las víctimas de la Dana en Valencia, donde también fallecieron empleados públicos dando lo mejor de sí mismos como siempre para salvar vidas; la trágica muerte de una trabajadora social en el centro de menores de Badajoz; las centenares de agresiones en prisiones y el asesinato de una cocinera en Tarragona; el asesinato en Barbate de guardias civiles embestidos por una narco lancha; el atropello de agentes en un control de tráfico en Los Palacios (Sevilla), por no hablar de los suicidios registrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tampoco podemos olvidarnos este año de los cinco mineros fallecidos y cuatro heridos recientemente en la mina de Cerredo (Asturias), el más grave de este siglo. Todos ellos realizaban labores de interés público en la investigación, desarrollo y explotación de recursos mineros y energéticos.

Los poderes públicos tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo.

La siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de “resistencia” impuesta a quienes están al servicio público.

Siniestralidad laboral y enfermedades profesionales

Los datos de siniestralidad laboral publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el avance de enero-diciembre de 2024 reflejan una realidad preocupante que no podemos normalizar. Cada día 3.236 personas trabajadoras se accidentan y 2 fallecen durante su jornada laboral. En 2024 se registraron 1.181.202 accidentes laborales en España, de los cuales 628.300 provocaron baja laboral y 87.986 fueron accidentes ‘in itinere’.

Más grave aún es el dato de 796 personas fallecidas en accidentes laborales, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a 2023, con 75 víctimas mortales más.

Desde CSIF exigimos al Gobierno y administraciones competentes las siguientes medidas de forma urgente:

Reformas legislativas: la actualización de la Ley 31/1995 de PRL para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales; y aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.
Regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva.
Dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud.
Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Protocolos eficaces contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, especialmente en los colectivos más vulnerables como sector sanitario, docentes, prisiones y servicios sociales.
Incorporación de profesionales de psicología en los Servicios de Prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.
Endurecimiento de las sanciones en materia de prevención, incluida a la propia administración en sus incumplimientos.
Integración de la edad, diversidad generacional, y perspectiva de género.
Potenciar la formación en PRL e incluirla como obligatoria en grados universitarios y sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la Inteligencia Artificial.
Actualizar los equipos de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos laborales para reducir la siniestralidad.
Mayor protección frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por una cultura preventiva real, no simbólica. No podemos permitir que la seguridad en el trabajo sea solo un eslogan una vez al año. Exigimos una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes. Y en la memoria de los que ya no están, reivindicamos con más fuerza que ninguna muerte o enfermedad derivada del trabajo debe ser el precio de trabajar.

CSIF considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en alguno de los ámbitos (empresa privada y sector público), pudiendo así estar presentes como sindicato más representativo de las administraciones públicas.