Andalucía

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margarita.sanchez.mingo — Wed, 25 Jun 25 11:39:00 CEST

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DARSE DE ALTA EN EL CLUB CSIF

Afíliate a CSIF, el sindicato del presente

jesus.arrayas.monterrubio — Thu, 08 Jan 26 11:59:00 CET

AFÍLIATE A CSIF

CSIF es la organización mayoritaria en la Administración Pública andaluza, consolidándonos año tras año, con más de un 40% de representatividad, como la primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación en Andalucía.

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CSIF también es la organización sindical que más crece en la empresa privada. Tenemos presencia en entidades emblemáticas como Mercadona, Prosegur, Renault, Coca-Cola y Atresmedia. Los trabajadores y trabajadoras confían en otra forma de hacer sindicalismo porque en CSIF llevamos por bandera la independencia y la profesionalidad.

CSIF es el único sindicato que ha conseguido congregar en Madrid a 80.000 personas procedentes de todo el territorio nacional para defender tus derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de unos servicios públicos de calidad. Nos caracteriza la transparencia. Nuestras cuentas son públicas y son auditadas anualmente de manera externa. Nos gusta ser claros con la sociedad. Sin filtros ni etiquetas. Realizamos una labor cercana. Contamos con más de 3.500 delegadas y delegados sindicales distribuidos por toda Andalucía. Visitamos tu centro de trabajo para ayudarte en lo que necesites.

En CSIF pensamos en ti, por eso contamos con una aplicación con la que reforzamos la cercanía y el trato personalizado que nos caracteriza. Una app que te permite acceder con un solo clic a información de tu interés, a noticias en tiempo real y a todas las ventajas que ofrece el Club CSIF, una plataforma con descuentos exclusivos y promociones en una amplia gama de sectores.

CSIF también es una organización comprometida. Abanderamos la igualdad y hemos conseguido grandes avances a través de sentencias judiciales. Además, contamos con el Gabinete Psicosocial CSIF Ayuda, un servicio gratuito de asesoramiento frente a riesgos como el acoso laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de burnout. Tu salud y seguridad también son prioridades para CSIF. La prevención de riesgos laborales está en el centro de nuestras acciones y reclamamos políticas eficaces contra la siniestralidad laboral.

Defendemos la justicia, y por eso contamos con un equipo de juristas expertos en materia laboral. La formación es otro de los pilares de CSIF. Ofrecemos un amplio abanico de acciones formativas de calidad que nos convierte en referentes en la materia. Hemos pasado de ofertar de 181 cursos en 2014 a más de 300 en 2025.

Nuestra organización atraviesa un momento inmejorable. Nos debemos a los trabajadores y trabajadoras. Nos debemos a ti. No te quedes en el pasado, CSIF es el sindicato del presente.

Germán Girela: En Andalucía faltan, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios esenciales como sanidad, educación y justicia

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 01 Jun 26 12:43:00 CEST

El presidente de CSIF Andalucía analiza en Siete Economía la situación del mercado laboral, los servicios públicos y los retos en la comunidad

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha defendido la necesidad de impulsar políticas que permitan generar empleo estable y de calidad, mejorar los salarios y reforzar los servicios públicos en la comunidad autónoma durante una entrevista en el programa Siete Economía de 7TV Andalucía.

Respecto a la situación del mercado laboral andaluz, Girela se mostró crítico con los mensajes excesivamente optimistas que solo tienen en cuenta los datos macroeconómicos. “Los buenos datos económicos no se reflejan en la realidad diaria de muchos trabajadores. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes y estamos asistiendo al fenómeno del trabajador pobre, personas con empleo que no pueden desarrollar un proyecto de vida ni acceder a una vivienda”, afirmó. En este sentido, relacionó la situación con un modelo productivo excesivamente vinculado a la estacionalidad y reclamó una apuesta decidida por sectores capaces de generar empleo estable y mejor remunerado, como la industria, la innovación o las energías renovables. Asimismo, defendió la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque advirtió de la necesidad de que el incremento salarial alcance también al conjunto de los trabajadores para evitar la congelación de los salarios medios.

El presidente de CSIF Andalucía insistió también en la necesidad de reforzar los servicios públicos andaluces, lo que pasa inexcusablemente por un refuerzo de personal y por la mejora de las condiciones laborales de las y los profesionales. "En Andalucía hacen falta, como mínimo, casi 25.000 profesionales en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la justicia", señaló Girela.

En el ámbito sanitario, cifró en aproximadamente 18.000 los profesionales que serían necesarios para equiparar Andalucía a la media nacional en número de trabajadores por habitante; no obstante, advirtió de que la solución no pasa únicamente por aumentar las contrataciones. “También hacen falta más recursos materiales, mejores infraestructuras y una política de contratación que aporte estabilidad para atraer y retener profesionales”, explicó.

En educación, estimó que serían necesarios al menos 5.000 profesionales más, especialmente para atender el incremento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, reclamó un refuerzo de personal en la Administración de Justicia de, como mínimo, medio millar de profesionales.

Por último, Girela advirtió de la necesidad de reforzar el diálogo social en Andalucía, que será una de las reivindicaciones del sindicato al nuevo gobierno andaluz. Los servicios públicos no son un privilegio, son un derecho de la ciudadanía. Es necesario fortalecerlos y garantizar que la voz de todos los trabajadores esté representada en los espacios de participación institucional”, afirmó, en referencia al déficit democrático que supone la Ley de Participación Institucional de Andalucía, que deja fuera a CSIF a pesar de ser el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con cada vez más presencia en la empresa privada.

En ese sentido, Girela destacó el crecimiento sostenido de CSIF, que en Andalucía cuenta con más de 86.000 personas afiliadas y cerca de 3.500 delegados/as, así como la independencia del sindicato, financiado exclusivamente mediante las cuotas de la afiliación, que constituye una de sus principales fortalezas. "No dependemos de subvenciones y eso nos permite negociar con total libertad e independiente tanto de las administraciones como con las empresas", señaló Girela.

CSIF exige soluciones reales ante el calor en las aulas andaluzas: “Los protocolos no enfrían los centros, hacen falta más inversión y equipamientos”

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 09 Jun 26 10:15:00 CEST

El sindicato alerta de que buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar las altas temperaturas, que afectan al rendimiento académico y a la salud laboral
Denuncia que, seis años después de su aprobación, la Ley de Bioclimatización sigue guardada en un cajón y reclama una planificación realista y más financiación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha exigido a la Junta de Andalucía soluciones reales ante el calor en las aulas por las altas temperaturas propias de estas fechas en la comunidad. Así, el sindicato ha vuelto a denunciar una realidad que se repite curso tras curso: buena parte de los centros educativos públicos no están preparados para afrontar episodios de calor cada vez más tempranos, intensos y prolongados.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha recordado que esta situación afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado y del resto de profesionales que desarrollan su trabajo en los centros educativos, así como al bienestar, la salud y el aprendizaje del alumnado.

Aunque la Administración andaluza dispone de protocolos e instrucciones para actuar ante olas de calor o altas temperaturas, CSIF considera que estas herramientas no pueden convertirse en la principal respuesta frente a un problema de carácter estructural. “No basta con pedir a los centros que adapten horarios, reorganicen actividades o busquen espacios más frescos. Los equipos directivos y el profesorado no pueden asumir en solitario la gestión de una situación que requiere inversiones, planificación e infraestructuras adecuadas”, ha señalado la presidente de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

La Central Sindical ha insistido en que el calor en las aulas ha dejado de ser una circunstancia excepcional limitada a los últimos días de junio o a comienzos de septiembre. Los efectos del cambio climático están provocando que las altas temperaturas se adelanten cada vez más y coincidan con períodos lectivos ordinarios.

