Andalucía - Instituciones Penitenciarias

CSIF Prisiones Sevilla denuncia una agresión a dos funcionarios en el centro penitenciario Sevilla II (Morón)

fernando.fernandez.lobillo — Sun, 17 Aug 25 12:49:00 CEST

La Central Sindical solicita a la Dirección del centro la conducción inmediata del interno agresor a otro establecimiento y destaca la profesionalidad de la plantilla, sin apenas medios ni personal...

CSIF critica la falta de médicos en las prisiones andaluzas y lamenta que 16 de ellas hayan recurrido a la contratación privada para atender la demanda

admin — Thu, 18 May 23 07:57:13 CEST

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En la comunidad andaluza hay 65 plazas vacantes de facultativos sin cubrir y el sindicato reclama que estén cubiertas antes de que comience el periodo vacacional
Solicita un incremento salarial que iguale la Atención Primaria penitenciaria con la extra penitenciaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha criticado la falta de médicos en las prisiones andaluzas lo que ha provocado que en 16 de ellas, que representan más del 75% del total de estos centros, se haya tenido que acudir a la contratación privada ante la necesidad de personal sanitario.

El presidente del sector de Administración General del Estado de CSIF-A y coordinador nacional de sanidad penitenciaria del sindicato, Francisco Amaya, ha señalado que las cárceles andaluzas “atraviesan una situación complicada al no disponer de facultativos, por lo que reclamamos al Ministerio del Interior una solución urgente que, en ningún caso pase por privatizar estos servicios ante la demanda de asistencia sanitaria”.

Desde el pasado 1 de marzo de este año, en Andalucía hay 65 plazas vacantes. Las cárceles de las provincias de Cádiz y Sevilla son las más afectada con 15 plazas sin cubrir cada una, seguidas de Málaga con 11 y Granada con siete. Huelva acumula seis vacantes, cinco Jaén y tres Almería y Córdoba, respectivamente.

Amaya ha insistido en la necesidad de acabar con estos “paupérrimos servicios médicos antes de que comienzo el periodo vacacional y que el día 1 de julio ya esté contratado todo el personal necesario, puesto que no estamos dispuestos a que se deteriore la atención y la seguridad de los reclusos”. Además, los facultativos de las cárceles reclaman más personal, ya que su falta les impide, en muchos casos, coger vacaciones y tomar los días de descanso que les pertenecen.

El dirigente sindical ha explicado que a los enfermeros de las cárceles andaluzas “les están obligando a asumir roles de médicos, lo que provoca que asuman riesgos profesionales que no les corresponden”.

Desde CSIF-A también se insiste en igualar los salarios de los médicos de prisiones con el resto de facultativos de medicina extrapenitenciaria, puesto que desarrollan las mismas tareas. En este sentido, el responsable sindical recuerda que en las cárceles “no sólo se contempla la parte clínica, sino que tenemos casos de enfermos con patologías como hepatitis C, VIH o tuberculosis en mayor proporción que en los servicios habituales de Atención Primaria”.

Pese a la falta de facultativos en las cárceles, el Ministerio del Interior sólo ha podido cubrir seis de las 80 plazas ofertadas. Para CSIF la causa de esta falta de personal se debe a que los médicos de las cárceles cobran entre 600 y 800 euros mensuales menos que el resto de facultativos y la hora de guardia se cobra por debajo de la dotación por guardia en el SAS.

Los sindicatos mayoritarios en Instituciones Penitenciarias, CSIF y ACAIP-UGT, protagonizan una protesta bajo el lema “hartos de promesas incumplidas” con motivo de la festividad de la Merced

admin — Fri, 23 Sep 22 09:07:17 CEST

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Instituciones penitenciarias ha celebrado hoy una serie de actos, en la mayoría de las provincias españolas, con motivo de la festividad de la Merced, patrona de prisiones. Los sindicatos mayoritarios en el sector, CSIF y ACAIP-UGT han protagonizado una protesta bajo el lema “hartos de promesas incumplidas”

Los delegados y representantes de ACAIP-UGT y CSIF han querido mostrar su hartazgo ante la situación que se vive en las prisiones españolas. Con camisetas de protesta en las que se podía leer mensajes como “hartos de promesas incumplidas” o las principales reivindicaciones del sector: mejoras retributivas, carrera profesional o aumento de las plantillas.

