Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

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CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A considera “más que necesaria” la nueva ley frente a las agresiones al personal del SAS y exige a la Junta que cumpla “con hechos”

margarita.sanchez.mingo — Tue, 29 Sep 26 11:34:00 CEST

El sindicato recuerda que lleva años reivindicando medidas urgentes ante el aumento progresivo de la violencia, con récord de 1.976 casos en 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de “más que necesaria” la ley integral contra las agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía antes de que acabe el año.

El sindicato, primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha exigido a la Junta de Andalucía que “pase de una vez por todas de las intenciones a los hechos” para atajar la violencia contra el personal de la sanidad, uno de los problemas más graves que afronta el sistema sanitario.

Así lo ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, quien ha recordado que “CSIF lleva años reclamando a la Administración que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para abordar una situación que es una prioridad en materia de seguridad laboral y calidad asistencial”.

Según datos oficiales, en 2025 se marcó récord histórico al registrarse 1.976 agresiones a profesionales del SAS, de las que 1.589 fueron de carácter no físico y 387 de carácter físico. “La tendencia al alza de los últimos años deja claro que no se están poniendo todos los medios necesarios para garantizar la protección e integridad de nuestros profesionales. Es más que necesario adoptar medidas eficaces que incluyan aspectos normativos, organizativos y presupuestarios”, ha explicado Girela.

Asimismo, ha recordado que hace más de seis años, en concreto en marzo de 2020, CSIF ya registró una propuesta dirigida a la Consejería en la que planteaba modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de frenar las agresiones. Entre otras cuestiones, el sindicato exigió “que todas las infracciones sean explícitamente expresadas de forma que no existan márgenes de interpretación y algunas de estas conductas queden sin sancionar”.

Desde entonces, CSIF viene reclamando de manera pública en los distintos foros de negociación que la Administración “actúe sin que le tiemble el pulso y que agredir a un profesional no salga tan barato”.

Asimismo, el pasado 12 de marzo y con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, CSIF registró un escrito dirigido al consejero del ramo, Antonio Sanz, en el que le instaba a cumplir su compromiso de establecer un régimen sancionador específico y unos instrumentos normativos necesarios para disuadir a potenciales agresores. En este escrito, se solicitaba, entre otras acciones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta, así como una dotación suficiente de medios humanos y materiales, incluyendo profesionales suficientes en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de gasto, con sustituciones ágiles para poder reforzar la prevención de forma real.

Girela ha valorado como muy positivo que el Gobierno andaluz haya optado por la fórmula del decreto ley para agilizar la aprobación de la norma y no ralentizar su aplicación, pero ha añadido que desde CSIF “estaremos muy pendientes para que el anuncio y compromiso de fechas realizados se cumplan”.

De igual manera, CSIF ha insistido en la importancia de que la Administración sanitaria complete la nueva normativa para hacer frente a las agresiones con el impulso de campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a ellas, orientadas a toda la ciudadanía, con la finalidad de evitar que este tipo de violencia se normalice como parte del desempeño profesional.

Por último, Girela ha apuntado que “nuestra hoja de ruta seguirá siendo avanzar en medidas concretas que permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar la mayor seguridad posible de los profesionales del sistema sanitario andaluz, lo que redundará en optimizar el servicio público que se presta a la ciudadanía”.

Germán Girela: La admisión de la ILP para recuperar las pagas extra autonómicas de los empleados públicos es un paso muy importante

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 29 Sep 26 14:17:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza el arranque del curso político y la actualidad económica y social en el programa 'Acento andaluz'

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha calificado de "buena noticia" la admisión a trámite por la Mesa del Parlamento andaluz de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen las cantidades pendientes de las pagas extraordinarias autonómicas de 2013 y 2014 que se les deben. Así lo señaló en una entrevista este lunes en el programa 'Acento Andaluz' de 7TV Andalucía, en la que también ha abordado la situación de los servicios públicos andaluces y las principales reivindicaciones del sindicato.

Girela considera que la admisión de la iniciativa supone "un paso muy importante" para que esta reivindicación llegue a debatirse en el Parlamento y que los distintos grupos políticos tengan que posicionarse. La ILP plantea recuperar unos 2.000 euros de media por empleado/a público/a andaluz y CSIF comenzará la recogida de firmas una vez que la Junta Electoral de Andalucía active el correspondiente proceso.

Refuerzo de los servicios públicos

Durante la entrevista, el presidente de CSIF Andalucía también reclamó al Gobierno andaluz medidas concretas para reforzar las plantillas y mejorar los servicios públicos, así como el cumplimiento de los acuerdos pendientes de anteriores legislaturas.

En materia sanitaria, Girela reclamó un plan de choque ante las listas de espera, acompañado de un refuerzo de los recursos públicos, y cuestionó la falta de transparencia en cuestiones como los problemas detectados en el programa de cribado de cáncer de mama que se hicieron públicos hace ahora un año.

En educación, Girela advirtió del retroceso de la escuela pública, con pérdida de alumnado y de unidades en los últimos años, y de la situación especialmente preocupante en Formación Profesional. En Justicia, reclamó que se cumplan los acuerdos alcanzados y que se dote adecuadamente la implantación de los nuevos tribunales de Instancia.

Por otro lado, Girela también se refirió a la situación del INFOCA, alertando de las carencias de personal y medios, que han provocado que la plantilla haya afrontado el verano con grandes deficiencias, al tiempo que exigió que la prevención de incendios se mantenga durante todo el año.

De igual manera, el presidente de CSIF-A se refirió a la vivienda como uno de los principales problemas que afectan actualmente a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, reclamó políticas que permitan mejorar el poder adquisitivo y favorecer el empleo estable.

Por último, Girela defendió el papel de CSIF como organización independiente y profesional, centrada únicamente en la defensa de los trabajadores y trabajadoras y de unos servicios públicos de calidad.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprueba que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

CSIF reprocha a la Junta de Andalucía el incumplimiento de los plazos para aprobar el Decreto de Teletrabajo y exige una nueva fecha concreta

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 05 Oct 26 08:04:00 CEST

El sindicato recuerda que la Administración se comprometió a aprobar la nueva norma antes del 30 de septiembre y reclama un calendario para culminar su tramitación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reprochado a la Junta de Andalucía su incumplimiento del compromiso de aprobar antes del 30 de septiembre el nuevo Decreto de Teletrabajo para el personal de la Administración General.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Secretaría General para la Administración Pública, ha recordado que CSIF suscribió el pasado 21 de abril un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar dicho decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación.

En este sentido, la Central Sindical ha señalado que la reciente aprobación de la Circular 1/2026, por la que se establecen criterios homogéneos para la prestación de la jornada laboral en modalidad de teletrabajo, “constituye una regulación provisional que no puede sustituir ni justificar el incumplimiento del compromiso adquirido para aprobar el nuevo decreto”.

Para CSIF, una vez finalizado el plazo comprometido sin que se haya aprobado y aplicado el decreto, la Administración debe explicar cuál es el estado real de su situación, qué actuaciones permanecen pendientes y cuándo prevé culminar activamente el procedimiento.

El sindicato considera que no es suficiente con alegar la existencia de trámites administrativos pendientes, sino que es necesario establecer una nueva fecha cierta y con compromisos concretos y verificables que permitan garantizar que la nueva regulación se aplica sin más demoras.

Asimismo, el sindicato ha exigido a la Junta que, además de establecer una nueva fecha concreta y cierta, esta se acompañe de un calendario de los trámites pendientes y de nuevos compromisos que puedan ser objeto de seguimiento y verificación.

CSIF ha reclamado que este nuevo compromiso se cumpla y que no vuelvan a producirse retrasos en la aprobación de una regulación que considera “largamente demandada por el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y que permitirá avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos”.

La Central Sindical ha recordado que ya denunció esta falta de compromiso de la Junta a finales del pasado agosto cuando el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, expresó públicamente que el nuevo Decreto de Teletrabajo no estaría aprobado en el plazo inicialmente pactado, sin que previamente esta circunstancia hubiera sido comunicada a las organizaciones sindicales que participaron en la negociación y con las que suscribió el pacto en el mes de abril.

Finalmente, el sindicato ha advertido de que, si la Junta no atiene su requerimiento, adoptará las medidas que considere oportunas en defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos.

CSIF-A presenta un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante “la evidente falta de recursos” en la educación pública

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 05 Oct 26 11:31:00 CEST

El sindicato reclama una reordenación y actualización de la normativa, más profesionales especialistas, ratios máximas de atención, eliminar la compartición de centros, enfermería escolar estable y mayor estabilidad para los PTIS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos.

Coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería del ramo que, más allá de los discursos, ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable. “La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

Según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pasó de 77.778 en el curso 2015-2016 a 120.596 en 2024-2025, un incremento del 55,05 %. En el mismo período, el alumnado de enseñanzas de régimen general descendió un 6 %, de 1.205.027 a 1.132.969 estudiantes.

Para García, esta evolución demuestra que “las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema”. Entre los cursos 2016-2017 y 2025-2024, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 7.151 a 8.600, un 20,26 % más, muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE.

“Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva”, ha advertido la responsable sindical.

El Plan Integral presentado en rueda de prensa plantea, en primer lugar, una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente fragmentada y dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.

Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.

La situación de Orientación resulta especialmente significativa: en el curso 2024-2025 había 1.810 profesionales para 1.132.969 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 605 alumnos por orientador. “La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios”, ha defendido García.

CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente. “Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro”, ha apuntado la responsable sindical.

El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.336 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios, 608 más que en 2019-2020. En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias. García ha subrayado que “el profesorado debe conocer las pautas para actuar ante una emergencia, pero no puede convertirse en sustituto del personal sanitario”.

En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo. “De las 3.812 PTIS en Andalucía, tan solo el 41 % depende de Función Pública, lo que significa que se sigue recurriendo a fórmulas externalizadas para cubrir este servicio esencial”, ha denunciado García.

Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales.

“El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces”, ha concluido García.

CSIF estima que la plantilla del INFOCA se reducirá un 40 % tras la campaña de alto riesgo de incendios y reclama un dispositivo operativo todo el año

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 06 Oct 26 12:06:00 CEST

El sindicato alerta de que la pérdida de efectivos se suma a las carencias de personal detectadas este verano, con unidades incompletas y bomberos pendientes de llamamiento
Exige anticipar ya la planificación de 2027 y ampliar a 12 meses la cobertura de bomberos forestales vigilantes y teleoperadores para reforzar la prevención

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha alertado de que la plantilla del INFOCA se reducirá aproximadamente un 40 % una vez finalice el período de alto riesgo de incendios forestales, previsto para el 15 de octubre, y ha reclamado a la Junta de Andalucía que garantice una capacidad operativa suficiente durante todo el año.

El sindicato considera especialmente preocupante que esta reducción de efectivos se produzca tras una campaña “con evidentes problemas de cobertura de personal”, tal y como ha señalado el secretario general de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Gregorio López.

El responsable sindical ha recordado que CSIF ha denunciado en varias ocasiones durante este verano que el dispositivo ha operado sin que lleguen a cubrirse todos los puestos. “Más de 250 bomberos forestales han estado pendientes de contratación en distintos momentos de la campaña, a lo que se suma retenes incompletos, vehículos contra incendios con un único bombero forestal conductor, déficit de personal en determinadas unidades BRICA y puestos de vigilancia sin cubrir. Estas situaciones reducen la capacidad operativa del dispositivo y provocan mayor presión de trabajo a los profesionales disponibles, además de incrementar su vulnerabilidad ante posibles peligros”, ha señalado López.

En este sentido, CSIF considera necesario realizar cuanto antes un balance real de la campaña 2026, “pero no únicamente desde las cifras globales de inversión y medios anunciados por la Administración, sino desde la situación efectiva de las unidades que han tenido que intervenir sobre el terreno. Las inversiones en medios materiales no equivalen a mayor capacidad operativa si no se acompañan de los profesionales necesarios. El balance debe servir para corregir deficiencias y para preparar desde ya la campaña de 2027. La prevención y la operatividad del dispositivo no pueden plantearse exclusivamente en función de una campaña estacional”.

En este contexto, el sindicato ha reclamado la cobertura de vacantes y bajas, una planificación anticipada de las contrataciones y agilizar las Ofertas de Empleo Público (OEP) y los procesos de selección pendientes para evitar que el agotamiento de las bolsas vuelva a dejar al dispositivo sin capacidad de respuesta para cubrir las vacantes. Además, la Central Sindical ha reclamado que se garantice la formación y adaptación necesarias del personal de nueva incorporación.

De igual manera, CSIF exige dotaciones completas en retenes, vehículo contra incendios, BRICA y puestos de vigilancia, así como la revisión de vehículos, equipos de protección, comunicaciones e instalaciones. “No podemos esperar nuevamente a mayo o junio para intentar solucionar las carencias. La próxima campaña debe empezar a planificarse ahora, aprovechando los meses de menor riesgo para resolver las necesidades de personal, formación, mantenimiento y prevención. Como siempre decimos, los incendios se apagan en invierno”, ha apuntado López.

CSIF también ha reclamado ampliar a doce meses la cobertura de los bomberos forestales vigilantes y teleoperadores, ahora personal fijo discontinuo, “una medida que permitiría aprovechar de forma estable unos recursos humanos que ya forman parte estructural del INFOCA y reforzar la capacidad operativa todo el año. La emergencia no empieza el 1 de junio y tampoco termina el 15 de octubre”.

Por último, el sindicato ha reconocido el compromiso y la profesionalidad de la plantilla del INFOCA durante una campaña de máxima exigencia, pero considera que “el esfuerzo de los trabajadores no puede seguir compensando las carencias estructurales del dispositivo. Ellos han cumplido, ahora le toca a la Administración cumplir con ellos”.

CSIF lleva al Parlamento de Andalucía las reivindicaciones del personal de gestión telefónica del 061

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 06 Oct 26 19:42:00 CEST

El sindicato se reúne con representantes de los cinco grupos parlamentarios para abordar la precariedad que sufre el colectivo de gestores telefónicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, se ha reunido con los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía para trasladarles las reivindicaciones del personal del servicio de gestión telefónica del 061.

El sindicato ha mantenido encuentros con Beatriz Jurado, del Grupo Popular de Andalucía; Alejandro Moyano, del Grupo Socialista; Rafel Segovia, del Grupo VOX en Andalucía; Javier Montes, del Grupo Adelante Andalucía; y Rosa Rodríguez, del Grupo Por Andalucía. A todos ellos les ha relatado la "insostenible situación" del colectivo, que afronta su trabajo diario con falta de personal, bajos salarios y continuas incidencias técnicas, tal y como vienen denunciando CSIF.

Además, el personal del servicio de gestión telefónica del 061 se rige por un convenio de telemarketing, "cuando no realiza labores de venta, sino que su trabajo es esencial para atender las emergencias sanitarias de las y los andaluces. A veces del trabajo de estos profesionales depende la vida de una persona, por lo que es inaceptable que sigan sufriendo la precariedad actual". En ese sentido, CSIF exige un convenio colectivo propio y el rescate público del servicio por parte de la Junta de Andalucía.

Posición de CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 06 Oct 26 19:33:00 CEST

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL convocada para este otoño.
CSIF es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
CSIF es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española. Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía. Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.

Crisis de la Vivienda

CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables para toda la ciudadanía. Las Elecciones Generales son un ámbito idóneo para expresar estas propuestas a través de las diferentes opciones políticas.

A CSIF nos preocupa esta cuestión además porque los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida.

CSIF está constatando una realidad, inédita hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda. Estas personas, como muchos otros españoles, viven situaciones de precariedad, se ven abocados a compartir habitaciones en pisos alquilados, o a vivir alejados de sus familias.

Desde CSIF entendemos que las Administraciones deben actuar con responsabilidad también en este ámbito para evitar el desmantelamiento de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados.

CSIF plantea a las distintas administraciones soluciones que equilibren los sueldos con la realidad del mercado inmobiliario:

• Adaptación de los complementos de destino: Actualizar unas cuantías que han quedado desfasadas frente a la inflación, garantizando que el salario se corresponda con la realidad económica del lugar donde se presta el servicio.

• Extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados: Hacer extensivo este mecanismo corrector (que ya funciona en islas y ciudades autónomas) a aquellos municipios y provincias peninsulares donde el precio de la vivienda impida de manera objetiva el asentamiento de los profesionales necesarios.

Trabajadores de la Agencia Tributaria se concentran para exigir que Vigilancia Aduanera sea considerada profesión de riesgo

margarita.sanchez.mingo — Wed, 07 Oct 26 11:39:00 CEST

La convocatoria de CSIF reúne a trabajadores y delegados sindicales en la Aduana de Algeciras (Cádiz) para reclamar mejoras laborales

Trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han acudido esta mañana a la protesta convocada por CSIF ante la sede de la Aduana de Algeciras (Cádiz) para exigir que la labor del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada como profesión de riesgo. CSIF ha elegido Algeciras para convocar esta protesta por ser un punto paradigmático en la lucha contra el narcotráfico y donde más falta de recursos se padece.

La concentración forma parte del calendario de protestas iniciado el pasado mes de mayo por CSIF por el conflicto colectivo abierto ante la Agencia Tributaria por este y otros asuntos, como el desbloqueo de la carrera profesional y el desarrollo del teletrabajo.

El responsable del SVA de CSIF Nacional, Fran García, ha explicado que es prioritario reforzar la protección institucional de este colectivo, que es maltratado sistemáticamente por la Agencia Tributaria, paralizando durante años el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo.

“Estos trabajadores realizan su labor en un entorno especialmente complejo. Una realidad que vemos prácticamente todos los días cuando, con los escasos recursos que tienen, actúan como cualquier otro cuerpo de seguridad en peligrosas persecuciones por tierra, mar y aire contra el narco, cada vez más agresivo y con más recursos”, ha señalado García. CSIF exige un incremento de medio materiales y humanos para garantizar su integridad física.

“Estos trabajadores llegan a ser incluso atacados en el ejercicio de sus funciones y se juegan la vida todos los días”, ha insistido el responsable de vigilancia Aduanera de CSIF, “por lo que hay que dotarles de mayores garantías jurídicas, operativas y de seguridad”.

Conflicto con la Agencia Tributaria por bloqueo de la negociación

Las protestas que vienen convocando CSIF desde hace meses responden al bloqueo por parte de la dirección de la AEAT a la negociación de asuntos clave en materia laboral como el desbloqueo de la carrera profesional, la regulación del teletrabajo y el especial reconocimiento al personal de Vigilancia Aduanera.

El sindicato ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo en el que la Agencia Tributaria se comprometía a revisar estos aspectos y, sin embargo, no se han producido avances desde entonces. Por ello, CSIF interpuso un conflicto colectivo contra la AEAT el pasado mes de abril y posteriormente se ha movilizado a nivel nacional en diversas ocasiones, llegando incluso a convocar un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo dependientes de la Agencia.

Además, CSIF reclama un refuerzo urgente de la plantilla de la Agencia Tributaria que permita cubrir la falta de efectivos, aliviar la sobrecarga de trabajo a la que se ven sometidos sus profesionales y garantizar unas condiciones laborales adecuadas.

CSIF exige a Correos 15.000 contratos de refuerzo de forma inmediata para la Campaña electoral del 29-N

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 06 Oct 26 11:59:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicos, ha exigido a Correos 15.000 contratos de refuerzo de cara a la Campaña Electoral del 29-N.

CSIF exige a Correos que la contratación sea inmediata pues la solicitud del voto por correo ya ha empezado hoy, 6 de octubre. El volumen de trabajo subirá en los centros de trabajo y la plantilla de Correos, en la que desde hace años faltan uno de cada tres empleados, no puede hacer frente a un pico tan alto como este con los recursos de los que dispone en la actualidad.

CSIF es el primer sindicato en exigir una contratación a la altura de las circunstancias ante la previsible irrupción del voto por correo que en las últimas elecciones generales de 2023 ya batió récords históricos superando los tres millones de solicitudes y que los trabajadores y trabajadoras de Correos resolvieron, como siempre, con una profesionalidad intachable.

El sindicato exige que, desde el inicio, se cubran todos y cada uno de los puestos de reparto, clasificación y de las más de 2.300 sucursales de atención al cliente, que tiene Correos en toda España, para ofrecer el servicio público que merece la ciudadanía.

CSIF suspende las movilizaciones en Correos hasta después de las elecciones

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 09 Oct 26 12:25:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, suspende las movilizaciones convocadas en Correos hasta la celebración de las próximas elecciones generales y la constitución de un nuevo Gobierno.

Nuestra organización toma esta decisión por responsabilidad ante los próximos comicios y a la espera de contar con nuevos interlocutores, una vez que se conforme el próximo Gobierno, para seguir reclamando mejoras ante los graves problemas que afectan a Correos y el cumplimiento de los acuerdos firmados el 31 de diciembre de 2024: refuerzo de plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

CSIF agradece el apoyo recibido por parte de nuestros delegados y del conjunto de trabajadoras y trabajadores en nuestras protestas y en todo caso seguiremos velando por las condiciones laborales de la plantilla, como la necesidad de realizar 15.000 contratos de refuerzo de cara a la Campaña Electoral del 29-N.

CSIF exige a Correos que la contratación sea inmediata dado que ya se ha iniciado la compaña de voto por correos, ante el incremento del volumen de trabajo y el déficit de plantilla: en los últimos 10 años se han perdido más de 20.000 empleos. El sindicato exige que, desde ya, se cubran todos y cada uno de los puestos de reparto, clasificación y de las más de 2.300 sucursales de atención al cliente, que tiene Correos en toda España, para ofrecer el servicio público que merece la ciudadanía.

En las últimas elecciones generales, el voto por correo batió su récord histórico superando los tres millones de solicitudes y los trabajadores y trabajadoras de Correos afrontaron esta situación, como siempre, con una profesionalidad intachable.

En este sentido, CSIF vuelve a defender la independencia y profesionalidad de la plantilla de Correos y exigimos que se respete su trabajo en el proceso electoral, dejándoles al margen del debate político.

CSIF-A traslada a la presidenta del Parlamento la necesidad de devolver las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 y abrir el diálogo social

margarita.sanchez.mingo — Tue, 13 Oct 26 14:32:00 CEST

Germán Girela mantiene un encuentro institucional con Ana Mestre, en el que han abordado la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces “recuperen lo que es suyo”
El sindicato reclama una Ley de Participación Institucional que permita contar con una concertación social más plural y representativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha trasladado este martes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de las empleadas y empleados públicos andaluces durante el primer encuentro institucional desde que accediera a la Presidencia de la Cámara.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general, Teresa Hernández, han abordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014 al personal del sector público.

La ILP, que ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, afrontará próximamente el proceso de recogida de firmas que establece la ley. CSIF espera que la iniciativa avance en la Cámara andaluza y se pueda poner fin a la deuda que la Administración mantiene con las empleadas y empleados públicos andaluces, que el sindicato estima en una media de 2.000 euros por profesional.

Girela ha señalado que “nuestros servidores públicos llevan más de una década esperando recuperar unas cantidades que les fueron detraídas en un momento de especial dificultad económica y que siguen pendientes. La situación que justificó aquellos recortes ya ha quedado atrás y ha llegado el momento de saldar esa deuda. Además, Andalucía es la única comunidad que no ha movido ni un dedo para la recuperación de este asunto, con el agravio que ello supone para las empleadas y empleados públicos andaluces con respecto a los del resto del país”; asimismo, el dirigente sindical ha recordado que el Acuerdo de 13 de julio de 2018, firmado por CSIF con la Administración y otras organizaciones, recogía expresamente el compromiso de avanzar en la restitución de las pagas extra de 2013 y 2014.

El presidente de CSIF Andalucía, además, ha apuntado que cuando el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era líder de la oposición “señaló en reiteradas ocasiones, incluso en sede parlamentaria, su compromiso para devolver las pagas extra a los empleados públicos andaluces. Parece que el cambio de cargo se tradujo en un cambio de opinión faltando a su palabra”.

Girela también ha planteado a Mestre la necesidad de contar con un modelo de diálogo social más abierto y plural, que tenga en cuenta la realidad de la representación sindical en los diferentes ámbitos. “La Ley de Participación Institucional de Andalucía supone un auténtico déficit democrático, pues deja fuera a organizaciones sindicales que representan de manera mayoritaria a miles de trabajadores y trabajadoras, como es el caso de CSIF, principal sindicato en las administraciones públicas”, ha defendido el líder sindical.

En este sentido, CSIF considera que la aprobación de la actual ley a finales de 2024 “supuso una oportunidad perdida para reflejar la realidad de la Andalucía del siglo XXI. El diálogo social sigue encorsetado y anclado a los de siempre mientras más del 80 % de los trabajadores no tienen ni voz ni voto”; asimismo, Girela ha referido que “esta es otra promesa incumplida de Juanma Moreno, que hace unos años dejó patente su intención de abrir la concertación social a otras organizaciones”.

Durante el encuentro, el presidente de CSIF Andalucía ha trasladado, asimismo, el compromiso de la organización con la defensa de unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos necesarios, y con la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y con el personal de la empresa privada.

“Desde CSIF queremos mantener una interlocución permanente con las instituciones andaluzas desde nuestra independencia y desde una posición constructiva. Defendemos el diálogo y los acuerdos, pero no tendremos ni la menor duda en salir a la calle cuando sea necesario para reivindicar aquello que consideramos justo para las y los trabajadores y para el conjunto de la ciudadanía”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia que la Junta privatice el servicio de vigilancia portuaria en Andalucía, que se traduce en destrucción de empleo público y un mayor gasto

margarita.sanchez.mingo — Wed, 14 Oct 26 10:08:00 CEST

El sindicato advierte de que la Administración andaluza pone en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria
Critica el incremento del 25 % con respecto al coste de la gestión directa y acusa a la Agencia Pública de Puertos de tomar decisiones al margen de los representantes de los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha denunciado que la Junta de Andalucía privatice el servicio de vigilancia portuaria en los puertos de su competencia, después de que haya sacado a licitación la contratación de estas prestaciones.

El sindicato ha criticado que la Junta al externalizar este servicio, ponga en manos de personal de la empresa privada funciones consignadas a la policía portuaria. Estos últimos profesionales desarrollan tareas vinculadas a la seguridad, vigilancia y control dentro del recinto portuario y son los únicos con autoridad para denunciar y levantar actas por incumplimientos relacionados con la normativa portuaria. De este modo, CSIF ha alertado de que, si no se frena la privatización de estos servicios de control y vigilancia en estos espacios, el control de seguridad no se haría con garantías, al carecer el nuevo personal de las competencias necesarias.

Además, la Central Sindical ha acusado de deslealtad a la Administración andaluza porque ha tomado una decisión que afecta directamente a las y los empleados públicos al margen de los representantes de los trabajadores, sin información ni comunicación previa.

CSIF se ha reunido recientemente con la dirección de la APPA para mostrar su rechazo a la privatización del servicio y le ha advertido de que, cuando se adjudique el servicio de vigilancia a una empresa externa, habría un cambio sustancial en la naturaleza de las funciones que actualmente son desempeñadas por personal de la Administración pública. Frente a ello, la externalización trasladaría estas tareas a personal de empresas privadas, con un ámbito laboral y unas garantías diferentes.

La Central Sindical también ha rechazado que con la decisión unilateral de la Junta, desaparece la categoría profesional de Policía Portuaria que trabaja en los puertos andaluces.

CSIF ha expresado su preocupación por el hecho de que trabajadores externos puedan asumir tareas de vigilancia de instalaciones, actividades y espacios portuarios que conllevan determinados niveles de riesgo, al considerar que el carácter público de estas funciones aporta unas garantías y un régimen de responsabilidades específicos. En caso de producirse un incidente durante el desempeño de su labor, las obligaciones derivadas de la relación laboral y empresarial recaerían en la compañía adjudicataria, conforme a la normativa vigente, y no en la Junta.

Aumento del déficit estructural de plantilla

Asimismo, la Central Sindical ha denunciado que la externalización que persigue la Junta supondría destruir empleo público y, con ello, debilitar aún más la estructura de la Administración andaluza y renunciar a la consolidación de plantillas estables y especializadas. En la actualidad, el déficit estructural de plantilla de la APPA es del 30 %, una situación denunciada por el sindicato en múltiples ocasiones en las concentraciones convocadas en los últimos meses en defensa de mejores condiciones laborales para el personal y para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato ha lamentado que la Junta vaya a usar dinero público para sufragar el coste de la contratación de una empresa privada, cuando estos servicios se vienen realizando desde hace años por parte de las y los empleados públicos de la Policía Portuaria. CSIF ha manifestado que la externalización tampoco tiene justificación desde el punto de vista económico ya que, teniendo en cuenta los cálculos realizados por el sindicato, la adjudicación a una empresa privada de las tareas de vigilancia supone un incremento aproximado del 25 % respecto al coste de la gestión directa por parte de la Administración, por lo que, “no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario”.

CSIF denuncia el deterioro de la asistencia sanitaria en las mutualidades de funcionarios ante la ausencia de Presupuestos y el fin de la legislatura

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 14 Oct 26 17:00:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hoy al Gobierno un compromiso para mejorar la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo, ante la situación de ausencia de presupuestos y el fin de la legislatura.

En el Consejo General de Muface, celebrado hoy, se abordaron las cuentas de 2025, ejercicio que vino determinado por la suscripción de los conciertos de asistencia sanitaria tanto en el territorio nacional como en el exterior, por lo que hubo de tramitarse un suplemento de crédito por un importe de 285.022.509,77 euros.

Tratándose de un presupuesto prorrogado, la contratación no estaba prevista y se tramitó este suplemento con el fin de cubrir las insuficiencias presupuestarias. La financiación del suplemento de crédito en Muface se financió con remanente de tesorería que, según datos facilitados hoy en el Consejo, se sitúa en apenas un millón de euros. Al cierre de 2026 conoceremos la nueva cifra de remanente, pero la situación es inédita.

Esta situación se ve acompañada en un deterioro de la asistencia sanitaria en Muface(también en Mugeju e Isfas) con la reducción de la cartera médica, cierre de centros, aumento de las listas de espera, problemas de cobertura y falta de especialidades en las poblaciones rurales y capitales de provincia (CSIF reclama la firma de convenios en todas las comunidades autónomas: en estos momentos solo están vigentes en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid) y situaciones como la demora en el pago de urgencias hospitalarias por la derivación a pacientes a la pública, que tienen que adelantar el coste, según las denuncias recibidas por CSIF.

Además, se registran retrasos en los trámites con las compañías, cartas de pago, largos plazos de resolución en las reclamaciones y dilatados trámites burocráticos en situaciones de cobertura sanitaria. La Administración tampoco traslada certezas sobre la necesidad de participar en el sistema de urgencias 112 o la reducción del copago farmacéutico. CSIF ha manifestado la necesidad de que se retome el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo en el Acuerdo Marco con Función Pública para abordar todas estas cuestiones.

Funcionarios que abandonan la sanidad concertada en Muface

En el anterior consejo, celebrado el pasado verano, según datos de la propia administración, desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del citado concierto. CSIF ha reclamado a Muface un informe de situación en las localidades donde se ha producido un mayor trasvase a la pública que pondría de manifiesto el deterioro del servicio sanitario, aunque los responsables de la mutualidad no han respondido a nuestra petición.

Ante esta situación, CSIF estará vigilante y si no se establecen garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo. CSIF exige que se siga trabajando para la mejora de este modelo y que no se vea paralizado este trabajo ante la convocatoria de Elecciones Generales.

En estos momentos, la Administración está negociando la renovación del concierto de Mugeju (mutualidad de los funcionarios de justicia). CSIF ha exigido información clara sobre el futuro de la asistencia sanitaria recalcando las siguientes cuestiones: establecer criterios claros de la urgencia vital para recibir atención en la sanidad pública, incorporar a los mutualistas al sistema de emergencias 112; extender los convenios de asistencia en localidades de menos de 20.000 habitantes y el refuerzo de los cuadros médicos.

Elecciones sindicales docentes 2026: el profesorado andaluz tiene una cita importante con las urnas el 3 de diciembre

alberto.adones.aranda — Thu, 15 Oct 26 13:34:00 CEST

Elecciones sindicales docentes 2026: el profesorado andaluz tiene una cita importante con las urnas el 3 de diciembre

La Consejería de Educación publica las instrucciones que regulan el proceso electoral y una adenda que aclara los requisitos para la presentación de candidaturas.

El próximo 3 de diciembre de 2026, el profesorado de la enseñanza pública andaluza está llamado a las urnas para elegir a sus representantes en las Juntas de Personal Docente no Universitario.
Se trata de una cita especialmente importante para el conjunto del profesorado, que tendrá la oportunidad de decidir quiénes serán sus representantes sindicales durante los próximos cuatro años y quiénes asumirán la responsabilidad de defender sus derechos laborales y profesionales ante la Administración educativa.
Con motivo de este proceso, la Viceconsejería de Educación ha publicado la Instrucción de 5 de octubre de 2026, por la que se establecen las pautas de actuación para la coordinación y organización de las elecciones sindicales docentes en Andalucía.
El documento regula aspectos relacionados con la coordinación del proceso electoral, los modelos de impresos, los permisos del personal participante, la dotación de medios materiales, las papeletas electorales, el voto por correo y la organización de la jornada lectiva del día de la votación.

Organización de la jornada electoral y ejercicio del derecho al voto

Entre las cuestiones de mayor interés para el profesorado, las instrucciones establecen que las direcciones de los centros deberán organizar la jornada lectiva del 3 de diciembre para facilitar el ejercicio del derecho al voto.
Se contempla que el profesorado pueda iniciar su jornada una o dos horas más tarde, o finalizarla con esa misma antelación, en función de si debe desplazarse a otro centro para votar. Asimismo, se prevé tiempo adicional en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, garantizando en todo momento la atención educativa del alumnado.
También se regulan los permisos correspondientes a los integrantes de las mesas electorales, interventores y representantes de la Administración, así como el procedimiento para ejercer el voto por correo.
En aquellas localidades donde el 3 de diciembre sea oficialmente festivo y exista una mesa electoral, la votación se celebrará el día lectivo inmediatamente anterior.

Publicada una adenda que aclara los requisitos de las candidaturas

Posteriormente, la Viceconsejería ha publicado la Adenda n.º 1, firmada el 14 de octubre, que completa la Instrucción de 5 de octubre para aclarar los requisitos relativos a la presentación de candidaturas.
La aclaración distingue entre la elaboración de las papeletas electorales y las condiciones exigidas para presentar válidamente una candidatura.

Documentación oficial

1. Instrucción de 5 de octubre de 2026

➤ Consultar Instrucción completa (PDF)

2. Adenda n.º 1 a la Instrucción

➤ Consultar Adenda n.º 1 (PDF)

CSIF EDUCACIÓN ANDALUCÍA

Sector de Enseñanza

El Supremo elimina el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, como reclamó CSIF

maria-dolores.gomez.martinez — Fri, 16 Oct 26 13:07:00 CEST

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar el permiso de cinco días que contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario de manera flexible.

La sentencia da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con presencia creciente en el sector privado— en un conflicto con el grupo empresarial RACE, que pretendía limitar este derecho a un máximo de cinco días laborables al año.
La empresa quería limitar igualmente este permiso a los días de hospitalización o intervención con ingreso hospitalario, sin contemplar la posibilidad de que el familiar siga necesitando posteriormente cuidados domiciliarios de la persona trabajadora.
Como ya hizo en una sentencia similar el pasado mes de febrero, el alto tribunal considera que este permiso puede disfrutarse de manera flexible y no en días naturales con inicio obligatorio desde el hecho causante, dejando margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz del familiar.
Igualmente, por primera vez, el Tribunal Supremo señala en esta última sentencia que este permiso no tiene por qué estar limitado a un único periodo en cada año natural. Según la sentencia, “cada supuesto de hecho habilitante del permiso da lugar a una duración del mismo de cinco días”.
Desde CSIF nos felicitamos por esta sentencia, que supone un nuevo éxito de nuestra organización en el ámbito de la empresa privada para evitar abusos y garantizar los derechos de trabajadoras/es. El Supremo hace una interpretación sociológica, razonable y garantista de estos permisos evitando así situaciones de abuso y desprotección.

Función Pública garantiza que habrá subida salarial a partir del 1 de enero de 2027: CSIF exige que la norma se apruebe antes de las elecciones

maria-dolores.gomez.martinez — Tue, 20 Oct 26 19:26:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió hoy el compromiso del Ministerio de Función Pública de que la subida salarial será efectiva a partir del 1 de enero: un 4,5 por ciento. Además, el acuerdo contempla un 0,5 por ciento adicional, aplicable en el primer trimestre de 2027, vinculado a la inflación.

En la reunión de seguimiento del Acuerdo por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía CSIF, no obstante, reclamó al Ministerio de Función Pública que apruebe esta subida salarial mediante un Real Decreto Ley antes de que se celebren las próximas elecciones generales, al igual que va a suceder con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

CSIF pide que se apruebe la subida antes de las elecciones para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, la norma básica estatal debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones (estatal, autonómicas y locales) puedan presupuestar y preparar nóminas, con un criterio homogéneo, teniendo en cuenta especialmente el alza de los precios que se está registrando.

CSIF asimismo exigió que las indemnizaciones por residencia y razón de servicio deben actualizarse antes de que finalice 2026, como contempla el acuerdo. En este sentido, el Ministerio nos trasladó su voluntad de cumplir con este plazo.

SANCIONES EJEMPLARES POR EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD

Por otra parte, Función Pública informó que está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones como el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

La administración reconoce que temporalidad sigue estancada de media en el 27 por ciento (en los sectores de Educación y Sanidad supera incluso el 40 por ciento). Por ello CSIF siempre ha propuesto establecer sanciones ejemplares como las que actualmente estudia Función Pública; eliminar la tasa de reposición, reducir los pazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reforzar los mecanismos de control y medidas reparadoras para las personas afectadas.

Por otra parte, según Función Pública, los grupos de trabajo constituidos al amparo del acuerdo seguirán trabajando con normalidad. CSIF señaló la necesidad de establecer prioridades sobre estos asuntos:

Supresión de la tasa de reposición.
Mejora del mutualismo administrativo.
Pensiones de Clases Pasivas (Función Pública nos traslada que cualquier mejora de las pensiones se desarrollarán exclusivamente en el seno de este grupo de trabajo).

Además, CSIF considera la necesidad de seguir trabajando en:

Ampliar y mejorar tanto la promoción interna como la movilidad.
Adaptar la clasificación de puestos de trabajo, adecuándola a las funciones reales, teniendo en cuenta la experiencia y los requisitos formativos habilitantes.
Impulsar la promoción interna y desarrollo efectivo de la carrera profesional.
Actualizar los permisos e incorporar nuevas mejoras en materia de conciliación.
Impulsar medidas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como frente al acoso sexual, la prevención y lucha contra la violencia de género.
Reforzar la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones, entre otras.
Abordar actualizaciones retributivas del Personal Laboral del Exterior.

Tras la convocatoria de elecciones, desde CSIF estamos trabajando ya en las propuestas que vamos a dirigir a los partidos políticos, entre las que se encuentran recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 (desde entonces se ha retenido a las/os empleados públicos 48.000 millones de euros) o equiparar salarios entre administraciones.

También pedimos un compromiso para reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, justicia, así como las administraciones central, autonómica y local) con un Plan de Empleo, o un pacto de Estado en materia de vivienda, con medidas que protejan también a las/os empleados públicos con compensaciones por residencia.

CSIF exigirá a Justicia una propuesta para empezar a negociar el fin del conflicto que afecta a 45.000 funcionarios

admin — Tue, 09 Jan 24 13:59:57 CET

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, exigirá mañana al Ministerio que presente una propuesta para empezar a negociar el conflicto que afecta a los/as 45.000 funcionarios de esta Administración, que reclaman desde la pasada legislatura una subida salarial, tal y como ha ocurrido con jueces, fiscales y letrados, y una redefinición de las funciones que realizan diariamente.

CSIF valora positivamente la reunión que mantendrá -junto con las demás organizaciones sindicales presentes en el conflicto- mañana con los representantes de este Ministerio, pero reitera que es necesario que Justicia presente una propuesta para lograr a un acuerdo que incluya una subida salarial, una clarificación de las funciones de las/os funcionarios de Justicia, el impacto de las leyes de eficiencia en el trabajo diario y volver a negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

En este sentido, reiteramos nuestra buena disposición para llegar a un acuerdo y tendemos la mano para continuar con el diseño y desarrollo de las medidas necesarias para el proceso de transformación y modernización que requiere nuestra Administración de Justicia. Para ello es necesario contar con la participación real y efectiva de todo el personal de esa Administración y un calendario ágil de negociación.

CSIF está dispuesto a agotar la vía de la negociación, pero advierte de que si este camino no lleva a la solución del conflicto que arrastramos desde la pasada legislatura, no quedará más remedio que retomar las movilizaciones.

El Comité de Huelga del personal de justicia convoca nuevas manifestaciones en Madrid con trabajadores y trabajadoras de toda España para los días 27 de junio y 13 de julio

admin — Mon, 19 Jun 23 07:57:16 CEST

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La primera de las manifestaciones convocadas en Madrid transcurrirá desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda y la segunda finalizará en el Palacio de la Moncloa.

Junto a estas convocatorias de movilizaciones, los sindicatos del comité de huelga han contactado con todos los partidos políticos para que asuman en la campaña electoral las reivindicaciones que han provocado las huelgas que se está llevando a cabo desde el 17 de abril a la vez que se solicitarán entrevistas con los candidatos y las candidatas del PSOE en las listas provinciales de las elecciones generales para solicitarles que exijan a Pedro Sánchez que su gobierno se siente a negociar una solución a este conflicto.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT anuncian también que en los juzgados y tribunales se exigirá la presencia del Juez o LAJ en aquellas actuaciones procesales en las que la Ley determina que han de realizarse ante ellos, dejándose de practicar estas actuaciones por el resto de personal funcionario, el convocado a la huelga, hasta que dichas funciones no les sean reconocidas profesional y retributivamente como se reclama en este conflicto.

Todas estas medidas de presión vienen motivadas por la reiterada negativa del Ministerio de Justicia a negociar un trato a las condiciones de trabajo de la totalidad del personal empleado público de esta administración igualitario y no discriminatorio respecto al que se ha dispensado a los colectivos de las carreras judicial y fiscal y del cuerpo de Letrados. Exigimos la eliminación del clasismo que impera en la política del personal del Ministerio de Justicia y el reconocimiento de nuestros derechos profesionales y retributivos.

El Ministerio de Justicia convoca al Comité de huelga para el martes 6 de junio

admin — Thu, 01 Jun 23 21:10:50 CEST

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Tras las cartas presentadas al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno, el escrito presentado esta mañana al Ministerio, exigiendo la urgente e inmediata convocatoria para negociación, y el anuncio realizado por el comité en el comunicado emitido esta mañana, en el que informamos del incremento y endurecimiento de las movilizaciones, en el que además anunciábamos una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por los incumplimientos flagrantes de la ley de huelga por parte de los máximos responsables del Ministerio, esta tarde hemos recibido convocatoria para el próximo martes 6 de junio. El texto de la convocatoria es el siguiente:

"Buenas tardes:
Se convoca al comité de huelga a una reunión el próximo martes día 6 de junio a las 12,30 horas en la sede del Ministerio de Justicia, c/ San Bernardo 45, Biblioteca 2, con el siguiente orden del día:
.- Tratar asuntos relacionados con la huelga.
Se ruega confirmen quienes van a asistir para solicitar las autorizaciones de acceso a seguridad.
Muchas gracias y un cordial saludo"

Aunque el orden del día es bastante ambiguo y no deja demasiado margen para esperar algo significativo, desde el comité de huelga confiamos en que el Ministerio deje de actuar de la forma irresponsable en que viene haciéndolo desde hace casi dos meses, y que abandone de una vez su actitud chulesca y de desprecio no sólo a los 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de Cuerpos Generales y Especiales, sino al propio servicio público que ya está colapsado y en un auténtico abismo del que no saldrá en años.

Desde el Comité de Huelga exigimos al Ministerio que venga a la reunión con una propuesta económica que satisfaga las demandas de los miles de trabajadores y trabajadoras que llevan más de mes y medio reclamando el reconocimiento al trabajo que desempeñamos todos los días en los juzgados, tribunales y fiscalías, abandonando con ello la actitud clasista que viene demostrando desde hace meses.

Lograda ya la paralización de la LOEO al haber conseguido retrasar su tramitación, de manera que no ha podido ser aprobada antes de la disolución de las Cortes, es el momento de alcanzar el resto de objetivos planteados en las movilizaciones. Si el Ministerio se niega a asumir nuestras justas reivindicaciones, el conflicto se agravará y las movilizaciones, tal como anunciamos esta mañana, se intensificarán.

¡¡ESTA HUELGA LA VAMOS A GANAR!!

Sobre el anuncio de elecciones generales y la huelga en Justicia

admin — Mon, 29 May 23 18:53:24 CEST

Conocido por este comité de huelga el anuncio del Presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, el Comité de huelga quiere dejar constancia de lo siguiente:

Primero.- Desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable.

Segundo.- Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada primero, el de los Letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de Jueces y Fiscales, al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

Tercero.- Como resultado de esta “estrategia”, la propia Ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo.

Cuarto.- Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga.

Quinto.- Por el camino, millones de ciudadanos afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años. El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse.

Sexto.- A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el Presidente del Gobierno, no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018.

Por este motivo, exigimos al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española.

Exigimos al Presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida. En este sentido mañana se registrará un escrito del comité de huelga al Presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.

Ciertamente, la LOEO y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar.

Después del acuerdo con los Letrados y con los Jueces y Fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente se realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia.

En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la Ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un gobierno dialogante, progresista que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto tal y como dijo la Ministra de Justicia en la reciente I Cumbre mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid.

Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia. Así se lo volveremos a solicitar a la Ministra de Justicia por escrito mañana mismo.

Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.

CSIF ofrece cursos gratuito homologados por el IAAP para el personal de la Administración de Justicia

admin — Sun, 14 May 23 11:35:46 CEST

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CSIF lanza nuevos cursos homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública dirigidos exclusivamente al personal de la Administración de Justicia. La oferta formativa es completamente gratuita.

Los cursos, que comenzarán el 12 de julio de 2023, son:

La protección de datos en España: La Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento Europeo 2016/679. 80 horas.
LibreOffice Writer Avanzado. 60 horas.
Los silencios administrativos en la Administración Pública. 50 horas.
Seguridad informática básica en el puesto de trabajo. 30 horas

Las solicitudes pueden realizarse desde el 9 de mayo a través del campus virtual de CSIF Andalucía.

Los funcionarios de Justicia están llamados a una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo y el 25 habrá una gran manifestación en Madrid

admin — Wed, 10 May 23 11:22:14 CEST

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Los 45.000 funcionarios/as de justicia de toda España (el 93 por ciento de la plantilla de esta Administración) están llamados a una huelga indefinida a partir del próximo día 22 de mayo y el 25 del mismo mes habrá una gran manifestación en Madrid. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, damos al Ministerio de Justicia diez días de plazo para que presente una oferta económica o seguiremos con estas movilizaciones que paralizan la Administración de Justicia..

Hoy, miércoles 10 de mayo, está convocada una nueva jornada de huelga de 24 horas, la décima desde que comenzó el conflicto, para exigir un incremento salarial, en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. Coincidiendo con esta jornada de huelga, delegados sindicales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, se han concentrado horas frente al Ministerio de Justicia.

Una delegación de estas organizaciones sindicales ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia. CSIF también ha recurrido el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los letrados por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.

Exigimos que el Gobierno ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales. Mientras tanto, se mantienen las jornadas de huelga para los días que restan de movilizaciones: 11, 16, 17 y 18 de mayo, a las que se sumará la huelga indefinida a partir del 22 de mayo.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios), pero el Gobierno es el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia

Decepcionante primera reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga

admin — Thu, 20 Apr 23 19:58:46 CEST

El Ministerio de Justicia convoca esta reunión tras el éxito de las movilizaciones y la masiva participación en la gran manifestación del pasado 19 de abril.

Ahora más que nunca hay que mantener la presión para reforzar la acción del comité de huelga en la negociación. El Ministerio no ha traído a la reunión de hoy propuesta económica alguna.

Las posiciones de las partes siguen estando muy alejadas, pero existe un compromiso de seguir negociando.

Por este motivo, el Comité de huelga ha manifestado al Ministerio que no va a desconvocar las movilizaciones mientras no exista una propuesta concreta que abarque las dos principales reivindicaciones de los funcionarios/as de Justicia:

• Paralización y negociación de la LOEO
• Reconocimiento y clarificación de las funciones que se realizan efectivamente por los funcionarios de cuerpos generales y especiales y su retribución adecuada.

En este sentido, el Comité de huelga ha exigido al Ministerio que realice las gestiones oportunas para desbloquear el conflicto.

Tras cinco horas de negociación se han producido tímidos avances en relación con el retraso de la tramitación parlamentaria de la LOEO para dar cabida a la negociación y también en materia de carrera profesional y clarificación de funciones.

El Ministerio convoca una nueva reunión con el comité de huelga el próximo lunes.

3 de marzo - Día del Empleado Público: 'Servicios Públicos, lo primero. Tú lo mereces'

admin — Wed, 01 Mar 23 11:48:57 CET

Fechas definitivas para los exámenes de oposiciones de Justicia por el turno libre

admin — Tue, 14 Feb 23 13:58:50 CET

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El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas se han reunido hoy, martes 14 de febrero, para intentar cerrar detalles de la celebración de exámenes del turno libre de las Ofertas Públicas de Empleo 2020, 2021 y 2022.

La última propuesta barajada entre el Ministerio y las CCAA, de realizar los exámenes los dos últimos fines de semana de mayo, se ha materializado de la siguiente forma:

20 de mayo: Auxilio Judicial.
21 de mayo: Gestión Procesal y Administrativa
27 de mayo: Tramitación Procesal y Administrativa

El llamamiento será en los tres casos a las 09:00 horas.

CSIF presentó escritos al Ministerio y a las comunidades autónomas solicitando que los ejercicios se realicen en fines de semana distintos uno para cada cuerpo o que, en caso de no aceptar la primera propuesta, se dispongan aulas de incidencias de tal forma que quienes han presentado la instancia en sedes distintas por cuerpo puedan examinarse sin necesidad de desplazarse.

Para CSIF, el que no se accediera a esta petición, entendemos que sería una falta de respeto al colectivo de opositores, que despreciaria el desmesurado esfuerzo y sacrificio de las personas que opositan, a las que el Ministerio debería tratar con más consideración.