García ha advertido de que las consecuencias van mucho más allá de la incomodidad y que las altas temperaturas repercuten en la concentración, el rendimiento académico, la salud laboral y la atención al alumnado más vulnerable. En este sentido, ha recordado que la normativa actual sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo establece que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud y fija una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados centígrados para los trabajos sedentarios.

Asimismo, CSIF ha lamentado que, seis años después de la aprobación de la Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, no se haya puesto ni la primera piedra sobre la misma. “Las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes y desiguales, tan solo un 11 % de los centros andaluces cuenta con sistemas de bioclimatización”, ha señalado García. La Central Sindical considera imprescindible acelerar las actuaciones pendientes y dotar a los más de 4.000 centros educativos públicos de la comunidad de soluciones permanentes que permitan garantizar unas condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

Ante posibles episodios de altas temperaturas en los próximos días, CSIF reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice la correcta aplicación de las Instrucciones de 5 de mayo de 2023 y del Protocolo General de Actuación ante Olas de Calor y Altas Temperaturas Excepcionales, facilitando a los centros todos los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, el sindicato exige planificación, financiación suficiente y ágil ejecución que permita resolver definitivamente una problemática que afecta cada año a alumnado, docentes y trabajadores de la enseñanza pública andaluza.

“Los protocolos son necesarios para gestionar situaciones puntuales, pero no pueden sustituir las inversiones que requieren nuestros centros educativos. El calor en las aulas no es una anécdota, sino un problema educativo, laboral y de salud pública que exige respuestas inmediatas y soluciones definitivas”, ha concluido García.

CSIF-A reclama mejorar la petición de destinos por comarcas para favorecer la conciliación del profesorado interino

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 10 Jun 26 13:06:00 CEST

El sindicato defiende que una gestión eficaz de este procedimiento puede ser compatible con una mejor atención a la realidad personal, familiar y laboral de los docentes
Destaca también la incorporación de nuevas titulaciones a las bolsas docentes, una medida propuesta por la organización con impacto directo en el empleo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una modificación del actual procedimiento de petición de destinos docentes, conocido como colocación de efectivos, que permita al profesorado interino y aspirante a interinidad solicitarlos por comarcas, zonas educativas o distritos.

CSIF Educación Andalucía ha trasladado esta propuesta a la Administración educativa con el objetivo de avanzar hacia un procedimiento que presenta un claro margen de mejora y debe adaptarse mejor a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado que forma parte de las bolsas.

En la actualidad, el personal interino debe solicitar obligatoriamente un mínimo de dos provincias completas para la adjudicación de vacantes y, al menos, una provincia para sustituciones; sin embargo, no contempla fórmulas más flexibles basadas en ámbitos territoriales más reducidos, como comarcas, zonas educativas o distritos. Esto permitiría avanzar hacia un procedimiento más racional, equilibrado y moderno, al igual que permitiría conjugar la necesaria eficacia en la gestión administrativa con una mejor atención a la realidad personal, familiar y profesional del profesorado interino.

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha incidido en que “no se trata de dificultar la gestión de destinos, sino de mejorarla. La Administración educativa debe abrir un espacio de diálogo para analizar esta manera específica y estudiar propuestas técnicas que permitan humanizar el procedimiento sin poner en riesgo la cobertura de necesidades del sistema educativo público”. Esta posición ha sido defendida por CSIF en la Mesa Sectorial de Educación como primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza; asimismo, la organización ha solicitado formalmente una reunión con la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para abordar esta problemática y estudiar posibles modificaciones.

La Central Sindical considera que esta mejora permitiría modernizar la colocación de efectivos y alinearla con modelos ya existentes en otros ámbitos de la administración pública, avanzando hacia un procedimiento más equilibrado, eficaz y respetuoso con las necesidades reales del personal interino; asimismo, CSIF Educación Andalucía reitera su compromiso con la defensa del profesorado interino y seguirá trabajando para que la colocación de efectivos sea un procedimiento más justo, más eficaz y más compatible con la conciliación de la vida personal familiar y laboral.

Ampliación de titulaciones en las bolsas de trabajo docentes

Por otro lado, CSIF ha planteado en Mesa Sectorial otra medida con impacto directo en el empleo como es la ampliación de las titulaciones que permiten acceder a las bolsas de trabajo docentes. En concreto, la organización ha propuesto la incorporación de 86 titulaciones en 40 especialidades de distintos cuerpos docentes que hasta la fecha no estaban contempladas

Entre las titulaciones incluidas a propuesta de CSIF destacan Periodismo, Derecho, Veterinaria, Óptica y Optometría, Bellas Artes y distintas ingenierías -como Agrónoma, Naval o Electrónica, entre otras-, lo que abre nuevas oportunidades laborales a graduados y licenciados de estos ámbitos universitarios.

Para CSIF, esta ampliación no solo favorece el acceso al empleo docente, sino que también permite aprovechar perfiles cualificados que pueden contribuir a impartir enseñanzas con la calidad necesaria.

CSIF pide a Función Pública fondos para mejorar las condiciones laborales y retributivas en los PGE para 2027

juan-pedro.fernandez.riau — Fri, 12 Jun 26 10:16:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El pasado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden HAC/557/2026, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

En este sentido CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades:

El desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025.
Fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones.
Desarrollo de la carrera profesional.
La adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas.
Refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo. En relación a este punto, también hemos pedido que se constituya y convoque el Grupo de Trabajo sobre Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, previsto en el desarrollo del Acuerdo Marco.

Por último, CSIF reclama al Ministerio que convoque la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad.

CSIF reclama que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se haga “con todas las garantías y sin sobrecargar a las plantillas”

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 15 Jun 26 11:40:00 CEST

El sindicato valora la modernización que supone esta medida, que entrará en vigor el 16 de junio, pero exige un refuerzo de medios y reducción de la incertidumbre entre las personas beneficiarias

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado que la implantación de la receta electrónica de MUFACE en Andalucía se realice con todas las garantías para las personas mutualistas y sin que suponga una sobrecarga añadida para las plantillas que sostienen el servicio.

La receta electrónica, cuyo proceso de desarrollo se inició en 2020, estará disponible para todas las personas mutualistas acogidas a la sanidad concertada desde este 16 de junio, lo que para CSIF “es un paso en la buena dirección para consolidar y hacer perdurable MUFACE; no obstante, la modernización del sistema debe reforzar el modelo, no tensionarlo aún más”.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que “todo lo que suponga afianzar MUFACE y fortalecer el mutualismo administrativo contará con el apoyo de CSIF, pero la digitalización no puede hacerse a costa del servicio al mutualista ni de la salud laboral de los trabajadores”. En ese sentido, ha advertido de que sin el respaldo económico necesario, sin refuerzo de plantillas y sin una actualización real de los medios tecnológicos, la modernización será insuficiente para garantizar la calidad del modelo.

La implantación de la receta electrónica afectará a los mutualistas que reciben asistencia sanitaria a través de entidades privadas concertadas en las ocho provincias, que en Andalucía asciende aproximadamente a 250.000 personas, teniendo en cuenta que aproximadamente el 62 % de los mutualistas mantiene esta fórmula de atención sanitaria.

La Central Sindical ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas ante posibles dudas. Esta medida no será obligatoria de manera inmediata, sino que inicialmente convivirá con el tradicional talonario en papel.

