Andalucía - Administración General del Estado

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF rechaza la Oferta de Empleo Público porque apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado y reduce la promoción interna

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 05 May 26 14:18:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza la Oferta de Empleo Público (OEP) anunciada hoy por el ministro Óscar López, porque es insuficiente (apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso respecto al año pasado) y por segundo año consecutivo reduce las plazas de promoción interna, concretamente en 220 –según datos del propio Gobierno, comparados con la presentación del año pasado https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2025/150725-Presentacion-OEP2025.pdf --

A falta de conocer el detalle de la distribución, CSIF entiende que esta Oferta de Empleo Público impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa.

El Ministerio ha ocultado a las organizaciones sindicales más representativas los datos en la negociación y debe explicar al detalle las cifras trasladadas en rueda de prensa. Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna.

Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días.

CSIF defiende reforzar y repartir los efectivos en los ámbitos necesitados. De hecho, mañana mismo nos concentramos frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, en plena campaña de la renta, ante la necesidad de reforzar las plantillas en la Agencia Tributaria, garantizar la carrera administrativa y que el Servicio de Vigilancia Aduanera sea considerado profesión de riesgo.

CSIF denuncia que el Gobierno obvia sus insistentes reivindicaciones de embarcaciones para luchar contra el narcotráfico en Huelva

maria-teresa.rosado.feria — Fri, 08 May 26 16:56:00 CEST

Profundo pesar por el trágico desenlace de una persecución en el litoral onubense

La sección sindical de CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) denuncia las deficientes condiciones en las que los cuerpos de las fuerzas de seguridad operan en el litoral de Huelva y que explican el tráfico suceso ocurrido este viernes al colisionar dos embarcaciones durante una persecución antidroga.

El Gobierno central ha hecho oídos sordos en los últimos años, y más concretamente en los últimos meses, a las reivindicaciones de CSIF para que el SVA tuviera la consideración de profesión de riesgo y para que la base onubense dispusiera de los medios adecuados para hacer frente al narcotráfico creciente en la zona.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha obviado la petición de patrulleras de alta velocidad, modelo Rodman 55 Audaz, embarcaciones rígidas diseñadas expresamente para la interceptación de ‘narcolanchas'. Ninguna de las ocho unidades adquiridas por la AEAT han sido asignadas a Huelva “a pesar de que es el lugar por el que más droga entra en España actualmente”, en palabras del responsable nacional del sindicato CSIF en el SVA, Fran García. “Es un contrasentido y el resultado se puede observar en este lamentable suceso. Es imposible contrarrestar las ‘narcolanchas’ con los medios que tiene Huelva ahora”, ha agregado.

Una de las patrulleras de alta velocidad asignadas a la provincia de Cádiz ha acudido a la costa onubense en las últimas horas en servicio de auxilio, aunque desgraciadamente ya se han producido víctimas mortales.

García, por otra parte, ha insistido en que el reconocimiento del SVA como profesión de riesgo es otra de las medidas “imprescindibles” para los trabajadores. CSIF consiguió que el CVA estuviera incluido en esta consideración en el proyecto de ley, junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero la tramitación de la iniciativa continúa paralizada en el Congreso de los Diputados.

El fallo del Tribunal Supremo constata que en España sigue habiendo abuso de la temporalidad en las administraciones, como señala CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 12 May 26 13:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre la situación de los interinos en las administraciones públicas constata que en España se sigue produciendo abuso de la temporalidad, como señala nuestra organización.

CSIF no puede pronunciarse sobre el contenido del fallo -que señala que, conforme a la Constitución, todos los aspirantes a ocupar un puesto en la administración deben superar una prueba selectiva basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad- hasta conocerlo, aunque subraya que lo que ha trascendido coincide con nuestra denuncia de abuso de la temporalidad en el sector público.

Según datos oficiales recabados por CSIF, al menos 125.000 personas continúan en abuso de temporalidad, dado que el 23 por ciento de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. Además, la tasa de temporalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúa estancada en el 30 por ciento (el doble que en el sector privado), en torno a un millón de personas, y muy alejada del 8 por ciento que establece la ley de Temporalidad.

CSIF exige regular en nuestro ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Pedimos que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

Huelga en la Agencia Tributaria: CSIF se moviliza para exigir un refuerzo de personal y mejoras en las condiciones laborales

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 08 Jun 26 13:20:00 CEST

El sindicato convoca un paro de 24 horas y concentraciones por el desbloqueo de la carrera profesional, el desarrollo del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado este lunes frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía, ubicada en Sevilla, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con el organismo.

La concentración, que ha tenido lugar de manera simultánea en el resto de comunidades autónomas, se ha realizado el mismo día que el sindicato ha convocado un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España y al que han sido llamados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla a nivel nacional -unos 4.500 en Andalucía- entre oficinas, sedes, así como delegaciones territoriales y especiales.

Estas movilizaciones son consecuencia del bloqueo de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. CSIF señala tres puntos clave e irrenunciables para la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional, regulación del teletrabajo y reconocimiento como profesión de riesgos para el Servicio de Vigilancia Aduanera. La Central Sindical, además, ha denunciado la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, que se traduce en la sobrecarga de una plantilla saturada y al límite.

Con la huelga de 24 horas y la concentración de este lunes concluye el calendario de protestas iniciado el pasado 6 de mayo con una movilización frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que continuó el 13 y 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en toda España.

El Congreso aprueba que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a CSIF: hasta cuatro años de cárcel en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 11 Jun 26 13:51:00 CEST

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Además, la reforma que aprueba el Congreso implica una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas, formación y seguridad jurídica.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

Reconocimiento legal ante todas las administraciones.
Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.
Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.
Formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración.
Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de CSIF) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), Médicos, Sanitarios y otras categorías.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; y reclama a Interior y la Secretaría General de Prisiones que retome la elaboración de una nueva ley orgánica de Régimen General Penitenciario adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc

CSIF inicia movilizaciones ante la parálisis del V Convenio Único del personal laboral del Estado y el bloqueo de la jubilación parcial

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 11 Jun 26 12:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado a la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) frente a la Secretaría de Estado de Hacienda para denunciar la parálisis en la negociación del V Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado –que lleva año y medio sin avanzar--, el bloqueo del derecho a la jubilación parcial y el abandono al que el Gobierno somete al conjunto de los/as empleados públicos.

Esta concentración es el inicio de movilizaciones para reclamar, entre otras, mayor financiación en cuestiones fundamentales como la carrera profesional, la promoción interna, la equiparación salarial con las administraciones autonómicas, o el decreto que regulará la jubilación parcial.

Nuestra organización denuncia además la inacción de la Administración, probablemente como consecuencia de la inestabilidad política y la parálisis que afecta a las diferentes estructuras del Estado, así como la ausencia de voluntad para desbloquear una negociación que resulta imprescindible para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal laboral que asciende a alrededor de 38.000 personas y que en algunos casos tienen retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional.

CSIF exige al Gobierno que, con motivo del comienzo de la elaboración de los Presupuestos Generales de 2027, sitúe como prioridad la mejora de las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos, en especial del personal laboral que trabaja en las Administraciones Públicas.

En concreto, nuestras principales reivindicaciones son:

- La aprobación inmediata del decreto pendiente sobre la jubilación parcial anticipada, una medida largamente demandada, como solicitó CSIF al Gobierno el pasado 3 de marzo, que permitiría garantizar el relevo generacional, mejorar las condiciones de salida de las plantillas y favorecer la creación de empleo. El personal laboral lo tiene bloqueado por la última reforma en materia de pensiones derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal en las administraciones públicas. CSIF propone que se puedan seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas se cubran definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Además, pretendemos extender este derecho al personal funcionario y estatutario.
- La mejora y desarrollo efectivo de la carrera profesional, con criterios objetivos, transparentes y negociados, que reconozcan la experiencia, la formación y la trayectoria del personal laboral.
- La equiparación salarial con las administraciones autonómicas, poniendo fin a las desigualdades retributivas existentes y evitando la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de profesionales. El personal laboral de la Administración General del Estado cobra de media 7.380 euros menos al año que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto.
- La promoción interna real y efectiva, eliminando las trabas actuales y garantizando oportunidades de desarrollo profesional para toda la plantilla.

CSIF considera inaceptable que cuestiones fundamentales para miles de trabajadoras y trabajadores continúen bloqueadas. No vamos a permitir que se siga demorando un convenio esencial para el presente y el futuro del personal laboral Es el momento de actuar y de dar respuesta a unas reivindicaciones justas.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF se moviliza en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales: refuerzo de personal, teletrabajo, 35 horas, movilidad o carrera profesional

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 13:33:00 CEST

Una plantilla envejecida e insuficiente, el aumento de la carga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales afectan al servicio a la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado en Sevilla por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social y la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del Estado de Bienestar.

La movilización, convocada por CSIF, UGT, CCOO y CIG en diferentes puntos de la geografía nacional, ha congregado aproximadamente a 300 trabajadores y trabajadoras a las puertas de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Las organizaciones sindicales han denunciado el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional. Además, las productividades no se han actualizado como en el resto de los organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener el talento.

La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos. De una plantilla en Andalucía compuesta por unas 7.200 personas, un 10 % permanece vacante; además, la plantilla está cada vez más envejecida y el 50 % estará en edad de jubilación en cinco años.

De esta manera, la plantilla tiene cada vez más dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía en los trámites que realiza con la Seguridad Social. Esta realidad se aprecia en la atención al público, con oficinas con una grave falta de personal y esperas de hasta un mes y medio para conseguir cita; asimismo, en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el plazo medio de resolución es de un año.

El origen de estas protestas es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las organizaciones han denunciado, además, el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

CSIF y el resto de las organizaciones sindicales convocantes mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado de Bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía.

CSIF propone al Congreso un copago farmacéutico común para Seguridad Social y mutualistas: 30 por ciento general y gratuidad para pensionistas

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 22 Jun 26 11:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración: un 30 por ciento general y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo y cuyo plazo de enmiendas concluye, previsiblemente, el próximo día 24.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor.

CSIF consigue que el Gobierno desbloquee la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 29 Jun 26 12:25:00 CEST

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas. Se trata de una reivindicación que por fin vez la luz gracias a la presión ejercida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, frente al Ministerio de Función Pública.

La jubilación parcial era un derecho bloqueado con la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas (la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración). Ahora, tal y como reclamó CSIF, el Consejo de Ministros ha aprobado la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.

Ante esta situación, nuestra organización propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público.

Exigencia constante durante la negociación del Acuerdo Marco

CSIF exigió una solución al bloqueo durante la negociación del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, así como la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. En este sentido y gracias a la presión ejercida por CSIF, mantuvimos una reunión el pasado 11 diciembre con el ministro de Función Pública, a quien le trasladamos nuestras propuestas presentadas en el Parlamento.

De manera paralela, CSIF se dirigió nuevamente el pasado 3 de marzo al Gobierno, solicitando que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto-ley que regule la modalidad de jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como que se regule en el mismo medidas transitorias para que el personal laboral, cuyo derecho tiene reconocido, pueda acogerse de manera inmediata a la jubilación parcial con contrato de relevo. Asimismo, el pasado 11 de junio CSIF se movilizó en solitario frente al Ministerio de Hacienda exigiendo, entre otras medidas, el desbloqueo inmediato de este derecho.

CSIF seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para el personal funcionario y de la sanidad, que lo tienen bloqueado desde 2012. Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho.

CSIF exige sanciones ejemplares a los responsables de Administraciones que abusen de la temporalidad

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 30 Jun 26 11:49:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que se deben establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

El Ministerio de Función Pública informó hoy que ha pedido más tiempo a la Comisión Europea antes de que se hagan efectivas las sanciones por incumplir los objetivos de la Ley de Estabilización que limitan al 8 por ciento la tasa de temporalidad. El propio Ministerio reconoce que, en los sectores de Educación y Sanidad, la temporalidad asciende al 49 y 43 por ciento respectivamente.

Por ello, CSIF propone:

- Endurecer las sanciones.

- Que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.

- ⁠Reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).

- Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.

CSIF traslada su solidaridad con las miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad. Y vamos a continuar nuestras medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla y se dé solución a los problemas que todavía sufren grandes profesionales en todos los ámbitos de nuestras administraciones, después de años de servicio ejemplar.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida el pasado 11 de mayo avala la posición de nuestra organización: las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.

CSIF convoca movilizaciones en la Agencia Tributaria desde septiembre por mejores condiciones laborales: carrera profesional, refuerzo de plantilla y teletrabajo

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 02 Jul 26 13:45:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones, convoca a la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a que retome las movilizaciones en toda España a partir de septiembre ante la parálisis de las negociaciones para reforzar la plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la dirección de la AEAT.

El calendario de movilizaciones comenzará el 30 de septiembre, con una concentración en Madrid frente a la sede del Ministerio de Hacienda; y continuará el 7 de octubre con otra concentración del personal de Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Algeciras (Cádiz). Posteriormente, el 26 de octubre hay convocado un paro de una hora en todos los centros de trabajo de la AEAT; y una nueva concentración del personal del SVA en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de noviembre. Las movilizaciones concluirán el 2 de diciembre con una nueva convocatoria de huelga de una hora en la AEAT en toda España.

Estas nuevas movilizaciones son la continuación de las protestas del pasado mes de mayo como consecuencia del bloqueo de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. Exigimos tres puntos clave e irrenunciables para toda la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos); regulación del teletrabajo; y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

CSIF recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente; implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándole profesión de riesgo. CSIF denuncia que desde entonces no se ha producido ningún avance, lo que provocó la presentación de un conflicto el pasado abril contra la Agencia Tributaria.

Nuestra organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria (diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude).

Explicaciones por la crisis en la dirección de la Agencia Tributaria

CSIF también pide explicaciones por la crisis que actualmente se está viviendo en la cúpula de la Agencia Tributaria y que podría culminar con el cese de su directora general, según han publicado algunos medios de comunicación.

En este sentido, pedimos al Ministerio de Hacienda -del que depende la AEAT- que informe a los representantes sindicales de la situación actual que se está viviendo en la dirección y que garantice que un posible relevo no tendrá repercusiones negativas en las condiciones de trabajo de los 28.000 trabajadores que conforman la plantilla.

Si finalmente se produce el relevo de los máximos responsables de la Agencia Tributaria, CSIF solicitará una reunión a la nueva dirección para trasladarles el malestar de la plantilla por los incumplimientos de los acuerdos firmados; y emplazar a la nueva dirección general a que retome cuanto antes las negociaciones para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y garantizar que puedan seguir ofreciendo una atención de calidad a los ciudadanos.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF Andalucía alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales y avisa de que la nueva Ley de Prevención fracasará sin recursos e inversión

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 28 Apr 26 11:37:00 CEST

El sindicato celebra en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de PRL y reivindica que la salud laboral se sitúe como eje central vinculado a la calidad del empleo
Avisa de que en 2025 se registraron 764 bajas por enfermedad de origen laboral, una cifra que no refleja la realidad ya que muchas patologías se tratan como comunes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha alertado de la grave situación de la salud laboral y ha alertado de que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales nacerá abocada al fracaso si no va acompañada de una dotación suficiente de recursos humanos e inversión.

El sindicato, que ha celebrado este martes en Málaga sus II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha subrayado que la prevención de riesgos laborales “no puede seguir siendo un mero trámite burocrático”, sino que debe situarse como un eje central vinculado a la calidad del empleo tanto en el ámbito público como privado.

Las jornadas organizadas tienen como eje principal las enfermedades profesionales, “un problema especialmente preocupante por su infradeclaración. Debemos tener claro que no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante la inauguración del evento, que también ha contado con la participación de la diputada delegada de Recursos Humanos y Recursos Europeos de la Diputación Provincial de Málaga, Sandra Extremera.

Según datos oficiales, en Andalucía se registraron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja, la mayoría relacionadas con agentes físicos; sin embargo, el sindicato ha advertido de que esta cifra no refleja la realidad, ya que muchas patologías derivadas del trabajo continúan tratándose como enfermedades comunes. Especialmente llamativo es el caso del cáncer de origen laboral, que apenas representa el 0,25 % de los casos reconocidos.

“Cuando hablamos de salud laboral, estamos ante un problema de infradiagnóstico, desconocimiento y fallos estructurales del sistema que impiden una protección adecuada de la salud de las y los trabajadores”, ha apuntado Girela.

En este sentido, CSIF ha presentado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma con más de 30 años, que ha quedado desfasada y no responde a la realidad del trabajo actual. El sindicato ha reclamado “una ley ambiciosa que afronte realidades como la salud mental derivada del trabajo, la digitalización y que refuerce el papel de los delegados y delegadas sindicales de prevención”.

Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, CSIF ha denunciado este 28 de abril que la salud laboral es un problema estructural en España por la falta de recursos humanos, medios materiales y presupuestos específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención en administraciones y empresas.

Así, la Central Sindical ha recordado que los servicios de prevención están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, por lo que resulta imposible realizar, por ejemplo, evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud o intervenciones eficaces en los centros de trabajo”. Aunque la nueva norma recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de salud mental y desconexión digital, la organización ha advertido de que “en la actualidad hay una falta de inversión flagrante, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo”.

CSIF también ha querido denunciar el desconocimiento por parte de las y los trabajadores en materia de prevención laboral. Según un estudio realizado por el sindicato a nivel nacional, el 70 % del personal de las administraciones pública conoce sus riesgos laborales, pero desconoce sus derechos ante una enfermedad profesional; asimismo, solo el 37 % sabe con claridad qué es una enfermedad laboral, pero, por ejemplo, la mitad desconoce que el cáncer puede ser una de ellas.

En esta línea, el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre riesgos en su puesto y enfermedades asociadas más de dos tercios han necesitado medicación para aguantar la jornada. “Lamentablemente se está normalizando trabajar con dolor y con medicación”, ha concluido CSIF.

CSIF alerta de un grave problema de salud laboral y reclama más recursos y presupuesto en PRL con motivo del 28 de abril: “La prevención no se improvisa: necesita medios”

encarna.abascal.perez — Wed, 22 Apr 26 18:37:00 CEST

Prevención de Riesgos LaboralesAndalucía - Administración General del Estado Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quiere trasladar un mensaje claro y urgente: la salud de las/os trabajadores no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

Bajo el lema “La prevención no se improvisa: necesita medios”, nuestra organización advierte de que la salud laboral en España es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas.

Cuando los servicios de prevención (SPRL) están infradotados, con escasez de técnicos, personal médico y de Enfermería del trabajo, resulta imposible realizar evaluaciones de riesgos actualizadas, seguimientos adecuados de la salud, adaptaciones de puestos de trabajo o intervenciones eficaces en los centros de trabajo.

A ello se suma la falta de inversión, que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección. Por ello, es imprescindible implementar medidas estructurales que refuercen plantillas, garanticen financiación suficiente y establezcan criterios mínimos de dotación, asegurando así una prevención real, eficaz y centrada en la salud de las personas trabajadoras.

La siniestralidad laboral sigue siendo elevada

Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo confirman que la siniestralidad laboral sigue siendo una realidad preocupante: en 2025 se registraron más de 620.000 accidentes laborales con baja y alrededor de 735 fallecimientos. Y en los dos primeros meses de 2026 ya van 104, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos evidencian que, pese a los avances normativos, la prevención sigue sin ser plenamente efectiva en muchos entornos laborales.

El reconocimiento de la enfermedad profesional está muy bloqueado

Mientras que los accidentes muestran el impacto inmediato, las enfermedades reflejan exposiciones prolongadas, sobrecarga, fallos estructurales, y déficits en la prevención real.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59 por ciento (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

El número oficial de enfermedades profesionales es solo la punta del iceberg.
La realidad es que muchas patologías derivadas del trabajo no se reconocen, se derivan como enfermedad común y recaen sobre el sistema público de salud y sobre el propio trabajador. Esto supone una doble injusticia: para la salud y para los derechos laborales.

En este sentido, desde CSIF denunciamos que existe un problema sistémico de infradeclaración, infrareconocimiento y desprotección administrativa y sanitaria.

Teniendo en cuenta esta realidad, CSIF exige:

Regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo.
Evaluación real de la carga de trabajo de estos profesionales.
Aumento de plantillas de los SPRL, tanto en propios como ajenos.
Garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada.
Reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.
Cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica.
Profesionalización.
Formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita.
Reconocimiento profesional.
Cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del “médico reconocedor”.
Incorporar personal de psicología y mediadores.
Refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo.
Dotación de presupuestos específicos en prevención de riesgos laborales.
Medios materiales y tecnológicos suficientes.

Además, consideramos necesario regular sanciones específicas por incumplimiento preventivo para la autoridad pública o empleado público con esa responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Así lo hemos trasladado al Gobierno en las propuestas a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que consideramos que debe ser más ambiciosa y no limitarse a obligaciones que se queden en papel.

CSIF presenta al Gobierno una reforma profunda de la Ley de PRL, con más atención a la salud mental, la digitalización, más recursos y ratios de personal de prevención

maria-dolores.gomez.martinez — Thu, 09 Apr 26 13:43:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que concluyó ayer.

Para nuestra organización, la normativa actual ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención, un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención, así como la incorporación de personal actualmente excluido, como bomberos, policías o de Vigilancia Aduanera.

Tras más de 30 años de vigencia, CSIF denuncia que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”

El sindicato alerta de que los cambios en el mundo laboral —digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas formas de organización— están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo adecuadamente.

Por ello, CSIF reclama una reforma que suponga un cambio de modelo real, basado en:

•   Más prevención efectiva y menos burocracia
•   Más control y sanciones ante el incumplimiento
•   Más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas

Estas son las prioridades de nuestras propuestas: Salud mental, digitalización y riesgos emergentes: las grandes asignaturas pendientes

CSIF sitúa en el centro de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, uno de los principales problemas del trabajo actual y todavía insuficientemente abordado.
Entre sus propuestas más contundentes:
•   Evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años.
•   Planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo.
•   Incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención.
•   Creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales.

Además, exige regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Fin a la prevención “low cost”: más recursos y más inspección
CSIF denuncia que la externalización de la prevención ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen adecuadamente a los trabajadores.
Para revertir esta situación, propone:
•   Establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.
•   Garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada.
•   Establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

Más poder para los trabajadores frente a los riesgos laborales
CSIF apuesta por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas:
•   Crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención.
•   Acceso real a la documentación preventiva.
•   Presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas.
•   Comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Una reforma que debe proteger a todos, sin excepciones
CSIF también reclama que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero, etc.), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

Asimismo, plantea reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral:
•   Adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas.
•   Vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional).
•   Mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

“Es el momento de actuar: o se reforma la ley o se perderá una oportunidad histórica”
CSIF advierte de que esta reforma no puede quedarse en un mero ajuste técnico y exige al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad.
“El modelo actual no funciona. Si no se actúa ahora, la prevención seguirá siendo una ficción en muchos centros de trabajo”, señala la organización.
Para CSIF, la seguridad y la salud en el trabajo no son negociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas. De lo contrario, la reforma de la LPRL será una oportunidad perdida.

CSIF pide que el Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales como factor agravante

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 31 Mar 26 16:57:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, pide que el futuro Observatorio para la Prevención del Suicidio analice las condiciones laborales entre sus criterios de análisis, ya que dichas condiciones pueden actuar como un factor agravante de conductas suicidas.

CSIF se felicita por la creación de este Observatorio -aprobado hoy en el Consejo de Ministros-, y recuerda que se trata de una reivindicación defendida por nuestro sindicato desde hace años como una herramienta necesaria para proteger la salud mental, construir entornos laborales seguros y prevenir conductas que puedan desembocar en estrés crónico y en riesgos psicosociales.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad en España, y está vinculado en muchos casos al entorno laboral. En este sentido, reclamamos medidas urgentes para garantizar entornos laborales saludables que promuevan la salud mental y prevengan el suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 (últimos datos disponibles) se registraron 3.846 suicidios en España (2.834 hombres y 1.012 mujeres), un 6,6 por ciento menos que en 2023, pero aún con más de 10 muertes diarias.

Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, la inestabilidad, la presión excesiva o la falta de apoyo emocional en el trabajo son desencadenantes clave, especialmente en colectivos vulnerables como profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal de instituciones penitenciarias.

CSIF denuncia la falta de protocolos generalizados en empresas y administraciones para prevenir el suicidio y abordar los riesgos psicosociales. Los problemas de salud mental en el trabajo cada vez están más presentes. Las mutuas y los servicios de prevención no están asumiendo su papel clave en la protección de la salud mental de las plantillas.

CSIF pide otras actuaciones paralelas a la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, entre las cuales figuran:

Transparencia de datos: Incluir la profesión en los registros nacionales de suicidio para identificar factores laborales.
Protocolos específicos: Diseñar planes de prevención de salud mental y conductas suicidas adaptados a cada sector, con participación de delegados de prevención.
Riesgos psicosociales: Incorporar el riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales.
Refuerzo de servicios de prevención: Garantizar especialistas en salud mental y acceso a atención psicológica gratuita, externa y confidencial.
Formación: Capacitar a delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alerta.
Mejora de condiciones laborales: Reducir la carga de trabajo, fomentar la conciliación, la estabilidad y entornos libres de violencia.
Nuevas figuras y comisiones: Crear recursos preventivos psicosociales y comisiones de salud mental en el ámbito laboral.
Apoyo tras crisis: Implementar recursos para empleados en riesgo suicida o supervivientes.

Las enfermedades profesionales en España: una realidad invisible que sigue sin declararse

juan-pedro.fernandez.riau — Thu, 12 Feb 26 13:03:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la grave infradeclaración de enfermedades profesionales en España, una situación que impide proteger adecuadamente la salud de las personas trabajadoras y que traslada los costes de origen laboral al sistema público de salud.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se comunicaron en España 30.713 partes de enfermedades profesionales (14.044 de hombres y 16.669 de mujeres), una cifra que supera sólo en un 14,59% (26.803) las enfermedades profesionales declaradas en 2024, pese al envejecimiento de la población trabajadora, precariedad en condiciones laborales, la cronificación de patologías musculoesqueléticas y el aumento de los riesgos psicosociales y problemas de salud mental.

Estas cifras contrastan con las de otros países de nuestro entorno. Los datos disponibles en Eurostat y en informes de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo confirman que Alemania reconoce anualmente más de 100.000 enfermedades profesionales, Francia supera las 85.000, e Italia se sitúa por encima de las 60.000. España, con un volumen de población activa comparable, sigue registrando una de las tasas más bajas de reconocimiento de la Unión Europea, lo que evidencia un problema estructural de detección y declaración.

Las enfermedades profesionales más reconocidas en España continúan siendo las derivadas de agentes físicos, especialmente los trastornos musculoesqueléticos (tendinitis, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano), seguidas de las provocadas por agentes biológicos, muy presentes en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en menor medida las causadas por agentes químicos.

Sin embargo, CSIF advierte de que otras patologías claramente relacionadas con el trabajo siguen sin aflorar, como determinados cánceres de origen laboral, enfermedades respiratorias o los daños derivados de riesgos psicosociales, que continúan sin un reconocimiento adecuado en el sistema ni en el cuadro de enfermedades profesionales.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento de las propias personas trabajadoras sobre qué es una enfermedad profesional y cómo se declara, así como la falta de implicación de muchas empresas y mutuas colaboradoras, que en muchos casos optan por derivar estas patologías como contingencias comunes.

Ante esta situación, CSIF pone en marcha una encuesta nacional dirigida a los profesionales, con el objetivo de analizar:

El grado de conocimiento sobre las enfermedades profesionales.
Las dificultades reales para su reconocimiento.
La actuación de las empresas y mutuas.
La existencia de vigilancia de la salud adecuada en los centros de trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña sindical “CONOCE, DETECTA y DECLARA. El cuerpo avisa, el trabajo también enferma sin prevención”, con la que CSIF pretende visibilizar un problema oculto y promover una cultura preventiva real en los centros de trabajo. Para ello, realizará visitas a los centros para comprobar las condiciones de trabajo e informar a la plantilla.

CSIF recuerda que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece como objetivos prioritarios:

La mejora en la prevención de enfermedades profesionales.
El refuerzo de los sistemas de notificación y registro.
La integración de los riesgos emergentes, incluidos los psicosociales.
La mejora de la vigilancia de la salud y de la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, estos compromisos siguen sin traducirse en avances suficientes en la práctica diaria de los centros de trabajo.

Ante esta situación, CSIF exige:

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incorporando nuevas patologías y sectores.
El refuerzo de la Inspección de Trabajo para combatir la infradeclaración.
La formación obligatoria de profesionales sanitarios, empresas y mutuas en detección de enfermedades profesionales.
Mayor transparencia y control sobre la actuación de las mutuas.
Medidas de prevención y protección específicas.

Para CSIF, no declarar una enfermedad profesional es negar un derecho laboral y de salud. Sacar a la luz esta realidad invisible es imprescindible para proteger a quienes enferman por su trabajo y para avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.

3D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad - CSIF por la igualdad de derechos y la adaptación real de puestos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 02 Dec 25 15:14:00 CET

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización más representativa en el ámbito de las Administraciones Públicas y con una creciente implantación en el sector privado, se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, con el lema Inclusión efectiva: igualdad de derechos y adaptación real de los puestos.

Desde CSIF reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y exigimos a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En CSIF negociamos normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

Por todo ello, desde CSIF exigimos medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real:

• Adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona.
• Refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo.
• Formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos.
• Protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas.
• Asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario.
• Planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

En CSIF seguiremos trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa e igualitaria empieza por garantizar los mismos derechos, oportunidades y condiciones para todas las personas, sin excepción.

CSIF Andalucía reclama una actualización del cuadro de enfermedades profesionales y que se refuerce la vigilancia frente al cáncer laboral y la salud mental

margarita.sanchez.mingo — Thu, 04 Sep 25 11:00:00 CEST

El sindicato lamenta que desde 2018 no haya incorporaciones de patologías derivadas del trabajo y exige más inversión en investigación, prevención y formación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha reclamado una revisión del cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de reforzar la vigilancia y protección ante nuevas patologías que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La organización ha señalado que han pasado siete años desde la última actualización del Real Decreto 1299/2006, relativa al cuadro de enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen su origen en el trabajo y el más claro ejemplo de la importancia de la prevención. Fue en 2018 cuando se añadió un nuevo agente R, el polvo de sílice libre, como subagente directamente relacionado con el cáncer de pulmón, pero desde entonces no hay nuevas incorporaciones.

“Muchos trabajadores realizan sus funciones expuestos a agentes químicos, biológicos y físicos que van deteriorando progresivamente su salud hasta degenerar en patologías irreversibles o de alto riesgo”, ha explicado la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, quien ha añadido que “es necesario invertir en investigación, información y formación adecuada a las y los profesionales para prevenir, por ejemplo, frente a determinados tipos de cáncer, así como para dar cabida a las enfermedades mentales y del comportamiento”.

En Andalucía se registraron un total de 809 partes de enfermedades profesionales entre enero y mayo de 2025, según recoge CEPROSS, que es el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social; asimismo, casi la mitad de ellas, 385 en total, precisaron baja laboral. CSIF también ha apuntado que la mayor incidencia de estas enfermedades profesionales afectó de manera significativa a trabajadores y trabajadoras de entre 40 y 55 años, siendo superior el número de mujeres, 485 (59,9 %), al de hombres, que se cifran en un total de 324 (40,1 %).

Casi el 70 % de las enfermedades profesionales registradas en los primeros cinco meses de 2025 en Andalucía pertenecen a las reconocidas en el Grupo 2 como causadas por agentes físicos como posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, enfermedades en la visión, audición y voz, etc. Le siguen las patologías enmarcadas en el grupo 3, que son las causadas por agentes biológicos, como enfermedades infecciosas o parasitarias, bien de origen humano o animal, que suponen el 12,73 % de las registradas en total.

La Central Sindical ha puesto el foco en el cáncer relacionado con la actividad laboral a consecuencia de elementos dañinos y peligrosos como el amianto, el cadmio, la inhalación de polvo de sílice, la exposición a radiaciones ionizantes o el contacto con elementos químicos, que están presentes en profesionales muy diversas como las actividades sanitarias y en laboratorios, la recogida de residuos y la construcción, fabricación y mantenimiento de vehículos.

Efectos invisibles inicialmente

“Es necesario modificar y aumenta la consideración de determinados tipos de cáncer como enfermedad profesional situándonos a nivel de otros países europeos”, ha manifestado González, “además de contar mayor dotación para la investigación de esta enfermedad y su relación directa en algunos casos con las condiciones de trabajo por la exposición a agentes diversos en el desarrollo de la actividad profesional”. Dado que las causas pueden ser múltiples y diversas, en ocasiones resulta muy complicado determinar su origen. Es por ello que la vigilancia de la salud tiene un papel decisivo, ya que los efectos de esta enfermedad no son normalmente visibles de manera inicial, ya que generalmente cuentan con períodos de latencia prolongados que pueden manifestarse años después.

“Si evitamos y prevenimos la exposición a agentes cancerígenos, estaremos evitando en gran medida el posible desarrollo de la enfermedad”, ha apuntado la dirigente sindical. Por ello, CSIF ha insistido en la urgencia del desarrollo de la implementación de medidas contundentes para proteger a las y los trabajadores y mejorar la asistencia sanitaria.

En primer lugar, la Central Sindical ha señalado la necesidad de fomentar la investigación y los estudios epidemiológicos del cáncer de origen profesional para mejorar el reconocimiento y ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con nuevos agentes cancerígenos. También es urgente mejorar la detección precoz del cáncer asociado a la exposición a carcinógenos laborales mediante la vigilancia sanitaria específica, así como implementar las medidas marcadas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en este ámbito.

CSIF también propone crear un registro nacional de personas trabajadoras expuestas a agentes cancerígenos para facilitar la vigilancia una vez finalizada su vida laboral con programas por parte de la Administración sanitaria. La organización, además, considera indispensable aumentar las plantillas en el Sistema Nacional de Salud para agilizar la asistencia e impulsar formación dirigida al personal facultativo sobre el diagnóstico de sospecha de cáncer de origen laboral para potenciar la comunicación de casos.

Planes de apoyo

“Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el impacto físico y emocional del retorno al trabajo tras una baja de larga duración”, ha explicado González, para lo que CSIF reivindica protocolos adecuados que contemplen la reincorporación y las adaptaciones o cambios de puesto, incluyan planes de apoyo y acompañamiento y fomenten la información, la comprensión y el reconocimiento de la enfermedad en la empresa.

La Central Sindical ha reclamado el desarrollo de campañas específicas y el refuerzo de los controles a las empresas, para lo que es necesario dotar de más recursos a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Por último, CSIF apuesta por la inclusión en el ámbito de aplicación del Real Decreto de cancerígenos aquellas actividades que la Organización Mundial de la Salud ha identificado como relacionadas con un mayor riesgo de cáncer, como son la peluquería, la extinción de incendios, la pintura y las industrias de caucho, petróleo o funciones, entre otras. Del mismo modo, es necesario poner en marcha un plan nacional unificado para erradicar el amianto instalado y desarrollas reglamentariamente la Ley del Fondo de Compensación a las víctimas.

CSIF denuncia que el 14% de los accidentes laborales son de tráfico y reclama medidas eficaces para aumentar la seguridad del transporte

margarita.sanchez.mingo — Tue, 10 Jun 25 10:04:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y más inversión para mejorar las carreteras y el mantenimiento de los vehículos profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado la elevadas cifras de accidentes laborales de tráfico, un 14% del total en 2024, al tiempo que ha reclamado a las administraciones competentes políticas eficaces de seguridad vial para la prevención de riesgos laborales y aumentar la seguridad del transporte profesional.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se conmemora este martes 10 de junio, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en esta materia con medidas concretas que permitan reducir las cifras de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico.

Según datos publicados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en 2024 se registraron 14.868 accidentes laborales de tráfico con baja en Andalucía, de los que 4.458 sucedieron durante la jornada laboral y otros 10.410 fueron 'in itinere' (accidente producido en el trayecto del domicilio al puesto de trabajo y vicerversa), con un resultado global de 34 muertes y 250 heridos graves. Estas cifras representan un 14% del total de los accidentes de trabajo registrados el año pasado, y aproximadamente un 27% de los fallecimientos por accidente laboral. Además, en el primer trimestre de 2025 se han producido 3.497 accidentes de tráfico, con un alto protagonismo de los accidentes in itinere, en concreto 2.502.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “debemos apostar por políticas que garanticen una vida laboral segura, saludable y digna”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores que se desplazan habitualmente para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de transporte y sean responsables, evitando situaciones de cansancio, distracciones o imprudencias para realizar su trabajo con totales garantías.

Entre las causas más habituales que propician un accidente laboral de tráfico se encuentran la fatiga y cansancio por jornadas laborales extensas o sin los debidos descansos, el estrés causado por motivos como llegar a tiempo, cumplir objetivos o tráfico complicado; por factores meteorológicos adversos, así como por causas externas a los profesionales, tales como el mal estado de las carreteras, la conducción por vías secundarias y de mayor peligrosidad y el uso de vehículos antiguos o en mal estado. A todos estos motivos hay que sumar la posibilidad del padecimiento de patologías por parte de los conductores y conductoras que pueden complicar la capacidad de conducción y, por supuesto, los despistes y errores humanos.

Garantizar el correcto estado de los vehículos

Para evitar en lo posible este tipo de circunstancias descritas, González ha destacado la importancia de incrementar la inversión destinada a la mejora de las carreteras y a su mantenimiento, garantizar el correcto estado de los vehículos profesionales (adecuada dotación, mantenimiento periódico y evaluación de riesgos) y abogar por la flexibilidad horaria para evitar situaciones de estrés. Además, para CSIF es prioritario aumentar la vigilancia de la salud de los trabajadores, la formación e información vial sobre estrategias de conducción segura y fomentar el teletrabajo en los puestos que, por sus características, permitan evitar desplazamientos innecesarios.

La secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF ha pedido una especial mención, en este día que conmemora la Seguridad Vial, a los profesionales que se ven especialmente afectados por sus desplazamientos continuos al volante, bien porque así lo requiere su puesto de trabajo como son los conductores de servicios públicos, personal de correos, policías o bomberos, entre otros, o bien, porque se ven obligado a desplazarse a diario en vehículo al tener su residencia a kilómetros de distancia de su actividad laboral como es el caso de los docentes o el personal de la Sanidad.

Por último, González ha recordado a las trabajadoras y trabajadores afiliados a CSIF que “en caso de accidente de tráfico, comuniquen lo sucedido al delegado o delegadas de prevención de su sector en el sindicato para recibir asesoramiento y atención personalizada”.

CSIF reclama entornos laborales más seguros y medidas eficaces contra la siniestralidad, que dejó 128 accidentes mortales en Andalucía en 2024

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Apr 25 10:02:00 CEST

El sindicato pide a administraciones y empresas un mayor compromiso en materia de prevención y anima a los trabajadores a denunciar cuando los medios a su alcance no sean suficientes
Considera esencial el fomento de una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación, así como actualizar y aplicar normativas y protocolos eficaces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado entornos de trabajo más seguros y ha pedido medidas concretas y eficaces contra la elevada siniestralidad laboral, que se cobró 128 vidas en Andalucía en 2024, según datos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (STT), que se conmemora cada 28 de abril, y bajo el lema No es un juego, es nuestra vida. Si incumples, eres responsable, CSIF ha pedido a las administraciones y empresas privadas que adquieran un mayor compromiso en materia de prevención de riesgos laborales para dar cumplimiento a un derecho que aún hoy no está plenamente garantizado en los centros de trabajo como es el de una vida laboral segura, saludable y digna; asimismo, ha hecho un llamamiento a las y los trabajadores para que tomen conciencia de la importancia de realizar un uso correcto de los medios de prevención que les ofrecen las organizaciones y denuncien cuando estos no sean suficientes y adecuados para realizar su trabajo con totales garantías.

En este sentido, la secretaria de Seguridad, Salud Laboral y Formación de CSIF Andalucía, Pilar González, ha subrayado que “esta jornada no solo es para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el trabajo, sino para hacer también una llamada urgente a la acción, a la responsabilidad institucional y a la prevención real”.

La organización sindical ha señalado que el año pasado se produjeron 104.914 accidentes de trabajo, de los cuales 103.680 fueron de carácter leve, 1.106 fueron de carácter grave y 128 tuvieron resultado de muerte. “Las cifras son alarmantes pues estamos hablando de un aumento de casi el 13% respecto a 2023, aunque bastaría con un solo accidente para confirmar que debemos ocuparnos en un ámbito tan importante como la seguridad en el ámbito laboral”, ha añadido González. Por sexos, los hombres sufrieron el 68,71% de los accidentes y las mujeres el 31,27%. Merecen una mención especial los accidentes de tráfico, que ascendieron a un total de 14.868, de los cuales 34 fueron mortales.

A juicio de CSIF, los poderes públicos tienen la obligación de proteger a los trabajadores y las trabajadoras garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, así como deben fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación y actualizar y aplicar normativa y protocolos eficaces.

La Central Sindical ha recordado que la siniestralidad laboral no solo se mide en daños visibles, sino también en todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican. Los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos y tóxicos también son riesgos laborales que a menudo se normalizan e invisibilizan y en muchos casos son consecuencia directa de una infrafinanciación estructural, de recortes de personal y de la falta de programas de prevención efectivos.

“En el sector público cada día miles de profesionales arriesgan su integridad por un exceso de trabajo, agresiones de todo tipo en los centros sanitarios y centros penitenciarios, colegios con elevadas ratios y situaciones de conflicto, centros de menores sin seguridad, emergencias sin equipos suficientes, oficinas administrativas saturadas, limpieza, mantenimiento y tantos otros servicios esenciales sin los recursos necesarios para ejercer su labor en unas condiciones óptimas”, ha denunciado González.

Por todo ello, CSIF ha exigido al Gobierno y a las administraciones competentes medidas que permitan reforzar la seguridad y salud en el trabajo. Así, la Central Sindical ha señalado la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas como la actualización de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para que se adapte a la nueva realidad del mundo laboral, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo patologías relacionadas con trastornos mentales, y la aprobación de un real decreto de riesgos psicosociales que ayuden al cuidado de la salud mental.

González también ha señalado la regulación de la carga de trabajo de los servicios de prevención, estableciendo ratios mínimas de profesionales que se ajusten a las necesidades para una gestión integral preventiva, así como la conveniencia de dotar de crédito horario específico para el delegado de prevención, ya que “donde existe presencia sindical se garantiza mayor seguridad y salud”.

El fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aumentar los recursos destinados a campañas específicas, asesoramiento y el cumplimiento de la normativa vigente es otra de las medidas que reclama la organización sindical. De igual manera, pide protocolos contra la violencia en el trabajo y el acoso en cualquiera de sus formas, la incorporación de profesionales de Psicología en los servicios de prevención, así como mediadores para la gestión de conflictos.

La Central Sindical ha exigido el endurecimiento de las sanciones en material de prevención, incluidas a las propias administraciones por sus incumplimientos, y la actualización de los equipos de trabajo para reducir la siniestralidad; asimismo, CSIF considera necesario integrar la edad, la diversidad generacional y la perspectiva de género en cuantas acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales se pongan en marcha. En materia de formación, la organización aboga por incluir la prevención de riesgos laborales como obligatoria en grados universitarios y en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

De igual manera, la organización ha reclamado mayor protección ante los riesgos ligados a la digitalización y la inteligencia artificial, así como frente al cambio climático con protocolos específicos que deben integrarse en los planes de prevención, especialmente para quienes trabajan al aire libre.

Por último, CSIF ha exigido una cultura preventiva transversal, con voluntad política, con recursos suficientes y con participación real de los trabajadores y sus representantes, para lo que considera necesario ampliar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo incorporando a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector público y en la empresa privada, lo que implicaría la presencia de CSIF en dicho organismo como sindicato más representativo de las administraciones públicas.