Andalucía - Administración de Justicia

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

Nuestro objetivo es defender tus derechos y mejorar las condiciones laborales de todas las empleadas y empleados públicos que desempeñan su labor en sectores esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía.

CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

CÓRDOBA. Publicada Convocatoria Comisiones de Servicio y Subsidiariamente en Sustitución Vertical

admin — Mon, 19 Dec 22 11:02:55 CET

Concursos y movilidadComisiones de serviciosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaFuncionario en prácticasAndalucía - Administración de Justicia Image

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA PROVINCIAL POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA MEDIANTE EL MECANISMO DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SUBSIDIARIAMENTE Y /O POR SUSTITUCIÓN VERTICAL DE UNA PLAZA DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA EN DIVERSOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Plazo de solicitud: 5 días hábiles a partir del siguiente al de publicación.
Fecha de publicación: 16/12/2022

Accede a la convocatoria

CSIF Andalucía moviliza a más de 20.000 personas hasta Madrid contra el empobrecimiento social y por una subida salarial justa

admin — Sat, 24 Sep 22 11:40:25 CEST

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Éxito de participación en la gran marcha convocada por el sindicato en la capital de España en defensa de los servicios públicos y en contra las políticas del Gobierno frente a la situación actual
La central sindical reclama una actualización de los salarios en 2022 con carácter retroactivo y un acuerdo plurianual para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha movilizado desde Andalucía a más de 20.000 personas que han acudido este sábado a Madrid a la gran manifestación que ha organizado la central sindical por una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social que sufre la ciudadanía, especialmente la clase media y trabajadora.

En dicha marcha, que ha discurrido desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Colón, han participado trabajadores y trabajadoras así como ciudadanía en general procedente de las ocho provincias andaluzas. La comitiva andaluza ha estado encabezada por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien ha considerado que la protesta ha constituido “todo un éxito de participación”.

En total han sido más de 70.000 personas procedentes de la comunidad andaluza y del resto de España las que han acudido a esta cita, a la que estaba convocado tanto el personal perteneciente al sector público como a la empresa privada, así como el conjunto de la población, contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.

Con esta movilización, el sindicato ha pretendido canalizar el malestar de la ciudadanía ante la incierta situación actual, que los trabajadores y trabajadoras afrontan con mucho esfuerzo, carencias y sacrificios, por la imparable escalada de los precios, el coste desmesurado de la energía y la cesta de la compra y el riesgo cada vez más evidente de entrar en recesión.

Al mismo tiempo, CSIF denuncia un deterioro progresivo de los servicios públicos en ámbitos fundamentales como la sanidad y la educación, así como una falta de reconocimiento hacia el colectivo de empleados públicos en sus condiciones laborales y salariales. Subraya además que los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores ya han pagado y soportado con creces los efectos de las últimas crisis económicas, al tiempo que defiende que no es justo que los sacrificios recaigan siempre sobre la clase trabajadora.

La presión sindical fuerza una reunión con el Ministerio el día 28

En este sentido, la presión sindical ejercida por CSIF ha hecho posible que la organización haya sido finalmente convocada para el próximo miércoles 28 de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para abrir la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.

CSIF había exigido al Gobierno que diese ejemplo a la empresa privada y negociara una subida justa en las administraciones públicas, ya que los empleados públicos llevan contribuyendo al pacto de rentas desde 2010, cuando por primera vez se les bajó el sueldo, y arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20% desde entonces.

En concreto, la central sindical reclama al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022 con carácter retroactivo para recuperar el poder adquisitivo perdido este año, así como un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010.

CSIF Andalucía denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20% y se moviliza para frenar el deterioro de sus condiciones laborales

admin — Wed, 22 Jun 22 10:33:39 CEST

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Cientos de personas de todas las provincias reivindican ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía que se dignifique el trabajo de este colectivo para que pueda prestar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía

Cientos de personas se han dado cita este miércoles en Sevilla, ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, convocadas por la Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía en defensa de los empleados y empleadas públicas y con el objetivo de frenar el deterioro de sus condiciones laborales. Así lo ha puesto de manifiesto durante la protesta el presidente de CSIF-A, Germán Girela, quien ha denunciado que este colectivo acumula desde 2010 una pérdida de poder adquisitivo de casi el 20%.

Esta movilización forma parte de las convocadas simultáneamente por CSIF en todo el territorio nacional para exigir “que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se siente a negociar un calendario para una subida salarial justa que implique recuperar la devaluación en las nóminas de los servidores públicos desde hace más de una década”, según ha explicado el responsable autonómico de la central sindical.

CSIF, como fuerza sindical más representativa en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha visibilizado a través de esta movilización, a la que se han sumado personas procedentes de todas las provincias andaluzas, “el deterioro de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos” y ha exigido “que se posibilite una prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía”, según Girela.

Bajo el lema “Por la dignificación de la labor de los empleados y empleadas públicas y la defensa de la negociación colectiva”, el sindicato da continuidad a las movilizaciones que ya inició el pasado 25 de mayo con el objetivo de “asegurar que los servidores públicos sean retribuidos con unos salarios dignos que se correspondan con la realidad que vivimos y con el momento económico actual, poniendo fin a dicha pérdida de poder adquisitivo y estableciendo los mecanismos oportunos para que no vuelva a producirse en el futuro”.

Brutal inflación que también sufre personal del sector público

“Ante la pérdida de poder adquisitivo acumulada, la situación de incertidumbre de la economía, la brutal inflación y sus consecuencias en la cesta de la compra, es apremiante que el Gobierno central se siente a negociar ya”, ha argumentado Germán Girela, quien ha recordado que en Andalucía hay más de medio millón de trabajadores y trabajadoras al servicio de las distintas administraciones públicas.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, otro de los problemas que afecta a los empleados y empleadas públicas la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía, así como el envejecimiento de las plantillas derivado de las insuficientes ofertas de empleo público, que hace necesaria una renovación generacional, según ha explicado el responsable sindical.

Gestión Procesal Turno Libre. Publicada la relación definitiva de aspirantes que superan la fase de oposición.

admin — Mon, 28 Dec 20 12:16:26 CET

EmpleoOposicionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Generales de JusticiaFuncionarioFuncionario en prácticasAndalucía - Administración de Justicia Image

Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre.

ENHORABUENA A LOS APROBADOS EN ESTA FASE DE OPOSICIÓN Y ESPEREMOS UNA RÁPIDA RESOLUCIÓN DE LA FASE DE CONCURSO.

MUGEJU. Criterios para la realización de pruebas PCR´s por las Entidades Médicas Concertadas.

admin — Wed, 07 Oct 20 08:39:46 CEST

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Son muchos los compañeros que, en los últimos días, se han puesto en contacto con nuestros Delegados para plantearnos dudas en relación con la realización de test diagnósticos PCR´s, especialmente en el ámbito de las Entidades Médicas Concertadas con la MUGEJU.

La MUGEJU, ha establecido un conjunto de criterios para la realización de cobertura de test diagnósticos, que lamentablemente y dado el nuevo avance de la enfermedad, cada vez es más necesario tener presente. Es por ello, por lo que, os resumimos a continuación los principales puntos a tener en cuenta.

¿Están obligadas las entidades médicas concertadas a realizarme una prueba PCR?. Las entidades médicas concertadas están obligadas a realizar una PCR u otra prueba molecular que se considere adecuada en las primeras 24 horas a todo caso sospechoso de infección.

¿Qué se entiende por caso sospechoso de COVID-19? Se consideran casos sospechosos de COVID-19 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por COVID según criterio clínico, odinofagia (dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos); anosmia (pérdida total del olfato); ageusia (pérdida del sentido del gusto); dolores musculares; dolor torácico; diarreas o cefaleas.

¿Si he sido contacto estrecho de un caso confirmado por COVID-19, las Entidades Médicas concertadas deben realizarme una prueba PCR? No, en este caso, la vigilancia epidemiológica, aunque se sea mutualista, corresponde a las CC.AA. Son ellas las que deben realizar el estudio y seguimiento de los contactos estrechos según el procedimiento por ellas establecido, incluyendo la realización, en su caso de las pruebas PCR a cargo del servicio de salud correspondiente.

¿Qué ocurre si en el transcurso de la vigilancia por haber sido contacto estrecho con un caso confirmado, desarrollo síntomas compatibles con COVID-19? Si en el transcurso de la vigilancia realizada por las CC.AA. un mutualista desarrolla síntomas de COVID-19, el caso se transforma en un caso sospechoso, cuyo manejo corresponderá desde ese momento a la entidad médica concertada.

¿Existen otros casos en los que las Entidades Médicas deban cubrir el coste de pruebas PCR´s? Las pruebas PCR´s que se prescriban a los mutualistas o que sean solicitadas por los hospitales, previamente a una intervención o procedimientos médico-quirúrgicos, deben ser cubiertas por las Entidades Médicas o reintegrado su coste. En este caso, las pruebas, deben ser prescritas en volante de la Entidad Médica y por un médico de su catálogo de proveedores, y además ser autorizadas por la Entidad Médica.

¿Qué debo hacer si el Médico de la Entidad concertada me ha prescrito la prueba PCR, pero la Entidad Médica no la autoriza? En ese caso, puedes reclamar el coste en la Comisión Mixta Nacional, que es el órgano responsable de analizar todas las reclamaciones relacionadas con la cobertura o facturación de cargos por asistencias relativas al tratamiento o seguimiento del COVID-19. No es necesario en este caso, realizar la reclamación previa a la comisión mixta provincial.

SI TIENES DUDAS O NECESITAS AYUDA, ACUDE A TU DELEGADO CSIF MÁS CERCANO.

CSIF arranca el compromiso al Ministerio de reactivar la negociación en el mes de septiembre

admin — Fri, 31 Jul 20 07:34:39 CEST

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En la reunión informativa de ayer el Ministerio de Justicia ha presentado los proyectos que tiene en marcha para acometer reformas que agilicen la tramitación de los procedimientos judiciales. Junto con la convocatoria, el Ministerio trasladó seis documentos de trabajo que no son sino una presentación genérica de seis de esos proyectos:

Justicia 2030 ligada a la idea de una Justicia digital y sostenible y que contiene varios programas o proyectos aglutinados en tres objetivos: Derechos, libertades y responsabilidades, calidad del servicio público de Justicia y sostenibilidad y cohesión.

Proyecto de ley de reforma procesal para la implantación de medidas de Justicia digital y sostenible (que pretende hacer frente a las consecuencias del COVID 19 en el ámbito procesal)

Oficina del dato (cuyo objetivo es poner a disposición de las administraciones, de los profesionales, de los funcionarios de Justicia y, en general, de los usuarios, datos sobre la gestión y el funcionamiento de la Administración de Justicia).

Inmediación digital que pretende regular las videoconferencias para (vistas, atención al ciudadano, actuaciones internas o identificación y firma).

Cita previa y gestión de turnos como un nuevo canal de atención a los profesionales y a los ciudadanos conectado con la inmediación digital y con el teletrabajo.

Hacia un modelo de gobernanza en Justicia (continuación del modelo de relación que se ha mantenido a través de la Comisión de seguimiento de COVID 19 Ministerio, CCAA, CGPJ, FGE y CGAE)

CSIF valora positivamente la puesta en marcha de proyectos de reforma de la Justicia, pero ha dejado claro que la reforma de la Justicia:

debe contar con la participación real y efectiva de los funcionarios/as de Justicia que son quienes van tener que poner en marcha esas reformas con el esfuerzo que eso va a suponer. En este sentido, debe encontrarse un encaje adecuado para dar voz a los funcionarios en esa nueva gobernanza que se persigue y reflejarlo por escrito sin vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva.

debe preservar el carácter público de este servicio esencial al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Para CSIF, por ejemplo, la implementación de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, deben ser abordados desde la defensa del Servicio Público y su mejora, y se debe poner en valor la capacidad y conocimiento de los Funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia para garantizar el éxito de iniciativas de esa índole.

debe evaluar la situación actual de los Cuerpos de Justicia, que para CSIF deben seguir manteniendo su carácter nacional y la reserva de función. Asimismo, debe definir el tipo de funcionario que esa reforma precisa, e incorporar cambios en los perfiles profesionales, procesos selectivos, promoción interna etc… que deben ser objeto de negociación incrementado el valor de este personal en la prestación del servicio público.

debe partir de la evaluación de los sistemas organizativos vigentes, algunos de ellos como la NOJ aún no han completado su implantación y en la que faltan por desarrollar las unidades administrativas de apoyo a la oficina judicial. Es necesario revisar el modelo de NOJ e implantarlo definitivamente, antes de superponer otros sistemas como los Tribunales de Instancia.

debe aprovechar el potencial del capital humano de la Justicia en materias como la mediación, la redistribución y redefinición de funciones en la oficina judicial, la potenciación de la Justicia de proximidad sobre la base de los partidos judiciales y los Juzgados y Agrupaciones de Paz y el Registro civil gestionado por personal de Justicia entre otras cuestiones. Se trata de eliminar cuellos de botella en la tramitación de los procedimientos, dotar de funciones con valor añadido a todo el personal de Justicia y agilizar la tramitación de los procedimientos. Aprovechar y potenciar al personal de Justicia es también “Justicia sostenible”.

debe suponer una mejora notable en las condiciones laborales (carrera profesional, promoción interna, eliminación grupos de población, provisión de puestos de trabajo, guardias, permisos y conciliación, teletrabajo regulado e incentivado, formación, acción social etc...) y en el reconocimiento retributivo adecuado de todos los Cuerpos sin olvidar la discriminación salarial en el ámbito del Ministerio de Justicia. Algunas de estas cuestiones están recogidas en acuerdos firmados por CSIF en los últimos años y deben desarrollarse de forma inmediata. La pretendida eficiencia que se espera conseguir con las reformas, debe repercutir también en los principales artífices de su consecución, los Funcionarios de Justicia.

debe contar con el suficiente apoyo presupuestario puesto que la Justicia, además de reformas organizativas, necesita más medios personales y materiales y, por otro lado, la carencia de medios informáticos, la necesidad de implantar programas de formación de calidad entre otras cuestiones, van a exigir una inversión estable que, luego, se recuperará por la vía de un mejor servicio público, más eficaz y eficiente.

debe contar con el máximo consenso social, político y sindical puesto que su desarrollo va a superar el ámbito de una o varias legislaturas.

El Ministerio de Justicia ha mostrado interés en la potenciación de la Justicia de Paz transformada en Oficinas Municipales de Justicia con funciones de Registro civil, información general y mediación (un aspecto recogido en el Acuerdo de 2014 firmado por CSIF) así como con el mantenimiento de oficinas judiciales en todos los partidos judiciales. En este sentido CSIF ha exigido que cualquier actuación de esta índole no suponga el cierre de ninguna oficina judicial o Agrupación o Juzgado de Paz, y el mantenimiento del empleo. Sólo dotando de servicios públicos adecuados a la “España despoblada”, se podrá garantizar fijar población.

En cuanto a la regulación del teletrabajo, el Ministerio tal y como ha solicitado CSIF, abre la puerta a la negociación del mismo, aunque considera necesario posponer la negociación definitiva sobre sus condiciones en la Administración de justicia, a disponer del marco regulatorio básico que debe ser establecido por el Ministerio de Trabajo. CSIF ha trasladado al Ministerio la necesidad de regular el teletrabajo en Justicia y que dadas las peculiaridades de este servicio público se puede y se debe avanzar en la negociación sin esperar a lo que se decida por el Ministerio de Trabajo, para garantizar los derechos de los trabajadores que en la actualidad prestan sus servicios en esa modalidad de forma precaria y para evitar conflictos y disfunciones, por falta de un marco regulatorio claro.

Lo que sí que es una realidad, es que el teletrabajo ha llegado a la Administración de Justicia para quedarse en el futuro. En este sentido, y tal y como había venido solicitando CSIF, el Ministerio ha anunciado que dotará partidas presupuestarias para la adquisición de portátiles que serían distribuidos entre los funcionarios de Justicia para que puedan teletrabajar sin utilizar sus equipos particulares.

Asimismo, el Ministerio ha aceptado la propuesta de CSIF remitida por escrito hace varias semanas de abrir una mesa de negociación y empezar a abordar tanto la Justicia 2030 como la Justicia 2020 y siguientes desde propuestas concretas.

El ministro de Seguridad Social debe trasladar un compromiso público con el régimen de clases pasivas, ante la alarma generada

admin — Tue, 05 May 20 12:38:44 CEST

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas exige al ministro de Seguridad Social un compromiso público sobre el futuro de las prestaciones y pensiones del régimen de clases pasivas.

La modificación legislativa introducida mediante Real Decreto-ley, aprovechando el estado de alarma, de la estructura orgánica del régimen del que depende las pensiones de un gran número de funcionarios ha generado alarma y desconfianza en el colectivo y CSIF ha exigido un compromiso al Ministro de Seguridad Social, en el que se garantice que el acceso a las pensiones y prestaciones del régimen de clases pasivas se mantendrán en los mismos términos que los actuales, ya que esta medida se ha realizado sin negociación previa con las organizaciones sindicales y sin debate parlamentario.

De hecho, CSIF como primer sindicato de los funcionarios de este país ha alzado la voz ante las dudas que genera entre los funcionarios esta medida y sobre la posible extinción del régimen de las clases pasivas o la modificación de las prestaciones como consecuencia de una integración en el régimen general de la Seguridad Social, máxime teniendo en cuenta que el actual Ministro de Seguridad Social en su anterior etapa como presidente de la AIReF, en un informe de enero de 2019, aconsejaba incrementar la edad de jubilación voluntaria y el número de años de cotización.

En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar esta modificación por el procedimiento de urgencia y sin negociación, solicitando su conversión en un Proyecto de Ley, con el fin de que se puedan exigir explicaciones al Gobierno mediante enmiendas que ofrezcan garantías o que pudieran eliminar esta modificación.

De no prosperar en vía parlamentaria la transformación en Proyecto de Ley, CSIF instará la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones que introduce el Real Decreto-ley 15/2020 sobre el trasvase de Clases Pasivas a Seguridad Social, por no reunir los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias.

Protocolo para la cobertura de servicios esenciales del Registro Civil, relativo a la expedición de licencias de enterramiento

admin — Sat, 28 Mar 20 11:02:39 CET

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Protocolo, para la cobertura de servicios esenciales del Registro Civil, relativo a la expedición de licencias de enterramiento. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas competentes en la materia, ha mantenido su segunda reunión para coordinar las medidas a adoptar en relación a los funcionarios que prestan servicio en la administración de Justicia durante la contención de la pandemia por COVID-19.

Entre las medidas adoptadas, este órgano ha acordado el protocolo para inscribir en el Registro Civil las defunciones y otorgar las licencias de enterramiento debido al incremento en la mortalidad generado por la epidemia.

Las administraciones e instituciones representadas en el encuentro virtual se han comprometido además a potenciar en los órganos judiciales de todo el territorio el uso de la videoconferencia siempre que los trámites concretos a realizar permitan recurrir a esta modalidad de comunicación. Además, han unificado los criterios para compartir entre todas ellas la información sobre la incidencia de la pandemia en el servicio público de la justicia en sus ámbitos de actuación y respectivos territorios.

Nota del Ministerio

Ver valoración de CSIF sobre el protocolo citado en este enlace