El sindicato, sin embargo, ha aclarado que sitúa como línea roja la garantía absoluta de la continuidad asistencial. La edad media del colectivo mutualista en Andalucía es de 61 años, lo que evidencia una brecha digital que la Administración no puede ignorar. Para CSIF, “la implantación del nuevo sistema debe ir acompañada de campañas de información claras, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de una población envejecida y debe evitar demoras, desatención o situaciones de confusión en las farmacias”.

Girela ha subrayado que “el objetivo prioritario de la Administración debe ser no generar incertidumbre entre los mutualistas. No se puede generar inseguridad en un colectivo que necesita estabilidad y garantías en su atención sanitaria”.

Al mismo tiempo, CSIF ha denunciado la situación de vulnerabilidad que atraviesan las plantillas de los servicios provinciales de MUFACE, que son quienes asumen la gestión diaria del modelo y la atención directa a los mutualistas. El sindicato ha advertido de que “estas empleadas y empleados públicos soportan una presión psicológica constante derivada de las deficiencias estructurales del sistema y de los recortes en los conciertos sanitarios, teniendo que dar respuesta a las quejas ciudadanas sin ser responsables de las decisiones políticas”. Casos como los problemas de coordinación entre la Junta de Andalucía y las entidades concertadas en la vacunación internacional de mutualistas evidencian cómo, finalmente, son los trabajadores quienes deben buscar soluciones a situaciones complejas.

Además, la organización considera incoherente impulsar una transición digital de gran alcance mientras el personal trabaja con equipos informáticos obsoletos, aplicaciones que sufren caídas recurrentes y una evidente carencia de herramientas tecnológicas actualizadas. A ello se suman unas condiciones retributivas claramente insuficientes. “Los cuerpos administrativos de MUFACE presentan una de las mayores brechas salariales dentro de la Administración General del Estado, con complementos específicos que no compensan la carga de trabajo ni la responsabilidad inherente a sus puestos”, ha explicado Girela; asimismo la mutualidad carece de un sistema de productividad justo y motivador que reconozca el esfuerzo adicional que supone afrontar nuevos retos como la implantación de la receta electrónica.

Por todo ello, CSIF ha exigido la actualización inmediata de las plantillas, la renovación integral de los medios informáticos y una revisión al alza de los complementos salariales y de los sistemas de productividad.

“El éxito de la receta electrónica no dependerá solo de la tecnología, sino de los recursos humanos y materiales que la respalden. Si se hace bien, será un avance; si se improvisa, generará más problemas de los que pretende resolver. Y ahí estará CSIF para defender un modelo en el que creemos, tal y como nuestra organización demostró una vez más a finales de 2024 cuando peligraba la renovación del concierto sanitario y se puso en jaque la calidad asistencial”, ha concluido Girela.

CSIF-A critica el “volantazo” del Gobierno en el Estatuto Marco y exige la reclasificación inmediata de los técnicos medios y superiores

jesus.arrayas.monterrubio — Mon, 15 Jun 26 13:02:00 CEST

El sindicato denuncia deslealtad en la negociación por parte del Ejecutivo Central al modificar, de manera unilateral, el borrador que se ha enviado a trámite parlamentario
Anuncia movilizaciones contra una decisión que seguiría manteniendo un grave perjuicio económico sobre miles de profesionales claves en el día a día de la sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha denunciado el “volantazo” dado por el Gobierno Central en la negociación del futuro Estatuto Marco, al enviar a Consejo de Gobierno y posterior trámite parlamentario un documento diferente al que meses atrás se pactó entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

“Se trata de una deslealtad a la negociación y una traición a miles de profesionales que no vamos a tolerar”, ha señalado Victorino Girela, presidente de CSIF Sanidad Andalucía, en alusión, entre otros asuntos, a la falta de financiación para la reclasificación de los profesionales, lo que deja en agua de borrajas el compromiso que el Gobierno Central había adquirido con los representantes de los y las profesionales de la sanidad.

Por ello, la Central Sindical ha anunciado “cuantas movilizaciones y acciones sean necesarias para hacer ver al Gobierno este gravísimo error”. El objetivo de dichas protestas no será otro que visibilizar la “traición” del Gobierno a los profesionales. “Por mucho que la reclasificación aparezca en el borrador del Estatuto Marco, si en esta fase ha sido capaz de modificar el texto, excluyendo todo lo referente a jubilación, intuimos que la negociación posterior de las retribuciones que deben acompañar a esta clasificación va a llevar al mismo camino, es una tomadura de pelo”, ha explicado Girela, subrayando que “pensar que esa supuesta subida de nivel para los profesionales es suficiente sin que vaya aparejada de un reconocimiento económico es, simple y llanamente, una estafa”.

En este sentido, el dirigente sindical ha lamentado “este paso en falso del Gobierno”, que, además, “es especialmente lesivo para algunos grupos profesionales, como los técnicos superiores y los técnicos medios, además de no adaptar las retribuciones a la especial exigencia de responsabilidad y formación post-Bolonia que se da en los profesionales de la sanidad”. No en vano, los técnicos medios y superiores sanitarios llevan siendo injustamente tratados desde el año 2007, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público reguló en su artículo 76 la nueva clasificación de los grupos profesionales. A pesar de que desde entonces la Administración ha venido dando largas a su subida de nivel, sí exige la titulación para poder acceder a la categoría profesional, aunque no la reconozca a efectos retributivos. “Es una injusticia enorme y, por ello, el paso de los técnicos superiores al grupo B y de los técnicos medios al grupo C1 de retribuciones es una más que necesaria reivindicación por la que CSIF va a seguir peleando cuando y donde sea como hasta ahora”, ha explicado Girela.

Asimismo, CSIF ha recordado que lleva años implicado en varios frentes con el objetivo de conseguir esta reclasificación. Los mismos incluyen la Mesa General de Función Pública, la Mesa del Ámbito de Sanidad, la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y diferentes acciones ante el Ministerio de Sanidad y también en el ámbito europeo. En concreto, ya en 2019 se llevaron a cabo las primeras reuniones con grupos parlamentarios para solicitar apoyo a la aplicación definitiva del artículo 76 del TREBEP para los técnicos superiores y técnicos medios.

A partir de ese momento, el sindicato ha trabajado con compromiso y determinación en la búsqueda de este objetivo tan necesario. La reclamación del grado universitario para los técnicos superiores sanitarios (posteriormente apoyada por el Congreso de los Diputados) y la defensa ante la Unión Europea del derecho de estos a que su título sea reconocido a nivel comunitario (solicitud admitida por Bruselas en 2024) también forman parte de la hoja de ruta de CSIF, así como la petición al Ministerio de Sanidad de la activación de grupos de trabajo destinados a actualizar las funciones de las y los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

De igual manera, el sindicato ha hecho aportaciones durante la reforma de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, pidiendo reconocer de forma efectiva a los técnicos superiores sanitarios y técnicos medios sanitarios como profesión sanitaria de pleno derecho por su papel esencial en procesos diagnósticos, terapéuticos y de cuidados. CSIF también ha llevado a cabo varias movilizaciones ante el Ministerio de Sanidad y diferentes reclamaciones por vía judicial.

“Así lleva siendo casi dos décadas, sea el Gobierno del color que sea, y ahora el actual ha vuelto a decepcionar a los trabajadores, motivo por el que el sindicato volverá a salir a la calle en los próximos meses y ahí seguirá hasta conseguir paliar esta deuda histórica con varios colectivos fundamentales para el correcto funcionamiento de la sanidad pública”, ha concluido Girela.

