Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exige la apertura del plazo de solicitud de acceso extraordinario a la especialidad de Medicina Legal y Forense

anxo.freiria.tato — Wed, 22 Jul 26 08:56:00 CEST

Negociaciones y acuerdosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaMédicosOtros Cuerpos de JusticiaOtros Cuerpos o EspecialidadesAndalucía - Administración de Justicia Image

La especialidad será requisito para el ejercicio de las funciones de Médico Forense cuando así se establezca por orden del Ministro conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio por la que se modifica la LOPJ y el RD 704/2020 de 28 de julio por el que se establece el acceso al título de médico especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia. Esta orden no se ha publicado todavía.

Conforme a esa normativa, finalizado el pasado mes de mayo, el periodo de formación de cuatro años de la primera promoción MIR de la especialidad de Medicina Legal y Forense se cumple el requisito habilitante para la solicitud por los interesados del acceso extraordinario a la citada especialidad.

Para el acceso extraordinario a la especialidad de Medicina Legal y Forense, la Disposición Adicional única del RD 704/2020 se requiere:

ser funcionario de carrera e interino del cuerpo de Médicos Forenses.
haber prestado un período mínimo de servicios a la Administración de Justicia como médicos forenses, de cinco años,
haber accedido a estos puestos de trabajo antes de la entrada en vigor de la exigencia de la especialidad a que se refiere la disposición transitoria única.

El acceso extraordinario a esa especialidad se acredita por la Dirección General del Servicio Público de Justicia mediante certificación previa solicitud del interesado una vez que haya finalizado el proceso formativo mencionado anteriormente.

No obstante, el apartado 3ª de la disposición adicional mencionada establece la necesidad de publicación de una resolución de la Directora General del Servicio Público de Justicia en la que se fije el plazo, procedimiento y modelo de solicitud (a pesar de que en nuestro país sigue rigiendo la libertad de forma).

Con todo lo anterior, dado que han tenido cuatro años, desde que empezó la formación MIR de esta primera promoción para hacerlo, CSIF ha exigido por escrito:

La publicación inmediata de la resolución para abrir el plazo de solicitud.
El establecimiento de un plazo abierto de solicitud para facilitar la solicitud al personal, especialmente dadas las fechas en que nos encontramos y que, todavía no ha entrado en vigor la exigencia de la especialidad que debe hacerse por una orden del Ministro que, todavía no se ha publicado.
Que el procedimiento sea sencillo dado que el RD 704/2020 fija ya las condiciones de acceso y la certificación de la Dirección General previa solicitud. No hace falta complicarlo más.

Los delegados de CSIF están a disposición de los compañeros/as interesados consultas y asesoramiento.

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sofia.porrero.de-prado — Sun, 30 Nov 25 19:40:00 CET

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ANDALUCÍA. Convocatoria Mesa Sectorial 7 de octubre negociación Rpts FASE III

manuel.moreno.gomez — Tue, 30 Sep 25 12:52:00 CEST

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Por la Secretaría General de Servicios Judiciales, se nos ha remitido convocatoria de Mesa Sectorial para la negociación de las Rpts de FASE III el próximo martes 7 de octubre de 2025

Desde CSIF, ya ADVERTIMOS a la Consejería de Justicia que si ese día no hay una propuesta económica para los compañeros de Andalucía que suponga un incremento económico de las retribuciones, al igual que se ha sucedido en otros ambitos territoriales, CSIF NO PARTICIPARÁ en la mesa de negociación.

A continuación os trasladamos el mensaje de convocatoria recibido:

Buenas tardes,

A la vista de los plazos establecidos en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público, estando próxima la entrada en funcionamiento de la fase 3 el 31 de diciembre de 2025, atendiendo a razones extraordinarias, se le convoca a la siguiente sesión de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia en Andalucía.

* Día: Martes, 7 de octubre de 2025.

* Hora: 11:00 horas.

* Lugar: sesión presencial en la sede de la Plaza Gavidia, núm. 10, en Sevilla, y en videoconferencia a través del siguiente enlace:

ORDEN DEL DÍA:

Único. Negociación de las RPT de las oficinas judiciales de la Fase III a la luz de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

RESPUESTA DE CSIF, STAJ Y UGT AL COMUNICADO DE SPJ-USO

manuel.moreno.gomez — Tue, 23 Sep 25 10:10:00 CEST

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Desde CSIF, STAJ y UGT queremos responder con firmeza y total transparencia a las afirmaciones difundidas por SPJ-USO en su último comunicado. Una vez más, nos vemos obligados a desmentir sus tergiversaciones y sin entrar en una guerra entre sindicatos que sólo favorece a la Administración perjudicando al colectivo, vemos necesario explicar con claridad la realidad de los hechos:

1. Las alegaciones son un arma de defensa, no una renuncia.

La estrategia sindical compartida nunca ha sido abandonar la vía de las alegaciones.

En las fases I y II, SPJ-USO también participó presentándolas, como hicimos todos los sindicatos. El acuerdo alcanzado consistía en presionar en la mesa de negociación y levantarnos cuando fuera necesario, no en desarmar al colectivo dejando sin defensa escrita los errores de las RPTs.

Renunciar a presentar alegaciones —como ahora plantea SPJ-USO— supondría regalarle a la Administración un cheque en blanco y debilitar gravemente la posición de todos los trabajadores.

2. La negociación de la Fase III sigue abierta.

Es falso afirmar que la negociación está cerrada. La Administración ya ha trasladado, aunque de manera informal, su intenciónn de convocar de nuevo la mesa sectorial en cuanto la agenda lo permita y nos puedan trasladar una valoración de la propuesta económica.

Difundir que “todo está perdido” no solo es incorrecto, sino que con esa afirmación se refuerza a la Administración debilitando el posicionamiento que veníamos manteniendo y por tanto al colectivo. Con esa forma de actuar, SPJ-USO intenta justificar su salida de la plataforma, pero la realidad es que, CSIF, STAJ y UGT seguimos trabajando para que se reconozca económicamente el esfuerzo de los compañeros de Justicia, como ya se ha hecho en otros ámbitos territoriales, y no vamos a cejar en conseguir el objetivo.

3. Incoherencias y doble discurso de SPJ-USO.

SPJ-USO habla de transparencia, pero actúa con demagogia y contradicciones evidentes:

• Recurrió las RPT de las fases I y II sin consensuarlo con la plataforma.

• Aprobó expresamente las RPT de la fase II, y posteriormente las recurre sin explicar por qué la apoyaron en la Mesa Sectorial.

• Negoció las RPT de FASE I y II sin valoración de puestos de trabajo, no levantándose de la mesa y ahora lo usa como argumento contra lo que ellos mismos apoyaron.

Esta forma de actuar mina la confianza de los trabajadores. No se puede estar a la vez en la mesa, votando a favor, y luego recurriendo lo aprobado. Eso no es firmeza, es populismo.

4. Responsabilidad frente a gestos vacíos.

Desde CSIF, STAJ y UGT defendemos resultados reales, no las poses teatrales cara a la galería que no benefician al colectivo. La presión sindical es compatible con la negociación responsable. Lo que no vamos a hacer es dejar vía libre a la Administración en unas RPT sin alegaciones: eso sí supondría un grave perjuicio para todos los trabajadores.

5. La verdadera lealtad es con el colectivo.

La unidad es la base de la fuerza sindical. Abandonar la plataforma porque no piensan lo mismo que ellos, cuando la mayoría decide avanzar no es lealtad, es aislamiento. Con su salida, SPJ-USO debilita al conjunto de la representación sindical y fortalece a la Administración.

En CSIF, STAJ y UGT tenemos claro que nuestra obligación es defender los intereses de todos los compañeros de Justicia con propuestas serias, coherentes y viables.

Lo que SPJ-USO llama independencia es, en realidad, aislamiento; lo que llama firmeza es incoherencia; y lo que presenta como lealtad es, realmente DESLEALTAD y una ruptura que solo beneficia a la Administración.

CSIF se levanta de la negociación de la Mesa Sectorial ante la falta de seriedad de la Consejería de Justicia

manuel.moreno.gomez — Wed, 17 Sep 25 20:05:00 CEST

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Hoy estaba convocada en Andalucía la reunión del Grupo de Trabajo de Productividad y, a continuación, la Mesa Sectorial de negociación de la Fase III.

Desde CSIF hemos manifestado nuestro profundo malestar por la forma en que la Consejería de Justicia está gestionando este proceso. Una vez más, se nos presenta un borrador de documento en el mismo acto, sin haberlo trasladado previamente para su estudio y la presentación de alegaciones. Esto no solo dificulta una negociación seria, sino que demuestra una falta de respeto hacia los profesionales de la Justicia.

El texto que nos entregan recoge criterios abstractos y subjetivos que en ningún caso pueden servir para evaluar de forma justa el rendimiento de nuestros compañeros y compañeras. Ya hemos recordado a la Administración que la productividad debe contar con:

Una parte fija, no sometida a evaluación.
Una parte variable, basada en criterios claros, objetivos y alcanzables al 100% con el esfuerzo que ya se realiza día a día por los compañeros de los diferentes órganos judiciales

Además, CSIF ha reiterado que:

La productividad actual debe consolidarse, incrementando las nuevas cuantías económicas que se puedan establecer.
La evaluación debe realizarse solo a partir de datos objetivos extraídos únicamente de los sistemas informáticos, evitando valoraciones arbitrarias.
El pago debe ser mensual y no trimestral.

A día de hoy, la Secretaría General de Servicios Judiciales sigue sin dar respuesta a la propuesta de productividad presentada conjuntamente por CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT. Y lo que a nuestro entender es más grave que al día de hoy no haya una valoración de la propuesta económica planteada, ni propuesta de cuantías alguna por parte de la Consejería.

Ante esta situación y la negativa de la administración de posponer la Mesa Sectorial hasta contar con una respuesta seria, todas las organizaciones sindicales hemos decidido levantarnos y no participar en la negociación de hoy.

Desde CSIF lo dejamos claro:

No vamos a participar en la negociación de la Fase III hasta que la Consejería realice una valoración real y concreta de la propuesta económica y de las cuantías que pretende destinar a la nueva productividad.

Los trabajadores de Justicia de Andalucía se merecen un respeto y reconocimiento a su labor diaria al igual que se ha hecho en otros ámbitos territoriales, y por tanto la Consejería de Justicia no puede alargar más esta situación y debe de inmediato adoptar las medidas para el reconocimiento económico de los funcionarios de justicia con más carga de trabajo a nivel nacional.

El Ministerio traslada un esbozo sobre el contenido del Real Decreto básico de carrera profesional en Justicia

anxo.freiria.tato — Wed, 17 Sep 25 13:51:00 CEST

La negociación de la carrera profesional es uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de 8 de enero de 2025 firmado por CSIF que abrió la puerta, entre otras cuestiones, a desarrollar e implantar el concepto retributivo de carrera que figura en la LOPJ.

El Ministerio propone una carrera profesional para todos los cuerpos de la Administración de Justicia basada en:

el tiempo de prestación de servicios mínimo en puestos de trabajo en servicio activo y también en aquellas situaciones en las que se tenga derecho al cómputo de antigüedad a efectos de trienios,

la participación en acciones formativas de interés relacionadas con las funciones propias del puesto y que sean de interés para el servicio público (recibidas e impartidas incluyendo las tutorías) definidas por una comisión de valoración que se reúne, al menos, una vez al año con un mínimo de horas de formación común para todos los ámbitos territoriales y;

en la evaluación del desempeño definida por la ausencia de sanciones disciplinarias y en la participación de iniciativas de mejora del servicio público proyectos piloto, nuevos programas etc…

Un modelo de carrera profesional:

dividida en cuatro grados de desarrollo profesional (GDP) con cinco años de permanencia mínima para acceder al GDP I y seis para los tres restantes.

retribuida como complemento consolidable cuyo máximo se obtendrá con 23 años de servicio al alcanzar el GDP IV. En este apartado, el Ministerio informa que se están haciendo los cálculos de coste de esta carrera profesional y que, mientras tanto, no puede aportar una propuesta económica.

al que se accede voluntariamente desde el grado primero, en el que se progresa a petición de parte tras cumplir el tiempo establecido y los puntos necesarios que se determinen para pasar de grado y sin efectos retroactivos.

CSIF presenta al Ministerio una propuesta de Real Decreto Básico de carrera profesional

En la reunión de ayer, CSIF ofreció diálogo al resto de las organizaciones sindicales y al Ministerio para sacar adelante un texto consensuado sobre este derecho largamente reclamado por el personal de Justicia.

A grandes rasgos, la propuesta de CSIF recoge los siguientes apartados:

Ámbito subjetivo: personal funcionario todos los cuerpos de la Administración de Justicia (LAJ, Cuerpos generales y cuerpos especiales).

Cuatro grados (GDP) con cinco años de tiempo mínimo de servicios prestados en cada grado. El grupo cuatro se obtiene tras 20 años de servicios prestados.

Retribución por grado con un complemento fijo consolidable sobre un porcentaje del sueldo base que va desde el 20% del grado I al 75% del GDP IV

Una carrera profesional basada:

- en la permanencia de un tiempo mínimo de servicios prestados sin que ese cómputo se vea afectado por la promoción interna o las sustituciones de LAJ por ejemplo. En el tiempo de permanencia se tiene que computar, además, del servicio activo cualquier situación que conlleve reserva de puesto de trabajo.

- en el cumplimiento de un itinerario formativo acordado en una comisión de formación con presencia sindical, la docencia e investigación o la adquisición de competencias y habilidades profesionales necesarias para las funciones a desarrollar.

- evaluación del desempeño que, en todo caso, debe valorarse de forma objetiva exclusivamente sin informes ni valoraciones de carácter subjetivo por parte de nadie.

Participación voluntaria con plazo para renuncia, solicitud de reconocimiento de grado a instancia de parte para agilizar el proceso y, puesta en marcha del Registro central de personal electrónico.

Transferibilidad de los grados consolidados cuando se cambia de ámbito territorial por concurso, promoción interna etc…

Encuadramiento inicial en el grupo que corresponda por el tiempo de servicios prestados permitiendo la participación plena en el sistema de carrera al personal con más años.

Plazos obligatorios de desarrollo de carrera profesional en todos los ámbitos territoriales (3 meses para negociar y 4 para implantar el sistema desde la aprobación del Real Decreto Básico) y con efectos retroactivos en caso de incumplimiento.

ANDALUCÍA. Resultado de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Productividad

manuel.moreno.gomez — Mon, 28 Jul 25 21:13:00 CEST

Negociaciones y acuerdosAndalucía - Administración de Justicia Image

En el día de hoy, y a raíz de la propuesta conjunta presentada por nuestras organizaciones sindicales —CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT—, se ha celebrado una nueva reunión del grupo de trabajo con la Administración.

Durante el encuentro, se nos ha trasladado un nuevo documento que, si bien parece acercarse parcialmente a los ejes fundamentales recogidos en nuestra propuesta, sigue adoleciendo de la concreción necesaria. En concreto, se aborda de manera general cuestiones relativas a:

Recursos Humanos
Infraestructuras Judiciales
Infraestructuras Digitales
Humanización y Calidad del Servicio
Sostenibilidad
Especial rendimiento e iniciativa en el desempeño del trabajo

Sin embargo, el documento presentado por la Administración resulta excesivamente abstracto y carece de los indicadores y sistemas de medición que incluimos en nuestra propuesta, y que consideramos imprescindibles para garantizar un modelo de mejora real, evaluable y transparente.

En cuanto al modelo retributivo propuesto, la Administración plantea dos componentes:

Un complemento fijo y periódico, respecto al cual desde CSIF se ha exigido su abono con carácter mensual.
Un complemento variable con devengo anual, cuya liquidación se haría efectiva tras el primer trimestre del año siguiente. Esta fórmula ha sido rechazada por todas las organizaciones presentes, ya que entendemos que dicha retribución variable debe abonarse, como mínimo, de forma trimestral.

Además, hemos dejado claro que no vamos a aceptar que la productividad de rendimiento variable dependa de informes de los LAJs, ya que existen múltiples mecanismos objetivos de medición que permiten una autoevaluación profesional sin depender de valoraciones jerárquicas o subjetivas.

La Administración ha manifestado que el documento sigue abierto a aportaciones y modificaciones. Por ello, se nos ha emplazado a presentar nuestras alegaciones en los próximos días, con una nueva reunión fijada para el próximo 9 de septiembre.

Hemos advertido con claridad: en esa próxima reunión debe presentarse una propuesta económica seria y ajustada a la realidad del servicio público que prestamos, ya que el mes de octubre se marca el cierre del plazo para incluir cualquier previsión en los Presupuestos Generales.

CSIF presenta alegaciones al reglamento del Registro civil

emma.alvarez.bande — Mon, 14 Jul 25 11:03:00 CEST

CSIF ha vuelto a exigir que el Gestor pueda ser también encargado de determinados Registros civiles y, en todo caso, la creación de la figura del Encargado adjunto (o como se le quiera llamar) que venga a reconocer lo que viene sucediendo desde hace años y es que es el personal de la oficina del Registro civil y, en especial, el gestor vía habilitación, el que sostiene este servicio público.

No se trata de quitar el trabajo a nadie sino de reconocer una realidad que, además, viene reforzada en el borrador de reglamento que el Ministerio nos ha hecho llegar a los sindicatos. En este borrador la facultad de delegación, prácticamente implica realizar las funciones ordinarias de llevanza del Registro civil por el Gestor procesal

Además, por el mismo motivo, como venimos exigiendo en la negociación de las rpts, CSIF ha vuelto a reiterar la necesidad del reconocimiento del papel del Gestor secretario de las Oficinas de Justicia en el Municipio que, como se establece en la LOPJ, absorben a las oficinas colaboradoras del Registro civil.

Por otro lado, CSIF ha exigido la presencia de auxilios judiciales en los Registros civiles. Para CSIF, esta presencia es la lógica consecuencia de atribuir funciones concretas a este cuerpo en este servicio público, en especial, la atención al ciudadano que quedaría sin contenido, en los casos en los que no hay efectivos de este cuerpo en la rpt de algunas localidades.

Asimismo, CSIF ha exigido la supresión de las cláusulas de funciones “cajón de sastre”. El Registro civil tiene acotadas sus funciones y si se precisa aumentar o disminuir el número de las mismas debe hacerse previa negociación colectiva.

Igualmente, CSIF ha exigido la supresión, artificial, de la diferencia entre personal tramitador y Encargado. En el Registro civil existen cuatro cuerpos de la Administración de Justicia y, así debe constar sin inventos que pueden llevar a malas interpretaciones, a confusión y conflicto.

Finalmente, CSIF ha exigido la retirada a las alusiones al trato con deferencia y respeto que se recogen como derecho del ciudadano como si la falta de respeto fuera una constante general en el servicio público de Registro civil.

se está presumiendo de entrada una conducta irrespetuosa por parte de todo el personal de la oficina.
se trata de algo obvio que, por cierto, debería también aplicarse al ciudadano para evitar situaciones complicadas de agresión verbal al personal que atiende los registros y que da la cara ante la precariedad de medios materiales de los que dispone.
los funcionarios/as son perfectamente conscientes de que deben tratar a las personas con respeto, si no ya saben que se pueden enfrentar a una queja que puede desembocar en un expediente disciplinario.
lo que cada uno entiende por respeto es muy subjetivo tan subjetivo que si alguien se siente menospreciado lo que puede hacer es presentar una queja.

ANDALUCIA. Firmada la Resolución de esta SGSJ por la que se autoriza la ampliación del número de efectivos que realizan guardia en determinados partidos judiciales costeros durante el periodo estival de 2025.

manuel.moreno.gomez — Wed, 25 Jun 25 21:35:00 CEST

Negociaciones y acuerdosAndalucía - Administración de Justicia Image

Por la Secretaría General de Servicios Judiciales se nos ha remitido la Resolución de esta SGSJ por la que se autoriza la ampliación del número de efectivos que realizan guardia en determinados partidos judiciales costeros durante el periodo estival de 2025.

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