También han repartido a los asistentes información del conflicto laboral que estas organizaciones mantienen con la administración penitenciaria desde el año pasado después de más de 5 años de protestas sin que, desde instituciones penitenciarias se hayan hecho eco de las mismas.

Recuerdan las palabras del ministro Marlaska durante el primer acto de esta festividad que presidió en 2018 en el que se comprometía a atender las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios como prioridad de su gobierno, sin embargo, 4 años después, la situación lejos de mejorar ha empeorado.

La administración penitenciaria falta al respeto a sus trabajadores de manera continuada, lo que genera hastío, hartazgo y una absoluta desconexión con nuestra propia institución.

ACAIP-UGT y CSIF, sindicatos mayoritarios en prisiones han querido hacer llegar a la sociedad el desprecio al que se sienten sometidos por los gestores penitenciarios, que prometen años tras años unas mejoras que nunca llegan y siempre tienen una excusa para incumplir lo comprometido. Ante los medios de comunicación dicen una cosa y ante sus trabajadores hacen todo lo contrario.

Estas organizaciones sindicales exigen una negociación real que mejore las condiciones laborales y reconozca el esfuerzo que hacen los empleados públicos penitenciarios con la subida salarial prometida, una formación adecuada, la consideración de agentes de autoridad y el resto de compromisos que la administración tiene paralizados.

Trabajadores de las prisiones andaluzas se concentran en la Delegación del Gobierno para pedir más seguridad y contra las últimas agresiones sufridas por el colectivo

admin — Thu, 14 Jul 22 10:22:58 CEST

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Trabajadores de los centros penitenciarios de Andalucía, convocados por CSIF y Acaip-UGT, se han concentrado este jueves ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en Sevilla, para protestar por las últimas agresiones ocurridas en las prisiones y en demanda de mayor seguridad y de la cobertura de plazas vacantes en estos establecimientos, que en Andalucía ascienden a más de medio millar.

Este colectivo denuncia “la situación de total abandono y falta de respeto que hemos sufrido por los dirigentes del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, según el responsable de CSIF Prisiones Andalucía, Miguel Ángel Rojas, quien ha subrayado que “la inactividad de la Administración y la falta de personal provocan un grave riesgo para la integridad física e incluso la vida de los trabajadores de los diferentes centros penitenciarios”.

Esta concentración, que ha tenido lugar entre las 12.00 y las 13.00 horas, se ha producido de forma simultánea en las Delegaciones del Gobierno de toda España después de que en los últimos días se hayan producido brutales agresiones en los centros penitenciarios de Murcia 2, Valencia y Madrid VII (Estremera).

Últimos casos, en El Puerto I y Alcolea
Las últimas agresiones registradas en prisiones andaluzas tuvieron lugar el mes pasado en Cádiz y Córdoba. En la primera de ellas, un interno atacó a un funcionario y a tres compañeros que acudieron a socorrerlo en la prisión de El Puerto I el 17 de junio; y en la segunda, dos trabajadores del Centro Penitenciario de Alcolea requirieron atención médica el 21 de junio después de la agresión de un recluso que se encontraba en fuerte estado de nerviosismo. Otra de las agresiones que han tenido lugar este año se produjo el 23 de febrero en el Centro Penitenciario de Jaén, donde un recluso agredió a varios funcionarios propinándoles golpes y bocados, además de insultarlos.

CSIF denuncia que las agresiones, que se producen de forma reiterada, “ponen de manifiesto la dejadez de la Administración y pone al descubierto la escasez actual de medios humanos y materiales”.