CSIF denuncia una nueva caída de @driano que vuelve a colapsar la actividad judicial en Andalucía

jesus.arrayas.monterrubio — Tue, 16 Jun 26 16:04:00 CEST

El sindicato exige soluciones definitivas a las continuas incidencias del sistema y reclama más inversión en infraestructuras tecnológicas para la Administración de Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado una nueva caída generalizada del sistema @driano, que desde ayer está provocando graves incidencias en juzgados y tribunales de toda Andalucía y, en consecuencia, afecta al normal funcionamiento del servicio público de Justicia.

La organización sindical ha alertado de que dicha incidencia está impidiendo el normal acceso a procedimiento y expedientes judiciales, lo que dificulta la práctica de diligencias y está provocando la paralización o suspensión de juicios o comparecencias. Asimismo, la situación está generando importantes problemas en los servicios de guardia, que afecta incluso a actuaciones urgentes relacionadas con personas detenidas.

CSIF también ha destacado que, una vez más, son los funcionarios y funcionarias de Justicia quienes, gracias a su profesionalidad y compromiso, están evitando la paralización total de la actividad judicial mediante el uso de medios alternativos procedimientos provisionales para garantizar la atención a la ciudadanía.

Para el sindicato, resulta inaceptable que estas incidencias se repitan de forma constante mientras la Administración continúa presentando una supuesta “justicia digital”, que sigue evidenciando graves carencias en materia de estabilidad, fiabilidad y recursos tecnológicos. Ante esta situación, CSIF ha exigido a la Junta de Andalucía la adopción inmediata de medias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema @driano, así como inversiones reales en infraestructuras tecnológicas y en la dotación de equipos informáticos adecuados para los órganos judiciales. Del mismo modo, ha reclamado transparencia sobre las causas de esta nueva incidencia y sobre las actuaciones previstas para evitar que vuelva a repetirse.

La Junta de Andalucía reconoce que vulneró el derecho a la huelga de la plantilla de Cetursa tras la denuncia de CSIF

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 09:50:00 CEST

La empresa pública admite en sede judicial que las contrataciones realizadas durante las movilizaciones de 2025 lesionaron derechos fundamentales de las personas trabajadoras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha conseguido que la Junta de Andalucía reconozca la vulneración del derecho fundamental de huelga y de libertad sindical de la plantilla de Cetursa, empresa pública encargada de la gestión de la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), durante las movilizaciones llevadas a cabo a principios de 2025.

El reconocimiento se produjo este lunes en sede judicial, donde las partes alcanzaron un acuerdo por el que la Administración admite que las contrataciones realizadas para cubrir al personal que decidiese secundar los paros convocados por las organizaciones sindicales supusieron una vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras que ejercían legítimamente su derecho a la huelga.

Para CSIF, esta práctica supone un hecho de extrema gravedad y la constatación de unas prácticas que denunció públicamente desde el primer momento. La Central Sindical interpuso una demanda en marzo de 2025 por vulneración de derechos especialmente protegidos en la Constitución por parte de Cetursa con el objetivo de minimizar el efecto de unas protestas en el marco del conflicto laboral existente en la empresa por el incumplimiento de compromisos adquiridos con la plantilla.

El sindicato ha subrayado que el ejercicio del derecho a la huelga constituye una garantía esencial en cualquier sistema democrático y, por tanto, es “intolerable” que una empresa dependiente de la Junta de Andalucía “necesite llegar a un juicio para reconocer que lo vulneró”, así como que “este acuerdo debe servir para evitar que vuelvan a producirse actuaciones similares en el futuro pues el respeto a los derechos vulnerados es una obligación ineludible para cualquier empleador y, con mayor motivo, para una empresa pública”.

Por último, CSIF ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de Cetursa y continuará ejerciendo cuantas acciones sindicales y jurídicas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad laboral.

CSIF se moviliza en la Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos de mejoras laborales: refuerzo de personal, teletrabajo, 35 horas, movilidad o carrera profesional

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 17 Jun 26 13:33:00 CEST

Una plantilla envejecida e insuficiente, el aumento de la carga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales afectan al servicio a la ciudadanía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado en Sevilla por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social y la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del Estado de Bienestar.

La movilización, convocada por CSIF, UGT, CCOO y CIG en diferentes puntos de la geografía nacional, ha congregado aproximadamente a 300 trabajadores y trabajadoras a las puertas de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Las organizaciones sindicales han denunciado el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales o la promoción profesional. Además, las productividades no se han actualizado como en el resto de los organismos de la Administración General del Estado, por lo que la Seguridad Social no es atractiva para atraer y retener el talento.

La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos. De una plantilla en Andalucía compuesta por unas 7.200 personas, un 10 % permanece vacante; además, la plantilla está cada vez más envejecida y el 50 % estará en edad de jubilación en cinco años.

De esta manera, la plantilla tiene cada vez más dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía en los trámites que realiza con la Seguridad Social. Esta realidad se aprecia en la atención al público, con oficinas con una grave falta de personal y esperas de hasta un mes y medio para conseguir cita; asimismo, en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el plazo medio de resolución es de un año.

El origen de estas protestas es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las organizaciones han denunciado, además, el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, así como la adaptación de horarios a la jornada laboral de 35 horas semanales.

CSIF y el resto de las organizaciones sindicales convocantes mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado de Bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse. Defender las condiciones de trabajo es defender una mejor Seguridad Social para toda la ciudadanía.

CSIF consigue que todos los días de la semana sean teletrabajables en la Administración General de la Junta de Andalucía y no se menoscabe el derecho por el disfrute de permisos, vacaciones, licencias y festivos

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:20:00 CEST

Administración General de la Junta de Andalucía

Resolución por la que se establecen criterios homogéneos para el teletrabajo en la AGJA previa al decreto

CSIF consigue que la Administración apruebe una resolución de aplicación inmediata y con criterios unificados hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto.

CSIF Andalucía ha presionado para que la Junta de Andalucía apruebe la nueva resolución de homogeneización del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía, una medida que da cumplimiento al pacto suscrito con la Administración el pasado mes de abril.

Esta resolución hará disponer de un marco común, más estable y con mayores garantías hasta la entrada en vigor del futuro decreto, permitiendo que todos los días de la semana sean potencialmente teletrabajables y que no se menoscaben los días de teletrabajo porque en la semana se disfruten permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria.

Fruto del trabajo y las propuestas defendidas por CSIF, la resolución incorpora importantes avances para el personal empleado público. La nueva regulación provisional pone fin a la disparidad de criterios existente entre distintos centros directivos y establece reglas homogéneas para toda la Administración General de la Junta de Andalucía.

Principales mejoras conseguidas

Todos los días hábiles de la semana serán teletrabajables.
El disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria autorizadas no podrá menoscabar la prestación de la jornada de trabajo mediante la modalidad de teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación de los servicios públicos.
Se establece el silencio administrativo positivo: Las solicitudes se entenderán estimadas si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses.
Las causas de denegación quedan tasadas y reguladas, lo que aportará mayor seguridad jurídica y evitará interpretaciones arbitrarias.
Se refuerzan las garantías frente a la revocación de las autorizaciones, incorporando trámite de audiencia y preaviso suficiente antes de adoptar decisiones que afecten a la persona trabajadora.
El personal de atención a la ciudadanía por medios telemáticos podrá acceder al teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación del servicio.
El personal directivo y de coordinación de equipos podrá acogerse al teletrabajo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
Se flexibiliza el requisito de antigüedad, facilitando que más empleados y empleadas públicas puedan solicitar esta modalidad.
Se prohíben expresamente mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre las personas teletrabajadoras.
La tramitación de las solicitudes será obligatoriamente electrónica, lo que agilizará y unificará el procedimiento en toda la Junta de Andalucía.
Se incrementa la seguridad jurídica y la flexibilidad en relación con el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo.

¿Qué ocurre con las autorizaciones ya concedidas?

Las autorizaciones de teletrabajo actualmente vigentes mantendrán plenamente su validez y seguirán rigiéndose por las condiciones con las que fueron concedidas.

Por tanto, no será necesario repetir trámites ni rehacer la documentación o planificación ya aprobadas.

Por el contrario, las nuevas solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de la resolución deberán ajustarse a los nuevos criterios organizativos, funcionales y procedimentales establecidos en la misma.

CSIF seguirá exigiendo más avances

Para CSIF, la aprobación de esta resolución supone un paso importante hacia la consolidación de un modelo de teletrabajo más transparente, garantista y homogéneo para todo el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

No obstante, el sindicato continuará trabajando para que la Administración cumpla el compromiso adquirido de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

CSIF seguirá defendiendo la implantación efectiva de dos días semanales de teletrabajo, una reivindicación histórica orientada a mejorar la conciliación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

CSIF propone al Congreso un copago farmacéutico común para Seguridad Social y mutualistas: 30 por ciento general y gratuidad para pensionistas

juan-pedro.fernandez.riau — Mon, 22 Jun 26 11:37:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un copago farmacéutico común, con independencia de que se pertenezca al Régimen General de la Seguridad Social o al Mutualismo Administrativo, así como de quienes padecen enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración: un 30 por ciento general y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.

Así lo recoge una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, procedente del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo y cuyo plazo de enmiendas concluye, previsiblemente, el próximo día 24.

En concreto, la propuesta de CSIF plantea la exención de cualquier aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas y sus beneficiarios, así como para las personas con enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, recuperando la situación previa al Real Decreto de 2012, cuando se establecieron nuevos tramos de copago en función de la renta, entre las medidas para reducir el déficit público.

En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.

La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.

La propuesta de CSIF, por tanto, pretende unificar el copago farmacéutico dado que mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas. Igualmente, para CSIF, no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor.

28 de junio de 2026, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ “RESPETO, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS EN EL TRABAJO”

maria-dolores.gomez.martinez — Mon, 22 Jun 26 10:15:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad de trato, la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, especialmente en el ámbito laboral.

El 28 de junio es una fecha para recordar los avances alcanzados en materia de derechos y libertades, pero también para seguir trabajando con el fin de que ninguna persona vea limitada su carrera profesional, sus oportunidades de empleo o sus condiciones laborales por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Desde CSIF defendemos que la igualdad debe traducirse en medidas concretas y efectivas en los centros de trabajo, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. El respeto a la diversidad no es únicamente una cuestión de convivencia; es también una garantía de derechos laborales y de igualdad de oportunidades.

El ámbito laboral debe ser un espacio seguro, inclusivo y respetuoso y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de ser referentes como principales empleadoras del país y garantes del servicio público. El Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público, que alcanzó CSIF con Función Pública en noviembre de 2025, incluyó el compromiso de impulsar políticas para garantizar la no discriminación, entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos con medidas para prevenir y eliminar cualquier discriminación, favorecer la promoción y carrera profesional, sensibilización de la plantilla, el fomento de lenguaje inclusivo y la implantación de un protocolo específico frente el acoso y la violencia.

A lo largo del año, los asuntos que más controversia han generado han sido el aumento de agresiones y delitos de odio, la polarización política y su traslado a las instituciones, la aplicación de la Ley Trans, así como la inclusión laboral y los planes LGTBI+ en el ámbito laboral. Según datos de la FELGTB, las agresiones a la población LGTBI+ se duplicaron en un año, con 812.000 personas agredidas en el último año (2025). Además, un informe de la misma federación señala que solo el 23 por ciento de las personas LGTBI+ viven de manera abierta su orientación sexual o identidad de género en su trabajo.

Por ello, reclamamos:

1. La aplicación efectiva de las medidas previstas en la normativa vigente Impulsando la implantación de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en empresas y administraciones públicas.

2. Protocolos eficaces frente al acoso y la discriminación Garantizando procedimientos ágiles, confidenciales y seguros para prevenir, detectar y actuar frente a cualquier conducta discriminatoria o situación de acoso.

3. Igualdad de oportunidades en el acceso, promoción y desarrollo profesional Estableciendo medidas que erradiquen estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBIQ+ y eviten la discriminación directa o indirecta en procesos de promoción profesional, garantizando así la carrera profesional en igualdad de condiciones.

4. Formación y sensibilización Promoviendo acciones formativas y de sensibilización para fomentar entornos laborales respetuosos e inclusivos.

5. Garantía de derechos

6. Negociación colectiva comprometida con la igualdad Asegurando a las personas LGTBIQ+ el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género. Incorporando cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en convenios colectivos, planes de igualdad, protocolos de acoso y demás instrumentos de negociación.

7. Evaluación y mejora continua de los entornos laborales Impulsar la creación de mecanismos de evaluación periódica que permitan medir el grado de inclusión, respeto y seguridad de las personas LGTBIQ+ en las administraciones públicas, mediante encuestas de clima laboral, indicadores objetivos y planes de mejora que conviertan a las administraciones en referentes de igualdad y diversidad para el conjunto del mercado laboral.

Como organización sindical, seguiremos trabajando para que el respeto, la igualdad y la dignidad formen parte de la realidad cotidiana en los centros de trabajo. Porque una sociedad más justa también se construye desde el empleo.

Todo por todos y todas. Todo por la igualdad.

CSIF rechaza la falta de transparencia y de financiación estable para la atención educativa en zonas vulnerables y alerta de los riesgos para la movilidad del profesorado andaluz

jesus.arrayas.monterrubio — Wed, 24 Jun 26 12:06:00 CEST

El sindicato señala que el nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social mantiene importantes incertidumbres sobre su aplicación y reclama más recursos que sean consolidables
Critica que la Consejería introdujera medidas de última hora sin consenso y con imposiciones a pesar de las posibles consecuencias para las plantillas docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, ha mostrado su preocupación tras la publicación del Decreto por el que se regula la atención educativa en centros sostenidos con fondos públicos ubicados en zonas con necesidades de transformación social (ZNTS) al considerar que el texto definitivo confirma buena parte de las advertencias que la organización planteó durante su tramitación.

El sindicato ha señalado que el decreto publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “mantiene importantes sombras relacionadas con la transparencia en la aplicación de determinados criterios y con la estabilidad de la financiación prevista”, al tiempo que ha alertado de “las posibles consecuencias para los derechos y la movilidad del profesorado”.

“La atención educativa al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad es una prioridad que CSIF siempre ha defendido y por la que nos hemos movilizado, pero precisamente por la importancia de la cuestión no podemos conformarnos con anuncios y titulares. Las medidas deben ir acompañadas de garantías de financiación suficiente y de absoluta transparencia en su aplicación”, ha explicado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En materia económica, CSIF ha resaltado que la propia norma condiciona buena parte de las actuaciones a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio y otra parte relevante de la financiación anunciada se vincula a fondos europeos. “Las políticas destinadas a compensar desigualdades educativas no pueden depender de recursos coyunturales. Hablamos de una necesidad estructural que requiere un compromiso presupuestario sólido y permanente. Por eso CSIF reclama una financiación estable, propia y plurianual por parte de la Junta de Andalucía”, ha afirmado García.

Otro de los aspectos rechazados por la Central Sindical es la incorporación de un criterio relacionado con la permanencia efectiva del profesorado inferior al 30 % para determinar qué centros podrán ser considerados de especial dificultad. “La Administración no ha explicado de forma suficiente como se aplicará ese criterio, qué datos se tendrán en cuenta ni cuántos centros podrían verse afectados, lo que genera serias dudas sobre la objetividad del procedimiento. La transparencia exige que los criterios sean claros, públicos y verificables”, ha denunciado García.

Del mismo modo, el sindicato ha mostrado su desacuerdo con la posibilidad de cubrir determinados puestos directivos mediante comisiones de servicio en estos centros. Esta medida puede reducir vacantes disponibles para otros procedimientos de provisión, limitar las opciones de movilidad del profesorado e introducir elementos de discrecionalidad que no contribuyen a la estabilidad de las plantillas.

En este sentido, García ha exigido implementar mejoras para los equipos directivos que precisan de más recursos personales, mejora de sus condicionales laborales, reconocimiento profesional y no inventos administrativos de escasa efectividad, pero con efectos muy negativos sobre la oferta de vacantes y derechos el profesorado. “Fortalecer la dirección de los centros pasa por contar con más recursos, más apoyo y mejores condiciones laborales, y no por optar por fórmulas que puedan reducir vacantes o generar incertidumbre”, ha explicado la dirigente sindical.

Por otro lado, ha aclarado que el mantenimiento de los 414 cupos vinculados a compensatoria y difícil desempeño no responde a una concesión de la Administración, sino que es fruto de la presión de CSIF desde un principio frente a un modelo que, en sus primeras versiones, eliminaba los recursos existentes y suprimía al profesorado afectado.

CSIF ha reiterado su compromiso con la mejora de la atención educativa en las zonas con necesidades de transformación social y ha subrayado que esto solo será posible con recursos suficientes y estables, una gestión transparente y el respeto a los derechos del profesorado. “El alumnado vulnerable merece una respuesta seria y el profesorado precisa de respecto a sus derechos y una negociación real de las medidas que afectan a su labor profesional”, ha concluido García.

CSIF denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos en organismos públicos y empresas, en plena ola de calor

juan-pedro.fernandez.riau — Tue, 23 Jun 26 13:46:00 CEST

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado denuncia problemas de climatización y ausencia de protocolos frente al estrés térmico por calor, en empresas y organismos públicos (oficinas, juzgados, centros sanitarios, entre otros).

Ante las altas temperaturas que ya se están registrando en gran parte del país y las previsiones de nuevas olas de calor durante las próximas semanas, CSIF activa sus delegados sindicales para la vigilancia y control del riesgo, inspección de centros, exigencia de medidas preventivas, denuncias, inspección y atención de quejas.

Y es que, pese a la obligación legal existente desde 2023, todavía son numerosas las empresas y organismos públicos que no disponen de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, o que estos no se aplican de manera efectiva. Esta situación supone un grave incumplimiento de la normativa preventiva y pone en riesgo la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos con elevada carga térmica.

Además, el sindicato reclama que se haga efectiva de una vez la aplicación del denominado permiso climático al personal funcionario, una medida que continúa pendiente de desarrollo y aplicación en numerosas administraciones, generando una evidente desigualdad en la protección de los empleados públicos frente a situaciones de riesgo derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

CSIF considera imprescindible que las organizaciones adopten medidas reales y efectivas de adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo la reorganización de horarios, la limitación o suspensión de tareas en los momentos de mayor exposición, el incremento de pausas de recuperación, la disponibilidad permanente de agua potable, zonas de sombra o descanso, equipos de protección adecuados y sistemas de vigilancia de la salud específicos para los colectivos más vulnerables.

La preocupación del sindicato está plenamente justificada por los graves efectos que el calor extremo puede provocar sobre la salud. La exposición prolongada a altas temperaturas puede causar deshidratación, agotamiento por calor, síncopes, golpes de calor, agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, daños renales e incluso la muerte en los casos más graves.

Además, la exposición a radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales riesgos emergentes en el ámbito laboral que pueden provocar sin las medidas adecuadas cáncer de piel lo que se debería considerar como enfermedad profesional. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se registraron en España 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en la población general, un 87,6% más que en 2024. Además, los episodios de calor extremo crecieron un 73% respecto al año anterior.

En nuestro país, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Supera el 20% de quienes refieren este problema en el conjunto de la UE, tal y como recoge el informe OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras, frente al 12% de la europea.

Los datos de siniestralidad laboral evidencian que el estrés térmico constituye un riesgo laboral real y creciente. Según el INSST advierte que los accidentes laborales aumentan un 17,4 % durante las olas de calor. Estos sucesos ponen de manifiesto que las altas temperaturas no son una mera incomodidad, sino un factor de riesgo que puede tener consecuencias fatales cuando no se adoptan medidas preventivas adecuadas.

Por ello, CSIF pone en marcha la campaña “Bajo el Sol los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico por calor, medidas reales”, con el objetivo de sensibilizar a trabajadores, empresas y administraciones sobre la importancia de prevenir los riesgos derivados de las altas temperaturas y exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Oposiciones Justicia: Publicada en el BOE la convocatoria de cuerpos generales de la OEP 2023

admin — Thu, 01 Feb 24 07:15:00 CET

CSIF JUSTICIA INFORMA publicada en el BOE la Orden PJC/64/2024, de 25 de enero, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, mediante oposición, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos deberán cumplimentar y presentar electrónicamente el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790), que estará disponible en el servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/ips.html), de acuerdo con las instrucciones que se indican. Las Comunidades Autónomas que oferten plazas podrán crear un enlace desde sus respectivas páginas web a este formulario.

No obstante, si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas, impidiendo con ello la presentación electrónica de la solicitud y su pago por medios electrónicos, el órgano convocante podrá acordar de manera extraordinaria la ampliación del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de inscripción, los participantes deberán dirigirse al teléfono 060 o rellenar el formulario de consultas/incidencias disponible en la siguiente dirección https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/IPS».

La presentación de la solicitud electrónica se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»

Sistema oposición. Nota mínima: 50%

Las personas aspirantes sólo podrán participar por un único ámbito territorial y, en caso de superar el proceso selectivo, obtendrán necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. Las plazas que queden desiertas en un ámbito territorial no se podrán acumular a otro distinto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio previa valoración de las circunstancias concretas en las que se esté desarrollando el proceso selectivo, atendiendo al número de plazas que puedan haber quedado sin cubrir en alguno o algunos de los territorios en los que se convocan plazas, acordará la realización de una prueba selectiva adicional, a la que solo podrán presentarse quienes habiéndose presentado al último de los ejercicios hubieran obtenido una nota igual o superior al cincuenta por ciento de posible y, no hubiesen superado el proceso selectivo. La prueba selectiva adicional consistirá en un ejercicio tipo test, con 50 preguntas, de carácter teórico.

Plazas objeto de convocatoria

I. a) Gestión procesal y Administrativa
	Cupo general	Cupo personas con discapacidad	Total
Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2023.	268	20	288
Total	288	20	288

I. b) Tramitación Procesal y Administrativa
	Cupo general	Cupo personas con discapacidad	Total
Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2023	378	28	406
Total	378	28	406

I. c) Auxilio Judicial
	Cupo general	Cupo personas con discapacidad	Total
Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2023	332	26	358
Total	332	26	358

ANEXO II

Distribución territorial de las plazas

II. a) Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito territorial	Sistema general	Reserva personas con discapacidad	Total
Andalucía.	33	2	35
Aragón.	11	1	12
Asturias.	7	1	8
Canarias.	19	1	20
Cantabria.	2	1	3
Cataluña.	37	3	40
Comunidad Valenciana.	24	2	26
Galicia.	13	1	14
La Rioja.	5	1	6
Madrid.	44	2	46
Navarra.	8	1	9
País Vasco.	17	1	18
Total CCAA.	220	17	237
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	48	3	51
Total.	268	20	288

II. b) Tramitación Procesal y Administrativa
Ámbito territorial	Cupo general	Reserva personas con discapacidad	Total
Andalucía.	42	3	45
Aragón.	14	1	15
Asturias.	7	1	8
Canarias.	12	1	13
Cantabria.	4	1	5
Cataluña.	68	5	73
Comunidad Valenciana.	23	2	25
Galicia.	21	1	22
La Rioja.	4	1	5
Madrid.	92	5	97
Navarra.	6	1	7
País Vasco.	14	1	15
Total CCAA.	307	23	330
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	71	5	76
Total.	378	28	406

II. c) Auxilio Judicial
Ámbito territorial	Sistema general	Reserva personas con discapacidad	Total
Andalucía.	13	1	14
Aragón.	1	0	1
Asturias.	7	1	8
Canarias.	60	4	64
Cantabria.	10	1	11
Cataluña.	128	9	137
Comunidad Valenciana.	18	1	19
Galicia.	15	1	16
La Rioja.	8	1	9
Madrid.	20	2	22
Navarra.	13	1	14
País Vasco.	7	1	8
Total CCAA.	300	23	323
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	32	3	35
Total.	332	26	358

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA		C1-G3ACCESO LIBRE		29/02/2024		Inscribirse
AUXILIO JUDICIAL	C2-G4ACCESO LIBRE		29/02/2024		Inscribirse
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA	A2-G2ACCESO LIBRE		29/02/2024		Inscribirse

CSIF exigirá a Justicia una propuesta para empezar a negociar el fin del conflicto que afecta a 45.000 funcionarios

admin — Tue, 09 Jan 24 13:59:57 CET

EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, exigirá mañana al Ministerio que presente una propuesta para empezar a negociar el conflicto que afecta a los/as 45.000 funcionarios de esta Administración, que reclaman desde la pasada legislatura una subida salarial, tal y como ha ocurrido con jueces, fiscales y letrados, y una redefinición de las funciones que realizan diariamente.

CSIF valora positivamente la reunión que mantendrá -junto con las demás organizaciones sindicales presentes en el conflicto- mañana con los representantes de este Ministerio, pero reitera que es necesario que Justicia presente una propuesta para lograr a un acuerdo que incluya una subida salarial, una clarificación de las funciones de las/os funcionarios de Justicia, el impacto de las leyes de eficiencia en el trabajo diario y volver a negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

En este sentido, reiteramos nuestra buena disposición para llegar a un acuerdo y tendemos la mano para continuar con el diseño y desarrollo de las medidas necesarias para el proceso de transformación y modernización que requiere nuestra Administración de Justicia. Para ello es necesario contar con la participación real y efectiva de todo el personal de esa Administración y un calendario ágil de negociación.

CSIF está dispuesto a agotar la vía de la negociación, pero advierte de que si este camino no lleva a la solución del conflicto que arrastramos desde la pasada legislatura, no quedará más remedio que retomar las movilizaciones.

El Comité de Huelga del personal de justicia convoca nuevas manifestaciones en Madrid con trabajadores y trabajadoras de toda España para los días 27 de junio y 13 de julio

admin — Mon, 19 Jun 23 07:57:16 CEST

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

La primera de las manifestaciones convocadas en Madrid transcurrirá desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda y la segunda finalizará en el Palacio de la Moncloa.

Junto a estas convocatorias de movilizaciones, los sindicatos del comité de huelga han contactado con todos los partidos políticos para que asuman en la campaña electoral las reivindicaciones que han provocado las huelgas que se está llevando a cabo desde el 17 de abril a la vez que se solicitarán entrevistas con los candidatos y las candidatas del PSOE en las listas provinciales de las elecciones generales para solicitarles que exijan a Pedro Sánchez que su gobierno se siente a negociar una solución a este conflicto.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT anuncian también que en los juzgados y tribunales se exigirá la presencia del Juez o LAJ en aquellas actuaciones procesales en las que la Ley determina que han de realizarse ante ellos, dejándose de practicar estas actuaciones por el resto de personal funcionario, el convocado a la huelga, hasta que dichas funciones no les sean reconocidas profesional y retributivamente como se reclama en este conflicto.

Todas estas medidas de presión vienen motivadas por la reiterada negativa del Ministerio de Justicia a negociar un trato a las condiciones de trabajo de la totalidad del personal empleado público de esta administración igualitario y no discriminatorio respecto al que se ha dispensado a los colectivos de las carreras judicial y fiscal y del cuerpo de Letrados. Exigimos la eliminación del clasismo que impera en la política del personal del Ministerio de Justicia y el reconocimiento de nuestros derechos profesionales y retributivos.

Los trabajadores/as de Justicia deciden por amplia mayoría en asambleas celebradas en toda España mantener la huelga indefinida

admin — Tue, 13 Jun 23 21:49:19 CEST

Prensa y ComunicaciónNotas de prensa y comunicacionesPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaAndalucía Image

Se ha acordado intensificar las medidas de presión contra el Gobierno, que sigue negándose a negociar

El incomprensible y despótico desprecio de los responsables del Ministerio de Justicia por la negociación colectiva y por las reivindicaciones del colectivo ha alcanzado límites que no son tolerables en democracia y que deben ser atajados por el propio presidente del Gobierno.

La absoluta desaparición de la ministra Llop de éste conflicto; expresiones como el “ya saldrán”, referidas al encierro del Comité de Huelga durante cuatro días en la sede del Ministerio de Justicia o que estuviera en Luxemburgo hablando de derechos humanos mientras tenía sin comer a cinco ciudadanos en la sede de su Ministerio; la espantada y bravuconería del Secretario de Estado de la primera y única reunión que ha convocado en siete semanas de huelga, y sus acusaciones acerca de que se mantenía la huelga porque “no se consultaba a la bases”, y que sólo pretendían anular las justas y legítimas reivindicaciones de los trabajadores/as, ha sido contestado en las asambleas celebradas en el día de hoy.

Miles de trabajadores y trabajadoras de Justicia han participado en las asambleas que hoy se han celebrado en la inmensa mayoría de los centros de trabajo y han decidido con su voto mantener la convocatoria de huelga indefinida que se viene desarrollando desde el pasado 22 de mayo e incrementar las movilizaciones que se están realizando desde el 17 de abril. Así, entre otras actuaciones que iremos anunciando, se realizarán las siguientes:

Habrá nueva manifestación en Madrid, en la última semana de este mes y otra en plena campaña electoral.

Actos reivindicativos para hacer visible el conflicto en precampaña y campaña electoral para que se impulse la inmediata recuperación de la negociación.

Intensificar los contactos con los partidos políticos para que defiendan nuestras reivindicaciones exigiendo al gobierno a que retome la negociación y en su caso asuman en la nueva legislatura los posibles acuerdos que pongan fin a la huelga.

Cumplir en los Juzgados y Tribunales la legalidad vigente de forma escrupulosa exigiendo la presencia de Jueces y Letrados en todas las actuaciones procesales en las que la ley así lo exige y denunciar los casos en que se obligue al personal a realizar funciones por encima de las de su competencia.

