Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige que los Presupuestos de 2027 recuperen íntegramente las pagas extraordinarias recortadas hace 16 años

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 13 Jul 26 11:56:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010.

Precisamente esta semana, el Congreso de los Diputados debatirá el primer trámite parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2027 (la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, junto al nuevo techo de gasto).

CSIF considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 deben servir para poner fin al último gran recorte retributivo pendiente que continúa soportando el conjunto de los empleados públicos. El sindicato exige restablecer la estructura salarial anterior a 2010 y recuperar íntegramente las pagas extraordinarias, poniendo fin a una medida excepcional que nunca debió convertirse en permanente.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, dieciséis años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron.

Actualmente el recorte supone una merma media anual de aproximadamente 1.600 euros para el grupo A1, 1.020 euros para el grupo A2 y 500 euros para el grupo C1, afectando a los más de 3,1 millones de empleados públicos de todas las administraciones.

Tras la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, CSIF considera que la elaboración de los Presupuestos para 2027 constituye una oportunidad histórica para reparar definitivamente esta injusticia salarial y exige al Gobierno que incluya las partidas económicas necesarias para recuperar plenamente las pagas extraordinarias.

Dieciséis años de reivindicación

Desde 2010, CSIF es la única organización sindical que ha mantenido una estrategia continuada para lograr la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias mediante la negociación colectiva, las movilizaciones, la iniciativa política y la defensa judicial.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la defensa permanente de esta reivindicación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, las propuestas de enmiendas presentadas a los PGE, las concentraciones convocadas en toda España, la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias y el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de dicha iniciativa por la Mesa del Congreso.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo en diciembre de 2024, por apreciar su especial trascendencia constitucional, y se espera un pronunciamiento en los próximos meses.

Asimismo, CSIF defendió expresamente esta reivindicación durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos suscrito con la Administración.

CSIF denuncia que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde hace 18 días por la falta de conexión a la red

margarita.sanchez.mingo — Fri, 07 Aug 26 10:10:00 CEST

Califica de “grave” la situación, ya que impide el normal funcionamiento del servicio público de Justicia y perjudica tanto a los profesionales como a la ciudadanía
La Central sindical lleva años alertando del abandono de las infraestructuras judiciales y la falta de soluciones reales a problemas estructurales que se repiten de manera constante

Cádiz, 7 de agosto de 2026

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en las administraciones públicas, ha denunciado que el Juzgado de Paz de Tarifa permanece inoperativo desde el pasado 21 de julio debido a una incidencia que mantiene al órgano judicial sin conexión a la red. Lamentablemente, dieciocho días después de registrarse la incidencia, el sindicato ha criticado que la situación continúa sin resolverse, impidiendo el normal funcionamiento del servicio público de Justicia y perjudicando gravemente tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

El delegado de CSIF Cádiz, Manuel Vázquez, ha señalado que la falta de conexión “imposibilita el uso de las principales aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia”. En concreto, ha detallado que no pueden utilizarse los programas Hermes y DICIREG, lo que impide la tramitación de expedientes ni practicar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Registro Civil. Asimismo, el Juzgado tampoco puede enviar ni recibir correos electrónicos, lo que dificulta la atención de las numerosas solicitudes y consultas que se reciben diariamente.

Esta situación, según Vázquez, está provocando “un grave deterioro en la atención al público, ya que los ciudadanos ven como se retrasan sus gestiones y no obtienen respuesta a muchas de sus peticiones”. A ello se suma, que el personal funcionario se encuentra “completamente limitado para desempeñar su trabajo por causas ajenas a su voluntad”.

Desde el primer día que se produjo la incidencia, los funcionarios han registrado diariamente las correspondientes incidencias ante el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia en Andalucía, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una solución efectiva. El sindicato ha criticado que esta falta de respuesta se ha convertido en una situación habitual, consecuencia de un servicio de soporte técnico que lleva años presentando importantes deficiencias y cuya ineficacia ha sido puesta de manifiesto reiteradamente ante la Consejería de Justicia.

El CAU depende de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), organismo responsable del diseño, mantenimiento y coordinación de las herramientas tecnológicas de la Administración andaluza, incluido el soporte técnico de las aplicaciones informáticas utilizadas en los órganos judiciales. Desde CSIF se ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de respuestas ágiles y soluciones eficaces por parte de este organismo que garanticen el correcto funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia y del conjunto de la Administración de Justicia.

Igualmente, la incidencia fue comunicada también a la Secretaría General Provincial de Justicia en Cádiz, sin embargo, según ha manifestado Vázquez, “hasta la fecha desconocemos qué actuaciones se han llevado a cabo para resolver el problema”. A su juicio, la dificultad para contactar con los responsables competentes, incluso ante una incidencia de esta gravedad, “vuelve a poner de manifiesto la ausencia de mecanismos eficaces de respuesta”.

Esta situación no constituye un hecho aislado. La pasada semana, ha informado CSIF, los Juzgados de La Línea de la Concepción permanecieron varios días sin conexión a la red, circunstancia que obligó incluso al Juzgado de Guardia a redactar manualmente autos de libertad al no disponer de acceso a expedientes digitales, modelos documentales, carpetas de trabajo ni impresoras. Una vez restablecido el sistema, los funcionarios tuvieron que reproducir posteriormente dicha documentación en formato digital, incrementando aún más la carga de trabajo y retrasando el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales, todo ello pese a la ya conocida insuficiencia de personal.

Para CSIF, estos episodios “evidencian las graves carencias de la denominada ‘Justicia Digital’ impulsada por la Consejería de Justicia”. La falta de inversión suficiente, la ausencia de planificación tecnológica y la insuficiencia de los sistemas de soporte están provocando un deterioro progresivo del servicio público de Justicia, obligando a los profesionales a desarrollar su trabajo en condiciones impropias de una Administración del siglo XXI y perjudicando directamente a los ciudadanos.

Falta de planificación y de una gestión eficaz

Desde hace años, la Central Sindical, viene denunciando el abandono de las infraestructuras judiciales y la falta de soluciones reales a problemas estructurales que se repiten de manera constante. Las incidencias tecnológicas, las deficiencias en los edificios judiciales, la escasez de medios materiales y personales y los continuos retrasos en la ejecución de actuaciones comprometidas responden a un mismo problema, según CSIF, que son la falta de planificación y de una gestión eficaz.

Para Vázquez, “resulta inaceptable que cuestiones tan esenciales para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para las condiciones de trabajo de los Cuerpos Generales continúen prolongándose durante meses o incluso años sin una respuesta adecuada por parte de la Administración”. Mientras esto ocurre,“trabajadores y ciudadanos siguen soportando unas condiciones claramente deficientes, al tiempo que las soluciones se posponen una y otra vez bajo el argumento de futuros estudios, proyectos pendientes, obras sin licitar, falta de autorizaciones o insuficiencia presupuestaria”. La consecuencia es que las mejoras nunca llegan a materializarse y el deterioro del servicio continúa agravándose. En algunos casos, incluso, “las deficiencias de los edificios judiciales han obligado al desalojo del personal tras las denuncias formuladas por CSIF por el riesgo existente”, ha apostillado.

Por todo ello, CSIF ha exigido la inmediata restitución de las comunicaciones del Juzgado de Paz de Tarifa y la adopción de las medidas necesarias para evitar que incidencias de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Del mismo modo, ha reclamado responsabilidades por la falta de respuesta ofrecida durante más de dos semanas y que se dote a la Administración de Justicia andaluza de unos medios tecnológicos y humanos acordes con el servicio público esencial que presta.

ANDALUCÍA. Primera reunión sindical con los nuevos responsables de la Consejería de Justicia

manuel.moreno.gomez — Wed, 02 Sep 26 08:20:00 CEST

Andalucía - Administración de Justicia Image

Tras el nombramiento y toma de posesión de los nuevos cargos de la Consejería de Justicia, en el día de hoy, ha tenido lugar la primera reunión sindical con los nuevos responsables, en concreto María José Cañizares como Secretaria General y Benito Gálvez como Director General de Infraestructuras y Recursos Humanos.

La reunión se ha desarrollado, en términos generales, en un clima positivo, especialmente por la actitud mostrada por la Secretaria General y el Director General, que han trasladado una clara voluntad de abordar de manera inmediata y prioritaria muchos de los problemas que afectan actualmente a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en Andalucía.

Desde CSIF valoramos esta disposición, y la voluntad expresada de abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la interlocución directa y la capacidad de escuchar a quienes conocemos de primera mano la realidad de la Justicia andaluza, pero que se tendrá que materializar con hechos en las próximas semanas, pues muchos de estos problemas no pueden seguir demorándose.

CSIF ha sido muy claros desde el principio:

La realidad que vivimos diariamente los trabajadores de Justicia tiene muy poco que ver con la imagen que se ha trasladado públicamente a través de titulares de prensa y redes sociales. Tenemos falta de personal, problemas organizativos, carencia de medios materiales, graves deficiencias tecnológicas y problemas en determinadas sedes judiciales.

Por eso, desde CSIF entendemos que esta nueva etapa debe suponer un punto de inflexión y que hay una serie de cuestiones que deben abordarse con carácter prioritario.

La productividad, una cuestión que no admite más demoras

Hay que cumplir con el acuerdo de productividad. Consideramos urgente e inaplazable ejecutar el acuerdo de productividad alcanzado en la Mesa General, con la correspondiente dotación presupuestaria, que está aprobada y ratificada por el Consejo de Gobierno.

Para CSIF, esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Por ello, hemos reclamado que se adopten medidas inmediatas para finalizar la tramitación del preacuerdo sindical de abril donde se recogía el calendario de abono de las nuevas cantidades de productividad.

En este punto, hemos encontrado una respuesta positiva por parte de la Secretaria General, que han coincidido en considerar la productividad como un asunto prioritario. Tanto la Secretaria como el Director han trasladado su compromiso de que, durante este mismo mes, se trabajará para tener las reuniones necesarias con el objetivo de avanzar hacia su definitiva puesta en marcha.

Desde CSIF valoramos este compromiso y esperamos que se traduzca en actuaciones concretas e inmediatas, porque los trabajadores de la Administración de Justicia llevan demasiado tiempo esperando una solución y porque, una vez reconocida la prioridad de esta cuestión, lo que corresponde ahora es avanzar sin más dilaciones. La situación retributiva de los funcionarios de la Administración de Justicia andaluza se ha deteriorado significativamente en términos comparativos con el resto de ámbitos territoriales, pese a que estos soportan en Andalucía la mayor tasa de litigiosidad a nivel nacional.

Recursos Humanos: homogeneización de criterios.

En materia de Recursos Humanos creemos que hay que recuperar algo que consideramos fundamental: La homogeneización de criterios.

No puede ser que un funcionario tenga un problema y la respuesta de la Administración dependa de la Delegación Territorial en la que trabaje. Lo que es blanco en Sevilla no puede ser negro en Granada.

Y lo que se resuelve de una manera en Málaga no puede resolverse de otra completamente distinta en Córdoba.

La Consejería debe intentar recuperar la dirección, la coordinación y la capacidad de establecer criterios comunes para todas las Delegaciones, y que estas no actúen como reinos de taifas. No puede haber ocho Administraciones de Justicia diferentes dentro de Andalucía.

Protocolos y Funcionamiento de los Servicios Comunes.

Es necesario abordar, y hacerlo con carácter urgente, instrucciones de esta Consejería para establecer instrucción cara a la homogeneización de los criterios de funcionamiento de los Servicios Comunes de los distintos partidos judiciales.

No podemos aceptar que cuestiones esenciales como la organización, la distribución de tareas o el propio funcionamiento del servicio dependan de interpretaciones o decisiones particulares del Director en cada partido judicial.

Existe una Incertidumbre y ambigüedad en las tareas y funciones: cambios frecuentes, instrucciones contradictorias, indefinición de funciones, asunción de tareas que no corresponden al puesto, cambios organizativos, esto genera que con el paso de los meses se vayan acentuando factores de riesgo psicosociales que están elevando los niveles de estrés, ansiedad y con riesgo de agotamiento profesional.

Incremento de las plantillas de los Cuerpos Generales.

Se ha trasladado como uno de los mayores problemas de la Administración de Justicia andaluza: La insuficiencia de las plantillas de los cuerpos generales.

Desde CSIF, se ha pedido dejar atrás definitivamente el discurso mantenido por los anteriores responsables, de que en Justicia sobran funcionarios y que el único problema es la falta de jueces.

Además, cualquier incremento de la planta judicial debe llevar aparejado, necesariamente, un incremento proporcional de las plantillas de los cuerpos generales. No podemos pretender que una mayor planta judicial funcione únicamente con más jueces, fiscales o Letrados de la Administración de Justicia.

No se puede poner el tejado sin construir la casa.

Además, cuando hablamos de órganos penales, hay que tener muy presente el régimen de guardias. El incremento del número de plazas judiciales tiene que ir acompañado de una adaptación inmediata al régimen establecido del servicio de guardia.

Esto debe formar parte de la planificación de la Consejería.

Situación caótica de los sistemas tecnológicos.

Y aquí de CSIF también hemos sido claros: La situación tecnológica de la Justicia andaluza es, en demasiados casos, desesperante. El ejemplo de Adriano es suficientemente conocido.

No es de recibo que tenemos funcionarios que se incorporan después de un concurso, de un proceso selectivo o como interinos y que pueden pasar semanas, e incluso uno o dos meses, sin disponer de sus claves y credenciales para poder trabajar con normalidad.

Y lo más preocupante es que, mientras tanto, en la mayoría de casos se les llega a pedir por los responsables a esos trabajadores que utilicen las claves de otros compañeros.

Esto no puede normalizarse.

No solo porque dificulta gravemente la prestación del servicio, sino porque estamos hablando de una cuestión que puede tener consecuencias disciplinarias muy graves.

Reactivación inmediata del Teletrabajo.

Desde CSIF, se ha instado a abordar la situación del teletrabajo con carácter inmediato y reactivar la concesión de las solicitudes del teletrabajo.

No entendemos que haya trabajadores que no se les conceda la modalidad de Teletrabajo pese a tener incluso el informe favorable del LAJ correspondiente, y puedan desarrollar esa modalidad al igual que el resto de compañeros que si teletrabajan.

El teletrabajo no puede depender de decisiones coyunturales ni de percepciones subjetivas contadas de forma interesada sobre si los funcionarios trabajan más o menos cuando están fuera de la sede judicial.

Desde CSIF defendemos el teletrabajo como una herramienta de modernización de la Administración, de conciliación y de mejora organizativa, siempre con criterios objetivos y garantizando la correcta prestación del servicio.

Deficiencias de Infraestructuras Judiciales.

Durante los últimos años hemos escuchado y leído numerosas declaraciones y titulares del anterior Consejero de Justicia sobre las magníficas sedes judiciales de Andalucía y sobre la profunda transformación que se estaba produciendo en esta materia.

Desde CSIF creemos que ha llegado el momento de contrastar esa imagen con la realidad que viven diariamente los trabajadores.

Porque esa realidad incluye problemas de espacio, climatización, accesibilidad, mantenimiento, seguridad, prevención de riesgos laborales y, en definitiva, condiciones de trabajo que requieren una respuesta.

En CSIF No queremos hablar de las infraestructuras desde los titulares, queremos hablar de ellas desde la realidad de las sedes judiciales he hemos invitados a los actuales responsables a visitarla para constatarlo de primera mano.

Otros asuntos.

Han quedado en el tintero muchos otros asuntos que teníamos preparados para exponer, pero que, por falta de tiempo, no pudieron ser abordados en dicha reunión. No obstante, desde CSIF se presentarán los escritos oportunos, haciendo llegar a la Administración todas estas cuestiones, ya que consideramos que también revisten especial importancia.

Entre ellos se encuentran, el plazo de sustituciones de interinos, la Bolsa de Interinos de Justicia, las guardias de costa, el abono de las sustituciones verticales, la cobertura de las jefaturas de equipo en caso de enfermedad de su titular, así como los permisos, licencias, planes de actuación, refuerzos y demás cuestiones que afectan al normal funcionamiento de la Administración de Justicia y a las condiciones laborales de sus trabajadores.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

Publicadas en el BOE las resoluciones de jornada general para la Administración de Justicia con las 35 horas

emma.alvarez.bande — Mon, 21 Sep 26 07:53:00 CEST

Además, tal como pedía CSIF:

se elimina el carácter de “mínimo” de esa jornada,
se establece que el calendario laboral entre en vigor desde el 1 de enero previa negociación y la necesidad de un informe favorable del Consejo, aunque, en este caso, se sigue pidiendo un informe sin establecer un plazo para su emisión.

Por el contrario, el Ministerio no acepta el conjunto de alegaciones presentadas por CSIF y el resto de sindicatos alegando que función pública obliga a ceñir la modificación a ese cómputo de jornadas. Para CSIF supone perder una ocasión de adaptar la jornada y horarios a las necesidades de conciliación familiar actuales y seguiremos luchando para conseguir que:

la reducción de jornada por interés particular pase del 75% al 80% del salario
se habilite la posibilidad de acumular la reducción de jornada a la mitad por cuidado de familiar por enfermedad grave o muy grave a 15 días hábiles completos. En el artículo 48 i) del TREBEP se extiende como máximo a un mes a media jornada.
se garantice que las jornadas y horarios especiales tengan que estar en la descripción de cada puesto con esta peculiaridad en las relaciones de puestos de trabajo, prohibiendo “inventos” de turnos rotatorios o cualquier otra forma que establezca de tapadillo una modificación de jornada (mañana y tarde o tardes) u horarios.
se reduzca la jornada de verano de 32 horas y media para la jornada ordinaria a 30 horas semanales y de la jornada con dedicación especial de 37,5 a 32 horas y media. Podría valorarse ampliar el rango de disfrute del 1 de junio al 30 de septiembre (ahora es del 16 de junio a 15 de septiembre) manteniendo esas 32 horas y media y 35 horas.
se incluya un día adicional por cada festivo nacional, autonómico o local que coincida con sábado o domingo, como así lo ha definido la Audiencia Nacional en una reciente sentencia.
Se extienda la posibilidad de jornadas reducidas a Semana Santa y Navidad.

Tras esta publicación, el Ministerio y las CCAA deben adaptar sus resoluciones de calendario laboral y publicar estas modificaciones en sus boletines oficiales.

Administración de Justicia. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-19524 - 4 págs. - 205 KB)
- Otros formatos
Resolución de 17 de septiembre de 2026, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas especiales en régimen de dedicación especial para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
- PDF (BOE-A-2026-19525 - 4 págs. - 206 KB)
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CSIF reclama mejoras en los planes de actuación

emma.alvarez.bande — Thu, 09 Jul 26 11:09:00 CEST

En la reunión celebrada hoy en la Mesa Delegada, integrada por CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA, con el orden del día relativo a las prórrogas de los Planes Concretos de Actuación para el segundo semestre de 2026, que afectan al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, CSIF ha vuelto a reclamar al Ministerio más reconocimiento, más negociación y soluciones reales para los problemas que sufre la Administración de Justicia.

Entradas y registros simultáneos (la realizadas fuera del periodo de guardia por LAJ y GPA): 110 € no es suficiente

CSIF vuelve a reclamar que la compensación por entradas y registros simultáneos se incremente de 110 € a 200 €. Estas actuaciones conllevan penosidad, disponibilidad y, en muchos casos, riesgo. Por eso exigimos una retribución digna y proporcional al trabajo realizado.

Además, hemos recordado al Ministerio su compromiso de negociar la compensación de las entradas y registros sucesivas que, en algunos casos, como ocurre en La Línea, pueden suponer actuaciones continuadas durante toda la jornada.

Sustituciones: retribución desde el primer día

En relación con las sustituciones de LAJ, CSIF defiende:

Que toda sustitución sea retribuida con independencia de su duración o de la causa que la origine.
Que la cuantía alcance el 100% de las retribuciones complementarias del puesto sustituido.
Que la sustitución voluntaria no pueda prolongarse más de 3 meses, evitando cargas de trabajo insostenibles.
Que no se utilicen sistemas de turnos rotatorios que perjudican la organización de las unidades y limitan la promoción profesional.
Que se respeten las funciones propias e indelegables del cuerpo de LAJ, especialmente en materias como apoderamientos apud acta y cuenta de depósitos y consignaciones.

CSIF ha recordado al Ministerio su compromiso de negociar las sustituciones y las comisiones de servicio del resto de cuerpos.

Cláusulas suelo: hacen falta refuerzos reales

CSIF también ha alegado que el atasco de procedimientos de cláusulas suelo no puede resolverse con prórrogas sucesivas de planes temporales. Si se han nombrado magistrados de refuerzo, también deben nombrarse Letrados de refuerzo a tiempo completo para dar una solución eficaz y acabar con la pendencia.

Los planes temporales no pueden convertirse en una solución permanente encubierta.

Violencia de género: inclusión planes específicos y medios suficientes

CSIF reclama la inclusión de planes de actuación específicos en los órganos con competencias en materia de violencia de género. Estos órganos soportan una carga de trabajo especialmente sensible, urgente y compleja, que exige una respuesta reforzada por parte del Ministerio.

No se puede seguir afrontando esta materia con plantillas insuficientes, sobrecarga permanente y falta de medidas específicas.

Diligencias fuera de la sede judicial: deben compensarse adecuadamente.

Toda actuación que implique disponibilidad, desplazamientos, alteración de la jornada, situaciones de especial penosidad o riesgo, debe estar regulada, reconocida y retribuida.

Por último, CSIF volvió a trasladar al Ministerio que esta negociación debe abordarse de forma global, con garantías para todos los cuerpos y con medidas reales que no se limiten a prorrogar planes temporales sin resolver los problemas de fondo.

Desde CSIF seguimos defendiendo una Administración de Justicia organizada, con plantillas suficientes, funciones claras y retribuciones justas.

Ruegos y preguntas: CSIF reclamó también:

Impulso de la nueva Orden de Interinos, así como transparencia y publicidad en la gestión de las bolsas.
Convocatoria del concurso específico de la Oficina de Víctimas.
Refuerzos: el Ministerio ha indicado que en las próximas semanas se negociará esta cuestión junto con la modificación de las RPT.
Análisis de las cargas de trabajo: el Ministerio ha informado de que lo realizará en septiembre.
Creación de las unidades administrativas propuestas por CSIF, una medida clave para aligerar la enorme carga de trabajo y el retraso crónico que sufre el Ministerio de Justicia y las Gerencias Territoriales.
Indemnización por residencia en Baleares: tras la mejora conseguida por CSIF, preguntamos por su abono. El Ministerio ha indicado que todavía no sabe cómo se procederá al pago, si bien ya se ha solicitado la habilitación de gasto. Recordamos que esta mejora tiene efectos desde el 1 de julio.
CSIF volvió a exigir al Ministerio que deje de aplazar los compromisos pendientes y fije un calendario concreto de negociación. A este respecto, el Ministerio nos ha trasladado que, a día de hoy, no puede fijar un calendario concreto, si bien afirma que todas las cuestiones están en proceso de negociación y que irá convocando las mesas oportunamente.

CSIF denuncia la existencia de prácticas irregulares en la atribución de la cuenta de depósitos y consignaciones

emma.alvarez.bande — Fri, 12 Jun 26 10:33:00 CEST

En un escrito dirigido a la Secretaría General, CSIF sale al paso de una práctica que no es nueva, pero que se está extendiendo consistente en la atribución de la gestión completa de la cuenta de depósitos y consignaciones al personal de los cuerpos generales al margen de lo dispuesto en la normativa vigente.

Ni las funciones de la LOPJ ni la orden que regula esta cuenta atribuye esta función a los cuerpos generales, sino que, más bien, la atribuye al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Cualquier interpretación extensiva de la norma resulta arbitraria y un exceso que podría llevar a la nulidad de actos.

El artículo 5.1 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores encomienda a los Secretarios Judiciales (sic) y, por remisión al artículo 3.4 del mismo Real Decreto, a los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto, al Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y a los secretarios relatores en la jurisdicción militar, la “gestión y control de la cuenta”.

En segundo lugar, la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones en los órganos judiciales está íntimamente ligada a la función atribuida a los Letrados en el artículo 453 LOPJ de la fe pública judicial. El sistema de gestión de la cuenta exige que se acredite la realización efectiva del ingreso o del pago, la exactitud de su cuantía, fecha, persona que realiza el ingreso y cuenta en la que se ha depositado el dinero o desde la que se ha realizado el pago conforme a la resolución judicial que corresponda y solo quien consigna materialmente estos extremos puede dar fe de que así se ha hecho. Una función que se atribuye “con exclusividad y plenitud”, a este cuerpo tal y como se expresa en el mencionado artículo. Esa labor de acreditación exige, igualmente relacionada con la documentación de las actuaciones que se estimen oportunas que es otra de las funciones de los Letrados (art. 454 LOPJ)

En cuarto lugar, conforme al artículo 452.1 in fine del mismo texto legal las funciones atribuidas a los Letrados de la Administración de Justicia, no “serán objeto de delegación ni de habilitación” con la sola excepción de los supuestos de entradas y registros simultáneos cuando no hay letrados suficientes para ello del art. 451.3 LOPJ, que no es el caso objeto de este escrito.

Es el legislador y el propio Ministerio quien decidió atribuir las funciones de fe pública y documentación a un solo cuerpo. La realidad, todos lo sabemos, ha superado con creces el marco funcional de la LOPJ que roza lo decimonónico y ridículo. Actuaciones como la denunciada en ese escrito son la prueba fehaciente de esa realidad.

No es el único ejemplo de este tipo como ya denunciamos respecto de los poderes apud acta sobre la base de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, CSIF reclama la urgente convocatoria de la mesa de negociación para abordar esta cuestión funcional en las oficinas judiciales que tiene que acabar con las imposiciones basadas en interpretaciones particulares y extensivas de atribución de funciones y tareas, revisar los perfiles profesionales y corporativos y el reconocimiento legal, laboral y, especialmente, retributivo de las funciones que efectivamente se ejercen o que se tienen que ejercer.

Mientras tanto, las órdenes en este sentido deben ser por escrito de tal forma que exista prueba de la instrucción y se pueda, en su caso, recurrir.

El CGPJ acuerda que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia de forma presencial y no telemática

emma.alvarez.bande — Thu, 23 Apr 26 11:22:00 CEST

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CSIF informa:

El CGPJ acuerda que los órganos de gobierno de los tribunales organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia de forma presencial y no telemática

Tras tener conocimiento de que la puesta a disposición judicial de estas personas se seguía produciendo de forma telemática en algunos partidos judiciales como consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy que los órganos de gobierno de los tribunales -y en particular los/as presidentes/as de Audiencias Provinciales como miembros de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial, los/as presidentes/as de los Tribunales de Instancia y las Juntas de Jueces- organicen y coordinen la presentación de detenidos ante el/la juez/a de guardia en los distintos partidos judiciales de forma presencial y no telemática, en cumplimiento del artículo 17.2 de la Constitución Española, recabando para ello, si fuera necesario, los medios adicionales pertinentes de las Administraciones responsables.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este acuerdo, a instancias de su presidenta, tras tener conocimiento de que la puesta a disposición judicial de los detenidos en algunos partidos judiciales se estaba practicando no mediante su conducción y traslado a presencia del/la juez/a de guardia, sino por medios telemáticos, prestando estas personas declaración desde comisaría.

En su acuerdo, el Pleno señala que si bien durante la pandemia de COVID-19 el CGPJ permitió que, con las debidas garantías, las declaraciones de los detenidos pudieran organizarse desde dependencias policiales por medios telemáticos, la declaración de finalización de la crisis sanitaria aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 obliga a revisar esta decisión organizativa y, por tanto, gubernativa.

El acuerdo añade que el protocolo o sistema de organización que se adopte ahora no impedirá a cada juez/a resolver excepcionalmente y por causa justificada, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, la declaración del detenido en un proceso por medios telemáticos, en la forma y con las condiciones previstas en las leyes procesales.

En estos supuestos, se priorizará la pronta notificación y efectivo cumplimiento de la resolución judicial adoptada.

CSIF presenta alegaciones a la propuesta de eliminación del cuarto grupo de población

emma.alvarez.bande — Wed, 22 Apr 26 11:46:00 CEST

CSIF exige al Ministerio que incluya en la propuesta el mantenimiento de la diferencia retributiva de los gestores secretarios respecto de los gestores que no lo son.

Se trata de algo que estaba ya acordado y que no consta en el texto que nos han presentado.

La reducción de cuatro grupos de población a tres no significa que se tenga que eliminar el subtipo d que marca esa diferencia retributiva y que ya existe en el RD de puestos tipo en el grupo IV.

Además, CSIF ha exigido que quede claro que esta supresión está directamente ligada a los nuevos servicios de carácter procesal que se asumen en las oficinas de justicia en el municipio (en adelante, OJM) por la ley de eficiencia.

El Ministerio ha recogido las alegaciones presentadas y ha anunciado la posibilidad de convocar una segunda reunión para avanzar en la negociación.

La inclusión en la LO 1/2025 de eficiencia de las OJM han permitido el mantenimiento de cerca de 3.500 puestos de trabajo que, conforme a los planes iniciales de la administración, se iban a recolocar en las oficinas de cabecera de partido judicial obligando a sus titulares a cambiar de población tras la desaparición de los Juzgados y agrupaciones de paz. La lucha de muchos años y la presión sindical lograron que la administración aceptara el mantenimiento de estos puestos dentro de la nueva organización de la justicia.

Finalmente, desde CSIF recordamos que la negociación de la eliminación del cuarto grupo de población es resultado del acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 junto con la recuperación del 50% de la reserva de promoción interna y la normativa básica de teletrabajo que ya son una realidad; además, de la carrera profesional cuya negociación tendrá su sexta reunión del grupo de trabajo el 27 de abril.

Respecto a los Ruegos y Preguntas:

Concursos de Traslados:
- Concursillo fase I numo: han detectado algún error, pero se están rectificando y la publicación en el BOE se mantiene para el 5 de mayo.
- Convocatoria del concurso cuerpos especiales: se realizará enseguida.
- Convocatoria del concurso 2026 de cuerpos generales: prevén publicarlo antes de agosto.
Aplicación de las 35h en la Administración de Justicia, el próximo viernes habrá conferencia sectorial, y hasta que no se modifiquen las órdenes ministeriales no se podrá llevar a efecto.
Oposiciones estabilización concurso:
- Cupo de discapacidad: no habrá listas complementarias.
- Oferta de plazas de Auxilio 1288/2022: se realizará inminentemente.
- Oferta plazas Gestión 1288/2022: se publicarán en breve.

CSIF exige al Ministerio que modifique la instrucción 2/2026 sobre apoderamientos apud acta

emma.alvarez.bande — Wed, 22 Apr 26 11:14:00 CEST

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Conforme al informe del CGPJ Isis 693/2026, con base en la LOPJ, el CGPJ determina claramente que los apud acta deben realizarse ante el Letrado de la Administración de Justicia ya que, según la propia LOPJ art. 452 es el cuerpo titular en exclusividad y plenitud de la fe pública judicial.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la preposición “ante”, según la RAE es sinónima de “en presencia de” y, el ejercicio de la fe pública judicial no puede sustraerse de la obligación de estar presente de quien da la fe. Por otro lado, conforme a la normativa vigente, la manera de acreditar fehacientemente que se ha realizado el apoderamiento es la inscripción en el SIRAJ 2 del mismo.

Esta obligación de acreditación es otra manifestación de la fe pública judicial por lo que, en virtud de lo establecido en la LOPJ, también debería ser realizada por el Letrado ante quien se otorgue el poder.

Si la LOPJ hubiera querido otra cosa hubiera adoptado otra expresión y/o hubiera previsto excepciones, pero no es así.

Así, conforme al art. 451.2 LOPJ las funciones de los Letrados no pueden ser objeto ni de delegación ni de habilitación con la sola excepción de las entradas y registros simultáneas en la AN.

Además, el Consejo, en su informe declara que constituye mala praxis la delegación de la realización de los apud acta por las OJM (antiguos juzgados de paz) y, concluye, que excede de las funciones de esta oficina, entre otras razones, por las limitaciones organizativas lo que, para CSIF, es una clara alusión a la ausencia de Letrado que pueda dar fe y acreditar la realización de ese poder.

Por lo anterior, CSIF se ha dirigido a la Secretaría General para que modifique la instrucción en el sentido eliminando la figura del Letrado supervisor que vela porque se haga el apud acta y se anote y se diga claramente que el acto de apoderamiento debe hacerse a presencia de ese Letrado que es quien debe dejar constancia en el SIRAJ 2 de la realización de ese acto.

Una vez más, nos encontramos con la prueba de que es imprescindible revisar el entramado corporativo y la distribución de funciones en las oficinas judiciales. Además, de todos los problemas que está atravesando la implantación de los Tribunales de Instancia, la obsolescencia del reparto funcional establecido en la LOPJ y su desconexión con la realidad y necesidades de la justicia moderna que se pretende implantar, no hace sino agravar la situación y crear conflictos innecesarios.

No se trata de ir contra nadie, sino en favor de todos. Como venimos reclamando desde hace años, sin renunciar en ningún momento a este objetivo, la clarificación de las funciones, la redistribución de las mismas y su reconocimiento laboral y retributivo mejorará, sin duda, el funcionamiento de las oficinas y mejorará la calidad y eficiencia del servicio público de Justicia.

BOE: instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

emma.alvarez.bande — Wed, 15 Apr 26 08:16:00 CEST

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CSIF informa publicada en el BOE la Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

La interlocución de CSIF ha sido fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado el pasado mes de noviembre.

En la Administración de Justicia, conforme al artículo 500 de la LOPJ, que establece que «la duración de la jornada general semanal será igual a la fijada para la Administración General del Estado», la jornada de 35h resulta de aplicación directa.

CSIF exige al Ministerio y a las CCAA medidas urgentes para recuperar la normalidad en los órganos judiciales

emma.alvarez.bande — Tue, 10 Feb 26 11:11:00 CET

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Que no se estaba preparado para afrontar la puesta en marcha de la fase III de las oficinas de los Tribunales de instancia era de sobra conocido incluso para todas las administraciones que el pasado 22 de diciembre manifestaron, en el pleno de la Conferencia sectorial Ministerio-CCAA, que estaban preparadas. El Ministerio y las CCAA tienen competencia plena en la organización de sus oficinas judiciales respectivas por lo que no cabe esconderse tras un, supuesto, problema competencial echándole la culpa al otro.

Como venía denunciando CSIF durante todo el 2025 era imposible llegar con garantías a la fase III el 31 de diciembre y, por este motivo, reiteramos durante ese año la petición de que los responsables políticos de las administraciones se acogieran, de común acuerdo, a la prórroga de seis meses prevista en la ley de eficiencia.

El resultado de esa negativa lo están padeciendo miles de funcionarios y profesionales que, a duras penas, se manejan en el caos organizativo en el que se han convertido las sedes judiciales. Cualquiera que se dé una vuelta por una de ellas puede comprobarlo. A 31 de diciembre todo el mundo sabía qué hacer, dónde hacerlo, cómo y, sobre todo, a quien debía reportar su trabajo. A 1 de enero todo ha cambiado y casi nadie sabe qué, dónde hacerlo, cómo y a quien reportar.

Ante la inutilidad de unos protocolos de actuación elaborados a contrarreloj y publicados para cubrir el expediente apenas unos días antes de la fecha clave, las instrucciones, donde existen tales instrucciones, se suceden y, en muchos casos, contradicen las dadas previamente. La sensación de improvisación, pero sobre todo de falta de atención y de escucha por parte de unos puestos directivos que no han pasado por procesos de formación específicos y a los que nadie les ha dicho que mandar no es dar órdenes, sino que implica dar confianza, motivar y, sobre todo, escuchar.

Por ello, CSIF se dirigió al Ministerio hace unos días para exponerle la preocupante situación y proponer medidas urgentes para recuperar algo de normalidad. Una propuesta que también se ha hecho pública en prensa especializada y que se podrían resumir en:

Revisión de rpts para incrementar plantillas, incluir la especialización por orden jurisdiccional y/o por especialidad de jurisdicción consignando equipos concretos en esas rpts y no dejando su creación al “buen criterio” del director o jefe de turno.
Revisión de los protocolos de actuación para que sean realmente útiles y permitan la coordinación entre los servicios y un desarrollo a través de instrucciones que, conforme al art. 39 del RD 1451/2005 deben ser por escrito y motivadas.
Establecer programas de formación obligatoria para puestos de dirección desde los Secretarios de gobierno que formen parte de los requisitos de los puestos de dirección o jefatura.
Abordar la reforma de la normativa reglamentaria relativa a la provisión de puestos de trabajo para adaptarla a la nueva situación.
Culminar la negociación de la carrera profesional y revisar los programas de productividad para evitar que los mejores sean castigados con mayor carga de trabajo al mismo salario.
Revisar, igualmente, el sistema de guardias retribuyéndolo de forma adecuada.
Abordar el verdadero problema de la modernización de la justicia que tiene que ver con los perfiles profesionales, la redistribución de funciones y su clarificación y retribución justa que sigue siendo una reivindicación de CSIF.

Lo mejor que tiene la Administración de Justicia es su personal. Y la “moral de tropa” está ahí, pero sin medidas que apoyen y reconozcan su trabajo, sin una organización que le escuche, esta vez no va a ser suficiente.

El TS rechaza la posibilidad de abonar las guardias correspondientes durante la situación de baja

emma.alvarez.bande — Fri, 06 Feb 26 12:05:00 CET

La Sentencia 86/2026 de la sección cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal supremo analiza la normativa europea y nacional aplicable y en la que basaba su argumentación el recurrente para terminar concluyendo que la guardia en la Administración de Justicia no forma parte de la jornada ordinaria de dicho personal tal y como está configurada en nuestra normativa teniendo la consideración de prestación del servicio adicional al tiempo y jornada ordinarios y, por lo tanto:

"El complemento retributivo por servicio de guardia no podrá ser percibido por los funcionarios que, estando en situación de servicio activo y destinados en los órganos judiciales sujetos a este régimen de servicio de guardia, se encuentren disfrutando del periodo de vacación, permiso retribuido o tengan concedida alguna licencia de las previstas en sus Reglamentos Orgánicos".

Esta sentencia declara que la normativa europea “habilita a los Ordenamientos Jurídicos Nacionales para que puedan establecer tiempos de trabajo adicionales, especialmente destinados a satisfacer intereses generales, en este caso a la efectividad de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho como es la Administración de Justicia, y, en concreto, la satisfacción de "necesidades permanentes o continuas", que requiere la prestación del servicio público de Justicia, permitiendo un diseño del tiempo de trabajo general u ordinario, pero también otro especial, adicionado al anterior, que cubra eficazmente aquellas necesidades de Justicia

Finalmente, el TS rechaza la aplicación analógica al caso de las guardias de las policías locales que fue objeto de una sentencia a finales del año pasado al señalar de que el tipo de trabajo, en este caso, es de trabajo por turnos que afecta a toda la plantilla a diferencia del turno de guardias en Justicia. Esta diferencia en cuanto a los policías locales, puede afectar a la posibilidad de reclamar las guardias como parte de la paga extra.

A la vista de esta sentencia para CSIF la lucha se traslada a la mesa de negociación para conseguir ese derecho a percibir la guardia en situación de baja, vacaciones o licencias.