Solicitud de mediación al delegado del Gobierno ante Interior y Hacienda
Con carácter previo a la concentración realizada ante la Delegación del Gobierno, el colectivo ha sido recibido por el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, a quien los responsables sindicales le han solicitado que medie ante el Ministerio del Interior y ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública para resolver los problemas que afectan a las empleadas y empleados públicos de las prisiones andaluzas.

La movilización de este jueves en Sevilla se produce después de recientes movilizaciones por las mismas razones, como el paro durante 15 minutos protagonizado por los trabajadores penitenciarios el 29 de octubre pasado y las concentraciones que tuvieron lugar en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias el 11 de noviembre.

CSIF-A lamenta el “nefasto” balance de agresiones a funcionarios de prisiones durante 2021 y reclama el reconocimiento del colectivo como figura de autoridad

admin — Mon, 03 Jan 22 10:16:53 CET

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El sindicato considera “inadmisible” que siga habiendo sucesos como el conato de motín en Sevilla-II o las agresiones de presos en Algeciras o Jaén, entre otros incidentes
El responsable del Sector pide al Gobierno que “deje de criminalizar a los trabajadores”, que modernice los medios coercitivos y que apruebe ya la Ley de Cuerpos Penitenciarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha lamentado el “nefasto” balance del año en las cárceles de Andalucía, que han vuelto a ser el escenario de numerosos episodios de violencia contra los funcionarios que allí trabajan, y ha exigido al Gobierno que incremente el grado de protección de estos empleados públicos, lo cual pasa por su reconocimiento como agente de autoridad, el desarrollo práctico del protocolo contra agresiones y el refuerzo urgente de la seguridad en los centros penitenciarios, que debe pasar por la formación y ampliación de una plantilla que necesita más de medio millar de efectivos.

El responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Andalucía, Miguel Ángel Rojas, recuerda entre otros incidentes que en junio hubo dos sucesos casi consecutivos en Sevilla-II, en Morón de la Frontera, primero el día 7 con un conato de motín provocado por un interno al que se le suspendió un vis a vis y saldado con dos funcionarios heridos y dos días después con cuatro empleados lesionados por otro preso. En la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), hubo dos episodios violentos en octubre y noviembre, con un total de tres funcionarios afectados, mientras que en Jaén, a finales de octubre, una profesora sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno.

Rojas considera que esta sucesión de hechos y la desprotección a la que diariamente se enfrentan los funcionarios son “dos realidades inadmisibles a estas alturas del siglo XXI”. Para el responsable sindical, el primer paso para resolver esta “deriva” es solucionar el déficit de funcionarios que padecen los centros andaluces, en los que hay 549 vacantes sin cubrir en las relaciones de puestos de trabajo, lo que supone casi una décima parte de la plantilla total.

El problema se agrava por el envejecimiento del personal, con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios “en una clara desigualdad física” cuando deben reducir a un preso. “Este déficit de recursos humanos equivale a un plus de presión para quienes trabajan en las prisiones y los centros de inserción social. Confiamos en que haya avances a lo largo de 2022”, desea Rojas.

Otro paso fundamental, según CSIF-A, es que el Ministerio del Interior tenga “tolerancia cero” hacia las agresiones físicas y verbales y “deje de criminalizar a los trabajadores” cuando se vean inmersos en un enfrentamiento con un preso. En este sentido, también lamenta la falta de noticias sobre la Ley de Cuerpos Penitenciarios que se comprometió a aprobar el Gobierno y que otorgará la categoría de agente de autoridad a este colectivo de funcionarios, con lo que cualquier acto contra ellos será considerado delito, y reclama el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones, otro compromiso que “todavía no se ha llevado a la práctica”, así como la mejora de guantes, chalecos y demás elementos protectores o la introducción de las armas táser, que “permitiría ejercer contra los presos violentos sólo la fuerza personal suficiente para reducirlos”.

“Necesitamos medios coercitivos acordes con el siglo XXI. El aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas están obsoletos en muchos casos y el catálogo de sanciones data de hace más de 37 años”, especifica Rojas, que como factor disuasorio de conductas violentas propone el establecimiento de nuevas y más duras infracciones disciplinarias.