Para terminar denunciamos nuevamente el clasismo, la discriminación y el comportamiento antisocial del Ministerio de Justicia que está permitiendo el gobierno y su Presidente y exigimos nuevamente la convocatoria inmediata de negociaciones para poner fin a este conflicto.

El Ministerio de Justicia convoca al Comité de huelga para el martes 6 de junio

admin — Thu, 01 Jun 23 21:10:50 CEST

EmpleoCarrera profesionalOtros EmpleoPlantillas-RPTRetribucionesNegociaciones y acuerdosPuesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de JusticiaOtros Cuerpos de JusticiaAndalucía Image

Tras las cartas presentadas al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno, el escrito presentado esta mañana al Ministerio, exigiendo la urgente e inmediata convocatoria para negociación, y el anuncio realizado por el comité en el comunicado emitido esta mañana, en el que informamos del incremento y endurecimiento de las movilizaciones, en el que además anunciábamos una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por los incumplimientos flagrantes de la ley de huelga por parte de los máximos responsables del Ministerio, esta tarde hemos recibido convocatoria para el próximo martes 6 de junio. El texto de la convocatoria es el siguiente:

"Buenas tardes:
Se convoca al comité de huelga a una reunión el próximo martes día 6 de junio a las 12,30 horas en la sede del Ministerio de Justicia, c/ San Bernardo 45, Biblioteca 2, con el siguiente orden del día:
.- Tratar asuntos relacionados con la huelga.
Se ruega confirmen quienes van a asistir para solicitar las autorizaciones de acceso a seguridad.
Muchas gracias y un cordial saludo"

Aunque el orden del día es bastante ambiguo y no deja demasiado margen para esperar algo significativo, desde el comité de huelga confiamos en que el Ministerio deje de actuar de la forma irresponsable en que viene haciéndolo desde hace casi dos meses, y que abandone de una vez su actitud chulesca y de desprecio no sólo a los 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de Cuerpos Generales y Especiales, sino al propio servicio público que ya está colapsado y en un auténtico abismo del que no saldrá en años.

Desde el Comité de Huelga exigimos al Ministerio que venga a la reunión con una propuesta económica que satisfaga las demandas de los miles de trabajadores y trabajadoras que llevan más de mes y medio reclamando el reconocimiento al trabajo que desempeñamos todos los días en los juzgados, tribunales y fiscalías, abandonando con ello la actitud clasista que viene demostrando desde hace meses.

Lograda ya la paralización de la LOEO al haber conseguido retrasar su tramitación, de manera que no ha podido ser aprobada antes de la disolución de las Cortes, es el momento de alcanzar el resto de objetivos planteados en las movilizaciones. Si el Ministerio se niega a asumir nuestras justas reivindicaciones, el conflicto se agravará y las movilizaciones, tal como anunciamos esta mañana, se intensificarán.

¡¡ESTA HUELGA LA VAMOS A GANAR!!

Sobre el anuncio de elecciones generales y la huelga en Justicia

admin — Mon, 29 May 23 18:53:24 CEST

Conocido por este comité de huelga el anuncio del Presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, el Comité de huelga quiere dejar constancia de lo siguiente:

Primero.- Desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable.

Segundo.- Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada primero, el de los Letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de Jueces y Fiscales, al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

Tercero.- Como resultado de esta “estrategia”, la propia Ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo.

Cuarto.- Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga.

Quinto.- Por el camino, millones de ciudadanos afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años. El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse.

Sexto.- A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el Presidente del Gobierno, no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018.

Por este motivo, exigimos al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española.

Exigimos al Presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida. En este sentido mañana se registrará un escrito del comité de huelga al Presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.

Ciertamente, la LOEO y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de nuestras reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar.

Después del acuerdo con los Letrados y con los Jueces y Fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente se realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia.

En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la Ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un gobierno dialogante, progresista que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto tal y como dijo la Ministra de Justicia en la reciente I Cumbre mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid.

Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia. Así se lo volveremos a solicitar a la Ministra de Justicia por escrito mañana mismo.

Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.

Miles de funcionarios de Justicia exigen al Gobierno que negocie una mejora de sus condiciones laborales: Masiva manifestación en Madrid

admin — Fri, 26 May 23 10:35:38 CEST

Puesto de Trabajo y Categoría ProfesionalCuerpos Especiales de JusticiaCuerpos Generales de Justicia

Decenas de miles de funcionarios de Justicia procedentes de toda España han vuelto a colapsar las calles de Madrid en una gran manifestación para exigir al Gobierno un incremento salarial en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. La marcha comenzó a las 12.00 horas enfrente del Ministerio de Justicia y concluyó en la Secretaría General de Función Pública.

La segunda protesta multitudinaria en la capital (la primera se celebró el pasado 19 de abril) ha sido convocada nuevamente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, y ha coincido con el cuarto día de paro general de la Justicia, que también ha registrado un nuevo éxito de participación, con un seguimiento del 85 por ciento.

Esta manifestación se suma a las protestas que comenzaron el pasado lunes con una concentración ante el Ministerio de Hacienda y que continuaron el martes con otra protesta, en esta ocasión delante del Congreso de los Diputados. La semana de movilizaciones finalizó el viernes 26 de mayo, con otra concentración nuevamente enfrente del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá.

El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras.

Mientras, el primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias. Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente del Gobierno en general y de la ministra Llop en particular, carente de voluntad de diálogo en contra de lo que manifiesta públicamente; que solo se sienta a negociar con los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto.

El pasado martes se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.

Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa porque afecta a nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley.

El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto.

CSIF ofrece cursos gratuito homologados por el IAAP para el personal de la Administración de Justicia

admin — Sun, 14 May 23 11:35:46 CEST

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CSIF lanza nuevos cursos homologados por el Instituto Andaluz de Administración Pública dirigidos exclusivamente al personal de la Administración de Justicia. La oferta formativa es completamente gratuita.

Los cursos, que comenzarán el 12 de julio de 2023, son:

La protección de datos en España: La Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento Europeo 2016/679. 80 horas.
LibreOffice Writer Avanzado. 60 horas.
Los silencios administrativos en la Administración Pública. 50 horas.
Seguridad informática básica en el puesto de trabajo. 30 horas

Las solicitudes pueden realizarse desde el 9 de mayo a través del campus virtual de CSIF Andalucía.

Los funcionarios de Justicia están llamados a una huelga indefinida a partir del día 22 de mayo y el 25 habrá una gran manifestación en Madrid

admin — Wed, 10 May 23 11:22:14 CEST

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Los 45.000 funcionarios/as de justicia de toda España (el 93 por ciento de la plantilla de esta Administración) están llamados a una huelga indefinida a partir del próximo día 22 de mayo y el 25 del mismo mes habrá una gran manifestación en Madrid. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, damos al Ministerio de Justicia diez días de plazo para que presente una oferta económica o seguiremos con estas movilizaciones que paralizan la Administración de Justicia..

Hoy, miércoles 10 de mayo, está convocada una nueva jornada de huelga de 24 horas, la décima desde que comenzó el conflicto, para exigir un incremento salarial, en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario. Coincidiendo con esta jornada de huelga, delegados sindicales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, se han concentrado horas frente al Ministerio de Justicia.

Una delegación de estas organizaciones sindicales ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia. CSIF también ha recurrido el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los letrados por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva.

Exigimos que el Gobierno ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales. Mientras tanto, se mantienen las jornadas de huelga para los días que restan de movilizaciones: 11, 16, 17 y 18 de mayo, a las que se sumará la huelga indefinida a partir del 22 de mayo.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios), pero el Gobierno es el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia