Andalucía - Universidades

CSIF Informa. Ley 4/2026 Discapacidad y dependencia

Eva Fernández Urbón — Mon, 05 Oct 26 14:47:00 CEST

IgualdadAndalucía - Universidades Image

Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

Las principales novedades son:

1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SE MODIFICA EL TREBEP

Se modifica el artículo 49.e) del TREBEP, relativo al permiso por cuidado de menor con cáncer u otra enfermedad grave.

Excepcionalmente, cuando la persona a cargo tenga gran discapacidad o gran dependencia y necesite cuidados directos, continuos y permanentes:

La reducción de jornada podrá prolongarse más allá de los límites de edad establecidos, mientras persistan la necesidad de cuidado y la convivencia.
Ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores podrán compartir simultáneamente la reducción, hasta un máximo conjunto del 100 % de la jornada.
Se refuerza la corresponsabilidad en los cuidados.

2. EMPRESA PRIVADA

La Ley modifica el Estatuto de los Trabajadores y refuerza además las garantías laborales previstas en la Ley General de Discapacidad.

Se refuerzan:

La igualdad de trato y no discriminación por discapacidad, incluida la discriminación por asociación.
Las adaptaciones del puesto de trabajo y los ajustes razonables.
La protección en el acceso al empleo, formación, promoción profesional y condiciones de trabajo.
Los derechos de quienes cuidan a personas con discapacidad: cónyuge, pareja de hecho y familiares hasta segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado, con medidas de adaptación salvo carga excesiva para la empresa.

Además, la reducción de jornada por cuidado de menor con cáncer u otra enfermedad grave podrá prolongarse en determinados supuestos de gran discapacidad o gran dependencia, y ambos progenitores podrán compartir simultáneamente la reducción sin superar conjuntamente el 100 % de la jornada.

3. DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

NUEVA EQUIPARACIÓN

A efectos de la Ley General de Discapacidad:

Dependencia grado I = 33 % de discapacidad

Dependencia grados II y III = 65 % de discapacidad

Esta equiparación produce efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen y no se aplica al ámbito tributario.

La persona podrá solicitar, en todo caso, la valoración de su discapacidad real.

4. IGUALDAD Y MUJERES

CON DISCAPACIDAD

La Ley refuerza especialmente:

Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
La prevención y protección frente a la violencia contra las mujeres y las violencias sexuales.
La accesibilidad de los recursos y servicios de atención y protección.
La incorporación transversal de la perspectiva de género e interseccional.
La lucha contra la discriminación múltiple.
La corresponsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados.

Cada dos años, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 realizará una evaluación desde la perspectiva de género, valorando especialmente si las medidas contribuyen a romper el rol tradicional de las mujeres como cuidadoras y a aumentar la corresponsabilidad masculina.

5. PERSONAS CUIDADORAS

MÁS APOYO Y CONCILIACIÓN

Se reconocen nuevos derechos a las personas cuidadoras no profesionales y a la persona cuidadora principal identificadas en el PIA, reforzando especialmente la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Se desarrollarán servicios de apoyo para familiares o convivientes que realizan cuidados en el hogar, que podrán incluir, entre otros:

Asesoramiento, orientación y acompañamiento.
Apoyo psicológico.
Formación.
Apoyos de respiro.
Asesoramiento sobre accesibilidad del hogar y productos de apoyo.
Prevención de la sobrecarga física y emocional.

La persona cuidadora principal contará además con medidas específicas de apoyo a la conciliación.

6. EMPLEO E INCLUSIÓN

MÁS OPORTUNIDADES

Se refuerza el derecho al empleo ordinario tanto en empresas como en Administraciones Públicas.
Se impulsan el empleo personalizado, los ajustes razonables, la inclusión laboral y las medidas alternativas a la cuota de reserva.
Las prestaciones económicas o de servicios de dependencia serán compatibles con el trabajo por cuenta ajena o con una actividad por cuenta propia, sin perjuicio de que esos ingresos puedan computarse para determinar la capacidad económica.
Se refuerza el apoyo a la incorporación, mantenimiento y retorno al empleo de las personas con discapacidad.

Desde CSIF vigilaremos su correcto desarrollo.

CSIF exige financiación real, recuperación salarial para PDI y PTGAS y el fin de la privatización en la Universidad Pública

Jose Luis Narbona Moreno — Tue, 22 Sep 26 13:36:00 CEST

Seguimos muy lejos de dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria.

