Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

CSIF firma el preacuerdo del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, que beneficiará a más de 22.000 empleados públicos

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 22 Sep 26 14:45:00 CEST

CSIF ha firmado el preacuerdo del futuro VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), que afectará a más de 22.000 empleadas y empleados públicos y permitirá avanzar en la renovación de un convenio vigente desde 2002.

Este preacuerdo supone un paso decisivo para actualizar las condiciones laborales del personal laboral y dar respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo.

Principales novedades del preacuerdo

Carrera profesional horizontal

Entre las principales novedades destaca el acceso a la carrera profesional horizontal, para lo que se establece un encuadramiento inicial con el objetivo de garantizar su percepción con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

El preacuerdo contempla también la creación del Grupo Profesional 2 y nuevos subgrupos, así como el Concurso Abierto y Permanente para el personal laboral.

Movilidad, teletrabajo y desconexión digital

En materia de movilidad, se mejoran las condiciones para solicitar la permuta, que podrá plantearse siempre que resten al menos tres años para la jubilación.

Asimismo, se incorpora la implantación del teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, junto con nuevas modalidades de excedencias.

Mejoras en jubilación

El preacuerdo introduce mejoras en el premio de jubilación, con el cobro del 100 % en la jubilación anticipada.

Además, computará el período de prestación de servicios posterior al cumplimiento de los 70 años que sea necesario para poder completar el período mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva.

Nuevas categorías profesionales

Conservador de Bienes Culturales, encuadrada en el subgrupo 1.1.
Personal Operativo de Gestión Forestal y Medio Ambiente, en el subgrupo 3.1.

El texto incorpora, además, una disposición transitoria para el régimen de ingreso en los nuevos Grupos, Subgrupos y categorías profesionales.

Mejora del complemento por sábados, domingos y festivos

Por último, se contempla una subida del complemento de trabajo en sábados, domingos y festivos, mejorando el reconocimiento retributivo de quienes prestan servicio durante estas jornadas.

El preacuerdo recoge avances importantes para un colectivo que necesitaba actualizar su marco laboral y CSIF ha reclamado que la aprobación definitiva del VII Convenio Colectivo se produzca cuanto antes para que las mejoras puedan hacerse efectivas para los más de 22.000 empleados públicos andaluces que se verán beneficiados.

CSIF exige a Justicia reforzar las plantillas de los Cuerpos Generales ante el aumento de la planta judicial y fiscal en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 11:09:00 CEST

El sindicato advierte de que la incorporación de jueces, magistrados y fiscales debe ir acompañada de los efectivos necesarios para evitar más retrasos y sobrecarga de trabajo
Reclama un estudio individualizado de las necesidades de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en cada provincia y Tribunal de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un refuerzo de las plantillas de los Cuerpos Generales tras el incremento de la planta judicial y fiscal aprobado durante este año.

Para CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, este crecimiento debe acompañarse de los recursos humanos necesarios en Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, cuyos profesionales desarrollan funciones esenciales en los diferentes procedimientos.

En concreto, el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, contempla la creación de 85 nuevas plazas judiciales en Andalucía, además de nueve plazas de jueves de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por su parte, el Real Decreto 560/2026 establece la creación de 36 nuevas plazas de fiscales en la comunidad.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Administración en el que traslada estas reivindicaciones, considera que la incorporación de nuevos jueces, magistrados y fiscales no puede desligarse de la dotación de las oficinas que hacen posible su actividad. De lo contrario, la mayor capacidad de resolución de los órganos judiciales puede verse limitada por la falta de efectivos en las fases posteriores de tramitación y ejecución.

Del mismo modo, la Central Sindical ha solicitado a la Consejería que realice una valoración específica de las necesidades de personal derivadas de las nuevas plazas y determine si las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) son suficientes y deben ser modificadas.

“La cifra de funcionarios no puede establecerse aplicando automáticamente las antiguas ratios por juzgado. La dotación debe responder a las características concretas de cada órgano, teniendo en cuenta factores como el volumen y la naturaleza de los asuntos, las jurisdicciones afectadas, las funciones de ejecución, los actos de comunicación, los servicios de guardia, las especialidades y la estructura de los servicios comunes”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha reclamado un estudio individualizado y desglosados por provincias y Tribunales de Instancia que permita determinar qué efectivos son necesarios en cada caso.

La organización considera igualmente “imprescindible” incluir en este análisis las nuevas plazas fiscales, dado que el incremento de la actividad de las Fiscalías también repercute directamente en las necesidades de personal de sus oficinas.

Junto al estudio de las nuevas necesidades, la Central Sindical ha solicitado a la Administración información sobre los puestos actualmente existentes, las plazas vacantes y los refuerzos o efectivos temporales en los órganos afectados.

Con estos datos, la Consejería deberá determinar dónde existen insuficiencias y, cuando así lo acrediten las cargas de trabajo, revisar las correspondientes RPT y crear y cubrir nuevos puestos de los Cuerpos Generales.

CSIF ha subrayado que el objetivo es que el aumento de la planta judicial y fiscal tenga un efecto real sobre la Administración de Justicia y permita mejorar su capacidad de respuesta. Para ello, “no basta con crear plazas de jueces y fiscales, sino que es imprescindible dotar a las oficinas de los funcionarios de los Cuerpos Generales para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones”, ha subrayado Díaz.

En conclusión, el sindicato reclama a la Consejería una planificación de los recursos humanos vinculada a las necesidades reales de cada órgano, que permita evitar que la insuficiencia de plantillas siga provocando retrasos, acumulación de asuntos y sobrecarga de trabajo en la Justicia andaluza.