Estamos por debajo de la media de la UE (14,5%) y de la OCDE (19,5%) en gasto total por estudiante universitario. Resulta frustrante ver que ha aumentado el gasto público, pero sin alcanzar los niveles de financiación de 2009. CSIF tacha de escandalosas las diferencias en la financiación de las CC. AA. En definitiva, las universidades siguen enredadas en la financiación y sin visos de alcanzar el objetivo de dedicar el 1% del PIB a la financiación universitaria en 2030 (hoy en el 0,75%).

Continuamos exigiendo medidas para frenar la privatización "salvaje" de la Educación Superior

Exigimos detener la deriva privatizadora que asola el mapa universitario (con 49 privadas frente a 50 públicas). CSIF muestra su preocupación por la baja calidad de muchos proyectos de universidades privadas (no cumplirían con los requisitos establecidos en el Real Decreto en torno a la oferta de títulos y número de grados, dedicación de un 5% de su presupuesto propio a investigación, número de doctores, 50% de alumnos en grado, producción científica, etc.) y porque ya empieza a producir una segregación económica de los alumnos

Unidad de PDI y PTGAS contra la pérdida de poder adquisitivo y la temporalidad

La dignificación laboral de todos los empleados públicos de la universidad no admite más demoras. CSIF exige para el Personal Docente e Investigador (PDI) y para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS):

- Recuperación íntegra de las pagas extras: Exigimos al Gobierno habilitar los créditos necesarios en los PGE de 2027 para la recuperación de las pagas recortadas desde hace 16 años (2010) y de la estructura salarial previa, revirtiendo la dramática pérdida de poder adquisitivo acumulada.

- Plan contra la temporalidad abusiva: Exigimos atajar la temporalidad estructural en nuestras plantillas universitarias, implementando procesos ágiles y reales de estabilización laboral tanto para el PDI como para el PTGAS.

¡Por una Universidad Pública de calidad, con financiación suficiente y derechos laborales plenos!

Las universidades públicas lideran la investigación científica - Nueva orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas

Jose Luis Narbona Moreno — Thu, 23 Jul 26 10:28:00 CEST

Negociaciones y acuerdosNormativaAndalucía - Universidades Image

Las universidades públicas lideran la investigación científica y refuerzan su capacidad de atraer y retener talento

Según el Observatorio IUNE 2026 de la Alianza A4U más del 90% de la actividad científica del sistema universitario español se desarrolla en instituciones públicas, que destacan también en producción, impacto y atracción de talento investigador.
Las universidades públicas concentran más del 95% de la producción científica, el 92% de los sexenios de investigación reconocidos y casi la totalidad de los contratos predoctorales y postdoctorales concedidos.
Pese al crecimiento en volumen de profesorado en las universidades privadas (+219,9%), estas siguen presentando una participación limitada en los principales indicadores de calidad y competitividad investigadora.
La colaboración internacional también ha crecido, con más del 54% de los trabajos científicos firmados en colaboración con instituciones extranjeras.
Las universidades públicas lideran también el impacto: las publicaciones del SUE han recibido más de 13,5 millones de citas, con un aumento sostenido de los artículos en revistas del primer cuartil (Q1), que suponen ya el 60,8 % del total en 2023.
Las universidades públicas concentran la mayoría de los proyectos del Plan Nacional de I+D+i y del Programa Marco de la UE, con un incremento del 143 % en el número de proyectos europeos obtenidos entre 2014 y 2023.
También destacan en atraer y retener talento con más del 97 % de los contratos predoctorales y casi la totalidad de los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal concedidos en 2023.

Sobre Observatorio IUNE 2026 pichar aquí Más información.

La nueva orden de bases de los programas gestionados por la AEI incluye mejoras en igualdad, sostenibilidad y promoción de la ciencia abierta

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado una nueva orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas correspondientes a varios programas y subprogramas gestionados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
La norma actualiza el marco común que servirá de referencia para futuras convocatorias de la AEI e incorpora varias medidas orientadas a mejorar la gestión de las ayudas y a reforzar aspectos clave para la comunidad investigadora como la igualdad, la conciliación, la integridad científica, la atracción de talento y la sostenibilidad.

Entre sus principales novedades se encuentran:

Simplificación de las ayudas para contratación de personal
Nueva gestión de convocatoria y adaptación de otras (incorporación de las ayudas FPU y la actualización del programa Ramón y Cajal en la nueva normativa)
Impulso a la igualdad y la conciliación en la actividad investigadora
Refuerzo de la integridad y las buenas prácticas en investigación
Alineamiento con las recomendaciones europeas para atraer y retener talento
Refuerzo de las obligaciones del cumplimiento de los principios de ciencia abierta

Más información en La nueva orden de bases de los programas gestionados por la Agencia Estatal de Investigación incluye mejoras en igualdad, sostenibilidad y promoción de la ciencia abierta | Agencia Estatal de Investigación

CSIF pide acelerar las negociaciones para:

Convocar y consolidar el Sexenio de Transferencia
Aprobar el Estatuto del PDI
Suprimir la Tasa de Reposición

Informe de Actividad - Área de Universidad de CSIF

Jose Luis Narbona Moreno — Thu, 09 Jul 26 10:12:00 CEST

De enero a junio de 2026

CSIF reclama financiación suficiente y estable para la Universidad pública andaluza

Alberto Adones ARANDA — Fri, 03 Jul 26 12:41:00 CEST

Prensa y ComunicaciónAndalucía - Universidades Image

CSIF Universidad Andalucía ha analizado las medidas relativas a la enseñanza superior incluidas en el acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox y considera que, aunque el documento incorpora referencias a la excelencia académica, la captación de talento y la creación de nuevas titulaciones, carece de compromisos concretos sobre la financiación del sistema universitario público andaluz, elemento imprescindible para alcanzar los objetivos anunciados.

En particular, la medida 68 plantea una "transformación profunda del sistema universitario andaluz" para mejorar su posición en los rankings internacionales, potenciar la empleabilidad, la transferencia del conocimiento, la internacionalización y la retención y captación de talento. Asimismo, prevé reforzar la colaboración entre universidades y empresas para favorecer el desarrollo profesional de los jóvenes andaluces.

Por su parte, la medida 69 anuncia la creación de nuevas titulaciones universitarias orientadas a las demandas del mercado laboral y a las necesidades de los servicios públicos esenciales, reforzando además la coordinación entre el sistema educativo y el tejido productivo.

Desde CSIF valoramos positivamente cualquier iniciativa encaminada a mejorar la calidad de las universidades públicas andaluzas, favorecer la empleabilidad de los egresados y reforzar la transferencia del conocimiento. Sin embargo, consideramos que estos objetivos difícilmente podrán alcanzarse si no van acompañados de una financiación suficiente y estable.

El sindicato echa especialmente de menos una referencia expresa al compromiso de alcanzar una financiación equivalente al 1% del PIB andaluz para las universidades públicas, tal y como establece la LOSU. Una reivindicación histórica del sistema universitario y una condición indispensable para poder competir en igualdad de condiciones con las universidades más avanzadas del entorno europeo.

La excelencia universitaria no puede sustentarse únicamente en declaraciones de intenciones. Requiere inversiones reales en docencia, investigación, innovación, infraestructuras, digitalización y transferencia del conocimiento, así como una apuesta decidida por el personal de las universidades públicas.

Asimismo, CSIF considera preocupante que el acuerdo no contemple medidas específicas relativas a la mejora de las plantillas de Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), ni compromisos concretos sobre estabilización del empleo, desarrollo de la carrera profesional o mejora de las condiciones laborales del personal universitario.

Para CSIF, la verdadera excelencia universitaria pasa necesariamente por fortalecer las universidades públicas andaluzas mediante una financiación adecuada, suficiente y sostenida en el tiempo. Sin recursos, resulta difícil retener talento, atraer investigadores de prestigio, impulsar nuevas titulaciones con garantías o mejorar la posición internacional de nuestras universidades.

Por ello, el sindicato reclama al futuro Gobierno andaluz que concrete cuanto antes sus planes para la Universidad y que incorpore en los próximos presupuestos un compromiso firme de incremento de la financiación pública garantizando así el futuro, la calidad y la competitividad del sistema universitario público de Andalucía.

El MCIU ve resultados positivos donde el Tribunal de Cuentas observa deficiencias estructurales y operativas

Jose Luis Narbona Moreno — Mon, 29 Jun 26 09:19:00 CEST

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU):

- Saca pecho de expedientes resueltos y señala resolver más solicitudes de las que recibió entre enero y diciembre de 2025

- Indica que la Orden Ministerial aprobada en octubre de 2024 ha logrado que el número de solicitudes pendientes se haya reducido más de un 40% hasta las 72.337.

El Tribunal de Cuentas en el Congreso:

· Avisa de las "deficiencias estructurales y operativas" en el procedimiento de homologación de títulos universitarios extranjeros

· Destaca "una regulación insuficiente de los sistemas de identificación y firma electrónica, así como de la representación de aprobación o actualización de las listas de profesiones reguladas"

· Constata también el "incumplimiento" del plazo máximo de seis meses para resolver los expedientes, ya que "la media observada fue de 212 días"

· "La ausencia de manuales integrales de procedimiento dificulta la homogeneidad y eficacia de la tramitación"

CSIF insiste al MCIU en la necesidad de un esfuerzo serio y decidido para reducir los expedientes acumulados y cumplir el plazo legal máximo.

CSIF pide a las universidades dejar de ningunear al profesorado Asociado en los Quinquenios y Sexenios

Jose Luis Narbona Moreno — Mon, 22 Jun 26 09:36:00 CEST

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene reconociendo el derecho a la evaluación y, en su caso, a la percepción del complemento específico por méritos docentes (quinquenios) y del complemento de productividad por actividad investigadora (sexenios) al PDI vinculado con la universidad pública con una relación laboral temporal, declarando que:

No existen diferencias sustanciales entre ambos colectivos que justifiquen la desigualdad de trato
El complemento por la actividad investigadora no está vinculado al puesto de trabajo sino a la productividad
Excluir al personal docente e investigador laboral temporal en función de la naturaleza temporal del contrato es un tratamiento discriminatorio contrario al artículo 14 de la Constitución y a la Directiva Comunitaria 1999/70/CE.

De 2023 a 2026 son varias las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen -con LOU y con LOSU- el derecho del profesorado Asociado a Quinquenios y Sexenios y confirman la existencia de trato discriminatorio al PDI laboral no permanente, con contrato laboral temporal, por no reconocérsele la posibilidad de evaluación de la actividad docente e investigadora y posterior devengo de los complementos correspondientes.

Cada vez son más las universidades que permiten el cobro de Quinquenios al profesorado Asociado sin aplicar coeficiente de parcialidad alguno. Sin embargo, la mayoría de universidades, miran para otro lado y siguen sin permitir su acceso a Sexenios de Investigación

Repetimos que la doctrina del TS sobre Sexenios del profesorado Asociado es clara y contundente, y utiliza el siguiente hilo argumental:

El profesorado asociado forma parte del PDI
La LOSU mantiene (incluso amplía) el derecho de todo PDI a la investigación
La LOSU reconoce que el PDI que realice actividades investigadoras tiene derecho a ser evaluado y compensado económicamentepor ello
Estamos ante un tipo de Profesorado al que el diseño normativo no ha querido restringir la faceta investigadora, por más que sucontratación obedezca a la consabida finalidad docente.
Descarta que la actividad docente desarrollada por persona que posee una profesión externa a la Universidad y que aplica su experiencia tenga un valor que justifique la imposibilidad de acceder a los complementos por méritos investigadores

CSIF considera que en base a las resoluciones del TS en jurisprudencia Social y a la jurisprudencia Comunitaria, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, el criterio del Tribunal Supremo debería aplicarse sin duda ni rémora alguna en todas las universidades públicas. Ya está bien de tener litigando permanentemente al profesorado Asociado -de manera insidiosa y con costes económicos y temporales- en un asunto que ya está meridianamente claro.

Publicado hoy en BOJA el procedimiento de evaluación de méritos del personal docente e investigador de las Universidades públicas de Andalucía, para la obtención de los tramos retributivos de carácter progresivo

Alberto Adones ARANDA — Wed, 17 Jun 26 11:05:00 CEST

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CSIF Universidad Andalucía

Publicado hoy en BOJA el procedimiento de evaluación de méritos del personal docente e investigador de las Universidades públicas de Andalucía, para la obtención de los tramos retributivos de carácter progresivo

Hoy se ha publicado en BOJA la Orden de 11 de junio de 2026, por la que se convoca para el año 2026 el procedimiento de evaluación de méritos del personal docente e investigador de las Universidades públicas de Andalucía, para la obtención de los tramos retributivos de carácter progresivo regulados en el Decreto 134/2024, de 30 de julio, por el que se regulan los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador de las Universidades públicas del sistema universitario de Andalucía

Plazo de solicitud El plazo de solicitud de los complementos autonómicos será del 7 al 21 de septiembre.

En la línea de los años anteriores, desde CSIF Universidad Andalucía crearemos una web para ayudaros en todo este proceso. La página estará disponible en septiembre, con anterioridad al periodo de solicitud, y contendrá nuestros habituales vídeo-tutoriales para ayudaros en el proceso de solicitud. Os avisaremos en cuanto esté lista.

Quedamos, como siempre, a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta que podáis necesitar.

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CSIF pide a las universidades garantizar la equivalencia retributiva del PPL y del COD respecto del TU

Jose Luis Narbona Moreno — Fri, 05 Jun 26 11:14:00 CEST

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El sindicato independiente exige que el profesorado permanente laboral y el profesorado contratado doctor perciban una retribución equivalente a la del profesorado titular de universidad cuando desempeñen funciones académicas de idéntica o similar naturaleza, sin que puedan establecerse diferencias salariales injustificadas por razón de la naturaleza estatutaria o laboral del vínculo

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario proclama en su preámbulo que “se garantiza la equiparación de derechos y deberes académicos del profesorado funcionario y laboral permanente”. En desarrollo de ese principio, el artículo 82 de la propia LOSU dispone que el contrato del profesorado permanente laboral será fijo e indefinido, con “derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario”.

Ese mandato legal ha sido ya asumido por parte de algunas Comunidades Autónomas y universidades públicas españolas mediante normas reglamentarias y convenios colectivos que avanzan en la equiparación del profesorado laboral estable con el profesorado titular de universidad:

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha aprobado el reciente Decreto 17/2026, de 21 de abril, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado en régimen laboral de la Universidad de Extremadura. En su artículo 6.4 se dispone la equiparación del profesorado “en derechos y deberes de carácter académico al profesorado titular de universidad”.
En el Decreto 2/2026, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador laboral de la Universidad de La Rioja (BOLR núm. 29, de 12 de febrero de 2026), en su artículo 13, se dispone respecto el profesorado permanente laboral, que “El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y deberes de carácter académico y categoría comparable a la del profesorado titular de universidad”.
Esta equiparación ya se estableció en todas las universidades de Andalucía en donde no existe diferencia alguna entre los salarios de los profesores titulares y los profesores permanentes laborales y contratados doctores.
En la Comunidad Foral de Navarra el Convenio Colectivo de la Universidad Pública de Navarra para el Personal Docente e Investigador y Personal Investigador Contratado Laboral. (Boletín Oficial de Navarra núm. 130 de 1 de julio 2025), dispone con claridad la equiparación salarial. El artículo 72 dispone: “A partir de 2028 el salario base será idéntico al salario base del profesorado Titular de Universidad”.

Por lo tanto, vemos como desde todos los ámbitos políticos, en distintas Comunidades Autónomas, se ha procedido o se tiende a equiparar salarialmente a los profesores titulares y el profesorado indefinido laboral. Lo mismo sucede en Cataluña y País Vasco. Sin embargo, en territorios como la comunidad valenciana y otros varios, el profesor permanente laboral cobra menos que el TU y no accede a todo el complemento autonómico.

La equiparación entre profesorado funcionario y profesorado laboral permanente responde no solo al mandato de la legislación básica estatal, sino también a una exigencia material de igualdad de trato cuando concurren funciones académicas equivalentes en docencia, investigación y transferencia. Mantener diferencias retributivas injustificadas entre figuras estables que desarrollan tareas de análoga responsabilidad desnaturaliza el objetivo de homologación perseguido por la LOSU y perpetúa una desigualdad carente de justificación suficiente.

CSIF exige incorporar en los Convenios Colectivos y en las futuras normativas universitarias autonómicas una previsión expresa que garantice la equivalencia retributiva del profesorado permanente laboral y del profesorado contratado doctor respecto del profesorado titular de universidad, cuando desempeñen funciones académicas de idéntica o similar naturaleza. Con ello se refuerzan los principios de igualdad, seguridad jurídica, homogeneidad del sistema universitario y reconocimiento efectivo de la carrera académica en su doble vía, funcionarial y laboral.