La Mesa del Parlamento admite a trámite la ILP impulsada por CSIF para que los empleados públicos andaluces recuperen las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 28 Sep 26 12:22:00 CEST

El sindicato iniciará la recogida de firmas en cuanto reciba la notificación de la Junta Electoral de Andalucía que dé comienzo al período establecido para recabar apoyos
Recuerda que lleva años reclamando en la calle y en despachos la devolución de unas cantidades detraídas que ascienden aproximadamente a 2.000 euros de media por trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha informado de que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en los años 2013 y 2014.

La iniciativa, registrada el pasado mes de julio por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, como miembro de la Comisión Promotora, entra así en una nueva fase tras superar el primer trámite parlamentario. En este contexto, el dirigente sindical ha subrayado que esta ILP busca promover la tramitación de una Proposición de ley que ponga fin a esta situación y su admisión es “un paso decisivo para que una reivindicación que afecta a miles de trabajadores públicos andaluces pueda ser debatida en el Parlamento y, de una vez por todas, se haga justicia con nuestros derechos”.

Girela también ha señalado que “en cuanto la Junta Electoral de Andalucía notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”.

CSIF lleva años reclamando la recuperación de unas cantidades que fueron detraídas como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta en un contexto económico “excepcional y que ya no existe”. El sindicato cifra la deuda en aproximadamente 2.000 euros de media por trabajador.

De igual modo, ha apuntado que la situación actual también se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo. De todas las comunidades que aprobaron este recorte, “Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

La acción sindical de CSIF para poner fin a “una situación injusta que ataca directamente al bolsillo de las empleadas y empleados públicos andaluces” comenzó en septiembre de 2023 con movilizaciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre de ese año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. El sindicato también solicitó reuniones con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, “que no tuvo a bien recibirnos”, y con los grupos parlamentarios para trasladarles esta cuestión.

Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, la Central Sindical volvió a movilizarse en las ocho provincias andaluzas para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecía medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a altos cargos y al personal directivo del sector público. “Es injustificable que el Gobierno andaluz no dudase ni un minuto en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo. Máxime cuando el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, reclamaba acabar con esta situación y llegó a comprometerse en su programa electoral de 2018”, ha denunciado Girela.

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos y a la ciudadanía andaluza en general para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica y, posteriormente, la pandemia por la COVID-19”.

CSIF-A considera “más que necesaria” la nueva ley frente a las agresiones al personal del SAS y exige a la Junta que cumpla “con hechos”

margarita.sanchez.mingo — Tue, 29 Sep 26 11:34:00 CEST

El sindicato recuerda que lleva años reivindicando medidas urgentes ante el aumento progresivo de la violencia, con récord de 1.976 casos en 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado de “más que necesaria” la ley integral contra las agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía que el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía antes de que acabe el año.

El sindicato, primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha exigido a la Junta de Andalucía que “pase de una vez por todas de las intenciones a los hechos” para atajar la violencia contra el personal de la sanidad, uno de los problemas más graves que afronta el sistema sanitario.

Así lo ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, quien ha recordado que “CSIF lleva años reclamando a la Administración que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para abordar una situación que es una prioridad en materia de seguridad laboral y calidad asistencial”.

Según datos oficiales, en 2025 se marcó récord histórico al registrarse 1.976 agresiones a profesionales del SAS, de las que 1.589 fueron de carácter no físico y 387 de carácter físico. “La tendencia al alza de los últimos años deja claro que no se están poniendo todos los medios necesarios para garantizar la protección e integridad de nuestros profesionales. Es más que necesario adoptar medidas eficaces que incluyan aspectos normativos, organizativos y presupuestarios”, ha explicado Girela.

Asimismo, ha recordado que hace más de seis años, en concreto en marzo de 2020, CSIF ya registró una propuesta dirigida a la Consejería en la que planteaba modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de frenar las agresiones. Entre otras cuestiones, el sindicato exigió “que todas las infracciones sean explícitamente expresadas de forma que no existan márgenes de interpretación y algunas de estas conductas queden sin sancionar”.

Desde entonces, CSIF viene reclamando de manera pública en los distintos foros de negociación que la Administración “actúe sin que le tiemble el pulso y que agredir a un profesional no salga tan barato”.

Asimismo, el pasado 12 de marzo y con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, CSIF registró un escrito dirigido al consejero del ramo, Antonio Sanz, en el que le instaba a cumplir su compromiso de establecer un régimen sancionador específico y unos instrumentos normativos necesarios para disuadir a potenciales agresores. En este escrito, se solicitaba, entre otras acciones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta, así como una dotación suficiente de medios humanos y materiales, incluyendo profesionales suficientes en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de gasto, con sustituciones ágiles para poder reforzar la prevención de forma real.

Girela ha valorado como muy positivo que el Gobierno andaluz haya optado por la fórmula del decreto ley para agilizar la aprobación de la norma y no ralentizar su aplicación, pero ha añadido que desde CSIF “estaremos muy pendientes para que el anuncio y compromiso de fechas realizados se cumplan”.

De igual manera, CSIF ha insistido en la importancia de que la Administración sanitaria complete la nueva normativa para hacer frente a las agresiones con el impulso de campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a ellas, orientadas a toda la ciudadanía, con la finalidad de evitar que este tipo de violencia se normalice como parte del desempeño profesional.

Por último, Girela ha apuntado que “nuestra hoja de ruta seguirá siendo avanzar en medidas concretas que permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar la mayor seguridad posible de los profesionales del sistema sanitario andaluz, lo que redundará en optimizar el servicio público que se presta a la ciudadanía”.

Germán Girela: La admisión de la ILP para recuperar las pagas extra autonómicas de los empleados públicos es un paso muy importante

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 29 Sep 26 14:17:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza el arranque del curso político y la actualidad económica y social en el programa 'Acento andaluz'

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha calificado de "buena noticia" la admisión a trámite por la Mesa del Parlamento andaluz de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que las empleadas y empleados públicos andaluces recuperen las cantidades pendientes de las pagas extraordinarias autonómicas de 2013 y 2014 que se les deben. Así lo señaló en una entrevista este lunes en el programa 'Acento Andaluz' de 7TV Andalucía, en la que también ha abordado la situación de los servicios públicos andaluces y las principales reivindicaciones del sindicato.

Girela considera que la admisión de la iniciativa supone "un paso muy importante" para que esta reivindicación llegue a debatirse en el Parlamento y que los distintos grupos políticos tengan que posicionarse. La ILP plantea recuperar unos 2.000 euros de media por empleado/a público/a andaluz y CSIF comenzará la recogida de firmas una vez que la Junta Electoral de Andalucía active el correspondiente proceso.

Refuerzo de los servicios públicos

Durante la entrevista, el presidente de CSIF Andalucía también reclamó al Gobierno andaluz medidas concretas para reforzar las plantillas y mejorar los servicios públicos, así como el cumplimiento de los acuerdos pendientes de anteriores legislaturas.

En materia sanitaria, Girela reclamó un plan de choque ante las listas de espera, acompañado de un refuerzo de los recursos públicos, y cuestionó la falta de transparencia en cuestiones como los problemas detectados en el programa de cribado de cáncer de mama que se hicieron públicos hace ahora un año.

En educación, Girela advirtió del retroceso de la escuela pública, con pérdida de alumnado y de unidades en los últimos años, y de la situación especialmente preocupante en Formación Profesional. En Justicia, reclamó que se cumplan los acuerdos alcanzados y que se dote adecuadamente la implantación de los nuevos tribunales de Instancia.

Por otro lado, Girela también se refirió a la situación del INFOCA, alertando de las carencias de personal y medios, que han provocado que la plantilla haya afrontado el verano con grandes deficiencias, al tiempo que exigió que la prevención de incendios se mantenga durante todo el año.

De igual manera, el presidente de CSIF-A se refirió a la vivienda como uno de los principales problemas que afectan actualmente a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, reclamó políticas que permitan mejorar el poder adquisitivo y favorecer el empleo estable.

Por último, Girela defendió el papel de CSIF como organización independiente y profesional, centrada únicamente en la defensa de los trabajadores y trabajadoras y de unos servicios públicos de calidad.

CSIF Andalucía denuncia nuevas incidencias en el sistema de gestión telefónica del 061 y exige soluciones urgentes

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 29 Sep 26 19:39:00 CEST

El sindicato advierte de que los problemas técnicos son continuos y dificultan la atención de emergencias al tiempo que perjudican un servicio esencial para la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado nuevas incidencias este martes en el sistema de gestión telefónica del 061, una situación que vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias técnicas que sufre un servicio esencial para la atención de emergencias sanitarias.

El sindicato ha explicado que se ha producido un problema en el sistema de comunicaciones entre el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha provocado que durante aproximadamente una hora el sistema de gestión telefónica haya dejado de funcionar en toda Andalucía.

Esta incidencia ha provocado el bloqueo de las comunicaciones internas, que imposibilita el envío de escuchas médicas, así como de las comunicaciones externas, con afectación a las llamadas salientes, a recursos como UVIS móviles, ambulancias y centros de salud. Además, ha sido imposible la comunicación con otros organismos de emergencias como el 112, Teleasistencia, Guardia Civil, Bomberos, Policía Nacional y Local, entre otros.

CSIF ha mostrado su preocupación por las numerosas llamadas de emergencias que se han dejado de atender y las personas que han podido ver peligrar su salud, e incluso, su propia vida. El sindicato ha advertido de que estas incidencias en las aplicaciones informáticas no son hechos aislados, sino que se repiten de manera reiterada y entorpecen gravemente el trabajo del personal de gestión telefónica, que en numerosas ocasiones se ve obligado a trabajar sin las herramientas informáticas necesarias, teniendo que recurrir incluso a sistemas manuales para poder prestar la atención. “Estamos hablando de un servicio en el que cada segundo cuenta y en el que un fallo técnico puede retrasar la respuesta ante una emergencia”, ha explicado CSIF.

CSIF ha destacado que la aplicación Centros en Red lleva diez años dando problemas por la falta de mantenimiento, sin que hasta el momento la Administración andaluza haya adoptado medida. En este sentido, la Central Sindical ha exigido que se adopten “medidas urgentes ante una situación que resulta insostenible” y que garanticen la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema, así como que se revisen los recursos técnicos y humanos de los centros coordinadores.

El sindicato, además, ha incidido en que las deficiencias técnicas que se producen con frecuencia en el aplicativo generan situaciones de enorme tensión y presión sobre el personal, lo que menoscaba la salud laboral de unos profesionales que desempeñan una labor esencial para la ciudadanía andaluza.

En este sentido, CSIF ha vuelto a reivindicar que el personal de gestión telefónica del 061, al igual que el del 112, “no realiza labores de telemarketing pese a que actualmente se rige por el convenio de contact center. “Estos trabajadores y trabajadoras no venden productos ni gestionan campañas comerciales, sino que atienden llamadas de emergencias sanitarias en las que puede estar en riesgo la vida de las personas”, ha subrayado el sindicato.

Por ello, ha insistido en la necesidad de contar con un convenio colectivo propio que reconozca la especificidad, la responsabilidad y la carga emocional de este trabajo y que permita dignificar las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

Asimismo, CSIF ha reiterado su exigencia de que la Junta de Andalucía rescate este servicio, actualmente externalizado, y lo integre dentro de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA). Para el sindicato resulta “incomprensible” que un servicio estratégico para la atención de emergencias sanitarias continúe dependiendo de empresas concesionarias mientras persisten problemas estructurales tanto técnicos como laborales.

CSIF logra que los trabajadores de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad: los presos se enfrentan hasta a 4 años más de condena en caso de agresión

juan-pedro.fernandez.riau — Wed, 30 Sep 26 06:27:00 CEST

El Senado aprobará hoy que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria. Este reconocimiento supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un trabajador de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 550.

Este logro es el resultado directo de discretas, intensas y complejas negociaciones encabezadas por CSIF para tender puentes entre las dos principales formaciones políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Con la fragmentación parlamentaria y polarización política actual, solo un acuerdo transversal y de Estado entre ambas fuerzas garantizaba los apoyos numéricos indispensables para que esta proposición de ley saliera adelante.

La reforma que aprueba el Senado implica también una serie de mejoras en materia de protección en el entorno de trabajo, compensaciones económicas y seguridad jurídica en caso de sufrir una agresión.

Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas.

En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone:

• Reconocimiento legal ante todas las administraciones.

• Sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario.

• Compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

• Garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión.

• Garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.

Falta de personal, hacinamiento y agresiones casi diarias

La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas.

Además, hay que tener en cuenta el cada vez mayor número de internos (en los últimos dos años hay 6.200 reclusos más, según datos de la propia administración penitenciaria) y la falta de plantilla en áreas tan importantes como Vigilancia (en trato directo con los internos), área sanitaria , especialmente problemático el caso de los facultativos, pues no solo se ocupan de la salud de los internos sino que son indispensables para el cumplimiento del régimen disciplinario de los internos. Otras áreas como oficinas o área mixta también se ven afectadas por una falta de personal endémica.

Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo de personal porque hay módulos de prisiones sin abrir por falta de personal; impidiendo la adecuada clasificación interior de los internos y reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que retome la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a las nuevas necesidades de los centros penitenciarios, y modificar la legislación sobre clasificación de internos para adecuarlo a la nueva realidad: presos yihadistas, por violencia de género, bandas organizadas, paramilitares del Este, internos con problemas psiquiátricos, etc. Además de una actualización de los medios coercitivos y del régimen disciplinario de los reclusos.

Los sindicatos de Sanidad exigen al consejero que cumpla con su ofrecimiento de Acuerdo de Legislatura

jesus.arrayas.monterrubio — Fri, 02 Oct 26 10:48:00 CEST

CSIF, Satse, CCOO y UGT reclaman iniciar negociaciones de forma inmediata para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal del SAS

Los sindicatos con representación mayoritaria en la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía (CSIF, Satse, CCOO y UGT) han solicitado que se inicie un proceso de negociación dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad y de las competencias de la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones laborales y retributivas de sus profesionales, como fue acordado con el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Estas organizaciones sindicales consideran que, tras las reuniones mantenidas por todos ellos con el consejero y la Gerente del SAS, este Acuerdo se debe abordar de forma serena y contundente con mejoras para todas las categorías profesionales.

CSIF, Satse, CCOO y UGT solicitan poner en marcha lo hablado, con un calendario de negociaciones, y adquirir compromisos firmes por escrito que consigan poner en valor la negociación en el seno de la Mesa Sectorial y que redunde en mejoras laborales y asistenciales más que necesarias en nuestra Comunidad.

Es el momento de que la Junta de Andalucía apueste por el dialogo y los acuerdos con todas las organizaciones sindicales dentro del seno de la Mesa Sectorial. Es el momento de demostrarlo con realidades que eviten más conflictos y que solucionen la grave crisis profesional y asistencial que tiene el SAS.

CSIF lamenta que Andalucía lidere la subida del paro en septiembre, que evidencia la inestabilidad de un mercado laboral “condicionado por el sector servicios”

margarita.sanchez.mingo — Fri, 02 Oct 26 11:15:00 CEST

El sindicato reivindica la necesidad de impulsar políticas que apuesten firmemente por reforzar la creación de puestos de trabajo en el sector público y reflotar el modelo económico

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, lamenta la subida del paro en Andalucía en 6.733 en septiembre con respecto al mes anterior, lo que sitúa a la comunidad como líder nivel nacional en aumento de desempleados.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha manifestado que, con los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, “volvemos a asistir a un repunte del paro en nuestra tierra, que viene a reflejar la dependencia de la estacionalidad del sector servicios y de contratos temporales, muy lejos de lo deseable”; de hecho, el sector que generó más parados en septiembre fue el sector servicios, con 5.375 desempleados más.

Girela ha indicado que “es necesario que, tanto desde el sector público como desde el privado, se exploren nuevas vías para combatir la alta inestabilidad ligada a dicha estacionalidad que caracteriza al mercado laboral andaluz”. En este sentido, desde la Central Sindical “exigimos incrementar los esfuerzos para generar empleo con condiciones laborales dignas para la ciudadanía en Andalucía”.

A juicio del dirigente sindical la reducción del paro en Andalucía pasa por políticas que apuesten por el empleo público y por el impulso decidido por sectores innovadores que permitan reflotar el sistema económico actual de una comunidad tan dependiente de la actividad turística y, por ende, del sector servicios. “Solo si seguimos esta hoja de ruta podremos acabar con la fragilidad estructural que caracteriza al mercado laboral andaluz”, ha apostillado Girela.

El máximo responsable de CSIF Andalucía ha alertado también de la pérdida de empleo en sectores esenciales. En concreto, CSIF ha señalado que, según los datos de la Seguridad Social, el sector de Administración Pública y Defensa registró 5.542 bajas el mes pasado y el de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales un total de 710, lo que supone “un varapalo para el frágil sistema productivo con el que contamos”.

Asimismo, Girela ha emplazado a la Administración andaluza a impulsar medidas que atajen la temporalidad del empleo en la comunidad. De los 295.645 contratos realizados en Andalucía en septiembre, un 57,2 % fueron temporales y el 42,9 %, indefinidos.

En cuanto a sexos, el 61 % de las personas desempleadas son mujeres, mientras que el 39 % son hombres, lo que evidencia una vez más que ellas son las más perjudicadas con diferencia en el terreno laboral. Desde CSIF “pedimos políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial”, ha concluido Girela.

CSIF reprocha a la Junta de Andalucía el incumplimiento de los plazos para aprobar el Decreto de Teletrabajo y exige una nueva fecha concreta

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 05 Oct 26 08:04:00 CEST

El sindicato recuerda que la Administración se comprometió a aprobar la nueva norma antes del 30 de septiembre y reclama un calendario para culminar su tramitación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reprochado a la Junta de Andalucía su incumplimiento del compromiso de aprobar antes del 30 de septiembre el nuevo Decreto de Teletrabajo para el personal de la Administración General.

El sindicato, que ha registrado un escrito ante la Secretaría General para la Administración Pública, ha recordado que CSIF suscribió el pasado 21 de abril un pacto en el que se establecía el último día de septiembre como fecha tope para aprobar dicho decreto, al mismo tiempo que se contemplaba la implantación de un marco provisional de aplicación homogénea del teletrabajo hasta la entrada en vigor de la nueva regulación.

En este sentido, la Central Sindical ha señalado que la reciente aprobación de la Circular 1/2026, por la que se establecen criterios homogéneos para la prestación de la jornada laboral en modalidad de teletrabajo, “constituye una regulación provisional que no puede sustituir ni justificar el incumplimiento del compromiso adquirido para aprobar el nuevo decreto”.

Para CSIF, una vez finalizado el plazo comprometido sin que se haya aprobado y aplicado el decreto, la Administración debe explicar cuál es el estado real de su situación, qué actuaciones permanecen pendientes y cuándo prevé culminar activamente el procedimiento.

El sindicato considera que no es suficiente con alegar la existencia de trámites administrativos pendientes, sino que es necesario establecer una nueva fecha cierta y con compromisos concretos y verificables que permitan garantizar que la nueva regulación se aplica sin más demoras.

Asimismo, el sindicato ha exigido a la Junta que, además de establecer una nueva fecha concreta y cierta, esta se acompañe de un calendario de los trámites pendientes y de nuevos compromisos que puedan ser objeto de seguimiento y verificación.

CSIF ha reclamado que este nuevo compromiso se cumpla y que no vuelvan a producirse retrasos en la aprobación de una regulación que considera “largamente demandada por el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía y que permitirá avanzar hacia una Administración más moderna, flexible y eficiente, así como mejorar la conciliación de la vida laboral y personal de las empleadas y empleados públicos”.

La Central Sindical ha recordado que ya denunció esta falta de compromiso de la Junta a finales del pasado agosto cuando el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, expresó públicamente que el nuevo Decreto de Teletrabajo no estaría aprobado en el plazo inicialmente pactado, sin que previamente esta circunstancia hubiera sido comunicada a las organizaciones sindicales que participaron en la negociación y con las que suscribió el pacto en el mes de abril.

Finalmente, el sindicato ha advertido de que, si la Junta no atiene su requerimiento, adoptará las medidas que considere oportunas en defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos.

CSIF-A presenta un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante “la evidente falta de recursos” en la educación pública

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 05 Oct 26 11:31:00 CEST

El sindicato reclama una reordenación y actualización de la normativa, más profesionales especialistas, ratios máximas de atención, eliminar la compartición de centros, enfermería escolar estable y mayor estabilidad para los PTIS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos.

Coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería del ramo que, más allá de los discursos, ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable. “La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

Según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pasó de 77.778 en el curso 2015-2016 a 120.596 en 2024-2025, un incremento del 55,05 %. En el mismo período, el alumnado de enseñanzas de régimen general descendió un 6 %, de 1.205.027 a 1.132.969 estudiantes.

Para García, esta evolución demuestra que “las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema”. Entre los cursos 2016-2017 y 2025-2024, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 7.151 a 8.600, un 20,26 % más, muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE.

“Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva”, ha advertido la responsable sindical.

El Plan Integral presentado en rueda de prensa plantea, en primer lugar, una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente fragmentada y dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.

Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.

La situación de Orientación resulta especialmente significativa: en el curso 2024-2025 había 1.810 profesionales para 1.132.969 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 605 alumnos por orientador. “La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios”, ha defendido García.

CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente. “Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro”, ha apuntado la responsable sindical.

El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.336 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios, 608 más que en 2019-2020. En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias. García ha subrayado que “el profesorado debe conocer las pautas para actuar ante una emergencia, pero no puede convertirse en sustituto del personal sanitario”.

En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo. “De las 3.812 PTIS en Andalucía, tan solo el 41 % depende de Función Pública, lo que significa que se sigue recurriendo a fórmulas externalizadas para cubrir este servicio esencial”, ha denunciado García.

Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales.

“El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces”, ha concluido García.

Oposiciones Justicia: Publicada en el BOE la convocatoria de cuerpos generales de la OEP 2023

admin — Thu, 01 Feb 24 07:15:00 CET

CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la Orden PJC/64/2024, de 25 de enero, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos deberán cumplimentar y presentar electrónicamente el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790), que estará disponible en el servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/ips.html), de acuerdo con las instrucciones que se indican. Las Comunidades Autónomas que oferten plazas podrán crear un enlace desde sus respectivas páginas web a este formulario.

No obstante, si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas, impidiendo con ello la presentación electrónica de la solicitud y su pago por medios electrónicos, el órgano convocante podrá acordar de manera extraordinaria la ampliación del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de inscripción, los participantes deberán dirigirse al teléfono 060 o rellenar el formulario de consultas/incidencias disponible en la siguiente dirección https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/IPS».

La presentación de la solicitud electrónica se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»

Sistema oposición. Nota mínima: 50%

Las personas aspirantes sólo podrán participar por un único ámbito territorial y, en caso de superar el proceso selectivo, obtendrán necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. Las plazas que queden desiertas en un ámbito territorial no se podrán acumular a otro distinto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio previa valoración de las circunstancias concretas en las que se esté desarrollando el proceso selectivo, atendiendo al número de plazas que puedan haber quedado sin cubrir en alguno o algunos de los territorios en los que se convocan plazas, acordará la realización de una prueba selectiva adicional, a la que solo podrán presentarse quienes habiéndose presentado al último de los ejercicios hubieran obtenido una nota igual o superior al cincuenta por ciento de posible y, no hubiesen superado el proceso selectivo. La prueba selectiva adicional consistirá en un ejercicio tipo test, con 50 preguntas, de carácter teórico.

Plazas objeto de convocatoria

I. a) Gestión procesal y Administrativa
	Cupo general	Cupo personas con discapacidad	Total
Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2023.	268	20	288
Total	288	20	288

I. b) Tramitación Procesal y Administrativa
	Cupo general	Cupo personas con discapacidad	Total
Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2023	378	28	406
Total	378	28	406

I. c) Auxilio Judicial
	Cupo general	Cupo personas con discapacidad	Total
Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2023	332	26	358
Total	332	26	358

ANEXO II

Distribución territorial de las plazas

II. a) Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito territorial	Sistema general	Reserva personas con discapacidad	Total
Andalucía.	33	2	35
Aragón.	11	1	12
Asturias.	7	1	8
Canarias.	19	1	20
Cantabria.	2	1	3
Cataluña.	37	3	40
Comunidad Valenciana.	24	2	26
Galicia.	13	1	14
La Rioja.	5	1	6
Madrid.	44	2	46
Navarra.	8	1	9
País Vasco.	17	1	18
Total CCAA.	220	17	237
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	48	3	51
Total.	268	20	288

II. b) Tramitación Procesal y Administrativa
Ámbito territorial	Cupo general	Reserva personas con discapacidad	Total
Andalucía.	42	3	45
Aragón.	14	1	15
Asturias.	7	1	8
Canarias.	12	1	13
Cantabria.	4	1	5
Cataluña.	68	5	73
Comunidad Valenciana.	23	2	25
Galicia.	21	1	22
La Rioja.	4	1	5
Madrid.	92	5	97
Navarra.	6	1	7
País Vasco.	14	1	15
Total CCAA.	307	23	330
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	71	5	76
Total.	378	28	406

II. c) Auxilio Judicial
Ámbito territorial	Sistema general	Reserva personas con discapacidad	Total
Andalucía.	13	1	14
Aragón.	1	0	1
Asturias.	7	1	8
Canarias.	60	4	64
Cantabria.	10	1	11
Cataluña.	128	9	137
Comunidad Valenciana.	18	1	19
Galicia.	15	1	16
La Rioja.	8	1	9
Madrid.	20	2	22
Navarra.	13	1	14
País Vasco.	7	1	8
Total CCAA.	300	23	323
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	32	3	35
Total.	332	26	358

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA		C1-G3ACCESO LIBRE		29/02/2024		Inscribirse
AUXILIO JUDICIAL	C2-G4ACCESO LIBRE		29/02/2024		Inscribirse
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA	A2-G2ACCESO LIBRE		29/02/2024		Inscribirse

CSIF exigirá a Justicia una propuesta para empezar a negociar el fin del conflicto que afecta a 45.000 funcionarios

admin — Tue, 09 Jan 24 13:59:57 CET

EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, exigirá mañana al Ministerio que presente una propuesta para empezar a negociar el conflicto que afecta a los/as 45.000 funcionarios de esta Administración, que reclaman desde la pasada legislatura una subida salarial, tal y como ha ocurrido con jueces, fiscales y letrados, y una redefinición de las funciones que realizan diariamente.

CSIF valora positivamente la reunión que mantendrá -junto con las demás organizaciones sindicales presentes en el conflicto- mañana con los representantes de este Ministerio, pero reitera que es necesario que Justicia presente una propuesta para lograr a un acuerdo que incluya una subida salarial, una clarificación de las funciones de las/os funcionarios de Justicia, el impacto de las leyes de eficiencia en el trabajo diario y volver a negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

En este sentido, reiteramos nuestra buena disposición para llegar a un acuerdo y tendemos la mano para continuar con el diseño y desarrollo de las medidas necesarias para el proceso de transformación y modernización que requiere nuestra Administración de Justicia. Para ello es necesario contar con la participación real y efectiva de todo el personal de esa Administración y un calendario ágil de negociación.

CSIF está dispuesto a agotar la vía de la negociación, pero advierte de que si este camino no lleva a la solución del conflicto que arrastramos desde la pasada legislatura, no quedará más remedio que retomar las movilizaciones.

El Comité de Huelga del personal de justicia convoca nuevas manifestaciones en Madrid con trabajadores y trabajadoras de toda España para los días 27 de junio y 13 de julio

admin — Mon, 19 Jun 23 07:57:16 CEST

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

La primera de las manifestaciones convocadas en Madrid transcurrirá desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda y la segunda finalizará en el Palacio de la Moncloa.

Junto a estas convocatorias de movilizaciones, los sindicatos del comité de huelga han contactado con todos los partidos políticos para que asuman en la campaña electoral las reivindicaciones que han provocado las huelgas que se está llevando a cabo desde el 17 de abril a la vez que se solicitarán entrevistas con los candidatos y las candidatas del PSOE en las listas provinciales de las elecciones generales para solicitarles que exijan a Pedro Sánchez que su gobierno se siente a negociar una solución a este conflicto.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT anuncian también que en los juzgados y tribunales se exigirá la presencia del Juez o LAJ en aquellas actuaciones procesales en las que la Ley determina que han de realizarse ante ellos, dejándose de practicar estas actuaciones por el resto de personal funcionario, el convocado a la huelga, hasta que dichas funciones no les sean reconocidas profesional y retributivamente como se reclama en este conflicto.

Todas estas medidas de presión vienen motivadas por la reiterada negativa del Ministerio de Justicia a negociar un trato a las condiciones de trabajo de la totalidad del personal empleado público de esta administración igualitario y no discriminatorio respecto al que se ha dispensado a los colectivos de las carreras judicial y fiscal y del cuerpo de Letrados. Exigimos la eliminación del clasismo que impera en la política del personal del Ministerio de Justicia y el reconocimiento de nuestros derechos profesionales y retributivos.

Los trabajadores/as de Justicia deciden por amplia mayoría en asambleas celebradas en toda España mantener la huelga indefinida

admin — Tue, 13 Jun 23 21:49:19 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaAndalucía Image

Se ha acordado intensificar las medidas de presión contra el Gobierno, que sigue negándose a negociar

El incomprensible y despótico desprecio de los responsables del Ministerio de Justicia por la negociación colectiva y por las reivindicaciones del colectivo ha alcanzado límites que no son tolerables en democracia y que deben ser atajados por el propio presidente del Gobierno.

La absoluta desaparición de la ministra Llop de éste conflicto; expresiones como el “ya saldrán”, referidas al encierro del Comité de Huelga durante cuatro días en la sede del Ministerio de Justicia o que estuviera en Luxemburgo hablando de derechos humanos mientras tenía sin comer a cinco ciudadanos en la sede de su Ministerio; la espantada y bravuconería del Secretario de Estado de la primera y única reunión que ha convocado en siete semanas de huelga, y sus acusaciones acerca de que se mantenía la huelga porque “no se consultaba a la bases”, y que sólo pretendían anular las justas y legítimas reivindicaciones de los trabajadores/as, ha sido contestado en las asambleas celebradas en el día de hoy.

Miles de trabajadores y trabajadoras de Justicia han participado en las asambleas que hoy se han celebrado en la inmensa mayoría de los centros de trabajo y han decidido con su voto mantener la convocatoria de huelga indefinida que se viene desarrollando desde el pasado 22 de mayo e incrementar las movilizaciones que se están realizando desde el 17 de abril. Así, entre otras actuaciones que iremos anunciando, se realizarán las siguientes:

Habrá nueva manifestación en Madrid, en la última semana de este mes y otra en plena campaña electoral.

Actos reivindicativos para hacer visible el conflicto en precampaña y campaña electoral para que se impulse la inmediata recuperación de la negociación.

Intensificar los contactos con los partidos políticos para que defiendan nuestras reivindicaciones exigiendo al gobierno a que retome la negociación y en su caso asuman en la nueva legislatura los posibles acuerdos que pongan fin a la huelga.

Cumplir en los Juzgados y Tribunales la legalidad vigente de forma escrupulosa exigiendo la presencia de Jueces y Letrados en todas las actuaciones procesales en las que la ley así lo exige y denunciar los casos en que se obligue al personal a realizar funciones por encima de las de su competencia.

Para terminar denunciamos nuevamente el clasismo, la discriminación y el comportamiento antisocial del Ministerio de Justicia que está permitiendo el gobierno y su Presidente y exigimos nuevamente la convocatoria inmediata de negociaciones para poner fin a este conflicto.

El Ministerio de Justicia convoca al Comité de huelga para el martes 6 de junio

admin — Thu, 01 Jun 23 21:10:50 CEST

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesNegociaciones y acuerdosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

Tras las cartas presentadas al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno, el escrito presentado esta mañana al Ministerio, exigiendo la urgente e inmediata convocatoria para negociación, y el anuncio realizado por el comité en el comunicado emitido esta mañana, en el que informamos del incremento y endurecimiento de las movilizaciones, en el que además anunciábamos una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por los incumplimientos flagrantes de la ley de huelga por parte de los máximos responsables del Ministerio, esta tarde hemos recibido convocatoria para el próximo martes 6 de junio. El texto de la convocatoria es el siguiente:

"Buenas tardes:
Se convoca al comité de huelga a una reunión el próximo martes día 6 de junio a las 12,30 horas en la sede del Ministerio de Justicia, c/ San Bernardo 45, Biblioteca 2, con el siguiente orden del día:
.- Tratar asuntos relacionados con la huelga.
Se ruega confirmen quienes van a asistir para solicitar las autorizaciones de acceso a seguridad.
Muchas gracias y un cordial saludo"

Aunque el orden del día es bastante ambiguo y no deja demasiado margen para esperar algo significativo, desde el comité de huelga confiamos en que el Ministerio deje de actuar de la forma irresponsable en que viene haciéndolo desde hace casi dos meses, y que abandone de una vez su actitud chulesca y de desprecio no sólo a los 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de Cuerpos Generales y Especiales, sino al propio servicio público que ya está colapsado y en un auténtico abismo del que no saldrá en años.

Desde el Comité de Huelga exigimos al Ministerio que venga a la reunión con una propuesta económica que satisfaga las demandas de los miles de trabajadores y trabajadoras que llevan más de mes y medio reclamando el reconocimiento al trabajo que desempeñamos todos los días en los juzgados, tribunales y fiscalías, abandonando con ello la actitud clasista que viene demostrando desde hace meses.

Lograda ya la paralización de la LOEO al haber conseguido retrasar su tramitación, de manera que no ha podido ser aprobada antes de la disolución de las Cortes, es el momento de alcanzar el resto de objetivos planteados en las movilizaciones. Si el Ministerio se niega a asumir nuestras justas reivindicaciones, el conflicto se agravará y las movilizaciones, tal como anunciamos esta mañana, se intensificarán.

¡¡ESTA HUELGA LA VAMOS A GANAR!!

Sobre el anuncio de elecciones generales y la huelga en Justicia

admin — Mon, 29 May 23 18:53:24 CEST

Conocido por este comité de huelga el anuncio del Presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, el Comité de huelga quiere dejar constancia de lo siguiente:

Primero.- Desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable.

Segundo.- Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada primero, el de los Letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de Jueces y Fiscales, al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

Tercero.- Como resultado de esta “estrategia”, la propia Ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo.

Cuarto.- Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga.

Quinto.- Por el camino, millones de ciudadanos afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años. El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse.

Sexto.- A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el Presidente del Gobierno, no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018.

Por este motivo, exigimos al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española.

Exigimos al Presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida. En este sentido mañana se registrará un escrito del comité de huelga al Presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.

Ciertamente, la LOEO y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar.

Después del acuerdo con los Letrados y con los Jueces y Fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente se realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia.

En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la Ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un gobierno dialogante, progresista que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto tal y como dijo la Ministra de Justicia en la reciente I Cumbre mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid.

Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia. Así se lo volveremos a solicitar a la Ministra de Justicia por escrito mañana mismo.

Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.

Miles de funcionarios de Justicia exigen al Gobierno que negocie una mejora de sus condiciones laborales: Masiva manifestación en Madrid

admin — Fri, 26 May 23 10:35:38 CEST

Puesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de Justicia

Decenas de miles de funcionarios de Justicia procedentes de toda España han vuelto a colapsar las calles de Madrid en una gran manifestación para exigir al Gobierno un incremento salarial en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. La marcha comenzó a las 12.00 horas enfrente del Ministerio de Justicia y concluyó en la Secretaría General de Función Pública.

La segunda protesta multitudinaria en la capital (la primera se celebró el pasado 19 de abril) ha sido convocada nuevamente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, y ha coincido con el cuarto día de paro general de la Justicia, que también ha registrado un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento.

Esta manifestación se suma a las protestas que comenzaron el pasado lunes con una concentración ante el Ministerio de Hacienda y que continuaron el martes con otra protesta, en esta ocasión delante del Congreso de los Diputados. La semana de movilizaciones finalizó el viernes 26 de mayo, con otra concentración nuevamente enfrente del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá.

El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras.

Mientras, el primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias. Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente del Gobierno en general y de la ministra Llop en particular, carente de voluntad de diálogo en contra de lo que manifiesta públicamente; que solo se sienta a negociar con los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

El pasado martes se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.

Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley.

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.

CSIF ofrece cursos gratuito homologados por el IAAP para el personal de la Administración de Justicia

admin — Sun, 14 May 23 11:35:46 CEST

FormaciónFormación CSIF específicaOtra formaciónPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

CSIF lanza nuevos cursos homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública dirigidos exclusivamente al personal de la Administración de Justicia. La oferta formativa es completamente gratuita.

Los cursos, que comenzarán el 12 de julio de 2023, son:

La protección de datos en España: La Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento Europeo 2016/679. 80 horas.
LibreOffice Writer Avanzado. 60 horas.
Los silencios administrativos en la Administración Pública. 50 horas.
Seguridad informática básica en el puesto de trabajo. 30 horas

Las solicitudes pueden realizarse desde el 9 de mayo a través del campus virtual de CSIF Andalucía.

Los funcionarios de Justicia están llamados a una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo y el 25 habrá una gran manifestación en Madrid

admin — Wed, 10 May 23 11:22:14 CEST

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Los 45.000 funcionarios/as de justicia de toda España (el 93 por ciento de la plantilla de esta Administración) están llamados a una huelga indefinida a partir del próximo día 22 de mayo y el 25 del mismo mes habrá una gran manifestación en Madrid. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, damos al Ministerio de Justicia diez días de plazo para que presente una oferta económica o seguiremos con estas movilizaciones que paralizan la Administración de Justicia..

Hoy, miércoles 10 de mayo, está convocada una nueva jornada de huelga de 24 horas, la décima desde que comenzó el conflicto, para exigir un incremento salarial, en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. Coincidiendo con esta jornada de huelga, delegados sindicales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, se han concentrado horas frente al Ministerio de Justicia.

Una delegación de estas organizaciones sindicales ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia. CSIF también ha recurrido el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los letrados por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.

Exigimos que el Gobierno ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales. Mientras tanto, se mantienen las jornadas de huelga para los días que restan de movilizaciones: 11, 16, 17 y 18 de mayo, a las que se sumará la huelga indefinida a partir del 22 de mayo.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios), pero el Gobierno es el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia